De patos a liebres: el Litoral, un terreno liberado para la caza indiscriminada

Fecha de Publicación: 13/05/2025
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Litoral Argentino


El gobierno de Pullaro habilitó la matanza de especies Picazo, Sirirí Pampa y Colorado. Antes había hecho lo propio Entre Ríos. Denuncian una "caja negra" con los cotos hechos por extranjeros.
A pesar de la acumulación de denuncias de asociaciones ambientalistas y animalistas, la temporada de caza en el Litoral está a pleno. A las irregularidades detectadas en la liberación reciente de estas prácticas en Entre Ríos, se sumó una nueva demanda en Santa Fe al considerar que los animales autóctonos se encuentran en peligro porque las autoridades no cumplen con la Ley Nacional de Fauna (N° 22.421) que estipula la realización de varios estudios como requisito previo a la habilitación de estas actividades. La región es uno de los destinos más buscados por los cazadores extranjeros. Negocio privado para muy pocos y peligro para el ecosistema y las especies de la zona.
La acción judicial se presentó el 31 de marzo en el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 1 de Rosario: exige la prohibición inmediata de la caza de patos hasta que no se realicen los estudios de las poblaciones de las especies que el gobierno de Maximiliano Pullaro habilitó a matar. El 29 de abril, en el Día del Animal, a través de la Resolución 94 el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe autorizó la caza del Pato Picazo, Sirirí Pampa y Sirirí Colorado desde el 1º de mayo al 31 de julio en los departamentos 9 de Julio, Vera, San Cristóbal, General Obligado, San Justo y San Javier.
Tiempo pudo saber que el expediente judicial, iniciado por las ONGs Mundo Aparte, Capibara y el Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres (CEYDAS), apenas tuvo movimientos. Ya entrada la temporada de caza, desde el juzgado se limitaron a solicitarle a los demandantes formalidades como la presentación en original de las actas de designación de sus autoridades. “La Ley Nacional N° 22.421, que protege a todas las especies autóctonas, les concede a las provincias la potestad de decidir sobre sus propios recursos y, como excepción, la posibilidad de determinar una temporada de caza de algunas especies, pocas, en un determinado período de tiempo”, explica Gabriel Bonomi, referente de CEYDAS, quien precisa que “en el Decreto 666/97 ya se indicaba que se deben realizar estudios poblacionales de las especies que se autoriza a matar, para saber qué se está matando y en qué condiciones están esas poblaciones. El gobierno de Santa Fe no ha hecho ningún tipo de estudio. El último debe tener más de dos décadas. Hoy nada fundamenta la caza en la provincia”.
Una de las abogadas que elaboró la demanda, Alicia Pezzetta, precisa que “la resolución de Santa Fe que habilita la caza dice que hay que reemplazar las municiones de plomo por otras opciones, como por ejemplo acero, pero la realidad es que no se consiguen habitualmente esas municiones. Después nadie controla ni qué especies se cazan ni qué municiones se usan ni la cantidad de piezas por cazador. La provincia habilita algo que después no va a poder controlar”.
De hecho, el año pasado el ministro de Ambiente santafesino, Enrique Estévez, fue duramente cuestionado luego de que trascendieran fotos de una decena de cazadores de Estados Unidos en un coto de San Javier, posando junto a varios cadáveres de patos protegidos por ley. La munición “repercute en otras especies que en el agua pueden confundir las perdigonadas con piedritas y alimentarse con plomo. Además, los cazadores, como lo hacen por divertimento, luego ofrecen estas piezas contaminadas a la gente de la zona lo que implica un peligro a la salud pública».

Mientas tanto, en Entre Ríos…
La Resolución N°997 del 2024, a cargo del Gobierno de Entre Ríos,habilitó la matanza de nueve tipos de aves, ademas de liebres. A pocos días del inicio de la temporada 2025, se realizó allí una audiencia pública en la que solo hubo expositores invitados por el Ejecutivo de Rogelio Frigerio, que dieron cuenta de ciertos estudios financiados por la Cámara Argentina de Turismo Cinegético y Conservacionismo (Catcyc), una parte más que interesada en la materia.
A pesar de haber pedidos de información pública sobre las empresas de turismo cinegético que están inscriptas en la provincia, hasta hoy no se conocen quiénes son los operadores y si existe algún estudio. Bonomi advierte: «las especies que los gobiernos de Pullaro y de Frigerio autorizan matar no son plagas, no son perjudiciales, no son abundantes y no son exóticas. La única razón que tienen para autorizar la matanza es el negocio para favorecer a los cotos de caza”.
Varias fuentes consultadas, que prefirieron no ser reveladas, coincidieron en señalar que la falta de controles sobre los cotos de caza del Litoral, legales e ilegales, confluyen en “una caja negra para la política” a costa de la matanza de aves autóctonas y la contaminación por plomo. Cada extranjero paga miles de dólares a “empresarios” locales para que los cazadores se muevan a sus anchas por estos paraísos naturales.  «
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Alta mar, alta política: la firma que falta

Fecha de Publicación: 13/05/2025
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional


Del 9 al 13 de junio próximo, tendrá lugar la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos (UNOC3), centrada en la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina, que se llevará a cabo en Niza, Francia.
El mar no es sólo agua. Es poder, es economía, es política. Y cada tanto, también es derecho internacional. En 2023, El Tratado relativo a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional (BBNJ, por sus siglas en inglés) fue adoptado por consenso luego de casi 20 años de debates.
El objetivo del BBNJ es nada menos que dotar de reglas al far west de los océanos: esas zonas de alta mar que cubren más del 60 por ciento de la superficie oceánica y que, hasta ahora, vivían bajo un régimen de libertades formales y anarquía práctica. La alta mar no sólo alberga una biodiversidad marina aún inexplorada, sino que comienza a concentrar intereses científicos, farmacéuticos y tecnológicos vinculados al acceso a recursos genéticos marinos y al desarrollo de nuevos materiales y compuestos. Y, como suele suceder, los países con más recursos están mejor posicionados para capturar valor.
El BBNJ no busca cerrar el océano al uso, sino abrirlo a reglas. Durante décadas, la alta mar ha sido un limbo jurídico: sin una regulación clara sobre el uso de los recursos genéticos marinos, sin salvaguardas para ecosistemas vulnerables, y con una asimetría estructural entre quienes pueden investigar, explotar y patrullar, y quienes apenas pueden observar.
El BBNJ viene a resolver esta situación. Y lo hace con cuatro instrumentos principales. Establece mecanismos para compartir los beneficios de los recursos genéticos marinos, que hasta ahora eran extraídos sin compensación ni transparencia. Impulsa, también, la creación de áreas marinas protegidas más allá de las zonas económicas exclusivas.
Asimismo, exige evaluaciones de impacto ambiental para actividades con potencial de daño. Y, quizás lo más políticamente sensible, promueve la transferencia de tecnología y capacidades a los países en desarrollo. Es un tratado ambiental, sí. Pero también es un tratado de poder: redistribuye capacidades, redefine el acceso al conocimiento, y obliga a los Estados a pensar el mar como un bien común. Es decir: estructura, gobernanza y transparencia. Es un pacto pensado no solo para los países con flotas de exploración, sino para los que aspiran a no ser irrelevantes.
Del 9 al 13 de junio próximo, tendrá lugar la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos (UNOC3), centrada en acelerar la acción oceánica, que se llevará a cabo en Niza, Francia. La conferencia es vista como una oportunidad clave para que los países ratifiquen el BBNJ y, potencialmente, logren su entrada en vigor. A la fecha, el tratado cuenta con 114 firmas y 21 ratificaciones. Para que entre en vigor debería llegar a las 60 ratificaciones antes de septiembre de 2025.
La Argentina firmó el Acuerdo BBNJ el 18 de junio de 2024, pero aún no ha avanzado en su ratificación. Existen al menos seis razones por las cuales consideramos que hacerlo responde de manera clara al interés nacional. En primer lugar, porque la Argentina tiene intereses reales en el mar. Nuestra plataforma continental supera los seis millones de kilómetros cuadrados. Es una de las más extensas del hemisferio sur. Ratificar el tratado no sería un gesto simbólico, sino una afirmación territorial. Sería ejercer soberanía con las herramientas del siglo XXI: no desde la épica, sino desde la norma. No hacerlo sería como tener una casa con vista al mar y renunciar a las reuniones del consorcio que decide cómo se cuida la costa.
En segundo lugar, porque la Argentina ya invirtió su capital diplomático. El servicio exterior argentino fue parte activa, y reconocida, del proceso de negociación del BBNJ. Jugó bien, con solvencia técnica y prestigio institucional. No ratificar ahora ese acuerdo implica tirar por la borda años de trabajo y reputación. En diplomacia, no hay peor estrategia que bajarse de una mesa que ayudaste a armar. Menos aún, cuando el tratado establece que las decisiones clave se tomarán sólo entre las partes que hayan ratificado.
En tercer lugar, porque el Atlántico Sur volvió al mapa: ya no es una periferia tranquila. Es un espacio en disputa, con pesca ilegal y no reglamentada, presencia creciente de actores extrarregionales y una proyección antártica que vuelve a estar en juego. El BBNJ habilita mecanismos para establecer zonas protegidas y regular actividades económicas en la alta mar. Es, por tanto, un instrumento más —no el único— para proyectar influencia y proteger intereses en un área donde la retórica soberanista necesita urgentemente herramientas concretas.
En cuarto lugar, porque permite definir reglas desde adentro. En un mundo de alineamientos múltiples, donde los océanos concentran disputas por recursos, rutas y datos, estar en la mesa de decisiones no es un lujo: es una necesidad. Desde biotecnología marina hasta la conservación y reproducción de especies para la pesca, los recursos que hoy nos parecen secundarios serán estratégicos mañana.
En quinto lugar, porque ofrece acceso a ciencia y tecnología. El tratado no solo impone regulaciones; también reparte beneficios. Incluye cláusulas de cooperación científica, transferencia de tecnología y financiamiento para la investigación oceánica. Para un país con instituciones científicas de calidad, pero recursos limitados, este componente no es menor. El BBNJ puede ser también una herramienta para que la Argentina escale capacidades y juegue un papel relevante en el conocimiento global del océano.
Por último, porque la salud de los ecosistemas y la abundancia de recursos marinos bajo jurisdicción nacional también dependen de lo que suceda aguas afuera. La naturaleza no suele respetar los límites políticos.
Algunos se resisten con la excusa de la soberanía. Pero el tratado es explícito: no afecta los reclamos territoriales ni limita la jurisdicción nacional. La defensa del interés marítimo argentino no se juega en el rechazo a reglas multilaterales, sino en ser parte de su formulación.
De hecho, el tratado incluye una cláusula que impide que cualquier decisión bajo el mismo sea interpretada como reconocimiento o negación de reclamos territoriales. En otras palabras, no se puede usar el tratado para consolidar posiciones soberanas. La lógica del tratado es complementaria, no sustitutiva, de los derechos adquiridos y los reclamos presentados.
En definitiva, el BBNJ representa una oportunidad para que la Argentina combine sus tradiciones jurídicas con una estrategia oceánica activa. No se trata de un romanticismo ambientalista sino de política dura: regulación de recursos genéticos, creación de áreas marinas protegidas, criterios para nuevas actividades extractivas, evaluaciones de impacto ambiental y, crucialmente, distribución equitativa de beneficios. Es decir, poder, tecnología, ciencia y dinero. La alta mar es hoy la última frontera del orden global.

Por Federico Merke - Profesor Asociado de la Universidad de San Andrés. Eugenia Testa es Directora del Círculo de Políticas Ambientales.
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Santa Fe será sede del 5° Foro Nacional de Humedales, una convocatoria clave para proteger ecosistemas vitales


Fecha de Publicación: 13/05/2025
Fuente: Gobierno de Santa Fe
Provincia/Región: Nacional - Santa Fe


Organizado por el Gobierno de la Provincia, será un espacio de intercambio de experiencias y políticas públicas orientadas a la preservación y uso sostenible de estos ecosistemas. Se concretará el 22 y 23 de mayo en Villa Ocampo. Inscripciones abiertas.
El Gobierno de la Provincia de Santa Fe desarrollará en Villa Ocampo el 5° Foro Nacional de Humedales. Se llevará a cabo los  próximos 22 y 23 de mayo con el objetivo de ser un espacio de intercambio de experiencias y políticas públicas orientadas a la preservación y uso sostenible de estos ecosistemas. Durante dos jornadas, referentes técnicos, científicos y científicas, organizaciones de la sociedad civil y funcionarios y funcionarias de diversas provincias compartirán herramientas, diagnósticos y casos de gestión que permitan mejorar la gobernanza de los humedales, con foco en la planificación, el inventario, la conservación y el desarrollo productivo sostenible.
Será la primera edición organizada por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Santa Fe en conjunto con la Municipalidad local, lo que marca un nuevo compromiso institucional con la agenda ambiental nacional. “Es urgente fortalecer este tipo de espacios de construcción colectiva, porque la defensa de los humedales no se puede hacer en soledad”, destacó el ministro Enrique Estévez respecto a esta iniciativa al tiempo que explicó que “la elección de Villa Ocampo como sede no es casual: la ciudad es la creadora del Foro Nacional de Humedales y todas las ediciones se realizaron allí. Además, la localidad se encuentra inmersa en el Sitio Ramsar Jaaukanigás, una de las áreas de humedales más relevantes del país por su biodiversidad”.

Informes e inscripción
Para ampliar información es necesario escribir un correo electrónico a foronacionaldehumedales@santafe.gov.ar y para inscribirse se debe completar el formulario alojado en el siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepVJu9-BqtzVm2bi9tIKg436EnxQZmNX0HIk_L6-bAeP1ZyQ/viewform

Contenido
El programa del Foro Nacional de Humedales incluye paneles sobre experiencias de cogobernanza, inventarios provinciales y nacionales, proyectos de conservación de especies, sitios Ramsar y prácticas productivas compatibles con la conservación. También se presentará la exposición permanente “Paraná Extremo” y habrá una salida de campo opcional a la Reserva Municipal El Pindó, guiada por especialistas locales.
Desde Santa Fe, el Foro busca no solo visibilizar las amenazas que enfrentan los humedales, sino también construir soluciones desde el territorio, fomentando una mirada integradora que reconozca su rol en la regulación del clima, el almacenamiento de agua, la biodiversidad y la identidad cultural de las comunidades ribereñas.

Cronograma

Jueves 22 de mayo
* 8:00 hs | Acreditaciones.
* 8:30 hs | Acto inaugural con palabras de Alejandro Luciani, el ministro de Ambiente Enrique Estévez, el intendente Cristian Marega y representantes legislativos provinciales.

Espacios de intercambio:
* 10:00 hs | Gestión de Humedales: experiencias de cogobernanza. Participan: Enrique Estévez (Santa Fe), Federico Cacace (San Luis) y Cristian Marega.
* 11:00 hs | Presentación de la muestra permanente Paraná Extremo, por Jorgelina Hiba.
* 11:30 hs | Inventario de Humedales. Exponen: Laura Benzaquén, Vanina Pietragalla, Alejandro Giraudo. Coordina: Germán Falo.
* 14:30 hs | Proteger los humedales para nuestro futuro común. Con Borja Baguette Pereiro, Rewilding, y equipo del Acuario del Río Paraná. Coordina: Mauro Pergazere.
* 16:00 hs | Humedales de importancia internacional: Sitios Ramsar. Con Laura Benzaquén, Luciana Manelli, Guillermo Lier y Jeremías Mancini. Coordina: Alba Imhoff.
* 18:00 hs | Cierre de la jornada.
* 20:00 hs | Cena opcional de camaradería en el Club de Caza y Pesca El Irupé.

Viernes 23 de mayo
* 09:00 hs | Producción y conservación en humedales: claves para un manejo sostenible. Exponen: Ana Pia Rabufetti, Leticia Mesa, Rubén Quintana y Valeria Sfara. Coordina: Milvana Yaccuzzi.
* 10:45 hs | Presentación de conclusiones.
* 11:30 hs | Salida opcional a la Reserva Municipal El Pindó, con guía local y almuerzo en el Club El Irupé.
* 14:30 hs | Cierre del Foro.
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Regulaciones ambientales: los ingenios tucumanos se someten a una inspección

Fecha de Publicación: 12/05/2025
Fuente: Portal TucumanNoticias
Provincia/Región: Tucumán


Los operativos de control son realizados por técnicos de la Secretaría de Producción, afectados a la Subsecretaría de Medio Ambiente. También intervienen representantes de la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero.
La Secretaría de Producción de Tucumán ha dado a conocer recientemente que la Subsecretaría de Medio Ambiente ha completado de manera satisfactoria el cronograma de auditorías ambientales en todos los ingenios de la provincia. Este esfuerzo tiene como objetivo primordial garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente y asegurar que el inicio de la zafra se realice en condiciones óptimas.
Las auditorías comenzaron en el mes de febrero y se centraron en evaluar el estado de mantenimiento de las plantas industriales, además de supervisar todas las etapas del proceso de producción de azúcar y destilación de alcohol. Durante las visitas, se trabajó en colaboración con representantes de cada empresa, lo que permitió implementar medidas preventivas y dejar asentadas en actas las observaciones técnicas realizadas.
El subsecretario de Medio Ambiente, Facundo Moreno Majnach, participó en estas inspecciones junto a directivos, inspectores y equipos técnicos de las diversas direcciones que conforman la subsecretaría. Entre ellas se incluyen Protección Ambiental (DiPra), Fiscalización Ambiental (DFA), Programa de Reconversión Industrial (PRI), Monitoreo y Laboratorio Ambiental (SubDiMLA) y Recursos Hídricos (DRH). Cada área se encargó de evaluar el cumplimiento de las normativas específicas de su competencia, verificando aspectos clave como los sistemas de tratamiento de efluentes líquidos, sólidos y gaseosos, la correcta ejecución de los planes de gestión de vinaza, así como el uso adecuado del recurso hídrico y el estado de los registros obligatorios.
Las inspecciones se enmarcan dentro del Acta Acuerdo firmada en 2011 entre la Secretaría de Ambiente de la Nación y los gobiernos de Tucumán y Santiago del Estero, cuyo objetivo es reducir la contaminación en la cuenca Salí-Dulce. En este contexto, se promueven metas como “ceniza cero”, “vinaza cero” y la maximización de la recuperación del agua utilizada en el lavado de caña, en caso de que esta se aplique.
Al finalizar cada auditoría, se confeccionaron actas firmadas por todas las partes involucradas, las cuales contienen el registro de cumplimiento y las recomendaciones pertinentes. Estos documentos, junto con otros registros, constituyen los informes que se presentan de manera trimestral ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además, esta labor se articula con las inspecciones tripartitas que se desarrollan en el marco del convenio entre Tucumán, Santiago del Estero y la Secretaría de Ambiente de la Nación, con el fin de mitigar la contaminación en la cuenca mencionada.
En el recorrido de las auditorías, también participó el defensor del Pueblo de Santiago del Estero, Daniel Escobar Correa, quien realizó una visita específica a la planta del Ingenio La Florida. Cabe resaltar que el equipo técnico de la Subsecretaría tiene previsto continuar con las tareas de fiscalización a lo largo de toda la campaña azucarera, asegurando así el monitoreo y la supervisión necesaria para el cumplimiento de las normativas ambientales.
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La Provincia articula herramientas con dueños de reservas naturales privadas

Fecha de Publicación: 12/05/2025
Fuente: Portal RedDeMediosMisiones
Provincia/Región: Misiones


Posadas fue sede del primer encuentro de propietarios de reservas naturales privadas. En total, son más de 50 en toda la provincia. Es un paso más en materia de protección ambiental de la tierra colorada.
Este viernes se realizó el primer encuentro de reservas privadas de la provincia en las oficinas del Instituto Misionero de Biodiversidad (IMiBio). Durante el encuentro, el ministro de Ecología, Martín Recamán explicó que se brindaron conocimientos y herramientas a los propietarios de estos espacios. Además, valoró el trabajo conjunto entre el Estado y los propietarios de estos espacios en pos de la conservación ambiental de Misiones.
En ese sentido, Recamán sostuvo que “esta categoría de conservación dentro de lo que son áreas naturales protegidas tuvo un gran crecimiento en los últimos años. En lo que va de 2025 y todo 2024 firmamos ocho nuevas reservas privadas”.
Durante el encuentro, el Ministro adelantó un compendio de políticas para acompañar a los propietarios. Dentro de ellos, mencionó la incorporación de una herramienta tecnológica para el monitoreo de incendios y la asignación de fondos del Programa Nacional de Bosques Nativos.
Así también, mencionó que desde la Provincia se destinarán 400 millones de pesos directamente a estas 56 reservas. “Son fondos que les van a servir para generar planes de manejo, restauración o conservación”, precisó.
Recamán destacó el impacto de las reservas para la protección del bosque nativo. “Tenemos 1.600.000 hectáreas, pero su verdadera riqueza está en la conexión, en los corredores biológicos”, señaló el funcionario.
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La mafia del desmonte avanza con la complicidad de los diputados en Chaco

Fecha de Publicación: 10/05/2025
Fuente: Agencia Tierra Viva
Provincia/Región: Chaco


La legislatura chaqueña sancionó una ley que eleva las multas para quienes deforesten, pero la organización socioambiental Somos Monte denuncia que es una medida funcional al extractivismo. Afirma que la norma es contraria a la Ley Nacional de Bosques y asegura que solo busca legalizar la venta de madera ilegal. "Los partidos políticos han profundizado este modelo que destruye la vida", remarcan.
En una sesión extraordinaria convocada de urgencia por los legisladores que responden al gobernador Leandro Zdero, la Cámara de Diputados de Chaco sancionó la Ley 1861/24. Una norma en consonancia con los intereses de quienes se benefician de la extracción ilegal de la madera del monte nativo.
Los diputados chaqueños insisten en desconocer la opinión de la ciudadanía y prefieren omitir todo lo planteado en la Comisión de Ambiente pocos días antes de la votación, cuando expresamos que los desmontes deberían ser considerados un delito penal, que aumentar las multas solo aportaría a blanquear y legalizar la ilegalidad de los desmontes, y que la restauración de bosques tiene que ser con especies nativas y siguiendo protocolos preestablecidos que exceden a los ingenieros forestales.

Los votos de los diputados a favor del desmonte
La sesión extraordinaria fue convocada por legisladores del interbloque oficialista de Juntos Por el Cambio, con las firmas de los radicales Carim Peche, Doris Arkwrigth y Francisco Romero Castelán, y Maida With, Rodrigo Pavón, Sebastián Lazzarini, Zunilda Galeano e Iván Nicolás Gyoker. Estos ocho legisladores de un bloque de 15, con la única ausencia de Andrea Canteros, fueron quienes votaron a favor de la norma junto a su impulsor: el diputado Juan José Bergia, del unibloque Nuevo Espacio de Participación.
Bergia en el legislador denunciado en la causa de la “Mafia del Desmonte”, presentada por la Asociación de Abogados Ambientalistas y por la cual el Poder Judicial chaqueño ordenó el freno a los desmontes en agosto de 2024 y, en febrero, extendió la prórroga hasta septiembre.
Bergia está señalado como responsable del manejo de la Reserva Meguesoxochi, conocida por la explotación irracional de madera. Según la denuncia, el legislador junto al intendente de El Espinillo, Zenón Cuellar, y el ex subsecretario de Desarrollo Forestal Luciano Olivares, malversó los llamados "fondos verdes" para el clima otorgados por Naciones Unidas.
Además, el legislador mantiene un vínculo estrecho con Roberto Nardelli, empresario responsable de gran cantidad de desmontes ilegales y también denunciado en la Justicia Federal. De hecho, la Fiscalía Federal solicitó la detención de Nardelli en marzo pasado por incumplir la orden de freno a los desmontes. Bergia, junto al interbloque de Juntos por el Cambio, planearon el desenlace de la absurda y escandalosa sesión del 23 de abril pasado.
Para sumar los 16 votos que aprobaron la normativa se sumó el de Juan Carlos Ayala, integrantes del bloque peronista. Y existió el aval de la mayoría del bloque justicialista, que decidió ausentarse de la sesión, como también lo hicieron los unibloques de Darío Bacilleff Ivanoff (Frente Integrador), Teresa Mónica Cubells (Frente Grande), Elba Ojeda y Andrea Charole (Corrientes de Expresión Renovada).
Las ausencias premeditadas de casi todo el bloque “opositor” lograron consumar nuevamente el pacto ecocida y corrupto de la política partidaria. Las únicos cuatro votos en contra fueron de los justicialistas Paola Benítez, Rubén Guillón y Rodrigo Ocampo, y de Rodolfo Schawartz (Partido del Trabajo y del Pueblo).
La ley fue votada bajo el nombre de “Incremento de multas por desmonte y régimen de restauración de bosques nativos”, pero los diputados que la aprobaron insistieron en desconocer el rechazo de la ciudadanía, que fue expresada en la Comisión de Ambiente el día 4 de abril, tres semanas antes de la aprobación de la norma.
Desde Somos Monte expresamos en esa audiencia los argumentos para oponernos al incremento de multas por desmonte —diez veces el valor de base de la hectárea afectada sin permiso— y el nuevo régimen de restauración, porque legaliza algo que prohíbe la Ley de Bosques: vender madera que provenga de desmontes.
En aquella audiencia en la Comisión de Ambiente dijimos que los desmontes deberían ser considerados un delito penal, que aumentar las multas solo aportaría a blanquear y legalizar la ilegalidad de la deforestación y que la restauración, además de ser difícil y sumamente necesaria, tiene que ser con especies nativas (no con pinos y eucaliptos) y siguiendo protocolos preestablecidos que exceden a los ingenieros forestales.
Dejamos claro que esta ley promueve más extractivismo y da continuidad a los desastrosos manejos jurídico-políticos que los gobiernos de todos los signos políticos vienen ejerciendo sobre el monte nativo. A pesar de aquello, la sesión de fines de abril fue un programa de chimentos, donde un legislador intimidó en forma amenazante a ciudadanos tildándolos de “opositores” y calificando de “ambientalistas”, en forma peyorativa, a todo aquel que se oponga al desmonte.

La legislación y el Poder Judicial frente a la política de desmonte en Chaco
Los legisladores chaqueños desconocieron que el Superior Tribunal de Justicia ha llamado a la población como “amigos del tribunal” (amicus curiae) al hacer lugar a una acción de inconstitucionalidad por las irregularidades que implicó la última actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), votada por la misma Legislatura en noviembre pasado. La acción de inconstitucionalidad fue presentada por la Asociación Civil Conciencia Solidaria al Cuidado del Medio Ambiente, el Equilibrio Ecológico y los Derechos Humanos y el Parlamento de las Naciones Indígenas y Tribales del Gran Chaco; y Somos Monte se presentó como “amicus”.
La convocatoria del máximo tribunal del Chaco, que responde a una solicitud presentada por Fundación Ambiente y Recurso Naturales (FARN), cerró a principios de abril y ahora se espera que se convoque a una audiencia para enriquecer los argumentos de la demanda contra el gobierno provincial. El Superior Tribunal de Justicia, con los votos en disidencia de los magistrados Néstor Enrique Varela y Alberto Mario Modi, reconoció que la acción contra el OTBN está enmarcada el artículo 41 de la Constitución Nacional, que reconoce el derecho de todos los habitantes a un ambiente sano, y la Ley General del Ambiente, que fomenta la participación de la sociedad en la toma de decisiones ambientales.
El tratamiento de la la Ley 1861/24 también fue fraudulento e ilegítimo, porque no existió consulta previa a organizaciones ambientalistas, comunidades indígenas ni a la ciudadanía en general, como marcan el Convenio 169 de la OIT y el Acuerdo de Escazú. Además, ¿nosotros y nosotras solos sabemos que la obligación de restituir y regenerar el monte ya está establecida como acción en la Ley Nacional Ley 26.331 y no se la puede atribuir ningún diputado provincial?
Los diputados y diputadas con mayor cercanía a los empresarios madereros que desmontan ilegalmente fueron los más interesados en “resolver” rápidamente la cuestión bajo la excusa de incrementar multas, pero sabemos que nada de lo que dice la ley se cumple y conocemos perfectamente la realidad de los montes chaqueños, que hace años vienen siendo agredidos y no se regeneran.
Como ejemplo, y para dar cuenta de que es un problema de larga data, se puede citar el caso denunciado por Greenpeace en el informe Desmontes S.A. En febrero de 2011, mediante imágenes satelitales, la Dirección de Bosques de Chaco detectó que la finca El Shakinah, propiedad del empresario agropecuario Juan Francisco Paganini, desmontó ilegalmente 383 hectáreas; y volvió a a a hacerlo sobre otras 63 hectáreas en septiembre del mismo año.
Paganini argumentó que el permiso "se demora demasiado y dan muchas vueltas para ser aprobados los proyectos y se necesita sembrar las pasturas para los animales". El campo del empresario estaba sobre una zona catalogada en Categoría II, color amarillo, que significa "zona degrada sujeta a restauración". El gobierno chaqueño lo multó recién en junio de 2012, cuando Greenpeace hizo publica la violación a la Ley de Bosques, y solo por las últimas 63 hectáreas. Luego de la multa, Paganini volvió a deforestar 600 hectáreas.

Si el desmonte es ilegal la madera es ilegal
Los daños y las consecuencias directas de los desmontes son permanentes y cada vez más visibles en la afectación a la calidad de vida de la población chaqueña. En definitiva, la madera termina subsidiando el desmonte ilegal. Si el desmonte es ilegal, la madera es ilegal.
Nuestra lucha en defensa de los montes y de quienes lo habitamos no tiene partido político que la represente ni formamos parte del juego proselitista, ya que históricamente los diferentes gobiernos de turno han contribuido a la profundización del extractivismo, al despojo y desalojo de comunidades indígenas y campesinas de territorios ancestrales, reduciendo al mínimo toda posibilidad de sustento para la vida.
Cada partido, con sus matices y formas, ha profundizado este modelo de muerte porque en el fondo son defensores y promotores del modo de producción capitalista que, históricamente, está destruyendo la vida en el mundo.
No nos oponemos al “desarrollo” ni al “progreso” como ideas abstractas. Lo que sucede es que la ley aprobada, muy lejos de propiciarlos, nos sumerge aún más en la pobreza y, claramente, fortalece el corrupto sistema legislativo provincial, como el Poder Judicial viene investigando a partir de la causa de la “Mafia del Desmonte”. Si el desarrollo y el progreso no van de la mano con la sustentabilidad del monte y de quienes lo habitan, no es desarrollo y no es progreso.
Hay que tomar conciencia de que somos parte de un mundo que está siendo saqueado y despojado en beneficio de unos pocos. Esta situación nos invita a proponer acciones para transformar esta realidad, comenzando por la revisión democrática y crítica sobre lo significa el “desarrollo de actividades productivas” y su relación directa con el acceso a condiciones socio-territoriales para una vida digna.


Organización socioambiental de Chaco
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Acueducto del río Paraná a Córdoba: en debate, la calidad del agua y el impacto ambiental

Fecha de Publicación: 10/05/2025
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba


El Foro Ambiental Córdoba pide audiencias públicas y duda que el agua sea confiable y de calidad. Desde la Provincia indican que se cumplen las leyes y que se garantizará la potabilidad.
La asociación civil Foro Ambiental Córdoba reclama la evaluación de impacto ambiental y la realización de una audiencia pública sobre el proyecto del Acueducto Interprovincial Santa Fe–Córdoba, que transportará agua desde la cuenca del río Paraná. Esa obra se encuentra ya en la etapa 1, que es el tramo entre la santafesina Coronda y la cordobesa San Francisco.
Se trata de la megaobra que llevan adelante los gobiernos de Córdoba y de Santa Fe, con financiación internacional, y que garantizaría el acceso de agua potable a 83 pueblos y ciudades de ambas provincias. En su etapa final, llegaría hasta la Capital de Córdoba.
El proyecto está a cargo de la Unidad Ejecutora Biprovincial.
El 11 de marzo, el Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, publicó el “Aviso de Proyecto, etapa I Coronda-San Francisco en concordancia con la ley de Política Ambiental de Córdoba 10.208, anexo II”.
El informe, que tiene por objeto cumplir con el marco regulatorio provincial, sostiene, en la página 34, que “el sistema de provisión de agua de Córdoba se encuentra al límite de su capacidad, por lo que la posibilidad de traer agua desde una fuente confiable que asegura calidad y cantidad, como es el río Paraná, es de vital importancia para la calidad de vida de los pobladores.”
El Foro Ambiental, que cuestiona la obra desde su primera presentación en 2011, sostiene que esa afirmación no se corresponde con la realidad. Sobre todo en cuanto a que se trata de “una fuente confiable que asegura calidad y cantidad” de agua.
“Es sabido que el río Paraná recibe aguas cargadas de agroquímicos por todos sus afluentes”, afirmó el biólogo Federico Kopta, presidente del Foro.
Como ejemplo, mencionó el estudio realizado por los investigadores Alicia Ronco y Damián Marino, de la Universidad Nacional de La Plata, publicado en la revista Enviromental Monitoring ad Assessment, que advierte altos niveles de glifosato y de su metabolito de degradación Ampa en los cursos medio y bajo de los afluentes tributarios del Paraná, debido a la agricultura intensiva de la región.
También señaló otros trabajos realizados por investigadores del Conicet y de la Universidad Nacional del Litoral, en los que se evidenció presencia de agroquímicos en la cuenca hídrica.
“Lo lógico sería que se haga la evaluación del impacto ambiental para asegurarnos de que no estemos tomando agua con plaguicidas”, subrayó Kopta.

La respuesta de la Provincia
Victoria Flores, ministra de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, dijo a La Voz que, por las características del proyecto, no requiere un estudio de impacto ambiental ni el trámite de audiencia pública según la ley 10.208.
“La norma establece las características sobre lo que se debe exigir al tener en cuenta una obra en la provincia. En este caso, al ser un acueducto se encuadra en aviso de proyecto”, aclaró Flores.
En el caso de la calidad del agua, la ministra remarcó que se monitoreará una vez que el acueducto esté en funcionamiento. “El mayor caudal de agua lo tiene Santa Fe, que realizó los informes, además de los realizados en Córdoba por la Administración Provincial de Recursos Hídricos (Aprhi) ”a los cuales nos atenemos”, expresó.
Agregó que una vez que se haga la distribución del recurso, el Ministerio tiene mecanismos de control, a través de la Policía Ambiental, tal como se monitorean las plantas potabilizadoras ya existentes en la provincia.

Contrapunto
En el aviso del proyecto, el Ministerio de Ambiente y Economía Circular, con la firma de Flores, encuadró la obra dentro de la ley de Política Ambiental Provincial 10.208 y en la ley 10.830.
El anexo II de la norma 10.208 incluye que los proyectos de gestión de agua, como acueductos y conducciones que deriven aguas de una cuenca a otra, obligatoriamente están sujetos a presentación de aviso de proyecto y condicionalmente sujetos a presentación de estudio de impacto ambiental.
Es decir que la normativa se aplica sobre la obra y no sobre el tratamiento del agua ni sobre su distribución.
Pero Kopta planteó que encuadrarla en ese anexo es erróneo porque debería hacerse por el anexo I de la misma ley, en el punto 26. E insiste en que incluye la captación y tratamiento del agua, que aunque no esté en la provincia de Córdoba, sí es un recurso que terminarán bebiendo miles de cordobeses.
Ese punto –sostiene el Foro– requiere un estudio de impacto ambiental y una audiencia pública para evaluar la captación, tratamiento y distribución de aguas superficiales permanentes para abastecimiento de poblaciones iguales o mayores a diez mil habitantes, o que se localicen en espacios clasificados como áreas de protección conforme a la ley 5589 del Código de Aguas de Córdoba.

Agua de la cuenca del río Tercero
Kopta –como lo plantearon varias organizaciones ambientalistas en los últimos años– insistió en que “lo más lógico y económico”, sería llevar al Gran Córdoba agua desde la cuenca del río Ctalamochita (o Tercero). “Incluso, nos parece adecuado hacerla desde la zona alta de esa cuenca, del embalse Cerro Pelado, en Calamuchita”, marcó.
Si a esa agua se la hace bajar hasta el dique Piedras Moras (en Almafuerte) “son 90 kilómetros para conducirla, pero traerla del Paraná son casi 390 kilómetros”. Además, desde Santa Fe supone un desnivel que demanda un sistema de bombeo.
Sobre esta discusión, el ingeniero Mariano Corral, del Laboratorio de Hidráulica de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), realizó, en 2019, un estudio de alternativas de abastecimiento de agua. Y concluyó que ante las sequías esta fuente tiene comprometida su oferta hídrica y no alcanza a cubrir la demanda de las poblaciones que se pretende cubrir.
Corral expuso que, en cambio, la cuenca del Paraná es una de más grandes del mundo y aun ante un escenario de sequía no habría problemas de provisión desde esa fuente.
Otro planteamiento del Foro Ambiental es que el gasto energético será muy grande e implicará emisiones de dióxido de carbono en altas cantidades, lo que añade impactos ambientales.

Coronda-San Francisco al 40%
El acueducto interprovincial Santa Fe-Córdoba se encuentra en el primer bloque de la etapa 1.
Se estima que el total de la obra beneficiará a 410 mil habitantes de ambas provincias.
La obra, cuyo contrato se firmó en 2023, se encuentra en un 40% de su etapa en el brazo Coronda-San Francisco, y con el llamado de licitación para dos bloques más. Aún no tiene fecha de finalización, y su evolución depende del financiamiento.
Este primer tramo cuenta con un financiamiento de 50 millones de dólares del Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe.
Este tramo, que casi no toca territorio cordobés, es marcado como “el corazón de la obra” porque se realiza la toma de agua del río, la instalación de más de mil metros de cañerías que transportará el agua hasta la planta de tratamiento y otras obras.
Luego, faltará la etapa que recorra desde San Francisco al Gran Córdoba.
Edgar Castelló, secretario de Infraestructura Hídrica y Gasífera de la Provincia, dijo a La Voz que el acueducto es una obra estratégica ante el cambio climático.
“Viene a cubrir la demanda para los años de sequía en la provincia”, indicó.
El acueducto inyectará agua a la red existente de acueductos del este de Córdoba, en la zona de San Francisco. “Allí descomprime el 20% del agua para la provincia”, indicó.
Castelló recordó que el primer acueducto de Villa María a San Francisco es de la década de 1930. En esa zona del este provincial, al igual que en Santa Fe, el agua de napas contiene arsénico (cuya ingesta prolongada puede provocar enfermedades).
“Santa Fe ya tiene ejecutado un plan de acueductos con tomas sobre el Paraná. Este río tiene un caudal de 16 mil metros cúbicos por segundo, contra 10 metros cúbicos que tiene el Suquía, por ejemplo”, expresó.
Castelló agregó que ante cualquier contaminación su proceso de dilución es muy grande. “Haciendo bien las tomas y ejecutando bien las plantas de tratamientos no hay problemas con la calidad del agua potable”, explicó.
Mencionó que Santa Fe tiene varias plantas “y no presenta problemas en la calidad del agua potable”.
Castelló enfatizó que en Córdoba se generan muchos inconvenientes con el recurso cuando hay dos o tres años de precipitaciones por debajo de la media anual. “Eso es lo que viene a solucionar el acueducto”, finalizó.
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La Pampa marca un hito en política climática: es la primera provincia con un plan oficial validado por la Ley Nacional de Cambio Climático

Fecha de Publicación: 09/05/2025
Fuente: InfoPico
Provincia/Región: La Pampa


En un hito histórico para la política ambiental argentina, la provincia de La Pampa ha logrado la convalidación oficial de su Plan de Respuesta al Cambio Climático, convirtiéndose en la primera jurisdicción del país en cumplir con los estándares establecidos por la Ley N° 27.520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global.
La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, como autoridad de aplicación en la materia, fue la encargada de impulsar el diseño, articulación y validación de este plan. La Disposición N° 776/2025, emitida por la Subsecretaría de Ambiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la República Argentina y publicada en el Boletín Oficial Nacional el 7 de mayo de 2025, oficializa este reconocimiento. Este acto administrativo valida el proceso participativo y técnico llevado a cabo por La Pampa.
El plan provincial contempla un diagnóstico detallado de las emisiones de gases de efecto invernadero, análisis de vulnerabilidad y capacidad de adaptación, metas cuantitativas y cualitativas, y una hoja de ruta con medidas específicas de mitigación y adaptación.
Este logro posiciona a La Pampa como líder en la acción climática a nivel nacional, demostrando un compromiso firme con los acuerdos internacionales como el Acuerdo de París y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
Además, La Pampa coordina la Comisión de Cambio Climático y Calidad de Aire en el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), reforzando su papel protagónico en la política ambiental argentina.
La convalidación del plan pampeano establece un precedente para otras provincias, marcando un camino claro hacia una gestión climática integral y coordinada en todo el país.
Para más detalles, se puede consultar la Disposición N° 776/2025 en el Boletín Oficial: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324921/20250507
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Proponen crear un programa para proteger a la fauna en Córdoba en rutas provinciales

Fecha de Publicación: 09/05/2025
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba


El Frente Cívico presentó un proyecto para prevenir accidentes con animales. Plantea estudios obligatorios, pasafaunas, radares y señalización en zonas críticas, con participación de municipios, expertos y ONG.
El bloque del Frente Cívico en la Legislatura de Córdoba presentó un proyecto de ley que busca crear el “Programa Provincial de Prevención de Colisiones con Fauna”. El objetivo es reducir los impactos que el tránsito vehicular tiene sobre animales silvestres y domésticos, tanto por razones ambientales como de seguridad vial.
La iniciativa parte de una problemática que suele pasar desapercibida: la gran cantidad de animales que mueren atropellados en rutas y caminos del país, incluyendo especies amenazadas.
“El tránsito vehicular en rutas no sólo es un problema de seguridad vial, sino también un problema ambiental. Hay un impacto silencioso, pero devastador, sobre muchas especies”, señalaron desde el bloque autor del proyecto.
Según datos de la Red Argentina de Monitoreo de Fauna Atropellada (RedFauna), se calcula que mueren más de 15 animales por kilómetro por año en rutas argentinas.
En Córdoba, organizaciones ambientalistas han relevado atropellamientos de zorros, pumas, corzuelas, aves rapaces, serpientes y hasta de cóndores. En algunos tramos serranos o cercanos a áreas naturales, los incidentes son frecuentes y pueden representar un riesgo también para los conductores.
El proyecto establece que se deberá identificar y mapear las “zonas críticas” de atropellamientos, con base en relevamientos técnicos y denuncias ciudadanas. En esos sectores, el Ministerio de Infraestructura deberá instalar señalización específica, radares, reductores de velocidad, y construir pasos de fauna subterráneos o aéreos, según corresponda.
Además, todas las obras nuevas o de ampliación en rutas y caminos provinciales deberán contar con un estudio de impacto sobre la fauna, como condición previa a su aprobación. Esto incluiría tanto la traza como su entorno inmediato.

Consejo asesor
La propuesta incluye también la creación de un consejo asesor, integrado por representantes del Estado provincial, municipios, universidades, ONG y especialistas en biodiversidad, que tendrá la función de asesorar, monitorear y proponer medidas específicas para cada situación.
Desde el Frente Cívico indicaron que actualmente existen algunas acciones aisladas, como carteles preventivos o pequeños pasos de fauna en zonas puntuales, pero que no hay una política pública integral ni sostenida en el tiempo.
“La idea es que este programa se convierta en una política de Estado, con presupuesto y con participación técnica y social, porque no se trata sólo de conservar especies, sino también de prevenir accidentes y mejorar la convivencia entre el desarrollo vial y los ecosistemas”, explicaron.
El proyecto fue ingresado y esperan que pueda ser tratado en las próximas semanas. Mientras tanto, desde organizaciones ambientalistas manifestaron su apoyo a la iniciativa y pidieron que se le dé tratamiento urgente.
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Estiman que para fin de año podrían iniciar la recría del yaguareté en el Yabotí

Fecha de Publicación: 08/05/2025
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones


Destacan que el proyecto de reintroducción del yaguareté en la Reserva de Biosfera Yabotí y el Parque Esmeralda representa una de las apuestas más significativas para la conservación de la fauna autóctona en Argentina. Con una importante inversión, estiman que para fin de año puedan iniciar con la recría al estar listos los espacios para que interactúen la hembra y el macho de esta especie en peligro.
En comunicación con FM 89.3 Santa María de las Misiones el ministro de Ecología de la provincia, Martín Recamán, explicó que “este proyecto venimos trabajando ya hace un par de meses”. La iniciativa cuenta con una inversión de 500 millones de pesos y se propone restaurar la presencia de este felino emblemático en la región, fortaleciendo el ecosistema de la selva paranaense.
El proceso comenzó con un estudio sobre la repoblación, para avanzar con una posible “recría del Yaguareté en la provincia de Misiones”. Para ello, se buscó un espacio adecuado que permitiera una recría natural, donde el macho y la hembra pudieran interactuar en condiciones óptimas para la reproducción.
Fue así que “se llegó a Biósfera, al Parque Esmeralda, que es un lugar lo más cerrado de selva que tenemos dentro de lo que es nuestro Corredor Verde”, relató el ministro. Este entorno privilegiado garantiza las condiciones necesarias para el desarrollo de los animales y la posterior liberación de los ejemplares.
En cuanto al diseño de la infraestructura, contó que en este espacio “van a estar estos 6 recintos que son más de 2 hectáreas, que tienen una altura, toda una estructura, que hay que ver cómo montarlo”. Además, se priorizó el uso de energía solar y la provisión eficiente de agua, elementos fundamentales para el bienestar de los yaguaretés y la sostenibilidad del proyecto.
El equipo técnico elaboró un análisis exhaustivo para el proyecto: “La carpeta ejecutiva ya la hemos elevado a obras públicas y están haciendo el proceso ya para empezar a lo que tiene que ver con la ejecución de la infraestructura, de este primer recinto que son 200 metros cuadrados”, detalló el funcionario.
Este primer recinto será clave para trasladar a la hembra y facilitar el encuentro con el macho (que se llama Yabotí), que ya ha sido monitoreado en la zona. El plan prevé que para “fin de año, calculamos más o menos si ejecutamos todas las obras, si nos permiten las condiciones de tiempo, y las inversiones, tener las dos hembras y un macho”, indicó Recamán.
Los seis recintos están diseñados para distintas funciones, como el nacimiento de cachorros, el manejo de hembras y el trabajo del personal.
Una vez completada la etapa de recría, los yaguaretés serán liberados y podrán desplazarse libremente por la región e incluso hacia Brasil: “Lógicamente que después estos yaguaretés son liberados y transitan por toda la región, no solamente quedan en Misiones”, afirmó el ministro. El monitoreo mediante collares permitirá seguir sus movimientos y protegerlos de posibles amenazas.

Más controles y señalamiento
En cuanto a la seguridad vial para evitar atropellamientos de fauna silvestre, el ministro de Ecología destacó la implementación de controles de velocidad y nuevas señalizaciones.
“Desde el parque Península hasta la rotonda que deriva a las cataratas, con el sistema de control por tramo a mucha gente ya le ha llegado el mensajito de que va a una velocidad superior a los 60”, detalló y adelantó que “se están terminando los últimos trámites con Nación que tienen que ver con una cuestión de certificación del sistema para el cobro por multa”.
Además, se están instalando pórticos y carteles para alertar a los conductores sobre la presencia de animales y fomentar una mayor conciencia, con el objetivo de reducir accidentes como los ocurridos el año pasado, donde en el último incidente registrado perdió la vida un puma.
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Liberan aves de Macá Tobiano criadas en cautiverio: “podría significar la diferencia entre la extinción y la supervivencia”

Fecha de Publicación: 08/05/2025
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Patagonia


Es una especie emblemática de la Patagonia y estaba “críticamente amenazada”, categoría previa a la extinción. Tras años de trabajo, se logró liberar tres ejemplares nacidos en cautiverio. La proeza de recolectar los huevos y el desafío de los primeros días de vida.
Tres pichones de Macá Tobiano, ave emblemática de la Patagonia, demuestran la importancia de apostar por la ciencia, con tiempo, recursos y perseverancia, para lograr transformaciones. Pertenecen a la especie Podiceps gallardoi, cuya reproducción natural fue prácticamente nula en los últimos años. Gracias a un trabajo de más de una década, constante y colaborativo, tres ejemplares juveniles criados en cautiverio fueron liberados: un hito que para esta especie y una posibilidad para otras en peligro.
“En un contexto en el que la reproducción natural ha sido prácticamente nula en los últimos años, esta acción pionera marca un punto de inflexión: si se replica a mayor escala, podría significar la diferencia entre la extinción y la supervivencia de la especie”, destacó la organización Aves Argentinas.
La liberación de los tres Macá Tobiano es el punto de llegada de un camino iniciado en 2010 con el Programa Patagonia de Aves Argentinas, una labor conjunta –con un equipo liderado por la veterinaria Gabriela Gabarain- entre ONGs, universidades, CONICET e instituciones internacionales.

El Macá Tobiano, a un paso de la extinción
Las tres aves nacieron en la Estación Biológica “Juan Mazar Barnett”, donde trabaja el Programa Patagonia de Aves Argentinas, y fueron liberadas en el estuario del río Santa Cruz. Antes y después hubo múltiples intentos, estrategias, reintentos y mucha paciencia hasta dar con el resultado. Desde la recolección de los huevos hasta su cuidado y luego los críticos primeros diez días de los pichones: todo tiene tinte épico.
El Macá Tobiano fue descubierto en 1974 por el naturalista argentino Mauricio Rumboll. En la década de 1990 se creyó que su hábitat remoto lo protegía, pero no: el avance de las amenazas humanas –entre introducción de especies exóticas y cambio climático— provocó un fuerte retroceso poblacional.
En 2012 la especie fue categorizada como “Críticamente Amenazada” por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Se trata del mayor grado de riesgo antes de la extinción.
Quienes trabajan por su conservación llevaban años con tareas de control de especies invasoras, monitoreo de colonias reproductivas y acciones para mitigar el impacto del cambio climático. Pero no fue suficiente para frenar el impacto de la persistencia del deterioro ambiental. Entonces, fue necesario apelar a otra estrategia.

Criar para liberar
El equipo de Gabarain comenzó a desarrollar una estrategia sin precedentes: criar Macás Tobianos en condiciones controladas, desde el huevo hasta su liberación.
“Este proceso, inédito no solo para esta especie sino para todos los macás del mundo, se convirtió en una carrera contrarreloj para evitar su extinción”, describió Aves Argentinas.
El punto de partida se basó en un dato concreto: el 97% de las parejas reproductivas solo cría uno de los dos huevos que pone. El otro es abandonado. La meta entonces fue recuperar esos huevos que de otro modo se perderían.
Lo hizo un equipo técnico altamente capacitado para su recolección en condiciones extremas, para trasladarlos luego a la Estación Biológica. Allí, incubadoras especialmente diseñadas replican las condiciones ideales de temperatura, humedad y rotación. Una vez nacidos, los pichones requieren cuidados intensivos: alimentación constante, natación diaria y atención permanente durante semanas.
El proceso ha demandado años de ensayo y error, incluso con otras especies como el Macá Plateado, hasta llegar a completar el ciclo exitosamente, informaron desde el Programa.

El hito
Tras más de dos meses de cuidados ininterrumpidos, tres juveniles alcanzaron el peso ideal para ser liberados: más de 350 gramos en hembras y 400 en machos.
La liberación se realizó en el estuario del río Santa Cruz, donde otros adultos pasan el invierno. Los especialistas explicaron que esta estrategia evita la riesgosa migración inicial desde las lagunas de altura.
Los ejemplares fueron marcados con anillos rojos numerados, que permitirán su seguimiento a futuro. “Esta técnica de cría en cautiverio seguida de liberación controlada ya ha sido exitosa con otras especies amenazadas, como el Cóndor de California o el Oso Panda. En el caso del Macá Tobiano, podría permitir la incorporación anual de más de 50 juveniles, fortaleciendo significativamente a la población silvestre.
Para que esta estrategia sea sostenible, es fundamental seguir fortaleciendo los recursos y las alianzas institucionales”, remarcaron quienes integran el programa. Entre las organizaciones involucradas se encuentran el Consejo Agrario Provincial de Santa Cruz, la Secretaría de Estado de Ambiente, la Municipalidad de Puerto Santa Cruz, CONICET, Fundación Bariloche, ICFC y FCEN-UBA.
“El camino es desafiante, pero por primera vez en mucho tiempo hay una esperanza real y concreta de evitar la extinción del Macá Tobiano. Este hito representa no solo un triunfo para la conservación en la Argentina, sino también un ejemplo de compromiso, ciencia y trabajo en equipo. Un símbolo vivo de la Patagonia que merece seguir habitando nuestros paisajes”, resumió la organización al frente del Programa por el Macá Tobiano.
Un logro que vale doble en tiempos de desfinanciamiento y ataque a la ciencia por parte del Gobierno Nacional.
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Alertan que una nueva disposición del Gobierno facilitará el tráfico de fauna

Fecha de Publicación: 07/05/2025
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional


Se trata de una derogación de varias normativas que prohibían la exportación de animales vivos y el tránsito interprovincial bajo ciertos estándares. El caso de Uruguay como testigo
Una disposición de la subsecretaría de Ambiente de la Nación desreguló la exportación de animales vivos en la Argentina y flexibilizó el tránsito interprovincial de especies. En este contexto, referentes de la conservación de fauna en el país alertan que esta medida representa un retroceso y que se abre una puerta al tráfico de animales. Además, citaron el caso de Uruguay, que cada año exporta lobos marinos a Asia.
La disposición 381/2025, publicada en el Boletín Oficial a principios de abril con la firma del subsecretario de Ambiente, Fernando Brom, derogó diversas normativas que prohibían y limitaban tanto la exportación de animales vivos como el tránsito interprovincial de ejemplares, que se fueron sancionando en distintos años desde 1986 hasta 2022.
En concreto, eran tres las actividades prohibidas: la exportación de animales, el tráfico interprovincial de ejemplares vivos de todas las especies de fauna autóctona y la comercialización en jurisdicción federal tanto de animales como de productos y subproductos derivados de fauna silvestre sobre varias especies.
Fuentes consultadas por TN señalaron que hasta 1986, cuando comenzaron las restricciones a la comercialización de animales, la Argentina exportaba mayormente aves, monos y reptiles. Y resaltaron que esta medida hace retroceder al país varias décadas.

Comercialización de fauna autóctona
Para Alejandra Juárez, una de las responsables del refugio Proyecto Carayá de La Cumbre (Córdoba) y que es hogar de decenas de monos de esa especie y es el único en su tipo en el país, la desregulación de la resolución es una puerta de entrada a que se intensifique el tráfico ilegal de fauna.
“Será un encubrimiento de la utilización comercial de la fauna autóctona”, consideró en diálogo con TN. Y agregó: “El gobierno es claro en sus objetivos porque solo facilitará las cosas a comerciantes de animales vivos o a la exportación de trofeos, como pieles, ya que alegan que es necesario eliminar el ‘exceso de burocracia’ y equilibrar ‘diversos beneficios económicos, culturales, agropecuarios, recreativos y estéticos que la fauna silvestre aporta al hombre’. En ningún momento hace alusión al beneficio de la fauna, solo al beneficio económico”.
Juárez puso el foco en la posibilidad que se abre para exportar fauna silvestre y remarcó que hay varias provincias que habilitan la cacería de especies nativas, como pumas, guanacos y diversas aves, justamente en zonas donde hay criaderos que se usan para sostener la actividad de los cotos de caza. En estos días, Santa Cruz prohibió, tras la presión de diversos sectores ambientalistas de todo el país, la caza del puma en la provincia luego de habilitarla el año pasado.

Compradores asiáticos
Juárez insistió en que los supuestos beneficios para facilitar el tránsito de una provincia a otra con fines científicos o de repoblación, o por razones sanitarias o de rehabilitación, no son tales. Destacó, en cambio, que este tipo de movimientos, entre los que se incluye la reintroducción de ejemplares en sus hábitats luego de ser rehabilitados en refugios, ya existe y se da “con normas y requerimientos muy específicos. Las exigencias eran en casos muy excepcionales”.
“Cabe preguntar a qué equipo de científicos se consultaron estas medidas o si solo fueron consultados los comerciantes de animales y dueños de cotos de caza”, dijo la especialista, quien afirmó que esta resolución “nos lleva a retroceder, por lo menos, 50 años y justo ante un ambiente deteriorado con una disminución drástica de la fauna”.
La responsable de Proyecto Carayá indicó además que hay “desesperación” por ser parte de los proveedores de diversos compradores asiáticos que buscan desde ejemplares de animales autóctonos para zoológicos hasta huesos y colmillos de yaguareté, un animal emblema de Sudamérica que muy lentamente va recuperando su población en el Gran Chaco y que está en peligro crítico de extinción.

El caso de Uruguay
Respecto a esta actividad, el referente del refugio MundoAparte de Rosario Franco Peruggino señaló que no hay que irse demasiado lejos para ver un ejemplo de la libre disposición de fauna para el comercio. En Uruguay está permitida y regulada la comercialización de lobos marinos.
Esto está ocurriendo en este momento: la temporada para capturar lobos marinos vivos en Uruguay se da entre el 1º de abril y el 31 de octubre de cada año, según consigna el propio gobierno uruguayo en su sitio web.
El trámite es abierto, con previa autorización de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara), e incluso se exhiben los precios que se pagan por ejemplares machos y por ejemplares hembras. Para los primeros, el valor por cada uno es de 48 Unidades Reajustables (UR, estipulada por la Dirección General Impositiva del país), equivalentes a unos 2.075 dólares estadounidenses; las hembras pueden ser más caras ya que el valor es de 65 UR cada una (cada UR equivale a 1819,41 pesos uruguayos, unos 2.809 dólares).
Al respecto, Peruggino dijo a TN: “Exportan lobos marinos que sacan del medio ambiente para acuarios de Asia. Reproducen animales nativos para venderlos a un continente que les es totalmente ajeno, tanto por el clima como por su alimentación, y encima para vivir en cautiverio toda su vida”.

Retroceso
Peruggino explicó que en MundoAparte trabajan, mayormente, con animales que provienen del tráfico de fauna para mascotas.
“Eliminar estas leyes es ir tres o cuatro décadas para atrás y es un delirio. Con la excusa de que las cosas sean menos burocráticas, van a perjudicar a un montón de animales y a los ecosistemas donde viven”, consideró.
Y añadió que la desregularización de las normativas “le allana el camino a los que se dedican a la comercialización de animales vivos para mascotas y a un montón de otros negocios que tienen que ver con la fauna nativa, como puede ser un coto de caza que en algunas provincias puede ser legal, pero siempre existe el que lo hace por atrás”.
Por su parte, Juárez detalló: “Un dato no menor es que el mercado del comercio de vida silvestre genera, según diversas estimaciones, entre 15 y 20 millones de dólares al año. Es el cuarto comercio ilegal mundial después de los delitos relacionados a la venta de drogas, la falsificación y el tráfico de armas”.
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Cómo estudiarán más el cambio climático desde el Aconcagua

Fecha de Publicación: 07/05/2025
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Nacional - Mendoza


Instalaron cinco estaciones meteorológicas automáticas. Buscan mejorar el conocimiento sobre la atmósfera
Un equipo internacional de científicos instaló cinco estaciones meteorológicas automáticas en el Parque Provincial Aconcagua (PPA), en la provincia de Mendoza. La iniciativa es parte del “Proyecto Wayra: Red de Monitoreo Atmosférico en Aconcagua”.  
Esas estaciones permitirán monitorear en tiempo real las condiciones meteorológicas y aportar datos relacionados con el cambio climático. Darán datos esenciales para la gestión del parque, la seguridad de las expediciones y la planificación de actividades agrícolas y turísticas en la zona.  
El esfuerzo busca profundizar el conocimiento sobre la atmósfera y el clima de alta montaña y fue posible gracias a la colaboración entre instituciones científicas de Argentina, Estados Unidos y el Reino Unido, así como al apoyo logístico del Gobierno de Mendoza.

Dónde están las estaciones
Las estaciones fueron instaladas en puntos estratégicos del Aconcagua, incluyendo el campo base Plaza de Mulas (4.300 metros sobre el nivel del mar), Plaza Argentina (4.200 msnm), el glaciar Horcones Superior (4.350 msnm), el campamento de altura Nido de Cóndores (5.580 msnm) y las inmediaciones de la cumbre (6.960 msnm).  
Esas ubicaciones permitirán recopilar datos a lo largo de casi 3.000 metros de altitud, lo que resulta crucial para estudiar los cambios climáticos y su impacto en los glaciares y los recursos hídricos de la región.
El proyecto fue liderado por Pierre Pitte, investigador del CONICET en el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), junto con Baker Perry, de la Universidad de Nevada en Reno, y Tom Matthews, del King’s College de Londres.  
Ambos científicos cuentan con experiencia en la instalación de estaciones meteorológicas en alta montaña. Ya participaron en proyectos similares en el Monte Everest, el Tupungato y los Andes Tropicales. Además, el equipo incluyó a profesionales del IANIGLA, el Departamento General de Irrigación de Mendoza (DGI), guías de montaña y porteadores, con el apoyo logístico de Inka Expediciones.

Qué implica para el futuro
Fidel Roig, director del IANIGLA, destacó la importancia de este proyecto para la región andina de Argentina, que es una fuente clave de recursos hídricos para el desarrollo económico, energético y turístico del oeste del país.  
Según Roig, la información proporcionada por estas estaciones será fundamental para comprender y modelar la oferta hídrica en un contexto donde la climatología de montaña es compleja y los datos instrumentales son escasos. Además, señaló que este esfuerzo se enmarca en un proyecto más amplio de manejo ambiental del Parque Provincial Aconcagua, presentado por el IANIGLA a la Secretaría de Ambiente del Gobierno de Mendoza.
Entre los equipos instalados, se encuentra una estación de balance de energía en el glaciar Horcones Superior, que estará operativa durante dos años.  
Según explicó Pitte, esta estación permitirá analizar los flujos de energía que determinan cómo los glaciares ganan o pierden masa, lo que es clave para modelar escenarios futuros y comprender el comportamiento actual de los glaciares.  
Por su parte, Baker Perry subrayó que los datos recopilados contribuirán a entender el ciclo hidrológico del Aconcagua, considerado una «torre de agua» que alimenta al Río Mendoza, y a mejorar los pronósticos meteorológicos y la seguridad de las expediciones en la montaña.

Datos sobre los glaciares
Tom Matthews, del King’s College, resaltó que el Aconcagua ofrece una oportunidad única para estudiar cómo el clima varía con la altitud, desde los campamentos base hasta la cumbre. Esta información es esencial para comprender las tasas de derretimiento de los glaciares y para desarrollar mejores pronósticos que garanticen la seguridad de los montañistas.
En tanto, Mariana Correas Gonzalez, becaria postdoctoral del CONICET y una de las participantes de la expedición, destacó que la instalación de las estaciones no solo amplía la red de monitoreo atmosférico que el IANIGLA ha desarrollado durante más de una década, sino que también visibiliza el rol de las mujeres en la ciencia y la investigación de alto impacto.  
La científica describió la experiencia como un desafío físico y mental significativo, pero también como una oportunidad para fortalecer la presencia femenina en proyectos de esta magnitud.
Además de su contribución al monitoreo climático, las estaciones instaladas permitirán analizar fenómenos asociados a los cambios en las zonas de alta montaña, como la dinámica de los glaciares, la desestabilización de laderas y la formación de lagos glaciares.  
Un ejemplo reciente de estos fenómenos ocurrió entre el 18 y el 20 de enero de 2024, cuando se formaron lagos en Plaza Argentina, representando un riesgo para quienes trabajan y visitan el parque. La información recopilada será clave para reducir los riesgos asociados a eventos extremos como olas de calor y tormentas convectivas.
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Especies en peligro: crece el escándalo por una red internacional de caza ilegal y tráfico de fauna liderada por un argentino

Fecha de Publicación: 06/05/2025
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Jorge Noya enfrenta prisión domiciliaria por encabezar una presunta organización que depredó especies protegidas; a la causa argentina se suma otra en Bolivia
Al menos desde hace 46 años, Jorge Noya se presenta de forma pública como cazador profesional aunque es mucho más que eso. También es director y la cara visible de Caza & Safaris, una empresa argentina no registrada en ARCA que promueve servicios internacionales de turismo para personas que tienen la misma afición que él. En su página de internet ofrece una “caza asegurada” de animales grandes y chicos como pumas, carpinchos, venados, ciervos, pecaríes labiados y de collar, una diversidad de aves y otras especies. Muchas de ellas son protegidas a nivel nacional o internacional, otras han sido declaradas en peligro crítico de extinción y matarlas está prohibido en el país o incluso en el mundo.
Hoy Noya no puede salir de su hogar en la zona norte del conurbano bonaerense y estaría en la cárcel de no haber presentado problemas de salud y superar los 70 años. En 2024, le dictaron prisión preventiva domiciliaria tras ser acusado de ser el presunto líder de una organización internacional dedicada a la depredación y tráfico ilegal de fauna silvestre.
En la Argentina está procesado junto con seis personas más. Los delitos por los que en primera instancia fueron acusados son los de asociación ilícita, provisión ilegal de armas de fuego, maltrato animal y depredación de fauna silvestre. Por esto, tanto Noya como el resto podrían recibir entre tres y quince años de prisión dependiendo de cada caso. No a todos se les atribuyen los mismos delitos. A cinco de los siete se les imputó solo asociación ilícita, maltrato animal y depredación de fauna silvestre.
Además de aquel proceso judicial, también se hizo una denuncia penal en contra de siete personas en Bolivia a fines del año pasado. Dos de ellos son Noya y un argentino, presunto socio suyo, que también está involucrado en el expediente local.
En nuestro país, la justicia federal secuestró en agosto del año pasado 44 armas de fuego, 12 vehículos de automotor –otros 25 están embargados– y 7971 taxidermias, cuernos y pieles que hallaron en los tres cotos de caza y en los dos depósitos asociados a la empresa de Noya.
La taxidermia es el oficio que se encarga de tratar animales muertos para conservarlos. Para lograrlo extraen sus órganos internos y rellenan el cascarón de piel y hueso como a un almohadón. También aplican químicos en el pelaje y en la piel para que no se pudran con el tiempo. Después les incrustan ojos de vidrio o plástico para darle una apariencia de vida. Al resultado de este proceso en el mundo de la caza le llaman “trofeo”.
La mayor parte se encontraron en los dos depósitos localizados en Haedo, en el oeste del conurbano bonaerense. El resto estaban expuestos en los cotos de la localidad de Dolores, provincia de Buenos Aires, y Santiago del Estero.
Según fuentes vinculadas a la causa, era tal la cantidad de animales que encontraron que Marcelo Alejandro Araujo, el taxidermista asociado a la empresa y también imputado en la causa argentina, tenía también especímenes en su casa. Uno de los depósitos allanados es propiedad y lugar de trabajo de Araujo. El otro depósito es de Federico Manuel Testa, un importante empresario dentro del mundo de la caza. Según la defensa de ambos, todos los “trofeos” estaban certificados por el Gobierno. La defensa de Testa afirmó que solo encontraron siete con irregularidades, de los que tres están vinculados a Noya. “Y explicamos la situación cada uno de ellos”, dijeron.
En la Argentina, la investigación la lleva la Fiscalía Federal N°1 de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Sergio Mola, con intervención del Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora. En un inicio participó como juez federal subrogante Ernesto Kreplak y, ahora, pasó a manos del juez federal subrogante de Quilmes, Luis Armella.
De los siete procesados, solo a Noya le dictaron prisión preventiva; no lo hicieron con el taxidermista Araujo, ni los presuntos socios de Caza & Safaris Federico Manuel Testa y Carlos Pablo Escontrela, ni con los guías de caza Leonardo Marti Destefani y Guillermo Funes, a quien su defensa definió como un peón rural; ni con el community manager Gustavo Oliva. Pero no pueden seguir trabajando en ningún negocio que involucre a la cacería por el momento. Las defensas apelaron el procesamiento determinado por el juez y hoy la causa se encuentra en revisión en la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. El abogado de Noya fue el único que no habló con LA NACION.
En general, los defensores sostienen que sus clientes son víctimas de acusaciones infundadas. Los de Araujo, Funes, Escontrela y Testa dicen que no hay ninguna organización delictiva y que fueron, en realidad, socios ocasionales y empleados de Noya. La mayoría de ellos aseguraron no conocerse entre ellos o, en tal caso, haber hablado unas pocas veces. Además, todos definieron el vínculo con el director de Caza & Safaris como débil, intermitente o antiguo.
Tanto Testa como Noya son dos de los involucrados en la denuncia penal impulsada en Bolivia por el abogado Rodrigo Herrero, el exguardaparque y activista ambiental Marco Uzquiano y la representante del Colectivo Llanto del Jaguar, Lisa Corti. Apuntaron que Noya hizo más de 30 viajes, muchos de forma irregular, para cazar o llevar clientes a cazar yaguaretés en la selva boliviana. Este felino es un animal protegido no solo en la Argentina, sino en toda la región.
Una de las pruebas surgió a partir de la investigación judicial en la Argentina y tras la publicación de varia fotografías de Noya junto a distintos cadáveres de yaguareté. Testa no aparece en estas imágenes, aunque según la querella boliviana y personas involucradas en la causa argentina el vínculo con Noya existía de hace años.
Hasta hoy, Testa es uno de los mayores exportadores registrados de pieles, colmillos y taxidermias animales en la Argentina. Se encarga de la logística de importación y exportación de productos y subproductos animales desde y a todo el mundo. Su abogado indicó a LA NACION que su trabajo siempre estuvo en regla y que Noya “fue uno de muchos clientes”, pero que Testa nunca tuvo un vínculo cercano y tampoco transportó animales sin regulación.
En el país vecino lo denunciaron junto con Noya por los delitos de biocidio, destrucción y deterioro del patrimonio natural. En este caso podrían recibir hasta diez años de prisión.
En esa causa está también involucrado Luis Villalba Ruiz, que presuntamente mató a cinco yaguaretés. Hace poco, la querella incluyó también a un cazador estadounidense, ya detenido por la justicia norteamericana por otras causas; el dueño del coto de caza implicado en este caso y dos empresarios colombianos que tienen hoteles en Santa Cruz de la Sierra.

Un negocio millonario
Según fuentes cercanas a las dos causas, el negocio de Noya y sus socios era redondo y millonario. El target de clientes era sobre todo internacional. En especial conseguían cazadores de Estados Unidos, España y algunos de Rusia.
Los captaban de distintas formas. A muchos de ellos los conocían en convenciones internacionales de caza como los que organiza el Safari Club International (SCI) en las Vegas y Tennessee, o la Feria Cinegética de Madrid. Con otros se conectaban a través de foros como Africa Hunting, redes sociales y su página de internet. Allí les presentaban los distintos paquetes que Caza & Safaris ofrecía. En su mayoría se ejecutaban en territorio argentino, aunque hay pruebas que indican que Noya hizo viajes internacionales con sus clientes.
Según información judicial, los clientes llegaban al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Un miembro de la empresa los pasaba a buscar y de ahí los derivaba a cualquiera de los tres cotos de caza; les ofrecían hospedaje, comida y un catálogo de animales para cazar. Los cotos en Santiago del Estero están vinculados al empresario Carlos Pablo Escontrela.
Para la defensa del santiagueño, esos clientes eran de Noya y no de una “presunta organización” que lo involucrara. Según el abogado, solo llegaban cazadores enviados por Noya cuando querían cazar algún animal que Escontrela tuviera en sus cotos.
La defensa también expresó a LA NACION que el vínculo con Noya está roto desde 2019. “De hecho quedaron en malos términos. Le quedó debiendo plata”, explicó el abogado de Escontrela, y agregó que los dos predios de Santiago del Estero que están su a nombre “estaban en regla”.
Sin embargo, hay información judicial que contradice este argumento. El empresario santiagueño tuvo hasta hace seis años una sociedad anónima llamada Los Moros SA que estaba a nombre de Noya y Escontrela. Según la defensa, esa sociedad fue una mera formalidad para obtener los permisos de caza.
Según información a la que LA NACION tuvo acceso, en Caza & Safaris el precio para dispararle a un animal rondaba entre 1000 y 5000 dólares, dependiendo de la especie, aunque esto podría elevarse si la campaña salía del territorio nacional. Una investigación publicada por la revista digital boliviana Nómadas reveló que en aquel país cazar un yaguareté podía superar los 50.000 dólares.
Para llegar a la selva boliviana, Noya volaba con sus clientes hasta la ciudad de Cáceres en Brasil y de allí cruzaban a distintos puntos del este del país. A diferencia de la Argentina, en el caso boliviano se presume que buscaban sobre todo yaguaretés. Herrero afirmó tener pruebas de dos felinos cazados durante los viajes organizados por los argentinos y vaticina que la lista irá en aumento.
La caza de los animales era una parte importante de los ingresos de esta presunta organización criminal, pero no era la única. Según información judicial, Noya y sus socios también rentaban armas de fuego, vendían municiones y taxidermizaban a los animales para convertirlos en trofeos y enviarlos a sus clientes. Para fuentes cercanas a la causa en la Argentina, esto podría haber sido uno de los mayores ingresos para la empresa.
La operación, según información a la que LA NACION tuvo acceso, consistía en tratar a los especímenes, transportarlos hasta Ezeiza y de ahí, a todo el mundo. Esta etapa del proceso presuntamente estaba a cargo de Testa, que utilizaba a la empresa de transporte que dirigió hasta 2019, Logistic Solution SRL, para trasladar los trofeos al aeropuerto, pero no lo hacía estrictamente de forma ilegal. La defensa de Testa afirmó que su empresa y Caza & Safaris no tuvieron vínculo.
En el mundo de la caza, Testa es un apellido conocido. Algunas fuentes consultadas lo catalogaron como el principal exportador de pieles, colmillos y taxidermias del país. Según su propia defensa, entre el 80% y 90% de lo que Logistic Solution SRL transportaba estaba vinculado a la caza. Añadió que Noya fue uno de varios clientes en el país y en el mundo, con quien intercambió pocas palabras, y lo allanado en el depósito de Haedo está validado por el Gobierno.
En la Argentina, tanto la caza como la taxidermia son prácticas autorizadas. Las provincias deciden las especies que están permitidas para la caza deportiva. También son delimitadas las temporadas de caza y de veda. Esto quiere decir que no existe una uniformidad en la protección de fauna. Sin embargo, hay algunos animales que fueron declarados en peligro de extinción o peligro crítico de extinción y no pueden ser cazados en ningún lado. Tal es el caso del yaguareté, el pecarí de collar y el labiado, o el tatú carreta.
Algunos de estos animales, hasta el día de hoy, siguen expuestos en lo que queda de la página de Caza & Safaris, que después del inicio del proceso penal en la Argentina fue desmantelada casi por completo. También eliminaron sus cuentas de Facebook y de Instagram.
Fuentes vinculadas a esta causa explicaron que existía documentación necesaria para el transporte, tanto entre provincias como a otros países, aunque denunciaron que muchas veces los animales que se describían en el papel no eran los que estaban embalados.
Para la defensa de Testa, aquel argumento es infundado. “Primero que nada, porque de los casi 4000 animales que le allanaron, unos pocos eran los vinculados al director de Caza & Safaris. Además, mi cliente no tuvo ningún animal prohibido. Con el allanamiento que le hicieron solo encontraron siete trofeos con irregularidades. De esos, solo tres están vinculados a Noya”, explicó el abogado del empresario.
En principio, cada vez que se pretende mover a un animal que provenga de la caza deportiva debe existir un documento que permita su trazabilidad. Información como la especie, el coto donde se cazó, los permisos de ese coto para cazar ese animal específico y otros puntos deberían estar expresos.
Según fuentes cercanas a la causa, solo uno de los cotos estaba certificado para cazar –el de Dolores– y en los informes presentados ante la Subsecretaría de Ambiente de la Nación para el transporte de animales, Testa, Noya y el resto de los socios modificaban datos como el tipo de especie, la procedencia de los animales y la temporada en que se habían cazado. De esta forma “blanqueaban” muchos de los especímenes taxidermizados que iban a Ezeiza.

En la mira desde 2018
Noya está en el foco del gobierno argentino desde 2018, cuando irrumpió en el coto de caza de Dolores una fuerza constituida por el entonces Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y la División de Delitos Ambientales y Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina.
En ese entonces se secuestraron decenas de animales taxidermizados, pero las autoridades no hicieron arresto alguno. Así lo reportó LA NACION en su momento. Una nueva causa se abrió en 2020 a partir de una denuncia impulsada por la organización internacional Freeland y la Red Yaguareté; sin embargo, fue rápidamente archivada porque durante la pandemia esta empresa no parecía estar en operaciones. Al inicio de 2024, este medio publicó fotografías inéditas sobre Noya y su vínculo con la cacería ilegal; así, la Fiscalía tuvo materiales para desarchivar la causa.
Hoy, el expediente se encuentra en revisión por parte de la Cámara Federal de La Plata. Se espera que el siguiente paso sea la confirmación de los procesamientos y la respuesta por un recurso de la fiscalía para dar prisión preventiva a los seis acusados que permanecen en libertad.
En tanto, en Bolivia, la causa sigue siendo revisada por los fiscales a cargo y todavía no se le asignó un juzgado. Herrero recordó que, a pesar de eso, hubo un tremendo impacto mediático en el país. Tal fue el movimiento que el Tribunal Agroambiental de Bolivia ordenó a diferentes entidades públicas la protección del yaguareté y de su hábitat.
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