Denuncian un desmonte en territorio de uso ancestral de comunidades originarias

Fecha de Publicación: 04/08/2026
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Comunidades indígenas del norte denunciaron el desmonte por parte de la empresa Desdelsur SA.
Marcelino Pérez representó con sus palabras la desigualdad inserta en la política que permite el desmonte en territorio indígena: “ellos ponen animales y nosotros ni siquiera podemos comer asado”.
La denuncia del referente de la comunidad wichí Lapacho 2, que se encuentra a unos tres kilómetros de Tartagal (ciudad cabecera del departamento San Martín), hizo así referencia al inicio de un desmonte en tierras rodeadas por población originaria. En principio, y por los dichos de un presunto representante que visita las comunidades para negociar la deforestación a cambio de pozos de agua y viviendas, la empresa Desdelsur SA sería la titular registral de las tierras.
La empresa “líder en producción ganadera”, como indican notas comerciales, desmontó unas 27 mil hectáreas entre 1993 y 2018, de acuerdo al informe de 2019 “El Sacrificio de los Bosques del Gran Chaco”, de Greenpeace, que incluye comparaciones de imágenes satelitales.
Los feedlots (o corral de engorde) son cotidianos en el paisaje con el que conviven las comunidades de la zona, pero la carne que se produce en estos predios no es para consumo local, sino para la exportación. Por eso estiman que las cuatro topadoras que arrasan el monte nativo tienen como propósito preparar las tierras para expandir la producción.
En el monte arrasado había especies de chañar, mistol, algarrobo, cuyos frutos son de consumo de los habitantes indígenas; también había plantas medicinales de uso ancestral. El chaguar, que sirve para las artesanías, prácticamente es inexistente en la actualidad, “y hay que ir lejos en camioneta para encontrar”, afirmó Pérez.
Se suma la pérdida de la fauna, que también proveía alimento a las comunidades. Es parte de las causas de la desnutrición crónica, cuando no las muertes de niños y niñas por deshidratación. Así lo entienden Marcelino y Basilia Pérez, también referente indígena.
Además, los referentes expusieron su preocupación por las constantes fumigaciones aéreas que lanzan herbicidas alcanzan las viviendas de las comunidades.

Sin información
Según los datos que surgen de las audiencias públicas publicadas en el Boletín Oficial de la provincia, la última solicitud de Desdelsur fue en 2014, para el desmonte neto de 3.043 hectáreas y la reserva de otras 2.423 hectáreas en la Finca Puesto Alcoba, matrículas N° 29217, 29218 y 29219 del departamento San Martín.
En aquel momento la empresa solicitaba, además, un “plan de ordenamiento predial”, dado que las tierras estaban categorizadas en amarillo según el anterior Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. Hasta 2014, el gobierno de Juan Manuel Urtubey había permitido las recategorizaciones, una forma de convertir a verde (apto para desmonte), lo que era rojo y amarillo (a conservar), y viceversa.
Pero “con el nuevo ordenamiento (la zona en cuestión) queda en el área de producción/conservación”, dijo a Salta/12 la coordinadora de la Campaña de Bosques de la organización ambientalista, Noemí Cruz.
Se desconoce si hubo autorización del gobierno o readecuación de las tierras dentro de la zona que en el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos quedó categorizada en marrón y puede ser sometida a desmontes, o al sistema de “Manejo de Bosques con Ganadería Integrada” (MBGI), como se rebautizó a una nueva modalidad.
Frente a la imposibilidad de obtener información sobre la presunta autorización para el desmonte -dado que no hay registros públicos accesibles sobre los permisos para desmontar-, en la comunidad empezaron a recolectar firmas con el propósito de pedir esa información sobre los permisos que según el referente de Desdesur, ya dio el gobierno provincial.
La comunidad intenta obtener esos datos lo antes posible y no en 15 o 20 días, como establece la ley sobre el mecanismo de acceso a la información pública.

El negociador
“En 2012 la empresa comenzó a negociar con los de (la Comunidad) Pacará”, contó Marcelino Pérez. Allí surge la figura de “un ingeniero, Santiago”, que se acerca a dialogar con las comunidades tanto Pacará como Tonono. Se cree que esta conversación se basa en que estas comunidades cuentan con el relevamiento territorial previsto en la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena (que si bien fue derogada, durante su vigencia reconoció el derecho de posesión ancestral a las comunidades) y pueden hacer los reclamos.
Sin embargo, las comunidades afectadas son muchas más. “Están las de kilómetro 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18 y 20”, detalló Pérez. A ellas se suman las comunidades de San Benito, Alcoba, Finca Las Cañitas, además de los puestos de criollos repartidos en la zona.
“Él (Santiago) se reúne y le promete cosas indicando que va con la orden del gobernador y que puede desmontar. Y entonces los wichís piden viviendas, pozos de agua y trabajo. Lo mismo hizo con los de Pacará, y vuelven a pedir cosas, motonetas… que los chicos van a recibir computadoras, pero eso sí, cuando ya esté el desmonte”, contó Pérez.
Sin embargo, esa oferta de bienes a cambio de permitir el desmonte, se endurece en caso de que no se llegue a un acuerdo: “Les dicen que ya están preparados 200 milicos”, para reprimirlos, contó Marcelino Pérez.
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