La 7.722 mendocina nuevamente en la Corte Suprema
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El reclamo por la 7.722 llegó a la Corte de la Nación
Fecha de Publicación: 21/02/2019
Fuente: El Sol (Mendoza)
Provincia/Región: Mendoza
Doce años después de su sanción, la ley “antiminera” (7.722), sigue dando que hablar en el ámbito de la actividad. Ahora, la acción de inconstitucionalidad presentada en 2007 por la minera San Jorge deberá ser analizada por la Corte Suprema de la Nación, que deberá decidir si acepta revisar la norma que el tribunal local declaró constitucional.
La minera San Jorge, cuyo proyecto de extraer oro y cobre en Uspallata quedó trunco desde el 2008, presentó un recurso extraordinario federal para habilitar una revisión en la Corte Suprema de la Nación. Esa acción había sido rechazada, sin embargo tras un nuevo recurso de queja en la Corte Suprema, el caso tomará relevancia nacional.
Teniendo en cuenta que en Mendoza la norma fue declarara constitucional por el máximo tribunal local, la Corte Suprema es la última instancia que tienen la empresas para reclamar.
Según explicó el presidente de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (CAMEM), Raúl Rodríguez, el máximo tribunal local “no tiene nada más que hacer porque resolvió a favor de la ley”, explicó. Es por eso que para que la causa quede en manos de la nación, la Suprema Corte debe remitirle los antecedentes para que decidan si se abocarán a una revisión de la ley o no.
Hay que recordar que en 2015, el máximo tribunal local ratificó por unanimidad la constitucionalidad de la ley que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la minería.
Entre los planteos que hizo San Jorge para pedir la inconstitucionalidad están los primeros artículos de la ley entre los que se prohíbe el empleo de cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas en la actividad minera metalífera. Además cuestionaron la exigencia de la adecuación de las actividades en curso a las nuevas disposiciones de la 7.722 y la intervención del Poder Legislativo para la ratificación posterior de la Declaración de Impacto Ambiental.
Tras el rechazo que generó el proyecto, los accionistas de la empresa en 2016 presentaron otro plan alternativa para extraer el cobre y el oro en Mendoza pero luego trasladarlo y procesarlo en San Juan. En 2017 el gobierno resolvió rechazar el informe de impacto ambiental de San Jorge y según manifestó Rodríguez el año pasado presentaron un nuevo informe.
Nuevo estudio de impacto ambiental
Sobre el caso de San Jorge, el subsecretario de Energía y Minería, Emilio Guiñazú, explicó que la empresa presentó un nuevo estudio de impacto ambiental con mejoras respecto del anterior que había sido rechazado.
Ahora la tarea del Ejecutivo es estudiar la manera en que se va a analizar la información y este proceso tendrá al menos una demora de seis meses.
En cuanto al proyecto de la minera, se apunta a la extracción y procesamiento en la provincia a través del proceso de flotación, que no utiliza ácido sulfúrico, cianuro, ni mercurio ni sustancias tóxicas. En total la inversión prevista es de 600 millones de dólares.
“Presentaron el nuevo estudio de impacto ambiental y se resolverá la evaluación que se le dará al estudio cumpliendo leyes y decretos”, concluyó Guiñazú.
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Fecha de Publicación: 21/02/2019
Fuente: El Sol (Mendoza)
Provincia/Región: Mendoza
Doce años después de su sanción, la ley “antiminera” (7.722), sigue dando que hablar en el ámbito de la actividad. Ahora, la acción de inconstitucionalidad presentada en 2007 por la minera San Jorge deberá ser analizada por la Corte Suprema de la Nación, que deberá decidir si acepta revisar la norma que el tribunal local declaró constitucional.
La minera San Jorge, cuyo proyecto de extraer oro y cobre en Uspallata quedó trunco desde el 2008, presentó un recurso extraordinario federal para habilitar una revisión en la Corte Suprema de la Nación. Esa acción había sido rechazada, sin embargo tras un nuevo recurso de queja en la Corte Suprema, el caso tomará relevancia nacional.
Teniendo en cuenta que en Mendoza la norma fue declarara constitucional por el máximo tribunal local, la Corte Suprema es la última instancia que tienen la empresas para reclamar.
Según explicó el presidente de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (CAMEM), Raúl Rodríguez, el máximo tribunal local “no tiene nada más que hacer porque resolvió a favor de la ley”, explicó. Es por eso que para que la causa quede en manos de la nación, la Suprema Corte debe remitirle los antecedentes para que decidan si se abocarán a una revisión de la ley o no.
Hay que recordar que en 2015, el máximo tribunal local ratificó por unanimidad la constitucionalidad de la ley que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la minería.
Entre los planteos que hizo San Jorge para pedir la inconstitucionalidad están los primeros artículos de la ley entre los que se prohíbe el empleo de cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas en la actividad minera metalífera. Además cuestionaron la exigencia de la adecuación de las actividades en curso a las nuevas disposiciones de la 7.722 y la intervención del Poder Legislativo para la ratificación posterior de la Declaración de Impacto Ambiental.
Tras el rechazo que generó el proyecto, los accionistas de la empresa en 2016 presentaron otro plan alternativa para extraer el cobre y el oro en Mendoza pero luego trasladarlo y procesarlo en San Juan. En 2017 el gobierno resolvió rechazar el informe de impacto ambiental de San Jorge y según manifestó Rodríguez el año pasado presentaron un nuevo informe.
Nuevo estudio de impacto ambiental
Sobre el caso de San Jorge, el subsecretario de Energía y Minería, Emilio Guiñazú, explicó que la empresa presentó un nuevo estudio de impacto ambiental con mejoras respecto del anterior que había sido rechazado.
Ahora la tarea del Ejecutivo es estudiar la manera en que se va a analizar la información y este proceso tendrá al menos una demora de seis meses.
En cuanto al proyecto de la minera, se apunta a la extracción y procesamiento en la provincia a través del proceso de flotación, que no utiliza ácido sulfúrico, cianuro, ni mercurio ni sustancias tóxicas. En total la inversión prevista es de 600 millones de dólares.
“Presentaron el nuevo estudio de impacto ambiental y se resolverá la evaluación que se le dará al estudio cumpliendo leyes y decretos”, concluyó Guiñazú.
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