Estudian pequeños organismos para detectar contaminación en lagunas en Corrientes

Fecha de Publicación: 03/07/2026
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes


Desarrollan una herramienta capaz de detectar los principales contaminantes y evaluar la salud de los humedales de manera rápida y económica.
Cesar Obregón, becario de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Unne, estudia los pequeños animales que viven entre las plantas acuáticas de las lagunas correntinas para determinar si su presencia, ausencia o composición permite identificar el deterioro producido por efluentes domésticos, industriales y el avance urbano sobre los humedales. Bajo la dirección de la doctora Luciana Gallardo, una investigadora del Cecoal-Unne trabaja con muestras de seis lagunas de la provincia para desarrollar indicadores biológicos que permitan evaluar la integridad biológica de los humedales de la región.
Una comunidad de organismos, que no son visibles a simple vista, pero son un registro del estado en el que se encuentran las aguas de las lagunas de la provincia de Corrientes. Se trata de invertebrados acuáticos de tamaño mayor a un milímetro: larvas de insectos, gusanos, caracoles y otros animales sin columna vertebral que viven asociados a la vegetación acuática presente en las lagunas de nuestra región.
Gracias a una Beca de Estímulo a la Investigación de Tipo I de la Secretaría General de Ciencia y Técnica de la Unne, un becario estudia estos invertebrados con el objetivo de desarrollar herramientas que permitan saber, con rapidez y bajo costo, si una laguna está contaminada o se encuentra en buen estado.
El licenciado en Ciencias Biológicas Cesar Obregón lleva adelante esta investigación bajo la dirección de la doctora Luciana Irene Gallardo, del Centro de Ecología Aplicada del Litoral (Cecoal), el trabajo apunta a generar información que hoy no existe en la región: una forma de medir la salud de las lagunas de Corrientes a partir de los organismos que viven asociados a las plantas acuáticas.
Hasta el momento, los procedimientos disponibles para determinar si un cuerpo de agua está contaminado consisten principalmente en medir la presencia de ciertas sustancias en el agua. Pero ese tipo de análisis solo da una fotografía del momento. Los animales pequeños que viven en el agua, en cambio, acumulan en su composición y en su comportamiento la historia de las condiciones del lugar durante semanas o meses. Por eso, desde los años noventa, organismos internacionales de referencia en calidad del agua comenzaron a incorporar procedimientos basados en estos seres vivos como parte de sus estándares de evaluación.
Lo que el licenciado Obregón busca construir es un conjunto de medidas concretas, basadas en la cantidad, variedad y tipos de alimentación de estos animales, que permitan comparar lagunas en buen estado con lagunas afectadas por la presencia humana, y así detectar deterioro o recuperación ambiental.
El trabajo incluye también el análisis de las propiedades físicas y químicas del agua —como la transparencia, el nivel de oxígeno, la acidez y la cantidad de sustancias como el nitrógeno y el fósforo— en cada una de las lagunas estudiadas.

Medidas y cambios de propiedades
La investigación tiene cuatro objetivos centrales. El primero es calcular distintas medidas de la comunidad de invertebrados acuáticos que viven asociados a las plantas acuáticas con diferentes formas de vida —flotantes libres, sumergidas o arraigadas de hojas flotantes— tanto en lagunas naturales como en lagunas afectadas por la urbanización.
El segundo objetivo es analizar de qué manera los cambios en las propiedades físicas y químicas del agua —como su temperatura, transparencia, acidez o el nivel de nutrientes— afectan a esas comunidades de animales. El tercero objetivo, es determinar qué tipo de planta acuática alberga mayor variedad y cantidad de estos organismos. Finalmente el becario identificará los hábitos de alimentación de los animales más frecuentes y para clasificarlos según lo que comen: si se alimentan de algas, de restos vegetales, de otros animales, etcétera.
Proposiciones a confirmar o descartar. Para orientar el trabajo, Obregón parte de cuatro proposiciones que la investigación deberá confirmar o descartar.
La primera sostiene que en las lagunas más afectadas por la actividad urbana, los invertebrados acuáticos que son sensibles a la contaminación disminuyen en cantidad y variedad, mientras que aquellos que toleran condiciones deterioradas —como ciertos tipos de larvas de mosquito— aumentan.
La segunda afirma que esos cambios en la composición de la comunidad animal se deben a que las especies más exigentes en cuanto a calidad del agua desaparecen, y las más resistentes proliferan en su lugar.
La tercera propone que determinadas alteraciones en las propiedades del agua —como el aumento de la cantidad de nutrientes o la disminución del oxígeno disuelto— generan una reducción tanto en la cantidad total de organismos como en la diversidad de grupos.
La cuarta hipótesis que deberá ser confirmada,  establece que la proporción entre los distintos grupos de animales según su forma de alimentarse difiere entre las lagunas naturales y las afectadas por la urbanización. Es decir, que la contaminación no solo afecta a la cantidad de invertebrados, sino también los grupos que predominan según lo que comen.

Escenario del trabajo
El área de estudio abarca el noroeste y el centro-oeste de la provincia de Corrientes, donde se concentra un sistema de humedales de escala regional. Los ambientes seleccionados pertenecen a dos grandes sistemas: uno de aproximadamente 8.600 kilómetros cuadrados y otro de más de 35.000 kilómetros cuadrados.
El investigador trabaja con seis lagunas en total. Cuatro de ellas están bajo la influencia de actividades urbanas: una recibe los desechos de una industria textil sin ningún tratamiento previo; otra tiene barrios privados y un balneario en sus márgenes; una tercera recibió durante años los efluentes domésticos de barrios cercanos; y la cuarta forma parte de una cuenca donde las lagunas están parcialmente conectadas entre sí. Las dos lagunas restantes, ubicadas en la Reserva Natural Iberá, sirven como punto de referencia por encontrarse en condiciones naturales con escasa influencia antrópica.
Para el estudio se utilizan muestras de invertebrados que ya fueron recolectadas entre 2022 y 2025 durante períodos de menor lluvia, en distintas épocas del año. Estas muestras se obtuvieron con una red de recolección de malla fina y se conservan en el laboratorio del Cecoal. Además, se realizarán nuevas recolecciones durante períodos con más lluvia, para comparar ambas situaciones.
El trabajo incluye también el análisis de las propiedades físicas y químicas del agua —como la transparencia, el nivel de oxígeno, la acidez y la cantidad de sustancias como el nitrógeno y el fósforo— en cada una de las lagunas estudiadas.

Herramienta de diagnóstico
Los resultados de esta investigación apuntan a tener impacto en varios planos. En el científico, se prevé la publicación de trabajos que amplíen el conocimiento sobre cómo los cuerpos de agua de la región responden a la contaminación, con información que puede resultar de utilidad para investigadores de otras zonas con características similares.
En el plano de la gestión pública y el monitoreo ambiental, el trabajo busca construir una herramienta de diagnóstico que permita evaluar el estado de una laguna de forma rápida y con menores recursos que los métodos convencionales. Esta herramienta podría aplicarse en distintos ambientes acuáticos de la región y de otras zonas con condiciones parecidas.
En el plano educativo y comunitario, se planea producir materiales de difusión para distintos ámbitos —escolares y no escolares— y organizar charlas y talleres en los que se muestren, con ejemplos concretos, las diferencias entre los organismos de una laguna limpia y los de una laguna contaminada. También está prevista la elaboración de una guía de estos animales acuáticos como indicadores del estado de los humedales urbanos de la región.
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Asumió en 2025: renunció el subsecretario de Ambiente de la Nación, Fernando Brom

Fecha de Publicación: 02/07/2026
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Brom estuvo poco más de un año en el cargo; desde el Gobierno reconocieron que no querían que permaneciera por comentarios públicos y descuidos en la administración
Fernando Brom dejó de ser subsecretario de Ambiente de la Nación. La presentación de su renuncia había sido ofrecida por el propio exfuncionario el viernes pasado. El documento circuló todo el fin de semana, aunque no se sabía si sería firmado, en medio de la crisis que vivía la cúpula de gobierno.
De acuerdo con fuentes cercanas a la cartera, desde fines del año pasado se había planteado la salida de Brom, aunque el entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni, decidió no ejecutar la orden. Hoy se confirmó su salida en el Boletín Oficial.
Todavía no se sabe quién será nombrado para encabezar la cartera ambiental. Tampoco se sabe si la dirección de la política climática seguirá caminando hacia una marginación cada vez más grande en la agenda pública nacional. Desde Jefatura de Gabinete dijeron no tener todavía candidatos en la mesa.
Brom fue el segundo en encabezar la cartera de Ambiente. Los vínculos que lo posicionaron en el cargo forman parte del ala moderada del Gobierno. Llegó de la mano de Guillermo Francos tras la renuncia de la exsubsecretaria Ana Vidal de Lamas, que dijo sufrir agotamiento. Ella mantenía la misma política de reducción estatal y ajuste que después continuó su sucesor.
Impulsó una gran cantidad de ajustes dentro de la estructura estatal, además de apoyar polémicas reformas en la legislación ambiental vigente. Una de las medidas más recientes fue la disolución de la Dirección de Cambio Climático. Una dependencia sostenida en su mayoría por fondos internacionales que fue eliminada del organigrama hace unos meses, algo que fue comunicado a través del Boletín Oficial el 22 de abril pasado. Hoy en día quedan dos direcciones activas dentro de la subsecretaría.
Desde el inicio de la administración libertaria la subsecretaría funciona despojada de su estatus ministerial anterior y de más del 70% de su presupuesto, proveniente del Tesoro, en un terreno federal con intereses variopintos y como parte de uno de los gobiernos más negacionistas del cambio climático a nivel mundial.
En ese contexto, la gestión de Brom enfrentó la difícil tarea de mostrar resultados sin avivar el escozor libertario sobre esta agenda. Poco después de asumir, él afirmó en entrevista con LA NACION que estaban trabajando “más que nunca”. También planteó que estaba en contra de “ideologizar al ambiente”, refiriéndose a vincular los problemas ambientales con pobreza y cuestiones de género.
En el marco de las recientes reformas ambientales, Brom se mostró alineado completamente con el oficialismo durante la reforma a la Ley de Glaciares, en la que manifestó su apoyo público durante las sesiones informativas previas a su tratamiento. A pesar de esto, dentro del Gobierno, Brom había sido criticado por sus escasas apariciones públicas en medios de comunicación.

Incumplimiento de compromisos climáticos
A pesar de haberla elaborado, durante la administración de Brom no se publicó la actualización de las Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés) el año pasado. Este es un documento que todos los países miembros de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático debían entregar este año y que expresa sus ambiciones de acción frente a la crisis climática.
La actualización de las NDC había sido elaborada durante estos dos años por técnicos de la Subsecretaría de Ambiente y financiada con fondos internacionales. Aunque el documento está terminado, el Gobierno aún no lo presentó ante Naciones Unidas. Según informaron dos funcionarios vinculados al proceso, “permanece en Cancillería” para su revisión final.
Brom planeaba entregar este documento acompañado de una presentación pública en Brasil el año pasado; sin embargo, nada de eso ocurrió. Uno de los principales esfuerzos de su gestión fue precisamente acompañar la elaboración y aprobación de las nuevas NDC, pese a la reducción del personal y al rol cada vez más marginal que ocupa la política ambiental en la actual administración.
Adelante hay dos conferencias de Naciones Unidas con gran relevancia internacional: La COP 31 sobre cambio climático y la COP 17 de Diversidad Biológica. Hasta el momento no se sabe si desde Ambiente enviarán técnicos, y si desde Cancillería habrá representación política.
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Condenan a un senador nacional por desmonte ilegal: deberá pagar más de 100 millones

Fecha de Publicación: 02/07/2026
Fuente: Portal LaTecla
Provincia/Región: Formosa


Se trata de Francisco Paoltroni, enemistado con Villarruel. La Cámara formoseña confirmó un fallo que lo obliga a pagar una voluminosa multa por daños ambientales. Había intentado no pagar por ser legislador.
El senador nacional Francisco Paoltroni, de extracción libertaria pero distanciado de la vicepresidenta Victoria Villarruel, fue condenado y deberá pagar una multa de más de 100 millones de pesos por daños ambientales en la provincia de Formosa, de donde es oriundo.
Paoltroni había recurrido el fallo de primera instancia que le imponía ese castigo económico y presentó varios argumentos para no pagar, entre ellos la inmunidad parlamentaria. Pero la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial formoseña ratificó la decisión de primera instancia y arguyó que el hecho de ser legislador nacional no es obstáculo para la ejecución de la multa.
La sanción le fue impuesta al senador por el Ministerio de Producción y Ambiente de la provincia norteña, por operaciones de desmonte ilegal en establecimientos rurales de su propiedad.
Paoltroni enfrenta además otros reclamos judiciales, vinculados a cheques rechazados, y fue objeto de una investigación tras un allanamiento de la Gendarmería Nacional que detectó un camión cargado de cigarrillos por un valor millonario.
El gobierno formoseño quedó así habilitado para continuar con el procedimiento de ejecución para cobrar la multa impuesta al senador nacional.
El legislador y empresario mantuvo un fuerte cruce con la vicepresidenta Villarruel, al mismo tiempo titular del Senado, cuando presentó un proyecto para intervenir la Provincia, que naufragó por falta de consenso en el propio oficialismo para su tratamiento sobre tablas.
“Las caretas se van cayendo”, dijo entonces Paoltroni, acusando a la vice de actuar en connivencia con el gobierno de Gildo Insfrán en Formosa. El senador dijo más de una vez que Insfrán lo somete a una persecución.
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Bahía San Antonio: los residuos de una mina cerrada hace 40 años siguen filtrándose en el mar patagónico

Fecha de Publicación: 01/07/2026
Fuente: Portal MeteoRed
Provincia/Región: Río Negro


Un análisis que cruzó 25 años de datos científicos confirmó que el plomo, el cobre y el zinc de la vieja fundición se mantienen activos en el ecosistema. Qué descubrieron sobre el impacto en la fauna local.
La minería dejó de operar en Bahía San Antonio hace más de cuatro décadas, pero el impacto de sus desechos todavía se siente. Las escorias de fundición y los residuos químicos que quedaron abandonados a la intemperie continúan liberando metales pesados hacia las marismas y el agua de mar, afectando a las especies locales.
La Bahía de San Antonio es un Área Natural Protegida ubicada en el Golfo San Matías (Patagonia, Argentina). Famosa por sus extensas playas, aguas cristalinas y un ecosistema marino único, abarca localidades como San Antonio Oeste, Las Grutas y el Puerto San Antonio Este.
Esta es una de las conclusiones centrales de una revisión científica realizada por investigadoras del CONICET, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. El equipo analizó 33 estudios de campo publicados entre 2000 y 2025 para armar el primer panorama integral sobre la contaminación metálica en la costa atlántica patagónica. Los resultados se publicaron en la revista especializada Environmental Research.

El circuito de la contaminación en la bahía
El estudio determinó que Bahía San Antonio es el único punto de toda la costa patagónica con una presencia crítica de metales de origen puramente industrial. Cada vez que llueve, el agua arrastra los componentes de los residuos mineros (es decir, el drenaje ácido) hacia las zonas bajas del ecosistema marino.
Como estos contaminantes (plomo, cobre y zinc) están en formas químicas inestables, los organismos de la zona los absorben con mucha facilidad. Las mediciones en la fauna costera muestran datos concretos:
- Cangrejos: registraron concentraciones de plomo de entre 10 y 13,2 microgramos por gramo de tejido, niveles vinculados de forma directa a la vieja fundición.
- Mejillones y vegetación: también muestran acumulación de estos metales. Si bien las plantas de las marismas retienen parte del plomo en sus raíces ayudando a frenar su avance, las autoras aclaran que este proceso natural no soluciona el problema de fondo ni reemplaza la necesidad de una remediación ambiental efectiva.

Desmitificando el daño de los metales
El trabajo también sirvió para separar los factores humanos de los naturales y derribar una creencia común en la biología costera: la idea de que a mayor cantidad de metal acumulado en un organismo, mayor es el daño biológico inmediato.
El trabajo, realizado por investigadoras del CONICET, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y la Universidad de Buenos Aires, analizó 33 estudios publicados entre 2000 y 2025 para construir el primer panorama integral sobre la presencia de metales en organismos marinos que habitan desde el Golfo San Matías hasta el Canal Beagle.
Al analizar los biomarcadores de estrés oxidativo -los indicadores bioquímicos que alertan sobre el daño en las células-, las investigadoras descubrieron que estos niveles no siempre subían ante concentraciones más altas de metal. Esto demuestra que la toxicidad real depende de múltiples factores ambientales y biológicos, y no solo de la dosis acumulada.
Por otra parte, el estudio identificó otros metales en la Patagonia que no tienen que ver con la mina:
- Cadmio: aparece en toda la cadena alimentaria, pero su origen es natural. Las corrientes provenientes de la Antártida transportan este metal disuelto, que luego es absorbido por el fitoplancton y transferido a organismos ubicados en niveles superiores de la red alimentaria.
- Mercurio: se detectó en niveles elevados en el hígado de mamíferos marinos como delfines y ballenas, un fenómeno ligado a su edad, dieta y posición al tope de la cadena alimentaria.

Unificar los datos para poder actuar
El mayor obstáculo que encontraron las científicas al revisar estos 25 años de evidencia es la falta de un criterio unificado. Los laboratorios utilizaron metodologías y formas de muestreo muy distintas a lo largo de las décadas, lo que vuelve muy difícil comparar con precisión cómo evoluciona la contaminación en el tiempo.
Hoy faltan análisis continuos en el agua de mar y un seguimiento de cómo se transfieren los metales entre especies. Por eso, el estudio concluye con una recomendación clave: instalar estaciones permanentes de monitoreo en Bahía San Antonio y unificar los protocolos de medición. Solo con datos estables y continuos se podrá gestionar el pasivo ambiental de una de las regiones costeras más importantes del país.
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Liberaron por primera vez un yaguarundí con collar de rastreo satelital en Córdoba

Fecha de Publicación: 01/07/2026
Fuente: Portal InfoMerlo
Provincia/Región: Córdoba


El felino fue rescatado cuando tenía apenas un mes y medio de vida y, tras un año de rehabilitación en el Parque de la Biodiversidad, regresó a su hábitat natural en Altos de Chipión. El collar permitirá monitorear sus movimientos y obtener información clave para la conservación de la especie. 
La provincia de Córdoba marcó un hito en materia de conservación de fauna silvestre con la liberación de un yaguarundí equipado con un collar de rastreo satelital, una experiencia inédita que permitirá estudiar el comportamiento de esta especie en libertad y fortalecer futuras estrategias de protección.
El ejemplar había sido rescatado en agosto de 2025 por la Policía Ambiental, cuando tenía apenas un mes y medio de vida y fue encontrado sin su madre en la localidad de Villa Concepción del Tío. Desde entonces, permaneció bajo cuidado del equipo técnico del Parque de la Biodiversidad, donde atravesó un proceso de rehabilitación diseñado para minimizar el contacto con las personas y favorecer el desarrollo de conductas propias de la vida silvestre.
Tras recibir el alta, el felino fue liberado en un sector de Altos de Chipión, en el departamento San Justo, considerado apto para su reinserción. Antes de regresar a su hábitat natural, se le colocó un collar de rastreo satelital que permitirá seguir sus desplazamientos, conocer cómo utiliza el territorio y obtener información científica sobre la especie.
El monitoreo estará a cargo de especialistas del Instituto de Diversidad y Ecología Animal (IDEA-CONICET) y de la Universidad Nacional de Córdoba, quienes analizarán los datos obtenidos para contribuir al diseño de nuevas acciones de conservación.
Durante la misma jornada también fue liberado un carpincho que había completado exitosamente su proceso de recuperación, en el marco del trabajo que lleva adelante la provincia para rescatar, rehabilitar y reinsertar ejemplares de fauna silvestre en sus ambientes naturales.
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Más de 10 toneladas de basura en playas de Chubut: el estudio que expone el verdadero origen del plástico marino

Fecha de Publicación: 30/06/2026
Fuente: Portal MeteoRed
Provincia/Región: Chubut


Un estudio relevó campañas de limpieza en las costas de Chubut: en menos de un año se removieron más de diez toneladas de residuos plásticos, en su mayoría de origen pesquero. Pero la investigación advierte que, sin una gestión integral a bordo y en los puertos, limpiar la playa no ataca la raíz del problema.
Caminar por algunas playas de Chubut significa pisar arena mezclada con microplásticos y esquivar botellas, guantes y restos de redes de pesca. Más de diez toneladas de residuos fueron retiradas de las costas chubutenses en menos de un año, un dato que refleja la magnitud de un problema que dejó de ser una postal aislada para convertirse en un desafío estructural, asociado al crecimiento de las ciudades y, sobre todo, a una industria pesquera que mueve grandes volúmenes de merluza y langostino.
Un estudio realizado en las costas de Chubut retiró más de diez toneladas de residuos plásticos y concluyó que las limpiezas son indispensables, pero insuficientes si no se reduce la contaminación generada por la actividad pesquera y la gestión de residuos.
El plástico marino no es solo un asunto estético. Estos materiales se acumulan durante décadas, afectan a la fauna y a los ecosistemas, e impactan en el turismo, la navegación y la propia pesca. Cuando se fragmentan, además, ingresan en la cadena trófica en forma de microplásticos y terminan representando un riesgo para la salud humana. Es un problema global que en la Patagonia tiene una firma local muy clara.
Frente a ese panorama, un estudio de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) y el Proyecto MaRes analizó campañas de limpieza en playas contaminadas del litoral chubutense. El trabajo, con el que Maile Taboada se graduó en la Licenciatura en Ciencias Ambientales de la FAUBA, fue dirigido por Diego González Zeballos, investigador del CONICET, y María Semmartin, docente de esa facultad. Su conclusión central es tan valiosa como incómoda: limpiar es necesario, pero no suficiente.

El plástico que llega del mar y de los barcos
Buena parte del estudio, publicado por la divulgación científica de la FAUBA (Sobre la Tierra), consistió en medir qué se acumula y qué se logra retirar en dos playas muy distintas entre sí. En La Galesa, cercana al puerto y a la ciudad de Rawson, dos jornadas con 48 voluntarios permitieron recolectar 70 kilos de residuos en 500 metros y 75 kilos en un kilómetro de costa. Lo que más aparecía eran botellas PET y los guantes amarillos de uso diario en la actividad pesquera, que por su composición hoy no se reciclan.
El contraste con la otra playa relevada es revelador. En Cormoranes, dentro del Área Natural Protegida Península Valdés y lejos de los centros urbanos, dos campañas con 42 participantes retiraron 10.000 kilos en diez kilómetros de costa y, más tarde, otros 1.800. Allí dominaban los cajones de barcos pesqueros, las sogas y las botellas. Que una playa alejada de toda ciudad concentre semejante volumen confirma que gran parte de esos residuos no se generan en la costa: llegan desde el mar.
Esa distinción es clave para entender el origen del problema. Según la investigación, los residuos plásticos terminan en el agua y en las playas por la escasa prevención, regulación y gestión de los desechos, tanto a bordo de los barcos como en los puertos. La cita que sintetiza la magnitud pertenece a la propia autora: "Se estima que cerca del 85% de los residuos que encontramos en el mar y en las costas corresponde a materiales plásticos", afirmó Taboada. Limpiar la arena, entonces, es atacar el final de una cadena que empieza mucho antes.

De limpiar playas a evitar que el plástico llegue al mar
Las campañas de limpieza siguen siendo una herramienta indispensable porque recuperan ambientes costeros, protegen la biodiversidad y generan información útil para conocer la magnitud del problema. Sin embargo, el estudio concluye que por sí solas no alcanzan: la solución pasa por prevenir que los residuos lleguen al mar mediante una mejor gestión en los barcos, los puertos y las ciudades.
En las últimas décadas, la Patagonia avanzó hacia una mayor coordinación entre científicos, organismos públicos, ONG y empresas vinculadas a la pesca. Hoy más de veinte instituciones trabajan de manera conjunta para mejorar la gestión de los plásticos, mientras que iniciativas como el Foro para la Conservación del Mar Patagónico y las mesas multisectoriales impulsan estrategias de economía circular y reciclaje.
La investigación propone consolidar ese camino con medidas concretas: fortalecer la infraestructura portuaria, mejorar la trazabilidad y el reciclado de los materiales utilizados por la flota pesquera y unificar protocolos para medir la contaminación. El mensaje final es claro: el verdadero desafío ya no es solo limpiar las playas, sino impedir que el plástico llegue a ellas.
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Prohibieron los loteos en las zonas incendiadas de Cafayate

Fecha de Publicación: 30/06/2026
Fuente: Portal QuePasaSalta
Provincia/Región: Salta


Luego del incendio forestal que puso en alerta a toda la provincia y arrasó importantes sectores de bosque nativo en Cafayate, la intendenta Rita Guevara firmó una resolución para impedir loteos, urbanizaciones y cambios en el uso del suelo de las zonas afectadas.
El incendio forestal registrado durante las últimas semanas en Cafayate no solo movilizó a brigadistas, bomberos y organismos de emergencia de toda la provincia, sino que también abrió un fuerte debate sobre el futuro de las tierras alcanzadas por el fuego.
En ese contexto, la intendenta Rita Guevara tomó una decisión que busca proteger los sectores afectados y evitar cualquier aprovechamiento económico de los terrenos incendiados.
A través de la Resolución Municipal Nº 179/26, el municipio prohibió autorizar loteos, urbanizaciones, emprendimientos inmobiliarios y modificaciones en el uso del suelo dentro de las áreas alcanzadas por el incendio.

Buscan evitar negocios sobre terrenos incendiados
La medida fue adoptada mientras la Justicia continúa investigando el origen del fuego y analiza si los incendios pudieron haber sido provocados de manera intencional.
El objetivo es impedir que un eventual delito ambiental termine beneficiando a quienes pretendan desarrollar proyectos inmobiliarios sobre superficies degradadas por las llamas.
La resolución también ordena a todas las áreas municipales vinculadas al planeamiento urbano, catastro, ambiente, obras públicas y habilitaciones abstenerse de otorgar permisos que contradigan las restricciones establecidas por la legislación nacional.

Crearán un registro especial
Otro de los puntos importantes de la normativa es la creación de un Registro Municipal de Áreas Afectadas por Incendios Forestales.
Este registro permitirá identificar, delimitar y proteger cada uno de los sectores dañados, además de solicitar a organismos provinciales y nacionales la georreferenciación técnica de las superficies alcanzadas por el fuego.

Proteger los bosques nativos
En los fundamentos de la resolución, la intendenta remarcó que la preservación de los bosques nativos constituye una política pública prioritaria por su importancia ambiental, turística, paisajística y económica para Cafayate.
También recordó que la Constitución Nacional establece el derecho de toda la población a vivir en un ambiente sano y obliga al Estado a preservar el patrimonio natural.

La investigación sigue abierta
Mientras avanza la causa judicial para determinar qué provocó el incendio, la decisión del municipio busca garantizar que las tierras afectadas sean recuperadas ambientalmente y no puedan destinarse a desarrollos inmobiliarios mientras continúen vigentes las restricciones previstas por la Ley Nacional de Manejo del Fuego.
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Mendoza avanza con Sierra Pintada para volver a producir minería de uranio en el país

Fecha de Publicación: 29/06/2026
Fuente: Portal LetraP
Provincia/Región: Mendoza


El saneamiento ambiental se activa con apoyo de la Nación y la provincia. La meta es recuperar el abastecimiento del ciclo nuclear y atraer inversiones.
Mendoza dio un nuevo paso para reactivar la producción de uranio en Argentina con el avance de la remediación ambiental del complejo Sierra Pintada. El proyecto apunta a recuperar un recurso estratégico para el ciclo nuclear y volver a poner en marcha una actividad paralizada desde hace más de tres décadas.
El plan, que involucra a organismos nacionales, la provincia, la Comisión Nacional de Energía Atónica (CNEA), la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) y universidades, busca completar el saneamiento del histórico yacimiento de San Rafael como condición para una futura reapertura. El renovado interés mundial por la energía nuclear vuelve a colocar al uranio argentino en el radar de las inversiones y de la política energética.
Una muestra de la relevancia que adquirió el proyecto fue la recorrida oficial encabezada por el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Napoli, junto a la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre; la subsecretaria de Políticas Nucleares, Ayelén Giomi; autoridades de la CNEA y de la ARN, representantes académicos y directivos del sector.
"El mundo vuelve a mirar a la energía nuclear y Argentina tiene todo para aprovechar ese momento", afirmó Ramos Napoli durante la visita. Según el funcionario, la recuperación de Sierra Pintada forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer la autonomía del país en la provisión de insumos críticos para el desarrollo nuclear.

Sierra Pintada, un activo estratégico
Considerado el mayor yacimiento de uranio conocido de la Argentina, Sierra Pintada produjo alrededor de 1600 toneladas entre 1975 y 1997, volumen equivalente a cerca del 20% de los recursos estimados del complejo. La actividad se interrumpió en la década de 1990 por la caída de los precios internacionales del mineral, que volvió inviable su explotación.
El escenario actual es distinto. El aumento de la demanda energética, la búsqueda de fuentes de bajas emisiones y la expansión de los programas nucleares en distintos países devolvieron protagonismo al uranio como recurso estratégico.
En ese contexto, recuperar la producción local adquiere una dimensión económica y geopolítica. Además de reducir la dependencia de importaciones, permitiría fortalecer la cadena de valor de la industria nuclear y abrir oportunidades para nuevas inversiones en exploración, procesamiento y provisión de insumos.
"La minería de uranio puede impulsar cadenas de valor estratégicas para la Argentina", sostuvo Ramos Napoli, quien remarcó la necesidad de construir consensos sociales que acompañen el desarrollo de la actividad.

Avanza la remediación ambiental
La prioridad del proyecto continúa siendo la remediación integral de los pasivos ambientales acumulados durante décadas de explotación. Las tareas incluyen el tratamiento de aguas de cantera, la gestión de residuos sólidos y la adecuación de infraestructura crítica bajo estrictos estándares regulatorios.
Giomi destacó que la obtención de la licencia de parada prolongada otorgada por la ARN representó un hito para garantizar la continuidad de las tareas de saneamiento.
"Para nosotros, el sistema de gestión y el cumplimiento regulatorio son aspectos fundamentales para garantizar la seguridad y la transparencia de todo el proceso", señaló la funcionaria.
Desde el plano operativo, la subgerenta del complejo, Vanesa García, explicó que el esquema contempla un tratamiento escalonado del agua proveniente de las canteras. Primero se procesa en la Planta de Uranio para reducir la concentración de contaminantes y luego pasa por la Planta de Radio y Arsénico, donde completa su depuración antes de su disposición final o reutilización controlada.
El proyecto también cuenta con auditorías externas permanentes realizadas por la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la Universidad Nacional de Cuyo. Laura Lucero, integrante del equipo auditor, afirmó que los monitoreos periódicos muestran resultados dentro de los parámetros establecidos por la normativa vigente.

El desafío de la licencia social
Para las autoridades mendocinas, el proceso representa además una oportunidad para demostrar que el desarrollo de recursos estratégicos puede avanzar bajo estándares ambientales rigurosos y con una mayor articulación entre organismos públicos.
La ministra Latorre destacó que las tareas de remediación continúan ejecutándose de manera sostenida y subrayó la coordinación alcanzada entre la Nación y provincia. "Actualmente existe la coordinación que debería haber existido desde siempre", afirmó.
La construcción de la licencia social aparece como uno de los principales desafíos de la próxima etapa. Tanto la provincia como la CNEA trabajan en programas de comunicación y vinculación comunitaria para fortalecer la transparencia y la confianza pública en torno al proyecto.
Más allá del saneamiento ambiental, Sierra Pintada representa para el Gobierno una oportunidad para recuperar capacidades estratégicas en toda la cadena nuclear. Una eventual reactivación del complejo permitiría volver a producir uranio en el país, fortalecer el abastecimiento interno y ampliar la participación argentina en los mercados internacionales vinculados al sector.
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Multa por incendiar un humedal: sancionan a propietarios rurales por una quema ilegal en Entre Ríos

Fecha de Publicación: 29/06/2026
Fuente: Portal EconomíaSustentable
Provincia/Región: Entre Ríos


La Secretaría de Ambiente de Entre Ríos aplicó una multa de $496.140 a los propietarios de un campo del departamento Victoria por realizar una quema no autorizada sobre tres hectáreas de humedales. La infracción volvió a poner el foco en el impacto ambiental del uso ilegal del fuego sobre uno de los ecosistemas más frágiles del país. 
La utilización ilegal del fuego en los humedales volvió a quedar bajo la lupa. La Secretaría de Ambiente de Entre Ríos sancionó a los propietarios de un establecimiento rural del departamento Victoria con una multa de $496.140 por haber realizado una quema no autorizada sobre tres hectáreas de vegetación seca en un ambiente de humedal.
La medida fue oficializada mediante la Resolución Nº 339/2026, luego de un procedimiento iniciado a partir de una inspección realizada por personal del Plan Provincial de Manejo del Fuego el 4 de diciembre de 2022.
Durante el patrullaje, los inspectores constataron que el incendio se desarrollaba sin autorización de la autoridad competente y sin personas encargadas de controlar el avance de las llamas o realizar tareas de extinción.
Las actuaciones incluyeron un relevamiento fotográfico y un informe técnico que confirmó que, si bien el fuego no provocó daños a viviendas ni puso en riesgo a personas, sí ocasionó un impacto ambiental significativo al afectar un ecosistema de humedales.

Quema ilegal en humedales: cómo se determinó la multa
Para establecer el monto de la sanción, la Secretaría de Ambiente aplicó los criterios previstos por la legislación vigente en materia de manejo del fuego.
Entre los factores considerados se incluyeron la ausencia de control sobre el incendio, el riesgo potencial generado por la quema, la inexistencia de daños a personas y bienes, el elevado impacto ambiental por tratarse de un humedal y la falta de antecedentes de los propietarios.
Con esos parámetros, el organismo fijó una multa de $496.140 contra los titulares del establecimiento rural donde se detectó la infracción.

Humedales en riesgo: la ley prohíbe quemas sin autorización
La resolución recuerda que tanto la Ley Provincial Nº 9.868 como las Leyes Nacionales Nº 26.562 y Nº 26.815 prohíben realizar quemas en áreas rurales y forestales sin autorización expresa de la autoridad ambiental.
Además, el expediente señala que los propietarios fueron debidamente notificados para ejercer su derecho de defensa. Sin embargo, una vez vencidos los plazos legales, no presentaron ningún descargo, por lo que el procedimiento administrativo continuó hasta el dictado de la sanción.
La normativa establece que los infractores deberán abonar la multa dentro de los diez días posteriores a la notificación. No obstante, también podrán solicitar un plan de facilidades de pago, siempre que lo hagan dentro de los cinco días hábiles siguientes.
El caso vuelve a poner en evidencia el impacto que las quemas ilegales tienen sobre los humedales, ecosistemas fundamentales para la regulación hídrica, la conservación de la biodiversidad y la mitigación de los efectos del cambio climático, cuya protección continúa siendo uno de los principales desafíos ambientales del país.
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Contaminación ambiental: habrá un nuevo juicio contra Conarpesa

Fecha de Publicación: 27/06/2026
Fuente: Radio Cadena 3 Patagonia
Provincia/Región: Chubut 


Por unanimidad, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut hizo lugar a la impugnación presentada por la Fiscalía y ordenó la realización de un nuevo juicio en la causa por contaminación ambiental vinculada al vertido de efluentes industriales sin tratar al Golfo Nuevo.
La resolución deja sin efecto la absolución que había sido dictada en agosto de 2025 por la jueza Patricia Reyes y dispone que otro tribunal vuelva a analizar la prueba producida durante el proceso judicial.
La causa tiene como imputados a Nadine Parry, responsable ambiental de la Conarpesa, y a Yosef Vargas, jefe de la planta de efluentes de la pesquera. Ambos habían sido absueltos en el juicio oral, una decisión que fue cuestionada por el Ministerio Público Fiscal.
Tras conocerse el veredicto absolutorio, la Fiscalía anunció que recurriría la sentencia ante el Superior Tribunal de Justicia, al considerar que existían elementos suficientes para una revisión de la resolución.
Durante el debate oral, los fiscales habían solicitado penas de prisión de cumplimiento efectivo de 3 años y 6 meses para Parry y de 3 años y 3 meses para Vargas, al atribuirles responsabilidad en la contaminación ambiental ocasionada por el vertido de líquidos contaminantes al mar.
Por su parte, las defensas particulares sostuvieron que no existían pruebas concluyentes para una condena y reclamaron la absolución de los acusados bajo el principio del beneficio de la duda.
Con la decisión adoptada por el máximo tribunal provincial, la causa deberá ser nuevamente juzgada por un tribunal diferente, que tendrá la tarea de evaluar las pruebas y determinar si corresponde o no la responsabilidad penal de los imputados.
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A Tribunales por la contaminación

Fecha de Publicación: 27/06/2026
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Santa Fe


Junto a vecinos y organizaciones sociales, el concejal pidió que se investigue el vertido de efluentes en el arroyo Ludueña.
Junto a organizaciones sociales, ambientales, vecinas y vecinos de Fisherton, el concejal Julián Ferrero presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público de la Acusación por contaminación en el Arroyo Ludueña. La misma llega luego de “reiterados episodios de contaminación documentados en la zona noroeste”, y -según se indicó- apunta a que se investigue el origen de posibles descargas contaminantes detectadas en un sector crítico de la cuenca.
La presentación del edil que preside la comisión de Ecología del Concejo llega luego de varios reclamos de vecinos que vienen advirtiendo cambios en el color del agua, espuma y olores nauseabundos. El planteo se apoya además en un “exhaustivo relevamiento” del concejal junto a la ciudadanía, en relación a “imágenes aéreas y un informe técnico que detectó indicadores compatibles con vertidos de efluentes, además de los antecedentes que dan cuenta de un deterioro sostenido de la calidad del agua”.
Ferrero indicó que “la información disponible muestra que no estamos frente a un episodio aislado. Estamos frente a un patrón de contaminación que se repite: todos los días, en el mismo lugar y a la misma hora. Hay antecedentes, denuncias vecinales, monitoreos previos y ahora evidencia técnica que justifica una investigación para saber qué está pasando y quiénes son los responsables”, señaló Ferrero.
El edil agregó que la presentación judicial se da luego de reclamos ante organismos provinciales y municipales. Según indicó, “en marzo le exigimos a la Municipalidad, a través del Decreto N° 69.043, que inspeccione el sector en cuestión y controle el vertido de efluentes de esos barrios para identificar a los responsables. Aún no recibimos ninguna respuesta”.
Según el informe, la situación no muestra señales de mejora sostenida, en relación a contaminación orgánica, presencia de bacterias y otros indicadores de deterioro ambiental.
En ese sentido, el edil sostuvo que se va a la Justicia “para investigar los hechos, para que sea la justicia la que pueda impulsar un proceso de investigación que dé con los responsables”.
La presentación, apunta a que se investiguen “actos de contaminación ambiental con residuos peligrosos en el Arroyo Ludueña, más precisamente en el tramo de la cuenca comprendido entre Autopista Ruta Nacional 9 Rosario-Córdoba y avenida Jorge Newbery”.
El escrito sostiene que “por la naturaleza de la materia ambiental en juego y, en virtud de los principios precautorios y de prevención, deben ordenarse pruebas que en forma inmediata hagan cesar el daño que venimos a poner en conocimiento”.
Al describir los hechos, la denuncia presentada con patrocinio de las abogadas Gabriela Durruty y Jésica Pellegrini, plantea: “Hace años recibimos denuncias de vecinos y vecinas de la zona noroeste, respecto a olores nauseabundos, líquidos espumosos, aguas turbias, blanquecinas y verdosas. En 2024 éstas se originaron a partir de episodios que ocurrían en el sector del arroyo lindante con las calles Schweitzer y Bello, aparentemente contaminantes del Arroyo Ludueña. Los mismos dan cuenta de la presencia de efluentes cloacales en un conducto pluvial a cielo abierto que representa a simple vista un riesgo sanitario para la población”.
En la misma línea, indica que desde diciembre de 2025, en las intersecciones del arroyo con calle Ingeniero León Miglierini y calle República los vecinos advierten aguas residuales vertidas “sin su respectivo tratamiento”. Este episodio, según el testimonio de los denunciantes, “se presenta cotidianamente, en el mismo sector y franja horaria. Estaría vinculado a un aparente conducto pluvial que descarga en el cuerpo de agua, específicamente en las inmediaciones del barrio privado Los Pasos de Jockey, a 350 metros aproximadamente de la estación elevadora de Aguas Santafesinas”.
Al respecto, el escrito sostiene que “estas circunstancias, que resultan evidentes para el ojo humano, llevaron a vecinos y vecinas a pensar que era probable que existiera un daño ambiental mayor aún al que resulta visible”. Así, “en defensa de la salud pública, vecinos y vecinas se organizaron para investigar en la medida de lo posible las causas del daño ambiental que observaban”. Por ello, reunieron material fotográfico y archivos de video para probar la situación”. Ese material fue adjuntado en la presentación.
Además, expresa que el 14 de febrero pasado se realizó un relevamiento aéreo del sector, donde “se identifica el daño ambiental y el posible desagüe que descarga en el arroyo”.
Ante ese estado de situación, solicitaron al Centro de Ingeniería Sanitaria de la UNR, “la toma de muestras y elaboración de un análisis bacteriológico y fisicoquímico del agua superficial”, que también sumaron a la presentación judicial. “De acuerdo a la interpretación técnica de los parámetros arrojados por el análisis del agua, en la muestra se identificó: alta carga orgánica, reducida cantidad de oxígeno disuelto, elevada demanda bioquímica de oxígeno, presencia de bacterias indicadoras de contaminación fecal, y un alto nivel de conductividad eléctrica, propia de la concentración de sales”.
Edgardo Orellano, uno de los vecinos y referente de la Organización Civil Bocacha Orellano, dijo en LT8 que “hace dos, tres años que le venimos diciendo a la provincia y al municipio, llevándole fotos, videos y pruebas, no nos llevan el apunte, por lo tanto se decidió hacer una denuncia penal”.
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Pergamino: la Justicia absolvió a los productores, condenó a exfuncinarios y apuntó al municipio por los agroquímicos

Fecha de Publicación: 26/06/2026
Fuente: Portal InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires


La Justicia pidió investigar al entorno del intendente Javier Martínez y mantuvo la cautelar que restringe las fumigaciones.
La Justicia Federal dictó sentencia en el histórico juicio por fumigaciones con agroquímicos en Pergamino y resolvió absolver a todos los productores rurales, al ingeniero agrónomo y al aplicador que llegaron acusados por contaminación ambiental. Sin embargo, condenó a dos exfuncionarios municipales por incumplimiento de los deberes de funcionario público y ordenó investigar posibles responsabilidades de otros integrantes de la gestión local.
El fallo fue dictado por unanimidad por el Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario, que durante cinco meses analizó denuncias por aplicaciones de agroquímicos realizadas entre 2011 y 2019 en zonas cercanas a barrios de Pergamino. La causa es considerada una de las más relevantes del país en materia ambiental por haber llevado por primera vez a productores rurales al banquillo de la Justicia Federal por hechos vinculados al uso de fitosanitarios.
Los jueces absolvieron a Fernando Cortese, Mario Reinero Roces, Víctor Tiribó, Hugo y Carlos Sabatini, José Luis Grattone y Cristian Taboada. En cambio, condenaron al exdirector de Ambiente Rural del municipio, Guillermo Naranjo, y al auditor Mario Tocalini a dos años de prisión de ejecución condicional y cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Un mensaje al municipio
Más allá de las condenas, uno de los aspectos más sensibles de la sentencia fue la decisión de remitir copia del fallo y de las audiencias al Ministerio Público Fiscal de San Nicolás para que investigue la actuación del intendente de Pergamino, Javier Martínez, y de otros funcionarios que pudieron haber tenido responsabilidades en el funcionamiento de la Dirección de Ambiente Rural.
Al fundamentar la decisión, el presidente del tribunal, Román Pablo Lanzón, sostuvo que la actuación de los funcionarios condenados estuvo “en las antípodas de lo esperado para un funcionario público” y remarcó que ambos eran los máximos responsables del área encargada de controlar las aplicaciones de fitosanitarios.
“La ineficacia de los controles estatales fue lo que produjo los resultados dañosos para la salud de las personas”, concluyó el magistrado al explicar por qué el tribunal encontró responsabilidad penal en el accionar de los funcionarios municipales.

Daños probados, pero sin condenas para los productores
La sentencia dejó una particularidad que seguramente alimentará el debate sobre el alcance del fallo. Por un lado, el tribunal consideró acreditado que la exposición a agroquímicos provocó daños en la salud de vecinos de Pergamino.
“Está debidamente probado que la exposición a los agroquímicos habitualmente utilizados en la actividad agropecuaria provocó daños a Sabrina Ortiz, a su grupo familiar más cercano y a otras personas de los barrios”, sostuvo Lanzón durante la lectura de los fundamentos.
Los jueces también señalaron que la evidencia científica producida durante el juicio permitió demostrar que vivir cerca de los campos fumigados tuvo incidencia en enfermedades y otros padecimientos de la población.
Incluso sostuvieron que el término “agrotóxicos”, utilizado durante años por los vecinos que impulsaron la causa, “tiene correspondencia con la prueba que se produjo” durante el debate oral.
Sin embargo, el tribunal entendió que la fiscalía y la querella no lograron demostrar con el grado de certeza exigido por el derecho penal que los productores acusados hubieran actuado dolosamente o realizado aplicaciones ilegales en los términos previstos por la Ley de Residuos Peligrosos.
“Alegato de fiscalía estuvo plagado de generalidades, abstracciones y conclusiones que no tuvieron sustento probatorio”, sostuvo Lanzón.
Respecto de Fernando Cortese, los jueces lo absolvieron tanto por la acusación de contaminación ambiental como por el cargo de amenazas coactivas vinculado a un episodio denunciado por vecinos, aplicando el beneficio de la duda sobre este último punto (era el acusado al que pedían 4 años y tres meses de prisión efectiva, la mayor de las penas).
También fueron absueltos Mario Roces y Víctor Tiribó, para quienes la fiscalía había solicitado penas de cuatro años de prisión efectiva, además de Hugo y Carlos Sabatini, José Luis Grattone y Cristian Taboada.

La cautelar seguirá vigente
Otro punto relevante de la sentencia fue la decisión de mantener vigente la medida cautelar que desde 2019 restringe las fumigaciones en Pergamino.
Actualmente, la resolución judicial impide aplicaciones terrestres a menos de 1.095 metros y aéreas a menos de 3.000 metros de las zonas urbanas y periurbanas del distrito.
Si bien la fiscalía había solicitado que esas restricciones quedaran incorporadas de manera definitiva a la sentencia y la querella pretendía incluso extenderlas a escuelas rurales, pueblos y parajes, el tribunal rechazó ambos planteos.
No obstante, resolvió mantener las medidas cautelares hasta que el fallo quede firme y se agoten las instancias de revisión previstas por la legislación procesal.
“Tal vez sea necesario revisar las distancias dispuestas municipalmente para amortiguar el impacto de los productos químicos empleados en los campos, pero no este es el ámbito para debatir y resolver esa cuestión”, sostuvo Lanzón.
Los jueces consideraron que esa discusión debe darse en otros ámbitos institucionales y sugirieron incluso la conformación de espacios de diálogo con participación de organismos públicos, asociaciones civiles y organizaciones ambientales.

Un fallo que deja abierto el debate
El tribunal buscó además despegar la sentencia de la histórica confrontación entre sectores productivos y organizaciones ambientalistas.
“No queremos que esto se vea como un desenlace entre productores agropecuarios y ambientalistas”, aclaró Lanzón.
Y agregó una reflexión que sintetizó el criterio adoptado por los jueces: “Un juez penal no es un superhéroe que está para satisfacer los deseos de la sociedad de alcanzar algo más justo. Está para hacer cumplir el derecho y la ley”.
Con las absoluciones de los productores y las condenas a funcionarios municipales, el juicio terminó dejando un escenario inesperado: la Justicia reconoció que existieron daños asociados a los agroquímicos y cuestionó duramente el rol del Estado local, pero descartó responsabilidades penales para quienes fueron acusados de realizar las fumigaciones.
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Se elimina el rol del guardafaunas en Río Negro, ¿qué son los nuevos «agentes inspectores»?

Fecha de Publicación: 26/06/2026
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro


La Ley de Gestión Integral de la Fauna Silvestre, aprobada en 2025, habría dejado sin marco operativo ni designación funcional a personal técnico con más de veinte años de trayectoria, idoneidad y formación específica, de acuerdo al PRO. 
El área de Fauna Silvestre en Río Negro fue cuestionada en relación al impacto de la Ley 5796, que establece la eliminación de la figura del guardafauna en reemplazo de los agentes inspectores y su capacidad operativa en términos de integrantes, distribución y equipos.
El reclamo surge a partir del pedido de información 423/2026, impulsado por la legisladora María Frei, del bloque Pro Unión Republicana, quien percibió un desmantelamiento del área de Fauna a partir de 2021 y con énfasis en 2025.
«Se habían caído funciones que los guardafaunas cumplían desde hace años: el rescate y rehabilitación de animales, la investigación de tráfico de fauna y el asesoramiento a la comunidad sobre enfermedades zoonóticas», manifestó Frei.

Agentes de conservación: inspectores y guarda ambiental
El debate surge a partir de la Ley 5502, sancionada en 2021, que crea el concepto de «Agente de Conservación», englobando a todos aquellos que desempeñan trabajos en el Servicio Provincial de Áreas Naturales Protegidas y de la Dirección de Fauna Silvestre.
En este sentido, los impulsores del proyecto cuestionan la falta de claridad con respecto al nuevo concepto que engloba tanto a los guardas ambientales dependientes de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, como a los anteriormente reconocidos «guardafaunas» a cargo de la Subsecretaría de Fauna Silvestre, que ahora pasarían a denominarse «agentes inspectores».
A partir de ello, Frei también manifestó que la Ley 5796, sancionada en 2025, no solo reemplazó la denominación del guardafauna, sino también su rol operativo, permitiendo que personal no capacitado se encargue de las funciones ambientales.
En respuesta a las facultades de los agentes inspectores, el subsecretario de Fauna Silvestre, Roberto Espósito, reconoció que no existe una norma específica que establezca requisitos técnicos especiales, o capacitaciones obligatorias para labrar actas en materia de fauna silvestre.
Además, mencionó que tampoco existen disposiciones que aclaren que las mismas deben ser realizadas por agentes de conservación . En este sentido, la Ley de Gestión Integral de la Fauna Silvestre, indica que el personal policial de Río Negro tiene la facultad para actuar como auxiliar. 

Debates y ambigüedades
De acuerdo a la respuesta enviada por Espósito, no hubo una reducción de los «Agentes de Conservación» desde la entrada en vigencia de la Ley 5796 sancionada en 2025, sin embargo, no precisa la cantidad actual, su distribución territorial ni la cantidad que corresponde a «Agentes de Inspección» abocados a fauna o guarda ambiental.
Además, el subsecretario indicó que desde marzo de 2024 ingresaron 331 actas de infracción vinculadas a fauna silvestre y que en términos de capacidad operativa, el estado actual de los vehículos «resulta adecuado y permite asegurar el cumplimiento de las funciones indispensables». Añadiendo que actualmente se encuentra en trámite la adquisición de una camioneta 4×4, cuya tramitación data de 2025.
«Tienen una camioneta en trámite de compra para cubrir toda la provincia. Para Río Negro, que es enorme, con áreas protegidas, con problemas de tráfico ilegal de fauna y con más responsabilidades asignadas por la ley, eso es quedarse muy cortos», planteó Frei al respecto. 
Además, Frei comentó que la preocupación del bloque surgió ante una carta enviada en noviembre de 2025 por Fabián Llanos a la legislatura titulada «Devuélvannos lo que nos pertenece», donde el guardafauna y técnico agropecuario «cuenta que, pese a ser solo dos, seguían laburando con ayuda de voluntarios de la Fundación Guardafaunas Honorarios: rehabilitando aves, dando charlas en escuelas, capacitando a la policía e inspeccionando cotos de caza.»
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¿Qué esconde el Mar Argentino? El asombroso descubrimiento de 40 especies marinas que impulsa una nueva expedición

Fecha de Publicación: 25/06/2026
Fuente: Portal MeteoRed
Provincia/Región: Nacional


Tras descubrir una gran variedad de especies desconocidas y cautivar a millones con transmisiones en vivo, investigadores volverán a explorar una de las regiones más misteriosas del Atlántico Sur.
Existe un rincón del mundo que es tan misterioso como apasionante. Hablamos de las recónditas profundidades del Atlántico Sur, ubicado a más de 4.000 metros bajo la superficie y donde la luz solar jamás llega.
En este sitio, donde la presión aplastaría cualquier submarino, existe un mundo prácticamente desconocido para la ciencia. O, al menos, que era desconocido hasta ahora. Porque en este remoto punto del Mar Argentino, científicos ya encontraron más de 40 posibles nuevas especies que amplían el conocimiento sobre la vida en la Tierra.
Talud Continental IV fue el nombre de la histórica expedición realizada en 2025 y que incluyó estos sorprendentes hallazgos. Y esta campaña científica, que cautívó a investigadores y a millones de espectadores en streaming por igual, tendrá una segunda parte.
Porque en 2027, un grupo de investigadores del Conicet volverá a sumergirse en las profundidades del Atlántico Sur, esta vez a la altura de la costa de Chubut.

Los fascinantes descubrimientos del océano profundo argentino
Científicos del Grupo de Estudios del Mar Profundo de Argentina (GEMPA) ya comenzaron los preparativos de la Talud Continental V, que explorará los cañones submarinos Ameghino y Almirante Brown.
Estas formaciones situadas en el fondo marino suelen convertirse en auténticos refugios de biodiversidad. Y las expectativas son por demás prometedoras, sobre todo si se tienen en cuenta los resultados de 2025.
El Talud Continental IV se focalizó en el cañón submarino Mar del Plata y los investigadores utilizaron por primera vez el vehículo robótico SuBastian, que puede descender miles de metros mientras transmite imágenes en ultra HD.
Amplios jardines de corales de aguas frías, esponjas gigantes, estrellas de mar poco frecuentes y una gran cantidad de organismos nunca observados fueron algunas de las postales que arrojó la misión realizada entre julio y agosto del año pasado.
No obstante. el dato más impactante fue la primera identificación de más de 40 posibles especies nuevas para la ciencia. Estas serán analizadas en los próximos años para terminar de confirmar en enorme potencial biológico del Mar Argentino.

Cómo será la nueva expedición en profundidades extremas del Mar Argentino
La próxima campaña se realizará en 2027 y se extenderá durante 23 días. Se hará a bordo del buque científico Falkor. del Schmidt Ocean Institute (una de las organizaciones más prestigiosas del mundo en lo referido a exploración oceánica).
Una vez más, los investigadores científicos analizarán ambientes a más 4.000 metros de profundidad, en esos rincones donde quedan infinitos interrogantes sin responder.
Estudios sobre biodiversidad marina, arrecifes de corales de aguas frías, ADN ambiental, circulación oceánica y la presencia de microplásticos en zonas remotas serán parte de este estudio.
Uno de los objetivos es comprender cómo se distribuyen las especies a lo largo del talud continental argentino y las conexiones entre distintos ecosistemas profundos. Todo para continuar con el armado de esta especie de rompecabezas.
Argentina cuenta más de un millón de kilómetros cuadrados de superficie marina. Sin embargo, gran parte de ese territorio permanece prácticamente inexplorado en lo referido a biología.

El Lado B de las exploraciones: una pieza clave para el clima
Todo aquello que ocurre en las profundidades oceánicas tiene una influencia directa sobre la vida cotidiana. Y es que los ecosistemas del océano profundo participan activamente en procesos como el almacenamiento de carbono y la regulación climática.
He aquí entonces la importancia de estudiar estos ambientes, ya que no solo permite descubrir nuevas especies, sino también comprender mejor el funcionamiento de sistemas naturales que estabilizan el clima global.

La ciencia que conquistó a millones de personas y hasta ganó un Martín Fierro
Lejos de los laboratorios y de los manuales científicos, la expedición Talud Continental IV fue sensación. Miles de personas siguieron cada inmersión en tiempo real vía streaming, y millones visualizaron los contenidos en redes sociales y plataformas digitales.
La expedición se convirtió en un verdadero fenómeno viral, y ello ha dejado muy altas las expectativas con miras a la próxima misión. Incluso, el CONICET ganó el Martín Fierro de Oro en la primera edición de los premios dedicados al mundo del streaming. 
De hecho, las inmersiones volverán a transmitirse en vivo para todo el público vía streaming, acompañadas por actividades educativas, participación de escuelas y acceso abierto a los datos obtenidos.
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La contaminación sonora afecta a miles de personas: las zonas más ruidosas de Buenos Aires 

Fecha de Publicación: 25/06/2026
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: CABA


La contaminación sonora en Buenos Aires se convirtió en uno de los problemas ambientales más extendidos de la vida urbana. A diferencia de la contaminación del aire o la basura, el ruido no deja rastros visibles. Pero está presente todo el tiempo.
La Ciudad funciona las 24 horas. Tránsito permanente, actividad comercial, vida nocturna y obra pública generan un paisaje acústico intenso. Lo que durante años se consideró una consecuencia inevitable del crecimiento urbano hoy se revisa desde una perspectiva sanitaria más estricta, indica el periodista Andrés Sanguinetti en un articulo publicado en el sitio EconomiaSustentable.com.
Especialistas, organismos internacionales y autoridades locales coinciden en un punto: la exposición prolongada a niveles elevados de sonido tiene efectos concretos sobre la salud y la calidad de vida, desde trastornos del sueño hasta problemas cardiovasculares.

Una ciudad que nunca frena: 3 millones de residentes y el doble en movimiento
Buenos Aires tiene alrededor de tres millones de habitantes. Pero su dinámica diaria involucra casi el doble de personas si se cuenta el flujo desde el Área Metropolitana.
Tal como informó EconomiaSustentable.com, trabajadores, estudiantes, turistas y visitantes se desplazan todos los días hacia oficinas, universidades, centros comerciales y espacios culturales. Este movimiento masivo genera una presión constante sobre calles, avenidas, autopistas y transporte público.
El sistema opera al límite de su capacidad en determinados horarios. La circulación de vehículos se intensifica y, con ella, el nivel de ruido general. La convivencia entre zonas residenciales y áreas de actividad económica amplifica la exposición acústica.
El resultado es una ciudad altamente productiva, pero sometida a una tensión ambiental constante. El ruido aparece como una de las expresiones más claras de esa intensidad, añade la nota de EconomiaSustentable.com.

El tránsito vehicular: la principal fuente de ruido urbano
Diversos estudios coinciden: el tránsito vehicular es la principal fuente de contaminación sonora en la Ciudad. Automóviles particulares, colectivos, motos, camiones de reparto y servicios de transporte configuran una red de circulación que se extiende durante todo el día y parte de la noche.
El Mapa Estratégico de Ruido elaborado por la Agencia de Protección Ambiental (APrA) muestra que los niveles más altos se concentran en avenidas principales, corredores de alto flujo y autopistas urbanas. Estas zonas coinciden con los puntos de mayor densidad vehicular.
A esto se suma un parque automotor significativo. Las estimaciones indican que entre 1,5 y 1,8 millones de vehículos transitan diariamente por la ciudad, incluyendo los que ingresan desde el conurbano bonaerense. Esa cifra explica la magnitud del fenómeno acústico.
Una investigación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Palermo reveló que el 93% de los encuestados identifica al tránsito como la principal fuente de ruido urbano. El mismo estudio señala que obras en construcción, actividades nocturnas y espacios de entretenimiento aparecen como factores secundarios, aunque cada vez más relevantes.

Qué barrios están más expuestos al ruido constante
La contaminación sonora no afecta de manera uniforme a toda la ciudad. Existen zonas donde la combinación de tránsito intenso, actividad comercial y alta densidad poblacional genera niveles de ruido superiores al promedio, destaca la nota publicada en EconomiaSustentable.com.
Entre los sectores más afectados se destacan:
- Microcentro y área financiera: convergen oficinas, transporte y actividad económica concentrada
- Palermo: fuerte desarrollo gastronómico y vida nocturna intensa
- Recoleta y Barrio Norte: atravesados por avenidas de alto tránsito
- Belgrano: especialmente el corredor de avenida Cabildo, con circulación constante de vehículos y transporte público
- Almagro y Balvanera: atravesados por arterias de gran flujo como Rivadavia o Corrientes
- Villa Crespo y Chacarita: incremento del ruido asociado al crecimiento gastronómico
- Caballito, Núñez y Villa Urquiza: desarrollo inmobiliario y expansión de construcciones
Las avenidas Corrientes, Santa Fe, Rivadavia, Cabildo, Juan B. Justo y la 9 de Julio se consolidan como algunos de los corredores con mayor presión sonora de toda la ciudad.

Qué dice la OMS sobre el impacto del ruido en la salud
La Organización Mundial de la Salud (OMS) incorporó la contaminación sonora dentro de los factores ambientales que afectan la salud pública. Según sus estudios, la exposición prolongada a ruidos elevados puede generar trastornos del sueño, estrés, dificultades de concentración y problemas cardiovasculares.
Uno de los aspectos centrales es que el daño no depende únicamente del volumen del sonido. También influyen su duración, frecuencia y momento de ocurrencia. En este sentido, el ruido nocturno resulta especialmente perjudicial, ya que interfiere con los ciclos de descanso y recuperación del organismo.
Además, la OMS advierte que la contaminación acústica tiene una dimensión social. No todas las personas están expuestas en las mismas condiciones. Quienes viven cerca de avenidas, zonas de entretenimiento, corredores logísticos o áreas con obras permanentes suelen estar más expuestos que el resto de la población.
En una ciudad donde la convivencia entre actividades residenciales, comerciales e industriales ocurre en distancias muy reducidas, el problema se vuelve estructural.

Más allá del tránsito: obras, gastronomía y logística que suman ruido
El ruido urbano en Buenos Aires proviene de múltiples fuentes que se combinan entre sí. Las obras en construcción son una de las principales, especialmente en barrios donde el crecimiento inmobiliario fue acelerado en los últimos años.
Demoliciones, excavaciones y uso de maquinaria pesada generan niveles de sonido elevados y prolongados. En algunos casos, esas obras se extienden durante meses o años, afectando la rutina de vecinos cercanos.
El sector gastronómico y de entretenimiento también contribuye de manera significativa. Bares, restaurantes, locales nocturnos y eventos masivos generan actividad intensa en determinados barrios, especialmente en Palermo, Villa Crespo, Chacarita y San Telmo.
Si bien estas actividades impulsan el empleo y la economía local, también generan conflictos vecinales vinculados al ruido, los horarios y la circulación de personas.
Otro factor en crecimiento es la logística urbana. El aumento del comercio electrónico incrementó la circulación de vehículos de reparto y distribución dentro de la ciudad, lo que suma nuevas fuentes de ruido en horarios extendidos.

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“Ecocidio”. Avanza en el Senado un polémico proyecto que prevé hasta 25 años de prisión: lo apoyó Patricia Bullrich y en la Rural dicen que es un “desastre”

Fecha de Publicación: 24/06/2026
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


La iniciativa, de Edith Terenzi (Despierta Chubut), busca incorporar nuevos delitos ambientales al Código Penal; tuvo el respaldo de varios senadores de LLA y el voto en disidencia de Carolina Losada y otros pares; Bullrich dijo que el proyecto tendrá “muchas modificaciones”
Una iniciativa que propone incorporar el delito de “ecocidio” al Código Penal y crear un nuevo capítulo dedicado a los delitos contra el ambiente comenzó a ganar visibilidad en el Senado y ya comenzó a generar controversia en distintos sectores productivos. El proyecto, que recibió dictamen favorable en las Comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Ambiente y Desarrollo Sustentable, contempla fuertes sanciones penales para quienes provoquen daños ambientales considerados especialmente graves o irreversibles y abre un debate sobre los alcances que podría tener sobre actividades económicas de diversa índole. Desde la Sociedad Rural Argentina (SRA) expresaron su rechazo al proyecto.
La propuesta fue impulsada por la senadora por Chubut Edith Terenzi (Despierta Chubut) y obtuvo respaldo de varios legisladores de La Libertad Avanza (LLA), el PRO, sectores provinciales y algunos legisladores vinculados al peronismo. Entre las que acompañó el dictamen figura Patricia Bullrich; mientras que la senadora por Santa Fe (UCR) Carolina Losada suscribió el texto en disidencia, junto con Nadia Márquez y Maximiliano Abad. También lo respaldaron desde LLA Juan Carlos Pagotto (La Rioja); Romina M. Almeida (Entre Ríos ) y Bartolomé E. Abdala (San Luis). 
El proyecto tiene como objetivo “tipificar el ecocidio y las formas especiales de criminalidad ambiental para su incorporación de modo sistémico al Código Penal de la Nación”.
La iniciativa plantea la creación de un nuevo Título XIV denominado “Delitos contra el ambiente”, dentro del cual se incorpora específicamente la figura del ecocidio. Según la definición incluida en el texto, se considera ecocidio al daño irreversible o especialmente grave provocado sobre el ambiente en violación de normas de protección ambiental.
Uno de los puntos que más debate genera es el régimen de penas. El artículo central establece que quien provoque daños “especialmente graves, extensos y duraderos” sobre el ambiente podrá recibir penas de prisión de tres a diez años, además de multas económicas. Las sanciones se endurecen cuando el daño es considerado irreversible. En ese caso, el proyecto prevé penas de prisión de cinco a 15 años y multas más elevadas.
Un aspecto controvertido se presenta cuando el daño ambiental deriva en víctimas fatales. El texto establece que “si como consecuencia del delito tipificado en el artículo precedente se produjera la muerte de una persona, la pena será de prisión de cinco a 25 años”. Además, “si el resultado fuera la muerte de dos o más personas, el mínimo de la pena se elevará a 10 años”.
A ello se suma otro agravante. Cuando en los hechos intervenga un funcionario público, “las penas se agravarán un tercio en su mínimo y su máximo” y se impondrá “inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos”
El proyecto también incorpora la responsabilidad penal de las empresas. En ese sentido, prevé multas de hasta cinco veces el beneficio obtenido, suspensión de actividades, pérdida de beneficios estatales e incluso restricciones para contratar con el Estado.
Otro aspecto polémico es que no solo contempla conductas dolosas. También incluye la figura culposa, estableciendo que el ecocidio podrá configurarse por “imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de los deberes a su cargo”, aunque con penas reducidas respecto de los casos intencionales.
En los fundamentos, la autora sostiene que existe un vacío legal en la legislación argentina. Allí señala que actualmente “el Código Penal argentino no contempla delitos ambientales como categoría autónoma” y que las normas vigentes resultan insuficientes para sancionar las conductas más graves contra el ambiente.
La senadora argumenta, además, que “la creciente degradación de los ecosistemas a escala global, regional y nacional exige una respuesta clara, contundente y eficaz del derecho penal”.
Entre los antecedentes internacionales citados en el proyecto aparecen Francia, Bélgica, Colombia, Chile y Bolivia, además de iniciativas impulsadas en el ámbito de la Unión Europea para endurecer las sanciones vinculadas con daños ambientales graves.
La propuesta también recoge definiciones promovidas en foros internacionales. En los fundamentos se menciona que un panel de juristas independientes convocado por la organización Stop Ecocide definió al ecocidio como “cualquier acto ilícito o arbitrario cometido a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que cause daños graves que sean extensos o duraderos al medio ambiente”.
Para su impulsora, la incorporación de esta figura permitiría fortalecer la protección ambiental y adecuar la legislación argentina a estándares internacionales más exigentes. Según el texto, “la sanción de este proyecto constituirá un paso histórico en la evolución del derecho penal argentino”.
En ese contexto, la iniciativa también abre interrogantes sobre cómo se interpretarán conceptos como “daño ambiental especialmente grave”, “daño ambiental irreversible” o “afectación multiecosistémica”, definiciones que serán centrales para determinar responsabilidades penales futuras.
La discusión recién comienza. Con dictamen favorable en comisión, el proyecto ingresó en una etapa en la que deberá reunir consensos políticos para avanzar en el recinto. Sin embargo, en el sector agropecuario ya genera una gran controversia el hecho de hasta dónde puede llegar el derecho penal cuando se trata de proteger los ecosistemas y cuál podría ser el impacto de esa decisión sobre la producción, la inversión y el desarrollo de distintas actividades económicas.

Repercusiones
La iniciativa ya comenzó a generar fuertes cuestionamientos en el sector agropecuario. En la Sociedad Rural Argentina (SRA) anticiparon que se opondrán al proyecto y advirtieron sobre los efectos que podría tener en la actividad productiva y las inversiones.
“Es sorprendente este proyecto de ley. Entendemos que esto viene por el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, que se puso muy nervioso por los incendios y, en vez de legislar en su provincia, impulsa una ley nacional”, afirmó Andrés Costamagna, director de la entidad, a LA NACION.
El dirigente consideró que, detrás de la propuesta, existe una lógica política orientada a obtener respaldo legislativo. “Es una devolución de favores entre gobernadores y jefes de bloque para que le voten leyes”, sostuvo.
Costamagna cuestionó además la redacción de la iniciativa y advirtió sobre la amplitud de los conceptos utilizados. “Lo que está escrito es un desastre desde el punto de vista de lo que persigue la ley en sí y la falta de conocimiento del que redactó la ley respecto a conceptos básicos. Desde lo técnico es un error, desde lo legal es un error y desde todo punto de vista es un error. Se contradice con lo que el Presidente dice. Toma de base Naciones Unidas y el cambio climático. Nace de una persona del PRO [la senadora autora era de JxC] pero parece redactado por alguien de izquierda, no entendemos nada”, señaló.
Según indicó, la principal preocupación radica en la falta de precisión sobre qué conductas podrían encuadrarse como daño ambiental. “No discrimina absolutamente nada y deja conceptos tan difusos que cualquier cosa va a poder ser interpretada como daño ambiental. Según este proyecto, todo puede ser daño ambiental”, afirmó.
En esa línea, alertó sobre las consecuencias que podría generar en la actividad económica. “Meter presos a quienes causan daño ambiental suma votos, pero después también hace que los inversores no vengan nunca más”, expresó.
El representante ruralista también cuestionó el procedimiento legislativo utilizado para avanzar con el dictamen. “No llamaron a consulta pública, hicieron dictamen cerrado y lo mandan a tratamiento sin cumplir el procedimiento legislativo normal”, indicó. Y agregó: “Llama mucho la atención que haya sido impulsado por gente de La Libertad Avanza y del PRO y, sobre todo, que tenga la firma de Patricia Bullrich sin dialogar con los sectores productivos. Usaron el Mundial de fútbol para distraernos y mandar esto, algo que en la Argentina se hizo durante mucho tiempo”.
Por último, adelantó que la entidad buscará frenar el avance de la iniciativa. “La SRA va a hacer todo lo posible para que este proyecto de ley no se trate. Entendemos que sería un error para la Argentina que exista este tipo de leyes donde se criminalizan las actividades productivas esgrimiendo al ambiente como paraguas para penalizar situaciones indefinidas. Esto daña a la Argentina, a la inversión futura y al sector productivo”, concluyó.
Las críticas al proyecto también llegaron desde la Federación de Acopiadores de Granos. Su presidente, Fernando Rivara, cuestionó tanto el contenido de la iniciativa como la falta de precisiones sobre conceptos centrales que, a su entender, podrían derivar en interpretaciones arbitrarias.
“Lo más preocupante es que no se está definiendo algo absolutamente primario: qué es un daño ambiental irreversible o qué es un daño ambiental especialmente grave”, señaló. Según explicó, la redacción deja abiertos interrogantes sobre quién determinará la existencia de esos daños y bajo qué criterios: “¿Lo define un fiscal, un perito o un juez? Hay que tener cuidado porque de ese debate entre peritos puede depender que una persona sea condenada a 15 años de prisión”.
Alertó sobre el alcance que tendría la norma al contemplar el incumplimiento de regulaciones provinciales y municipales. En ese sentido, sostuvo que muchas de esas disposiciones vigentes “no tienen fundamento técnico ni científico” y consideró que el proyecto podría generar situaciones de gran inseguridad jurídica para productores y empresas.
Además cuestionó la incorporación de agravantes para funcionarios públicos que autoricen proyectos o inversiones que posteriormente sean considerados causantes de daños ambientales: “Ante la duda, cualquier funcionario va a preferir no aprobar una inversión antes que correr el riesgo de enfrentar consecuencias penales”.
Para el dirigente, la iniciativa puede terminar generando un efecto contrario al buscado. “Es un proyecto para la tribuna”, resumió. Y agregó que mientras se impulsan este tipo de propuestas, siguen sin avanzar debates vinculados con normas de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y herramientas que otorguen mayor previsibilidad a la producción.

La palabra de Patricia Bullrich
Frente a las críticas, Patricia Bullrich buscó llevar tranquilidad sobre el alcance de la iniciativa y aseguró que el texto sufrirá modificaciones sustanciales antes de avanzar. “Lo que hicimos fue firmar para habilitar el trabajo sobre el proyecto, pero va a tener muchas modificaciones; prácticamente va a ser otro proyecto”, señaló. La senadora remarcó que el objetivo es sancionar a quienes provoquen incendios intencionales y sostuvo que “de ninguna manera va a perjudicar al campo”.
En tanto, Carolina Losada, que firmó el dictamen en disidencia, coincidió en la necesidad de incorporar herramientas para castigar delitos ambientales, aunque cuestionó la redacción actual. “Todos estamos de acuerdo en que tiene que existir una figura para los delitos contra el ambiente, pero no así”, afirmó. Según la legisladora santafesina, este proyecto “genera miedo a los inversores” y, tal como está planteado, “las ahuyenta”.
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A un solo paso de que se apruebe la exploración de litio en Mendoza

Fecha de Publicación: 24/06/2026
Fuente: Diario Mendoza
Provincia/Región: Mendoza


El proyecto de litio denominado "Don Luis y Otro", que abarca más de 234 mil hectáreas en los departamentos de San Rafael y Malargüe, está a un paso de obtener el visto bueno para la exploración.
El proyecto de exploración de litio denominado "Don Luis y Otro", que abarca más de 234 mil hectáreas en los departamentos de San Rafael y Malargüe, está a un paso de obtener el visto bueno definitivo. Luego de superar la instancia del Senado, la iniciativa aguarda la votación en la Cámara de Diputados de Mendoza, donde se definiría el futuro de esta búsqueda en las Salinas del Diamante.
El proyecto, impulsado por la empresa australiana Ampere Lithium y la firma mendocina El Jarillar, ya obtuvo la ratificación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en el Senado provincial el pasado 26 de mayo, con 32 votos a favor y 4 en contra. El último paso que dió en la Legislatura provincial fue la exposición de funcionarios del Gobierno de Mendoza ante un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados durante la última semana.
El proyecto también enfrenta objeciones, desde General Alvear, concejales y grupos ambientalistas denunciaron que no se solicitó informe a esa comuna, a pesar de pertenecer a la misma cuenca hídrica del río Atuel, y solicitaron que se cumpla con la Ley N° 7722. Si la Cámara de Diputados da su aprobación, se dará luz verde a una exploración que busca determinar reservas de litio mediante técnicas de extracción directa (DLE).
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