La responsabilidad del agro y envases de agroquímicos

 


Se tiran 20 millones de envases de agroquímicos al año y piden que se controle su destino

Fecha de Publicación
: 25/05/2022
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional


Equivalen a unas 15 mil toneladas de plástico. Quieren un sistema de trazabilidad para que no se reutilicen en la industria alimenticia.
Con la expansión de la frontera agrícola se incrementó el uso de agroquímicos y aumentaron los productos fitosanitarios que llegan al campo y se comercializan en envases plásticos. En Argentina esto genera alrededor de 20 millones de recipientes vacíos, de acuerdo a la estimación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. La cifra estimada representa entre 15 y 17 mil toneladas de plástico cada año.
Su uso responsable es fundamental para el cuidado del medio ambiente en un contexto donde los residuos plásticos constituyen una de las principales preocupaciones a nivel mundial. Sin embargo, una gran porción de estos envases no recibe el tratamiento adecuado y permanecen dispersos a la intemperie. Es bastante común verlos desperdigados alrededor de los molinos de agua, en las cunetas de los caminos vecinales o en algún arroyo.
Los envases de agroquímicos usados integran el 90% de los residuos peligrosos que hoy no reciben un tratamiento adecuado, según un informe de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Nacional de Rosario (UNR).
De las 4.000 toneladas de envases con agroquímicos (los estudios son teóricos, de estimación) que se generan anualmente en la provincia de Buenos Aires, en 2021 solo se trataron 1.700 toneladas, según se desprende de datos de Campo Limpio, una organización integrada por empresas del sector que tiene como objetivo recuperar los envases vacíos.

El circuito de los envases
La Ley 27.279 de "Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión de Envases Vacíos de Fitosanitarios" de 2018 tiene como objetivos garantizar la gestión integral de los envases vacíos de fitosanitarios y asegurar que esos recipientes no sean empleados en usos que puedan implicar riesgos para la salud humana o animal ni tengan efectos negativos sobre el ambiente.
Además, la ley establece obligaciones para todos los actores que intervienen en la cadena, desde la producción hasta el uso del insumo. Y responsabiliza a las empresas que comercializan estos agroquímicos de retirar estos envases del medioambiente y de descartarlos adecuadamente.
Es así que las compañías de fitosanitarios deben determinar procedimientos específicos que aseguren la devolución de envases vacíos por parte de productores y aplicadores en los Centros de Almacenamiento Transitorios (CAT). Entre los mismos pueden incluirse "incentivos económicos" o "condicionar la venta de fitosanitarios a aquellos usuarios que no realizaran su devolución".
“Sin duda, esta norma deberá ser complementada con la adopción de sistemas que logren una trazabilidad individual de los bidones, desde que se fabrican hasta que se destruyen o recuperan. Actualmente, se cuenta con información más amplia o general, acerca de la cantidad de kilos recuperados, pero eso no alcanza. Se requieren datos precisos sobre el destino final que se le da a esos envases”, dice una fuente del sector que prefiere reservar su nombre.

Tratamiento inadecuado
“El 90% de los envases de fitosanitarios no se trata cómo lo que son: residuos peligrosos. La gran mayoría terminan en basurales a cielo abierto, se queman contaminado el aire o se reciclan generando otros objetos de plástico como cucharitas de té”, denuncia Cesar Mackler, director del Departamento de Ingeniería Química y del GESE Rosario (Grupo de Estudios sobre Energía y Ambiente).
“¿Se puede asegurar que en todo hogar argentino no existen elementos de plástico proveniente del reciclado de envases de fitosanitarios que deberían haber sido tratados como un residuo peligroso. No se puede garantizar porque no existe un sistema con trazabilidad de los envases”, dice el experto.
En la misma línea, Claudia Kalinec, presidenta de la Cámara Argentina de Tratadores y Transportistas de Residuos Industriales y Especiales (Catires), observa: “Se declaran menos de los que se generan, pero además se tratan menos de los que se declaran. No hay un tratamiento adecuado porque es más caro para el generador, en este caso las empresas productoras, y porque el Estado no sanciona estas acciones”.
Y cuestiona: “Al no haber un control en la trazabilidad de este tipo de residuos, el plástico recuperado de los envases de agroquímicos entra al circuito del reciclado y se usa para hacer, por ejemplo, cubiertos descartables o juguetes, con el peligro para la salud que esto reviste”.
En diálogo con Clarín, Juan Manuel Medina, gerente de Relaciones Institucionales de Campo Limpio, puntualiza: “Si bien la Ley 27.279 impone un régimen de gestión diferenciada para la protección ambiental, aún hay un largo camino por recorrer, el cual implica asumir la responsabilidad compartida de todos los actores de la cadena (productores, organizaciones del campo, municipios, gobernaciones, empresas, aplicadores, entre otros) para cambiar los hábitos de las personas en el cuidado del medio ambiente, incorporar nuevos comportamientos y recuperar entre todos los envases vacíos de fitosanitarios del campo argentino”.

La cadena de responsabilidades
Para Miguel Taboada, ingeniero agrónomo y director del Instituto de Suelos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el problema también es la falta de educación y conciencia ambiental en los usuarios. “Mucha gente está convencida de que si los quema o los entierra en el suelo “no pasa nada”, detalla.
Y evalúa: “El 60% de los campos se maneja bajo arriendo. Si el propietario no se ocupa de dar instrucciones claras de qué hacer con los envases -cómo disponerlos en sitios de almacenamiento, previo lavado y perforación-, el contratista no suele ocuparse del tema. El propietario debe asignar un lugar para almacenar envases temporariamente hasta que sean recolectados”.
“A veces, se mira mucho a la agricultura extensiva o 'sojera', pero también hay que prestarle especial atención a todo lo que sucede en los 'cinturones verdes' de las grandes urbes, con las quintas. Muchas de estas personas suelen tener bajo nivel de educación, ser poco receptivas a las recomendaciones técnicas de las instituciones públicas como el INTA. Por eso, aconsejo lavar las verduras compradas, por precaución”, reflexiona.

Los riesgos
El incremento del uso de fitosanitarios en las últimas tres décadas ha sido significativo. La falta de gestión adecuada de estos envases implica una serie de problemas tanto en el ambiente como en la salud pública.
Entre los riesgos potenciales, Taboada enumera la contaminación de suelos y aguas con restos de agroquímicos -algunos con potencial impacto carcinogénico-, degradación de los plásticos a largo plazo y contaminación atmosférica de micropartículas de plásticos que podrían ser ingeridas por la fauna.
“Los plaguicidas habilitados para su venta en el país están aprobados por (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) Senasa en base a su bajo nivel de riesgo ambiental y para la salud. Sin embargo, algunos pueden tener impactos residuales riesgosos si se aplican de forma incorrecta y excesiva”, específica.
En este marco, Taboada explica que una vez usados, los envases quedan con residuos de agroquímicos de potencial efecto contaminante y tóxico para la salud de plantas, animales y seres humanos. “Por ello, deben ser sometidos a un triple lavado y perforado en la base antes de su eventual reutilización como materia prima industrial no alimentaria”, señala.

El trabajo de Campo Limpio
Desde hace tres años, Campo Limpio incentiva la organización incentiva la creación de Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT) en las provincias. Se trata de lugares construidos y habilitados para recibir los envases vacíos y limpios que devuelven productores y aplicadores de agroquímicos. Instaló 54 CATs en diez provincias argentinas y en otras seis (que adhirieron a la ley recientemente) hace campañas de retiro de envases.
Las mayores provincias productoras de agroquímicos, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe todavía no tienen organizado el sistema de CAT en su totalidad.

¿Por qué deben ser tratados de forma correcta?
Dos términos claves: “evitar” y “favorecer” nuclean la importancia de esta cuestión. Taboada le explica a Clarín que un tratamiento adecuado permite evitar: que estos envases sean reutilizados para almacenar bebidas o alimentos; riesgos de contaminación de aguas y suelos, la posible transferencia de tóxicos a la cadena alimentaria animal y humana y la degradación de plásticos a largo plazo.
Asimismo, señala que favorece su reutilización (ya lavado y perforado) como materia prima industrial en usos no riesgosos (coberturas de cables, por ejemplo) y los procesos de economía circular que tiendan a disminuir las huellas ambientales (carbono, hídrica y pérdida de biodiversidad).
“Se requiere un mayor control por parte del Estado que fiscalice el cumplimiento de las leyes 27.279 de Gestión de envases de fitosanitarios y de la Ley de residuos peligrosos 24.051. No alcanza con promover o incentivar. Definitivamente, hay que pasar a acciones concretas.  Las empresas productoras tienen que tratar la totalidad de los envases de agroquímicos que  generan con empresas habilitadas para tal fin”, analiza Kalinec.
Y remarca: “También debe hacerse un correcto censo de los envases usados que se generan y un inventario de los que hay hoy desparramados por los campos. Lo que sucedió en La Pampa, donde el gobierno provincial suspendió en enero de 2020 la venta de agroquímicos hasta que se organizara el correcto tratamiento de los envases plásticos, es un claro ejemplo de que las cosas pueden funcionar bien cuando el Estado ejerce su poder de control”.
Para Mackler debería crearse un sistema que asegure la trazabilidad del envase. ”Habría que modificar la Ley 27.279 para que, una vez promulgada, indique taxativamente que si en el plazo de dos años no se instala un sistema que garantice la trazabilidad en la gestión del envase de fitosanitario, se prohíba la venta de los mismos hasta que el sistema funcione”.
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Que puede provocar la mala calidad del aire porteño

 


Contaminación aérea en la Argentina: cuáles son las consecuencias de respirar en Buenos Aires

Fecha de Publicación
: 25/05/2022
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: CABA


Por primera vez se realizó un estudio para analizar las secuelas que puede provocar la mala calidad del aire porteño. En diálogo con Infobae, los investigadores dieron detalles sobre los resultados
15 mil personas. Ese es el número estimado de muertes anuales de argentinos debido a enfermedades provocadas por la mala calidad del aire. Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la contaminación del aire provoca 4,2 millones de defunciones anuales en todo el mundo debido a accidentes cerebrovasculares, cardiopatías coronarias, cáncer de pulmón, enfermedades respiratorias agudas y crónicas; siendo que el “91% de la población mundial vive en lugares en los que los niveles de contaminación del aire exceden los límites establecidos” por el ente internacional.
Sin embargo, en varias naciones se desconoce exactamente cuáles son los alcances de estas patologías vinculadas o cuáles son los niveles de contaminación. La Argentina es una de ellas. Por este motivo, un grupo de investigadores de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires (UBA), junto a colaboradores del departamento de Inmunología de dicha casa de altos estudios, miembros del Departamento de Patología de la Facultad de Medicina, investigadores del CONICET y expertos de la Universitätsklinikum Freiburg (Alemania) pusieron el foco en la Ciudad de Buenos Aires.
“Mostramos en un modelo biológicamente relevante y representativo a través del cual pudimos conocer cómo estar expuesto al ambiente urbano, especialmente al ambiente de la Ciudad de Buenos Aires, produce o agrava estas enfermedades cardiovasculares”, explicó Timoteo Marchini, autor principal del trabajo que se publicó en la revista Environmental Pollution.
En ese sentido, el además profesor de Química en la Universidad de Buenos Aires, e investigador del CONICET y de la Universitätsklinikum Freiburg (Alemania), aseguró: “Los únicos datos que hay acerca de las tasas de mortalidad de el aire contaminado en Argentina son estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, que dice que aproximadamente unas 15.000 personas por año mueren producto de las complicaciones que genera respirar aire contaminado. Puesto en contexto, las estadísticas del Ministerio de Salud señalaban, antes de la pandemia, que todas las enfermedades infecciosas juntas reúnen esa misma cantidad”.
“En nuestro estudio, los resultados son relevantes para poder explicar los efectos de los contaminantes ambientales sobre la salud humana, ya que fueron evaluados los sistemas respiratorio, circulatorio y el cardíaco en ratones, que son similares a los humanos. Es importante evaluar los mecanismos orgánicos frente a la contaminación aérea en sistemas completos, por eso la elección de un modelo animal que nos permite analizar en una forma completa y cercana, y nos permite identificar los principales targets de los efectos tóxicos de los contaminantes ambientales”, explicó a Infobae la profesora e investigadora Natalia Magnani, coautora del estudio.
En tanto, el profesor e investigador Pablo Evelson, también coautor del estudio, señaló: “Si bien los resultados se limitan al aire urbano de la Ciudad de Buenos Aires se ha observado que la presencia de las partículas en el pulmón dispara mecanismos similares, independientemente de la composición de las partículas, siendo que en esta urbe las partículas provienen, principalmente, de la combustión de los combustibles fósiles que usa el sistema de transporte público”.

Por qué es importante analizar la contaminación del aire
9 de cada 10 personas en el mundo respiran aire de mala calidad, según la OMS. Algunas estimaciones señalan que unas 10,2 millones de personas mueren anualmente como consecuencia de la contaminación ambiental. En tanto, en las Américas, la mala calidad del aire provoca unas 300 mil muertes al año. Con estos datos, resulta más que necesario tomar en cuenta qué respiramos cuando respiramos.
“Dentro de los contaminantes presentes en el aire, hay uno en especial que se llama material particulado o partículas finas de contaminación ambiental, cuya abreviatura es PM2.5, las cuales tienen la capacidad de ser lo suficientemente pequeñas para penetrar bien profundo en el árbol respiratorio y llegar hasta los alveolos pulmonares, donde unas células que se llaman macrófagos alveolares las fagocitan, se las comen, y provocan una reacción inflamatoria medio descontrolada y exacerbada y sostenida en el tiempo”, señaló el investigador del CONICET y de la Universitätsklinikum Freiburg (Alemania).
Las PM son generadas principalmente por la combustión de combustibles en diferentes sectores, como el transporte, la energía, los hogares, la industria y la agricultura y “como son partículas completamente artificiales, el cuerpo no ha evolucionado lo suficiente como para responder adecuadamente a este cuerpo extraño. Entonces tiene esta respuesta exacerbada que genera o agrava el curso de una enfermedad”, dijo Marchini.
En ese tono, el científico señaló que “el estudio se basa en tratar de entender los mecanismos a través de los cuales la contaminación del aire produce un efecto adverso sobre la salud, principalmente en las patologías cardiovasculares. Es un problema de salud pública a nivel mundial que tiene un muy alto impacto, pero que, por lo general, está medio desatendido”. Además, aseguró que, según estudios epidemiológicos realizados en distintos lugares del planeta, “se estima que mueren aproximadamente unas 9 millones de personas por año de forma prematura, producto de los efectos de estar expuestos a contaminantes del aire”.
Según la OMS, las consecuencias “en los niños podrían suponer una reducción del crecimiento y la función pulmonares, infecciones respiratorias y agravamiento del asma”, mientras que en los adultos, además de las patologías cardiovasculares, “también están apareciendo pruebas de otros efectos como diabetes y enfermedades neurodegenerativas”, con lo cual la carga de “morbilidad atribuible a la contaminación del aire en el mismo nivel que otros importantes riesgos para la salud a nivel mundial, como la dieta malsana y el tabaquismo”.
“Las muertes ocurren por enfermedades cardiovasculares, como el accidente cerebrovascular y el infarto agudo de miocardio, a pesar de que nosotros respiramos aire contaminado y el pulmón es el principal órgano en contacto con esas toxinas”, aseguró el investigador. Al tiempo que, al advertir las razones de su enfoque local, explicó: “Quisimos entender cómo funciona este efecto adverso porque queremos comprender un problema grave de salud pública mundial, pero también proporcionar datos a nivel local, porque hay muy poca información o muy limitada y no se puede medir el verdadero impacto sobre la salud al respirar aire contaminado de un ambiente urbano, como es la Ciudad de Buenos Aires”.
Por su parte, Magnani agregó: “Una de las características que vuelve tan importante el estudio de los efectos adversos sobre la salud de los contaminantes ambientales es que no se conocen límites por debajo de los cuales estos tóxicos no generan un daño y todos estamos expuestos en el día a día. Entonces, es sumamente importante conocer estos mecanismos, ya que nos va a permitir diseñar nuevas estrategias terapéuticas que permitan mitigarlos. Incluso, tener amplio conocimiento sobre esto nos permite originar, informar y concientizar sobre la importancia de disminuir las emisiones de los contaminantes”.

Sobre qué se trató el primer estudio nacional sobre consecuencias de la contaminación aérea
“Casi toda la población mundial (99%) respira un aire que supera los límites de calidad recomendados”, dijo la OMS y advirtió que “las personas que viven en los países de ingresos bajos y medianos son quienes sufren las exposiciones más altas”. “Desde hace más de 10 años que estamos trabajando en intentar entender los mecanismos a través de los cuales la contaminación del aire en ambientes urbanos genera un efecto adverso sobre la salud”, explicó Marchini.
Para conocer cuál era la situación, los investigadores definieron realizar un denominado modelo animal. Para realizar investigaciones biomédicas se utiliza una especie no humana que puede replicar algunos aspectos de un proceso biológico o de una enfermedad presentes en los seres humanos. Para tal fin, los científicos optan por animales que presentan una anatomía, fisiología o respuesta a un patógeno lo suficientemente similar a la de los seres humanos y así pueden extrapolar los resultados.
La elección de los argentinos fueron ratones. “Los modelos animales son ampliamente utilizados en estudios biológicos. En nuestro estudio, en particular, los resultados resultan relevantes para poder explicar los efectos de los contaminantes ambientales sobre la salud humana, ya que los sistemas evaluados tanto el respiratorio como el circulatorio o el cardíaco, son similares en ratones y en humanos”, explicó Magnani. Tras dar con el modelo que representaría las secuelas en los humanos, los científicos expusieron durante tres meses a estos roedores al aire presente en la Ciudad de Buenos Aires, más específicamente al que respiran todos aquellos que transitan la calle Uriburu casi esquina Paraguay, a metros de la Facultad de Medicina de la UBA.
“Generamos un ambiente en el cual pudimos colocar esos ratones dentro de unas cámaras especialmente diseñadas para este tipo de experimentos, las cuales están dentro de un bioterio, que son los lugares donde se cuidan estos ratones, que contaron con una conexión hacia el exterior. Mediante un sistema de extractores y de tuberías, dirigimos ese aire de la calle hacia adentro de las cámaras y los ratones respiraron ese aire. En paralelo, se dispuso una segunda cámara con otro grupo de ratones que recibieron ese aire filtrado, con lo cual fueron un grupo de control. Lo ventajoso de este sistema y modelo animal es que los ratones tienen una vida relativamente normal dentro del bioterio, son cuidados, respiran y están expuestos continuamente a este ambiente contaminado, pero no hay ninguna intervención adicional”, señaló Marchini.
Tras unos 90 días, a los ratones se los indujo a una intervención quirúrgico que que simula un infarto de miocardio. Para tal fin, los científicos les ocluyeron la arteria coronaria, que irriga al corazón, por unos 30 minutos y luego se la libera. Este modelo, según explicaron, simula un infarto. El objetivo de esta acción era conocer cuáles eran las reacciones del organismo de estos dos grupos de roedores cuando sufren un episodio cardíaco. Los resultados fueron concluyentes. “Los ratones expuestos al aire urbano (contaminado) presentaban un área de infarto mayor. O sea, tuvieron un mayor daño en el corazón con respecto a los animales que respiraban el aire filtrado. El infarto fue, aproximadamente, un 50% más grande”, dijo Marchini. Pero eso no fue todo.

Cuáles fueron los resultados de este estudio
Fueron tres meses y los resultados de estar expuestos a la mala calidad del aire porteño no dejaron dudas. Porque no solo era mayor el impacto del evento cardíaco, sino que, también, detectaron que la recuperación también mostraba disidencias. Según señaló Marchini, “el infarto fue mayor en los ratones expuestos al aire contaminado versus el control, pero además realizamos mediciones de la función cardíaca durante la recuperación de ese infarto que sugirieron que, a largo plazo, tendrían una mayor probabilidad de desarrollar insuficiencia cardíaca”.
“Encontramos una alteración de la funcionalidad mitocondrial cardíaca, que no es solamente que el corazón tiene una menor capacidad de producir energía (una deficiencia bioenergética), sino también que ciertos mecanismos de reparación de esa funcionalidad estaban inhibidos. Básicamente, significa que estas células, que están dañadas y desgastadas, no se eliminan del tejido como debería ocurrir normalmente y esos mecanismos reparadores de la funcionalidad mitocondrial se acumulan. Con lo cual, son deficientes en su capacidad de producir energía, agravando el cuadro y la situación”, relató el investigador del CONICET.
Pero no todas fueron malas noticias, ya que el conocimiento permite avanzar hacia mejoras o acciones que medien esta situación. “Lo importante es que identificamos algunos puntos claves mediante los cuales la exposición al aire contaminado urbano genera este efecto sobre la salud cardiovascular. Con lo cual, se puede generar algún acercamiento terapéutico para tratar de prevenirlos. Sabemos que faltan muchísimo tiempo para que ocurra; pero al haber identificado los actores fundamentales podemos empezar a pensar en hacer algo al respecto”, agregó Marchini.
“Todos los mecanismos que fueron descriptos también fueron estudiados en humanos y observamos una gran homología. En nuestro caso, todos los estudios previos nos sirvieron para centrarnos en cuáles eran los procesos a estudiar, como el estrés oxidativo o los procesos inflamatorios, pero luego es importante evaluar esos mecanismos en sistemas completos. Nosotros pudimos identificar estos mecanismos relevantes y los principales targets de los efectos tóxicos de los contaminantes ambientales, y esto nos sirve para sentar las bases”, señaló Magnani.
Entre otros de los puntos relevantes de esta investigación argentina, la científica destacó que, además, que para “poder extrapolar los datos obtenidos, pensando en los efectos de los contaminantes ambientales sobre la salud humana, se identificaron las concentraciones de los contaminantes inhalados. Para lo cual se tuvieron en cuenta los datos que se conocen sobre la fisiología del sistema respiratorio en ratones (volumen de inhalación, niveles de deposición de las partículas y porcentaje que se deposita en pulmón, por cuánto tiempo) y se extrapolaron los datos a humanos, conociendo también estos mismos valores. Con lo cual, pudimos realizar equivalencias entre varios aspectos”, siendo que otro punto relevante fue que “los animales estuvieron expuestos al mismo tipo de aire urbano al que estamos expuestos todas las personas que, al menos, circulamos cerca de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires”.
Por su parte, Evelson completó: “Si bien los resultados obtenidos en este estudio se limitan al aire urbano de la Ciudad de Buenos Aires se ha observado que la presencia de las partículas en el pulmón dispara mecanismos similares independientemente de la composición de las partículas. Obviamente, hay un componente que está determinado por la composición o los posibles compuestos. En la Ciudad de Buenos Aires provienen principalmente de la combustión de los combustibles fósiles, el diésel que usa principalmente el sistema de transporte público. Sin embargo, uno puede pensar que los efectos que se observan pueden ser trasladables a otros similares en otras grandes Urbes”.

Cuáles son los próximos pasos
Los propios científicos destacaron que, pese a que los resultados son negativos para la salud, conocer estos aspectos abre un nuevo horizonte. La ciencia marca, una y otra vez, que para resolver un problema primero hay que reconocerlo y conocerlo. Acciones que lograron estos investigadores argentinos. “Ahora queremos, básicamente, entender mucho más en detalle. Cómo ocurre esta respuesta frente a las partículas de contaminación ambiental y cómo tratar de prevenir esta respuesta exacerbada”, adelantó Marchini.
De todos modos, los investigadores advirtieron que, para que se concreten cambios, es necesario el accionar de los gobiernos nacional, provincial y local, sin hacer diferencias de lugar específico. La contaminación aérea, sin importar los niveles, ha demostrado generar efectos adversos a la salud. “Hay un montón de gente desprotegida y hay cierta desigualdad en el impacto de la contaminación del aire sobre la salud, porque especialmente afecta a los más chicos, a los de bajo nivel socio-económico, a los adultos mayores y a los que tienen alguna enfermedad. Por eso creo que desde la ciencia, especialmente a nivel local, con este trabajo hemos contribuido a generar algo de información que ponga en evidencia el problema que existe y que se empiece a hacer algo”, destacó el investigador del CONICET.
“Me parece importante destacar, que lo vivenciamos en particular de este trabajo pero aplica claramente a todos los trabajos de investigación, es que los resultados que se observan y se están mostrando tienen mucho trabajo previo, mucho tiempo de análisis, de coordinación y trabajo en equipo, con lo cual cada uno aportó su conocimiento y se puede profundizar y mejorar las conclusiones del trabajo, que fue claramente interdisciplinario”, dijo Magnani.
Mientras que Evelson concluyó: “Este estudio también marca la necesidad de hacer una evaluación de los niveles de calidad de aire en forma sistemática, en todas las grandes urbes de nuestro país. Debemos generar una discusión sobre los niveles de calidad de aire, revisar la legislación existente y concientizar a la población acerca de los efectos que tiene la inhalación de aire contaminado; y que, de alguna manera, todos podamos contribuir a disminuirlos y generar acciones que prevengan su generación. Es decir, que prevenir los efectos adversos sobre la salud que nosotros observamos en este estudio”.
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82 millones de dólares para parar la deforestación

 


Deforestación: Argentina recibió u$s82 millones por la reducción de la actividad

Fecha de Publicación
: 24/05/2022
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


Las zonas del país donde se realizó aquel proceso son el Parque Chaqueño, la Selva Tucumano Boliviana, en el Espinal y la Selva Misionera.
El Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés) otorgó u$s82 millones a Argentina como retribución a la reducción en la deforestación en el Parque Chaqueño, la Selva Tucumano Boliviana, en el Espinal y la Selva Misionera.
Así se dio comienzo al Proyecto de Pagos Basados en Resultados de REDD+, una herramienta de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que busca reducir las emisiones provocadas por la deforestación y la degradación de los bosques en los países en desarrollo, al cual adhirieron las 23 provincias argentinas.
El proyecto es liderado por el Gobierno, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el acompañamiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), y el financiamiento del GCF.
La secretaria de Política Ambiental en Recursos Naturales, Beatriz Domingorena, destacó que "es una construcción colectiva que cuenta con el aporte de cada una de las provincias, la síntesis de la participación y la decisión política e institucional".
Además, explicó que "apunta al cuidado de los bosques nativos y a la reducción de las emisiones, y con esto incidir en lo que tiene que ver con el cambio climático". "Resignifica a nuestros pueblos originarios, al trabajo en infraestructura y a la producción de manera sostenible en materia forestal", concluyó.
Para el secretario de Ambiente de la provincia de La Rioja y presidente del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), Santiago Azulay, "las provincias supieron tener la madurez política e institucional para conformar esta única voluntad del pueblo".
Por su parte, la coordinadora REDD+, Serena Fortuna, manifestó que "es el primer proyecto aprobado por el GCF para Argentina en el sector de bosques y uso de la tierra", y celebró que el país continúe invirtiendo en la conservación de sus bosques, a través de la Ley de Bosques y su Plan Nacional de Acción sobre Bosques y Cambio Climático.
El representante ad interim para FAO Argentina y Uruguay, Tito Díaz Muñoz, destacó que "de los 15 proyectos que el GCF apoya, siete se desarrollan en América latina por un valor superior a los u$s300 millones y Argentina tiene el proyecto más importante en materia de bosques".
"Hablamos de más 7.000 familias que se beneficiarán del proyecto; 2.900 comunidades locales; el desarrollo de siete cuencas forestales sostenibles; 95 planes integrales de manejo comunitario y 92 de bosques y ganadería; el desarrollo de estrategias para la prevención de incendios; y el fortalecimiento de los gobiernos locales y provinciales para avanzar en el desarrollo sostenible", resaltó.
El subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales para el Desarrollo y representante argentino ante el Fondo Verde para el Clima, Leandro Gorgal, aseguró que se trata de un "financiamiento de fondos no reembolsables; no estamos endeudando al país, sino que pudimos canalizar recursos que tienen los organismos multilaterales".
En tanto, el secretario de Agricultura, Matías Lestani, destacó el componente ganadero del proyecto: "Es la actividad más federal de todas, por eso el Manejo Integrado de la Ganadería en Bosques Nativos es fundamental en este proyecto porque donde hay una vaca, hay pequeños productores y arraigo".
La jefa de Gabinete del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Soledad Cantero, explicó que "fue una labor coordinada y sistematizada por nuestros equipos que tuvieron en cuenta cada una de las necesidades existentes en las comunidades".
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Misiones decidido a ampliar la protección de especies

 


Se amplía la lista de animales protegidos pero también los que podrían extinguirse   

Fecha de Publicación
: 24/05/2022
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Misiones


Son los que están más expuestos a desaparecer. Las amenazas son caza furtiva, mascotismo y enfermedades. Los ciervos axis, por el incendio en Corrientes, llegaron a Misiones.
Destrucción de hábitat, por ocupación y hasta sequía de arroyos; caza furtiva, macotismo, atropellamientos pasando por enfermedades y hasta aparición de especies exóticas como los ciervos axis desplazados hacia Misiones por los incendios forestales en Corrientes, representan las principales amenazas a los animales que habitan la selva misionera. El gobierno de Misiones está decidido a ampliar el nivel de protección de las especies amenazadas y una forma de hacerlo es declarando Monumento Natural, como ya sucede con otras 18 especies de fauna y diez de flora. Según lo establecido por la Ley de Parques Nacionales, los Monumentos Naturales son áreas, especies de animales o plantas, de interés estético, valor histórico o científico y se les acuerda protección absoluta.
En estos momentos, hay una iniciativa de ley en análisis en la Legislatura provincial y que fuera presentada por el diputado Rafael Pereyra Pigerl que busca proteger y preservar a la especie carayá negro y dorado (alouatta carayá) que está actualmente en peligro de extinción como consecuencia de la deforestación, la caza furtiva y la fiebre amarilla, que atentan contra la vida de estos primates.
La selva misionera o paranaense conserva numerosas especies en peligro de extinción; en muchos casos únicos o ya desaparecidos en el resto del mundo, producto de la caza furtiva, la destrucción del hábitat o el atropellamiento, como suele ser frecuente en las rutas de Misiones. Tal protección es posible porque “un tercio de la superficie total de la provincia está representada por áreas naturales protegidas”, ilustró Esteban Arzamendia, del Área de Planificación del Ministerio de Ecología de Misiones. Ello en referencia a que en Misiones, de unos 3 millones de hectáreas que posee, alrededor de 1.400.000 hectáreas son áreas protegidas. De allí, el hábitat natural para proteger de la amenaza de desaparición como el yaguareté. La cantidad de especies del mayor felino de América y el tercero en todo el mundo se duplicó en los últimos años en la provincia y ello, según observan, también generan otras cuestiones a tener en cuenta, como los tres atropellamientos registrados en los últimos años. Sucede por la imprudencia de conductores, pero también ocurre porque hay muchos animales moviéndose dentro de la selva e inmediaciones. Destacan el crecimiento poblacional de este felino en Misiones, cuando en otras provincias -como Corrientes- intentan reintroducir esta especie.
La majestuosa selva misionera también conserva aves en peligro de extinción y están incluidas como monumentos naturales, como el águila harpía -uno de los mayores superpredadores-, muy buscado por coleccionistas o para mascota, al que está expuesto también el loro vinoso. Hace ocho meses, la Cámara de Diputados de Misiones también declaró monumento natural provincial y de interés público a la especie de ave autóctona conocida como Yacutinga. De esta manera se prohíbe la caza, tenencia, transporte o exhibición.
Misiones conserva el 52% de la biodiversidad y se trabaja en nuevos corredores biológicos. Al respecto, Javier Patzer, director de Áreas Naturales Protegidas del Ministerio de Ecología, afirmó que “Misiones tiene una política de Estado en la conservación. Es una de las primeras provincias en establecer un Ministerio de Ecología y que tuvo su cuerpo de guardaparques y sistema de áreas protegidas”.
Destacó que “Misiones sirvió de modelo para muchas otras provincias para desarrollar sus sistemas de áreas protegidas. “A nivel internacional se exige contar al menos con un 17% del territorio protegido y Misiones supera ampliamente ese porcentaje, no sólo por su sistema de parques, sino con reservas privadas, reservas de usos múltiples, parques municipales que son formas de extender las áreas naturales. Ahora se está trabajando muy fuerte en los corredores”, afirmó Patzer.

Las principales amenazas
Tras determinarse el nivel de conservación que tiene Misiones, también surgen numerosas amenazas hacia la flora y fauna de la provincia.
Stella Marys Brodzicz y Patricia Sandoval, jefa del departamento de Fauna y directora de Biodiversidad, detallaron cómo se trabaja en la conservación y a fin de seguir incorporando especies como monumentos naturales. “Hay que proteger a todas las especies, pero la particularidad de los monumentos naturales es que tienen otras coberturas y una mayor sanción, como el costo por atropellamiento o por tener en cautiverio”, explicó.
A su vez, estos animales también están expuestos a enfermedades. “El mono carayá tiene una afección transmitida por mosquitos como la fiebre amarilla. Son muy sensibles al virus y están en peligro de extinción por una causa de sanidad”, detalló Sandoval.
De allí, la importancia de que sea declarada por ley también monumento natural. Recordó que “en la provincia se cuida a la población misionera ante la amenaza provocada por el mosquito a la población y nosotros buscamos cuidar y conservar a los monos”. En tal sentido, recordaron que “un buen ambiente es cuando todos los componentes, tanto de flora y fauna están en equilibrio”.
Además, recordó Sandoval que “la fiebre amarilla no es culpa de los monos, sino que son los que terminan muriendo con rapidez cuando los mosquitos les transmiten el virus; es decir, el vector es el mosquito y los vecinos, mediante la limpieza de sus hogares -de posibles criaderos de mosquitos- pueden ayudar a combatir esa amenaza”.

La aparición del ciervo axis
Entre los factores que atentan contra la fauna en conservación, se encuentran los atropellamientos, las cazas furtivas y hasta los incendios forestales. A ello se suma la presencia de especies exóticas que ponen en riesgo tanto la biodiversidad como algunas especies en conservación.
Brodzicz y Sandoval detallaron que hay dos casos puntuales sobre los que están trabajando desde Ecología, el caracol gigante y el ciervo axis, este último desplazado por el incendio forestal ocurrido en Corrientes. “Se busca intentar darle manejo cuidado a estas especies, para evitar que hagan daños silenciosos como la invasión de espacios que desplazan a nuestros venados por peleas por los recursos”.
Explicó que “los venados como se los conoce en Misiones son solitarios y los ciervos axis -que cruzaron de Corrientes- andan en manadas y tienen una altísima tasa de reproducción; dañan el suelo y toda la estructura superficial del suelo con las uñas y con sus astas que marcan los árboles”.

Otros factores
Patzer añadió que otro de los factores que ponen en riesgo a diversas especies son los cambios de hábitat, algo que constantemente va ocurriendo en los espacios naturales y se van modificando. “Toda especie tiene su característica, al modificarse -su hábitat- ya entran en peligro. Uno de los casos característicos es el de yaguareté que necesita mucho terreno y bien conservado”, manifestó.
“Otras especies más sensibles con espacios más reducidos son los anfibios que son pocos conocidos pero muy afectados ante los cambios de hábitat”, añadió.

La caza furtiva
En tanto, Arzamendia añadió que “la caza furtiva es una de las grandes problemáticas ambientales que tiene la provincia de Misiones”.
Entre otros factores, sumó “el apeo ilegal de madera, la ocupación ilegal de espacio que van alterando el ambiente natural”. Sobre la caza furtiva, recordó que es una cuestión cultural en la región, al incluir a Brasil o Paraguay.
“A ello se suma el atropellamiento de la fauna”. Pero aporta otro dato, “esta problemática -en referencia al atropellamiento o caza furtiva- tiene que ver con el estado de conservación que tiene Misiones, de lo contrario esta problemática no existiría”, concluyó.

La desaparición de insectos
Un factor que desde Ecología, Stella Marys Brodzicz y Patricia Sandoval recomiendan, es tener presente la creciente eliminación de insectos. Recordaron que hace unos años en un viaje largo, se podía apreciar la cantidad de insectos que quedaban pegados a parabrisas o focos de los autos, cosa que no sucede en la actualidad. Es porque, muchos insectos fueron eliminados a raíz del uso de agroquímicos en las chacras o como sucede en las viviendas por el uso excesivo de todo tipo de insecticidas.
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El boom del litio en plena expansión

 


Fiebre del litio: Argentina está en el pelotón de los que más producen y la extranjerización llega a más provincias

Fecha de Publicación
: 23/05/2022
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Nacional


La voracidad de las compañías extranjeras por el litio local no se detiene y sigue ampliándose la frontera minera a partir de cateos en distritos que, al menos hasta ahora, no despertaban gran interés para las mineras globales. En esa dirección, distintas compañías se preparan para activar campañas de exploración en provincias como San Juan y La Rioja, y desde el Gobierno expusieron que hay indicios del mineral en San Luis y Córdoba. Esto ocurre a la par de un nuevo informe internacional que coloca a Argentina en el cuarto puesto del extractivismo de litio.
Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por su sigla en inglés), Argentina ocupa el cuarto lugar entre los mayores exportadores del metal a nivel mundial. La actividad de explotación que se lleva a cabo en el ámbito doméstico sólo se ubica detrás de Australia, Chile y China. Asimismo, la organización señaló que, a partir de las nuevas reservas constatadas, el país es el tercero –lideran Chile y Australia– con mayor disponibilidad probada del mineral y el segundo –solo detrás de Bolivia– en cantidad de recursos probables.
El USGS reconoce 38 proyectos de litio distribuidos entre Catamarca, Jujuy y Salta, con dos en producción plena –Fénix y Olaroz son, hasta el momento, los dos únicos emprendimientos en fase de explotación concreta–, seis en etapa de construcción, cinco en las instancias de pre factibilidad y factibilidad, cinco en evaluación preliminar y al menos una veintena en la fase de exploración avanzada.
En el mundo la extracción de litio trepó más del 20 por ciento sólo en el último año. En cuanto al consumo, la entidad señala que evidenció un incremento del orden del 30 por ciento sólo en 2021. El USGS reconoce que asegurarse el metal se ha convertido en una prioridad para las empresas de tecnología en Asia, Europa y Estados Unidos.

Litio: predominan las mineras extranjeras
Eso explica, también, este interés de las empresas extranjeras por afianzar su control sobre áreas con el mineral en la Argentina. Según datos de la cartera de Desarrollo Productivo y la Dirección Nacional de Economía Minera suman 18 las compañías con potestad sobre espacios con presencia del metal. Las 16 principales son actores privados de capital foráneo.
Ese bloque está integrado por empresas pertenecientes a 8 países diferentes. Australia, a través de 6 megamineras, encabeza la nómina de naciones con mayor posicionamiento sobre los salares de la Puna. Le siguen Canadá, con 3 firmas, China suma 2 y luego le siguen Gran Bretaña, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia y Japón.
En las apuestas que vienen para La Rioja y San Juan interviene el mismo privado canadiense: Origen Resources.
La compañía en cuestión opera en el país asociada a la sanjuanina Petra Gold Servicios Mineros. Roberto Lara, uno de los técnicos de la firma local, reconoció que "actualmente estamos presentando los requerimientos de minería para obtener la aprobación para comenzar con las tareas de exploración" en una zona conocida como Los Sapitos, ubicada en el departamento de Iglesia.

Litio: San Juan y La Rioja, en la mira de las mineras
El proyecto que pretende iniciar Origen Resources se llevará a cabo sobre una superficie total de 47.000 hectáreas. Incluiría una parte del territorio de la provincia de La Rioja, lo cual representará para ese distrito su ingreso oficial en el mercado de la minería de litio.
Lara señaló que las empresas cuentan con asistencia del Instituto de Investigaciones Mineras de la Universidad Nacional de San Juan.
Otra provincia que busca posicionarse en el mapa del litio es La Pampa. Durante la primera mitad de 2021, la administración que encabeza Sergio Ziliotto le encargó a Pampetrol, la petrolera provincial, que monitoree la presencia del metal en el oeste de ese territorio.
En 2017, un informe generado en ese distrito arrojó indicios de litio en la laguna La Amarga y la salina San Máximo, ambos espacios cercanos a la localidad de Puelches. La decisión de La Pampa es reconfirmar esa primera evaluación para luego evaluar si la extracción del mineral puede resultar económicamente redituable.

Litio: el Gobierno cuenta los dólares
Según datos oficiales, entre el 2020 y 2021 los anuncios de inversiones en minería de litio en Argentina superaron los 3.380 millones de dólares.
El Gobierno busca profundizar aún más la captación de dólares mediante la explotación de ese metal y de ahí el incentivo para las empresas en términos de facilidades fiscales y promoción de la actividad mediante marcos como la Ley de Electromovilidad.
La meta del oficialismo es alcanzar una producción anual cercana a las 120.000 toneladas del mineral durante el bienio 2023-2024. Hoy por hoy, el volumen de extracción de los dos yacimientos activos es de 40.000 toneladas.
De acuerdo a estimaciones de la Secretaría de Minería, la actual cartera de proyectos en Argentina tiene un potencial productivo de 328.500 toneladas anuales de carbonato de litio. La decisión del Gobierno que encabeza Alberto Fernández es acercarse fuertemente a ese techo potencial antes de que concluya esta gestión presidencial.
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Un Hidrógeno Verde no tan verde

 


Ambientalistas de Río Negro cuestionan el proyecto Hidrógeno Verde

Fecha de Publicación
: 23/05/2022
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro


Entre otros temas plantean que incluye área natuales protegidas y que desconoce la "propiedad territorial" de las comunidades indígenas originarias.
Las Asambleas del Curru Leufu, que nuclea a distintas organizaciones socio-ambientales de la provincia, iniciaron una campaña con el nombre «HidrógeNO: La meseta no se toca» para oponerse a la instalación de la planta que se proyecta para Sierra Grande.
Según los organizadores el objetivo es «brindar información a la población sobre las cosecuencias ambientales y sociales que conllevará la implementación del megaproyecto de Hidrógeno Verde en Río Negro» y «visibilizar aspectos del emprendimiento que serán perjudiciales para la diversidad biológica presente en los territorios y la población».
Agregaron que «este proyecto de gran expansión territorial es realizado sin consulta a las comunidades mapuche y no es una solución para nuestro país, sino un emprendimiento destinado a Europa. Desde los sectores gubernamentales, empresariales y los medios masivos de comunicación, se promueve un discurso que oculta información imprescindible para el posicionamiento autónomo de la ciudadanía rionegrina».
Los ambientalistas cuestionan que se desarrollará en las área protegidas Meseta de Somuncura, Complejo Islote Lobos y Puerto Lobos, que «la exportación de hidrógeno verde se realizará en forma de amoníaco y este resulta altamente tóxico y corrosivo para los ecosistemas costeros marinos».
También se oponen a la cesión de más de 600.000 hectáreas «desconociendo» que son «propiedad territorial que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias» y alertan que el proyecto «va a generar puestos de trabajo solo al principio y dentor de 5 años».
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Ambiente ya trabaja en el próximo reporte de emisiones

 


Ambiente organizó un encuentro de cara al próximo reporte de emisiones de gases de efectos invernadero

Fecha de Publicación
: 21/05/2022
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Nacional


La jornada se realizó en el marco del proyecto “Cuarto Informe Bienal de Actualización de la República Argentina”, que cuenta con financiamiento del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF, por su sigla en inglés) y se desarrolla junto al Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, a través de la secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, Cecilia Nicolini, llevó a cabo un encuentro que buscó coordinar criterios de mejora en los sistemas de información y monitoreo para la elaboración del próximo Informe Bienal de Actualización de la República Argentina (BUR, por su sigla en inglés).
Durante la apertura, Nicolini expresó: “Es muy grato participar hoy en este encuentro, que da cuenta del trabajo que se viene haciendo hace mucho tiempo y refleja, también, la importancia de la agenda ambiental y climática en el desarrollo de nuestras políticas públicas”.
Además, Nicolini destacó los esfuerzos que se vienen llevando a cabo para dar respuesta a las urgencias de la crisis climática y mencionó: “Las políticas climáticas expresan un proceso de debate y consenso sobre el modelo de desarrollo sostenible que queremos de acá a 20 o 30 años. Estas políticas de Estado se manifiestan no solamente en los compromisos internacionales que hemos asumido, sino también, a través de diferentes leyes que estamos impulsando y trabajando en el territorio nacional, como la Ley de Educación Ambiental Integral y la Ley Yolanda”.
Nicolini también hizo referencia al trabajo que llevan a cabo desde la Secretaría que conduce y explicó: “Estamos trabajando con el equipo del GNCC en la elaboración del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, donde plasmamos las medidas que nos van a permitir cumplir los compromisos que asumimos en nuestra Contribución nacional, y también con la Estrategia a largo plazo para poder alcanzar la carbono neutralidad a 2050”.
“Es fundamental que todos estos instrumentos se puedan trabajar de manera abierta y participativa, y que podamos hacer una estimación de cuál va a ser el costo que vamos a tener que afrontar para cumplir con nuestra Contribución”, sumó la funcionaria.
“Un elemento clave de la planificación climática es el diagnóstico, y en ese sentido, la información que nos proporciona el BUR nos permite identificar cuáles son los caminos que queremos seguir, cuál es la situación actual, cuáles son los obstáculos y los desafíos que tenemos para cumplir con estas metas”, finalizó la secretaria.
“Todo lo que nos permita generar información sobre nuestras emisiones es fundamental y la actualización constante de esa herramienta también es muy importante para poder cumplir no solamente con nuestros compromisos internacionales, sino también hacia adentro, en estos programas y en los esfuerzos que llevamos adelante para profundizar la sostenibilidad ambiental”, culminó la secretaria.
Cabe mencionar que a través de la ley n.º 24295, la Argentina ratificó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y asumió una serie de obligaciones. Entre ellas, la de informar sus inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, los programas nacionales que contengan medidas para mitigar y facilitar la adecuada adaptación al cambio climático, como así también, cualquier otra información relevante para el logro del objetivo de la CMNUCC. De esta manera, nuestro país elevó el primer Informe Bienal de Actualización en el año 2015, el segundo en el año 2017 y el tercero en 2019.
Asimismo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, elaboró y presentó el cuarto Informe Bienal de Actualización en diciembre de 2021.
También estuvieron presentes durante el encuentro por parte de la cartera ambiental nacional, la directora nacional de Cambio Climático de la cartera ambiental nacional, Florencia Mitchell, el director general de Proyectos con Financiamiento Externo y Cooperación Internacional, Martín Illescas; y la coordinadora del programa BUR 4, Eluney Deliens; por parte del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la coordinadora del Programa de Ambiente y Desarrollo Sostenible, María Eugenia Di Paola, y la oficial de Programa, Carolina Robles.
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Ya hay manifestaciones contra iniciativa de Malargüe

 


Primera manifestación antiminera tras la iniciativa de Malargüe

Fecha de Publicación
: 21/05/2022
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza


Se hizo frente al Hyatt donde se está desarrollando un foro minero en el participan empresarios y funcionarios. Se oponen al proyecto de zonificación que reclama el intendente Juan Manuel Ojeda. Prometen nuevas movilizaciones contra ese pedido de excepción a la ley 7722.
Las asambleas por el Agua hicieron esta mañana su primera manifestación luego de que el intendente de Malargüe Juan Manuel Ojeda dijera públicamente que quiere que en su departamento sea habilitado para desarrollar la minería sin las excepciones previstas en la ley 7722. La movilización fue frente al Park Hyatt Mendoza donde hoy se inició el Foro Metalmecánica y Minería, hacia un desarrollo sostenible que está organizado por Asinmet (Asociación de Industriales Metalúrgicos), la CAMEM (Cámara de Empresarios Mineros de Mendoza y la CAC (Cámara Argentina de la Construcción).

"Las asambleas sabemos que el agua no se zonifica y que en todo el territorio mendocino no hay licencia social para la megaminería", advirtieron en un comunicado que se difundió esta mañana. En ese sentido, aseguraron que la iniciativa de Malargüe de hacer minería  puede afectar a toda Mendoza ya que consideran que los ríos,que podrían contaminarse por el uso de sustancias químicas en la actividad, no se cortan en un departamento sino que la provincia está compuesta por "cuencas hídricas" , es decir áreas comunes donde el agua drena en un punto común.
En el Foro de Metalmecánica no sólo disertaron empresarios mineros sino que también funcionarios como Emilio Guiñazú, a cargo del proyecto Potasio Río Colorado y el propio Ojeda.

Las asambleas prometen más manifestaciones en los próximos días y rememoran las movilizaciones de diciembre de 2019 donde, advierten "el pueblo mendocino ya dijo que el agua de Mendoza no se negocia".    
Desde el departamento del sur provincial se ha vuelto a poner sobre la mesa la discusión minera por el revés de Portezuelo del Viento. El intendente Juan Manuel Ojeda expresó su malestar por la falta de empleo que hay en el municipio y la apuesta que significaba para la comuna la concreción de la ansiada obra hidroeléctrica. Ante ese escenario, apuntó a la minería como el salvavidas que necesita el municipio.
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Argentina tendrá una planta 100% nacional de baterías de litio

 


El país tendrá una planta 100% nacional de baterías de litio

Fecha de Publicación
: 20/05/2022
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional


La primera planta nacional de desarrollo tecnológico de celdas y baterías de ion litio «entraría en funcionamiento antes de 2023», para lo cual ya fue encargado el equipamiento que deberá llegar en los próximos meses al país, para avanzar en el proyecto que desarrollan el Conicet, la empresa Y-TEC y la Universidad Nacional de La Plata, en cuyo predio se avanza en la construcción de la obra civil.
El presidente de esa universidad, Fernando Tauber, indicó que ya se concretó la compra del equipamiento que se espera que arribe al país durante el último cuatrimestre del año; a la vez que se trabaja en la posibilidad de garantizar el autoabastecimiento para las materias primas que insumirá la planta, que busca promover el desarrollo y utilización de energías limpias en la región.
Tauber realizó este anuncio en el Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas (Inifta), durante el lanzamiento del curso de formación para operarios de planta de producción de celdas de ion Li. Allí adelantó que, si se cumplen los plazos previstos para la entrega de los equipos, la fábrica entraría en funcionamiento antes de 2023.
La planta de desarrollo para la fabricación de celdas y baterías de ion litio estará emplazada en el Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica, ubicado en diagonal 113 entre 64 y 66, de La Plata, un predio que reúne viejos galpones de la ex Obras Sanitarias, y que la Universidad viene remodelando para concentrar distintas iniciativas tecnológicas y de producción.
Félix Requejo, director Científico de la planta y director del Inifta, explicó que «la planta constituye la primera experiencia de tecnología cien por ciento nacional para la fabricación de celdas de ion litio en Argentina».
«Hace tiempo se comenzaron a advertir anuncios sobre el desarrollo de diversas iniciativas para la fabricación de baterías de litio en el país orientadas a múltiples aplicaciones. En todos los casos, se trata del ensamblado de celdas importadas para la confección de esas baterías», detalló.
Requejo destacó que «este proyecto, en cambio, se enfoca en la fabricación misma de las celdas, escalando el «know how» alcanzado desde sus aspectos básicos -como la síntesis de los materiales activos empleados para los electrodos de las celdas- para instalar una tecnología propia para la fabricación de celdas. De esta manera se elimina la importación de las mismas para generar un producto de alto valor agregado donde interviene el recurso natural del litio».
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Grave situación de los residuos tóxicos del fracking

Vaca muerta: se detectan graves irregularidades en los residuos tóxicos del fracking

Fecha de Publicación
: 20/05/2022
Fuente: tramas.ar
Provincia/Región: Neuquén


El allanamiento de la Fiscalía de Neuquen que reveló la escandalosa situación, fue solicitada en el marco de una causa judicial iniciada contra la empresa Comarsa

Comunicado de Prensa de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas

Por primera vez en el marco de la causa iniciada en diciembre de 2020, fue allanado el interior de las plantas donde están depositados los residuos petroleros de Vaca Muerta. El relevamiento in situ fue llevado adelante por la Fiscalía de Neuquén y se dio en el marco de la investigación penal iniciada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas. La causa investiga el escandaloso negocio millonario de los basurales petroleros en Vaca Muerta, al denunciar penalmente a la empresa COMARSA por acumular residuos peligrosos en las dos plantas inspeccionadas: Neuquén y Añelo.
Enormes irregularidades fueron constatadas en dicho allanamiento, con flagrantes violaciones a lo que la ley penal en materia de residuos peligros, dentro de los que se encuentra la “basura petrolera”. Una clase especial de residuo clasificado como “peligroso” puesto  que contiene restos radiactivos y metales pesados. También se encontró suelo empetrolado, líquidos con aceite y líquidos con petróleo, cuyo origen no se encuentra registrado. La planta se encuentra, ya desde hace varios años, en su límite de capacidad de procesamiento, lo cual implica que los residuos provenientes del fracking no deberían ser nuevamente incorporados en esta cadena de procesamiento.
En el allanamiento participaron la Ingeniera Cecilia Bianco, del área tóxicos de Taller Ecologista y el investigador Martín Alvarez Mullaly, del Observatorio Petrolero Sur. Bianco es una de las autoras del informe “La Basura del Fracking en Vaca Muerta”, que sistematiza la evidencia que ratifica la entidad, gravedad y cantidad de conductas irregulares detalladas cometidas por la empresa COMARSA y sobre el cual brindó testimonio formal ante el organismo fiscal. Al concluir el allanamiento, enfatizó: “La ausencia de información es escandalosa, incluso en las actas de inspección que se hicieron en ambas plantas. El control de napas, sin pozos freatímetros, es tan solo uno de los múltiples residuos peligrosos que deben tener un seguimiento exhaustivo por ley.”
Por su parte, Rafael Colombo, letrado impulsor de la denuncia en representación  de la Asociación de Abogados/as Ambientalistas, tuvo oportunidad de volver a recorrer las inmediaciones de las plantas pertenecientes a la empresa Comarsa: “Presentamos la denuncia hace poco más de 12 meses y la situación no ha cambiado. La basura del Parque Industrial de Neuquén continúa expuesta a cielo abierto. Impresiona aún el descomunal volumen de residuos allí acumulados. También persiste el riesgo que recae sobre una comunidad de vecinos/as lindantes a la planta, no observándose presencia alguna del estado para prevenir potenciales daños sobre la salud de las familias que allí viven en condiciones de vulnerabilidad”.

La denuncia penal presentada en diciembre de 2020
El allanamiento fue requerido por la Fiscalía especializada en Delitos Ambientales del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Neuquén, en el marco de la investigación en curso que pesa sobre Comarsa, las corporaciones petroleras que operan en Vaca Muerta y los funcionarios públicos del estado provincial.
En diciembre de 2020, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas reveló el escandaloso negocio millonario de los basurales petroleros en Vaca Muerta, al denunciar penalmente a la empresa COMARSA por acumular residuos peligrosos en sus plantas de Neuquén y Añelo; a las compañías petroleras como YPF, Shell, Chevron, entre otras, por producir esos residuos en el marco de las perforaciones – fracking mediante – para extraer hidrocarburos no convencionales; y a los funcionarios públicos del gobierno provincial responsables.
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Avanza monitoreo del aire en Gualeguaychú

 


UPM-Botnia: Piaggio y Cabandié firmaron un acta de entendimiento para el monitoreo del aire

Fecha de Publicación
: 20/05/2022
Fuente: Minicipalidad de Gualeguaychú
Provincia/Región: Entre Ríos


Esta tarde, en el ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación el intendente y el ministro acordaron avanzar en la puesta en funcionamiento de la estación de monitoreo continuo de calidad del aire
El intendente Dr. Esteban Martín Piaggio y el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, acompañado por Soledad Cantero, jefa de Gabinete del Ministerio, Sergio Federovisky, secretario de Control y Monitoreo Ambiental, y Jorge Etcharrán, subsecretario de Fiscalización y Recomposición firmaron un acta de entendimiento para articular acciones de monitoreo de calidad del aire.
De esta manera, se avanzará en la puesta en funcionamiento de la Estación de Monitoreo Continuo de Calidad del Aire en Gualeguaychú con equipamiento que cumpla con la normativa de referencia de la agencia estadounidense de Protección Ambiental. Cabe destacar que, se iniciará el proceso técnico y administrativo para la transferencia del dominio de los equipos al municipio.
El arreglo de los equipos para la puesta en marcha de la estación será financiado por el Ministerio de Ambiente nacional y las tareas de control del aire serán realizadas por el municipio, para lo que se contará con el trabajo de dos profesionales de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
“Quiero agradecer al gobierno nacional y en especial al ministro Cabandié y su equipo. Seguimos avanzando para poner en funcionamiento la Estación de Monitoreo Continuo de Calidad del Aire en la ciudad” afirmó el intendente “En poco tiempo con este acompañamiento vamos a poder saldar esta deuda histórica con nuestro pueblo  y sus luchas ambientales. Siempre nos encontrarán trabajando para cuidar el ambiente y la salud de cada vecina y vecino”.
En tanto que el ministro Juan Cabandié afirmó “Trabajamos de manera federal para fortalecer las políticas ambientales en todos los municipios del país”, y concluyó “desde el gobierno nacional vamos a invertir en el equipamiento necesario para que Gualeguaychú pueda monitorear el aire y conocer más cabalmente sobre la situación vigente”
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Presentaron 'Mapa Trash', el mapa la basura en el país

 


Un proyecto que pone en el mapa la basura de todo el país

Fecha de Publicación
: 19/05/2022
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Nacional


"Mapa Trash" geolocaliza basurales, rellenos sanitarios y plantas de tratamiento, además de composteras comunitarias y centros de reciclaje. Lo presentaron en Rosario
 La basura es eso que "se saca" y no solo "se saca" de las casas a los contenedores, sino también de los límites de las ciudades. A los residuos se los manda desde siempre "afuera", si puede ser más allá de las ciudades que los producen, mejor. Terminar con esa invisibilización para repensar las políticas públicas sobre el destino de los desechos que las urbes producen, sobre todo en los grandes centros urbanos como Rosario, es uno de los objetivos de Mapa Trash, un proyecto que pone en el mapa de todo el país y geolocaliza basurales a cielo abierto, rellenos sanitarios y plantas de tratamiento de residuos sólidos urbanos, además de composteras comunitarias y cooperativas y centros de reciclaje. Aunque aún está en construcción, la iniciativa del sitio Escritura Crónica ya está accesible en línea y este lunes se presentó en Rosario.
"Trash. El camino de la basura" fue el primer documental interactivo sobre los residuos en la Argentina y de algún modo, la génesis del mapa que Agustina Grasso, periodista ambiental, realizadora e integrante de Escritura Crónica presentó en el Centro Cultural Roberto Fontanarrosa en el marco del ciclo de Ecología y junto al Taller Ecologista.
"Fue a partir de ahí que la gente empezó a preguntar qué pasaba con la basura en sus ciudades y se generaron inquietudes que nos llevaron hacer, a partir de la investigación para el documental que tiene diez años de trabajo, una herramienta como el mapa que intenta ser además una herramienta para las personas y las mismas van colaborando en su construcción a partir del envío de mucha información", contó Grasso a La Capital.

También una herramienta de presión
Si bien se trata de información de acceso público, hasta ahora no estaba construida una herramienta de mapeo de este tipo que concentre en detalle no solo de basurales a cielo abierto, rellenos sanitarios y plantas de tratamiento de residuos sólidos urbanos, sino además de los proyectos que buscan llevar soluciones al problema del tratamiento de los residuos, como son en muchas ciudades las composteras comunitarias y cooperativas y centros de reciclaje.
Grasso estimó que a nivel nacional son unos 200 "los basurales más problemáticos" y las imágenes satelitales muestran que la mayoría están cercanos a cauces de agua, rutas (tapan la visibilidad con las humaredas e implican un peligro vial) e incluso poblaciones.
"Hay una idea que es cultural y es la de llevar la basura lejos, pero eso además de los problemas que conlleva en sí mismos, genera una ignorancia ambiental que hace que la gente tenga grandes confusiones, como seguir pensando que la basura aún se quema", continuó.
Así, el mapa busca ser una herramienta informativa y un lugar donde se pueda encontrar soluciones y cambiar hábitos: además de los basurales se puntualizan las cooperativas de reciclado y los sitios donde funcionan composteras comunitarias.
Con todo eso, Mapa Trash no deja de ser en un elemento más que "permita empujar políticas públicas", indicó la periodista y agregó: "En materia ambiental la información no siempre es clara y solo desde la información y el dato duro, se puede ejercer ese tipo de presión".

La basura en el escenario local
Mirko Moskat es referente del Taller Ecologista y trabaja sobre la problemática de los residuos. En el caso de Rosario, afirma que los basurales a cielo abierto y rellenos sanitarios que existen en la región no escapan de las características de las de los centros urbanos del resto del país.
"El basural de Villa Gobernador que fue saneado y reconvertido, como se señala en el mapa, estaba a orillas del Saladillo; el de Pérez está atravesado por el Arroyo Ludueña y si bien el de Ricardone no está tan cerca de un curso de agua, tiene canales en los campos que lo rodean que terminan en el Canal Ibarlucea y de ahí en el Ludueña, con el riesgo que implica que los líquidos de estos lugares lleguen a los cursos de agua", explicó.
Pero además recalcó la histórica decisión de "sacar" de los límites de la ciudad la basura, "algo que además como en muchos lugares del país provoca lo que se llama injustica ambiental y es que otras poblaciones tienen que soportar el impacto de los residuos que no generan".
"En Rosario y la región la mayoría de los residuos producidos terminan en rellenos sanitarios y basurales, incluso desde hace 19 años Rosario envía casi todos sus residuos al relleno de Ricardone, una enorme montaña de basura", señalan desde el Taller Ecologista, volviendo a remarcar el fracaso de la ordenanza Basura Cero, sancionada en 2008.
"Hoy la ciudad entierra más que residuos que en aquel momento", recalcaron, señalando un escenario que incluso a nivel metropolitano es "desalentador" y así lo dejó asentado el Ente de Coordinación Metropolitana de Rosario (Ecom) en su último informe, donde deja remarcadas las limitaciones de las políticas de reciclaje que también aparecen en el mapeo nacional.
"Hay muy poco y muy concentrado en la periferia de la ciudad", señaló Moskat y agregó que "deberían poder pensarse en estrategias de tratamiento de residuos más descentralizadas y en toda la ciudad, en centros de clasificación y pequeñas plantas de composta, todo lo contrario a la lógica centralizadora de la gestión".
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Rewilding Argentina cumplió 15 años en Corrientes

 


La historia de la osa hormiguera que inició la reintroducción de especies en el Iberá

Fecha de Publicación
: 19/05/2022
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes


Ivoty Porá fue la osa que más crias dejó en el Parque del Iberá. Hoy la Fundación Rewilding celebra 15 años de trabajo y compartió su historia.
La Fundación Rewilding Argentina que se ocupa de la reintroducción de especies en el Parque Nacional y Provincial Iberá contó este domingo la historia de Ivoty Porá, el oso hormiguero que inició el proceso hace 15 años.
El oso hormiguero fue el primer animal que reintrodujeron en el paraíso natural correntino en el año 2007.  "La reintroducción del oso hormiguero gigante allanó el camino para trabajar con otras especies",  aseguraron desde Rewilding.  El nombre de la primera osa hormiguera después de tantos años en el paraíso correntino es Yvoty Porá o flor linda en Guaraní.
"En el año 2005 teníamos que elegir una especie para comenzar el proyecto de reintroducción en el Iberá. Optamos por el oso hormiguero porque consideramos que era la especie más facil y menos conflictiva", explicó Ignacio Giménez Pérez, coordinador de Rewilding.
Según indica el profesional, los osos hormigueros fueron capaces de generar interesantes emociones para con los humanos. "Tienen la capacidad de generar empatía y abrir el corazón de los hormigueros", sostiene.
En ese sentido, en relación a Ivoty Porá, otro de los profesionales admite que la embajadora del proyecto fue ella. "Su historia comienza como la de tantos otros osos hormigueros del norte argentino. Siendo una osita huérfana producto del tráfico de fauna", comenta Gustavo Solis, Coordinador de Incorporación de Individuos de la fundación.
Según relató, se había criado en el patio de la casa de una familia en Palpalá, Jujuy. Por esa situación no era la mejor candidata para el proyecto."Pero decidimos darle una oportunidad. Por eso, nos devolvió el favor dejando la mayor trascendencia registrada en la historia del proyecto", destacó Solís.
Por otro lado, otra de las experiencias que relataron sus cuidadores es que no se dejó puesto el collar de ubicación y se lo quitaba constantemente. Yamil Di Blanco, investigador, relató que: "Una de las cosas más interesantes es que a los pocos meses de estar suelta se sacó el collar que nos permitía localizarla. Por suerte, era un animal criado con alimento artificial lo que nos facilitó el trabajo para encontrarla. Cuando la encontramos, volvió a sacarse el collar y continuamos el monitoreo solo con cámaras trampas".
El primer bebé de Ivoty Porá llegó meses después mientras Yamil recorría la zona en busca de unos osos."La vi con una cría en el lomo y no lo podía creer. Lo chequeamos con las cámaras y efectivamente, así trajo al mundo la especie reintroducida al Iberá",  relató con emoción.   En total tuvo 7 osos hormigueros en el Iberá y vivió hasta los 15 años.
"Hoy le rendimos especial homenaje a Yvoty porá, el primer ejemplar liberado en Iberá en el marco de estos proyectos, donde ya cientos de osos caminan libres en los 5 núcleos poblacionales de esta especie", resaltaron.

15 años de trabajo en Corrientes
Rewilding Argentina es una fundación creada para enfrentar y revertir la extinción de especies y la degradación ambiental resultante, para recuperar la funcionalidad de los ecosistemas y fomentando el bienestar de las comunidades locales.
Creada en el año 2010 por conservacionistas argentinos, Rewilding Argentina es heredera del legado de Tompkins Conservation. Trabaja de forma mancomunada con el Estado nacional y los gobiernos provinciales, organizaciones conservacionistas y sociales nacionales e internacionales y filántropos argentinos y extranjeros.
"Hace 15 años comenzó la intrépida hazaña de devolverle al Iberá parte de las especies que le fueron extirpadas. En el camino se sumaron numerosos aliados en Corrientes y en el mundo, mientras se formó un equipo proactivo con una meta clara y ambiciosa: ayudar a revertir la crisis de extinción a través del rewilding", contaron desde la fundación internacional en sus redes sociales.
"Hoy el Proyecto Iberá se consolida como el mayor proyecto de reintroducción de especies de América, con 9 especies que están volviendo al Gran Parque Iberá a través del rewilding", sostuvieron.
"Desde un principio no fue solo un proyecto de reintroducción de especies, sino también de creación de áreas protegidas y de desarrollo local, planteado de una forma en la cual se beneficien también las comunidades locales aledañas a los esteros a través de actividades económicas relacionadas con el turismo de naturaleza", cerraron.
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Sin licencia social no habrá paz social

 


Minería: sin licencia social no habrá paz social

Fecha de Publicación
: 19/05/2022
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional


Dos episodios de la semana pasada muestran la necesidad de avanzar en un mecanismo que garantice la consulta a las comunidades en cuestiones ambientales, tal como lo establece el Acuerdo de Escazú.
El lunes 2 de mayo se realizó en la ciudad de Buenos Aires la primera Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad (Memac), promocionada por el Gobierno como “un espacio para el diálogo público, constructivo y federal sobre minería”.
Al otro día, el martes 3 de mayo, la Policía de Catamarca reprimió a asambleístas reunidos en Choya, en la localidad de Andalgalá. Hubo varias personas heridas trasladadas al hospital zonal y una vecina manifestante fue detenida (Karina Orquera) y liberada al día siguiente.
La minería es una de las actividades que mayor controversia genera en todo el continente. Tanto que encabeza el ranking continental de conflictividad socioambiental en América Latina y el Caribe, con 324 conflictos, casi el 35 por ciento de un total de 937 relevados (datos de diciembre de 2020). Los riesgos ambientales y la distribución de beneficios y perjuicios son parte de las denuncias de organizaciones especializadas y movilizan a las comunidades afectadas.
En muchas ocasiones los conflictos se producen tras la instalación del emprendimiento, ante hechos consumados, que quienes impulsaban la empresa, o sus expertos consultores, negaban enfáticamente que pudieran ocurrir. Es el caso del derrame de cianuro en Veladero, en la provincia de San Juan, que sacudió a la Argentina en 2015 y se ha convertido en emblemático.
La experiencia de la consulta. En la Argentina son numerosas las situaciones de conflicto socioambiental producidas por la megaminería, y las comunidades de distintos puntos del país -así como las organizaciones ambientales- acreditan una larga experiencia que se enriquece con cada nuevo conflicto. No obstante, desde los referendos de Esquel (hace casi veinte años) y de Loncopué (del que se cumplirán diez años el próximo 3 de junio), el poder político y los sectores empresariales no parecen haber aprendido demasiado.
En esos dos casos, la movilización social logró arrancar a los poderes públicos un proceso virtuoso de “licencia social”. ¿Por qué digo “virtuoso”? Porque el reclamo vecinal logró que se llevara adelante un mecanismo secuencial que proporciona los rasgos fundamentales de un proceso de licencia social:
- primero, la disposición de toda la información al alcance de la ciudadanía posiblemente afectada;
- segundo, la deliberación de la ciudadanía con participación de técnicos, científicos, juristas y demás personas expertas para esclarecer las diferentes posiciones confrontadas;
- tercero, tras un plazo razonable, una consulta popular o referéndum, para que la ciudadanía se exprese por “sí” o por “no” respecto del emprendimiento;
- cuarto, el poder político debe convalidar la decisión ciudadana y actuar en consecuencia.
En ambos casos la población rechazó los proyectos mineros por mayorías abrumadoras. En Esquel, con el 81 por ciento y en Loncopué, con el 82 por ciento de los votos. Algo parecido ha ocurrido con procesos similares en todo el continente: en los últimos veinte años se realizaron cerca de cien consultas populares sobre minería metálica en diferentes países de América Latina. Todas dijeron “no”. Todas. Los emprendimientos mineros no han ganado una sola. Esa es la razón por la que los poderes reales no quieren “licencia social”: cuando deben explicar a las comunidades con sencillez lo que quieren hacer, parece que no hay modo de convencerlas. Aun en condiciones socioeconómicas complicadas (como Esquel por aquellos años) las poblaciones no se muestran proclives a permitir el avance de proyectos que amenazan con la destrucción del ambiente.
Hechos consumados. Sin embargo, pese a los tratados internacionales que el país ha firmado en el medio, los poderes políticos de la Argentina no han hecho nada por convertir esos compromisos en normas jurídicas. Al contrario: la política sigue siendo la de hechos consumados. Por eso los conflictos continúan, y lo seguirán haciendo.
El más reciente tuvo como epicentro (todavía irresuelto) la provincia de Chubut, que se vio sacudida por el cambio de rumbo de un gobernador que en campaña se oponía a la “minería contaminante” y ya en funciones cambió brutalmente su posición para impulsar un proyecto que generó rechazo en sectores sociales, ambientales y académicos.
Pero lo que ocurrió la semana pasada fue de alto simbolismo: apenas un día después de lanzar las “Memac” en la ciudad de Buenos Aires, presentadas como “encuentros federales en donde todos los actores involucrados en la minería pueden debatir en base a información fidedigna” (y cuyo objetivo declamado es “potenciar una minería que cuida el ambiente, genera puestos de trabajo, mejora las comunidades donde se inserta y es clave para el desarrollo productivo nacional”), en Catamarca fueron reprimidas y encarceladas por unas horas personas que se oponen a la minería y cuyas voces no son incluidas en ninguna de esas mesas.
Fue en Andalgalá, donde asambleístas de la comuna de Choya -que tiene menos de 500 habitantes- denunciaron que fueron víctimas de una represión policial destinada a desalojarlos cuando protestaban e impedían el paso de camiones con maquinaria y combustible para el proyecto minero de exploración de la empresa Agua-Rica.
Preguntas y respuestas. ¿Esas mesas –las Memac– pueden ser el mecanismo que explore un diálogo social que apunte a una minería sustentable? La respuesta es negativa. Las mesas impulsadas por el gobierno (al menos la del lanzamiento, lo cual es ilustrativo del espíritu que las anima) no prevén la presencia de personas expertas del lado “crítico” de la experticia, es decir aquellas que fundamentan por qué la minería no puede ser sustentable. Tampoco incluyen a las comunidades que se verían afectadas al ser en sus territorios donde se llevarán a cabo los proyectos anunciados.
Tal es el llamativo diálogo que proponen, al que (más llamativamente) califican como “federal”, término remarcado en dos ocasiones. Pero ¿cómo se puede hablar de “diálogo federal” y no incluir a las comunidades que recibirán el impacto de los emprendimientos que se impulsan? ¿En qué pensarán las autoridades del Ministerio de Desarrollo Productivo cuando usan la palabra “federal” en este contexto, cuando ni siquiera se les ocurre que las comunidades deberían formar parte de ese diálogo?  
En cambio, sí invitaron a participar a un par de organizaciones ambientales. Para muchos sectores del movimiento ambiental fue una sorpresa desagradable encontrar sentadas allí a dos organizaciones como Eco House y Jóvenes por el Clima, agrupaciones juveniles con una trayectoria de lucha destacada y valiosa, y con posiciones definidas en contra de la megaminería.
Miradas contrapuestas. Ambas organizaciones comenzaron a recibir durísimas críticas (algunas de ellas muy injustas) por haber sido parte del lanzamiento de las Memac. Y cuando un día después llegó la noticia de la represión en Catamarca (primero por Whatsapp y redes sociales, y luego con algún módico impacto nacional) las dos entidades juveniles salieron públicamente a difundir su postura en una suerte de doloroso descargo.
Es que el movimiento ambiental, como cualquier otro campo de actividad humana, no es homogéneo: conviven en él matices y posiciones contrapuestas, y a veces las discusiones son duras y afiladas. También en el ambientalismo se observa con frecuencia la conducta que caracteriza a sectarismos de otros ámbitos: a la primera divergencia se cancela, o se condena “ad hominem”. Desde “traidores”, “alcahuetes” y “colaboracionistas” hasta “ingenuos”, les dijeron de todo.
Jóvenes por el Clima emitió un comunicado titulado “Dijeron diálogo, eligieron represión”. Allí explicaron que asistieron a la Mesa porque “creemos fundamental avanzar en la construcción de políticas activas que integren los reclamos de la sociedad civil, la juventud y las comunidades afectadas por la actividad minera”. Pero aclararon que esa tarea “está muy lejos de ser una realidad”. Algo similar dijo Eco House en sus redes.
También se quejaron de que las coberturas de los medios no reflejaron sus exposiciones, en las que marcaron “la inconsistencia en la constitución de la mesa, que jamás será posible sin esas voces” (las de las comunidades afectadas). Tienen razón: la difusión del encuentro reveló la intención de utilizarlos como una presencia legitimadora, al no hacer referencia a las exposiciones de las dos organizaciones juveniles, lo que significó nafta al fuego de las diferencias internas en el campo ambiental.
Para despejar dudas, Jóvenes por el Clima remarcó que “un día después del evento, el pueblo de Andalgalá recibe garrotes policiales y violencia institucional como respuesta a sus reclamos”. Y apuntaron hacia el ministro: “Matías Kulfas publicó una foto reivindicando al responsable de la represión en Catamarca burlándose de las comunidades abiertamente”.
Quizás hubo ingenuidad en las organizaciones juveniles al asistir o en su demora en difundir el discurso con el que participaron del diálogo: ambas dejaron claro allí mismo que no estaban en representación de las comunidades, que estas debían ser incluidas en las mesas de diálogo, y expresaron su rechazo a la megaminería.
¿Qué dice el Acuerdo de Escazú? Un detalle que es preciso enfatizar: iniciativas como la Mesa impulsada por el ministro Kulfas -y avalada por el Ministerio de Ambiente- desoyen el Acuerdo de Escazú, que fue ratificado por el Congreso de la Argentina a fines de 2020.
Ese Acuerdo (cuyo nombre formal es “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”) establece en su artículo 7° “el derecho de la ciudadanía a participar en la toma de decisiones ambientales cuando existan acciones que puedan tener un impacto sobre el medio ambiente o la salud de la población”. Ese artículo consta de 17 incisos con un nivel de detalle inédito acerca de las formas en que se debe garantizar esa participación, ya sea a través de “consulta o audiencia pública”.
Adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, es el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe y fue firmado por 24 de los 33 países de la región. Y como desde la reforma constitucional de 1994 los acuerdos en materia de derechos humanos que la Argentina firma tienen jerarquía constitucional, el de Escazú tiene la misma validez que cualquier otra disposición de la Constitución Nacional.
En otras palabras, cada proyecto minero (o de cualquier otro tipo que pueda tener “impacto en el ambiente o la salud de la población”) que no consulte a la comunidad potencialmente afectada, es inconstitucional. Y no hay mesa de diálogo (amplia o no, sincera o no) que pueda reemplazar ese derecho ni disimular esa violación a la máxima ley argentina. Va siendo hora de entenderlo, de enterarse, de empezar a exigirlo.
Ese principio (la obligación de consultar a las comunidades que se puedan ver afectadas) se llama “licencia social”. Y mientras no haya licencia social, como dicen las banderas ambientales desde hace años, no habrá paz social. En minería, o en cualquier otro asunto que involucre el ambiente o la salud de las comunidades.


Por Américo Schvartzman
Licenciado en Filosofía y periodista. Integra la cooperativa periodística y cultural El Miércoles, de Entre Ríos.
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Nación actualizó las multas por contaminación

 


Actualizan las multas por contaminación ambiental

Fecha de Publicación
: 18/05/2022
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible anunció la actualización de los montos de las multas a establecimientos que contaminan cursos de agua o provocan perjuicios a las instalaciones cloacales que rondarán entre los 100 mil hasta el millón de pesos.
La directora de Infracciones Ambientales, Paula Rosana Villani, desde la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental, a cargo de Sergio Federovisky, impulsó la creación de la unidad fija (UF) como medida para la determinación de las infracciones que se cometan en violación de la Ley 13.577, cuyo valor será equivalente al de la unidad retributiva al Sistema Nacional del Empleado Público (SINEP), que desde abril de 2022 asciende a la suma de $104 cada unidad.
De este modo, y mediante el decreto 241/22, publicado el 6 de mayo pasado, se determinaron los montos mínimos, “graduadas de acuerdo a la peligrosidad y cantidad del vertido”, precisó el Ministerio.
En este marco normativo, los establecimientos que “descarguen vertidos sin autorización o que no se registren ante la cartera ambiental a los fines de su empadronamiento serán pasibles de una multa mínima de 10.000 UF”, lo que en la actualidad equivale a 1.040.000 pesos.
Por su parte, aquellos que efectúen vertidos no tolerados podrán recibir una “multa mínima de 2.000 UF” y los establecimientos que descarguen vertidos de “cualquier actividad directa o indirectamente en la vía pública y napas freáticas serán pasibles de una multa mínima de 3.500 UF”.
En tanto, aquellas empresas que “omitan presentar en término la declaración jurada anual podrán recibir una sanción mínima de 1.000 UF --104.000 pesos- -y los que incurran en omisión o falsedad de datos en la misma, de modo tal que esto oculte la existencia de actividad contaminante, serán pasibles de una multa de 2.500 UF”.
Esta iniciativa busca que la multa mantenga su carácter disuasivo en el transcurso del tiempo y genere un mecanismo de actualización automática de los montos con el objetivo de evitar el impacto ambiental asociado a la contaminación hídrica en todas sus etapas.
El documento oficial publicado por el Boletín Oficial argumenta que “los importes de las multas en cuestión han quedado desactualizados y obsoletos y perdieron su facultad punitiva en relación con el daño causado” ya que la última actualización databa del año 1992 y establecía multas máximas de $ 50.000 para las personas humanas o jurídicas que no cumplieran con las obligaciones establecidas y de $100.000 para el caso de los establecimientos industriales.
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