El Senado introducirá cambios al proyecto de ley que regula el uso de agroquímicos

Fecha de Publicación:13/12/2024
Fuente: APFDigital
Provincia/Región: Entre Ríos


En una reunión conjunta de las comisiones de Producción, Ambiente y de Salud Pública de la Cámara de Senadores, los legisladores introdujeron una serie de modificaciones al proyecto que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. Se introdujeron modificaciones al artículo referido al uso de cortinas vegetales, hubo cambios para mejorar la interpretación de la normativa y se modificó el orden del articulado, entre otras cuestiones.
El encuentro se realizó este martes por la mañana en la Sala de reuniones de Comisiones Legislativas, en el segundo piso de la Casa de Gobierno.
Estuvieron presentes los representantes de Gualeguay, Concordia, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Diamante, Federación, Colón, Gualeguaychú, Feliciano, Uruguay y San Salvador; Casiano Otaegui (presidente de la Comisión de Producción), Gloria Cozzi (preside Ambiente y Desarrollo), Rafael Cavagna, Claudia Silva, Pablo Cosso, Gustavo Vergara, Rubén Dal Molín, Jaime Benedetti, Gladys Domínguez, Martín Oliva y Marcelo Berthet, respectivamente.
Se trabajó sobre el proyecto de ley que propone para Entre Ríos buenas prácticas en materia de fitosanitarios a los fines de garantizar la calidad e inocuidad de los productos derivados de la actividad productiva, de proteger y conservar la salud, de gozar de un ambiente sano y equilibrado y de favorecer una producción agrícola que contribuya a la seguridad alimentaria y al desarrollo rural sostenible.
La norma apunta a regular “los actos de las personas humanas o jurídicas de importación, elaboración, formulación, fraccionamiento, distribución, expendio, aplicación, transporte, almacenamiento bajo diferentes condiciones, asesoramiento y toda otra actividad que implique el uso o manipulación en cualquier concepto de productos fitosanitarios”.
Cabe recordar que el texto tiene origen en el Poder Ejecutivo, que lo remitió a la Cámara de Diputados en el año 2022. Fue retomado por la actual composición legislativa y recibió media sanción en octubre de este año.

El trabajo de este martes
Abrió el encuentro el senador de Gualeguay, Casiano Otaegui, y se comenzó con un análisis de aquellos artículos que serán modificados.
Los cambios de forma se consideraron necesarios para mejorar la lectura e interpretación de la normativa propuesta, por lo que se eliminaron algunas remisiones y se modificó el orden del articulado.
Por ejemplo, ahora se pone en primer lugar la composición del Consejo Asesor y posteriormente sus funciones.
Uno de los intercambios estuvo relacionado con la elaboración del protocolo específico de buenas prácticas que deberá elaborar ese Consejo.
Además, se produjo un intercambio sobre el perfil y formación que deberían tener quienes concurran a ese espacio en representación de los diversos organismos del Estado y del sector privado.
Se introdujeron modificaciones al artículo referido al uso de cortinas vegetales. Los senadores ampliaron el alcance que estaba apuntado solamente para los establecimientos escolares y se propuso que se podrán usar para proteger áreas sensibles con asentamiento de personas.
Todos los legisladores hablaron sobre la necesidad de contar con una regulación que haga efectivo el control en todo el territorio provincial.
Asimismo, en lo relacionado a la limpieza de algún espacio educativo rural que pudiera ser alcanzado por los efectos de una aplicación, el senador de Uruguay, Martín Oliva, propuso que debe quedar perfectamente aclarado que esa responsabilidad (la de limpiar) no debe recaer sobre el personal de la escuela, ya que se trata de una cuestión que requiere especialización.
Luego se trabajaron los artículos relacionados con la Vigilancia epidemiológica, el aspecto presupuestario, como así también la creación y funcionamiento del Cuerpo de Inspectores.
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Finalizó la segunda Audiencia Pública del año

Fecha de Publicación: 12/12/2024
Fuente: Acumar
Provincia/Región: Riachuelo


Con la participación de 38 expositores se llevó a cabo este viernes la Audiencia Pública convocada para presentar el Plan de Gestión Ambiental del Parque Industrial Curtidor de Lanús.
Se llevó a cabo el viernes 6 de diciembre la segunda Audiencia Pública del año, en el que ACUMAR presentó el Plan de Gestión Ambiental del Parque Industrial Curtidor (PIC) de Lanús, al que las curtiembres radicadas en la Cuenca deberán trasladarse para seguir operando.
La Audiencia, que tuvo lugar en el Cine Teatro “Tita” Merello, de la Universidad Nacional de Lanús, contó con la participación de 38  oradores y cerca de 100 participante que debatieron y expusieron sus posturas en torno a la implementación del Plan de Gestión Ambiental del Parque Industrial Curtidor (PIC) y la Planta de Tratamiento de Efluentes Líquidos (PTELI) construidos en Lanús, y al que las empresas que realicen operaciones vinculadas al curtido de cueros deberán trasladarse.
La presentación del encuentro estuvo a cargo del Director General Ambiental, Federico Gatti Lavisse, quien agradeció a los presentes haciendo especial hincapié a la comunidad de Valentín Alsina, donde se concentran la mayor cantidad de curtiembres de la Cuenca, que participaron hoy tanto en representación de empresas como en calidad de vecinos.
Gatti destacó también el compromiso de todos los actores que forman parte del proyecto del PIC y la PTELI, y se refirió a la importancia de la sinergia entre los sectores público y privado: “La inversión del estado ha sido muy grande, queremos que las empresas trabajen, exporten, generen empleo y nuevas producciones siempre respetando los manuales y los procedimientos ambientales propuestos en este parque”.
El PIC está destinado a la radicación de pequeñas y medianas curtiembres de la Cuenca Matanza Riachuelo. Se trata de una iniciativa promovida por ACUMAR y financiada por el Banco Mundial, que contempla la construcción del parque y de una Planta de Tratamiento que promueve la producción ambientalmente sustentable, optimizando recursos y procesos con una propuesta de mejora continua.
El Parque comprende un predio de 160.000m², con capacidad para 23 lotes y 8 pabellones, en tanto que la Planta de Tratamiento, por su parte, tendrá una capacidad para tratar hasta 9.000m³ de efluentes diarios, lo que equivale a 12 mil cueros diarios.
De acuerdo a los últimos relevamientos en la Cuenca operan 60 curtiembres, de las cuales el 90% se encuentran en Lanús, y el resto distribuidas entre Avellaneda, Lomas de Zamora y La Matanza.
ACUMAR publicó recientemente una nueva normativa, la Resolución 259/2024, que establece las condiciones mínimas de producción del curtido de cueros, y se indican los plazos para acoplarse a las normas ambientales vigentes. Con esta regulación, la empresas que se dediquen al curtido, pelado, salado y/o terminación de cueros, sean o no agentes contaminantes y generen efluentes líquidos industriales derivados de estos procesos deberán presentar una propuesta de adecuación que contemple el traslado de su actividad al Parque Industrial Curtidor (PIC) con el objetivo de derivar sus efluentes líquidos industriales a la Planta de Tratamiento de Efluentes Líquidos Industriales (PTELI).
Durante más de 4 horas, 38 exposiciones formaron parte de la Audiencia en la que se destacaron representantes de la industria del cuero, empresas y PyMEs del sector, pero también vecinos y vecinas de Villa Diamante, que dejaron plasmado sus posturas en torno al proyecto.
Los testimonios y consideraciones vertidos durante el encuentro formarán parte de un informe final, que estará disponible en la web del organismo en un plazo máximo de 30 días, tal cual lo establece la norma que rige estos procesos, Decreto N°1172/2003. La totalidad del evento se encuentra disponible en el canal oficial de ACUMAR en YouTube.
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La alfabetización ambiental ciudadana, eje del Encuentro Nacional de Educación Ambiental 2024

Fecha de Publicación: 12/12/2024
Fuente: Portal ImpulsoBaires
Provincia/Región: Nacional


Con el apoyo del programa Euroclima, la Subsecretaría de Ambiente reunió a actores claves del ámbito educativo con el propósito de impulsar y actualizar estrategias vinculadas al cuidado del ambiente y al desarrollo sustentable.
La Subsecretaría de Ambiente de la Nación, encabezada por Ana Lamas, organizó el “Encuentro Nacional de Educación Ambiental 2024. Desafíos y estrategias”, un espacio interdisciplinario de puesta en común de estrategias de aprendizaje y de intercambio de experiencias sobre la educación ambiental, en los ámbitos no formales de la educación, de las tecnologías de información y comunicación y de los medios de comunicación.
En el marco del encuentro, el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, destacó el valor de la educación ambiental para “crear conciencia, impulsar todo tipo de iniciativas, como el caso de energías renovables y las buenas prácticas, compartir experiencias y proveer de conocimientos”, en cuanto a generar “actividades realmente sustentables, en especial, desde las comunidades locales hasta los grandes conglomerados urbanos”.
El funcionario también señaló: “En el caso de una industria como el turismo, vemos la demanda creciente que hay de cercanía con la naturaleza, de cuidar la fauna, la flora y buscar todo lo que sea facilitar emprendimientos productivos sustentables. Es el espíritu de todo el trabajo que se está llevando aquí adelante”.
Las jornadas, realizadas los días 5 y 6 de diciembre en el auditorio principal del organismo de Ambiente, contaron con el apoyo del Programa Euroclima de la Unión Europea, y la cooperación de la Fundación Internacional para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP). Las mismas se enmarcan en el Plan de Acción ACE-Argentina, una propuesta transversal en las políticas públicas que busca generar y articular capacidad y compromisos que impulsen un recorrido en la consolidación de enfoques y acciones para empoderar, a través de la acción climática, a los ciudadanos e instituciones del en pos de producir transformaciones frente a los impactos del clima.
En su discurso, la subsecretaria agradeció la presencia de los invitados y de los representantes de las diversas instituciones y sectores, y los instó a participar de las jornadas para que “podamos encontrarnos, escucharnos, reflexionar, proponer y participar a través de metodologías lúdicas y dinámicas propias del campo de la educación ambiental, con el objetivo de generar sinergias que nos conduzcan a potenciar las experiencias que cada uno ya viene desarrollando desde sus diversos lugares”.
En este sentido, recalcó que “la articulación de múltiples actores e instituciones comprometidos con el desarrollo integral de nuestro país es el motor dinámico que da vida a la letra de la ley de educación ambiental integral y conforma el gran desafío para la implementación de las estrategias educativas ambientales".
Además, Lamas se refirió a la situación mundial y a las potencialidades de desarrollo para el país, para las cuales no solo es requisito la incorporación de conocimientos, sino también la adquisición de nuevas herramientas innovadoras. En esta línea, comentó: “Vivimos tiempos de gran dinamismo y cambio, tanto en el contexto de las políticas públicas como en la geopolítica global, con el surgimiento de nuevos actores y protagonistas en un mundo complejo y cambiante, en un marco de transición energética, con un creciente interés por las oportunidades que se presentan para Argentina y con implicancias concretas para actores económicos y sociales en todas las instancias y ámbitos del país”. Y sumó: “Es un cambio de paradigma que requerirá mucha capacitación técnica, pero además mucho trabajo en educación formal y no formal, en todos los niveles públicos y privados”. “Por otro lado, el desarrollo integral de nuestro país nos exige incorporar, además de conocimientos, nuevas tecnologías que nos posibiliten facilitar procesos de gestión ambiental y minimizar nuestros impactos”, finalizó la funcionaria.
En la jornada también participaron el delegado de cooperación de la Unión Europea, Pablo Iglesias Rumbo, directores de la Subsecretaría de Ambiente, referentes de educación ambiental de las provincias y representantes de organizaciones de la sociedad civil con compromiso ambiental.
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Formulan cargos por contaminación a una petrolera que tiraba agua del fracking al desagüe de Centenario

Fecha de Publicación: 11/12/2024
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén


El fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid presentó cargos contra un empresario, por un grave caso de contaminación ambiental en la ciudad de Centenario. La acusación se realizó esta mañana durante una audiencia en la Ciudad Judicial y está basada en la presunta responsabilidad del imputado por verter agua contaminada en un canal de desagüe de riego, acción que representa un riesgo para la salud y el medio ambiente.
De acuerdo con la investigación preliminar, los hechos ocurrieron entre enero y agosto de 2024. El acusado operaba un lavadero de maquinaria vinculado a la industria petrolera en un predio de una exjuguera, así como en un terreno adyacente donde se encuentra una planta depuradora. Según el fiscal, el empresario generaba residuos peligrosos, principalmente agua contaminada con aceites e hidrocarburos, catalogados como tales por las leyes nacionales (Ley 24.051) y provinciales (Ley 1.875). Estos desechos, en lugar de ser tratados adecuadamente, eran depositados en piletas sin condiciones para contenerlos, afectando el suelo, el agua subterránea y el sistema de riego.
“El imputado evitó los costos de tratamiento de estos residuos, lo que constituye un acto de contaminación dolosa”, afirmó Breide Obeid. Según el fiscal, la falta de tratamiento adecuado impactó no solo el entorno inmediato, sino también el sistema hídrico utilizado para el riego en la zona rural de Centenario.
Como medida cautelar, el fiscal solicitó y obtuvo el embargo de las cuentas bancarias del empresario durante un plazo de cuatro meses. Este recurso tiene como objetivo asegurar la remediación ambiental de los daños causados y cubrir las posibles costas del proceso judicial. La jueza de garantías Carina Álvarez respaldó tanto la imputación como la medida cautelar planteada por el representante del Ministerio Público Fiscal.
Estos residuos “no fueron enviados a la planta de tratamiento como dispone la normativa provincial, sino que fueron vertidos en piletas de la planta depuradora de la exjuguera, las que a simple vista no cuentan con las condiciones de integridad que permitan contener estos residuos, impactando así el suelo como el agua del predio, poniendo en riesgo el curso hídrico subterráneo, y siendo volcados sin tratamiento alguno a un canal de desagüe del sistema de riego de Centenario”.
El caso refleja la gravedad de los delitos ambientales y la necesidad de garantizar el cumplimiento de las normativas que protegen el ecosistema. Las investigaciones continúan, mientras se evalúan los pasos legales a seguir.

Clausura: había sido notificada pero no cumplió
La situación se destapó después de la pandemia y en estos últimos meses, por el incremento notorio de la actividad, según los vecinos de esa zona. Luego del lavado de vehículos y materiales petroleros, los efluentes iban a parar directo a los desagües, un vertido de manera constante.
De acuerdo a la información que pudo obtener LMNeuquén, se labró un acta de inspección el pasado 12 de abril donde se notificó al responsable de la empresa Monali SAS, para que cese el derrame de fluidos contentamientos. Pero esto no ocurrió.
Es que la generación de los derrames nunca paró y la compañía ni se inmutó ante las inspecciones. Se realizaron visitas en días y horarios distintos, y los efluentes contaminados con petróleo se seguían arrojando al desagüe, a la vista de todos. Era una situación además conocida por los vecinos que salen a caminar, no solo por el sector de chacras, sino por Loteo Cabezas, un predio muy cercano a la ex juguera usado para la práctica deportiva.
El pasado 10 de mayo de 2024 se labró una segunda acta de Inspección por derrame de fluidos al desagüe, con notificación a la razón social. Se dio un plazo de remediación que nunca se cumplió.
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Biocombustibles: abren la primera estación de servicio para el público en general en Córdoba capital

Fecha de Publicación: 11/12/2024
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba


Ofrecerá al público en general, biodiésel (B20) y bioetanol (E17), además de los combustibles tradicionales.
El gobernador Martín Llaryora, junto al intendente de Córdoba, Daniel Passerini, dejaron inaugurada la primera estación de servicio de biocombustibles para el público en general, ubicada en la intersección de Rancagua y Capdevila.
Esta iniciativa es impulsada por el Gobierno de Córdoba a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y de la Dirección Provincial de biocombustibles y bioenergías, en colaboración con la empresa Wico, que expenderá biocombustibles dentro del ejido municipal.

Qué biocombustible ofrecerá la nueva estación de servicio
Esta nueva instalación ofrecerá al público en general, biodiésel (B20) y bioetanol (E17), además de los combustibles tradicionales. Se trata de los biocombustibles que la Provincia y Municipalidad actualmente utilizan en el programa de migración de vehículos de flota pública.
B20 (gasoil con 20% de biodiesel) y E17 (nafta con 17% de bioetanol) son combustibles diseñados por la provincia con mayor contenido de biocombustibles, de acuerdo a lo establecido por la Ley Provincial N° 10.721, que promueve la producción y consumo de biocombustibles y bioenergía.
La estación de servicio fue adquirida por WICO y remodelada para alinearse con los estándares de calidad y sostenibilidad que caracterizan a la empresa. Además de su ubicación estratégica, su infraestructura permite atender la creciente demanda de biocombustibles por parte de empresas públicas como EPEC, Caminos de las Sierras, Lotería de la Provincia, CORMECOR, TAMSE y COyS y otros actores del sector público y privado; y desde hoy disponible para todos los cordobeses.
Cabe subrayar que la empresa adquiere biocombustibles de productores cordobeses como ACA BIO, PROMAIZ, MAIZ ENERGÍA, BIO 4, AFEMA y Green Diésel, promoviendo empleo y fortaleciendo la economía provincial.
Es importante señalar que la carga de estos biocombustibles no requiere ninguna modificación en el motor del vehículo y, tal como se emplea en la flota provincial y municipal, es posible que sea utilizado por todos los sectores de consumo.

Cómo funcionará la estación de servicios
El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Fabián López, explicó: “Cuando se realiza una carga en cualquier estación de servicio del país, hay un corte obligatorio establecido por la Secretaría de Energía de la Nación. Al cargar 100 litros de nafta, en realidad se están comprando 12 litros de bioetanol, de los cuales 6 son producidos en base a bioetanol de maíz, y los otros 6 en base a bioetanol de caña de azúcar”.
Además, indicó que más del 75% de ese maíz se va al puerto de Rosario y se exporta como grano sin generar empleos ni motorizar inversiones.
“Al producir bioetanol a partir del maíz, se requiere procesamiento, inversión y generación de empleo, entonces en lugar de vender los 100 litros con 12 de bioetanol, acá en Córdoba lo estamos vendiendo con 17″, se explayó el funcionario.
López recordó que “el gobernador Llaryora es un firme defensor y propulsor de la bioeconomía y de los biocombustibles a nivel nacional, empujando la sanción de una nueva ley que Argentina lamentablemente todavía no tiene”.
En tanto, la ministra de Ambiente y Economía Circular, Victoria Flores, valoró la expansión de los biocombustibles en la provincia y remarcó la importancia de apostar al desarrollo en equilibrio con el cuidado ambiental.
“Este tipo de iniciativas privadas además de fomentar el uso de energías que generan menos emisiones de gases efecto invernadero son apuestas locales que generan empleo, por eso es un orgullo para nosotros como Gobierno poder acompañar y poner en valor este tipo de iniciativas”, dijo Flores.
Por su parte, el presidente de WICO, Fernando Riccomi, sostuvo que esto se puede llevar adelante “porque Córdoba tiene esta iniciativa como política de Estado. Esto no se puede hacer si hay una cuestión espasmódica. Una petrolera necesita una estandarización y un tiempo largo para que las cosas transcurran”.
“Córdoba se puso esto al hombro, viene empujándolo hace un largo tiempo y acelerando el proceso para que se profundice. Nosotros estamos para invertir, somos una empresa argentina y la provincia de Córdoba quiere avanzar, entonces estamos con Córdoba para avanzar”, enfatizó Riccomi.
En el acto estuvieron presentes la ministra de Ambiente y Economía Circular, Victoria Flores; el secretario de Transición Energética de la Provincia de Córdoba, Pablo Gabutti; el director Provincial de Biocombustibles y Bioenergias, Mariano Santillán.

Antecedentes
Pasaron casi dos años de la inauguración de la primera estación de servicios con biocombustibles, ubicada en Sagrada Familia y Costanera de la ciudad de Cordoba, diseñada para la venta de combustibles líquidos, gaseosos y biocombustibles.
La segunda estación, en calle Isabel la Católica, contribuyó a profundizar la estrategia a través de más puntos de carga para vehículos oficiales.
Actualmente, los cortes de B20 y E17 suministrados abastecen a más de 2 mil vehículos de flotas provinciales, municipales y del sector privado sin necesidad de realizar modificaciones mecánicas en los motores. Estos combustibles son dispensados exclusivamente en estaciones especialmente habilitadas para su distribución.
Este año más unidades de la flota provincial comenzaron a utilizar biocombustibles, siendo el último ejemplo la transición energética que llevan a cabo los vehículos del Ministerio de Seguridad.
Actualmente se llevan consumidos más de 5 millones de litros y las estimaciones de dióxido de carbón equivalente reducido asciende a más 1.8 millones de kilogramos.
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Campesinos denuncian presiones para desalojarlos en Jujuy

Fecha de Publicación: 10/12/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Jujuy


Familias campesinas próximas al río San Francisco dentro del departamento San Pedro se encuentran al borde del desarraigo por presión del grupo cañero que adquirió el Ingenio La Esperanza en 2019.
"La gente de afuera cree que en Jujuy las comunidades o el campesinado sólo pelea contra el avance de la minería. No es verdad, porque en las Yungas también peleamos, aunque contra el avance de los desmontes y el uso de agrotóxicos", sintetizó María de los Ángeles González, referente del Movimiento Nacional Campesino Indígena de Jujuy.
González integra una de las familias campesinas que ven peligrar su fuente de subsistencia, ante el avance del propietario registral cañero que comenzó este año a desmontar -con el aval del gobierno jujeño- sobre un catastro de su propiedad con diez mil hectáreas de bosque nativo.
Este fin de semana esa familia denunció nuevamente que los actuales propietarios del ex Ingenio La Esperanza continúan desconociendo sus "derechos posesorios ancestrales y desmontan los territorios donde vivimos y producimos nuestros alimentos". En un comunicado que lleva su firma, González denunció que la firma Productora del Noroeste SA (que integra el Grupo Budeguer) persiste destruyendo el bosque. "Luego queman los árboles añejos que destruyeron con cadenas y máquinas", lamentó. "El fuego llega luego hasta nuestra casa y nos pone en peligro", continuó. "La justicia y la policía son cómplices porque sin orden formal, nos impiden ingresar a nuestras viviendas", agregó
"En nuestro caso, reclamamos la posesión por 41 hectáreas y media", explicó a Salta/12. Contó que su tatarabuelo, Ausalón González, "vivió aquí desde 1906". "Con los anteriores propietarios -la familia Leach- nunca tuvimos inconvenientes. Pero llegaron los nuevos dueños y comenzaron los problemas con cada una de las familias que vivimos aquí ancestralmente", insistió. Después enumeró que "han avanzado contra los potreros (con bosque nativo) de la familia de Amanda Molina, los Salvatierra, la familia Anzoátegui".
Las últimas negociaciones entre los campesinos jujeños y la firma cañera tucumana transcurrieron entre  julio y agosto pasado, pero no fueron exitosas. "Ahora nos dicen que volveríamos a sentarnos, pero ya destruyeron todos nuestros cultivos", lamentó la campesina jujeña, "y tampoco tenemos donde mantener a nuestros animales". A mediados de año, el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena de Jujuy también alertó sobre el accionar de la subsidiaria del Grupo Budeguer que avanzaba con desmontes en ese territorio, "quemando ilegalmente los cordones de todo el monte topado". De hecho, las imágenes satelitales de esos meses documentaron columnas de humo que, por varios días, emanaban del catastro donde se encuentran familias campesinas, como la de González.
El relato de desalojo y destrucción -que incluye al bosque nativo y su hábitat biológico- concuerda con las imágenes satelitales de 2023 y 2024. Al menos hasta fines de noviembre de este año la empresa ya había desmontado un tercio de las diez mil hectáreas del catastro D-6355. El catastro donde habitan campesinos jujeños se encuentra al este del río San Francisco, dentro del municipio La Esperanza y en el departamento San Pedro de Jujuy. El paraje donde está la familia González se llama Los Arrozales.
En las capturas satelitales de 2023 el verde uniforme correspondía al bosque nativo que solamente se abría en forma aislada por pequeños puntos que correspondían a las viviendas del puñado de puesteros campesinos que hoy reclaman por su posesión ancestral. En el caso de la familia González, demanda la posesión de una parcela de 41 hectáreas y media, en la que ha vivido por generaciones desde principios de siglo XX.
El viernes último "en la mañana nos rodearon con fuego", contó a este diario la referente del Movimiento Campesino. "El humo llegó hasta la casa de mis padres, que tienen 60 años y entraron en pánico cuando vieron el fuego a sólo 5 metros de la vivienda que es de madera", precisó.
González comentó que llamó a la Dirección de Incendios Forestales en San Pedro para denunciar que la empresa cañera estaba quemando y, en su accionar, puso en peligro la vivienda. "Nos dijeron que si bien la empresa tenía permiso para quemar, evidentemente debía tomar recaudos para no quemar los puestos", relató.  
Desde el organismo público jujeño confirmaron la denuncia y el permiso de quema controlada a favor de la empresa, pero dieron una versión diferente sobre el peligro del fuego sobre la vivienda de los puesteros y puesteras. "Enviamos personal a verificar, que informó que el fuego estaba controlado y el puesto (de la familia González) no corría peligro", respondió a Salta/12 el jefe de Cuadrilla, Hugo Núñez.
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Misiones presentó su primer Inventario de la Biodiversidad

Fecha de Publicación: 10/12/2024
Fuente: Canal 12 de Misiones
Provincia/Región: Misiones


El documento contiene más de 21.900 especies registradas. El informe destaca el trabajo conjunto de más de 60 investigadores en la conservación y protección ambiental.
Misiones presentó su primer Inventario de la Biodiversidad, un informe clave que recoge los resultados de la primera Mesa Técnica de la Biodiversidad Misionera, en la que participaron más de 60 científicos y técnicos de la provincia. Este trabajo, realizado a lo largo de cinco meses de campo y laboratorio, abarca la flora, fauna, hongos y microorganismos de Misiones, con un total de 21.940 especies identificadas. El evento de presentación, realizado este viernes en las oficinas del Instituto Misionero de Biodiversidad (IMiBio) en Posadas, contó con la presencia de autoridades provinciales, académicas y de investigación.
La presidenta de IMiBio, Viviana Rovira, destacó la relevancia del informe como una herramienta para la gestión política y educativa. “Los misioneros no tenemos litio, no tenemos cobre, pero tenemos biodiversidad y aire puro, que es lo esencial para la vida. Somos la Capital Nacional de la Biodiversidad“, afirmó. E instó a los presentes a colaborar en la protección y preservación de los recursos naturales de la provincia. Según Rovira, el informe no solo proporciona un mapa actualizado de la biodiversidad local, sino que también debe servir como base para futuras políticas públicas de conservación.

Un inventario también destacó descubrimientos de nuevas especies
El informe presentado cubre diversas especies, desde aves, mamíferos y reptiles, hasta plantas, hongos, bacterias y microorganismos acuáticos. Entre los aspectos novedosos del estudio, la investigadora Cecilia Miranda, del IMiBio, resaltó a Canal 12 los avances en el estudio de hongos y bacterias. “El trabajo no solo es de campo, sino también de laboratorio. Para ciertos grupos, como las bacterias, se hace uso de técnicas moleculares que permiten identificar especies que no se detectan fácilmente a simple vista”, explicó.
El informe también destacó el descubrimiento de nuevas especies, como un murciélago recientemente identificado, que amplía el conocimiento sobre la fauna local. Miranda explicó que los murciélagos son un grupo de mamíferos que se han incluido en la investigación, y que esta área en particular ha sido objeto de descubrimientos recientes. “Y justo después de la mesa técnica, se descubrió una nueva especie de murciélago en Misiones”, resaltó.

Tecnología e IA al servicio de la ciencia
Desde el punto de vista de la gestión, el director ejecutivo de IMiBio, Emanuel Grassi, remarcó la utilidad del informe no solo para los científicos, sino también para los responsables de políticas públicas. “Este inventario es una herramienta clave para la toma de decisiones, tanto a nivel gubernamental como para la formulación de proyectos en sectores como el turismo o las empresas interesadas en el marketing ecológico”, indicó. Así, la publicación del informe tiene como objetivo dar a conocer a la sociedad los datos recopilados y fomentar el uso del documento como recurso para la educación ambiental y la toma de decisiones.
Por su parte, la tecnología también jugó un papel fundamental en la recopilación y análisis de datos. Miranda señaló que el uso de herramientas como la secuenciación molecular y la georreferenciación ha permitido obtener datos más precisos. “La tecnología nos da una mano importante, tanto en el campo como en el laboratorio, y nos ayuda a identificar y clasificar especies con mayor precisión”, afirmó la investigadora. Además, destacó que la inteligencia artificial se ha utilizado en menor medida, principalmente en el análisis estadístico y para distinguir entre especies similares, pero aclaró que el trabajo de campo sigue siendo crucial.
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Salta quiere aprobar el ordenamiento de bosques antes de fin de año

Fecha de Publicación: 09/12/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Tras el anuncio del gobernador el proyecto fue ingresado a la Legislatura este jueves, con presentaciones incluidas. Comenzaría a ser tratado el martes en Diputados.
Con visible resistencia de sectores ambientalistas, el gobierno provincial dio luz verde para que desde la Legislatura de Salta apruebe antes de fin de año el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN).
“El lunes a la mañana se va a presentar el proyecto en la Cámara de Diputados y se estaría tratando el martes”, dijo a Salta/12 el presidente de la Comisión de Producción de la Cámara Baja, Néstor Parra, tras la reunión que mantuvo con el ministro de la Producción, Martín de los Ríos.
El anuncio del envío del proyecto se hizo el miércoles último durante el acto de asunción de nuevas incorporaciones en el Gabinete provincial. “De qué nos sirve esa Ley de Bosques que nunca nos pagó nada de lo que nos corresponde”, disparó el gobernador Gustavo Sáenz al hacer referencia a la normativa que enmarca el OTBN.
Al día siguiente el proyecto fue presentado en el Senado de la provincia, aunque su tratamiento comenzará por Diputados. Una de las dudas es qué sucederá con aquellos permisos de desmonte solicitados en el OTBN ya vencido (desde 2014) pero que aún está vigente. Según comunicó el Senado, la respuesta del ministro a esa consulta fue que “se respetará el derecho adquirido, dado que el proyecto no tiene efecto retroactivo”. Al menos 30 mil hectáreas están a la espera del permiso de desmonte.
Parra contó que tras la reunión de ayer con los presidentes de las distintas comisiones de Diputados, para el lunes se prevé presentar el nuevo proyecto de OTBN en Diputados, para que el martes sea tratado en la sesión habitual.
“Algunos preguntaron por qué tan de repente. El ministro explicaba que una vez aprobado pasan unos 120 días para trabajar con Nación y evaluar los proyectos. La idea es que el año que viene vayan cobrando (los fondos de bosques establecidos por la ley nacional) los proyectos. Si no, sería difícil que se pueda cobrar el reintegro”, afirmó.
Tras el tratamiento en Diputados el proyecto debe ser aprobado por el Senado. Al respecto, el presidente de la Comisión de Minería, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara Alta, Miguel Calabró, sostuvo que revisron el mapa. “Lo que me pareció interesante fue el tema de la habilitación predial”, dijo al destacar la metodología del equipo técnico asesor a cargo del OTBN. “Para mí, que estuvo mal vendido”, opinó. Sin embargo, afirmó que en esta comisión “no tenemos ningún apuro” en que el proyecto salga antes de fin de año, como quiere el gobierno.

Un verde hipotético
En un anexo al proyecto, los técnicos del equipo que elaboró esta propuesta de OTBN y que fue liderado por Lucas Seghezzo, del Instituto de Investigaciones en Energía No Convencional (INENCO), explicaron la incorporación de una nueva área que se redefine respecto de cómo se había realizado el OTBN anterior. Se trata de la "categoría transitoria de producción, conservación (APC, Área de Producción y Conservación) y determinación de la Categoría III (verde) como hipotética, sin una ubicación geográfica definida”.
En el nuevo mapa se dispone que se podrán desmontar 721.568 hectáreas. Ese es el único stock que se deberá definir sobre una superficie de 3.013.692 hectáreas, pintada en el mapa primero de marrón y ahora de un amarillo un poco más oscuro.
Según indica el informe, para permitir el desmonte en un área en particular, se deberá tomar como criterio la situación de la cuenca de cada región definida en el OTBN. Una vez agotados los permisos que suman las más de 700 mil hectáreas a desmontar, el resto, 2.292.125 hectáreas, quedarán automáticamente en amarillo. Y en total, dado que las zonas amarillas estrictas son 3.247.625 hectáreas, quedará un total de 5.539.750 hectáreas (73.48 por ciento del total de bosques nativos de la provincia), en amarillo.
Otro tema que se abordó fue el de los desmontes ilegales que realizan desde el momento que entró en vigencia la Ley Nacional de Bosques Nativos en 2009. Al respecto, los técnicos afirmaron que la Autoridad Local de Aplicación (ALA), “cuenta con la identificación de los desmontes ilegales realizados detectados, y estas (superficies) deberán ser recuperadas y/o restauradas con anterioridad a la evaluación de cualquier nueva solicitud de intervención”. Añadieron que “en aquellos casos que se encuentren judicializados, la ALA no es quien decide sobre su destino y, eventualmente, la el Poder Judicial (es) quien determina qué hay que hacer en estos casos”.

Con quejas a la Justicia
Greenpeace, La Red de Defensoras del Ambiente y del Buen Vivir, la Fundación Cebil, y el Foro de Mujeres, ratificron sus observaciones sobre el nuevo proyecto de OTBN.
Entre las críticas señalan que la superficie que se quiere autorizar para el desmonte es excesiva, teniendo presente que en Salta ya se desmontarons 714 mil hectáreas.
También se critica que el proyecto valida los desmontes ilegales ya realizados y no obliga a su restauración; habilita a autorizar desmontes en bosques actualmente protegidos; provoca la fragmentación del territorio de grandes mamíferos amenazados, como el yaguareté, y para su elaboración no fueron consultadas las comunidades indígenas.
Otra crítica es sobre el nuevo color amarronado o amarillo oscuro que aparece en el mapa que, a entender de los ambientalistas, representa una forma de permitir la recategorización de las áreas que no se pueden desmontar.
Añadieron la exclusión de los Valles Calchaquíes dentro del OTBN. Al respecto, el equipo técnico explico a los legisladores que “dicha región no fue incorporada al OTBN aprobado en el año 2009" y aclararon que "por una cuestión de escala, estos bosques no pudieron ser incluidos en el análisis multicriterio y multiobjetivo descripto” del informe final del equipo técnico. Los ambientalistas sumaron que se dejó de lado la participación de comunidades que debieron haber sido consultadas.
Greenpeace por su parte advirtió que de avanzar con este Ordenamiento se harán presentaciones en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las demás asociaciones ambientalistas afirmaron que en la provincia podrían plantear una acción popular de inconstitucionalidad.
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“Cosmética”: vuelve la polémica por la reglamentación de una ley de agroquímicos en La Pampa

Fecha de Publicación: 09/12/2024
Fuente: La Nación
Provincia/Región: La Pampa


Luego de la controversia inicial, los productores recibieron del gobierno provincial un nuevo documento y, por el contenido, analizan rechazarlo
Tras la polémica que se generó en La Pampa por el avance de la reglamentación de la ley 3288 de gestión integral de plaguicidas, sancionada en 2020, el gobierno de Sergio Ziliotto accedió a modificar algunos puntos. Pero habría disconformidad con los cambios que los productores consideran más de “cosmética”. Por esa razón analizarían no validarlos. Para los productores la reglamentación inicial dejaba afuera de producción 200.000 hectáreas debido a fuertes condicionantes para la aplicación de agroquímicos, con distancias exigidas y el cumplimiento de numerosos requisitos.
En noviembre pasado, los productores recibieron de parte del Ministerio de Producción de La Pampa, que conduce Fernanda González y estaba a cargo del armado del borrador de un decreto reglamentario, un documento que contemplaba algunas enmiendas. Estos cambios, de acuerdo con los productores, no habrían sido tomados y ahora habrían llegado a un acuerdo para “rechazarlos”. A los productores les dieron 15 días, que vencen el 11 del actual, para responder a esos cambios. “Es peor que el borrador original”, precisó una fuente.
El borrador anterior que circuló tenía exigencias para diversos actores vinculados con la actividad, como los usuarios de agroquímicos, técnicos, los distribuidores/expendedores y hasta para aplicadores. A los aplicadores se les exigen 18 puntos. Entre ellos, además de cumplir con buenas prácticas agrícolas, con normas de seguridad y capacitación, tener la documentación de los empleados, contar con la inscripción de los equipos que usan, responder por los daños de una eventual aplicación incorrecta, planificar la aplicación en función de la distancia a zonas sensibles o pobladas y conservar por cinco años el remito o receta de compra del producto. Para el usuario responsable, el productor, también hay requisitos que van desde conservar por cinco años la receta de compra del producto, garantizar la correcta aplicación, cumplir con la normativa de protección al ambiente y reducir residuos de plaguicidas. En tanto, para los técnicos o asesores se plantea, entre otros puntos, que se hagan responsables de los daños de un eventual tratamiento incorrecto.
Los productores habían cuestionado que la ley desconocía los avances tecnológicos disponibles que permiten trabajar con Buenas Prácticas Agrícolas (BPAs). Resaltaron entonces que esta “atenta contra el derecho a la propiedad privada que está amparado por las Constituciones Nacional y provincial”. Y agregaron que “criminaliza la actividad agropecuaria e impacta fuertemente en los productores agropecuarios pampeanos, muy especialmente en los de menor infraestructura administrativa”.
Desde el Consejo Consultor, que integran entidades del agro, venían trabajando desde antes de 2020 para actualizar la ley en la materia en base con los desafíos que tienen los productores. Esta entidad se reunió con González para impedir el avance de la oficialización. Días después se realizó una reunión con Ziliotto y la Mesa de Enlace local en completo hermetismo, donde se gestó un principio de acuerdo para rever los puntos más cuestionados de la reglamentación y la ley. Esto se convirtió en un paso para los productores, quienes hasta ese momento se habían encontrado con la negativa de ser escuchados. En el gobierno provincial les insistieron en que “no es posible modificar la ley”, por eso dejaron la puerta abierta a rever la reglamentación.

Correcciones
En el primer capítulo sobre el control de plagas, se desprendía: “Autorizase toda realización de aplicaciones urbanas y/o rurales de control de plagas que sea declarada por el Estado Provincial o Nacional de interés epidemiológico o de sanidad productiva, debiendo dar aviso con una antelación no menor a 72 horas hábiles de la realización de la práctica a la Comisión Interdisciplinaria”. De acuerdo con el nuevo borrador, la antelación quedaría fuera del reglamento.
Sobre las “práctica e investigación”, señala: “Autorizase la realización de toda práctica experimental de investigación que involucre a los institutos educativos, instituciones técnicas, científicas y tecnológicas públicas, nacionales y/o provinciales, que requiera el uso de plaguicidas y demás productos por la Ley N° 3288. A los fines de efectuar esta práctica, se dictarán los Protocolos Específicos los que serán avalados por la Autoridad de Aplicación competente, debiendo contar con profesional debidamente registrado, el representante de la institución y dar aviso de los productos a utilizar, actividades en las que se aplicará y toda otra información que sea requerida”.
Según las correcciones se habría dejado fuera la decisión de “realizar esta práctica con profesional debidamente registrado; el representante de la institución, deberá dar aviso de los productos a utilizar, actividades en las que se aplicará y toda otra información que sea requerida por las autoridades de aplicación, conforme al sistema único de trazabilidad”.
Fue reemplazado el artículo N° 3 sobre el pago de las tasas de inscripción, registros y la retribución de servicios que preste la administración pública. En su defecto, se creó el de “trazabilidad”.
“Créase la plataforma digital que permita implementar el sistema único de trazabilidad del uso de los plaguicidas rurales y urbanos en el marco del presente Decreto Reglamentario. Para su funcionamiento solo se vinculará con la información que surja del Registro Provincial de Producción Agropecuaria (REPAGRO), de la Dirección General de Catastro y de toda otra que permita la mejora continua conforme los cambios tecnológicos. No se contemplará investigación relacionada con aspectos impositivos. La Autoridad de Aplicación competente determinará por norma complementaria su denominación, funcionalidades y forma de implementación”, dice.
Siguen estando las “tasas correspondientes” del fabricante y del expendedor y distribuidor. Así también se continúa con la exigencia de “la copia de la receta de compra para la entrega, venta o comercialización de los productos. En ese sentido, se mantiene la obligatoriedad de “archivar por un plazo de dos años, la copia, en versión digital o en formato papel, de la receta de compra de plaguicidas y demás productos de uso rural que le sea entregada”; así como el “remito, receta de compra y receta rural, en versión digital o en formato papel, las que se encontrarán a disposición de la autoridad de aplicación ante cualquier requerimiento”. Además, en vez de “declarar”, se deberá “informar” al profesional interviniente la compra de plaguicidas fuera del territorio provincial con los remitos correspondientes”.
Fueron modificadas también las facultades de verificación y de fiscalización oficial y se señala: “Ingresar e inspeccionar en días y horas hábiles, los locales donde se ejerzan las actividades reguladas en la ley salvo en la parte destinada a domicilio privado; pudiendo examinar y exigir la exhibición de la documentación pertinente, requerir información, nombrar depositarios de productos, proceder al secuestro de los elementos probatorios de la presunta infracción, citar y hacer comparecer a las personas que se considere procedente pudiendo recabar el auxilio de la fuerza pública si fuere necesario. Asimismo, se podrá inspeccionar las maquinarias y/o los inmuebles a los efectos de verificar el correcto cumplimiento de la ley 3.288 y/o el presente decreto reglamentario y/o normas complementarias”.
Por otra parte, agregaron que, “en caso de impedirse el ingreso de los inspectores a cualquiera de los inmuebles o maquinarias conforme inciso b), se podrá solicitar al juez competente autorización de registro prevista en el artículo 175 del Código Penal de la provincia de La Pampa, de domicilios privados y de los establecimientos/locales”.
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Blanco exige al INPRES datos sobre sismos inducidos por fracking

Fecha de Publicación: 07/12/2024
Fuente: Portal NoticiasNQN
Provincia/Región: Neuquén


El diputado del PTS-FITU reclama información sobre los más de 500 sismos en Sauzal Bonito y zonas afectadas por la actividad hidrocarburífera.
El diputado provincial Andrés Blanco (PTS-FITU) presentó un proyecto en la Legislatura de Neuquén para que el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) brinde información sobre los sismos inducidos por el fracking en la zona de Vaca Muerta. Este pedido se suma a los múltiples requerimientos de informes que el gobierno provincial aún no ha respondido.
Blanco alertó sobre el impacto que estas actividades tienen en localidades como Sauzal Bonito, Añelo y Rincón de los Sauces. “Ya suman más de 500 sismos provocados por el fracking. La población no tiene respiro y las autoridades, en connivencia con las petroleras, siguen sin dar explicaciones”, denunció.
El legislador pide al INPRES información detallada sobre los sismos ocurridos desde 2015, las causas identificadas, si se prevé modificar la zonificación sísmica de Neuquén y los convenios existentes con la Subsecretaría de Hidrocarburos, el Instituto Geofísico-Sismológico Volponi y las empresas petroleras.

Preocupación por el RIGI
Blanco también expresó su inquietud por la expansión de Vaca Muerta y la adhesión al Régimen de Incentivo para Inversiones en Gas y Petróleo (RIGI). “Con más beneficios para las petroleras, los impactos del fracking se multiplicarán. Para los gobiernos que defienden estos intereses, como Milei y Figueroa, nuestros territorios son zonas de sacrificio”, concluyó.
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La provincia mantuvo un encuentro con autoridades nacionales ante la crisis por desmontes

Fecha de Publicación: 07/12/2024
Fuente: TN24
Provincia/Región: Chaco


El diputado provincial de la UCR, Carlos Salom, destacó la reunión que convocó el Gobernador Leandro Zdero con autoridades de la Dirección Nacional de Bosques y el gabinete del ministerio de Producción, la cual lidera Víctor Zimmermann, para tratar la modificación de la Ley de Bosques del Chaco.
«Creemos que hay algunos artículos que tenemos que mejorarlos, que me parece que hay que hacerlo en tiempo y forma», indicó Salom que aseguró que la ley será «más que importante para los chaqueños».
Vale mencionar que meses atrás el fiscal Federal Patricio Sabadini solicitó al Juzgado Federal N°1, a cargo de la jueza Zunilda Niremperger, la imputación a funcionarios, ex funcionarios y empresarios por desmontes indiscriminatorios en el territorio chaqueño. Esta investigación se profundizó luego de una denuncia de la Asociación de Abogados Ambientalistas.
«Hay que dilucidar esta cuestión, terminar con esta suspicacia, sabemos que hay una zona particularmente que son una 220 mil hectáreas que lo tiene muy bien identificado, no sólo nuestro gobierno, y ahora se fortalece la musculatura en defensa del monte chaqueño con este respaldo nacional», afirmó el legislador radical.
Salom contó en rueda de prensa que ya empezaron a trabajar desde el minuto cero y nombró la representatividad de los sectores como el diputado Juan José Bergia y de Atlanto Honcheruk: «Que creo que acá tenemos que ponernos de acuerdo los chaqueños mirando a nuestra única reserva enriquecedora y natural que son nuestros bosques», aseguró.
También mencionó la modificatoria de algunos artículos: «En particular que creo que le va a hacer muy bien a la provincia del Chaco, sobre todo para nosotros y para la posteridad».
«Está tomada la decisión política, ahora falta la decisión legislativa y después la judicial», concluyó el diputado.
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Preocupación en Argentina por la degradación que sufren las tierras

Fecha de Publicación: 06/12/2024
Fuente: Canal 26
Provincia/Región: Nacional


El 36% del territorio nacional se encuentra bajo un proceso de degradación, por diversos motivos y con distintas consecuencias, tanto en el marco económico como en el efecto climático.
Argentina atraviesa un proceso de degradación del territorio, ya sea por erosión hídrica, eólica o biológica, que afecta a un 36% del total del territorio, lo que representa a unas 100 millones de hectáreas. Los motivos tendrían que ver con sobrepastoreo, incendios intencionales y deforestación, entre las causas principales que se asoman.
Justamente, dos regiones del país aparecen como las más afectadas por esta problemática. Por un lado, la Patagonia, producto del sobrepastoreo ovino, y por el otro aquellas provincias que conforman el Gran Chaco, como Salta, Santiago del Estero, Chaco y Formosa, en especial por los cambios en los usos del suelo y los desmontes.
Los datos mencionados surgen del Informe sobre el Estado del Ambiente de 2021, que ponen sobre la mesa la discusión acerca de las sequías y los procesos de desertificación de los territorios.
Según mencionó Ana Di Pangracio, directora ejecutiva de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), en charla con La Nación, “estos procesos de desertificación se aceleran por las otras dos grandes crisis ecológicas: la pérdida de biodiversidad y el cambio climático. Sin ecosistemas sanos no hay producción posible”.
En este marco, de cara a una proyección global, la 16° Conferencia de las Partes (COP16) de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación que tiene lugar desde el lunes en Arabia Saudita puede marcar el rumbo.
Allí, se intentará acelerar las acciones para el manejo sostenible de las tierras y mejorar la resiliencia ante fenómenos como las sequías. La Cnuld, por sus siglas en inglés, apunta que el 40% de las tierras del planeta se encuentran degradadas y se produjo un aumento del 29% desde 2000 acerca de las sequías, producto del cambio climático, aunque también el efecto de las modificaciones en los usos del suelo.
Facundo Vila, embajador argentino en Arabia Saudita, será el representante del país en la convención. Se esperan definiciones, ya que la nación padece estas situaciones. Por ejemplo, la zona más productiva, conformada por Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, atravesó una sequía de más de tres años, que se tradujo en pérdidas económicas, aunque también ambientales.
La Bolsa de Comercio de Rosario estima que se perdieron unos 20.000 millones de dólares en 2023 por la baja en la producción de soja, maíz y trigo.
El 70% de Argentina se encuentra clasificado como "tierras secas", según lo apuntado por el Informe sobre el Estado del Ambiente publicado en 2023, aunque cuenta con datos del 2021. Y agregan que estos sitios “presentan mayor vulnerabilidad a la erosión y a la pérdida de su capacidad de brindar servicios ecosistémicos ante cualquier alteración que afecte su equilibrio”.
Por su parte, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires indicó que la siembra directa se lleva adelante en un 90% de toda la superficie agrícola de Argentina. El país aparece como un líder a escala mundial en dicha práctica conservacionista del suelo, según coinciden productores, investigadores y técnicos.
La siembra directa refiere a la no remoción del suelo mediante del uso del arado, que permite preservar la materia orgánica, almacenar de manera óptima el agua y disminuir la utilización del combustible en la siembra de cultivos. En los últimos años, se agregaron los cultivos de servicio, que tienen como fin preservar el suelo verde a lo largo del año y capturar mayor cantidad de carbono.
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Greenpeace: “El gobernador de Salta busca legalizar la impunidad para desmontar”

Fecha de Publicación: 06/12/2024
Fuente: Portal SaltaSur
Provincia/Región: Salta


Greenpeace denunció que el gobierno provincial pretende que la legislatura apruebe antes de fin de año una flexibilización de la Ley Bosques que validará los desmontes ilegales ya realizados y permitirá la autorización de desmontes por más de 700.000 hectáreas, incluso en zonas donde hoy no está permitido.
El gobierno de Sáenz busca darle impunidad legal a los grandes productores agropecuarios para que puedan arrasar con los bosques de Salta.” Afirmó Noemí Cruz, coordinadora de la Campaña de Bosques de Greenpeace. “Sin embargo, Argentina firmó recientemente un compromiso climático de Deforestación Cero para el año 2030, por lo que las provincias deberían ir en esa dirección”.
La organización ecologista advirtió que la propuesta de actualización de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta viola lo establecido por la Ley Nacional de Bosques ya que permite desmontes en 720.000 hectáreas, una superficie sumamente excesiva; valida los desmontes ilegales ya realizados y no obliga a su restauración; habilita a autorizar desmontes en bosques actualmente protegidos; provoca la fragmentación del territorio de grandes mamíferos amenazados, como el yaguareté; y porque para su elaboración no fueron consultadas las comunidades indígenas.
“Insólitamente, el proyecto de Ordenamiento incluye una Categoría Amarilla con un círculo verde, en la que se permitirá autorizar desmontes, por lo que en realidad se trata de una zona verde encubierta. Estamos ante una evidente flexibilización de la norma para permitir deforestar donde hasta hoy no se puede”, afirmó Cruz.  
Salta es una de las provincias con más deforestación del país en las últimas décadas. Según datos oficiales, desde la sanción, a fines de 2007, de la Ley Nacional de Bosques hasta fines de 2022 en la provincia se desmontaron 714.052 hectáreas, muchas de manera ilegal.
“Instamos al gobernador Sáenz y a los legisladores provinciales a que no aprueben este ordenamiento territorial, ya que será una catástrofe para el ambiente y para las comunidades indígenas y campesinas. Es un retroceso ilegal e inadmisible. De sancionarse, iremos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para frenarlo”, advirtió Cruz.
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Impactó la cantidad de cóndores que se registraron en Neuquén

Fecha de Publicación: 05/12/2024
Fuente: Alerta Digital
Provincia/Región: Neuquén


El pasado 28 de octubre se llevó a cabo el primer censo simultáneo del cóndor andino en la provincia del Neuquén, un esfuerzo conjunto entre la Fundación Bioandina Argentina y el gobierno provincial. Este censo, que se realizó de manera simultánea con otro en Mendoza, marcó un hito como el primer censo biprovincial de la especie en el país.
Un total de 64 censistas distribuidos en 18 puestos de observación registraron hasta 61 cóndores en el mismo momento, una cifra que casi duplica los 32 cóndores observados en Mendoza en esa jornada. Los resultados obtenidos revelaron que el 60% de los cóndores observados eran adultos y el 40% inmaduros. Además, se detectó un sesgo en la proporción de sexos, con una mayor cantidad de hembras en edad no reproductiva y más machos adultos, lo que concuerda con estudios previos realizados en la región.
Este censo constituye una herramienta clave para evaluar la dinámica poblacional de una de las especies más amenazadas de Sudamérica y permitirá establecer estrategias de conservación más precisas. Cabe destacar que la provincia de Neuquén cuenta con el doble de cóndores que existen en Colombia, un dato obtenido mediante un censo similar realizado en ese país con la misma metodología.
El uso de una aplicación para la recolección de datos permitió optimizar el proceso, evitando el registro repetido de los individuos observados y mejorando la precisión de las estimaciones. Aunque algunos censistas enfrentaron dificultades iniciales con la herramienta, muchos destacaron su utilidad para otros registros relacionados con la fauna local.
La Dirección Provincial de Fauna, Áreas Naturales Protegidas y el Centro de Educación Ambiental de Neuquén, dependientes del Ministerio de Turismo, desempeñaron un papel fundamental en la organización y ejecución de este censo. Su colaboración incluyó la planificación logística, la capacitación de censistas, la supervisión y el análisis de los resultados obtenidos.
El cóndor andino, el ave carroñera más grande del mundo, se encuentra en peligro de extinción debido a amenazas como el envenenamiento por pesticidas y plomo. En particular, la región de la Patagonia Norte ha sido severamente afectada, con múltiples casos de cóndores muertos por envenenamiento. Este censo resulta crucial para obtener datos fiables sobre las poblaciones de cóndores en Neuquén, lo que contribuirá a su conservación.
Con este censo, se da un paso importante hacia el desarrollo de una metodología que permita realizar censos nacionales y continuar la protección del cóndor andino y su hábitat. La colaboración entre diversas instituciones y la capacitación de censistas son fundamentales para el éxito de esta iniciativa.
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Caza furtiva: operativos constantes contra la captura de fauna silvestre

Fecha de Publicación: 05/12/2024
Fuente: Diario El Libertador
Provincia/Región: Corrientes


Apostados en distintas rutas y caminos de la provincia, las fuerzas de seguridad realizan a menudo controles para evitar casos de abigeato y caza furtiva de animales, un delito que en el último tiempo presentó un notable incremento y que afecta al ecosistema, todo con fines de comercialización de las especies.
En ese sentido, se intensifican los operativos en diferentes puntos del territorio provincial, a fin de interceptar a cazadores que, en el afán de hacerse con los ejemplares, los acarrean a bordo de vehículos no autorizados y que, además, carecen de las condiciones básicas de seguridad e higiene para el transporte.
Asimismo, se fortalecen las inspecciones a carnicerías, sobre todo aquellas de las cuales se sospecha que adquieren mercadería producto del cuatrerismo. Así, efectivos de la Policía Rural y personal especializado constata si los cortes poseen las medidas sanitarias que garanticen que son aptas para el consumo y, de encontrar irregularidades, se procede a la desnaturalización por incineración de la carne.
Otros casos reportados usualmente por fuerzas nacionales e incluso desde la Policía de Corrientes dan cuenta del secuestro de ejemplares de distintas especies, aún con vida, transportadas con fines de comercialización o explotación.
La semana pasada, el joven ambientalista, Luis Martínez expuso dos casos de depredación de peces, ambos en aguas del río Paraná. Se trata de una práctica casi habitual, por lo que se insiste con mayor rigurosidad en las inspecciones. Los episodios que se evidenciaron muestran a pescadores con importantes cantidades de especies ícticas. «Las medidas que hoy se están tomando son tardías y frágiles ante un saqueo», aseveró y continuó: «La depredación, la imprudencia y la negligencia sobre el mal uso de los recursos ícticos, son las principales causas que deterioran al río Paraná».

Zonas claves: rigurosas inspecciones en rutas y caminos
Continúan los controles en zonas estratégicas de rutas provinciales y nacionales, donde los efectivos, tanto de la Policía de Corrientes como de la Gendarmería aumentan la rigurosidad para impedir casos de abigeato. El delito, en auge, atenta contra cientos de productores en todo el territorio correntino y al cual, desde la fuerza provincial, se intenta dar batalla, con un plan de prevención de cuatrerismo y la caza furtiva, «diagramado por la Jefatura de Policía e implementado en el ámbito de toda la provincia», sostienen desde la institución.
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Un productor fue condenado a solo 3 años de cárcel por la muerte de un niño al que intoxicó con agroquímicos

Fecha de Publicación: 04/12/2024
Fuente: LT7
Provincia/Región: Corrientes


El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes confirmó la sentencia dictada en el 2023 por el Tribunal de Goya confirmando la condena de tres años de prisión al hombre. Se trata de Oscar Antonio Candussi que fue condenado por el delito de homicidio culposo por la muerte del niño de 4 años, José Carlos "Kily" Rivero.
En la Sentencia N°254, el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes rechazó el recurso de casación interpuesto por la defensa y por la querella, confirmando la sentencia dictada por el Tribunal Oral Penal con asiento en la II Circunscripción Judicial que condenó al productor agropecuario a la pena de tres años de prisión por el delito de homicidio culposo en su modalidad de omisión impropia previsto y pena en el art. 84 del Código Penal, en calidad de autor material (arts. 40, 41 y 45 del Código Penal).
La sentencia dictada por el Tribunal de Goya en el 2023 coincidió con el pedido del fiscal de juicio, Guillermo Barry. Durante el juicio, dicho Tribunal consideró que las pruebas demostraron que Candussi había realizado fumigaciones con pesticidas en su plantación de tomates, que se encontraba a una distancia de apenas 15 metros de la casa del niño de cuatro años que sufrió la intoxicación que le costó  la vida.

Recursos de la defensa y querella
El abogado defensor de Candussi presentó un recurso de casación en el que cuestionó la sentencia condenatoria, señalando errores y arbitrariedades en la aplicación de la ley y en la valoración de las pruebas.  Sostuvo que "la causa de la muerte del menor no fue analizada ni valorada científicamente por el fiscal ni por el Tribunal".
También destacó la falta de pruebas materiales que vinculen a su cliente con el uso de agroquímicos organofosforados, alegando que "ni la inspección policial ni el acta del Ministerio de Producción encontraron evidencia de estos productos en la finca de mi defendido". Agregó que los fertilizantes hallados no representan riesgo tóxico y que eran aplicados mediante riego por goteo.
Por su parte, la querella solicitó recalificar el hecho como homicidio simple con dolo eventual. Argumentó que los hechos acreditados en el juicio configuran el delito de homicidio simple con dolo eventual (art. 79 del Código Penal), y no homicidio culposo por omisión impropia, como se resolvió en la instancia anterior.
En este sentido, el querellante sostuvo que Candussi actuó con plena conciencia del riesgo que implicaban sus acciones y aceptó las posibles consecuencias. Según el recurso, "Candussi tenía pleno conocimiento de que generaba un peligro desaprobado, pero aun así, actuó y continuó durante varios meses realizando la conducta desaprobada, sometiendo a la víctima a un riesgo que, en este caso concreto, llevó a su muerte".
El querellante solicitó que, en caso de recalificar los hechos, se aplique una pena de 14 años de prisión. Justificó este pedido en la necesidad de proporcionalidad con la gravedad del delito y en las características del acusado. "La pena debe adecuarse al injusto cometido y a la peligrosidad delictiva", afirmó, añadiendo que Candussi "nunca estuvo detenido y su conducta antisocial causó la muerte de un niño".

Dictamen Fiscal: Rechazo al recurso y reafirmación de la pena solicitada
El fiscal general, doctor César Pedro Sotelo, emitió su dictamen tras analizar en profundidad el fallo impugnado y los argumentos presentados por las partes. De acuerdo con el artículo 501 en función del artículo 489 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público concluyó que el recurso de casación presentado por la defensa debía ser rechazado. En cambio, el dictamen coincide con la postura de la querella, considerándose que la sentencia del Superior Tribunal de Justicia debe mantenerse en cuanto a la calificación del delito y la pena aplicada.
El fiscal solicitó que se reafirme la condena por homicidio simple con dolo eventual, conforme al artículo 79 del Código Penal, y que se impongan al imputado 14 años de prisión, la pena solicitada en los alegatos finales de la querella. La decisión subraya la validez de la argumentación y el análisis de la evidencia realizada en la primera instancia, destacando que los elementos probatorios fueron suficientes para acreditar la culpabilidad del acusado.

Conclusiones y argumentos del doctor Chain
En su voto, el ministro del Superior Tribunal de Justicia, doctor Alejandro Alberto Chain, subrayó que el hecho bajo examen afecta derechos fundamentales que trascienden lo individual y pertenecen a la esfera colectiva, señalando la relevancia del derecho a un ambiente sano como un derecho humano de incidencia colectiva. Este derecho, enfatizó, "ha sido reconocido tanto a nivel internacional como nacional".
El doctor Chain también repasó el marco jurídico nacional, haciendo referencia a la incorporación del derecho ambiental en la Constitución Nacional en 1994, dentro del capítulo de "Nuevos derechos y garantías". Según esta reforma, todos los habitantes tienen derecho a "gozar de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras".
En cuanto a los hechos del caso, Chain concluyó que la sentencia cuestionada es sólida, razonada y responde adecuadamente a los planteos presentados por las partes. Resaltó que "la sentencia se basta a sí misma", destacando que se acreditaron el hecho, la autoría y responsabilidad del imputado, así como la calificación legal y la pena aplicable.
En su conclusión, el magistrado fue categórico al rechazar los recursos presentados, argumentando que estos no aportaron elementos nuevos y solo reiteraron agravios ya analizados por el tribunal sentenciante. "No se aprecia configurado ninguno de los vicios adjudicados a la sentencia; más bien se trata de una reedición de argumentos que ya fueron solventemente respondidos", concluyó.
Dicha fundamentación fue acompañada por los ministros; doctor Eduardo Panseri, doctor Guillermo Horacio Semhan, doctor Luis Eduardo Rey Vázquez y doctor Fernando Augusto Niz.
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Minería advirtió al Ianigla por la presencia de glaciares en algunos de los nuevos proyectos de cobre

Fecha de Publicación: 04/12/2024
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza


El Gobierno quiere que el Ianigla ponga especial cuidado en determinadas zonas. Ahora comienza el proceso para habilitar, o no, nuevos pedidos de exploración
La Dirección de Minería de Mendoza observó esta semana particularidades en 29 proyectos nuevos que iniciaron el camino hacia la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que los habilite a realizar exploración de cobre en el Malargüe Distrito Minero Occidental.
En uno de ellos hizo especial hincapié por estar completamente cubierto de glaciares, lo que podría dificultar o impedir la actividad minera. Lo mismo sucedió en parte de otro, que está dividido en varias propiedades.
Estas evaluaciones en marcha responden a una segunda tanda de proyectos en el Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO), que llega después de que los primeros 34 lograran la ratificación de la DIA en la Legislatura provincial y están prontos a iniciar las actividades de prospección para aprovechar la temporada veraniega.
Para seguir ese mismo camino y lograr la habilitación, tal como pasó con aquellos 34, propietarios de derechos mineros ubicados dentro del distrito se postularon para aprovechar el informe de impacto ambiental realizado por la firma GT Soluciones Integrales sobre toda la zona, a pedido de la empresa estatal Impulsa Mendoza SA.
Apenas comenzados los expedientes, el primer paso fue el informe técnico de la Dirección de Minería de Jerónimo Shantal; una revisión de cada uno de los proyectos con sugerencias y observaciones que los organismos sectoriales (como Ianigla, Iadiza, Irrigación, Patrimonio, Municipalidad, etcétera) deberán tener en cuenta en el paso siguiente, que es el de los dictámenes de cada uno de ellos, que luego se contemplan en la audiencia pública y la posterior aprobación o rechazo de la Declaración de Impacto Ambiental por parte de la autoridad minera de la Provincia.

Qué vio Minería en el informe ambiental y por qué la alerta al Ianigla
Según el informe técnico, Piedras Verdes, propiedad de la firma Agaucu, está completamente cubierto por glaciares por lo que se advirtió al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla- Conicet) que tenga especial consideración a la hora de analizarlo para el dictamen sectorial.
Lo mismo hizo en el caso de una de las propiedades mineras que forman parte del proyecto PAS, de SudFlow SAS, que ya tenía un viejo dictamen del Ianigla advirtiendo sobre la imposibilidad de realizar tareas en el área.
De los 29 totales, hay otros 14 proyectos en los que hay presencia de glaciares o cercanía con ellos, pero la Dirección de Minería les pidió a los expertos del Conicet que pongan el ojo principalmente en estos dos, porque sus condiciones difícilmente hagan posible la exploración anhelada en las zonas observadas.
Esto es porque, conforme recuerdan los informes de impacto ambiental de esos proyectos, existen las llamadas áreas de cautela sobre cada glaciar y además, las áreas de amortiguamiento que tienen un perímetro con radio no menor a los 500 metros alrededor de cada uno. Dentro de esas áreas protegidas "sólo se pueden realizar actividades científicas, a pie o sobre esquíes, con eventual toma de muestras, que no dejen desechos en los glaciares y el ambiente periglaciar".
La Dirección de Minería advirtió esa situación al revisar los proyectos y le tiró la pelota a los organismos sectoriales. Ahora, son ellos los que tienen hasta el martes 17 de diciembre para presentar sus dictámenes.
El proceso continuará recién el año próximo, con la audiencia pública convocada para principios de febrero. Y, después de ello, los expedientes volverán a manos de la Dirección de Minería (y de la Dirección de Protección ambiental) para la decisión administrativa final sobre la aprobación o no de cada una de las DIA.
Las aprobadas son las que pasarán luego a la Legislatura para su ratificación.

Las advertencias de la Dirección de Minería en los nuevos proyectos mineros
El informe técnico de la Dirección de Minería fue el paso previo y necesario para el inicio del proceso de Declaración de Impacto Ambiental, que quedó declarado el martes con las resoluciones 178/24 de la Dirección de Minería, y la 58/24 de la de Protección Ambiental.
Como decía, se realizó sobre 29 nuevos proyectos de exploración que se presentaron en el proceso que el Gobierno ha llamado como MDMO II. El proyecto que encabeza la petición de DIA es El Destino, propiedad de la firma canadiense Kobrea (que en total le compró 7 derechos a la minera Agaucu).
Para iniciar los estudios y avanzar en los trámites, los canadienses autorizaron por poder ser representados por la empresa estatal Impulsa Mendoza SA.
Además de El Destino, en esta etapa Kobrea va por la habilitación para la exploración de Cuprum y Sofi. Agaucu se quedó con el mencionado Piedras Verdes, con Tango, Sierra Azul y Tordillo; Raúl Concina –como particular, porque además es representante de Agaucu-, presentó Chamamé, Elisa, Excalibur, Pampa, Qatar y Titán. Silvia Marigliano es propietaria de los derechos de Lucero y SudFlow SAS, del proyecto PAS.
La Zubia tiene Malargüito; y Pampa Exploración, Clotilde y Villagra. Andean Exploration SA busca la DIA para otros cinco proyectos: Belluno, Benetto, Cateo 10, Mel y Roma; en tanto que, New Era Metals la busca para otros seis: Alicia de la Piedra, La Victoria, 14 de febrero, Huanquimileo, Mariano y Mercedes North.
Ingresados los expedientes, los técnicos dirigidos por Shantal hicieron sus observaciones y sacaron conclusiones sobre cada uno de los proyectos.
Algunos deben corregir coordenadas, otros tener en cuenta que se exceden de los límites del Distrito minero Malargüe Occidental; que están atravesados por rutas usadas para trasladar ganado; o que hay presencia de humedales o cavidades en el polígono.
Pero especialmente, lo que se procuró es transmitirle al Ianigla que “preste atención” a la presencia de cuerpos glaciares de diferentes tipos, glaciares y áreas de permafrost, es decir, capas de suelo que están congeladas.
“Según lo indicado en el Inventario Nacional de Glaciares, dentro de los límites de la propiedad minera, hay presencia de siete glaciares”, figura en el informe de impacto ambiental etapa exploración que preparó GT Ingeniería SA sobre Piedras Verdes.
De esos 7, tres son glaciares descubiertos, que ocupan una superficie de 58 hectáreas; otros dos son cubiertos con glaciar de escombros y ocupan 139 hectáreas; otro es un glaciar cubierto de 3,7 hectáreas y se observa un manchón de nieve de 0,6 hectáreas.
La primera conclusión de la Dirección de Minería sobre este proyecto en particular es contundente: “Resulta importante que el organismo dictaminador y los sectoriales, en particular, el Ianigla, presten especial atención a este proyecto minero, atento a que la superficie del pedimento está cubierta por 7 glaciares que ocupan casi la totalidad del mismo (sin considerar además el área periglaciar y de permafrost) y la alta probabilidad de existencia de humedales”.
Y además, concluyeron: “la Reserva Natural Laguna del Atuel se ubica a 1,37 km”.
También es directa la advertencia con relación al derecho minero Pehuenche, una de las tres propiedades que componen el proyecto PAS.
En este caso, en todo el área hay presencia de 11 cuerpos glaciares, pero la Dirección de Minería hizo foco especialmente en el expediente de Pehuenche, donde ya existe un dictamen previo del Ianigla "advirtiendo la presencia de glaciares y la imposibilidad de realizar tareas".
Según explicaron a Diario UNO desde Minería habrá que esperar las consideraciones de los expertos para poder tomar una decisión respecto de la viabilidad o no de una exploración en áreas con estas condiciones.
Y esto tiene que ver con uno de los puntos centrales que desde el gobierno de Alfredo Cornejo se intenta dejar en claro: "Estamos comprometidos en hacer minería sostenible y transparente, por eso los informes y esas conclusiones están a disposición, en la página de Minería", señaló Jerónimo Shantal en plena cumbre minera. Así, si los especialistas aconsejan no avanzar en ciertos polígonos, entonces no se permitirá.

Otros proyectos con glaciares
La Dirección de Minería pidió atención al Ianigla también en otros proyectos, aunque ya no con la misma preocupación.
En Chamamé hay presencia de 23 cuerpos glaciares y la probabilidad de permafrost y de humedales, por lo que también se advirtió al Iadiza.
En Sofi se pidió “especial atención a la presencia de 40 cuerpos glaciares de diferentes tipos y la presencia de permafrost. Además de la probabilidad de presencia de humedales”; y se señaló que la “Reserva Natural Provincial Laguna del Atuel, limita al sur con el proyecto”.
En Tordillo también destaca Minería que en especial Ianigla, Iadiza, Áreas Protegidas, Patrimonio y Dirección de Biodiversidad “deberán prestar especial atención a la presencia de un cuerpo glaciar, permafrost, probabilidad de humedales y 10 cavidades en la zona de buffer al proyecto”.
En el proyecto de exploración Villagra se aconseja “prestar atención a la presencia de un cuerpo glaciar en el área del proyecto y a la probabilidad de humedales”.
En el Mel, lo mismo por presencia de 21 cuerpos glaciares que ocupan gran parte del área, presencia de permafrost y la alta probabilidad de humedales.
En el proyecto Angélica, los organismos técnico- sectoriales deberán prestar especial atención a la presencia de 17 cuerpos glaciares y a la probabilidad de permafrost en la zona del proyecto. Además cuenta con la presencia de 1 ruta de trashumancia.
En éste las propiedades mineras sobrepasan levemente el límite del MDMO 2, por lo que Minería advirtió que “no toda el área del proyecto resulta aquí analizada, es decir, sólo se evalúan ambientalmente las propiedades que se encuentran dentro del área bajo análisis”.
En Malargüito, se pide prestar atención por la presencia de 3 glaciares y zonas de permafrost, así como a la presencia de humedales en el área del proyecto.
En las conclusiones de Minería sobre El Titán, se expresa que “se deberá prestar especial atención a la presencia en el área del proyecto de: 3 cuerpos glaciares, 2 rutas de trashumancia y la alta probabilidad de humedales”.
Excalibur, en tanto, deberá rectificar coordenadas, ya que el polígono sobrepasa levemente el límite del MDMO, y en el caso de glaciares, prestar atención a la presencia de uno.
Algo similar le pasa a Elisa, cuyo polígono sobrepasa levemente el límite del distrito minero, y tendrá que tener cuidado por la presencia de 8 glaciares en el área del proyecto.
Clotilde, por su parte, no cuenta con cuerpos glaciares dentro de su área pero sí a un kilómetro.
En tanto que el caso del proyecto Tango asoma como particular porque la mayor parte de sus propiedades mineras -Tango 1, Tango 2 y Tango 3- caen fuera de los límites del Distrito minero, y ha sido analizada por la consultora ambiental sólo la pequeña porción que cae dentro del mismo.
En caso de obtener la DIA, advierte Minería, ésta solo habilitará a los propietarios a realizar actividades dentro de las áreas estudiadas.
En lo que refiere a glaciares, dentro de esa zona analizada, existen 114 cuerpos glaciares de diferentes tipos y áreas de permafrost.
Otro que deberá corregir coordenadas es Cuprum, que sobrepasa el límite internacional con Chile. Además, deberá prestarse a la presencia de 27 glaciares y probable existencia de permafrost así como de humedales.
Igual es el caso de El Destino, el proyecto que encabeza el pedido de declaración ambiental, cuyo polígono abarca parte de Chile. Sobre los glaciares, se advierte la presencia de uno.
Sobre las diferencias de coordenadas que se dan en varios de los proyectos, la Dirección de Minería explicó que suelen darse por cuestiones de tipeo y de medición que resultan salvables.
Y que más allá de estas observaciones, especialmente dirigidas a los organismos sectoriales, todos los proyectos cumplieron con el resto de los requisitos para poder iniciar ese proceso de evaluación Ambiental.
Una vez concluidos los informes sector por sector, quedarán a disposición para que se desarrolle la audiencia pública. Realizadas o no las correcciones necesarias, volverán a la autoridad minera que será la que deba tomar la decisión respecto de la aprobación o no de cada una de las DIA.
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