Actualizan las multas por contaminación ambiental

Fecha de Publicación: 18/05/2022
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible anunció la actualización de los montos de las multas a establecimientos que contaminan cursos de agua o provocan perjuicios a las instalaciones cloacales que rondarán entre los 100 mil hasta el millón de pesos.
La directora de Infracciones Ambientales, Paula Rosana Villani, desde la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental, a cargo de Sergio Federovisky, impulsó la creación de la unidad fija (UF) como medida para la determinación de las infracciones que se cometan en violación de la Ley 13.577, cuyo valor será equivalente al de la unidad retributiva al Sistema Nacional del Empleado Público (SINEP), que desde abril de 2022 asciende a la suma de $104 cada unidad.
De este modo, y mediante el decreto 241/22, publicado el 6 de mayo pasado, se determinaron los montos mínimos, “graduadas de acuerdo a la peligrosidad y cantidad del vertido”, precisó el Ministerio.
En este marco normativo, los establecimientos que “descarguen vertidos sin autorización o que no se registren ante la cartera ambiental a los fines de su empadronamiento serán pasibles de una multa mínima de 10.000 UF”, lo que en la actualidad equivale a 1.040.000 pesos.
Por su parte, aquellos que efectúen vertidos no tolerados podrán recibir una “multa mínima de 2.000 UF” y los establecimientos que descarguen vertidos de “cualquier actividad directa o indirectamente en la vía pública y napas freáticas serán pasibles de una multa mínima de 3.500 UF”.
En tanto, aquellas empresas que “omitan presentar en término la declaración jurada anual podrán recibir una sanción mínima de 1.000 UF --104.000 pesos- -y los que incurran en omisión o falsedad de datos en la misma, de modo tal que esto oculte la existencia de actividad contaminante, serán pasibles de una multa de 2.500 UF”.
Esta iniciativa busca que la multa mantenga su carácter disuasivo en el transcurso del tiempo y genere un mecanismo de actualización automática de los montos con el objetivo de evitar el impacto ambiental asociado a la contaminación hídrica en todas sus etapas.
El documento oficial publicado por el Boletín Oficial argumenta que “los importes de las multas en cuestión han quedado desactualizados y obsoletos y perdieron su facultad punitiva en relación con el daño causado” ya que la última actualización databa del año 1992 y establecía multas máximas de $ 50.000 para las personas humanas o jurídicas que no cumplieran con las obligaciones establecidas y de $100.000 para el caso de los establecimientos industriales.
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La provincia tendrá un juzgado medioambiental

Fecha de Publicación: 18/05/2022
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Misiones


La ley creará un juzgado con asiento en Posadas que ejercerá jurisdicción en toda la provincia. Tendrá además dos secretarías y una fiscalía para impulsar las causas
La provincia de Misiones continúa marcando la agenda en materia ambiental y el trabajo legislativo también se perfila en ese sentido.
Así como el último jueves se aprobó la ley provincial de humedales (una cuenta pendiente aún a nivel nacional) hay más proyectos en carpeta respecto del cuidado del ambiente, algunas a pasos de convertirse en ley. La creación de un fuero ambiental provincial es uno de ellos.
La iniciativa es una unión de diferentes proyectos de los diversos bloques que conforman la Cámara de Representantes provincial y obtuvo dictamen con voto unánime en la última reunión de la comisión de Legislación General, Justicia y Comunicaciones del año pasado.
La implementación de este tipo de juzgados será un antes y un después en la resolución de conflictos que tienen como eje los recursos naturales de la provincia de Misiones.
Al respecto, la presidente de la referida comisión, Anazul Centeno, explicó a El Territorio que “con esta iniciativa se crea un juzgado con competencia ambiental, localizado en la primera circunscripción, en la localidad de Posadas. Pero la particularidad es que se va a crear el juzgado con dos secretarías letradas y con una fiscalía con competencia específica”.
“Es un primer paso, porque es la primera vez que vamos a inaugurar el fuero ambiental en nuestra provincia. El dictamen ya salió y está a la espera de ser ingresado al plan de labor para pasar a la votación y ser una ley”, puntualizó.
Seguidamente, sostuvo que el dictamen se sustenta en múltiples  iniciativas de diputados (incluso algunos de ellos con mandato cumplido) de diferentes partidos y bloques que integran la Cámara de Representantes.
“Al momento del tratamiento de comisión, que llevó varios meses de estudio, fue muy debatido y buscado. Por eso, al momento de la votación del dictamen en comisión fue muy festejado, en los términos de que todos los arcos políticos que integran la Cámara estábamos de acuerdo en que era una necesidad y un paso casi obligatorio para que lo dé nuestra provincia”, resaltó la legisladora.
Al tiempo que enfatizó: “Siendo Misiones una provincia que alberga el 52 por ciento de la biodiversidad y teniendo el territorio que tenemos con bosques, montes y especies nativas es necesario crear un fuero especializado con competencia específica para dar respuesta de manera inmediata desde la Justicia a acciones que generan un daño o menoscabo en nuestro ambiente”.
Ponderó por ello la creación de la fiscalía, ya que permitirá al fiscal actuar de manera inmediata y promover la acción.
Cabe aclarar que este juzgado va a entender en todo lo que tenga que ver con materia ambiental, excepto en la competencia penal, que le corresponde a la justicia del fuero penal.

La normativa
El dictamen de comisión de legislación que será analizado y votado en sesión próximamente está conformado por diferentes expedientes, algunos de ellos de diputados que ya terminaron mandato (MC, mandatos cumplidos). Entre los proyectos en unión se trabajó con las iniciativas presentadas por los legisladores Hugo Escalada (MC), Carlos Rovira, Roque Gervasoni (MC), como así también con el proyecto conjunto de Silvana  Giménez (MC) y Juan Pablo Ramírez (MC); y otro que había sido presentado por los diputados Gustavo González (MC), Jorge Lacour, Anita Minder (MC), Ariel Pianesi y Roxana Velázquez Larraburu.
Ya en el primer artículo del dictamen se determina la creación de un juzgado con competencia en materia ambiental, con dos secretarías letradas y una fiscalía con competencia en materia ambiental.
Al momento de la votación del dictamen en comisión fue muy festejado, todos los arcos políticos de la Cámara estábamos de acuerdo en que era una necesidad”. Anazul Centeno Diputada provincial
Se aclaró que aunque el juzgado tendrá asiento en Posadas, ejercerá jurisdicción en toda la provincia.
De la misma manera, se especifica en la normativa que el juzgado entenderá en “toda acción derivada del ejercicio de defensa del ambiente, ante cualquier hecho u omisión, ilegal o arbitrario que afecte, lesione, restrinja, altere, amenace o disminuya los recursos naturales, el equilibrio de sus ecosistemas y los bienes o valores colectivos, de manera actual o inminente y sin limitación de cuantía”.
Además, tendrá competencia “en los procesos cautelares ambientales; en los juicios ordinarios por reparación o remediación de daño ambiental, incluida la faz resarcitoria privada; en todos los demás procesos judiciales de naturaleza ambiental o regidos por legislación específica vinculada al ambiente”.

La fiscalía
Una de las figuras más importantes de esta iniciativa tiene que ver con el fiscal, que será el encargado de promover las acciones referidas a la defensa del ambiente.
De acuerdo al dictamen de comisión, el fiscal tendrá a su cargo las funciones de “promover y ejercer la tutela jurisdiccional del ambiente ante el juzgado con competencia en materia ambiental; solicitar informes, realizar presentaciones o peticiones administrativas para tutelar el ambiente ante organismos nacionales, provinciales o municipales; además de recibir denuncias y efectuar las derivaciones pertinentes, dentro del Ministerio Público y a otros entes e instituciones”.
Asimismo, deberá coordinar acciones con las distintas dependencias judiciales y administrativas provinciales, teniendo facultades para requerir la colaboración de instituciones nacionales e internacionales especializadas en materia ambiental; celebrar acuerdos de conciliación sobre cuestiones ambientales, siempre que resulte adecuado a las circunstancias del caso o gravedad del daño; y concurrir a las audiencias públicas que se llevan a cabo sobre cuestiones ambientales.
Es importante señalar, en tanto, que los procesos de conocimiento y cautelares ambientales se tramitarán conforme las normas establecidas en la Ley XII – N.º 27 Código Procesal Civil, Comercial, de Familia y Violencia Familiar de la Provincia de Misiones y en observancia a las normas de carácter procedimental contenidas en la legislación ambiental local y en las leyes nacionales de presupuestos mínimos ambientales.  
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El proyecto secreto del intendente Ojeda para saltearse la 7.722 ya movilizó a los ambientalistas  

Fecha de Publicación: 18/05/2022
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza


Las asambleas preparan su respuesta si la norma llega a la Legislatura. Ocupan la atención un vínculo con funcionarios nacionales que fue clave, el debate por la presunta inconstitucionalidad de zonificar Mendoza y por qué La Pampa podría frenarlo todo, como hizo con Portezuelo
El intendente Juan Manuel Ojeda prepara un proyecto de ley que exima a Malargüe de cumplir con la 7.722. Intenta darle aire a las empresas que buscan explotar los recursos de su departamento y guarda con llamativo recelo los pormenores de la norma. Hay preocupación porque los ambientalistas vayan a la Justicia y también porque el intento frene propuestas ya avanzadas, como San Jorge. Además, se desató una guerra de encuestas para demostrar quién tiene la tan declamada licencia social.
Funcionarios de Rodolfo Suarez juran que no lo conocen y algunos de sus propios asesores en el Sur dicen que lo tiene bajo “siete llaves”. Un alto perfil técnico de Casa de Gobierno, y muy conocedor de la materia, afirmó haberse enterado por los medios tras su discurso en el Día de la Minería. Para propios y extraños, el proyecto de Ojeda es un misterio. Lo que aumenta el interés a su alrededor.

Pedirá la zonificación
Se trata de excluir a todo el territorio de Malargüe de los alcances de la ley ambiental sancionada en 2007 y pasar a una nueva era de la actividad. Para elaborarlo, el intendente se contactó con especialistas de Buenos Aires e incluso tiene el apoyo de algunos funcionarios del Gobierno Nacional.
Es más: a mediados de abril, según contaron a este diario, Ojeda mantuvo una videollamada con el ministro Matías Kulfas y la secretaria de Minería de la Nación Fernanda Ávila. Junto al intendente habrían estado su mano derecha Raúl Guevara y algunos empresarios. Afirman que le prometieron fondos de estímulo no retornables, pero para proyectos de primera y segunda categoría: mármol, granito, etcétera. Nada de lo que está prohibido.
Ese vínculo con Buenos Aires está bien encaminado y es determinante para el proyecto. Ése del cual no cuentan demasiado, incluso en jornadas como las de ADN minero de este sábado, donde el jefe comunal tampoco brindó los pormenores del texto. En el medio, interesados en yacimientos como San Jorge (cobre y oro) o Paramillos (plomo, plata y zinc) se preguntan si una zonificación no sepultará para siempre a todo lo que no esté en Malargüe. Y lo plantean.

Sumar otras propuestas y sensibilizar a Mendoza
Algunos privados le sugieren tomar normas anteriores, como una presentada por Alejandro Abraham en 2019, que proponía controles de ONG ambientalistas, y también de Naciones Unidas a través de la oficina especial UNOPS (United Nations Office for Project Services). Algo muy similar a lo que firmó José Luis Gioja para Veladero, Pascua Lama y otros dos yacimientos hace exactamente ocho años, en mayo de 2014.
Una fuente de Casa de Gobierno (que tampoco ha visto el proyecto) aseguró que lo ven “lógico”, pero que no le tienen fe a su aprobación en la Legislatura. El miedo por lo ocurrido en 2019 y el recuerdo de hace meses en Chubut -donde “ambientalistas” quemaron su propio edificio de Gobierno por una ley similar- todavía están muy frescos en la memoria.
Ahí entra el aspecto complementario de la ley: comunicación. Lo ven como una carencia y por eso arman actividades para revertirlo. Entre otras cosas, viajes para que chicos de la escuela minera diserten en el Gran Mendoza y constantes foros de la actividad que se van sucediendo. Este sábado hubo un encuentro en el Sur y el martes habrá otro sobre metalmecánica y minería en el Hyatt, al que vendrá el funcionario nacional Feranando Ciacera.
 Ojeda ya anunció que de ser necesario “levantará” al pueblo de Malargüe. Tiene el apoyo de distintas cámaras y organizaciones vecinales. En julio, su proyecto debería ingresar al recinto para tratar –una vez más- de tener minería en Mendoza. Tiene diversos avales, asegura haberlo trabajado por meses y los tiempos parecen haber cambiado, pero igual hay riesgos.

Los peligros de la Justicia y el día después
Incluso entre quienes asesoraron a Ojeda, ven un dejo de inconstitucionalidad en la norma que comenzó a gestarse. Puntualmente porque los recursos no son de las comunas, sino de las provincias (artículo 124 de la Constitución Nacional) y entienden que cualquier utilización de ellos por parte de un municipio debería estar aprobada por los otros 17 y/o por el Gobierno.
Ahí hay un primer escollo. Sentaría un precedente complejo y abriría la puerta a reclamos de departamentos antimineros. Hace algunos días se lo plantearon al intendente, con el pedido expreso de que la norma blindara a los proyectos de las medidas precautorias que pudieran surgir. “Nadie se planteó el día después. ¿Qué pasa si sale la ley? ¿Cómo van a responder las facciones críticas?, anticipan.
Según reconstruyó este diario, los privados le temen más a la acción de un juez (que, con los tiempos de la Justicia en Argentina, podría congelar un proyecto minero por años) que a los reclamos de la gente en la calle, como pasó en 2019. Incluso, empresarios le advirtieron al ejecutivo comunal que, si el reclamo va por la inconstitucionalidad, ni siquiera un plebiscito -idea que Ojeda tiene en la cabeza- podría salvar la minería en el departamento.
Pero no será necesariamente así. Si es aprobada por la Legislatura, algunos juristas ven posible que la zonificación se mantenga, aun ante el asedio de ONG ambientalistas. Es el caso de Alejandro Pérez Hualde, por ejemplo. El ex ministro de la Suprema Corte cree que la política sí tiene las herramientas para establecer –y mantener- excepciones a la ley.
“A esa zonificación no la veo inconstitucional. Todas las reglamentaciones buscan no poner en el mismo sitio a intereses que son distintos. Una cosa es minería en Gualtallary, con uvas de competición en el primer mundo, y otra es hacerlo en Pampa Palauco, donde no hay más que petróleo. No puede existir una misma respuesta para una zona productora que para una desértica. Pero esas categorías deben provenir del consenso, no prefijadas por laboratorio”, dijo ante nuestra consulta. O sea, hay una puerta abierta, que no es poco.

Los planteos que se vienen
Los sectores ambientalistas empezaron a moverse. El clamor minero que se respira en Mendoza desde 2021, reactivado tras el freno a Portezuelo del Viento (fue como una palanca que impulsó a Malargüe a retomar la carga) se tornó uno de los temas centrales en las asambleas. Ya tienen los argumentos con los que podrían acudir a la Legislatura y a los juzgados.
Uno es el principio de no regresividad de la norma. La Ley General de Ambiente (25.675), establece que los objetivos de cuidado deben ser logrados de forma gradual y nunca pueden “proteger menos que en instancias anteriores”, según interpretan los detractores de la minería. En ese aspecto, validado por tratados internacionales como el de Escazú, Costa Rica (2018), basarán gran parte de su defensa a la 7.722
Pero en la opinión pública también se libra esta batalla. En redes sociales, los autoconvocados volvieron a insistir con fundamentos ya empleados cuando Suarez quiso echar a andar la ley 9.209: por ejemplo, el nivel –bajo, según entienden- de dinero que representa la actividad para las provincias que sí la han habilitado. Uno de los ejemplos lo ponen en Catamarca: comparten cálculos donde se devela que las regalías mineras sólo representaron el 0,6% del último presupuesto provincial.
Es cierto: el plan de gastos para la administración del gobernador Jalil es de $201.512.946.139 en 2022, mientras que las estimaciones de su propio Ministerio de Minería publicaron ingresos por $1.030.800.412 en el período 2020-2021. La respuesta es que no alcanza siquiera a ser el 0.6%. Quizás sería más correcto compararlo con el presupuesto del 2021 (poco más que la mitad del actual). En ese caso, la cuenta dice que los recursos mineros son el 0,93% del gasto.
Pero hay un planteo más. El secretario de Recursos Hídricos pampeano Néstor Lastiri ya avisó que daría curso al Coirco y a la Justicia si Malargüe avanzaba en sus intenciones mineras. Como si fuera un “déjà vu” de Portezuelo, el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado podría plantar bandera y volver a frenarlo todo, porque el agua de Malargüe no es sólo de Mendoza –entienden-, sino de toda la cuenca.
¿Posible salida al conflicto? Un estudio de impacto ambiental.
Aunque se agarren la cabeza los malargüinos.

Por qué podría perjudicar a San Jorge
Aparece otro de los peligros de la zonificación. Empresarios del sector creen que el intento va a generar la respuesta inmediata del sector antiminero , y que eso va a redundar en un golpe fatal a los proyectos que sí tendrían asegurado su avance, ya que ni siquiera infringen el marco jurídico actual. Concretamente, se refieren al proyecto San Jorge, en Uspallata; del cual aseguran tener un guiño favorable desde el gabinete suarista.
“El Gobierno prometió que, en uno o dos meses, la Declaración de Impacto Ambiental de San Jorge va a la Legislatura. Si lo que hacen en el Sur hace volar todo por los aires, las bancas le van a bajar el pulgar. Tenemos miedo de que la propuesta caldee los ánimos y volvamos para atrás”, dijo un empresario que solicitó quedar en off. “Si eso pasa, vamos a haber laburado 10 años para nada”.
Según contaron a UNO, el documento que debe ir al Legislativo para habilitar la explotación está casi listo. El tratamiento del mineral no usaría sustancias prohibidas ya que emplea el método de flotación y, a priori, hasta un férreo defensor de la 7722 como el diputado Jorge Difonso, podría votar a favor de ese expediente.
Diario UNO buscó al legislador, quien anticipó que, por supuesto, debería ver esa declaración primero, pero que no tendría problemas si el proyecto se encuadrara en la ley. “Dentro de la 7722, todo. Fuera de la 7722, nada. Ni un departamento, ni ninguna región”, contestó. “Igual es increíble discutir esto con la sequía que hay. Me desespera que no veamos cómo nos estamos quedando sin agua”.

Plebiscito y licencia social
Por último, Ojeda piensa en un plebiscito que zanje de una vez por todas la discusión sobre la licencia social para hacer minería. A Suarez le consultaron esta semana por esa posibilidad y respondió que “en Malargüe, saldría 100 a 0” (a favor de la explotación). Antes de escucharlo, sectores ambientalistas ya trabajaban en una campaña que podría contradecir sus dichos.
Están haciendo encuestas telefónicas. No es la primera vez que buscan cuantificar el rechazo o la aceptación a la minería, pero ahora las han focalizado en Malargüe, justamente donde está el quid de la discusión actual. La pregunta más concreta es la siguiente:
“¿Si pudiera obtener dinero de otra fuente, que no sea la megaminería, lo preferiría?”
Es claro. Entienden que la situación económica lleva a inclinarse por más desarrollo económico y que, en ese contexto, la gente irá contra las leyes que frenan actividades. Por eso el cuestionario sugiere entender la necesidad, pero ofreciendo solucionarla por otro lado. Antes de lo ocurrido en 2019, una consultora porteña se acercó a los ambientalistas de Oikos y ofreció mediciones. Según sus miembros, hasta en el Sur había un 40% de rechazo a la minería metalífera. Podrían volver a trabajar juntos.
Otra consultora de Mendoza aportó sus datos. Durante la campaña a gobernador de Suarez, midieron el apoyo de los mendocinos a la actividad, ya que era parte de su discurso político. Arrojó casi un 60% de respaldo, pero cuando se desataron las manifestaciones en las calles y en los medios de comunicación, “la gente se dio vuelta como una media, y ese aval bajó casi a la mitad. Después, volvió a subir”, contaron.
La batalla por demostrar quién tiene la licencia social no termina ahí. La intención de los malargüinos es movilizarse en caravanas al Gran Mendoza para concientizar sobre las bondades y ganancias que ofrece el sector. Sondean la posibilidad de llevar a alumnos y especialistas e, incluso, pensaron en plotear un colectivo para hacer más visible el mensaje. “Pero tenemos miedo de que los hagan mierda en el Valle de Uco”, aportó uno de los involucrados. “Por las dudas, creo que sólo vamos a hacer banderas”.
La política tiene ante sí tres grandes frentes: fortalecer las chances de recuperar la actividad con un proyecto sólido; sensibilizar a más de un millón de personas para ganarse su confianza en que habrá controles reales y concretos; y proponer un debate respetuoso con los sectores ambientalistas, que de buena fe, sólo defienden derechos a los que entienden vulnerados.
Todo eso lo tiene que hacer, casi en soledad, un intendente.
Por ahora son sólo él y ese proyecto al que guarda bajo siete llaves.
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La Legislatura aprobó la nueva ley de humedales

Fecha de Publicación: 17/05/2022
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Misiones


Con voto unánime, los legisladores dieron el visto bueno a la iniciativa que brindará un marco legal y clasificación. También se aprobaron normas en salud y producción
En la sesión de la Cámara de Representantes de Misiones, los legisladores aprobaron ayer por unanimidad la implementación de la ley provincial de humedales.
La medida viene a suplir la ausencia de una ley nacional que regule el cuidado de estos ambientes. Desde el año pasado se instaló con fuerza la discusión en el orden nacional sobre la necesidad de una normativa que regule este tipo de ecosistemas, aunque no se logró avanzar en ello.
Ante esto, el oficialismo provincial realizó el tratamiento de una normativa que fue propuesta por el ex diputado Julio Barreto en 2020. Ésta tuvo dictamen favorable en septiembre del año pasado y fue incorporada al Plan de Labor de la segunda sesión ordinaria del año.
Sobre esto, el ex legislador indicó a El Territorio que “al ser intendente de Montecarlo me ha tocado conocer la realidad del territorio y una de esas era la de los humedales de nuestra zona. Muchos vecinos, para ganar terreno, secaban los humedales, tiraban escombros, drenaban y como no estaba regulado, lo podían hacer. Lo mismo pasa a lo largo de la provincia y el país, porque no hay normas al respecto”.
“Este proyecto de ley busca proteger los humedales, con la enorme importancia que tienen en la vida de nuestros ecosistemas y la función que cumplen. Evidentemente es algo molesto para la gente que no conoce el tema”, explicó.
En ese marco, expresó que al ser Misiones la primera provincia en regular el marco jurídico de los humedales, el trabajo fue arduo. “En algún momento, dialogando con otros intendentes, ecologistas y defensores del medioambiente, vimos que seria importante una iniciativa al respecto y nace la idea. Con el equipo de trabajo, los asesores, empezamos a trabajar en la redacción, investigando primero la importancia que tienen”, contó.
Al mismo tiempo, apuntó: “Se debatió intensamente en 2020, a fines del 2021 se obtuvo dictamen y ahora ya es ley. Es una ley que no tiene partido político, una ley necesaria que tiene que ver con la defensa de la vida misma y que debería ser ejemplo para todos. Ojalá pueda replicarse en el resto del país, porque sin dudas esta ley va a significar un impacto en el tratamiento de la ley nacional que se viene cayendo desde hace unos años”.
Sobre las herramientas jurídicas, Barreto remarcó que los humedales tendrán diferente tratamiento, de acuerdo a la clasificación: uno será de protección absoluta, otro de restauración y, finalmente, otro de usos múltiples, es decir, de uso en forma correcta y sustentable. A modo de ejemplo, mencionó el turismo cuidado y de vivienda misma.

La normativa
Según la normativa, un humedal es un “ambiente en el cual la presencia, temporaria o permanente, de agua superficial o subsuperficial, incluidas las nacientes con las características de suelos o sustrato que así lo permitan, causan flujos biogeoquímicos propios y diferentes a los ambientes terrestres y acuáticos, con la presencia de biota adaptada a estas condiciones, comúnmente plantas hidrófitas, y suelos hídricos o sustratos con rasgos de hidromorfismo”.
Con esta ley se pretenden cuidar y regular las actividades que se desarrollen en esos entornos, con el objetivo de que su uso sea sustentable. Es decir, que puedan combinarse actividades económicas con el cuidado y la protección de este tipo de ecosistemas. Así es que en el cuarto de los artículos de la normativa se indica que “pueden realizarse en los humedales todos aquellos usos racionales tradicionales que no afecten su funcionamiento y sean compatibles con las finalidades de la presente”.
En ese sentido, se establecerán reglas que indiquen las actividades que “las personas humanas o jurídicas puede o no hacer” en este tipo de ambientes. El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de la Provincia debe calificar a los humedales en tres áreas principales. Así, habrá áreas de Protección, de alto valor de protección, donde las actividades son absolutamente restringidas; áreas de Gestión de Recursos, donde se debe gestionar para su conservación a largo plazo; y, por ultimo, áreas de Usos Múltiples, que son sectores urbanos o rurales donde actualmente se realizan actividades económicas o industriales donde se debe administrar su conservación.
 “Estos aspectos son claves en la protección y conservación de los humedales y dotan al presente proyecto de ley de la eficacia y poder sancionatorio adecuado”, afirman en los argumentos. Así, según la normativa, “el aprovechamiento de los humedales debe ser planificado considerando un uso sustentable y respetuoso de sus características ecológicas, entre las cuales no puede prescindirse de su elasticidad, así como de la conservación de los servicios ambientales que brindan”.
Al respecto, en sesión, el diputado Rafael Pereyra Pigerl manifestó que “es un hecho trascendental en la historia de Misiones y Argentina”. Mencionó que la Constitucional Nacional expresa que corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, pero después de tantos años de espera, la Nación aún no dictó normas al respecto y “la Orovincia siempre primereó en normas ambientales a Nación”, lo que se ejemplifica con esta nueva norma.
Al respecto, contó que hay diputados nacionales misioneros que también ya propusieron proyectos de presupuestos mínimos de humedales.
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Marcha atrás con la habilitación de la caza deportiva de carpinchos en Corrientes

Fecha de Publicación: 17/05/2022
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes


En seis meses, la provincia volvió a ser el epicentro de un escándalo ambientalista. Un veterinario e influencer amenazó con tomar medidas severas.
Marcha atrás con la habilitación de la caza deportiva de carpinchos en Corrientes Por segunda vez en medio año, el Ministerio de Turismo de Corrientes anuló ayer una disposición de la Dirección de Recursos Naturales que autorizaba la cacería de diversas especies, entre ellas, el carpincho. En noviembre del año pasado solicitaron la renuncia del entonces responsable del área, Carlos Bacqué, por una medida similar para el control de población de 200 carpinchos en la localidad de Curuzú Cuatiá.
El ministro de Turismo de la provincia, Sebastián Slobayen, comunicó ayer que el gobernador Gustavo Valdés decidió anular en todos sus efectos la Disposición Nº 245 del actual director de Recursos Naturales, Agustín Portela. La misma permitía, hasta agosto de este año, ser objeto de caza deportiva a algunas especies de aves (palomas domésticas, picazuró, palomas manchadas, torcaza, todas las especies de patos, a excepción del real o criollo y el crestudo, y ipacaá), y mamíferos (liebre europea, antílope negro, chancho salvaje, ciervo axis, ciervo colorado y carpincho).
La disposición fue firmada el miércoles pasado, y se difundió ayer, lo que provocó una serie de repudios en la opinión pública. Al punto de que un veterinario, Fernando Pieroni, reconocido por colaborar durante los incendios forestales en Corrientes, aseguró en sus redes sociales que publicaría el número de teléfono de Gustavo Valdés, “para que todos le mandemos un mensajito”.
En caso de continuar con la medida, todas las especies habilitadas para la caza tendrían cupo por temporada. En el caso del carpincho, el límite establecido sería de un ejemplar por cazador, con licencia y jornada de caza, tanto para caza mayor como menor.

Antecedente
Corrientes fue el epicentro de un escándalo nacional en noviembre del año pasado, por una disposición de la Dirección de Recursos Naturales que permitía la extracción controlada de carpinchos en una propiedad privada con cultivos de arroz.
El ministro de Turismo de Corrientes, Sebastián Slobayen, confirmó entonces a El Litoral el pedido de renuncia para Bacqué, así como la cancelación de la medida repudiada.
Dos semanas después, asumió en ese cargo el doctor Agustín Portela. “El tema ambiental tenemos que empezar a educarnos, más que controlar, pasa por el autocontrol a través de nuestras conductas. El poder de policía se tiene, pero lo más importante es que mantengamos una conducta en base a las normas”, dijo el funcionario al asumir.
El argumento de los productores de Curuzú Cuatiá para la anterior disposición fue que estos roedores afectan a la producción de arroz. Pero Slobayen dejó en claro que la visión del gobernador Valdés ha sido siempre “valorizar la fauna, preservar los recursos naturales y, a la vez, lograr un equilibrio con los sectores productivos”. Si bien los carpinchos no están catalogados en peligro de extinción, su presencia en varios humedales de la Argentina está protegida por Ley 22.421, de fauna silvestre.
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Proponen cambios a la Ley de Agroquímicos para cuidar salud y ambiente

Fecha de Publicación: 17/05/2022
Fuente: Redacción Rosario
Provincia/Región: Santa Fe


El diputado provincial Carlos Del Frade presentó un proyecto con modificaciones a la Ley Fitosanitarios. Afirmó que “estos pesticidas hacen muy mal a la salud y al ambiente”, y defendió la agroecología: “Hay que hacer agricultura sin veneno”.
El legislador del Frente Social y Popular buscará en la legislatura modificar la Ley Nº 11283, llamada Fitosanitarios, que data del año 1995. “Primero decimos que esto ya no son fitosanitario, son agroquímicos y que es imprescindible regularlo, porque está demostrado en diferentes niveles, todos ellos científicos, que estos pesticidas hacen muy mal a la salud y al ambiente”, aclaró.
En los argumentos del proyecto, Del Frade indicó que esta ley “ha permitido en las 365 comunas y municipios, que los agroquímicos se usen como quieren los grandes productores, lo que ha generado enfermedades en la gente y deterioro del ambiente”. Y entre los principales puntos a cambiar, están: “No hay que fumigar más de manera aérea en ningún lugar de la provincia, y que tiene haber, por lo menos, un límite de 1500 metros de los cascos urbanos y 3000 metros para los agroquímicos de peor letalidad”.
Además, el diputado solicitó “trabajar mucho” con la agroecología, que “es algo que queremos fomentar”, ya que “hay que hacer agricultura sin veneno”. En este sentido, dijo que “la agroecología se impone en Europa y, por lo tanto, hoy es mucho más negocio hacer las cosas sin veneno”.
Por último, el periodista de investigación reiteró que “hemos presentado este proyecto de Ley, una vez más, esperando que vuelva a tener media sanción en la Cámara de Diputados y después ir a remar como siempre en el Senado, para que alguna vez en la provincia, además de aplaudir desde los grandes partidos políticos el desarrollo empresarial vinculados a las multinacionales exportadoras de aceite y derivados, también se piense en lo ambiental y en la salud de la gente”.
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Unión Europea destinará 10 millones de euros en biodiversidad de Argentina

Fecha de Publicación: 16/05/2022
Fuente: Agencia SWI
Provincia/Región: Nacional


La Unión Europea (UE) destinará 10 millones de euros para el desarrollo de la biodiversidad en Argentina, mediante acciones coordinadas que tendrán principal foco en Norte Grande, en tanto otra parte el presupuesto será asignado a financiar proyectos en el Mar Patagónico, según comunicó este viernes la Delegación de la UE en el país.
Este desembolso forma parte de una serie de acciones del “Team Europe”, un marco de trabajo conjunto entre la Delegación de la UE en Argentina y las embajadas de los 21 Estados Miembros representados en el país suramericano.
“El objetivo estará puesto en trabajar para la protección de la biodiversidad en Argentina”, detalló el comunicado.
Siete millones de esos 10 millones de euros serán destinados al Norte Grande con un enfoque particular en la región Chaqueña, se explicó, debido “al enorme potencial que posee la región, siendo la segunda reserva de biodiversidad de las Américas”, que está distribuida en una superficie de un millón de kilómetros cuadrados, de los cuales el 62 % se encuentra en territorio argentino.
El embajador de la Unión Europea en Argentina, Amador Sánchez Rico, hizo hincapié "en el valor intrínseco de los servicios ecosistémicos de este bioma para el equilibrio ecológico del planeta y que serán apoyados por el conjunto de las organizaciones europeas", "en un espíritu de colaboración con socios argentinos del espectro público-privado y sociedad civil”.
La parte restante del presupuesto, 3 millones de euros, será asignada para financiar proyectos de protección de la biodiversidad en el Mar Patagónico, se agregó.
El jefe de Cooperación de la Unión Europea en Argentina, Luca Pierantoni, explicó que este nuevo programa “duplica" el nivel de cooperación de la UE con la sociedad civil en el Norte Grande.
Y que “los recursos financieros serán, en parte, invertidos en apoyar el trabajo en territorio realizado por Redes Chaco, un espacio de diálogo multiactor y multisectorial que facilitará la definición, en los próximos meses, de acciones concretas en sectores claves como el manejo forestal, la agricultura sostenible y el compromiso con las comunidades indígenas”, dijo Pierantoni.
Este anuncio se realiza en el marco de la visita de la jefa de División de América del Sur del Servicio Europeo de Acción Exterior, Veronique Lorenzo, y del jefe de Unidad de Latinoamérica y Caribe de la Dirección General de Partenariados Internacionales de Comisión Europea, Jorge de la Caballería.
Los funcionarios realizaron una misión al Norte Grande argentino para conocer a las comunidades, referentes de la sociedad civil y autoridades que serán parte activa de esta nueva etapa de la cooperación de la UE en Argentina, se reunieron con comunidades indígenas Pilagá y Guaraní y visitaron proyectos financiados por la UE en materia de protección medioambiental y agricultura sustentable.
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Frenaron un desmonte ilegal en Pampa del Infierno: arrasaron con unas 30 hectáreas

Fecha de Publicación: 16/05/2022
Fuente: Diario Chaco
Provincia/Región: Chaco


La Policía allanó un campo sobre la ruta provincial 5 y frenó un desmonte ilegal este viernes en la localidad de Pampa del Infierno.
Cerca de las 9, los agentes rurales junto al personal de la Dirección de Bosques irrumpieron en el Lote 98, a unos 11 kilómetros de la Planta Urbana de la localidad, sobre la Ruta N° 5.
Al momento de ingresar se encontraron con una casilla, cisternas con agua y combustibles, además de otros elementos. Luego escucharon los ruidos del motor de una máquina que se encontraba campo adentro.
Por eso, los policías rastrearon el ruido y detectaron una topadora Caterpillar que derribaba a su paso toda la masa boscosa. Inmediatamente frenaron el desmonte, demoraron al conductor de la máquina de 36 años y constataron unas 30 hectáreas deforestadas.
Horas más tarde se presentó el dueño de la maquinaria, un hombre de 43 años.
Finalmente, el conductor junto al propietario de las maquinas fueron notificados de su infracción al Régimen Forestal.
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Proponen una comisión independiente para evaluar la minería en Andalgalá

Fecha de Publicación: 16/05/2022
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Catamarca


Un conflicto que ya lleva 15 años y trascendió gobiernos de diferentes signos políticos en Catamarca.
Mientras el conflicto por la minería en Andalgalá sigue sin encontrar una salida, dos legisladores nacionales por la provincia de Catamarca propusieron crear una auditoría externa e independiente de intereses, como alternativa para tratar de zanjar las diferencias sociales en torno a este tema.
Rubén Manzi (ARI-CC) y Francisco Monti (UCR), hicieron pública la iniciativa, que será llevada ante las autoridades provinciales y municipales, con el objetivo de acercar posiciones entre pro mineros y anti mineros, un conflicto que ya lleva 15 años y trascendió gobiernos de diferentes signos políticos en Catamarca.
El objetivo es tratar de lograr un consenso que permita la convivencia pacífica; para ella proponen generar una auditoría externa, exenta de intereses económicos o políticos que realice un estudio científico cuyos métodos y resultados sean incontrastables para determinar con precisión cuáles son los riesgos -si es que existen- ambientales para continuar o desestimar el proyecto MARA.
A lo largo de estos años, dos sectores de la población de Andalgalá cayeron en un conflicto casi insalvable, entre quienes apuestan a la minería como factor de desarrollo, y aquellos que se oponen de manera intransigente. Hace unos días, ambientalistas que acampaban en un camino de acceso al proyecto MARA, fueron reprimidos por la policía provincial y se produjeron violentos enfrentamientos con los uniformados.
“Entiendo que existen sectores que se oponen a la minería en su totalidad, pero no hay peor gestión que la que no se hace. La gente de Andalgalá está sufriendo y la política no ha sido capaz de aportar una solución”, señaló el diputado Manzi acerca de la propuesta.
Asimismo consideró que el gobierno provincial no está interpretando la dimensión del problema y se limita a ver a la actividad minera solo desde el beneficio económico. “La minería tiene otras dimensiones, como el ambiente y el factor social”, sintetizó el diputado, al considerar que se podrá avanzar en la actividad cuando se logre conciliar entre esos tres aspectos.
De igual manera reconoció que la experiencia de Bajo la Alumbrera no ha sido la mejor, tomando en cuenta que la gente de Catamarca no siente que haya sido beneficiosa para la provincia. En tal sentido hizo una crítica y autocrítica a la dirigencia política, del actual gobierno como así también de otras administraciones anteriores, por entender que “podríamos haber hecho mejor las cosas”.
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El Gobierno autorizó el trigo HB4 y el pan transgénico se acerca a las mesas argentinas

Fecha de Publicación: 14/05/2022
Fuente: Agencia Tierra Viva
Provincia/Región: Nacional


El cuestionado trigo transgénico tuvo luz verde del gobierno nacional. La medida beneficia a la empresa Bioceres, donde son accionistas Gustavo Grobocopatel y Hugo Sigman. El nuevo transgénico podrá contaminar al trigo convencional, implica el uso del herbicida glufosinato de amonio y, mediante todos los derivados de la harina, estará en los alimentos argentinos.
El Ministerio de Agricultura de la Nación completó este jueves la aprobación del "trigo HB4", el primer trigo transgénico del mundo. Esto habilita a la empresa Bioceres a comercializarlo, por lo que podrían comenzar a aumentar las hectáreas sembradas con este cultivo que es resistente al glufosinato de amonio, un herbicida más tóxico que el glifosato. El trigo —que llegará al pan, los fideos y todos los derivados de la harina— había sido aprobado por la denunciada Conabia (Comisión Nacional de Biotecnología). El transgénico es rechazado por productores trigueros, científicos e incluso por grandes empresarios del sector. La autorización contradice pedidos de la Justicia Federal.
La decisión del Gobierno desoye el reclamo de cientos de organizaciones sociales y campesinas y de miles de científicos que exigieron detener el avance de este transgénico. Denuncian la falta de transparencia en el procedimiento de aprobación del trigo HB4, la contaminación que producirá sobre otros trigos no transgénicos y el aumento del uso de agrotóxicos que supondrá su cultivo.
La aprobación también va a contramano de las medidas solicitadas por la Fiscalía Federal y la Defensoría Pública Oficial, que pidieron al Poder Judicial suspenderla de inmediato. Advierten que el mecanismo por el cual se autorizó el transgénico viola la Ley General del Ambiente y el artículo 41 de la Constitución Nacional, entre otras normas de protección de la salud y el ambiente.
La cartera que conduce Julián Domínguez tampoco cumplió con la orden del juez federal Santiago Carrillo de implementar un proceso de participación ciudadana para la aprobación de este transgénico.
Al mismo tiempo, cámaras de productores y exportadores de cereales rechazan el trigo HB4 porque afirman que supone un grave riesgo comercial. “Esta norma provoca un enorme riesgo comercial, dado que los países que nos compran no aceptan HB4”, sostuvo el Centro de Exportadores de Cereales en un comunicado difundido apenas se conoció la aprobación. “Las consecuencias económicas de eventuales pérdidas de mercado recaerán sobre el Ministerio (de Agricultura) y la empresa desarrolladora (Bioceres)", alertaron.
La empresa Bioceres desarrolló el trigo transgénico en sociedad con la científica Raquel Chan, del Conicet y la Universidad Nacional del Litoral. La académica rechaza los argumentos que alertan (como consecuencia de su transgénico) de más desmontes, desalojos campesinos-indígenas y mayor uso de agrotóxicos, entre otros aspectos negativos.
Bioceres, que cotiza en la Bolsa de Nueva York, cuenta entre sus accionistas a los millonarios Gustavo Grobocopatel y Hugo Sigman.

Trigo transgénico para todos y todas
La decisión del Ministerio de Agricultura se conoció a través de la resolución 27/2022, publicada este jueves en el Boletín Oficial. El trigo HB4, publicitado como tolerante a la sequía, había sido aprobado por el gobierno de Alberto Fernández a fines de 2020. Sin embargo, esa autorización estaba supeditada a la aprobación por parte de Brasil, principal importador del trigo argentino. Casi un año después, la Comisión Técnica de Bioseguridad de Brasil (CTNbio) aprobó la comercialización de la harina --no de la semilla--. Es decir, el gobierno brasileño aceptó la harina y sus derivados, pero no la siembra en su territorio.
Esta decisión de Brasil, sumada a la reciente aprobación por parte de China de la soja HB4 y también del trigo HB4 por parte de Australia y Nueva Zelanda, fueron los argumentos utilizados por Agricultura para completar la autorización.

Demandas judiciales en trámite
Productores agroecológicos de la provincia de Buenos Aires, que ya habían presentado un recursos de ámparo para suspender el trigo transgénico, adelantaron que volverán a presentar medidas tanto en la justicia provincial como federal.
“Vamos a insistir nuevamente con la cautelar de suspensión del trigoHB4 en la provincia y pedir un dictamen de la Dirección Nacional de Agroecología”, sostuvo Fernando Cabaleiro, abogado de la organización Naturaleza de Derechos, que representa a los productores. Al mismo tiempo, van a reclamar que la Universidad Nacional de La Plata emita un informe sobre los impactos de los transgénicos, y la imposibilidad de coexistencia del trigo transgénico y el agroecológico (por la contaminación de uno sobre el otro). En la Justicia Federal también pedirán una medida cautelar para proteger el trigo agroecológico.
Por otro lado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación mantiene demorada una causa judicial en la que vecinos afectados, la Fiscalía Federal y la Defensoría Pública pidieron la suspensión de la autorización del trigo HB4.

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El Gobierno aprobó la venta del primer trigo transgénico HB4 resistente a la sequía

Fecha de Publicación: 14/05/2022
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


De acuerdo a la Resolución 27/2022 del Ministerio de Agricultura, firmada por Luis Contigiani, se autoriza a INDEAR SA a comercializar la semilla, y a los productos y subproductos derivados de ésta, provenientes del trigo HB4, y a toda la progenie derivada de los cruzamientos de este material con cualquier trigo no modificado genéticamente.
El Gobierno autorizó la comercialización del primer trigo transgénico HB4 desarrollado por Bioceres resistente a la sequía y al herbicida glufosinato de amonio en el inicio de la siembra de trigo de la campaña 2022/2023. Tras la noticia, las acciones de Bioceres repuntan 7% en Wall Street luego de acumular cinco jornadas a la baja.
De acuerdo a la Resolución 27/2022 del Ministerio de Agricultura, firmada por Luis Contigiani, se autoriza a INDEAR SA a comercializar la semilla, y a los productos y subproductos derivados de ésta, provenientes del trigo HB4, y a toda la progenie derivada de los cruzamientos de este material con cualquier trigo no modificado genéticamente. INDEAR es la empresa de servicios de investigación y desarrollo del Grupo Bioceres.
"Facúltase a la firma INSTITUTO DE AGROBIOTECNOLOGÍA ROSARIO S.A. (INDEAR S.A.) a comercializar la semilla, y a los productos y subproductos derivados de ésta, provenientes del trigo IND- ØØ412-7", señaló el comunicado en Boletín Oficial.
"Se podrán comercializar variedades de trigo con el evento con posterioridad a su correspondiente registro en el INASE, organismo descentralizado en la órbita del citado Ministerio", aclara.
La Resolución indica que el 11 de noviembre de 2021 la CTNBIO de Brasil aprobó la comercialización de harina de trigo en el evento HB4. "Se expresa que se han cumplido los pasos correspondientes a la aprobación comercial de la harina de trigo del evento INDØØ412-7 en dicho país".
"Mediante el manifiesto parecer CTNBIO expresa oficialmente que luego de haber recibido las manifestaciones técnicas solicitadas a la empresa (TMG / Bioceres), considera que éstas respetan a las normas nacionales y criterios internacionalmente aceptados para el análisis de seguridad de materias primas genéticamente modificados y concluye que la harina de trigo genéticamente modificada HB4 (registrada como evento IND-ØØ412-7) es segura para la salud humana y animal como lo es la harina producida a partir de granos de trigo convencionales", cita la Resolución.
El nuevo evento no tiene el aval de la cadena triguera, ya que advierten que el mismo podría derivar en en la pérdida de mercados para el cereal argentino, cuyas exportaciones tienen como principal destino Brasil. "Esta norma provoca un enorme riesgo comercial", dijo la cámara de exportadores de granos de Argentina CEC en su cuenta de Twitter, donde agregó que "las consecuencias económicas de eventuales pérdidas de mercado recaerán sobre el Ministerio y la empresa desarrolladora".
“Seguiremos produciendo mediante @GeneracionHb4, nuestro sistema de Identidad Preservada, del que forman parte +250 productores y que nos permite garantizar la calidad y los más altos estándares de esta tecnología única en el mundo y 100%. Por otro lado, no se comercializarán las semillas aún”, afirmó en la red social Twitter el vocero de la compañía, Gabino Rebagliatti.
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Capacitan a policías de Federal en el control de desmonte y transporte ilegal de productos forestales

Fecha de Publicación: 14/05/2022
Fuente: APFDigital
Provincia/Región: Entre Ríos


Técnicos de la Dirección de Recursos Naturales de la provincia, capacitaron y articularon acciones conjuntas con efectivos de la Policía de Entre Ríos en el control del desmonte ilegal y el tránsito de productos forestales
Días pasados, en el Salón de Usos Múltiples de la Municipalidad de Conscripto Bernardi, departamento Federal, técnicos de la Dirección de Recursos Naturales dependiente de la Secretaría de Agricultura y Ganadería del Ministerio de Producción, llevaron adelante una capacitación sobre la actualización de la normativa provincial y el funcionamiento operacional del control de los desmontes ilegales y el transporte de los productos forestales provenientes del bosque nativo.
La formación tuvo como eje varias temáticas, entre ellas, lo referido a la actualización de la normativa nacional y provincial vigente, para conservar los bosques nativos; haciendo hincapié en el ordenamiento de los bosques nativos. Además la implementación de un nuevo sistema de transporte de guías forestales del bosque nativo entrerriano y los operativos por desmontes ilegales que se coordinan operativamente desde la Dirección de Recursos Naturales.
También se intercambiaron ideas sobre la forma de trabajo conjunto que vienen desarrollando en esta materia y en conjunto con la fuerza policial en todo el departamento Federal.
En 2007, el Congreso Nacional sancionó la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos y en la Provincia, se estableció el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos mediante la Ley 10.284 sancionada en el año 2014. Uno de los aspectos clave del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, es que parte de estos fondos se destinan a desarrollar y mantener una red de control, monitoreo y sistemas de información para conservar los bosques nativos del territorio.
El director de Recursos Naturales, Mariano Farall, ponderó el apoyo y presencia de la Senadora departamental, Nancy Miranda, los agentes de control de su repartición y los funcionarios policiales departamentales que “desempeñan un valioso rol como auxiliares para el control y la fiscalización de la normativa inherente al cuidado de los recursos naturales y el ambiente”.
Además Farall, destacó “estamos fortaleciendo el área de Bosque Nativo provincial,tal como la incorporación de recurso humano especializado, atendiendo denuncias telefónicas a través de la aplicación de whatsapp, luego se recorre periódicamente la provincia, atendiendo las denuncias por desmontes ilegales; gestionando trámites; articulando con las fuerzas policiales, armando informes técnicos y jurídicos para la aplicación de sanciones y multas a quienes infringen la ley, u organizando este tipo de cursos de capacitación sobre la actualización de la normativa”.
Se recuerda que la nueva línea para realizar denuncias por desmontes vía whatsapp es (343) 6216345.
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Matanza de pingüinos en Chubut: un informe científico revela el impacto ambiental que tuvo el crimen en Punta Tombo

Fecha de Publicación: 14/05/2022
Fuente: Vía País
Provincia/Región: Chubut


El incidente se desarrolló a fines del 2021 cuando una máquina avanzó hacia un campo lindero de la Reserva Natural, matando a decenas de ejemplares.
A fines del 2021, el Ministerio de Turismo de Chubut denunció la matanza de pingüinos, tanto adultos como pichones y huevos, a causa de una máquina que avanzó sin autorización por un campo lindero de la Reserva Natural Punta Tombo donde estaban los ejemplares. Desde el CONICET, entonces, decidieron investigar lo ocurrido.
Si bien el informe se está por dar a conocer por la fiscalía de Rawson, ADNSUR recabó algunos datos. Los especialistas y designados peritos, Pablo Garcia Borboroglu, Tomás Bosco y Mario Rostagno fueron los encargados de allanar los lugares correspondientes y analizar el impacto ambiental.
Constataron que fueron afectados 2000 metros cuadrados de hábitat de nidificación, lo que no es colonia no fue investigado. A su vez, detallaron que no solo fue el camino identificado originalmente, sino que se identificaron tres áreas más. Ese sendero se comenzó a fines de agosto, pero la máquina continuó transitando, impactando en la temporada reproductiva de las aves.
El 58% de esta superficie de nidificación fue impactada el 26 de noviembre del año pasado, en base a lo que indican las imágenes satelitales y la evidencia fotográfica y fílmica. Fue en plena temporada reproductiva, cuando los ejemplares estaban en sus nidos incubando huevos o empollando pichones menores a un mes de vida.
En este sentido, descubrieron que el tránsito de maquinaria pesada sobre el camino hasta el mar continuó impactando en la colonia con pichones chicos. Las huellas de las imágenes de noviembre del 2021 lo evidencian.

¿Cómo murieron los pingüinos de Punta Tombo?
Los pichones hallados, según las investigaciones, habrían muerto por el mismo colapso de la estructura del nido causado por el tránsito de la maquinaria. Además, la construcción del alambrado y su boyero electrificado habría afectaron a las aves en esta etapa de su ciclo, obstaculizando su libre desplazamiento con el mar.
El área de interés se ubica en una de las zonas núcleos de la Reserva de Biosfera de UNESCO: Patagonia Azul. Estas áreas centrales incluyen sitios de alta diversidad biológica y cultural, que cuentan con un alto grado de integridad ecológica, capaz de asegurar los objetivos de conservación a largo plazo, según la organización.    
No obstante, este espacio ha sido designada de la mano con AICA (Áreas Importantes para la Conservación de las Aves). Su objetivo era integrar una red de sitios críticos para las aves del mundo.
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Pergamino: exfuncionarios a punto de ir a juicio por las fumigaciones

Fecha de Publicación: 13/05/2022
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires


Se trata de dos exfuncionarios encargados de controlar las fumigaciones con agroquímicos en Pergamino. La historia de un caso que conmovió a la ciudad.
El pedido de elevación a juicio de la causa que se sigue contra dos ex funcionarios municipales de Pergamino, acusados de no controlar las fumigaciones en campos lindantes a la zona urbana, podría marcar un hito en materia de sanciones por el uso indebido de agroquímicos (glifosato).
La solicitud fue planteada por el titular de la Fiscalía Federal de San Nicolás, Matías Felipe Di Lello, tras considerar finalizada la etapa de instrucción en la causa contra Guillermo Nicolás Naranjo y Mario Daniel Tocalini, ex titular y ex auditor de la Dirección de Ambiente Rural de la Municipalidad de Pergamino, durante la gestión del actual intendente Javier Martínez (PRO).
A los exfuncionarios se los acusa de los delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, dado que -según la acusación- “ignoraron la aplicación de la normativa vigente” y permitieron “la fumigación con agroquímicos en campos lindantes a la zona urbana”.
La investigación se inició como un desprendimiento de la causa que tramita en el Juzgado Federal de San Nicolás, donde se investiga a los propietarios de los campos fumigados por contaminación ambiental de un modo peligroso para la salud, mediante la utilización de residuos calificados peligrosos, como es el caso del glifosato.

El escándalo por el uso de agroquímicos que conmovió a Pergamino
Las numerosas denuncias realizadas por vecinos de Pergamino entre 2015 y 2019, desataron un verdadero escándalo en la localidad.
Además de las acusaciones contra los productores rurales, se sumaron los cuestionamientos a las autoridades municipales por “no controlar las sustancias con las que se fumigaban los campos próximos a la zona urbana, ni la forma en que ello se hacía”, en una manifiesta contradicción con lo establecido por un Decreto Municipal (N°8126/2014), que regula el uso y aplicación de sustancias fitosanitarias.
Las denuncias contra el ingeniero agrónomo Naranjo y el veterinario Tocalini –en sus calidades de auditor y titular de la Dirección de Ambiente Rural- también dan cuenta del aviso realizado por los vecinos y su displicencia para evitar alguna solución. “Se excusaban y justificaban el accionar de los propietarios de los predios, al tiempo que nunca exhibieron las autorizaciones o documentación que habilitara las fumigaciones cuestionadas” explica el sitio Fiscales.gob.ar.
En base a las pruebas recolectadas, el fiscal Felipe Di Lello entendió que los dos hombres “no cumplieron acabadamente las funciones inherentes a su cargo, esto es, fiscalizar y controlar el correcto cumplimiento de las disposiciones de la ordenanza municipal N° 8126/14 y la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente conforme las leyes y convenios de su competencia”.
En sus fundamentos, se los acusa de “no controlar las fumigaciones, algunas en la zona del casco urbano de Pergamino, en incumplimiento con el margen de 100 metros de exclusión dispuesto por la normativa municipal vigente”.
“Esta omisión por parte de los funcionarios, permitió espacios de discrecionalidad indebidos en una actividad que por su enorme riesgo -teniendo en cuenta que aquellas aplicaciones se realizaron a escasos metros de la zona urbana, sin receta agronómica, sin número de registro del aplicador, sin tener en cuenta las condiciones climáticas y vertido glifosato combinado con 2-4-D (producto recientemente prohibido por el Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires)- debía ser objeto de un efectivo control” agrega en sus apreciaciones.

Pergamino, una de las ciudades que cultiva el monocultivo de soja
La ciudad bonaerense de Pergamino es una de las zonas en donde más se concentra el monocultivo de soja en toda la provincia.
A raíz de distintos síntomas que aquejaban a vecinos de la localidad - náuseas, irritación en los ojos y dificultades respiratorias- un grupo de ciudadanos se agruparon y dieron visibilidad a la problemática.
Luego de meses de lucha, consiguieron que la denuncia fuera tomada por el Juzgado Federal de San Nicolás, quien confirmó la presencia de agroquímicos en las napas de agua y en los estudios de sangre de los vecinos del barrio.
Pese a numerosas instancias de apelación, la causa avanzó y hoy está cerca de llegar a la instancia de juicio.
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Detectan presencia de ave en riesgo de extinción

Fecha de Publicación: 13/05/2022
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Misiones


En el Parque Provincial Cruce Caballero se registró la presencia de dos juveniles de Águila Crestuda Real, una especie de ave que se encuentra cercana a la amenaza a nivel internacional y en peligro a escala nacional, principalmente debido a la caza y la destrucción del hábitat.
“Es sin duda una de las mejores noticias de los últimos tiempos en cuanto a la preservación de fauna autóctona”, indicaron guardaparques de la mencionada Área Natural Protegida de San Pedro quienes junto a investigadores del Proyecto Selva de Pino Paraná realizaron el seguimiento de los individuos.
El primero de ellos fue avistado hacia finales del invierno y comienzos de la primavera  del 2021. Vocalizaba y permanecía cerca del área de acampe del parque y alrededores.
El segundo juvenil fue detectado hacia mediados de febrero de 2022. Lo notaron muy activo. Cuando lo observaron en algunas ocasiones, era alimentado por los adultos.
El Águila Crestuda Real (Spizaetus ornatus) tiene una amplia distribución a lo largo de los bosques de Sudamérica. En la Argentina, la especie se encuentra en las provincias de Misiones, Corrientes, Formosa, Salta y Jujuy.
Los investigadores confirmaron que la especie nidifica en el parque. Por eso, se pidió a los fotógrafos y aficionados de la naturaleza que sean prudentes en sus recorridas por la zona para observarlos, ya que es frecuente la actividad de los juveniles.
Asimismo reiteraron que es una especie con un alto valor de conservación para el país, que se encuentra en un momento crítico de su ciclo de vida. Por eso, que se lo aviste en Misiones con sus crías genera mucha esperanza en cuanto al aumento de su población.
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Crece la preocupación por la fauna atropellada en las rutas correntinas

Fecha de Publicación: 13/05/2022
Fuente: Diario El Libertador
Provincia/Región: Corrientes


El joven ambientalista Luis Martínez dialogó con EL LIBERTADOR y expresó su preocupación respecto de la incipiente aparición de animales, muchas veces de especies en peligro de extinción, atropellados en las rutas correntinas, e instó a las autoridades a tomar medidas al respecto.
«No es un problema de ahora, sino que se ha reportado reiteradas veces», comentó Martínez, al referirse que, si bien durante los incendios se observó una creciente actividad de animales cruzando rutas, hay avisos de hace algunos años sobre el peligro que pasa la fauna local en zonas atravesadas por caminos.
En ese sentido, se enfocó en la Ruta Provincial 5, ya que en dicha «hay gran cantidad de especies que cruzan en busca de alimento, hábitat o simplemente por cruzar, porque es un área natural», indicó.
Entre otras especies, se ha registrado en las últimas semanas la muerte de ejemplares de lobitos de río, especie en peligro de extinción; y aguará guazú, que se encuentra amenazada y es, además, difícil de observar en su hábitat natural.
Más allá de los reportes de personas que los encuentran transitando por estas rutas, no hay números oficiales al respecto, lo que complica conocer el impacto real de esta problemática. «No hay números porque no hay relevamiento, ni hay estudios ni organismos preocupados por la situación», explica Martínez, quien agregó que «los organismos públicos están ausentes» ante el problema.
«Tenemos que estar agradecidos por la fauna de la provincia, pero no se los protege, no se cuidan estas áreas naturales», expresó, preocupado.
«Es necesaria y urgente la implementación de acciones sincronizadas para su protección, y conservación en todo su rango de distribución», indicó Martínez a través de su cuenta de Instagram, donde comparte este todo tipo de campañas de concientización ambiental.
En otra publicación, comentó que el desvío hacia ruta 5, producto de los trabajos en el puente sobre arroyo Santa Lucía de ruta 12 provocó el aumento de tráfico en la zona y, por tanto, de los atropellos. «Atropellar a nuestra fauna silvestre es extinguirlos», concluyó.
Otra problemática por la que Martínez expresó preocupación en las últimas semanas es la de la depredación de peces en el río Paraná. «Venimos teniendo el mismo panorama, el mismo escenario, desde hace dos años, donde se viene realizando una pesca extractivista, de depredación», indicó, agregando que «no se toman en cuenta las consecuencias que esto podría traer a futuro».
«Nuestra fauna íctica ha atravesado un periodo de sequía, en el que el caudal no permitió su desplazamiento ni su reproducción, por lo que la población de especies del río Paraná ha descendido en el último tiempo», continuó. «No sabemos en qué condiciones están nuestros dorados, nuestros surubíes, nuestros manguruyúes, especies importantes para el río».
Particularmente, Luis puso el foco sobre las confiscaciones de peces que, según expresó, no resuelven el problema de fondo. «Está bien que se hagan las incautaciones, pero creo que no es la forma, es un método muy viejo y debemos modernizarnos», dijo.
Resaltó, también, la importancia de ir «hacia un uso más sostenible de nuestros recursos naturales», para lo que es fundamental velar por la fauna íctica.
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