¿Es posible una minería sustentable?
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¿Es posible una minería sustentable?
Fecha de Publicación: 13/01/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
El desafío que tiene el gobierno es crear instituciones y procesos que permitan construir un acuerdo social que sirva de base para el desarrollo de la actividad de manera sustentable. La minería puede ser plataforma de desarrollo de otras actividades dinámicas, como las de conocimiento, con un gran potencial exportador.
La minería en Argentina está de nuevo en el centro de la discusión. Se enfrentan dos posiciones opuestas en relación a los efectos que ésta tendría en el desarrollo del país. Una de ellas se centra en sus potenciales efectos negativos, por ejemplo, en el medio ambiente y en otras actividades como la agricultura, con la que compite por el uso de recursos escasos como el agua. La otra, rescata supuestos impactos positivos en el desarrollo económico, a través de la generación de divisas, impuestos, empleo y el fomento de otras actividades vinculadas. Las posiciones parecen irreconciliables y las posibilidades de desarrollar la actividad cada vez más lejanas.
El desafío al que se enfrenta el gobierno actual en este escenario no es el de elegir una u otra posición, y convencer a un sector de la sociedad o al otro. Ambas posturas deben ser consideradas. Abundan ejemplos de impactos positivos en el desarrollo económico en países como Canadá, Estados Unidos, Australia y Sudáfrica, como de efectos negativos de todo tipo. Uno muy cercano y reciente es la contaminación con cianuro, por un derrame en la mina Veladero, de cinco ríos en la provincia de San Juan.
El verdadero desafío que tiene el gobierno, entonces, es crear las instituciones y los procesos que permitan construir un acuerdo social que sirva de base para el desarrollo de la actividad de manera sustentable.
Ahora bien: ¿Por qué es tan importante llegar a un acuerdo social sobre el tema minería? ¿Puede llegarse a un acuerdo social sobre temas tan controversiales? ¿Cómo se llega a estos acuerdos? ¿Es un plebiscito el camino o hay otros más prometedores? ¿Podría en base a estos acuerdos realmente desarrollarse una minería sustentable?
La realidad es que la economía argentina necesita divisas. Las crisis recurrentes de balanza de pagos lo demuestran. El país históricamente exporta poco y sus exportaciones están concentradas en un sector: el agrícola, el que disfruta de un poder económico y político excesivo. Esta situación crónica es agravada actualmente, además, por la abultada deuda externa contraída durante el último gobierno, la cual se paga en dólares.
Cualquier actividad capaz de exportar y generar divisas, desafiando al mismo tiempo la supremacía del campo, será vista por el gobierno actual, por lo tanto, sin dudas, con ojos positivos. El sector minero es un excelente candidato, con un gran potencial comparable al de Chile (e.g. Pascua-Lama) hasta ahora inexplotado: Argentina exporta la décima parte que el país vecino.
Con las políticas correctas, además, ya es aceptado que la minería puede ser plataforma de desarrollo de otras actividades dinámicas, como las de conocimiento, con un gran potencial exportador. El ejemplo de Australia, donde se desarrolló una industria de tecnologías de la información que hoy exporta más que la minería es excelente. Finalmente, en la medida que se localiza en algunas de las provincias menos desarrolladas, esta actividad tiene también el potencial de contribuir al desarrollo local, lo cual parece crucial en un país con fuertes disparidades regionales como el nuestro.
Parece claro, sin embargo, que sin acuerdo social, construido de manera legítima, no hay posibilidades para el desarrollo de esta actividad en un país como Argentina, con menos del 30 por ciento de sus recursos conocidos explotados y ocho provincias que prohíben o limitan la actividad.
Los enfoques utilizados generalmente por las grandes empresas para ganar la denominada “licencia social” (permiso de las comunidades para operar) están mostrando resultados pobres. De hecho, hay más de 21 proyectos parados por conflictos sociales. Un plebiscito tampoco resuelve el conflicto, ya que simplemente hace que se imponga una visión sobre la otra.
Es necesario y urgente, por lo tanto , que desde el gobierno se generen las instituciones y procesos que sirvan para involucrar a diferentes sectores de la sociedad, tanto a nivel nacional como local, en la toma de decisiones con respecto a la minería. Estas instituciones deberían ser capaces de incidir en todos los temas que importan. Deberían, por ejemplo, poder redefinir radicalmente los modelos actuales de explotación con los cuales unas pocas empresas se llevan los beneficios y la mayor parte de la sociedad paga los costos ambientales. No hay ninguna posibilidad de que la actividad minera sea sustentable si las decisiones no se toman colectivamente, a través de un diálogo que reconozca tanto los potenciales efectos positivos como los negativos, quiénes ganan y pierden en diferentes escenarios y cómo se pueden revertir estos efectos.
El diálogo además debería tener objetivos transformadores. El trabajo llevado adelante por las empresas y los gobiernos para construir licencia social tiene como objetivo en general convencer, “educar”. El enfoque es asistencialista. No es sorprendente por lo tanto que la sociedad civil, informada, organizada y movilizada, no responda positivamente.
Un gobierno progresista como el de Alberto Fernández tiene la oportunidad y la obligación de utilizar otros enfoques, ser innovador y ambicioso. La aspiración en el mediano plazo debería ser incentivar cambios profundos, no solo en los modelos de gestión y distribución de rentas e ingresos; sino también en las tecnologías utilizadas y permitidas para operar. Sabemos de experiencias históricas en que las tecnologías se transforman y redireccionan a partir regulaciones, muchas de las cuales han surgido como respuesta a la presión social.
Así, el conflicto por el intento de reforma de la la ley 7722 en Mendoza, la que cuidando un recurso tan preciado como el agua, prohíbe la utilización de sustancia tóxicas en la minería metalífera, más que una limitación a la actividad, debería verse como una oportunidad para el cambio, si es trabajada socialmente con miras a que tenga un efecto transformador incentivando la búsqueda de métodos alternativos. El sistema legislativo, el cual le otorga un poder significativo a representantes temporarios, no debería tener la responsabilidad modificar leyes de esta naturaleza, con efectos de largo plazo irreversibles. Se debeos pensar otras alternativas.
Los procesos participativos puede derivar en resultados sorprendentes. La experiencia que están transitando otros países como los europeos, utilizando instituciones y procesos participativos a nivel regional para incentivar transformaciones hacia la sustentabilidad que aborden los desafíos del cambio climático, es alentadora.
En procesos que convocan e involucran amplios sectores de la sociedad, utilizando metodologías participativas de vanguardia, las que atienden cuestiones centrales como la diferencia de poder entre los actores, se ha logrado redefinir objetivos y pilotear políticas claves para iniciar procesos de transformación hacia la sustentabilidad con acuerdos entre los distintos tipos de actores, en principio, inesperados.
Por Anabel Marin
Conicet/CENIT-UNSAM EEyN.
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Fecha de Publicación: 13/01/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
El desafío que tiene el gobierno es crear instituciones y procesos que permitan construir un acuerdo social que sirva de base para el desarrollo de la actividad de manera sustentable. La minería puede ser plataforma de desarrollo de otras actividades dinámicas, como las de conocimiento, con un gran potencial exportador.
La minería en Argentina está de nuevo en el centro de la discusión. Se enfrentan dos posiciones opuestas en relación a los efectos que ésta tendría en el desarrollo del país. Una de ellas se centra en sus potenciales efectos negativos, por ejemplo, en el medio ambiente y en otras actividades como la agricultura, con la que compite por el uso de recursos escasos como el agua. La otra, rescata supuestos impactos positivos en el desarrollo económico, a través de la generación de divisas, impuestos, empleo y el fomento de otras actividades vinculadas. Las posiciones parecen irreconciliables y las posibilidades de desarrollar la actividad cada vez más lejanas.
El desafío al que se enfrenta el gobierno actual en este escenario no es el de elegir una u otra posición, y convencer a un sector de la sociedad o al otro. Ambas posturas deben ser consideradas. Abundan ejemplos de impactos positivos en el desarrollo económico en países como Canadá, Estados Unidos, Australia y Sudáfrica, como de efectos negativos de todo tipo. Uno muy cercano y reciente es la contaminación con cianuro, por un derrame en la mina Veladero, de cinco ríos en la provincia de San Juan.
El verdadero desafío que tiene el gobierno, entonces, es crear las instituciones y los procesos que permitan construir un acuerdo social que sirva de base para el desarrollo de la actividad de manera sustentable.
Ahora bien: ¿Por qué es tan importante llegar a un acuerdo social sobre el tema minería? ¿Puede llegarse a un acuerdo social sobre temas tan controversiales? ¿Cómo se llega a estos acuerdos? ¿Es un plebiscito el camino o hay otros más prometedores? ¿Podría en base a estos acuerdos realmente desarrollarse una minería sustentable?
La realidad es que la economía argentina necesita divisas. Las crisis recurrentes de balanza de pagos lo demuestran. El país históricamente exporta poco y sus exportaciones están concentradas en un sector: el agrícola, el que disfruta de un poder económico y político excesivo. Esta situación crónica es agravada actualmente, además, por la abultada deuda externa contraída durante el último gobierno, la cual se paga en dólares.
Cualquier actividad capaz de exportar y generar divisas, desafiando al mismo tiempo la supremacía del campo, será vista por el gobierno actual, por lo tanto, sin dudas, con ojos positivos. El sector minero es un excelente candidato, con un gran potencial comparable al de Chile (e.g. Pascua-Lama) hasta ahora inexplotado: Argentina exporta la décima parte que el país vecino.
Con las políticas correctas, además, ya es aceptado que la minería puede ser plataforma de desarrollo de otras actividades dinámicas, como las de conocimiento, con un gran potencial exportador. El ejemplo de Australia, donde se desarrolló una industria de tecnologías de la información que hoy exporta más que la minería es excelente. Finalmente, en la medida que se localiza en algunas de las provincias menos desarrolladas, esta actividad tiene también el potencial de contribuir al desarrollo local, lo cual parece crucial en un país con fuertes disparidades regionales como el nuestro.
Parece claro, sin embargo, que sin acuerdo social, construido de manera legítima, no hay posibilidades para el desarrollo de esta actividad en un país como Argentina, con menos del 30 por ciento de sus recursos conocidos explotados y ocho provincias que prohíben o limitan la actividad.
Los enfoques utilizados generalmente por las grandes empresas para ganar la denominada “licencia social” (permiso de las comunidades para operar) están mostrando resultados pobres. De hecho, hay más de 21 proyectos parados por conflictos sociales. Un plebiscito tampoco resuelve el conflicto, ya que simplemente hace que se imponga una visión sobre la otra.
Es necesario y urgente, por lo tanto , que desde el gobierno se generen las instituciones y procesos que sirvan para involucrar a diferentes sectores de la sociedad, tanto a nivel nacional como local, en la toma de decisiones con respecto a la minería. Estas instituciones deberían ser capaces de incidir en todos los temas que importan. Deberían, por ejemplo, poder redefinir radicalmente los modelos actuales de explotación con los cuales unas pocas empresas se llevan los beneficios y la mayor parte de la sociedad paga los costos ambientales. No hay ninguna posibilidad de que la actividad minera sea sustentable si las decisiones no se toman colectivamente, a través de un diálogo que reconozca tanto los potenciales efectos positivos como los negativos, quiénes ganan y pierden en diferentes escenarios y cómo se pueden revertir estos efectos.
El diálogo además debería tener objetivos transformadores. El trabajo llevado adelante por las empresas y los gobiernos para construir licencia social tiene como objetivo en general convencer, “educar”. El enfoque es asistencialista. No es sorprendente por lo tanto que la sociedad civil, informada, organizada y movilizada, no responda positivamente.
Un gobierno progresista como el de Alberto Fernández tiene la oportunidad y la obligación de utilizar otros enfoques, ser innovador y ambicioso. La aspiración en el mediano plazo debería ser incentivar cambios profundos, no solo en los modelos de gestión y distribución de rentas e ingresos; sino también en las tecnologías utilizadas y permitidas para operar. Sabemos de experiencias históricas en que las tecnologías se transforman y redireccionan a partir regulaciones, muchas de las cuales han surgido como respuesta a la presión social.
Así, el conflicto por el intento de reforma de la la ley 7722 en Mendoza, la que cuidando un recurso tan preciado como el agua, prohíbe la utilización de sustancia tóxicas en la minería metalífera, más que una limitación a la actividad, debería verse como una oportunidad para el cambio, si es trabajada socialmente con miras a que tenga un efecto transformador incentivando la búsqueda de métodos alternativos. El sistema legislativo, el cual le otorga un poder significativo a representantes temporarios, no debería tener la responsabilidad modificar leyes de esta naturaleza, con efectos de largo plazo irreversibles. Se debeos pensar otras alternativas.
Los procesos participativos puede derivar en resultados sorprendentes. La experiencia que están transitando otros países como los europeos, utilizando instituciones y procesos participativos a nivel regional para incentivar transformaciones hacia la sustentabilidad que aborden los desafíos del cambio climático, es alentadora.
En procesos que convocan e involucran amplios sectores de la sociedad, utilizando metodologías participativas de vanguardia, las que atienden cuestiones centrales como la diferencia de poder entre los actores, se ha logrado redefinir objetivos y pilotear políticas claves para iniciar procesos de transformación hacia la sustentabilidad con acuerdos entre los distintos tipos de actores, en principio, inesperados.
Por Anabel Marin
Conicet/CENIT-UNSAM EEyN.
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Mendoza busca reactivar la mina Potasio Río Colorado
El pacto confidencial entre Vale y Mendoza para reactivar una mina
Fecha de Publicación: 13/01/2020
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
El Gobierno firmó el año pasado un acuerdo de confidencialidad con Vale para cruzar información sensible del proyecto Potasio Río Colorado. Buscan que la empresa brasileña transfiera las acciones del proyecto, con todos los activos. Así, Vale evitaría que le quiten los derechos mineros o sanciones.
La Provincia busca reactivar la mina Potasio Río Colorado, en Malargüe, pero antes de ello necesita retomar el poder sobre los derechos mineros y la infraestructura que la empresa brasileña Vale dejó en el Sur cuando abandonó la mina. El camino para la reactivación es complejo. Ante los problemas de la empresa Vale, Mendoza eligió la negociación antes que la sanción y por eso para retomar el poder sobre el Gobierno no le quitará la concesión a la empresa brasileña sino que buscarán una transferencia de acciones del proyecto de manera “gratuita”.
Así está establecido en el acuerdo que firmaron el año pasado para avanzar en las negociaciones y que tiene una particularidad. Ese contrato tiene cláusulas secretas e información confidencial que el Estado local se comprometió a cumplir. Se trata de información técnica, financiera y hasta de los problemas potenciales que tiene el emprendimiento que, según Vale, no pueden difundirse porque podrían complicar cualquier negociación. La Provincia solicitó informes detallados como parte de una auditoría realizada sobre el emprendimiento.
El Gobierno apuesta a que Potasio Río Colorado sea explotada, aunque con un proyecto menor al original. Para ello están avanzadas las negociaciones con la empresa estatal china Shanghai Potash, que explota esos recursos pero además investiga y desarrolla tecnología. Antes, el Estado debe recuperar los derechos.
Desde que Vale abandonó la mina logró sortear las sanciones que podían caberle, como la quita de la concesión minera; derecho que podría haber perdido hace tiempo. Eso ocurrió gracias a los acuerdos que firmaron Vale y Mendoza para intentar replanificar el proyecto y que generaron un “nuevo comienzo”. En 2016, por ejemplo, se firmó un acta donde se acordaban los parámetros económicos y de rentabilidad de “un complejo industrial destinado a la producción de cloruro de potasio”. Es decir, lo mismo que antes pero de otra magnitud. La intención era buscar financistas. Un año después, la empresa presentó el estudio de factibilidad económica. El análisis determinó que el proyecto debía avanzar cuando cambien las condiciones y que “no era conveniente avanzar con la búsqueda del inversor”.
Las condiciones económicas no se modificaron y se vencen los plazos: había dos años para hallar una salida con el proyecto aún en manos de Vale, pero nunca se concretó. Por eso la alternativa más firme es “la posibilidad que las acciones de PRC sean trasferidas a la Provincia”. Es decir, que Vale no sea sancionada y que no pierda los derechos mineros, sino que como empresa le pase a la Provincia el paquete. Eso incluye los derechos y la infraestructura montada en Malargüe. Si eso ocurre, la Empresa Mendocina de Energía podría ser el destinatario de las acciones. Rodolfo Suarez tiene en carpeta la creación de una empresa provincial de minería. Claro que esa idea era cuando el plan de desarrollar la minería estaba vigente, antes del rechazo social a la modificación de la ley 7722.
Para analizar las alternativas, Vale abrió la caja negra de Potasio Río Colorado. Es decir, toda la información comercial, impositiva, laboral, judicial, técnica, ambiental y todo lo referido al proyecto. Pero esa documentación es clasificada y el Gobierno aseguró confidencialidad. “Por el mencionado Acuerdo de Confidencialidad, la Provincia se obliga a mantener y guardar en estricta reserva y absoluta confidencialidad toda la información escrita u oral que Potasio Río Colorado entregue con posterioridad a la vigencia de este acuerdo y cualquier negociación relacionada a la transferencia de las acciones de la Empresa a la Provincia para que ésta promueva la reactivación del proyecto minero Potasio Rio Colorado, mediante la transferencia posterior de las acciones a algún inversor vinculado o no a la Provincia”, dice el Decreto donde se ratifica el acuerdo de secretismo informativo.
La historia de un proyecto trunco
Potasio Río Colorado es un hito en la historia de Mendoza dentro de los intentos de desarrollo de la minería. El yacimiento es uno de los más importantes del mundo y es rico en potasio, un fertilizante que tuvo un alto valor pero ahora está depreciado.
Primero estuvo a cargo de la empresa inglesa Río Tinto, que avanzó en el desarrollo técnico, la factibilidad económica y también ambiental. Incluso hubo ambientalistas mendocinos que viajaron al Reino Unido para explicar su posición sobre la minería y en particular sobre PRC. Esa empresa luego vendió todo a Vale, la empresa brasileña que era una de las más grandes del mundo y que ahora está en decadencia por problemas financieros y ambientales.
La construcción de la mina comenzó y era una de las inversiones más grandes del país. Un consorcio que estaba formado, entre otros, la empresa Odebrecht estaba a cargo de la obra civil y una red de empresas mendocinas se unió. Más de 3 mil personas trabajaban en la construcción. El Estado, incluso, cobró regalías por adelantado y un “fondo solidario” que se había creado. Pero todo de derrumbó de un día para otro de manera dramática: el gobernador de Mendoza se enteró de rebote, pues la empresa informó que se iba a Presidencia de la Nación.
La idea proyectada pro Shanghai Potash es construir una planta piloto para producir un 5% de lo que Vale había previsto originalmente. El proyecto original preveía extraer y exportar 4 millones de toneladas de potasio. Ahora extraerían 200 mil toneladas al año, pero con la posibilidad de industrializar una parte de ese mineral en Mendoza.
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Fecha de Publicación: 13/01/2020
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
El Gobierno firmó el año pasado un acuerdo de confidencialidad con Vale para cruzar información sensible del proyecto Potasio Río Colorado. Buscan que la empresa brasileña transfiera las acciones del proyecto, con todos los activos. Así, Vale evitaría que le quiten los derechos mineros o sanciones.
La Provincia busca reactivar la mina Potasio Río Colorado, en Malargüe, pero antes de ello necesita retomar el poder sobre los derechos mineros y la infraestructura que la empresa brasileña Vale dejó en el Sur cuando abandonó la mina. El camino para la reactivación es complejo. Ante los problemas de la empresa Vale, Mendoza eligió la negociación antes que la sanción y por eso para retomar el poder sobre el Gobierno no le quitará la concesión a la empresa brasileña sino que buscarán una transferencia de acciones del proyecto de manera “gratuita”.
Así está establecido en el acuerdo que firmaron el año pasado para avanzar en las negociaciones y que tiene una particularidad. Ese contrato tiene cláusulas secretas e información confidencial que el Estado local se comprometió a cumplir. Se trata de información técnica, financiera y hasta de los problemas potenciales que tiene el emprendimiento que, según Vale, no pueden difundirse porque podrían complicar cualquier negociación. La Provincia solicitó informes detallados como parte de una auditoría realizada sobre el emprendimiento.
El Gobierno apuesta a que Potasio Río Colorado sea explotada, aunque con un proyecto menor al original. Para ello están avanzadas las negociaciones con la empresa estatal china Shanghai Potash, que explota esos recursos pero además investiga y desarrolla tecnología. Antes, el Estado debe recuperar los derechos.
Desde que Vale abandonó la mina logró sortear las sanciones que podían caberle, como la quita de la concesión minera; derecho que podría haber perdido hace tiempo. Eso ocurrió gracias a los acuerdos que firmaron Vale y Mendoza para intentar replanificar el proyecto y que generaron un “nuevo comienzo”. En 2016, por ejemplo, se firmó un acta donde se acordaban los parámetros económicos y de rentabilidad de “un complejo industrial destinado a la producción de cloruro de potasio”. Es decir, lo mismo que antes pero de otra magnitud. La intención era buscar financistas. Un año después, la empresa presentó el estudio de factibilidad económica. El análisis determinó que el proyecto debía avanzar cuando cambien las condiciones y que “no era conveniente avanzar con la búsqueda del inversor”.
Las condiciones económicas no se modificaron y se vencen los plazos: había dos años para hallar una salida con el proyecto aún en manos de Vale, pero nunca se concretó. Por eso la alternativa más firme es “la posibilidad que las acciones de PRC sean trasferidas a la Provincia”. Es decir, que Vale no sea sancionada y que no pierda los derechos mineros, sino que como empresa le pase a la Provincia el paquete. Eso incluye los derechos y la infraestructura montada en Malargüe. Si eso ocurre, la Empresa Mendocina de Energía podría ser el destinatario de las acciones. Rodolfo Suarez tiene en carpeta la creación de una empresa provincial de minería. Claro que esa idea era cuando el plan de desarrollar la minería estaba vigente, antes del rechazo social a la modificación de la ley 7722.
Para analizar las alternativas, Vale abrió la caja negra de Potasio Río Colorado. Es decir, toda la información comercial, impositiva, laboral, judicial, técnica, ambiental y todo lo referido al proyecto. Pero esa documentación es clasificada y el Gobierno aseguró confidencialidad. “Por el mencionado Acuerdo de Confidencialidad, la Provincia se obliga a mantener y guardar en estricta reserva y absoluta confidencialidad toda la información escrita u oral que Potasio Río Colorado entregue con posterioridad a la vigencia de este acuerdo y cualquier negociación relacionada a la transferencia de las acciones de la Empresa a la Provincia para que ésta promueva la reactivación del proyecto minero Potasio Rio Colorado, mediante la transferencia posterior de las acciones a algún inversor vinculado o no a la Provincia”, dice el Decreto donde se ratifica el acuerdo de secretismo informativo.
La historia de un proyecto trunco
Potasio Río Colorado es un hito en la historia de Mendoza dentro de los intentos de desarrollo de la minería. El yacimiento es uno de los más importantes del mundo y es rico en potasio, un fertilizante que tuvo un alto valor pero ahora está depreciado.
Primero estuvo a cargo de la empresa inglesa Río Tinto, que avanzó en el desarrollo técnico, la factibilidad económica y también ambiental. Incluso hubo ambientalistas mendocinos que viajaron al Reino Unido para explicar su posición sobre la minería y en particular sobre PRC. Esa empresa luego vendió todo a Vale, la empresa brasileña que era una de las más grandes del mundo y que ahora está en decadencia por problemas financieros y ambientales.
La construcción de la mina comenzó y era una de las inversiones más grandes del país. Un consorcio que estaba formado, entre otros, la empresa Odebrecht estaba a cargo de la obra civil y una red de empresas mendocinas se unió. Más de 3 mil personas trabajaban en la construcción. El Estado, incluso, cobró regalías por adelantado y un “fondo solidario” que se había creado. Pero todo de derrumbó de un día para otro de manera dramática: el gobernador de Mendoza se enteró de rebote, pues la empresa informó que se iba a Presidencia de la Nación.
La idea proyectada pro Shanghai Potash es construir una planta piloto para producir un 5% de lo que Vale había previsto originalmente. El proyecto original preveía extraer y exportar 4 millones de toneladas de potasio. Ahora extraerían 200 mil toneladas al año, pero con la posibilidad de industrializar una parte de ese mineral en Mendoza.
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La Pampa: aumentó el rescate de fauna
«Tiene más presión de captura y tráfico»
Fecha de Publicación: 13/01/2020
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
La Dirección de Recursos Naturales de La Pampa informó que durante el año 2019 se rescataron más de 270 animales de fauna silvestre que estaban en cautiverio en la provincia. «Una de las especies que más hemos rescatado es el cardenal amarillo, que es una de las aves con mayor presión de captura y de tráfico», aseguró Federico Bruno, subdirector de Recursos Naturales.
En diálogo con Radio Noticias, el funcionario también explicó que, además del cardenal, han rescatado aves rapaces, tortugas, zorros e incluso animales exóticos. «En Quemú-Quemú dimos con un coleccionista de fauna exótica que tenía alrededor de 50 ejemplares de víboras, boas, alacranes y hasta cucarachas de Madagascar, todo de manera irregular, comprados en lugares que se dedican al tráfico», comentó.
Al ser consultado respecto del proceso de rescate, Bruno expresó que «no es sencillo, tiene que haber entrega voluntaria y si no tenemos que ir con una orden de allanamiento». Y agregó que reciben cerca de seis denuncias semanales, aunque suele pasar que se confunden cardenales con canarios, que sí se pueden tener en cautiverio.
Tortugas.
Un dato llamativo en cuanto al cautiverio de tortugas, es que, según Bruno, «después que salió la canción Manuelita, de María Elena Walsh, la demanda de tortugas en los grandes centros urbanos creció un 70 por ciento».
También explicó que la tenencia de estos animales en cautiverio tiene consecuencias como la descalcificación: «Naturalizamos que comen lechuga y zapallo, pero en la naturaleza no comen nada de eso, su alimentación va desde cactus hasta carroña».
Dijo además que, al ser especies longevas, suelen vivir más que el dueño original. «Nos están trayendo muchas tortugas cuando el abuelo se muere y el nieto sabe que está mal tenerlas y las trae», ejemplificó.
Reinserción.
El funcionario también contó que tras las tareas de rescate se hace una revisión sanitaria para ver en qué condiciones están los animales y evaluar cuándo es más factible liberarlos en su hábitat. Explicó que algunas especies, con excepción de los pájaros que comen semillas, necesitan ser entrenados para luego liberarlos. «Suele pasar que encuentran un águila, lo sacan del nido para llevarlo a jaula y cuando los rescatamos es muy difícil que vuelva a la naturaleza porque no se saben adaptar», sostuvo.
En ese sentido, indicó que les tienen que enseñar a cazar para que puedan alimentarse. «Trabajamos con el grupo de cetrería de Colonia Barón y hemos liberado muchas especies incluso con radiotransmisores para ver qué movimientos tenían», afirmó.
Educación.
Uno de los lineamientos que trabaja el área es la educación y concientización ambiental, por ejemplo, con charlas en escuelas. «Como anécdota, en 2016 salimos a las escuelas y los chicos nos decían que conocían al cardenal por tenerlo en jaula. Vimos que teníamos que revertir esa situación, que sepan que no se puede tener en jaula, promoviendo que los chicos puedan decirle a sus padres que el animal debe estar en libertad», sostuvo Bruno.
Y cerró: «Eso llevó a que hayan muchas más denuncias de gente que tenía animales en cautiverio, sobre todo de tráfico, de venta de esos animales».
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Fecha de Publicación: 13/01/2020
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
La Dirección de Recursos Naturales de La Pampa informó que durante el año 2019 se rescataron más de 270 animales de fauna silvestre que estaban en cautiverio en la provincia. «Una de las especies que más hemos rescatado es el cardenal amarillo, que es una de las aves con mayor presión de captura y de tráfico», aseguró Federico Bruno, subdirector de Recursos Naturales.
En diálogo con Radio Noticias, el funcionario también explicó que, además del cardenal, han rescatado aves rapaces, tortugas, zorros e incluso animales exóticos. «En Quemú-Quemú dimos con un coleccionista de fauna exótica que tenía alrededor de 50 ejemplares de víboras, boas, alacranes y hasta cucarachas de Madagascar, todo de manera irregular, comprados en lugares que se dedican al tráfico», comentó.
Al ser consultado respecto del proceso de rescate, Bruno expresó que «no es sencillo, tiene que haber entrega voluntaria y si no tenemos que ir con una orden de allanamiento». Y agregó que reciben cerca de seis denuncias semanales, aunque suele pasar que se confunden cardenales con canarios, que sí se pueden tener en cautiverio.
Tortugas.
Un dato llamativo en cuanto al cautiverio de tortugas, es que, según Bruno, «después que salió la canción Manuelita, de María Elena Walsh, la demanda de tortugas en los grandes centros urbanos creció un 70 por ciento».
También explicó que la tenencia de estos animales en cautiverio tiene consecuencias como la descalcificación: «Naturalizamos que comen lechuga y zapallo, pero en la naturaleza no comen nada de eso, su alimentación va desde cactus hasta carroña».
Dijo además que, al ser especies longevas, suelen vivir más que el dueño original. «Nos están trayendo muchas tortugas cuando el abuelo se muere y el nieto sabe que está mal tenerlas y las trae», ejemplificó.
Reinserción.
El funcionario también contó que tras las tareas de rescate se hace una revisión sanitaria para ver en qué condiciones están los animales y evaluar cuándo es más factible liberarlos en su hábitat. Explicó que algunas especies, con excepción de los pájaros que comen semillas, necesitan ser entrenados para luego liberarlos. «Suele pasar que encuentran un águila, lo sacan del nido para llevarlo a jaula y cuando los rescatamos es muy difícil que vuelva a la naturaleza porque no se saben adaptar», sostuvo.
En ese sentido, indicó que les tienen que enseñar a cazar para que puedan alimentarse. «Trabajamos con el grupo de cetrería de Colonia Barón y hemos liberado muchas especies incluso con radiotransmisores para ver qué movimientos tenían», afirmó.
Educación.
Uno de los lineamientos que trabaja el área es la educación y concientización ambiental, por ejemplo, con charlas en escuelas. «Como anécdota, en 2016 salimos a las escuelas y los chicos nos decían que conocían al cardenal por tenerlo en jaula. Vimos que teníamos que revertir esa situación, que sepan que no se puede tener en jaula, promoviendo que los chicos puedan decirle a sus padres que el animal debe estar en libertad», sostuvo Bruno.
Y cerró: «Eso llevó a que hayan muchas más denuncias de gente que tenía animales en cautiverio, sobre todo de tráfico, de venta de esos animales».
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Intentan controlar el alga Didymo en Chubut
El Ministerio de Ambiente monitorea el comportamiento del alga Didymo en la cordillera
Fecha de Publicación: 11/01/2020
Fuente: El Chubut
Provincia/Región: Chubut
El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable del Chubut, que conduce Eduardo Arzani, continúa monitoreando el comportamiento del alga didymosphenia geminata, conocida también como “moco de roca”, en el marco del Plan Provincial de Control y Monitoreo de la especie, que se inició en 2011.
En esta oportunidad, se tomaron muestras en las cuencas de los ríos Carrenleufú y Pico, incluyendo el Río Corcovado, Lago Vintter, Lago Engaño, Lago y Arroyo Guacho, Río Hielo, Río Pico confluencia con Río Pampa, desagüe Lago N° 1, costa del Lago N° 3, costa Lago N° 1, costa de laguna La Pava, costa Lago N° 2, Río Tecka y Arroyo Putrachoique, entre otros sitios.
La técnica responsable de la toma de muestras, Lic. Florencia Cimato, destacó que “para nosotros es importante saber y poder decir que desde el año 2015 hasta la fecha sólo se detectó la presencia del Alga como punto nuevo en el Río Nilson en diciembre de 2018”.
La profesional mencionó además que “el resto de los sitios monitoreados se mantienen en las mismas condiciones de detección del alga” agregando que “en 2017 se declaró el punto Río Corcovado en la embocadura con el Lago Vintter como zona vulnerable, declarada por la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras, ya que a pesar de tener una alta presencia de pescadores deportivos, no se ha detectado la presencia de Didymo”.
Evaluación y reformulación del Plan
En relación a este tema, la subsecretaria de Gestión Ambiental, Lic. Carolina Humphreys indicó que “a casi nueve años de puesta en marcha del Plan de Control y Monitoreo, estamos planteando una evaluación de la situación actual de didymo y de las estrategias que llevamos adelante estos últimos años”.
“En su momento, el Plan que implementó Chubut fue tomado como referencia por otras provincias y actualmente, si bien se mantiene el cronograma de dos monitoreos al año con más de cien puntos de muestreo ubicados en zonas defendibles para detectar presencia o ausencia del alga, nos parece que hay que revisarlo y reformularlo en caso que sea necesario” agregó.
La funcionaria valoró que “toda la información que ha generado el Ministerio de Ambiente a través de sus técnicos y del trabajo del laboratorio en estos años es muy valiosa para conocer el comportamiento de esta especie exótica en nuestros ecosistemas, ya que si bien desde 2015 no se han encontrado nuevos espacios colonizados, se busca relacionar estos datos con otros parámetros, por ejemplo, físico químicos”.
Chubut como parte de la Estrategia Nacional
Debido a la capacidad que tiene didymo de impactar los ecosistemas acuáticos, expandiéndose a nivel mundial y dado que el principal vector de dispersión de la especie se asocia a equipos de pesca, waders, calzado, etc., Chubut, forma parte de la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras (ENEEI).
A través de esta iniciativa, en los últimos años se han instalado puestos de autolimpieza con el fin de promover buenas prácticas por parte de quienes realizan actividades en ríos y lagos y con el fin de prevenir el ingreso y dispersión de esta especie exótica invasora en cuerpos de agua dulce exentos de la misma.
Una de las actividades acordadas en la estrategia regional para el control de didymo, elaborada por la Comisión Técnica Regional (CTR) y adoptada por el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), es concentrar los esfuerzos de contención del avance en áreas potencialmente defendibles.
Acompañando estas acciones de la CTR, desde el Proyecto ENEEI, se implementó un proyecto piloto en las provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut, cuyo objetivo es validar un enfoque de contención del avance de algas invasoras, las cuales una vez introducidas no puedan ser erradicadas.
En este marco, se desarrolló un modelo espacial como herramienta para facilitar la toma de decisiones sobre el territorio, instalándose banners en los aeropuertos y carteles bilingües en los accesos a cuerpos de agua, informando a los ciudadanos sobre los impactos que produce esta invasión biológica.
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Fecha de Publicación: 11/01/2020
Fuente: El Chubut
Provincia/Región: Chubut
El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable del Chubut, que conduce Eduardo Arzani, continúa monitoreando el comportamiento del alga didymosphenia geminata, conocida también como “moco de roca”, en el marco del Plan Provincial de Control y Monitoreo de la especie, que se inició en 2011.
En esta oportunidad, se tomaron muestras en las cuencas de los ríos Carrenleufú y Pico, incluyendo el Río Corcovado, Lago Vintter, Lago Engaño, Lago y Arroyo Guacho, Río Hielo, Río Pico confluencia con Río Pampa, desagüe Lago N° 1, costa del Lago N° 3, costa Lago N° 1, costa de laguna La Pava, costa Lago N° 2, Río Tecka y Arroyo Putrachoique, entre otros sitios.
La técnica responsable de la toma de muestras, Lic. Florencia Cimato, destacó que “para nosotros es importante saber y poder decir que desde el año 2015 hasta la fecha sólo se detectó la presencia del Alga como punto nuevo en el Río Nilson en diciembre de 2018”.
La profesional mencionó además que “el resto de los sitios monitoreados se mantienen en las mismas condiciones de detección del alga” agregando que “en 2017 se declaró el punto Río Corcovado en la embocadura con el Lago Vintter como zona vulnerable, declarada por la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras, ya que a pesar de tener una alta presencia de pescadores deportivos, no se ha detectado la presencia de Didymo”.
Evaluación y reformulación del Plan
En relación a este tema, la subsecretaria de Gestión Ambiental, Lic. Carolina Humphreys indicó que “a casi nueve años de puesta en marcha del Plan de Control y Monitoreo, estamos planteando una evaluación de la situación actual de didymo y de las estrategias que llevamos adelante estos últimos años”.
“En su momento, el Plan que implementó Chubut fue tomado como referencia por otras provincias y actualmente, si bien se mantiene el cronograma de dos monitoreos al año con más de cien puntos de muestreo ubicados en zonas defendibles para detectar presencia o ausencia del alga, nos parece que hay que revisarlo y reformularlo en caso que sea necesario” agregó.
La funcionaria valoró que “toda la información que ha generado el Ministerio de Ambiente a través de sus técnicos y del trabajo del laboratorio en estos años es muy valiosa para conocer el comportamiento de esta especie exótica en nuestros ecosistemas, ya que si bien desde 2015 no se han encontrado nuevos espacios colonizados, se busca relacionar estos datos con otros parámetros, por ejemplo, físico químicos”.
Chubut como parte de la Estrategia Nacional
Debido a la capacidad que tiene didymo de impactar los ecosistemas acuáticos, expandiéndose a nivel mundial y dado que el principal vector de dispersión de la especie se asocia a equipos de pesca, waders, calzado, etc., Chubut, forma parte de la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras (ENEEI).
A través de esta iniciativa, en los últimos años se han instalado puestos de autolimpieza con el fin de promover buenas prácticas por parte de quienes realizan actividades en ríos y lagos y con el fin de prevenir el ingreso y dispersión de esta especie exótica invasora en cuerpos de agua dulce exentos de la misma.
Una de las actividades acordadas en la estrategia regional para el control de didymo, elaborada por la Comisión Técnica Regional (CTR) y adoptada por el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), es concentrar los esfuerzos de contención del avance en áreas potencialmente defendibles.
Acompañando estas acciones de la CTR, desde el Proyecto ENEEI, se implementó un proyecto piloto en las provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut, cuyo objetivo es validar un enfoque de contención del avance de algas invasoras, las cuales una vez introducidas no puedan ser erradicadas.
En este marco, se desarrolló un modelo espacial como herramienta para facilitar la toma de decisiones sobre el territorio, instalándose banners en los aeropuertos y carteles bilingües en los accesos a cuerpos de agua, informando a los ciudadanos sobre los impactos que produce esta invasión biológica.
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Catamarca ¿replantea la minería?
Catamarca también discute su actividad minera después de lo ocurrido en Mendoza
Fecha de Publicación: 11/01/2020
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Catamarca
El gobernador catamarqueño defendió la actividad y evitó hablar de la derogación de la ley en nuestra provincia.
El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, advirtió hoy que si la provincia no apuesta a la minería “va a ser difícil encontrar una solución laboral para la gente”.
“Tenemos el 80% de nuestro territorio montañoso con minerales; si no hacemos minería va a ser difícil encontrar una solución laboral para la gente”, afirmó Jalil a un medio local.
En esta línea, el mandatario puntualizó: “Tiene que ser con control, desde la soja, el olivo, el nogal; todo tiene un impacto en el medio ambiente".
"La minería está en todos lados, la prohibición por la prohibición misma no es una salida para ningún sector”, indicó.
Consultado sobre la situación que se generó en Mendoza, donde se debió dar marcha atrás con una modificación a la legislación que permitía el uso de sustancias químicas como el cianuro en procesos mineros, Jalil consideró que “son cosas distintas".
"Creo que no sirve la prohibición por la prohibición misma; son proyectos puntuales y hay que buscar el consenso social”, afirmó.
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Fecha de Publicación: 11/01/2020
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Catamarca
El gobernador catamarqueño defendió la actividad y evitó hablar de la derogación de la ley en nuestra provincia.
El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, advirtió hoy que si la provincia no apuesta a la minería “va a ser difícil encontrar una solución laboral para la gente”.
“Tenemos el 80% de nuestro territorio montañoso con minerales; si no hacemos minería va a ser difícil encontrar una solución laboral para la gente”, afirmó Jalil a un medio local.
En esta línea, el mandatario puntualizó: “Tiene que ser con control, desde la soja, el olivo, el nogal; todo tiene un impacto en el medio ambiente".
"La minería está en todos lados, la prohibición por la prohibición misma no es una salida para ningún sector”, indicó.
Consultado sobre la situación que se generó en Mendoza, donde se debió dar marcha atrás con una modificación a la legislación que permitía el uso de sustancias químicas como el cianuro en procesos mineros, Jalil consideró que “son cosas distintas".
"Creo que no sirve la prohibición por la prohibición misma; son proyectos puntuales y hay que buscar el consenso social”, afirmó.
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Científicos crean un depurador de tóxicos del aire
Científicos argentinos crean un artefacto capaz de purificar el aire contaminado por la actividad industrial
Fecha de Publicación: 11/01/2020
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: San Luis
Investigadores de la Universidad Nacional de San Luis crearon un conversor de contaminantes orgánicos que elimina la toxicidad del aire. Sirve también para pequeñas empresas en zonas urbanas
Científicos de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) crearon un conversor de contaminantes orgánicos, provisto con tecnología 100% nacional, capaz de purificar el aire contaminado.
La doctora en Ingeniería Química, María Laura Rodríguez, que coordinadora del grupo interdisciplinario de investigadores, explicó que en el artefacto que se puede montar en las líneas de venteo de las industrias, se produce el pre calentamiento de la masa de aire contaminado y la posterior degradación de los contaminantes por reacción química, lo que permite obtener un aire limpio y libre de contaminantes.
La tecnología desarrollada puede cubrir un amplio rango de caudales de tratamiento, incluyendo a pequeñas empresas localizadas en centros urbanos hasta grandes industrias situadas en parques industriales, no tendría gastos de mantenimiento porque tiene una durabilidad muy alta, y su objetivo es convertir compuestos que son nocivos para el medio ambiente, “en otros compuestos que son mucho menos agresivos”, explicó.
“En general la comunidad ignora los efectos que generan en la salud y el medio ambiente los compuestos orgánicos volátiles (COVs) que desequilibran el efecto invernadero, generan ozono troposférico, y algunos son carcinogénicos”, describió Rodríguez.
En el exterior, existen tecnologías similares, pero su costo económico es muy elevado, y el reactor elaborado en la UNSL presenta las mismas características que las que existen en países europeos y en Estados Unidos, donde las políticas exigen a las industrias poseer estos conversores.
“Están dadas las condiciones para que el reactor pueda ser provisto con tecnología 100% nacional”, destacó Rodríguez, ya que se este reactor con un material catalítico que es puramente desarrollado en la Argentina tiene propiedades que compiten “sobradamente con cualquier otro material equivalente que haga el mismo trabajo”, agregó.
Finalmente, Rodríguez señaló que las industrias que estén certificando normas de calidad “tienen que hacerlo en todos sus niveles”, en la calidad de su producto y en las “normas de calidad medioambiental”.
El reactor creado comenzó a gestarse en el Instituto de Investigación en Tecnología Química (INTEQUI) de doble dependencia UNSL-CONICET, donde se logró la escalabilidad del material catalítico, principal componente para la purificación de las masas de aire y el cual se monta en los ductos de extracción.
El proceso continuó con el análisis operativo en el Laboratorio de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias de la UNSL y el montaje de una planta piloto en el Laboratorio de Catálisis e Ingeniería de Procesos en dependencias de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia (FQByF).
El proyecto se presentó a la segunda convocatoria del Concurso UNSL Xi que promueve la UNSL con el fin de financiar proyectos con impacto social y transferencia tecnológica. En la instancia del concurso ocuparon el tercer puesto que los hizo acreedores de un premio de $20.000 para continuar investigando.
El equipo está integrado por investigadores y estudiantes de las facultades de: Ingeniería y Ciencias Agropecuarias (FICA), Química Bioquímica y Farmacia (FQByF), Ciencias Físico Matemáticas y Naturales (FCFMyN) y Ciencias Económicas Jurídicas y Sociales (FCEJS).
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El drama real de los sismos en Vaca Muerta
Sismos en Vaca Muerta: un problema ambiental
Fecha de Publicación: 10/01/2020
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
El incremento de los movimientos encendió las señales de alerta. El tema de fondo es la disposición del agua residual y la aplicación de un sistema de monitoreo.
Quien haya presenciado un terremoto seguramente lo recuerda muy bien. No resulta difícil entonces, imaginar cómo debe ser convivir con los sismos que se producen de manera casi sistemática tanto en Sauzal Bonito, como en Añelo, Neuquén.
Desde el año 2018, Sauzal Bonito y las zonas aledañas vienen siendo remecidas de forma constante por sismos de magnitudes bajas pero, que al ocurrir muy cerca, han sido percibidos con intensidad regular, incluso causando daños en viviendas como rajaduras en paredes, desprendimiento y caída de objetos. Uno de los eventos de mayor importancia tuvo una magnitud de 5.0 en la escala de momento sísmico (medido por la Red Geosísmica de Chile).
Ahora bien, es importante comprender cuál o cuáles podrían ser las causas de este aumento de la actividad sísmica, y porqué específicamente en Sauzal Bonito y Añelo. Respecto de lo primero, para los vecinos ya no hay lugar a dudas, estos movimientos son causados por la intensa actividad hidrocarburífera que se desarrolla en la región.
La ciencia, igualmente, ha dejado bien en claro que existe una relación entre la extracción de hidrocarburos mediante fractura hidráulica (el famoso fracking) y el aumento de la actividad sísmica en las zonas de extracción. Específicamente, los sismos son inducidos por la disposición a gran escala de las aguas residuales de las operaciones de fracking en pozos subterráneos.
En 2015 el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) confirmó que las aguas residuales de las operaciones de fractura vertidas en pozos subterráneos causan terremotos. Esto comenzó a investigarse luego de que en el año 2011, en Oklahoma, una mujer resultara lesionada debido a que la chimenea de su casa cayó sobre ella, a causa de un terremoto, y por las lesiones ocurridas luego demandó a la compañía petrolera que operaba en la zona.
Ya en 2016, el consenso científico indicó, luego de correlacionar los sitios de epicentro de los sismos, con la ubicación de todos los pozos hidrocarburíferos del área, que la causa del aumento de los sismos es la disposición de agua residual en pozos receptores, denominados habitualmente sumideros. Ante esta situación la comunidad científica de Estados Unidos recomendó que el marco regulatorio de la actividad hidrocarburífera debería de ajustarse rápidamente, entre otras cosas, limitando la cantidad de aguas residuales enviadas bajo tierra.
Parece importante diferenciar que no es el proceso de fractura de la roca lo que ha llevado a una mayor actividad sísmica, sino, la eliminación de grandes volúmenes de aguas residuales en las operaciones de fracking que son enviados a pozos sumidero. De esta manera, la actividad sísmica inducida es el resultado, principalmente, de la disposición final que tienen estos residuos líquidos, que son vertidos en pozos sumidero. Los sismos en Vaca Muerta tienen su origen en un problema ambiental.
Los pozos sumidero son el destino final de las aguas residuales de la perforación. Es el método más barato y el más utilizado en nuestra región, que se complementa con la reutilización de las aguas residuales. Estos pozos funcionan como piletas subterráneas para las aguas residuales resultantes de la perforación, y cada uno se utiliza como sitio de disposición para múltiples pozos de perforación. Los pozos sumidero reciben de miles a millones de litros de aguas residuales, lo que causa un aumento en la presión subterránea, y provoca los movimientos sísmicos.
En la provincia de Neuquén, según datos del informe “Gestión del agua en la Actividad Hidrocarburífera No Convencional” presentado por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Provincia con fecha de septiembre de 2019, existen 98 pozos sumideros, de los cuales 38 son pozos activos, 19 pozos inactivos, 23 son pozos a perforar o reconvertir y 18 son pozos a abandonar. Respecto de los volúmenes de aguas residuales, en el año 2013 se inyectaron 17.700 m3 a pozos sumidero, mientras que en el año 2018 se inyectaron 182.766 m3 (datos parciales para este último año según el informe mencionado), unas diez veces más en cinco años. Este incremento se explica en parte por el aumento de la explotación de hidrocarburos de forma no convencional, que requiere una mayor demanda de agua para las perforaciones.
Por último, de acuerdo a los estudios más recientes realizados en Estados Unidos, si las condiciones en las que se realiza la extracción de hidrocarburos se mantienen, en particular la alta demanda de agua y la disposición final del agua residual en pozos sumidero, es esperable que los sismos también continúen, y más aún, que aumenten su intensidad de acuerdo con el incremento de los volúmenes de vertido en pozos sumidero.
Ante esta situación surgen preguntas importantes: ¿se están tomando las medidas para proteger a las poblaciones afectadas?, ¿se establecerá un sistema de monitoreo de sismos en la región?, ¿se limitará la cantidad de agua residual enviada bajo tierra, como medida preventiva?, y sobre todo, ¿cómo se va a resolver el problema de fondo de la gestión ambiental de las aguas residuales producto de la perforación en la actividad hidrocarburífera?
Por Daniel Zúñiga
El autor es licenciado en Saneamiento y Protección Ambiental, magister en Intervención Ambiental y docente de la Universidad Nacional del Comahue. Trabajó como supervisor en empresas ambientales del sector hidrocarburífero.
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Fecha de Publicación: 10/01/2020
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
El incremento de los movimientos encendió las señales de alerta. El tema de fondo es la disposición del agua residual y la aplicación de un sistema de monitoreo.
Quien haya presenciado un terremoto seguramente lo recuerda muy bien. No resulta difícil entonces, imaginar cómo debe ser convivir con los sismos que se producen de manera casi sistemática tanto en Sauzal Bonito, como en Añelo, Neuquén.
Desde el año 2018, Sauzal Bonito y las zonas aledañas vienen siendo remecidas de forma constante por sismos de magnitudes bajas pero, que al ocurrir muy cerca, han sido percibidos con intensidad regular, incluso causando daños en viviendas como rajaduras en paredes, desprendimiento y caída de objetos. Uno de los eventos de mayor importancia tuvo una magnitud de 5.0 en la escala de momento sísmico (medido por la Red Geosísmica de Chile).
Ahora bien, es importante comprender cuál o cuáles podrían ser las causas de este aumento de la actividad sísmica, y porqué específicamente en Sauzal Bonito y Añelo. Respecto de lo primero, para los vecinos ya no hay lugar a dudas, estos movimientos son causados por la intensa actividad hidrocarburífera que se desarrolla en la región.
La ciencia, igualmente, ha dejado bien en claro que existe una relación entre la extracción de hidrocarburos mediante fractura hidráulica (el famoso fracking) y el aumento de la actividad sísmica en las zonas de extracción. Específicamente, los sismos son inducidos por la disposición a gran escala de las aguas residuales de las operaciones de fracking en pozos subterráneos.
En 2015 el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) confirmó que las aguas residuales de las operaciones de fractura vertidas en pozos subterráneos causan terremotos. Esto comenzó a investigarse luego de que en el año 2011, en Oklahoma, una mujer resultara lesionada debido a que la chimenea de su casa cayó sobre ella, a causa de un terremoto, y por las lesiones ocurridas luego demandó a la compañía petrolera que operaba en la zona.
Ya en 2016, el consenso científico indicó, luego de correlacionar los sitios de epicentro de los sismos, con la ubicación de todos los pozos hidrocarburíferos del área, que la causa del aumento de los sismos es la disposición de agua residual en pozos receptores, denominados habitualmente sumideros. Ante esta situación la comunidad científica de Estados Unidos recomendó que el marco regulatorio de la actividad hidrocarburífera debería de ajustarse rápidamente, entre otras cosas, limitando la cantidad de aguas residuales enviadas bajo tierra.
Parece importante diferenciar que no es el proceso de fractura de la roca lo que ha llevado a una mayor actividad sísmica, sino, la eliminación de grandes volúmenes de aguas residuales en las operaciones de fracking que son enviados a pozos sumidero. De esta manera, la actividad sísmica inducida es el resultado, principalmente, de la disposición final que tienen estos residuos líquidos, que son vertidos en pozos sumidero. Los sismos en Vaca Muerta tienen su origen en un problema ambiental.
Los pozos sumidero son el destino final de las aguas residuales de la perforación. Es el método más barato y el más utilizado en nuestra región, que se complementa con la reutilización de las aguas residuales. Estos pozos funcionan como piletas subterráneas para las aguas residuales resultantes de la perforación, y cada uno se utiliza como sitio de disposición para múltiples pozos de perforación. Los pozos sumidero reciben de miles a millones de litros de aguas residuales, lo que causa un aumento en la presión subterránea, y provoca los movimientos sísmicos.
En la provincia de Neuquén, según datos del informe “Gestión del agua en la Actividad Hidrocarburífera No Convencional” presentado por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Provincia con fecha de septiembre de 2019, existen 98 pozos sumideros, de los cuales 38 son pozos activos, 19 pozos inactivos, 23 son pozos a perforar o reconvertir y 18 son pozos a abandonar. Respecto de los volúmenes de aguas residuales, en el año 2013 se inyectaron 17.700 m3 a pozos sumidero, mientras que en el año 2018 se inyectaron 182.766 m3 (datos parciales para este último año según el informe mencionado), unas diez veces más en cinco años. Este incremento se explica en parte por el aumento de la explotación de hidrocarburos de forma no convencional, que requiere una mayor demanda de agua para las perforaciones.
Por último, de acuerdo a los estudios más recientes realizados en Estados Unidos, si las condiciones en las que se realiza la extracción de hidrocarburos se mantienen, en particular la alta demanda de agua y la disposición final del agua residual en pozos sumidero, es esperable que los sismos también continúen, y más aún, que aumenten su intensidad de acuerdo con el incremento de los volúmenes de vertido en pozos sumidero.
Ante esta situación surgen preguntas importantes: ¿se están tomando las medidas para proteger a las poblaciones afectadas?, ¿se establecerá un sistema de monitoreo de sismos en la región?, ¿se limitará la cantidad de agua residual enviada bajo tierra, como medida preventiva?, y sobre todo, ¿cómo se va a resolver el problema de fondo de la gestión ambiental de las aguas residuales producto de la perforación en la actividad hidrocarburífera?
Por Daniel Zúñiga
El autor es licenciado en Saneamiento y Protección Ambiental, magister en Intervención Ambiental y docente de la Universidad Nacional del Comahue. Trabajó como supervisor en empresas ambientales del sector hidrocarburífero.
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Mapuches de Neuquén contra el fracking
"Alerta roja: fracking": La advertencia lanzada por los mapuches de Neuquén
Fecha de Publicación: 10/01/2020
Fuente: Minuto Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
El llamado de atención fue lanzado por el dirigente de la Confederación mapuche, Jorge Nahuel.
“Nos sentimos desprotegidos y librados a nuestra suerte”, dijo el vocero de la Confederación Mapuche, Jorge Nahuel, para dar cuenta del complicado contexto actual de los conflictos territoriales que rodean a Vaca Muerta, sin resoluciones para los mapuches y con marcado avance del fracking en el territorio.
Al referirse a la administración de Mauricio Macri, calificándola como “cuatro años oscuros”, explicó que la producción petrolera es lo único que avanzó junto con el fracking, sin producirse lo mismo en la ley de relevamiento territorial, donde todo está frenado. Al respecto Nahuel, voz máxima de los mapuches, expresó en declaraciones a radio AM 550: “En el escenario nacional hubo retrocesos, se registraron dos casos tremendos como los de Nahuel y Maldonado y a nivel provincial tampoco podemos hacer mucha diferencia, pues no hubo voluntad política del gobierno de Gutiérrez para avanzar con el relevamiento territorial”.
“Hay 14 causas judiciales, 14 conflictos abiertos, sin resolución política. Los mismos no se resuelven con la represión del sistema judicial, sino políticamente”, detalló Nahuel. Al hacer referencia al incentivo de las políticas extractivas, mencionando el caso de Mendoza, el representante de los mapuches de Neuquén, expresó: “Si no se pone límites, si no hay control de esas actividades mineras o petroleras, las consecuencias pueden ser irreversibles para el ambiente”.
Al hacer referencia al fracking, el dirigente señaló que son los mismos estudios de la industria en Vaca Muerta, los que hablan de "mil accidentes de distinto grado ocurridos durante el año". En ese sentido, alertó: "Sabemos que la seguridad y el control dependen del nivel de inversión, y que Neuquén no tiene capacidad de controlar esta industria. Recién a esta altura del fracking se empieza a asumir el tema de los sismos. Hay una total desprotección”.
Luego de expresar que esperan que todo cambie con el gobierno de Alberto Fernández, el dirigente de los mapuches expresó que igual los tiene extremadamente preocupados la intención manifiesta presente de que se sigan alentados estas actividades.
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Fecha de Publicación: 10/01/2020
Fuente: Minuto Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
El llamado de atención fue lanzado por el dirigente de la Confederación mapuche, Jorge Nahuel.
“Nos sentimos desprotegidos y librados a nuestra suerte”, dijo el vocero de la Confederación Mapuche, Jorge Nahuel, para dar cuenta del complicado contexto actual de los conflictos territoriales que rodean a Vaca Muerta, sin resoluciones para los mapuches y con marcado avance del fracking en el territorio.
Al referirse a la administración de Mauricio Macri, calificándola como “cuatro años oscuros”, explicó que la producción petrolera es lo único que avanzó junto con el fracking, sin producirse lo mismo en la ley de relevamiento territorial, donde todo está frenado. Al respecto Nahuel, voz máxima de los mapuches, expresó en declaraciones a radio AM 550: “En el escenario nacional hubo retrocesos, se registraron dos casos tremendos como los de Nahuel y Maldonado y a nivel provincial tampoco podemos hacer mucha diferencia, pues no hubo voluntad política del gobierno de Gutiérrez para avanzar con el relevamiento territorial”.
“Hay 14 causas judiciales, 14 conflictos abiertos, sin resolución política. Los mismos no se resuelven con la represión del sistema judicial, sino políticamente”, detalló Nahuel. Al hacer referencia al incentivo de las políticas extractivas, mencionando el caso de Mendoza, el representante de los mapuches de Neuquén, expresó: “Si no se pone límites, si no hay control de esas actividades mineras o petroleras, las consecuencias pueden ser irreversibles para el ambiente”.
Al hacer referencia al fracking, el dirigente señaló que son los mismos estudios de la industria en Vaca Muerta, los que hablan de "mil accidentes de distinto grado ocurridos durante el año". En ese sentido, alertó: "Sabemos que la seguridad y el control dependen del nivel de inversión, y que Neuquén no tiene capacidad de controlar esta industria. Recién a esta altura del fracking se empieza a asumir el tema de los sismos. Hay una total desprotección”.
Luego de expresar que esperan que todo cambie con el gobierno de Alberto Fernández, el dirigente de los mapuches expresó que igual los tiene extremadamente preocupados la intención manifiesta presente de que se sigan alentados estas actividades.
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Capital santacruceña a 10 años sin bolsas camiseta
Una década sin bolsas camiseta: qué cambió en la guerra contra el plástico
Fecha de Publicación: 10/01/2020
Fuente: Tiempo Sur
Provincia/Región: Santa Cruz
Hace diez años, TiempoSur daba a conocer la prohibición de las bolsas de polietileno en la capital santacruceña. Hoy la lucha contra el material se da a nivel mundial a fin de reducir el impacto del mismo en el medio ambiente.
A nivel mundial se habla hoy de la reducción del uso de plástico para colaborar con el medio ambiente. De hecho hace poco se realizó a nivel nacional la prohibición de las pajitas de plástico, siendo otra de las tendencias –muchas veces por moda- de la ecología. Pero podría decirse que Río Gallegos estuvo adelantado en su tiempo y desde hace diez años que se prohibió la entrega de bolsas de polietileno. La iniciativa había sido iniciada por el aquel entonces concejal Mauricio Gómez Bull y fue puesta en práctica en etapas. La culminación fue la prohibición total de estos productos, con el fin de evitar la propagación del elemento.
Es que, por aquel entonces, las bolsas eran arrojadas por los propios vecinos y quedando durante mucho tiempo amarradas en rejas, árboles o simplemente tiradas en la calle. Las mismas al no ser biodegradables.
El cambio fue progresivo y en un primer momento no gustó a los vendedores de bolsas camisetas, quienes vieron su negocio amenazado y tuvieron que modificar el rubro para adaptarse a la normativa.
Es por esto que se vieron reducidas casi en su totalidad el uso de las bolsas, por lo se incrementó obligatoriamente el uso de las bolsas re utilizables. Se trata de las bolsas de tela que son vendidas principalmente en los supermercados, siendo estos comercios los que tuvieron que adaptarse en primera instancia y abandonar la entrega de bolsas.
¿Qué dice la ordenanza?
La ordenanza expresa: “Prohíbase la entrega de bolsas tipo camisetas no biodegradables y biodegradables para contener las mercaderías adquiridas por sus clientes, por parte de todos los comercios de la ciudad”.
El Artículo 5 de la ordenanza explica que “los comercios deberán informar en lugar visible para sus clientes, el momento en que dejarán de ofrecer las bolsas para contener la mercadería”.
Por otra parte, se explicita que el “Departamento Ejecutivo municipal llevará adelante -a partir de la vigencia de la presente ordenanza- la campaña publicitaria “Más por el medio ambiente”.
En provincia
Por otra parte, años atrás se buscó prohibir en todo el territorio de la provincia de Santa Cruz el uso de bolsas de polietileno y todo otro material plástico convencional, utilizadas y entregadas por supermercados, autoservicios, almacenes y comercios en general para transporte de productos o mercaderías.
La iniciativa fue del diputado Omar Hallar y especificaba que los materiales referidos deberán ser progresivamente reemplazados por contenedores de material degradable y/o biodegradable que resulten compatibles con la minimización de impacto ambiental.
En cuanto a los plazos, el proyecto indica que los titulares de los establecimientos comprendidos por la Ley, deberán proceder a su reemplazo, en los siguientes plazos:
- Doce meses a contar desde la vigencia de la presente, para quienes realizan la actividad económica de venta al por menor en hipermercados, supermercados y minimercados con predominio de productos alimenticios y bebidas.
- Veinticuatro meses a contar de la vigencia de la Ley, para todos los titulares de establecimientos no incluidos en el punto a).
Asimismo, establece que los fabricantes deberán adecuar su tecnología para abastecer a los establecimientos que conforme el Artículo 1° se encuentren en el ámbito subjetivo de aplicación de la presente Ley, en el plazo de veinticuatro meses a contar desde la vigencia de la presente.
También se aclara que la Ley no será aplicable cuando por cuestiones de higiene las bolsas de polietileno y todo otro material plástico convencional deban ser utilizadas para contener alimentos o insumos húmedos elaborados o preelaborados y no resulte factible la utilización de un sustituto degradable y/o biodegradable en términos compatibles de la minimización de impacto.
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Fecha de Publicación: 10/01/2020
Fuente: Tiempo Sur
Provincia/Región: Santa Cruz
Hace diez años, TiempoSur daba a conocer la prohibición de las bolsas de polietileno en la capital santacruceña. Hoy la lucha contra el material se da a nivel mundial a fin de reducir el impacto del mismo en el medio ambiente.
A nivel mundial se habla hoy de la reducción del uso de plástico para colaborar con el medio ambiente. De hecho hace poco se realizó a nivel nacional la prohibición de las pajitas de plástico, siendo otra de las tendencias –muchas veces por moda- de la ecología. Pero podría decirse que Río Gallegos estuvo adelantado en su tiempo y desde hace diez años que se prohibió la entrega de bolsas de polietileno. La iniciativa había sido iniciada por el aquel entonces concejal Mauricio Gómez Bull y fue puesta en práctica en etapas. La culminación fue la prohibición total de estos productos, con el fin de evitar la propagación del elemento.
Es que, por aquel entonces, las bolsas eran arrojadas por los propios vecinos y quedando durante mucho tiempo amarradas en rejas, árboles o simplemente tiradas en la calle. Las mismas al no ser biodegradables.
El cambio fue progresivo y en un primer momento no gustó a los vendedores de bolsas camisetas, quienes vieron su negocio amenazado y tuvieron que modificar el rubro para adaptarse a la normativa.
Es por esto que se vieron reducidas casi en su totalidad el uso de las bolsas, por lo se incrementó obligatoriamente el uso de las bolsas re utilizables. Se trata de las bolsas de tela que son vendidas principalmente en los supermercados, siendo estos comercios los que tuvieron que adaptarse en primera instancia y abandonar la entrega de bolsas.
¿Qué dice la ordenanza?
La ordenanza expresa: “Prohíbase la entrega de bolsas tipo camisetas no biodegradables y biodegradables para contener las mercaderías adquiridas por sus clientes, por parte de todos los comercios de la ciudad”.
El Artículo 5 de la ordenanza explica que “los comercios deberán informar en lugar visible para sus clientes, el momento en que dejarán de ofrecer las bolsas para contener la mercadería”.
Por otra parte, se explicita que el “Departamento Ejecutivo municipal llevará adelante -a partir de la vigencia de la presente ordenanza- la campaña publicitaria “Más por el medio ambiente”.
En provincia
Por otra parte, años atrás se buscó prohibir en todo el territorio de la provincia de Santa Cruz el uso de bolsas de polietileno y todo otro material plástico convencional, utilizadas y entregadas por supermercados, autoservicios, almacenes y comercios en general para transporte de productos o mercaderías.
La iniciativa fue del diputado Omar Hallar y especificaba que los materiales referidos deberán ser progresivamente reemplazados por contenedores de material degradable y/o biodegradable que resulten compatibles con la minimización de impacto ambiental.
En cuanto a los plazos, el proyecto indica que los titulares de los establecimientos comprendidos por la Ley, deberán proceder a su reemplazo, en los siguientes plazos:
- Doce meses a contar desde la vigencia de la presente, para quienes realizan la actividad económica de venta al por menor en hipermercados, supermercados y minimercados con predominio de productos alimenticios y bebidas.
- Veinticuatro meses a contar de la vigencia de la Ley, para todos los titulares de establecimientos no incluidos en el punto a).
Asimismo, establece que los fabricantes deberán adecuar su tecnología para abastecer a los establecimientos que conforme el Artículo 1° se encuentren en el ámbito subjetivo de aplicación de la presente Ley, en el plazo de veinticuatro meses a contar desde la vigencia de la presente.
También se aclara que la Ley no será aplicable cuando por cuestiones de higiene las bolsas de polietileno y todo otro material plástico convencional deban ser utilizadas para contener alimentos o insumos húmedos elaborados o preelaborados y no resulte factible la utilización de un sustituto degradable y/o biodegradable en términos compatibles de la minimización de impacto.
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Argentina y el cambio climático tras la COP 25
¿Qué hará Argentina para combatir el cambio climático?
Fecha de Publicación: 09/01/2020
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
Los resultados de la COP 25, que contó con la presencia de Greta Thunberg, decepcionaron hasta al propio Secretario General de la ONU. El Estado Nacional participó de la Cumbre, ¿qué lugar ocupó durante las negociaciones?
De acuerdo a lo difundido por Naciones Unidas, la vigesimoquinta Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 25) terminó en Madrid dos días después de la fecha oficial de cierre y, si bien se lograron avances por parte del sector privado, no hubo consenso en cuanto a los compromisos de reducción de emisiones de carbono por parte de los Estados.
Entre los temas clave que se abordaron estuvieron la emisión de gases y las respectivas metas establecidas durante el Acuerdo de París. Sobre esto último, Belén Zermatten y Patricio Fernández Funes, de PWC Argentina –durante el último encuentro de la Diplomatura en “Seguridad Humana para el Desarrollo Sostenible”, organizada por Fundación Criteria y la UCEMA – explicaron que el promedio de reducción de emisiones que se necesita a nivel global para cumplir con las metas que propusieron cada una de las naciones que adhieren es de un 3%, y agregaron que los resultados del último estudio estuvieron muy por debajo de lo acordado. Sobre este tema, desde la ONU afirman que –a partir de este año– las emisiones de carbono habrán de reducirse a un ritmo de 7,6% al año para cumplir con la meta de un calentamiento global limitado a 1,5 grados.
En noviembre próximo, en Escocia, tendrá lugar la COP 26 y será una nueva oportunidad para que todas las naciones que formen parte presenten metas más ambiciosas en vistas a reducir las emisiones. De hecho, Argentina ya se encuentra trabajando en la elaboración de una estrategia de desarrollo con bajas emisiones a largo plazo, con miras a presentarla en 2020, y que servirá para informar las sucesivas Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC por sus siglas en inglés). Cabe destacar que, las NDC son aquellas acciones que todos los Estados que integran la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) deben llevar realizar para intensificar sus acciones contra el cambio climático.
Desde la ONU afirman que, en 2020, las emisiones de carbono habrán de reducirse a un ritmo de 7,6% al año para cumplir con la meta de un calentamiento global limitado a 1,5 grados.
Presencia argentina en Madrid
Según explican desde Cancillería, las Conferencias de las Partes (COP) son las máximas instancias de negociación y de toma de decisiones a nivel internacional en materia de cambio climático y Argentina participa de estas conferencias por ser parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, así como también del Protocolo de Kioto y del Acuerdo de París.
Las decisiones adoptadas en este marco establecen los lineamientos que debe seguir el país al presentar sus contribuciones a nivel nacional y las metodologías a utilizar para los reportes bienales. También, se fijan las guías para la provisión de financiamiento climático, transferencia de tecnologías, y construcción de capacidades a países en desarrollo, entre otras cuestiones.
Argentina está comprometida con la acción climática y busca tener un rol activo en las negociaciones internacionales, motivo por el que ha ratificado el Acuerdo de París. Cabe destacar que fue el primer Estado en presentar una revisión de su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC), aumentando su ambición. En Cancillería afirman que, a través del Gabinete Nacional de Cambio Climático, estos temas se trata de forma integrada con 17 agencias estatales y con insumos de las provincias, los gobiernos locales, el sector privado, la fuerza laboral y la sociedad civil.
“En noviembre de 2019 se aprobó la Ley de Presupuestos Mínimos para la Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, sin ningún voto en contra, lo que demuestra que la respuesta a esta problemática se constituye como una política de estado en la Argentina”, sostienen desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
‘2019 se aprobó la Ley de Presupuestos Mínimos para la Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, sin ningún voto en contra, demostrando que la respuesta a esta problemática se constituye como una política de estado en la Argentina’, sostienen desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
En este sentido, desde la Cartera, manifiestan que la acción por el clima encuentra, en el sistema productivo agrícola-ganadero argentino, un gran aliado para lograr el balance que demanda el Acuerdo de París entre la adaptación, la mitigación de gases de efecto invernadero y la producción de alimentos. “Hace años que nuestro país lidera avances tecnológicos que combinan mejoras en la productividad, en las prácticas del sector y en la captura de carbono, en línea con las recomendaciones que hiciera el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC) en su Reporte Especial sobre suelos y cambio climático”, cuentan, y agregan que el Estado Nacional forma parte (desde 2016) de un grupo de negociación con Brasil y Uruguay (Grupo A-B-U), lo cual le permite a tener presencia y defender su posición en la mayoría de los temas de la negociación que se suceden en simultáneo.
COP 25: mucho ruido y pocas nueces
La cumbre debió haber finalizado el 13 de diciembre pasado; sin embargo, las negociaciones debieron extenderse porque no se logró llegar a un acuerdo en lo que respecta a metas de disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero. En ese marco, el secretario general de la ONU, António Guterres, se mostró decepcionado con los resultados del cónclave. “La comunidad internacional perdió una oportunidad importante de mostrar una mayor ambición en la mitigación, adaptación y financiamiento para afrontar la crisis climática”, alertó desde su cuenta de Twitter.
Sin embargo, Guterres, hizo un llamado a la comunidad global para continuar con la lucha: “Estoy más decidido que nunca a trabajar para que 2020 sea el año en el que todos los países se comprometan a hacer lo que la ciencia nos dice que es necesario para haber neutralizado las emisiones de carbono en 2050 y para no permitir que la temperatura se eleve más de 1,5 grados”.
'La comunidad internacional perdió una oportunidad importante de mostrar una mayor ambición en la mitigación, adaptación y financiamiento para afrontar la crisis climática", alertó el secretario general de la ONU desde su cuenta de Twitter.
Desde Cancillería explican que, las decisiones finalmente adoptadas durante la COP 25 reconocen el rol de la ciencia y del IPCC, así como la necesidad de abordar la brecha entre los esfuerzos agregados de mitigación y las emisiones globales. A su vez, las naciones que forman parte reiteran la invitación a presentar estrategias de desarrollo de largo plazo de bajas emisiones y a fortalecer acciones de adaptación y la provisión de medios de implementación.
Por otra parte, en la reunión, se adoptó una decisión del Mecanismo de Varsovia para Pérdidas y Daños (WIM) que urge el aumento en escala de la acción y el apoyo para pérdidas y daños, incluyendo financiamiento, tecnología y creación de capacidad en países en desarrollo particularmente vulnerables. No obstante, la decisión no proporciona lineamientos al Fondo Verde para el Clima (GCF) para la asignación de recursos en este sentido. También, durante la COP 25 también se adoptó el Plan de Acción de Género, que refuerza y extiende el trabajo en esta materia.
En conclusión, desde Cancillería manifiestan que las decisiones adoptadas en la conferencia no tienen implicancias especiales para la región, sino que avanzan en cuestiones políticas, quedando las definiciones más técnicas para la próxima ronda de negociaciones.
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Fecha de Publicación: 09/01/2020
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
Los resultados de la COP 25, que contó con la presencia de Greta Thunberg, decepcionaron hasta al propio Secretario General de la ONU. El Estado Nacional participó de la Cumbre, ¿qué lugar ocupó durante las negociaciones?
De acuerdo a lo difundido por Naciones Unidas, la vigesimoquinta Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 25) terminó en Madrid dos días después de la fecha oficial de cierre y, si bien se lograron avances por parte del sector privado, no hubo consenso en cuanto a los compromisos de reducción de emisiones de carbono por parte de los Estados.
Entre los temas clave que se abordaron estuvieron la emisión de gases y las respectivas metas establecidas durante el Acuerdo de París. Sobre esto último, Belén Zermatten y Patricio Fernández Funes, de PWC Argentina –durante el último encuentro de la Diplomatura en “Seguridad Humana para el Desarrollo Sostenible”, organizada por Fundación Criteria y la UCEMA – explicaron que el promedio de reducción de emisiones que se necesita a nivel global para cumplir con las metas que propusieron cada una de las naciones que adhieren es de un 3%, y agregaron que los resultados del último estudio estuvieron muy por debajo de lo acordado. Sobre este tema, desde la ONU afirman que –a partir de este año– las emisiones de carbono habrán de reducirse a un ritmo de 7,6% al año para cumplir con la meta de un calentamiento global limitado a 1,5 grados.
En noviembre próximo, en Escocia, tendrá lugar la COP 26 y será una nueva oportunidad para que todas las naciones que formen parte presenten metas más ambiciosas en vistas a reducir las emisiones. De hecho, Argentina ya se encuentra trabajando en la elaboración de una estrategia de desarrollo con bajas emisiones a largo plazo, con miras a presentarla en 2020, y que servirá para informar las sucesivas Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC por sus siglas en inglés). Cabe destacar que, las NDC son aquellas acciones que todos los Estados que integran la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) deben llevar realizar para intensificar sus acciones contra el cambio climático.
Desde la ONU afirman que, en 2020, las emisiones de carbono habrán de reducirse a un ritmo de 7,6% al año para cumplir con la meta de un calentamiento global limitado a 1,5 grados.
Presencia argentina en Madrid
Según explican desde Cancillería, las Conferencias de las Partes (COP) son las máximas instancias de negociación y de toma de decisiones a nivel internacional en materia de cambio climático y Argentina participa de estas conferencias por ser parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, así como también del Protocolo de Kioto y del Acuerdo de París.
Las decisiones adoptadas en este marco establecen los lineamientos que debe seguir el país al presentar sus contribuciones a nivel nacional y las metodologías a utilizar para los reportes bienales. También, se fijan las guías para la provisión de financiamiento climático, transferencia de tecnologías, y construcción de capacidades a países en desarrollo, entre otras cuestiones.
Argentina está comprometida con la acción climática y busca tener un rol activo en las negociaciones internacionales, motivo por el que ha ratificado el Acuerdo de París. Cabe destacar que fue el primer Estado en presentar una revisión de su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC), aumentando su ambición. En Cancillería afirman que, a través del Gabinete Nacional de Cambio Climático, estos temas se trata de forma integrada con 17 agencias estatales y con insumos de las provincias, los gobiernos locales, el sector privado, la fuerza laboral y la sociedad civil.
“En noviembre de 2019 se aprobó la Ley de Presupuestos Mínimos para la Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, sin ningún voto en contra, lo que demuestra que la respuesta a esta problemática se constituye como una política de estado en la Argentina”, sostienen desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
‘2019 se aprobó la Ley de Presupuestos Mínimos para la Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, sin ningún voto en contra, demostrando que la respuesta a esta problemática se constituye como una política de estado en la Argentina’, sostienen desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
En este sentido, desde la Cartera, manifiestan que la acción por el clima encuentra, en el sistema productivo agrícola-ganadero argentino, un gran aliado para lograr el balance que demanda el Acuerdo de París entre la adaptación, la mitigación de gases de efecto invernadero y la producción de alimentos. “Hace años que nuestro país lidera avances tecnológicos que combinan mejoras en la productividad, en las prácticas del sector y en la captura de carbono, en línea con las recomendaciones que hiciera el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC) en su Reporte Especial sobre suelos y cambio climático”, cuentan, y agregan que el Estado Nacional forma parte (desde 2016) de un grupo de negociación con Brasil y Uruguay (Grupo A-B-U), lo cual le permite a tener presencia y defender su posición en la mayoría de los temas de la negociación que se suceden en simultáneo.
COP 25: mucho ruido y pocas nueces
La cumbre debió haber finalizado el 13 de diciembre pasado; sin embargo, las negociaciones debieron extenderse porque no se logró llegar a un acuerdo en lo que respecta a metas de disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero. En ese marco, el secretario general de la ONU, António Guterres, se mostró decepcionado con los resultados del cónclave. “La comunidad internacional perdió una oportunidad importante de mostrar una mayor ambición en la mitigación, adaptación y financiamiento para afrontar la crisis climática”, alertó desde su cuenta de Twitter.
Sin embargo, Guterres, hizo un llamado a la comunidad global para continuar con la lucha: “Estoy más decidido que nunca a trabajar para que 2020 sea el año en el que todos los países se comprometan a hacer lo que la ciencia nos dice que es necesario para haber neutralizado las emisiones de carbono en 2050 y para no permitir que la temperatura se eleve más de 1,5 grados”.
'La comunidad internacional perdió una oportunidad importante de mostrar una mayor ambición en la mitigación, adaptación y financiamiento para afrontar la crisis climática", alertó el secretario general de la ONU desde su cuenta de Twitter.
Desde Cancillería explican que, las decisiones finalmente adoptadas durante la COP 25 reconocen el rol de la ciencia y del IPCC, así como la necesidad de abordar la brecha entre los esfuerzos agregados de mitigación y las emisiones globales. A su vez, las naciones que forman parte reiteran la invitación a presentar estrategias de desarrollo de largo plazo de bajas emisiones y a fortalecer acciones de adaptación y la provisión de medios de implementación.
Por otra parte, en la reunión, se adoptó una decisión del Mecanismo de Varsovia para Pérdidas y Daños (WIM) que urge el aumento en escala de la acción y el apoyo para pérdidas y daños, incluyendo financiamiento, tecnología y creación de capacidad en países en desarrollo particularmente vulnerables. No obstante, la decisión no proporciona lineamientos al Fondo Verde para el Clima (GCF) para la asignación de recursos en este sentido. También, durante la COP 25 también se adoptó el Plan de Acción de Género, que refuerza y extiende el trabajo en esta materia.
En conclusión, desde Cancillería manifiestan que las decisiones adoptadas en la conferencia no tienen implicancias especiales para la región, sino que avanzan en cuestiones políticas, quedando las definiciones más técnicas para la próxima ronda de negociaciones.
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Energía Nuclear: esperando definiciones
Reactor nuclear local. Los constructores esperan definiciones para continuar
Fecha de Publicación: 09/01/2020
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Las empresas privadas involucradas en la construcción del Carem 25, el primer reactor nuclear de potencia íntegramente diseñado y construido en la Argentina , esperan definiciones del nuevo Gobierno sobre la continuidad del proyecto, que pone al país como uno de los líderes mundiales en el segmento de reactores modulares de baja y media potencia. Además de la Comisión Nacional de Energía Atómica (Conea), la decisión final es del secretario de Energía, Sergio Lanziani, experto en temas nucleares.
Impsa es la encargada de una parte del diseño y de la fabricación. La Conea es la encargada del diseño conceptual y Techint ejecuta las obras civiles en Buenos Aires .
Aunque las primeras proyecciones apuntaban a que el prototipo estaría instalado en Atucha el próximo año, el cronograma se demoró y se apunta a fines de 2021 o los primeros meses de 2022.
Sin embargo, desde Impsa entienden que hay que salir lo antes posible al mundo para captar clientes y fondos porque ya hay competidoras (en especial de Estados Unidos ) avanzando. Juan Carlos Fernández, CEO de la empresa, dijo a LA NACION que una asociación público-privada sería un formato conveniente: "Estamos listos para presentar planes, ideas, aportar tecnología y experiencia en diseño y fabricación. La señal debe venir desde el Gobierno".
Impsa es una de las tres firmas de Latinoamérica con certificación Asmen (la requerida en el mundo para diseñar y producir componentes nucleares). Trabaja en el área hace unas tres décadas, cuando empezó a fabricar componentes para Atucha 1. Fernández entiende que hay fondos internacionales para desarrollo de este tipo de proyectos, aunque advierte que "si estabiliza la economía será más fácil conseguir el financiamiento".
El costo total del proyecto no se difunde. Es un dato que maneja la Conea. Techint el mes pasado frenó las obras por demoras en los pagos y las reinició por el dictado de una conciliación obligatoria por parte de Trabajo. En Impsa apuntan que no registraron problemas.
Las expectativas comerciales del Carem 25 pasan por las posibilidades de exportación a países y empresas que requieran abastecimiento eléctrico en zonas alejadas de los grandes centros urbanos o de polos fabriles e industriales con alto consumo de energía (incluyendo la capacidad de alimentar plantas de desalinización de agua de mar). Los costos de generación son más competitivos que los de las centrales de gas y carbón y, además, los módulos requieren menos mantenimiento.
"Hay que analizar y definir la estrategia lo más rápido posible. La Argentina necesita dólares y están abiertas las posibilidades con este desarrollo", dice Fernández.
En distintas presentaciones ante empresarios y en la Cancillería, Rafael Grossi, el argentino designado director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), mencionó al reactor modular como un "ejemplo internacional" por entender que allí se abre un nicho comercial.
Esta primera versión tendrá capacidad para generar 32 megavatios eléctricos. El 70% de sus insumos, componentes y servicios vinculados es provisto por empresas argentinas.
En paralelo al desarrollo del prototipo, la Conea avanza en el diseño conceptual del que será el módulo comercial del Carem, que tendrá una potencia mayor (de entre 100 y 120 MW), y sería la base de una central multi-reactor que permitirá alcanzar costos muy competitivos para el mercado internacional según el organismo nacional.
Para Impsa, admite Fernández, el proyecto es "muy importante tanto en términos tecnológico como en la parte financiera" y, en ese contexto, espera que se aceleren las definiciones de la nueva administración.
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Fecha de Publicación: 09/01/2020
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Las empresas privadas involucradas en la construcción del Carem 25, el primer reactor nuclear de potencia íntegramente diseñado y construido en la Argentina , esperan definiciones del nuevo Gobierno sobre la continuidad del proyecto, que pone al país como uno de los líderes mundiales en el segmento de reactores modulares de baja y media potencia. Además de la Comisión Nacional de Energía Atómica (Conea), la decisión final es del secretario de Energía, Sergio Lanziani, experto en temas nucleares.
Impsa es la encargada de una parte del diseño y de la fabricación. La Conea es la encargada del diseño conceptual y Techint ejecuta las obras civiles en Buenos Aires .
Aunque las primeras proyecciones apuntaban a que el prototipo estaría instalado en Atucha el próximo año, el cronograma se demoró y se apunta a fines de 2021 o los primeros meses de 2022.
Sin embargo, desde Impsa entienden que hay que salir lo antes posible al mundo para captar clientes y fondos porque ya hay competidoras (en especial de Estados Unidos ) avanzando. Juan Carlos Fernández, CEO de la empresa, dijo a LA NACION que una asociación público-privada sería un formato conveniente: "Estamos listos para presentar planes, ideas, aportar tecnología y experiencia en diseño y fabricación. La señal debe venir desde el Gobierno".
Impsa es una de las tres firmas de Latinoamérica con certificación Asmen (la requerida en el mundo para diseñar y producir componentes nucleares). Trabaja en el área hace unas tres décadas, cuando empezó a fabricar componentes para Atucha 1. Fernández entiende que hay fondos internacionales para desarrollo de este tipo de proyectos, aunque advierte que "si estabiliza la economía será más fácil conseguir el financiamiento".
El costo total del proyecto no se difunde. Es un dato que maneja la Conea. Techint el mes pasado frenó las obras por demoras en los pagos y las reinició por el dictado de una conciliación obligatoria por parte de Trabajo. En Impsa apuntan que no registraron problemas.
Las expectativas comerciales del Carem 25 pasan por las posibilidades de exportación a países y empresas que requieran abastecimiento eléctrico en zonas alejadas de los grandes centros urbanos o de polos fabriles e industriales con alto consumo de energía (incluyendo la capacidad de alimentar plantas de desalinización de agua de mar). Los costos de generación son más competitivos que los de las centrales de gas y carbón y, además, los módulos requieren menos mantenimiento.
"Hay que analizar y definir la estrategia lo más rápido posible. La Argentina necesita dólares y están abiertas las posibilidades con este desarrollo", dice Fernández.
En distintas presentaciones ante empresarios y en la Cancillería, Rafael Grossi, el argentino designado director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), mencionó al reactor modular como un "ejemplo internacional" por entender que allí se abre un nicho comercial.
Esta primera versión tendrá capacidad para generar 32 megavatios eléctricos. El 70% de sus insumos, componentes y servicios vinculados es provisto por empresas argentinas.
En paralelo al desarrollo del prototipo, la Conea avanza en el diseño conceptual del que será el módulo comercial del Carem, que tendrá una potencia mayor (de entre 100 y 120 MW), y sería la base de una central multi-reactor que permitirá alcanzar costos muy competitivos para el mercado internacional según el organismo nacional.
Para Impsa, admite Fernández, el proyecto es "muy importante tanto en términos tecnológico como en la parte financiera" y, en ese contexto, espera que se aceleren las definiciones de la nueva administración.
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Biodiversidad e investigadores galardonados
Puerto Madryn: Tres investigadores fueron galardonados con el Premio Australis 2019
Fecha de Publicación: 09/01/2020
Fuente: ADN Sur
Provincia/Región: Chubut
Los jóvenes desarrollan proyectos sobre invertebrados marinos, reproducción de aves playeras y comportamiento de lobos marinos en aguas que rodean a la Península Valdés.
En los último días tres jóvenes investigadores de Puerto Madryn que desarollan proyectos sobre invertebrados marinos, reproducción de aves playeras y comportamiento de lobos marinos en aguas que rodean a la Península Valdés, fueron galardonados con el Premio Australis 2019 del Instituto de Conservación de Ballenas (ICB).
El Premio Australis, consiste en dos subsidios bianuales entregados a jóvenes investigadores y estudiantes que desarrollen proyectos basados en técnicas de estudio benignas, que contribuyan de modo directo a la conservación de la biodiversidad de la fauna marino-patagónica en Argentina.
Este año se presentaron trece postulaciones, duplicando así el número de proyectos recibidos en la edición anterior. Los ganadores recibirán Premios de $20.000 (veinte mil pesos) cada uno y una Mención Especial de $10.000 (diez mil pesos). Con esta nueva edición, ya son siete los proyectos desarrollados por estudiantes de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y doctorandos de CONICET, que han recibido apoyo financiero del ICB -Instituto de Conservación de Ballenas-
Gonzalo Bravo: Proyecto “Biodiversidad bentónica de arrecifes rocosos del Golfo Nuevo.” Es estudiante doctoral en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y becario de CONICET. Trabaja en el Instituto de Biología de Organismos Marinos y Laboratorio de Reproducción y Biología Integrativa de Invertebrados Marinos del CONICET CENPAT de Puerto Madryn.
Glenda Denise Hevia: Proyecto “Patrones de incubación de nidos de Chorlos Doble Collar (Charadrius falklandicus) en ambientes costeros impactados por actividades humanas.” Es estudiante doctoral en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Córdoba y Becaria Interna Doctoral en el Centro para el Estudio de Sistemas Marinos del CONICET CENPAT de Puerto Madryn.
Ana Canela Pollicelli: Proyecto “Evaluación del impacto de las actividades turísticas acuáticas sobre el comportamiento de lobos marinos (Otaria flavescens) en la lobería de Punta Loma.”Es estudiante de grado de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco realizando su tesina en el Laboratorio de Mamíferos Marinos del Centro para el Estudio de Sistemas Marinos del CONICET-CENPAT de Puerto Madryn.
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Fecha de Publicación: 09/01/2020
Fuente: ADN Sur
Provincia/Región: Chubut
Los jóvenes desarrollan proyectos sobre invertebrados marinos, reproducción de aves playeras y comportamiento de lobos marinos en aguas que rodean a la Península Valdés.
En los último días tres jóvenes investigadores de Puerto Madryn que desarollan proyectos sobre invertebrados marinos, reproducción de aves playeras y comportamiento de lobos marinos en aguas que rodean a la Península Valdés, fueron galardonados con el Premio Australis 2019 del Instituto de Conservación de Ballenas (ICB).
El Premio Australis, consiste en dos subsidios bianuales entregados a jóvenes investigadores y estudiantes que desarrollen proyectos basados en técnicas de estudio benignas, que contribuyan de modo directo a la conservación de la biodiversidad de la fauna marino-patagónica en Argentina.
Este año se presentaron trece postulaciones, duplicando así el número de proyectos recibidos en la edición anterior. Los ganadores recibirán Premios de $20.000 (veinte mil pesos) cada uno y una Mención Especial de $10.000 (diez mil pesos). Con esta nueva edición, ya son siete los proyectos desarrollados por estudiantes de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y doctorandos de CONICET, que han recibido apoyo financiero del ICB -Instituto de Conservación de Ballenas-
Gonzalo Bravo: Proyecto “Biodiversidad bentónica de arrecifes rocosos del Golfo Nuevo.” Es estudiante doctoral en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y becario de CONICET. Trabaja en el Instituto de Biología de Organismos Marinos y Laboratorio de Reproducción y Biología Integrativa de Invertebrados Marinos del CONICET CENPAT de Puerto Madryn.
Glenda Denise Hevia: Proyecto “Patrones de incubación de nidos de Chorlos Doble Collar (Charadrius falklandicus) en ambientes costeros impactados por actividades humanas.” Es estudiante doctoral en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Córdoba y Becaria Interna Doctoral en el Centro para el Estudio de Sistemas Marinos del CONICET CENPAT de Puerto Madryn.
Ana Canela Pollicelli: Proyecto “Evaluación del impacto de las actividades turísticas acuáticas sobre el comportamiento de lobos marinos (Otaria flavescens) en la lobería de Punta Loma.”Es estudiante de grado de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco realizando su tesina en el Laboratorio de Mamíferos Marinos del Centro para el Estudio de Sistemas Marinos del CONICET-CENPAT de Puerto Madryn.
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Mendoza: también pidieron por el Atuel a La Pampa
Asamblea del Agua de Mendoza pidió «restituir» el Atuel a La Pampa
Fecha de Publicación: 08/01/2020
Fuente: Diario Textual
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
El pueblo de Mendoza logró torcerle el brazo al gobernador Rodolfo Suárez, quien tuvo que dar marcha atrás con la Ley 9209, que facilitaba la explotación minera en la provincia al modificar la 7722. Miles de personas salieron a las calles, en «defensa del agua» y en contra de la megaminería. Una de las organizaciones más activas es la Asamblea Popular del Agua, que dejó en los últimos días -incluso antes de la derogación de la norma- de una serie de señales a los reclamos pampeanos: pidió la «restitución» del agua del río Atuel para el oeste de La Pampa y reclamó un «trato justo» en los acuerdos entre ambas provincias.
En uno de los documentos se alerta que los proyectos mineros en Malargüe pondrán en riesgo al oeste pampeano. «Los proyectos mineros en Malargüe comprometerían no sólo a ese departamento, sino también a San Rafael, General Alvear y las provincias de La Pampa, Río Negro y el extremo sur de Buenos Aires. Ningún territorio debe ser zona de sacrificio», alertó la asamblea.
«Respecto de las cuencas hidrográficas, también reclamamos la restitución de caudales del río Mendoza para las lagunas de Huanacache, y que se llegue a concretar acuerdos justos con los hermanos de La Pampa«, dijo.
“Estamos dispuestos a dialogar con el gobierno, pero sobre estos proyectos y sobre emergencia climática, energías renovables, prácticas agroecológicas y devolución de cauces privados, restitución del agua a Huanacache y a La Pampa. Queremos una política ambiental seria”, dijeron en otro documento.
Uno de esos documentos, donde se menciona a La Pampa es el siguiente:
En las últimas semanas vivimos acontecimientos históricos para Mendoza, debido a que se pretendió modificar la Ley 7722 vaciándola de su esencia, mediante un acuerdo entre las cúpulas de la UCR -tanto del gobierno saliente de Alfredo Cornejo como el entrante de Rodolfo Suárez- y la del PJ. Creyeron que podrían tocar impunemente nuestra ley Guardiana del Agua, esa que el pueblo autoconvocado parió en 2007, que debimos defender muchas veces en estos 12 años, y que a la vez nos parió a muchas y muchos de nosotros como seres políticos, como seres del Agua. Apenas sancionada, la 7722 fue atacada por 12 pedidos de inconstitucionalidad, hasta que recién en 2015 la Suprema Corte mendocina ratificó su plena constitucionalidad, luego de semanas de movilizaciones, charlas en escuelas y barrios, y de un acampe de cuatro días ante el Poder Judicial, acompañado por miles de mendocinos.
Varios legisladores intentaron también modificarla, antes de que hace sólo 20 días y a horas de haber asumido, el gobernador Rodolfo Suárez enviara a la Legislatura su proyecto de ley, que llegó a ser sancionado, pero tuvo una vida de efímeros 10 días. Jamás pensó que con ello desencadenaría tamaña respuesta popular y ciudadana a quienes, actuando como casta política, no saben ni quieren gobernar escuchando y obedeciendo al pueblo, sino a poderosos intereses empresarios ávidos de grandes ganancias, sin que les importe hacerlo a costa del Agua y demás Bienes Comunes de todxs lxs mendocinxs. Pero las movilizaciones masivas en toda Mendoza, día tras día, han dicho con voz muy potente que los proyectos extractivistas no tienen licencia social. Finalmente, la lucha del pueblo organizado obligó a revertir la decisión del gobierno de Suárez y de 65 legisladores y legisladoras que actuaron a espaldas del pueblo, incluyendo de sus propias bases militantes partidarias, que antes y después repudiaron ese atropello. Fue el pueblo consciente y movilizado en plazas, calles y rutas quien logró la derogación de la 9209.
Defender la 7722 ha sido otra batalla contra el modelo extractivista, que intenta perpetuarse en el fracking, las fumigaciones, los intentos de modificar regresivamente las leyes de glaciares y de aguas, y otras formas de contaminación y despojo de los bienes comunes. Seguiremos respondiendo a todo ello, de ser necesario con desobediencia civil al Código Contravencional instaurado por la política autoritaria de Cornejo, y que Suárez ya continúa y profundiza, con vallados y represión policial de una magnitud sin precedentes desde 1983. Pero a pesar de ello, consciente de lo que estaba en juego, en toda Mendoza el pueblo colmó como nunca las calles, rutas y plazas con acampes, cortes, movilizaciones masivas, celebraciones, gritando que la Ley 7722 NO se toca y que el agua de Mendoza NO se negocia, y diciendo a la vez implícitamente, NO al Código Contravencional. Exigimos el cese de la criminalización y judicialización de la protesta, y el sobreseimiento de todas las personas imputadas y procesadas por luchar en defensa de sus legítimos derechos, entre ellos a un ambiente sano.
Como parte del pueblo mendocino, estos días de lucha unieron a AMPAP con la Coordinadora por el Agua. AMPAP es la sigla de las Asambleas Mendocinas Por el Agua Pura, que existen en casi todos los departamentos de la provincia, incluido Malargüe. Cada una de ellas hace tiempo viene trabajando en su territorio, algunas incluso 15 años. Hemos construido lazos, organizando desde abajo… a veces siendo pocos, otras un vendaval, pero siempre con la constancia de saber que estas son luchas largas, y con la convicción y confianza en que somos parte del pueblo autoconvocado. Las asambleas son abiertas para todas las personas que sientan que el cuidado del agua es parte sustancial del ser humano. Nuestra fuerza, aún en los momentos más difíciles, fue, además de estar organizados, el reconocer que no hay líderes, ni cabecillas. En nuestras reuniones todas las voces son escuchadas y tenidas en cuenta para la toma de decisiones, que siempre buscamos sean por consenso.
Por supuesto, la defensa del Agua contra el extractivismo excede ampliamente a AMPAP, y compromete a todos los mendocinos. Por eso, un amplio conjunto de organizaciones sociales de raigambre popular y de sindicatos comprometidos, se agrupó en la Coordinadora por el Agua y los Bienes Comunes, brindando un indispensable y clave apoyo a esta lucha, que involucra no sólo a un sector del pueblo, sino a todos. Y así como la Coordinadora se sumó a esta defensa de la ley 7722, también muchos asambleístas apoyamos activamente las luchas de diversas organizaciones populares y sus trabajadores. Entre ellas, hacia afuera pero también hacia adentro, las de mujeres y jóvenes por sus derechos, pues denunciamos la violencia patriarcal del modelo extractivista. Celebramos entonces la gran participación de pueblos originarios, comunidades inmigrantes y jóvenes, que defienden el agua pura, cada vez más escasa, cada vez más presente en sus reivindicaciones y esperanzas.
Nos sabemos agua y amamos la cordillera. Por eso exigimos la conservación intacta de nuestras montañas, que en sus vertientes albergan glaciares, nieves, fauna, flora, veranadas, y son, todavía y pese a la historia oficial, hogar de nuestros hermanos originarios y puesteros. Por esta razón, además de exigir la anulación de la ley 9209, reiteramos a los legisladores nuestro reclamo de que traten y sancionen con urgencia el proyecto de ley que crea el Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas, con el texto original del expte. 65.858/2014-D. Ese marco legal nos aseguraría que toda la cuenca del río Mendoza aguas arriba de Potrerillos esté protegida. Y con igual énfasis exigimos el retiro de todos los proyectos de modificación de la ley 7722, presentados por Antonio Agulles, Alejandro Abraham y Silvina Camiolo del PJ en 2018, y Martínez Guerra del PI este año, y al municipio de Las Heras que restituya la Ordenanza Ambiental Minera 12/16.
También reclamamos una vez más a la Legislatura que trate y sancione el proyecto de ley presentado hace ya 19 meses por el diputado Gustavo Majstruk, expte. 74.339, para declarar a Mendoza Libre de Fracking, y que fue apoyado por más de 100.000 firmas. Exigimos asimismo al gobierno provincial y a los departamentales, que respeten y cumplan las ordenanzas municipales ya sancionadas en ese mismo sentido, como la 008/13 de Tupungato.
Los impactos del cambio ambiental global sobre nuestro territorio, la emergencia hídrica sin precedentes que estamos padeciendo, son realidades insoslayables ante las cuales el Estado debe comprometerse con políticas y acciones concretas e impostergables, incompatibles con un modelo extractivista. Por ello, estamos dispuestos al diálogo para debatir, pero abierta y públicamente, sobre estas urgencias, sobre áreas protegidas, sobre una firme transición hacia energías limpias y una Mendoza libre de fracking, sobre prácticas agroecológicas, devolución de cauces privatizados, autonomía de los pueblos originarios y cumplimiento absoluto de la ley 7722. Podemos dialogar, pero no con funcionarios como Emilio Guiñazú, Humberto Mingorance o Miriam Skalany que en diversas ocasiones nos han denigrado, manipulado, insultado y hasta acusado de hacer terrorismo. Considerando que su desempeño no ha sido acorde con sus cargos, pedimos que renuncien como responsables políticos.
Muchos políticos y medios se han cansado de decir que sólo el Valle de Uco y General Alvear resisten a la megaminería. Luego de la proliferación de expresiones durante estas semanas, deberían reconocer de una vez que en toda la provincia, incluido en el Malargüe tan silenciado, hay oposición al extractivismo. El pueblo de Malargüe lucha por el agua pura, no se doblega ante las mentiras y manejos de la cámara de comercio y del municipio. Desde AMPAP y la Coordinadora repudiamos todo tipo de amenazas que compañeras y compañeros malargüinos hayan recibido.
Apoyamos a los cientos de investigadores y docentes universitarios mendocinos, cuyas voces de alerta ante los proyectos de modificar la ley 7722 no fueron debidamente escuchadas. Acompañamos sus propuestas para generar empleo y superar la pobreza mediante actividades económicas mucho más amigables con el ambiente que la megaminería, y con mucho mayores beneficios para la sociedad. Exigimos al Estado mendocino que no ate su política a las intenciones e intereses de las transnacionales mineras, y que políticos y medios dejen de mentir que para pagar la colosal deuda externa contraída por el gobierno anterior, o las necesarias inversiones en mejoras del sistema de riego, sería deseable o necesario contar con hipotéticas regalías mineras futuras. Estas no sólo serían comparativamente irrisorias, sino que implicarían riesgos y costos ambientales inaceptables para la sociedad mendocina. En lugar de ver a estos políticos tan sensibles al lobby minero y afectos a las rencillas politiqueras, nos gustaría que asumieran una lucha conjunta para lograr una nueva coparticipación federal, que revierta la enorme inequidad que padece Mendoza en términos de fondos transferidos por habitante. La Constitución Nacional manda a dictar esa ley, y su aplicación podría implicar para Mendoza recursos 100 veces mayores que las regalías de un proyecto megaminero como San Jorge.
A propósito del proyecto San Jorge… La gran alerta que hoy debemos compartir. En su fluir natural, el agua no conoce de divisiones políticas, límites administrativos, zonificaciones o departamentalizaciones. Por eso, si se concretara en el valle de Uspallata el proyecto San Jorge, que la empresa volvió a presentar la semana pasada y el gobierno provincial ya está evaluando, pondría en altísimo riesgo a toda la cuenca del río Mendoza aguas abajo. Por tal motivo, hace ya 11 años que el pueblo mendocino le viene negando la licencia social, y ahora exigimos al gobierno provincial su urgente rechazo, y al municipal lasherino las necesarias correcciones al Plan Municipal de Ordenamiento Territorial. Por otra parte, los proyectos mineros en Malargüe comprometerían no sólo a ese departamento, sino también a San Rafael, General Alvear y las provincias de La Pampa, Río Negro y el extremo sur de Buenos Aires. Ningún territorio debe ser zona de sacrificio.
Respecto de las cuencas hidrográficas, también reclamamos la restitución de caudales del río Mendoza para las lagunas de Huanacache, y que se llegue a concretar acuerdos justos con los hermanos de La Pampa. Exigimos el acceso al agua potable y su democratización para todos los barrios populares de la provincia y las comunidades del secano lavallino. Y decimos un rotundo NO al tarifazo del agua y demás servicios esenciales.
Promovemos la libre información a través de los medios de comunicación verdaderamente independientes, entre ellos los integrados en el Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo, a quienes agradecemos especialmente su total apoyo y participación en estas jornadas. Y a la vez denunciamos que a través de las principales radios, canales de televisión y diarios impresos y digitales, los grandes capitales mineros desarrollaron una feroz campaña para promover sus intereses, en la que “periodistas estrella” repitieron hasta el cansancio las mismas falaces y mentirosas promesas de siempre, y junto con muchos políticos estigmatizaron nuestras luchas.
En fin, no por último menos importante sino todo lo contrario. Nuestra lucha se hermana con la que el pueblo de Chubut viene dando, en estos mismos días, defendiendo su ley 5001, la hermana mayor de nuestra 7722 y de todas las leyes del mismo tipo en Argentina. Esquel marcó el rumbo en 2003 mediante un plebiscito y dijo a la Meridian Gold un rotundo NO es NO. El mismo que luego en todo el país fuimos repitiendo a cada megaminera, y esperamos que hoy haya quedado claro de una vez por todas, en esta Mendoza que NO les da licencia social.
Las mendocinas y los mendocinos somos el agua del río, que en estos últimos días, rebalsó su cauce. Somos aire, somos tierra y somos el fuego que cambió esta historia.
La 7722 no se toca
El agua de Mendoza no se negocia
Sí al Área Protegida Uspallata-Polvaredas
Mendoza Libre de Fracking
Soberanía Alimentaria
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Fecha de Publicación: 08/01/2020
Fuente: Diario Textual
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
El pueblo de Mendoza logró torcerle el brazo al gobernador Rodolfo Suárez, quien tuvo que dar marcha atrás con la Ley 9209, que facilitaba la explotación minera en la provincia al modificar la 7722. Miles de personas salieron a las calles, en «defensa del agua» y en contra de la megaminería. Una de las organizaciones más activas es la Asamblea Popular del Agua, que dejó en los últimos días -incluso antes de la derogación de la norma- de una serie de señales a los reclamos pampeanos: pidió la «restitución» del agua del río Atuel para el oeste de La Pampa y reclamó un «trato justo» en los acuerdos entre ambas provincias.
En uno de los documentos se alerta que los proyectos mineros en Malargüe pondrán en riesgo al oeste pampeano. «Los proyectos mineros en Malargüe comprometerían no sólo a ese departamento, sino también a San Rafael, General Alvear y las provincias de La Pampa, Río Negro y el extremo sur de Buenos Aires. Ningún territorio debe ser zona de sacrificio», alertó la asamblea.
«Respecto de las cuencas hidrográficas, también reclamamos la restitución de caudales del río Mendoza para las lagunas de Huanacache, y que se llegue a concretar acuerdos justos con los hermanos de La Pampa«, dijo.
“Estamos dispuestos a dialogar con el gobierno, pero sobre estos proyectos y sobre emergencia climática, energías renovables, prácticas agroecológicas y devolución de cauces privados, restitución del agua a Huanacache y a La Pampa. Queremos una política ambiental seria”, dijeron en otro documento.
Uno de esos documentos, donde se menciona a La Pampa es el siguiente:
En las últimas semanas vivimos acontecimientos históricos para Mendoza, debido a que se pretendió modificar la Ley 7722 vaciándola de su esencia, mediante un acuerdo entre las cúpulas de la UCR -tanto del gobierno saliente de Alfredo Cornejo como el entrante de Rodolfo Suárez- y la del PJ. Creyeron que podrían tocar impunemente nuestra ley Guardiana del Agua, esa que el pueblo autoconvocado parió en 2007, que debimos defender muchas veces en estos 12 años, y que a la vez nos parió a muchas y muchos de nosotros como seres políticos, como seres del Agua. Apenas sancionada, la 7722 fue atacada por 12 pedidos de inconstitucionalidad, hasta que recién en 2015 la Suprema Corte mendocina ratificó su plena constitucionalidad, luego de semanas de movilizaciones, charlas en escuelas y barrios, y de un acampe de cuatro días ante el Poder Judicial, acompañado por miles de mendocinos.
Varios legisladores intentaron también modificarla, antes de que hace sólo 20 días y a horas de haber asumido, el gobernador Rodolfo Suárez enviara a la Legislatura su proyecto de ley, que llegó a ser sancionado, pero tuvo una vida de efímeros 10 días. Jamás pensó que con ello desencadenaría tamaña respuesta popular y ciudadana a quienes, actuando como casta política, no saben ni quieren gobernar escuchando y obedeciendo al pueblo, sino a poderosos intereses empresarios ávidos de grandes ganancias, sin que les importe hacerlo a costa del Agua y demás Bienes Comunes de todxs lxs mendocinxs. Pero las movilizaciones masivas en toda Mendoza, día tras día, han dicho con voz muy potente que los proyectos extractivistas no tienen licencia social. Finalmente, la lucha del pueblo organizado obligó a revertir la decisión del gobierno de Suárez y de 65 legisladores y legisladoras que actuaron a espaldas del pueblo, incluyendo de sus propias bases militantes partidarias, que antes y después repudiaron ese atropello. Fue el pueblo consciente y movilizado en plazas, calles y rutas quien logró la derogación de la 9209.
Defender la 7722 ha sido otra batalla contra el modelo extractivista, que intenta perpetuarse en el fracking, las fumigaciones, los intentos de modificar regresivamente las leyes de glaciares y de aguas, y otras formas de contaminación y despojo de los bienes comunes. Seguiremos respondiendo a todo ello, de ser necesario con desobediencia civil al Código Contravencional instaurado por la política autoritaria de Cornejo, y que Suárez ya continúa y profundiza, con vallados y represión policial de una magnitud sin precedentes desde 1983. Pero a pesar de ello, consciente de lo que estaba en juego, en toda Mendoza el pueblo colmó como nunca las calles, rutas y plazas con acampes, cortes, movilizaciones masivas, celebraciones, gritando que la Ley 7722 NO se toca y que el agua de Mendoza NO se negocia, y diciendo a la vez implícitamente, NO al Código Contravencional. Exigimos el cese de la criminalización y judicialización de la protesta, y el sobreseimiento de todas las personas imputadas y procesadas por luchar en defensa de sus legítimos derechos, entre ellos a un ambiente sano.
Como parte del pueblo mendocino, estos días de lucha unieron a AMPAP con la Coordinadora por el Agua. AMPAP es la sigla de las Asambleas Mendocinas Por el Agua Pura, que existen en casi todos los departamentos de la provincia, incluido Malargüe. Cada una de ellas hace tiempo viene trabajando en su territorio, algunas incluso 15 años. Hemos construido lazos, organizando desde abajo… a veces siendo pocos, otras un vendaval, pero siempre con la constancia de saber que estas son luchas largas, y con la convicción y confianza en que somos parte del pueblo autoconvocado. Las asambleas son abiertas para todas las personas que sientan que el cuidado del agua es parte sustancial del ser humano. Nuestra fuerza, aún en los momentos más difíciles, fue, además de estar organizados, el reconocer que no hay líderes, ni cabecillas. En nuestras reuniones todas las voces son escuchadas y tenidas en cuenta para la toma de decisiones, que siempre buscamos sean por consenso.
Por supuesto, la defensa del Agua contra el extractivismo excede ampliamente a AMPAP, y compromete a todos los mendocinos. Por eso, un amplio conjunto de organizaciones sociales de raigambre popular y de sindicatos comprometidos, se agrupó en la Coordinadora por el Agua y los Bienes Comunes, brindando un indispensable y clave apoyo a esta lucha, que involucra no sólo a un sector del pueblo, sino a todos. Y así como la Coordinadora se sumó a esta defensa de la ley 7722, también muchos asambleístas apoyamos activamente las luchas de diversas organizaciones populares y sus trabajadores. Entre ellas, hacia afuera pero también hacia adentro, las de mujeres y jóvenes por sus derechos, pues denunciamos la violencia patriarcal del modelo extractivista. Celebramos entonces la gran participación de pueblos originarios, comunidades inmigrantes y jóvenes, que defienden el agua pura, cada vez más escasa, cada vez más presente en sus reivindicaciones y esperanzas.
Nos sabemos agua y amamos la cordillera. Por eso exigimos la conservación intacta de nuestras montañas, que en sus vertientes albergan glaciares, nieves, fauna, flora, veranadas, y son, todavía y pese a la historia oficial, hogar de nuestros hermanos originarios y puesteros. Por esta razón, además de exigir la anulación de la ley 9209, reiteramos a los legisladores nuestro reclamo de que traten y sancionen con urgencia el proyecto de ley que crea el Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas, con el texto original del expte. 65.858/2014-D. Ese marco legal nos aseguraría que toda la cuenca del río Mendoza aguas arriba de Potrerillos esté protegida. Y con igual énfasis exigimos el retiro de todos los proyectos de modificación de la ley 7722, presentados por Antonio Agulles, Alejandro Abraham y Silvina Camiolo del PJ en 2018, y Martínez Guerra del PI este año, y al municipio de Las Heras que restituya la Ordenanza Ambiental Minera 12/16.
También reclamamos una vez más a la Legislatura que trate y sancione el proyecto de ley presentado hace ya 19 meses por el diputado Gustavo Majstruk, expte. 74.339, para declarar a Mendoza Libre de Fracking, y que fue apoyado por más de 100.000 firmas. Exigimos asimismo al gobierno provincial y a los departamentales, que respeten y cumplan las ordenanzas municipales ya sancionadas en ese mismo sentido, como la 008/13 de Tupungato.
Los impactos del cambio ambiental global sobre nuestro territorio, la emergencia hídrica sin precedentes que estamos padeciendo, son realidades insoslayables ante las cuales el Estado debe comprometerse con políticas y acciones concretas e impostergables, incompatibles con un modelo extractivista. Por ello, estamos dispuestos al diálogo para debatir, pero abierta y públicamente, sobre estas urgencias, sobre áreas protegidas, sobre una firme transición hacia energías limpias y una Mendoza libre de fracking, sobre prácticas agroecológicas, devolución de cauces privatizados, autonomía de los pueblos originarios y cumplimiento absoluto de la ley 7722. Podemos dialogar, pero no con funcionarios como Emilio Guiñazú, Humberto Mingorance o Miriam Skalany que en diversas ocasiones nos han denigrado, manipulado, insultado y hasta acusado de hacer terrorismo. Considerando que su desempeño no ha sido acorde con sus cargos, pedimos que renuncien como responsables políticos.
Muchos políticos y medios se han cansado de decir que sólo el Valle de Uco y General Alvear resisten a la megaminería. Luego de la proliferación de expresiones durante estas semanas, deberían reconocer de una vez que en toda la provincia, incluido en el Malargüe tan silenciado, hay oposición al extractivismo. El pueblo de Malargüe lucha por el agua pura, no se doblega ante las mentiras y manejos de la cámara de comercio y del municipio. Desde AMPAP y la Coordinadora repudiamos todo tipo de amenazas que compañeras y compañeros malargüinos hayan recibido.
Apoyamos a los cientos de investigadores y docentes universitarios mendocinos, cuyas voces de alerta ante los proyectos de modificar la ley 7722 no fueron debidamente escuchadas. Acompañamos sus propuestas para generar empleo y superar la pobreza mediante actividades económicas mucho más amigables con el ambiente que la megaminería, y con mucho mayores beneficios para la sociedad. Exigimos al Estado mendocino que no ate su política a las intenciones e intereses de las transnacionales mineras, y que políticos y medios dejen de mentir que para pagar la colosal deuda externa contraída por el gobierno anterior, o las necesarias inversiones en mejoras del sistema de riego, sería deseable o necesario contar con hipotéticas regalías mineras futuras. Estas no sólo serían comparativamente irrisorias, sino que implicarían riesgos y costos ambientales inaceptables para la sociedad mendocina. En lugar de ver a estos políticos tan sensibles al lobby minero y afectos a las rencillas politiqueras, nos gustaría que asumieran una lucha conjunta para lograr una nueva coparticipación federal, que revierta la enorme inequidad que padece Mendoza en términos de fondos transferidos por habitante. La Constitución Nacional manda a dictar esa ley, y su aplicación podría implicar para Mendoza recursos 100 veces mayores que las regalías de un proyecto megaminero como San Jorge.
A propósito del proyecto San Jorge… La gran alerta que hoy debemos compartir. En su fluir natural, el agua no conoce de divisiones políticas, límites administrativos, zonificaciones o departamentalizaciones. Por eso, si se concretara en el valle de Uspallata el proyecto San Jorge, que la empresa volvió a presentar la semana pasada y el gobierno provincial ya está evaluando, pondría en altísimo riesgo a toda la cuenca del río Mendoza aguas abajo. Por tal motivo, hace ya 11 años que el pueblo mendocino le viene negando la licencia social, y ahora exigimos al gobierno provincial su urgente rechazo, y al municipal lasherino las necesarias correcciones al Plan Municipal de Ordenamiento Territorial. Por otra parte, los proyectos mineros en Malargüe comprometerían no sólo a ese departamento, sino también a San Rafael, General Alvear y las provincias de La Pampa, Río Negro y el extremo sur de Buenos Aires. Ningún territorio debe ser zona de sacrificio.
Respecto de las cuencas hidrográficas, también reclamamos la restitución de caudales del río Mendoza para las lagunas de Huanacache, y que se llegue a concretar acuerdos justos con los hermanos de La Pampa. Exigimos el acceso al agua potable y su democratización para todos los barrios populares de la provincia y las comunidades del secano lavallino. Y decimos un rotundo NO al tarifazo del agua y demás servicios esenciales.
Promovemos la libre información a través de los medios de comunicación verdaderamente independientes, entre ellos los integrados en el Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo, a quienes agradecemos especialmente su total apoyo y participación en estas jornadas. Y a la vez denunciamos que a través de las principales radios, canales de televisión y diarios impresos y digitales, los grandes capitales mineros desarrollaron una feroz campaña para promover sus intereses, en la que “periodistas estrella” repitieron hasta el cansancio las mismas falaces y mentirosas promesas de siempre, y junto con muchos políticos estigmatizaron nuestras luchas.
En fin, no por último menos importante sino todo lo contrario. Nuestra lucha se hermana con la que el pueblo de Chubut viene dando, en estos mismos días, defendiendo su ley 5001, la hermana mayor de nuestra 7722 y de todas las leyes del mismo tipo en Argentina. Esquel marcó el rumbo en 2003 mediante un plebiscito y dijo a la Meridian Gold un rotundo NO es NO. El mismo que luego en todo el país fuimos repitiendo a cada megaminera, y esperamos que hoy haya quedado claro de una vez por todas, en esta Mendoza que NO les da licencia social.
Las mendocinas y los mendocinos somos el agua del río, que en estos últimos días, rebalsó su cauce. Somos aire, somos tierra y somos el fuego que cambió esta historia.
La 7722 no se toca
El agua de Mendoza no se negocia
Sí al Área Protegida Uspallata-Polvaredas
Mendoza Libre de Fracking
Soberanía Alimentaria
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Procesamiento a Ex funcionario de Mercado de Liniers
Ex presidente del Mercado de Liniers procesado por tirar efluentes al Riachuelo
Fecha de Publicación: 08/01/2020
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Buenos Aires
La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de Roberto Arancedo, y tanto él como el Mercado de Liniers deberán pagar 2,5 millones de pesos por violar la ley 24.051 de Protección Ambiental.
La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del ex presidente del Mercado de Hacienda de Liniers, Roberto Arancedo, por supuesta contaminación del arroyo Cildañez y también ratificó embargos en la investigación, según informó Télam.
Los jueces del Tribunal de Apelaciones redujeron de cinco millones a dos millones y medio los embargos ordenados por el magistrado del caso, Sebastián Casanello, al imputado y al Mercado de Liniers SA.
La investigación se abrió por denuncia de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental por presunta violación a la ley 24.051 de Protección Ambiental, a raíz del volcado de efluentes líquidos de los corrales de ganado y lavado de camiones a las aguas del Cildañez, un afluente de la cuenca Matanza Riachuelo, señala el cable.
La agencia oficial además indica que revocaron la prohibición de salida del país que se le había impuesto al ex directivo, y que en una inspección el 12 de marzo de 2018 se clausuraron las cámaras de toma de muestras de distintos sectores
“No existe debate en punto al hallazgo producido y que acredita que en el curso de la actividad llevada a cabo por el Mercado de Liniers SA -específicamente en el sector de los corrales- se volcaron efluentes en violación a la normativa ambiental”, concluyó la Cámara.
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Fecha de Publicación: 08/01/2020
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Buenos Aires
La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de Roberto Arancedo, y tanto él como el Mercado de Liniers deberán pagar 2,5 millones de pesos por violar la ley 24.051 de Protección Ambiental.
La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del ex presidente del Mercado de Hacienda de Liniers, Roberto Arancedo, por supuesta contaminación del arroyo Cildañez y también ratificó embargos en la investigación, según informó Télam.
Los jueces del Tribunal de Apelaciones redujeron de cinco millones a dos millones y medio los embargos ordenados por el magistrado del caso, Sebastián Casanello, al imputado y al Mercado de Liniers SA.
La investigación se abrió por denuncia de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental por presunta violación a la ley 24.051 de Protección Ambiental, a raíz del volcado de efluentes líquidos de los corrales de ganado y lavado de camiones a las aguas del Cildañez, un afluente de la cuenca Matanza Riachuelo, señala el cable.
La agencia oficial además indica que revocaron la prohibición de salida del país que se le había impuesto al ex directivo, y que en una inspección el 12 de marzo de 2018 se clausuraron las cámaras de toma de muestras de distintos sectores
“No existe debate en punto al hallazgo producido y que acredita que en el curso de la actividad llevada a cabo por el Mercado de Liniers SA -específicamente en el sector de los corrales- se volcaron efluentes en violación a la normativa ambiental”, concluyó la Cámara.
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Una expedición a la Antártida para entender el CC
Cambio climático: crónica de la expedición a la Antártida que busca cambiar el futuro del planeta
Fecha de Publicación: 08/01/2020
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional
Diario de viaje de 100 mujeres científicas que se proponen hacerle frente a las consecuencias del cambio climático.
Hace poco más de 3 semanas, desde Ushuaia, anticipaba para TN.com.ar la expedición de mujeres a la Antártida más grande de la historia. Este viaje se llevó a cabo de la mano de Homeward Bound, un programa internacional de liderazgo y empoderamiento para mujeres en el ámbito científico que tiene como objetivo formar líderes frente a la crisis climática y crear un futuro más sustentable para todos.
La experiencia de esa travesía me enseñó a conectarme con el medio ambiente desde un lugar mucho más personal. En el contexto de la incansable lucha de la adolescente Greta Thunberg, entendimos que estamos frente a un cambio de paradigma en nuestros actuales modelos de liderazgo. Cien mujeres salimos de nuestra zona de confort y nos pusimos en acción frente a la crisis climática. Este es el resumen de un gran desafío que nos llevó al continente blanco y nos transformó para siempre.
La expedición a la Antártida, paso a paso
En la nota anterior, describía como es la vida a bordo del barco, los lugares que visitamos en la península antártica y las actividades que estuvimos llevando a cabo. A medida que transcurrían los días, el programa se volvía cada vez más intenso, las conversaciones más profundas y nuestra conexión con la causa de la emergencia climática cada vez más fuerte.
Una de las actividades en el barco fue el llamado “Simposio en altamar” donde cada una de las 100 mujeres presentó su historia personal y profesional que la llevó a embarcarse en este proyecto sin precedentes. Las presentaciones abrieron un nuevo diálogo y colaboraciones hacia un objetivo común.
Hacia el final del viaje, tuvimos la posibilidad de visitar la base argentina Carlini y la base china La Gran Muralla, y de hablar con los científicos e intercambiar opiniones y conocimientos. Como argentina, me sentí muy orgullosa de la hospitalidad y excelente predisposición de los científicos. La investigación que se lleva a cabo allí (así como en otras bases argentinas) es poco conocida para el público general, pero es de gran importancia no solo para los ecosistemas antárticos, sino para todo el mundo.
Lamentablemente la presencia femenina en la base aún es mínima, pero las mujeres cada vez tienen más posibilidades y de a poco van ocupando posiciones de liderazgo, aún en tareas antiguamente consideradas masculinas como invernar en la Antártida. Es así como en invierno 2020, Jazmín Fogel, bioquímica argentina de la Universidad Nacional de La Plata, será la jefa científica de la Base Carlini y la responsable de las actividades científico-técnicas durante otoño e invierno.
Fecha de Publicación: 08/01/2020
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional
Diario de viaje de 100 mujeres científicas que se proponen hacerle frente a las consecuencias del cambio climático.
Hace poco más de 3 semanas, desde Ushuaia, anticipaba para TN.com.ar la expedición de mujeres a la Antártida más grande de la historia. Este viaje se llevó a cabo de la mano de Homeward Bound, un programa internacional de liderazgo y empoderamiento para mujeres en el ámbito científico que tiene como objetivo formar líderes frente a la crisis climática y crear un futuro más sustentable para todos.
La experiencia de esa travesía me enseñó a conectarme con el medio ambiente desde un lugar mucho más personal. En el contexto de la incansable lucha de la adolescente Greta Thunberg, entendimos que estamos frente a un cambio de paradigma en nuestros actuales modelos de liderazgo. Cien mujeres salimos de nuestra zona de confort y nos pusimos en acción frente a la crisis climática. Este es el resumen de un gran desafío que nos llevó al continente blanco y nos transformó para siempre.
La expedición a la Antártida, paso a paso
En la nota anterior, describía como es la vida a bordo del barco, los lugares que visitamos en la península antártica y las actividades que estuvimos llevando a cabo. A medida que transcurrían los días, el programa se volvía cada vez más intenso, las conversaciones más profundas y nuestra conexión con la causa de la emergencia climática cada vez más fuerte.
Una de las actividades en el barco fue el llamado “Simposio en altamar” donde cada una de las 100 mujeres presentó su historia personal y profesional que la llevó a embarcarse en este proyecto sin precedentes. Las presentaciones abrieron un nuevo diálogo y colaboraciones hacia un objetivo común.
Hacia el final del viaje, tuvimos la posibilidad de visitar la base argentina Carlini y la base china La Gran Muralla, y de hablar con los científicos e intercambiar opiniones y conocimientos. Como argentina, me sentí muy orgullosa de la hospitalidad y excelente predisposición de los científicos. La investigación que se lleva a cabo allí (así como en otras bases argentinas) es poco conocida para el público general, pero es de gran importancia no solo para los ecosistemas antárticos, sino para todo el mundo.
Lamentablemente la presencia femenina en la base aún es mínima, pero las mujeres cada vez tienen más posibilidades y de a poco van ocupando posiciones de liderazgo, aún en tareas antiguamente consideradas masculinas como invernar en la Antártida. Es así como en invierno 2020, Jazmín Fogel, bioquímica argentina de la Universidad Nacional de La Plata, será la jefa científica de la Base Carlini y la responsable de las actividades científico-técnicas durante otoño e invierno.
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