Denuncian fuertes recortes ambientales en el Presupuesto 2027
Presupuesto 2027: denuncian recortes ambientales y cuestionan los beneficios a la minería
Un análisis de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales sobre el proyecto de Presupuesto 2027 detectó una caída del 26,8% en las partidas ambientales respecto de 2023, mientras cuestiona una llamativa revisión a la baja en el cálculo del beneficio fiscal otorgado al sector minero.
El Gobierno de Javier Milei envió al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027, que profundiza la reducción de los recursos destinados a políticas socioambientales, en paralelo a un fuerte beneficio fiscal para el sector minero. Según un análisis de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, las partidas ambientales caen un 26,8% respecto de 2023, con recortes puntuales en áreas como bosques nativos, manejo del fuego y saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. La Subsecretaría de Ambiente sufrirá una reducción del 10,84% respecto de 2026 y del 84,3% en comparación con 2023, mientras que el programa de "Articulación y Educación Ambiental" directamente dejó de figurar en el proyecto. Según el documento, las funciones de "Ecología y desarrollo sostenible" y "Agua Potable y Alcantarillado" representan en conjunto menos del 0,24% del presupuesto total de la Administración Pública Nacional, frente al 9,21% que insume el pago de la deuda pública y sus intereses: por cada 100 pesos presupuestados, el Estado destinaría 9 al pago de deuda y menos de 24 centavos a ecología, agua potable y alcantarillado combinados.
Bosques nativos, muy por debajo de lo que exige la ley
Para 2027 se prevén $28.322,56 millones entre el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos y el Programa Nacional de Protección de Bosques Nativos, una cifra que según FARN queda muy por debajo de lo que exige el artículo 31 de la Ley de Bosques: el fondo debería contar con $606.304 millones, equivalentes al 0,3% del presupuesto nacional. "Para mantenerse dentro de la Ley de Bosques el Gobierno debería realizar un aporte casi 25 veces mayor al que propone", señala el informe. A la reducción de fondos se suma una meta física mucho más acotada: el proyecto prevé financiar apenas 23 planes de manejo sostenible de bosques nativos, frente a los 1.200 y 1.000 planes que se habían previsto para 2022 y 2023, respectivamente. El propio análisis cuestiona además la ejecución real de estos fondos: fue nula en 2024, alcanzó el 31% en 2025 y llegó apenas al 16,9% en los primeros ocho meses de 2026.
Incendios y saneamiento, con menos recursos que en 2023
El Servicio Nacional de Manejo del Fuego tendrá asignados $38.815 millones en 2027, un aumento real del 60,1% respecto de 2026 pero una caída del 55,8% frente a 2023. Con esos fondos se proyectan 3.600 horas de vuelo para prevención y combate, la capacitación de 1.950 brigadistas y el equipamiento de 14 brigadas, mientras que en materia de prevención se prevé elaborar 1.950 informes de alerta temprana, apenas 100 más que en 2026 pero 781 menos que la meta de 2023. El saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo también retrocede: sus partidas son, en términos reales, un 91,5% menores que las de 2023, cuando representaban el 0,315% del presupuesto nacional, frente al 0,037% proyectado para 2027. El informe recuerda que persisten objetivos pendientes de la causa judicial "Mendoza": más del 40% de la población de la cuenca sigue sin cobertura cloacal, casi el 60% de las soluciones habitacionales permanece sin terminar, y uno de cada cuatro establecimientos declarados "Agentes Contaminantes" todavía no adecuó sus aspectos ambientales significativos.
La discrepancia en el beneficio tributario a la minería
El punto más llamativo del análisis es la forma en que el proyecto calcula el gasto tributario de los regímenes de promoción minera. Para el Régimen de Promoción de la Actividad Minera, el Presupuesto 2027 estima un gasto de $89.820 millones para ese año, pero al comparar esa metodología con la que se había usado en el Presupuesto 2026, aparece una diferencia enorme: aquel proyecto había calculado $508.954,1 millones para 2025 y $595.896 millones para 2026, mientras que el nuevo estima para esos mismos años apenas $57.836,4 millones y $71.971,2 millones, respectivamente. "Estas diferencias plantean interrogantes sobre la metodología utilizada para calcular su costo fiscal y sobre las razones que explican una revisión tan significativa", sostiene el informe. A esto se suma que el proyecto todavía no estima el gasto tributario asociado al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, pese a que hasta agosto de 2026 ya fueron aprobados 22 proyectos bajo ese régimen por casi 47.073 millones de dólares, según el propio texto presupuestario.
Una discusión que se repite año tras año
Para FARN, el problema no es solo cuánto gasta el Estado, sino también cuánto deja de recaudar por estos regímenes de promoción: "si el superávit fiscal es realmente la prioridad, la discusión no debería centrarse únicamente en cuánto y dónde recortar, sino también en cuánto, por qué y en beneficio de quién el Estado decide dejar de recaudar", plantea el documento, que estima que con apenas el 39,5% del superávit fiscal proyectado alcanzaría para sostener en términos reales todas las partidas ambientales analizadas. La organización viene documentando esta misma tendencia de manera sostenida desde 2024: ese año había señalado caídas de hasta 58% en áreas clave, en 2025 la Subsecretaría de Ambiente cayó un 68,9% y el año pasado el recorte proyectado ya rondaba el 80% en términos reales, un patrón que, según el nuevo informe, el Presupuesto 2027 profundiza en lugar de revertir.
Fecha de Publicación: 25/09/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Portal EconomíaSustentable, Portal FuturoSustentable, Fundación Ambiente y Recursos Naturales
Un análisis de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales sobre el proyecto de Presupuesto 2027 detectó una caída del 26,8% en las partidas ambientales respecto de 2023, mientras cuestiona una llamativa revisión a la baja en el cálculo del beneficio fiscal otorgado al sector minero.
El Gobierno de Javier Milei envió al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027, que profundiza la reducción de los recursos destinados a políticas socioambientales, en paralelo a un fuerte beneficio fiscal para el sector minero. Según un análisis de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, las partidas ambientales caen un 26,8% respecto de 2023, con recortes puntuales en áreas como bosques nativos, manejo del fuego y saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. La Subsecretaría de Ambiente sufrirá una reducción del 10,84% respecto de 2026 y del 84,3% en comparación con 2023, mientras que el programa de "Articulación y Educación Ambiental" directamente dejó de figurar en el proyecto. Según el documento, las funciones de "Ecología y desarrollo sostenible" y "Agua Potable y Alcantarillado" representan en conjunto menos del 0,24% del presupuesto total de la Administración Pública Nacional, frente al 9,21% que insume el pago de la deuda pública y sus intereses: por cada 100 pesos presupuestados, el Estado destinaría 9 al pago de deuda y menos de 24 centavos a ecología, agua potable y alcantarillado combinados.
Bosques nativos, muy por debajo de lo que exige la ley
Para 2027 se prevén $28.322,56 millones entre el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos y el Programa Nacional de Protección de Bosques Nativos, una cifra que según FARN queda muy por debajo de lo que exige el artículo 31 de la Ley de Bosques: el fondo debería contar con $606.304 millones, equivalentes al 0,3% del presupuesto nacional. "Para mantenerse dentro de la Ley de Bosques el Gobierno debería realizar un aporte casi 25 veces mayor al que propone", señala el informe. A la reducción de fondos se suma una meta física mucho más acotada: el proyecto prevé financiar apenas 23 planes de manejo sostenible de bosques nativos, frente a los 1.200 y 1.000 planes que se habían previsto para 2022 y 2023, respectivamente. El propio análisis cuestiona además la ejecución real de estos fondos: fue nula en 2024, alcanzó el 31% en 2025 y llegó apenas al 16,9% en los primeros ocho meses de 2026.
Incendios y saneamiento, con menos recursos que en 2023
El Servicio Nacional de Manejo del Fuego tendrá asignados $38.815 millones en 2027, un aumento real del 60,1% respecto de 2026 pero una caída del 55,8% frente a 2023. Con esos fondos se proyectan 3.600 horas de vuelo para prevención y combate, la capacitación de 1.950 brigadistas y el equipamiento de 14 brigadas, mientras que en materia de prevención se prevé elaborar 1.950 informes de alerta temprana, apenas 100 más que en 2026 pero 781 menos que la meta de 2023. El saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo también retrocede: sus partidas son, en términos reales, un 91,5% menores que las de 2023, cuando representaban el 0,315% del presupuesto nacional, frente al 0,037% proyectado para 2027. El informe recuerda que persisten objetivos pendientes de la causa judicial "Mendoza": más del 40% de la población de la cuenca sigue sin cobertura cloacal, casi el 60% de las soluciones habitacionales permanece sin terminar, y uno de cada cuatro establecimientos declarados "Agentes Contaminantes" todavía no adecuó sus aspectos ambientales significativos.
La discrepancia en el beneficio tributario a la minería
El punto más llamativo del análisis es la forma en que el proyecto calcula el gasto tributario de los regímenes de promoción minera. Para el Régimen de Promoción de la Actividad Minera, el Presupuesto 2027 estima un gasto de $89.820 millones para ese año, pero al comparar esa metodología con la que se había usado en el Presupuesto 2026, aparece una diferencia enorme: aquel proyecto había calculado $508.954,1 millones para 2025 y $595.896 millones para 2026, mientras que el nuevo estima para esos mismos años apenas $57.836,4 millones y $71.971,2 millones, respectivamente. "Estas diferencias plantean interrogantes sobre la metodología utilizada para calcular su costo fiscal y sobre las razones que explican una revisión tan significativa", sostiene el informe. A esto se suma que el proyecto todavía no estima el gasto tributario asociado al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, pese a que hasta agosto de 2026 ya fueron aprobados 22 proyectos bajo ese régimen por casi 47.073 millones de dólares, según el propio texto presupuestario.
Una discusión que se repite año tras año
Para FARN, el problema no es solo cuánto gasta el Estado, sino también cuánto deja de recaudar por estos regímenes de promoción: "si el superávit fiscal es realmente la prioridad, la discusión no debería centrarse únicamente en cuánto y dónde recortar, sino también en cuánto, por qué y en beneficio de quién el Estado decide dejar de recaudar", plantea el documento, que estima que con apenas el 39,5% del superávit fiscal proyectado alcanzaría para sostener en términos reales todas las partidas ambientales analizadas. La organización viene documentando esta misma tendencia de manera sostenida desde 2024: ese año había señalado caídas de hasta 58% en áreas clave, en 2025 la Subsecretaría de Ambiente cayó un 68,9% y el año pasado el recorte proyectado ya rondaba el 80% en términos reales, un patrón que, según el nuevo informe, el Presupuesto 2027 profundiza en lugar de revertir.
Fecha de Publicación: 25/09/2026
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