Una cautelar ordena detener perforaciones y transacciones financieras por falta de Evaluación de Impacto Ambiental nacional


Informes sobre derecho internacional ambiental y oceanografía operacional analizan el alcance de la medida dictada en la jurisdicción austral.

El Juzgado Federal de Río Grande, bajo la titularidad de la jueza Mariel Borruto, dictó una medida cautelar que ordena la suspensión inmediata del inicio o continuidad de las obras hidrocarburíferas del proyecto "Sea Lion", emplazado en la cuenca al norte de las Islas Malvinas. La resolución judicial alcanza de forma directa a las compañías británicas e israelíes Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited, prohibiéndoles ejecutar perforaciones, instalar infraestructura submarina o celebrar nuevos contratos de financiamiento y transferencias operativas. La paralización regirá de forma estricta hasta tanto las firmas tramiten el procedimiento formal de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) conforme a los artículos 11 a 13 de la Ley General del Ambiente N.° 25.675 ante la autoridad ambiental nacional competente.   

Dinámica oceanográfica y vulnerabilidad por derrames de crudo en aguas subantárticas
El proyecto Sea Lion contempla la extracción de crudo no refinado en un ecosistema marino signado por corrientes subantárticas intensas y complejas ventanas operativas. La ausencia de un estudio de impacto ambiental homologado por la autoridad de aplicación impone un riesgo severo sobre la fauna bentónica y pelágica del Mar Argentino. En caso de producirse un escape de hidrocarburos o la fuga no controlada de un pozo (blowout), la acción combinada de la Corriente de Malvinas y los vientos del oeste desplazaría las plumas de contaminación hacia los caladeros de pesca de calamar illex y merluza negra, degradando la cadena trófica marina de forma prolongada debido a las bajas temperaturas del agua, que enlentecen la biodegradación bacteriana natural de los alcanos y aromáticos.
Variables hidrogeológicas y técnico-jurídicas objeto de fiscalización cautelar:
- Ausencia de certificado de aptitud ambiental: Inexistencia de un trámite iniciado ante la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental nacional.
- Bloqueo de transacciones financieras: Prohibición de constituir garantías, recibir desembolsos o realizar préstamos entre sociedades vinculadas al emprendimiento.
- Plan de contingencia ambiental: Exigencia de detallar las medidas de contención física frente a eventuales siniestros en la cuenca marina.

Dictámenes institucionales y principios del derecho ambiental
La medida se fundamentó explícitamente en la aplicación de los principios precautorio y preventivo que rigen la legislación ambiental de la Argentina, así como en los requerimientos presentados por excombatientes e instituciones de la sociedad civil. Asimismo, la Subsecretaría de Ambiente de la Nación y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto fueron notificados formalmente para remitir antecedentes sobre autorizaciones y certificar la falta de permisos vigentes en la Plataforma Continental Argentina. Investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) han remarcado en diversos análisis la alta sensibilidad ecotoxicológica de la plataforma patagónica ante la actividad minero-petrolera sin supervisión científica.

Soberanía y tutela del ecosistema marino austral
La decisión del Juzgado Federal de Río Grande sienta un precedente crítico sobre la jurisdicción ambiental en la Plataforma Continental. La exigencia de estudios de impacto rigurosos y la suspensión de flujos financieros buscan resguardar la biodiversidad marina y garantizar el principio de sostenibilidad en una de las regiones biogeográficas más valiosas del Atlántico Sur.


Fecha de Publicación: 18/09/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes originales consultadas: Tiempo Sur, IProfesional, El Destape, La Voz del Interior,
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