La UNER no seguirá usando fondos de la minería
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La UNER decidió no seguir usando los fondos provenientes de la minería
Fecha de Publicación: 26/02/2012
Fuente: Diario del Sur
Provincia/Región: Entre Ríos
El rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Jorge Gerard, afirmó que “no usarán” los fondos provenientes de la mina La alumbrera, en el contexto de un amplio rechazo a esta actividad en el país. “Nosotros recibimos una segunda partida a fines el año pasado y decidimos dejarla depositada en una cuenta. Desde un punto de vista legal, no se pueden rechazar estos fondos, ya que están estipulados por una Ley, pero no los vamos a usar porque no queremos plantear una nueva situación conflictiva”, expresó en referencia a la discusión sobre el impacto de las mineras en la salud y el medio ambiente abierta en 2009. En aquella oportunidad, cuatro de las nueve facultades rechazaron recibir los fondos. Finalmente, el Consejo Superior de la Casa de Altos Estudios resolvió, por 14 votos a favor y 12 en contra, aceptarlos. “La discusión que se dio en su momento fue muy polémica. En ese entonces había otras necesidades en la Universidad”, completó.
La discusión sobre la explotación de los recursos naturales en el país se reinstaló luego de las protestas en Catamarca por el impacto ambiental que está produciendo la mina La Alumbrera; y también en La Rioja, tras las pretensiones de la multinacional canadiense Barrick Gold Corporation de explotar una mina a cielo abierto en el cerro Famatina.
Se habla de la contaminación que producen, a través del uso de grandes cantidades de cianuro y de la utilización de explosivos, cuyo polvillo se convierte en el principal factor de envenenamiento. Se objetan además los subsidios que reciben las empresas encargadas de la obtención de los metales y el escaso margen que recibe el Estado de las grandes cantidades de dinero que genera la actividad.
Aporte
“No es un importe significativo, en relación al presupuesto de la Universidad. Es una cifra menor a 1.500.000 pesos. El presupuesto para este año es de 218 millones de pesos”, explicó. En relación al destino de los fondos recibidos en la gestión anterior, en la que fue rector Eduardo Asueta, Gerard expresó: “La primer partida se destinó, entre otras cosas, para mejoras edilicias”.
Por último, recalcó: “Ahora creemos que es importante que la Universidad esté unida, En este momento priorizamos el fortalecimiento y la integración institucional. Todas las facultades están al tanto de esta situación. El Consejo Superior puede proponer un destino para ese fondo y ahí se retomará el debate”, en diálogo con Uno.
Aún es materia pendiente difundir el destino de los fondos ya usados por la Universidad
Cuando la UNER decidió recibir los fondos de la mina La Alumbrera, fueron las facultades de Trabajo Social, Ciencias de la Educación, Bioingeniería y Bromatología las que expresaron su desacuerdo. Diego Fainstein, en aquel entonces integrante del Consejo Superior, señaló que “los argumentos fueron varios, entre ellos que la suma no era significativa, comparada con el presupuesto que maneja la Universidad y que era más importante defender la dignidad de los pueblos que estaban siendo afectados. También se hizo referencia a los efectos de la contaminación y a los problemas ambientales y sanitarios que genera la actividad. Por otra parte se denunciaba que las empresas que explotan los recursos producen un perjuicio económico para el Estado, ya que pagan un impuesto ínfimo y no se las controla”.
Por su parte, Raúl Subías, personal no docente de la Faculta de Bromatología, con sede en Gualeguaychú, recordó que en 2010 a 440 empleados se les otorgó una suma extra de 250 pesos provenientes de las regalías. Tanto él, como un reducido grupo de compañeros decidieron cobrar ese dinero y donarlo a la Asamblea El Algarrobo, de Andalgalá, que se opone al proyecto minero Agua Rica.
Nicolás Mathieu, estudiante de Ciencias Económicas e integrante del actual Consejo Superior de la UNER, dijo que en este último año “no hubo un tratamiento de este tema”.
La asignación
La asignación de los fondos correspondientes al sistema universitarios fue exigida por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), tal como lo estipula la Ley 14.771, reglamentada en el año 1958, que en su Artículo 18º, establece que la mitad de las regalías pueden ser distribuidas entre las universidades del Estado, cumplidas ciertas condiciones, entre ellas, la construcción de la ciudad universidad de Tucumán.
Fecha de Publicación: 26/02/2012
Fuente: Diario del Sur
Provincia/Región: Entre Ríos
El rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Jorge Gerard, afirmó que “no usarán” los fondos provenientes de la mina La alumbrera, en el contexto de un amplio rechazo a esta actividad en el país. “Nosotros recibimos una segunda partida a fines el año pasado y decidimos dejarla depositada en una cuenta. Desde un punto de vista legal, no se pueden rechazar estos fondos, ya que están estipulados por una Ley, pero no los vamos a usar porque no queremos plantear una nueva situación conflictiva”, expresó en referencia a la discusión sobre el impacto de las mineras en la salud y el medio ambiente abierta en 2009. En aquella oportunidad, cuatro de las nueve facultades rechazaron recibir los fondos. Finalmente, el Consejo Superior de la Casa de Altos Estudios resolvió, por 14 votos a favor y 12 en contra, aceptarlos. “La discusión que se dio en su momento fue muy polémica. En ese entonces había otras necesidades en la Universidad”, completó.
La discusión sobre la explotación de los recursos naturales en el país se reinstaló luego de las protestas en Catamarca por el impacto ambiental que está produciendo la mina La Alumbrera; y también en La Rioja, tras las pretensiones de la multinacional canadiense Barrick Gold Corporation de explotar una mina a cielo abierto en el cerro Famatina.
Se habla de la contaminación que producen, a través del uso de grandes cantidades de cianuro y de la utilización de explosivos, cuyo polvillo se convierte en el principal factor de envenenamiento. Se objetan además los subsidios que reciben las empresas encargadas de la obtención de los metales y el escaso margen que recibe el Estado de las grandes cantidades de dinero que genera la actividad.
Aporte
“No es un importe significativo, en relación al presupuesto de la Universidad. Es una cifra menor a 1.500.000 pesos. El presupuesto para este año es de 218 millones de pesos”, explicó. En relación al destino de los fondos recibidos en la gestión anterior, en la que fue rector Eduardo Asueta, Gerard expresó: “La primer partida se destinó, entre otras cosas, para mejoras edilicias”.
Por último, recalcó: “Ahora creemos que es importante que la Universidad esté unida, En este momento priorizamos el fortalecimiento y la integración institucional. Todas las facultades están al tanto de esta situación. El Consejo Superior puede proponer un destino para ese fondo y ahí se retomará el debate”, en diálogo con Uno.
Aún es materia pendiente difundir el destino de los fondos ya usados por la Universidad
Cuando la UNER decidió recibir los fondos de la mina La Alumbrera, fueron las facultades de Trabajo Social, Ciencias de la Educación, Bioingeniería y Bromatología las que expresaron su desacuerdo. Diego Fainstein, en aquel entonces integrante del Consejo Superior, señaló que “los argumentos fueron varios, entre ellos que la suma no era significativa, comparada con el presupuesto que maneja la Universidad y que era más importante defender la dignidad de los pueblos que estaban siendo afectados. También se hizo referencia a los efectos de la contaminación y a los problemas ambientales y sanitarios que genera la actividad. Por otra parte se denunciaba que las empresas que explotan los recursos producen un perjuicio económico para el Estado, ya que pagan un impuesto ínfimo y no se las controla”.
Por su parte, Raúl Subías, personal no docente de la Faculta de Bromatología, con sede en Gualeguaychú, recordó que en 2010 a 440 empleados se les otorgó una suma extra de 250 pesos provenientes de las regalías. Tanto él, como un reducido grupo de compañeros decidieron cobrar ese dinero y donarlo a la Asamblea El Algarrobo, de Andalgalá, que se opone al proyecto minero Agua Rica.
Nicolás Mathieu, estudiante de Ciencias Económicas e integrante del actual Consejo Superior de la UNER, dijo que en este último año “no hubo un tratamiento de este tema”.
La asignación
La asignación de los fondos correspondientes al sistema universitarios fue exigida por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), tal como lo estipula la Ley 14.771, reglamentada en el año 1958, que en su Artículo 18º, establece que la mitad de las regalías pueden ser distribuidas entre las universidades del Estado, cumplidas ciertas condiciones, entre ellas, la construcción de la ciudad universidad de Tucumán.
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Catamarca: enn marcha la Mesa de Diálogo minero
Se puso en marcha la Mesa de Diálogo minero en Catamarca: el gobierno recibió a ambientalistas
Fecha de Publicación: 26/02/2012
Fuente: Telam
Provincia/Región: Catamarca
El secretario de Minería catamarqueño, Rodolfo Miccone, se reunió con ambientalistas de la Asamblea "El Algarrobo" de Andalgalá, en el inicio de la Mesa de Diálogo minero.
Nicolás Cabrera y Eliana Guerrero se reunieron con Miccone, a quien explicitaron los motivos de su protesta contra la actividad minera a cielo abierto, en el marco del llamado al diálogo propuesto por la gobernadora Lucía Corpacci.
Los activistas presentaron al funcionario un petitorio en el que expresaron sus "dudas" respecto del impacto de la actividad en las comunidades de Belén, Andalgalá y Tinogasta.
"Este inicio de la Mesa de Diálogo minero es auspicioso y se llevó a cabo en el marco del respeto y la alteridad", expresó Miccone al finalizar la entrevista, al asegurar que "la instancia permanecerá abierta para reproducir encuentros de esa naturaleza en los departamentos las veces que sea necesario".
Fecha de Publicación: 26/02/2012
Fuente: Telam
Provincia/Región: Catamarca
El secretario de Minería catamarqueño, Rodolfo Miccone, se reunió con ambientalistas de la Asamblea "El Algarrobo" de Andalgalá, en el inicio de la Mesa de Diálogo minero.
Nicolás Cabrera y Eliana Guerrero se reunieron con Miccone, a quien explicitaron los motivos de su protesta contra la actividad minera a cielo abierto, en el marco del llamado al diálogo propuesto por la gobernadora Lucía Corpacci.
Los activistas presentaron al funcionario un petitorio en el que expresaron sus "dudas" respecto del impacto de la actividad en las comunidades de Belén, Andalgalá y Tinogasta.
"Este inicio de la Mesa de Diálogo minero es auspicioso y se llevó a cabo en el marco del respeto y la alteridad", expresó Miccone al finalizar la entrevista, al asegurar que "la instancia permanecerá abierta para reproducir encuentros de esa naturaleza en los departamentos las veces que sea necesario".
Sali-Dulce: habrá "mano dura" para los ingenios
"Habrá mano dura para los empresarios que vayan a contaminar"
Fecha de Publicación: 25/02/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero - Tucumán
La Mesa Ejecutiva del Parlamento del NOA realizó el primer encuentro del año para definir la fecha y lugar del próximo encuentro, así como también definir los temas que serán abordados en este nuevo período.
El vicegobernador de Santiago del Estero, Ángel Niccoali, quien además se encuentra ejerciendo la presidencia del órgano regional, ofició de anfitrión en el encuentro en el que participaron sus pares Regino Amado (Tucumán), Guillermo Jenefes (Jujuy), Andrés Costas Zottos (Salta), Dalmacio Mera (Catamarca) y Sergio Casas, de La Rioja, provincia que será incorporada.
También estuvo presente, el presidente de la Cámara de Diputados de Salta, Manuel Santiago Godoy, profundo conocedor de la problemática que afecta a la región; así como también el vicepresidente primero de la Cámara de Senadores de Salta, Mashur Lapad.
La reunión comenzó con retraso debido a que el avión que trasladaba a Zottos y luego buscaba a Amado por Tucumán, partió con retraso desde Salta, lo cual hizo demorar la reunión.
Como primera medida, se estableció el 19 y 20 de abril como la fecha de la próxima reunión a desarrollarse en Tucumán, que breve estrenará el nuevo Palacio Legislativo.
Además de la incorporación de La Rioja, la agenda de trabajo elaborada para la sesión plenaria habilita la presentación de proyectos referidos a las celebraciones del Bicentenario en toda la región hasta el año 2016, el respaldo al reclamo de soberanía en las Islas Malvinas y el rechazo a la militarización del archipiélago; la situación derivada de la falta de combustibles y el apoyo a los reclamos formulados por el Gobierno Nacional en ese sentido; las políticas de desarrollo sustentable en materia de recursos naturales y el estado de las rutas nacionales, provinciales y del ferrocarril.
En diálogo con la prensa, Niccolai destacó el trabajo en bloque a partir del Parlamento al afirmar que “cuando se tratan temas regionales, es mucho más efectivo el trabajo, ya que tenemos la posibilidad de coordinar acciones con legisladores nacionales de la región”.
En ese sentido y refiriéndose a la integración económica, Zottos indicó que ‘todo suma, lo que planteamos como temas, que están sujetos a lo que presenten los legisladores, suma para que la región esté mejor económicamente, en materia de caminos y todo lo que planteamos en la agenda de trabajo”.
Con Zamora
Finalmente, luego del encuentro de la Mesa Ejecutiva, sus integrantes recibieron el saludo protocolar del gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora.
En un hotel céntrico de la capital santiagueña, los vicegoberndores participaron de un almuerzo con el mandatrario santiagueño, con quien tuvieron la oportunidad de dialogaro sobre perspectivas y distintas iniciativas conjuntas para la región trazadas a partir del organismo que integran.
Fecha de Publicación: 25/02/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero - Tucumán
La Mesa Ejecutiva del Parlamento del NOA realizó el primer encuentro del año para definir la fecha y lugar del próximo encuentro, así como también definir los temas que serán abordados en este nuevo período.
El vicegobernador de Santiago del Estero, Ángel Niccoali, quien además se encuentra ejerciendo la presidencia del órgano regional, ofició de anfitrión en el encuentro en el que participaron sus pares Regino Amado (Tucumán), Guillermo Jenefes (Jujuy), Andrés Costas Zottos (Salta), Dalmacio Mera (Catamarca) y Sergio Casas, de La Rioja, provincia que será incorporada.
También estuvo presente, el presidente de la Cámara de Diputados de Salta, Manuel Santiago Godoy, profundo conocedor de la problemática que afecta a la región; así como también el vicepresidente primero de la Cámara de Senadores de Salta, Mashur Lapad.
La reunión comenzó con retraso debido a que el avión que trasladaba a Zottos y luego buscaba a Amado por Tucumán, partió con retraso desde Salta, lo cual hizo demorar la reunión.
Como primera medida, se estableció el 19 y 20 de abril como la fecha de la próxima reunión a desarrollarse en Tucumán, que breve estrenará el nuevo Palacio Legislativo.
Además de la incorporación de La Rioja, la agenda de trabajo elaborada para la sesión plenaria habilita la presentación de proyectos referidos a las celebraciones del Bicentenario en toda la región hasta el año 2016, el respaldo al reclamo de soberanía en las Islas Malvinas y el rechazo a la militarización del archipiélago; la situación derivada de la falta de combustibles y el apoyo a los reclamos formulados por el Gobierno Nacional en ese sentido; las políticas de desarrollo sustentable en materia de recursos naturales y el estado de las rutas nacionales, provinciales y del ferrocarril.
En diálogo con la prensa, Niccolai destacó el trabajo en bloque a partir del Parlamento al afirmar que “cuando se tratan temas regionales, es mucho más efectivo el trabajo, ya que tenemos la posibilidad de coordinar acciones con legisladores nacionales de la región”.
En ese sentido y refiriéndose a la integración económica, Zottos indicó que ‘todo suma, lo que planteamos como temas, que están sujetos a lo que presenten los legisladores, suma para que la región esté mejor económicamente, en materia de caminos y todo lo que planteamos en la agenda de trabajo”.
Con Zamora
Finalmente, luego del encuentro de la Mesa Ejecutiva, sus integrantes recibieron el saludo protocolar del gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora.
En un hotel céntrico de la capital santiagueña, los vicegoberndores participaron de un almuerzo con el mandatrario santiagueño, con quien tuvieron la oportunidad de dialogaro sobre perspectivas y distintas iniciativas conjuntas para la región trazadas a partir del organismo que integran.
Roundup, muy tóxico para el ADN humano
Roundup, muy tóxico para el ADN humano
Fecha de Publicación: 24/02/2012
Fuente: AIM
Provincia/Región: Nacional
Un nuevo estudio publicado en la revista Archivos de Toxicología muestra una vez más que no hay nivel seguro ante la exposición al herbicida Roundup de Monsanto (glifosato), preparado para ser utilizado en los organismos modificados genéticamente (OGM).
Según los nuevos hallazgos, Roundup, del que se rocían decenas de miles de toneladas al año en todo el mundo, sigue siendo tóxico para el ADN humano incluso si se diluye a un simple 0,02 por ciento , es decir un 99,8 más de lo que se hace cuando se utiliza normalmente para su uso en los cultivos transgénicos.
Numerosos estudios advirtieron ya el hecho de que Roundup provoca daños en el ADN, por no citar alteraciones endocrinas y cáncer. Pero este nuevo estudio, que procede la Universidad Médica de Viena, es el primero en mostrar que la toxicidad de Roundup se mantiene incluso a niveles muy diluidos, lo cual entra en contradicción con lo que dicen los gigantes de la Agricultura Industrial sobre la supuesta seguridad de Roundup.
“Las comparaciones con los resultados de estudios anteriores sobre los linfocitos y células de los órganos internos indican que las células epiteliales son más susceptibles a los efectos citotóxicos del herbicida, provocando daños en el ADN”, escriben los científicos en el resumen de su estudio.
“Desde que descubrimos los efectos genotóxicos (que dañan el ADN) por una exposición a concentraciones 450 veces por debajo de las utilizadas normalmente en la agricultura, nuestros resultados indican que su inhalación puede provocar daños en el ADN de las personas expuestas”.
Pero no solamente el ingrediente glifosato de Roundup es extremadamente tóxico, sino que aumenta su toxicidad por la presencia de otros aditivos en su formulación. La polioxietileneamina, por ejemplo, un agente tensoactivo que facilita la absorción del glifosato por las células, encontrándose que aumenta de manera significativa la toxicidad sinérgica de Roundup en los seres humanos.
Pese a las afirmaciones de Monsanto en sentido contrario, Roundup muestra con claridad su toxicidad y que no debiera ser utilizado en agricultura. De acuerdo con datos recompilados por GreenMedInfo.com, Roundup está vinculado con el linfoma no-Hodgkin, desequilibrio hormonal en los niños, daño en el ADN, bajos niveles de testosterona, alteraciones endocrinas, cáncer de hígado, meningitis, infertilidad, cáncer de piel,, daño en los riñones… (http://www.greenmedinfo.com/toxic-ingredient/glyphosate ).
Para el medio, Roundup es una amenaza constante, para el aire y el agua, sobre todos para las aguas subterráneas y potables, ya que los estudios han demostrado que no se biodegrada después de ser aplicado en los cultivos. (http://noticiasdeabajo.wordpress.com/2011/12/14/contaminacion-de-la-aguas-subterraneas-de-cataluna-por-el-herbicida-roundup-de-monsanto/)
El pasado otoño, el Servicio Geológico de Estados Unidos (Usgs) publicó datos que mostraban que el aire y el agua estaban altamente contaminados con glifosato (http://www.naturalnews. com/033699_Roundup_pollution.html ).
http://www.naturalnews.com/035050_Roundup_Monsanto_DNA.html
Fuente: Ethan A. Huff, para NaturalNews
Descarga de la investigación
http://www.springerlink.com/content/62n6007449g75742/
Otros artículos relacionados
- http://noticiasdeabajo.wordpress.com/2011/11/17/investigaciones-del-profesor-andres-carrasco-que-muestran-relacion-entre-el-roundup-y-los-defectos-congenitos/
- http://noticiasdeabajo.wordpress.com/2011/02/22/los-cientificos-advierten-sobre-la-relacion-entre-un-nuevo-y-peligroso-patogeno-y-roundup-de-monsanto/
- http://noticiasdeabajo.wordpress.com/2010/02/04/los-campos-de-la-muerte-la-contaminacion-con-agrotoxicos/
Fecha de Publicación: 24/02/2012
Fuente: AIM
Provincia/Región: Nacional
Un nuevo estudio publicado en la revista Archivos de Toxicología muestra una vez más que no hay nivel seguro ante la exposición al herbicida Roundup de Monsanto (glifosato), preparado para ser utilizado en los organismos modificados genéticamente (OGM).
Según los nuevos hallazgos, Roundup, del que se rocían decenas de miles de toneladas al año en todo el mundo, sigue siendo tóxico para el ADN humano incluso si se diluye a un simple 0,02 por ciento , es decir un 99,8 más de lo que se hace cuando se utiliza normalmente para su uso en los cultivos transgénicos.
Numerosos estudios advirtieron ya el hecho de que Roundup provoca daños en el ADN, por no citar alteraciones endocrinas y cáncer. Pero este nuevo estudio, que procede la Universidad Médica de Viena, es el primero en mostrar que la toxicidad de Roundup se mantiene incluso a niveles muy diluidos, lo cual entra en contradicción con lo que dicen los gigantes de la Agricultura Industrial sobre la supuesta seguridad de Roundup.
“Las comparaciones con los resultados de estudios anteriores sobre los linfocitos y células de los órganos internos indican que las células epiteliales son más susceptibles a los efectos citotóxicos del herbicida, provocando daños en el ADN”, escriben los científicos en el resumen de su estudio.
“Desde que descubrimos los efectos genotóxicos (que dañan el ADN) por una exposición a concentraciones 450 veces por debajo de las utilizadas normalmente en la agricultura, nuestros resultados indican que su inhalación puede provocar daños en el ADN de las personas expuestas”.
Pero no solamente el ingrediente glifosato de Roundup es extremadamente tóxico, sino que aumenta su toxicidad por la presencia de otros aditivos en su formulación. La polioxietileneamina, por ejemplo, un agente tensoactivo que facilita la absorción del glifosato por las células, encontrándose que aumenta de manera significativa la toxicidad sinérgica de Roundup en los seres humanos.
Pese a las afirmaciones de Monsanto en sentido contrario, Roundup muestra con claridad su toxicidad y que no debiera ser utilizado en agricultura. De acuerdo con datos recompilados por GreenMedInfo.com, Roundup está vinculado con el linfoma no-Hodgkin, desequilibrio hormonal en los niños, daño en el ADN, bajos niveles de testosterona, alteraciones endocrinas, cáncer de hígado, meningitis, infertilidad, cáncer de piel,, daño en los riñones… (http://www.greenmedinfo.com/toxic-ingredient/glyphosate ).
Para el medio, Roundup es una amenaza constante, para el aire y el agua, sobre todos para las aguas subterráneas y potables, ya que los estudios han demostrado que no se biodegrada después de ser aplicado en los cultivos. (http://noticiasdeabajo.wordpress.com/2011/12/14/contaminacion-de-la-aguas-subterraneas-de-cataluna-por-el-herbicida-roundup-de-monsanto/)
El pasado otoño, el Servicio Geológico de Estados Unidos (Usgs) publicó datos que mostraban que el aire y el agua estaban altamente contaminados con glifosato (http://www.naturalnews. com/033699_Roundup_pollution.html ).
http://www.naturalnews.com/035050_Roundup_Monsanto_DNA.html
Fuente: Ethan A. Huff, para NaturalNews
Descarga de la investigación
http://www.springerlink.com/content/62n6007449g75742/
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Siete mitos de la minería a gran escala
Siete mitos de la minería a gran escala en la Argentina
Fecha de Publicación: 24/02/2012
Fuente: La Voz - Por Romina Picolotti - Ex secretaria de Ambiente de la Nación
Provincia/Región: Nacional
Desde la década de 1990, empresas mineras extranjeras han sabido construir un complejo sistema de privilegios que les ha permitido saquear a nuestro país. Romina Picolotti.
Reflexionaba José Ingenieros: “Cuando las miserias morales asuelan a un país, la culpa es de todos los que por falta de cultura y de ideal no han sabido amarlo como patria: de todos los que vivieron de ella sin trabajar para ella”. Hoy, sin embargo, parece que los idealistas son enemigos de la patria.
La situación de la minería de oro y plata a gran escala en la Argentina revela un gran desamor por nuestro país. Es posible y oportuno revertirla, simplemente con hechos concretos que demuestren el amor por nuestra tierra.
Desde la década de 1990, empresas mineras extranjeras han sabido construir un complejo sistema de privilegios que les ha permitido saquear nuestro país hasta dejarlo exhausto, no sólo desde lo ambiental sino también desde lo social e institucional.
Prueba de ello ha sido la represión brutal de la Policía de Catamarca contra mujeres y niños que se manifestaban de manera pacífica en defensa de su patria. Ninguno de los manifestantes reclama en pos de un interés individual.
Para comenzar a construir un país mas justo, sin privilegios, en el que todos los ciudadanos seamos iguales ante la ley, es preciso aclarar aquellos mitos que algunos pícaros pretenden instaurar como verdades absolutas.
Mito 1: no existen glaciares ni en Catamarca ni en La Rioja.
La realidad: sí existen glaciares en Catamarca y en La Rioja, en zonas de explotación y exploración minera, tal como lo demuestran imágenes satelitales. En Catamarca, en torno de los proyectos de Agua Rica y Filo Colorado (de las empresas Yamana Gold y Xstrata Copper) y a lo largo de la sierra del Aconquija, hay más de 150 glaciares de roca y algunos glaciares descubiertos. Varios de ellos ya fueron impactados por la actividad minera en la zona.
En La Rioja, hay más de 300 glaciares, muchos de ellos en zonas mineras. Sí hay glaciares en torno del cerro Famatina. Muchos de los glaciares riojanos también muestran impactos por tareas de exploración minera.
Mito 2: la minería genera desarrollo. Aquellos que se oponen a la minería en Catamarca y La Rioja se oponen al desarrollo.
La realidad: La Alumbrera, sita en Catamarca, es una de las minas de oro y plata a cielo abierto más grandes del mundo. Las empresas extranjeras propietarias de los derechos de explotación han facturado aproximadamente 11 mil millones de dólares. Sin embargo, Catamarca es una de las provincias más pobres de la Argentina: el 21,5 por ciento de su gente tiene necesidades básicas insatisfechas.
Mito 3: las empresas mineras cumplen con la legislación vigente.
La realidad: ninguna de las empresas mineras que operan en zona de glaciares cumple con la ley nacional 26.639, de protección de glaciares y ambiente periglacial. Es oportuno destacar que el artículo 6 de esta ley establece: “En los glaciares quedan prohibidas las actividades que puedan afectar su condición natural o las funciones señaladas en el artículo 1º, las que impliquen su destrucción o traslado o interfieran en su avance, en particular las siguientes: ... c) La exploración y explotación minera e hidrocarburífera. Se incluyen en dicha restricción aquellas que se desarrollen en el ambiente periglacial”. La ley declara a los glaciares bienes de carácter público.
Mito 4: la minería no compite por el agua con otras actividades de la zona.
La realidad: La Alumbrera consume aproximadamente 50 millones de litros de agua diarios. Es decir que La Alumbrera consume más agua en un mes de lo que necesita toda la población de Andalgalá para abastecerse durante un año. Si consideramos que la mayoría de las explotaciones mineras se encuentra en zonas áridas o semiáridas, el consumo hídrico de la minería es alarmante.
Mito 5: los glaciares no aportan grandes cantidades de agua.
La realidad: un glaciar del tamaño de una cancha de fútbol y de un metro de espesor (que es menor al tamaño mínimo para ser inventariado según la ley nacional) contiene suficiente agua para abastecer a una familia tipo de cuatro personas con agua potable durante más de 30 años.
En años de escasa precipitación en la Cordillera, los glaciares andinos suministran hasta el 80 por ciento de los caudales de los ríos de Mendoza y San Juan, porcentaje que se incrementa si consideramos la contribución de los glaciares cubiertos por detritos y escombros. O sea que, de no contar con ellos, estas provincias dependerían exclusivamente de las precipitaciones para poder acceder al agua y subsistir.
Mito 6: las compañías mineras no tienen privilegio alguno.
La realidad: las empresas mineras gozan de importantes privilegios. Por ejemplo: estabilidad fiscal (congelación tributaria) por 30 años, con el derecho de retener fondos de la coparticipación provincial si la estabilidad fiscal no es respetada; deducción de impuestos del ciento por ciento de montos invertidos en prospección y estudios; diversas exenciones sobre el Impuesto a las Ganancias; ciento por ciento de exención sobre Impuestos sobre Activos; ciento por ciento exento de pagos de derechos de importación; límite máximo de tres por ciento sobre el valor boca de mina a las regalías que puede percibir la provincia y el privilegio de fijar ellas mismas el monto de la reserva por potencial daño ambiental y deducirlo del Impuestos a las Ganancias. Ninguna pyme argentina goza de todos estos privilegios.
Mito 7: la minería no impacta en los glaciares.
La realidad: la megaminería es una de las actividades industriales que mayores perjuicios provocan a los glaciares, tanto en su fase de explotación como en su fase de exploración.
Son claramente visibles por imágenes satelitales numerosos impactos de empresas mineras en glaciares, por ejemplo en proyectos como Veladero, Pascua Lama, Los Azules, El Altar, Del Carmen, José María, Las Flechas, Vicuñas, Batidero, Portones, Amos Andrés, Filo Colorado.
Es oportuno señalar que la empresa canadiense Barrick Gold no sólo ocultó la presencia de decenas de glaciares en su área de impacto en los proyectos Veladero y Pascua Lama, sino que también propuso dinamitar tres glaciares para llegar al oro.
La Dirección General de Aguas de Chile emitió un informe en 2007, en el que señalaba que los glaciares en la zona de influencia del proyecto Pascua Lama habían disminuido en promedio un 70 por ciento, y otros directamente habían desaparecido, sólo durante las actividades de prospección. Como consecuencia de ello, Chile decidió modificar el proyecto original.
La cordillera de los Andes alberga la gran mayoría de nuestros glaciares. Hoy se encuentran en una situación de total indefensión, frente al avance con total impunidad de estas compañías extranjeras, con la venia del Estado.
Pero la gente, que es de este suelo, que tiene su familia allí y que permanecerá aun cuando el oro se haya terminado, ha decidido defender su tierra, su patria, su agua, aquello que la ley de glaciares tiene por objeto proteger.
El momento es ahora; el pueblo entendió que ya no queda más tiempo. Entre dos bienes, el oro y el agua, el pueblo decidió defender el bien vital.
Ahora, siendo conscientes de los sentimientos de desazón e impotencia de los pueblos de Catamarca, frente a tan brutal represión para abrir paso a la fuerza de palos y perros a camiones de la empresa minera suizo-canadiense, es bueno tener presentes las palabras de Eva Perón: “La patria no es patrimonio de ninguna fuerza. La patria es el pueblo y nada puede sobreponerse al pueblo sin que corran peligro la libertad y la justicia. Las Fuerzas Armadas sirven a la patria sirviendo al pueblo”.
Fecha de Publicación: 24/02/2012
Fuente: La Voz - Por Romina Picolotti - Ex secretaria de Ambiente de la Nación
Provincia/Región: Nacional
Desde la década de 1990, empresas mineras extranjeras han sabido construir un complejo sistema de privilegios que les ha permitido saquear a nuestro país. Romina Picolotti.
Reflexionaba José Ingenieros: “Cuando las miserias morales asuelan a un país, la culpa es de todos los que por falta de cultura y de ideal no han sabido amarlo como patria: de todos los que vivieron de ella sin trabajar para ella”. Hoy, sin embargo, parece que los idealistas son enemigos de la patria.
La situación de la minería de oro y plata a gran escala en la Argentina revela un gran desamor por nuestro país. Es posible y oportuno revertirla, simplemente con hechos concretos que demuestren el amor por nuestra tierra.
Desde la década de 1990, empresas mineras extranjeras han sabido construir un complejo sistema de privilegios que les ha permitido saquear nuestro país hasta dejarlo exhausto, no sólo desde lo ambiental sino también desde lo social e institucional.
Prueba de ello ha sido la represión brutal de la Policía de Catamarca contra mujeres y niños que se manifestaban de manera pacífica en defensa de su patria. Ninguno de los manifestantes reclama en pos de un interés individual.
Para comenzar a construir un país mas justo, sin privilegios, en el que todos los ciudadanos seamos iguales ante la ley, es preciso aclarar aquellos mitos que algunos pícaros pretenden instaurar como verdades absolutas.
Mito 1: no existen glaciares ni en Catamarca ni en La Rioja.
La realidad: sí existen glaciares en Catamarca y en La Rioja, en zonas de explotación y exploración minera, tal como lo demuestran imágenes satelitales. En Catamarca, en torno de los proyectos de Agua Rica y Filo Colorado (de las empresas Yamana Gold y Xstrata Copper) y a lo largo de la sierra del Aconquija, hay más de 150 glaciares de roca y algunos glaciares descubiertos. Varios de ellos ya fueron impactados por la actividad minera en la zona.
En La Rioja, hay más de 300 glaciares, muchos de ellos en zonas mineras. Sí hay glaciares en torno del cerro Famatina. Muchos de los glaciares riojanos también muestran impactos por tareas de exploración minera.
Mito 2: la minería genera desarrollo. Aquellos que se oponen a la minería en Catamarca y La Rioja se oponen al desarrollo.
La realidad: La Alumbrera, sita en Catamarca, es una de las minas de oro y plata a cielo abierto más grandes del mundo. Las empresas extranjeras propietarias de los derechos de explotación han facturado aproximadamente 11 mil millones de dólares. Sin embargo, Catamarca es una de las provincias más pobres de la Argentina: el 21,5 por ciento de su gente tiene necesidades básicas insatisfechas.
Mito 3: las empresas mineras cumplen con la legislación vigente.
La realidad: ninguna de las empresas mineras que operan en zona de glaciares cumple con la ley nacional 26.639, de protección de glaciares y ambiente periglacial. Es oportuno destacar que el artículo 6 de esta ley establece: “En los glaciares quedan prohibidas las actividades que puedan afectar su condición natural o las funciones señaladas en el artículo 1º, las que impliquen su destrucción o traslado o interfieran en su avance, en particular las siguientes: ... c) La exploración y explotación minera e hidrocarburífera. Se incluyen en dicha restricción aquellas que se desarrollen en el ambiente periglacial”. La ley declara a los glaciares bienes de carácter público.
Mito 4: la minería no compite por el agua con otras actividades de la zona.
La realidad: La Alumbrera consume aproximadamente 50 millones de litros de agua diarios. Es decir que La Alumbrera consume más agua en un mes de lo que necesita toda la población de Andalgalá para abastecerse durante un año. Si consideramos que la mayoría de las explotaciones mineras se encuentra en zonas áridas o semiáridas, el consumo hídrico de la minería es alarmante.
Mito 5: los glaciares no aportan grandes cantidades de agua.
La realidad: un glaciar del tamaño de una cancha de fútbol y de un metro de espesor (que es menor al tamaño mínimo para ser inventariado según la ley nacional) contiene suficiente agua para abastecer a una familia tipo de cuatro personas con agua potable durante más de 30 años.
En años de escasa precipitación en la Cordillera, los glaciares andinos suministran hasta el 80 por ciento de los caudales de los ríos de Mendoza y San Juan, porcentaje que se incrementa si consideramos la contribución de los glaciares cubiertos por detritos y escombros. O sea que, de no contar con ellos, estas provincias dependerían exclusivamente de las precipitaciones para poder acceder al agua y subsistir.
Mito 6: las compañías mineras no tienen privilegio alguno.
La realidad: las empresas mineras gozan de importantes privilegios. Por ejemplo: estabilidad fiscal (congelación tributaria) por 30 años, con el derecho de retener fondos de la coparticipación provincial si la estabilidad fiscal no es respetada; deducción de impuestos del ciento por ciento de montos invertidos en prospección y estudios; diversas exenciones sobre el Impuesto a las Ganancias; ciento por ciento de exención sobre Impuestos sobre Activos; ciento por ciento exento de pagos de derechos de importación; límite máximo de tres por ciento sobre el valor boca de mina a las regalías que puede percibir la provincia y el privilegio de fijar ellas mismas el monto de la reserva por potencial daño ambiental y deducirlo del Impuestos a las Ganancias. Ninguna pyme argentina goza de todos estos privilegios.
Mito 7: la minería no impacta en los glaciares.
La realidad: la megaminería es una de las actividades industriales que mayores perjuicios provocan a los glaciares, tanto en su fase de explotación como en su fase de exploración.
Son claramente visibles por imágenes satelitales numerosos impactos de empresas mineras en glaciares, por ejemplo en proyectos como Veladero, Pascua Lama, Los Azules, El Altar, Del Carmen, José María, Las Flechas, Vicuñas, Batidero, Portones, Amos Andrés, Filo Colorado.
Es oportuno señalar que la empresa canadiense Barrick Gold no sólo ocultó la presencia de decenas de glaciares en su área de impacto en los proyectos Veladero y Pascua Lama, sino que también propuso dinamitar tres glaciares para llegar al oro.
La Dirección General de Aguas de Chile emitió un informe en 2007, en el que señalaba que los glaciares en la zona de influencia del proyecto Pascua Lama habían disminuido en promedio un 70 por ciento, y otros directamente habían desaparecido, sólo durante las actividades de prospección. Como consecuencia de ello, Chile decidió modificar el proyecto original.
La cordillera de los Andes alberga la gran mayoría de nuestros glaciares. Hoy se encuentran en una situación de total indefensión, frente al avance con total impunidad de estas compañías extranjeras, con la venia del Estado.
Pero la gente, que es de este suelo, que tiene su familia allí y que permanecerá aun cuando el oro se haya terminado, ha decidido defender su tierra, su patria, su agua, aquello que la ley de glaciares tiene por objeto proteger.
El momento es ahora; el pueblo entendió que ya no queda más tiempo. Entre dos bienes, el oro y el agua, el pueblo decidió defender el bien vital.
Ahora, siendo conscientes de los sentimientos de desazón e impotencia de los pueblos de Catamarca, frente a tan brutal represión para abrir paso a la fuerza de palos y perros a camiones de la empresa minera suizo-canadiense, es bueno tener presentes las palabras de Eva Perón: “La patria no es patrimonio de ninguna fuerza. La patria es el pueblo y nada puede sobreponerse al pueblo sin que corran peligro la libertad y la justicia. Las Fuerzas Armadas sirven a la patria sirviendo al pueblo”.
Claro gesto K en apoyo de la megaminería
Claro gesto del kirchnerismo en el Senado en apoyo de la minería a cielo abierto
Fecha de Publicación: 23/02/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Beatriz Rojkés reunió a empresarios, sindicalistas y legisladores, que justificaron las explotaciones
La presidenta provisional del Senado, la kirchnerista Beatriz Rojkés de Alperovich (Tucumán), organizó ayer una jornada para que empresarios, sindicalistas, especialistas y legisladores realizaran una encendida defensa de la actividad minera y descalificaran los argumentos que organizaciones ambientalistas esgrimen contra la minería a cielo abierto que se desarrolla en provincias como San Juan, Catamarca y La Rioja.
En medio de tanto apoyo a la minería, la única voz disonante fue la del senador radical Mario Cimadevilla (Chubut), quien desafió a los invitados a que vendieran sus patrimonios "por el 3% de su valor, que es lo que les queda a las provincias" en concepto de regalías. Ninguno de los presentes respondió.
La de ayer no fue una reunión oficial, sino que fue organizada por iniciativa de Rojkés, esposa del gobernador de Tucumán, José Alperovich. Así lo aclaró el presidente de la Comisión de Minería de la Cámara alta, Horacio Lores (MPN-Neuquén), cuando dijo que "recién después del 1° de marzo" fijará la estrategia para debatir el tema.
En el encuentro -al que asistió el jefe del bloque de diputados kirchneristas, Agustín Rossi-, no hubo invitados de organizaciones ambientalistas ni representantes de las poblaciones que protestan contra los emprendimientos cuestionados, como los de San Juan o Andalgalá:
Sólo hubo posturas favorables a la explotación minera. Así, Mario Capello, secretario del Colegio Argentino de Ingenieros en Minas, calificó de "disparates" y de inducir "miedo en la gente" los argumentos en contra de la minería a cielo abierto. "No hay ninguna posibilidad de contaminación porque el cianuro se usa en circuito cerrado", afirmó.
Capello también negó que la actividad afecte el agua potable de las regiones en las que se instala. Citó, como ejemplo, que "el caudal de los ríos en San Juan es de 10.000 litros por segundo, mientras que la minería sólo usa 54 litros por segundo, lo mismo que se da a una finca pequeña para regadío", afirmó.
Temor al desempleo
El titular de la Asociación Obrera Minera Argentina, Héctor Laplace, manifestó su preocupación "desde el punto de vista del trabajo" porque "hay mucha falacia en torno a la actividad". Dijo que "los trabajadores mineros no saben hacer otra cosa" y que si se prohibieran los emprendimientos habría una ola de desempleo. Advirtió que "las inversiones van a ir donde les den garantías". El mismo argumento utilizó Luis Gallino, presidente del Consejo Superior de Profesionales en Geología, quien sostuvo que "si en la Argentina no se resuelve rápido esta división, se van a afectar las inversiones".
A su turno, Hugo Nielson, secretario general del Organismo Latinoamericano de Minería, reclamó "explotar la minería ahora, sobre todo para determinados minerales que en diez años podrían no ser tan importantes o demandados". Sin embargo, fue el único invitado que esbozó alguna crítica, al señalar que en materia de regalías existe una "distribución desequilibrada", ya que "la Nación se queda con la parte más importante de la recaudación".
Ese argumento utilizó el senador Cimadevilla, cuando desafió a los invitados a vender sus bienes por apenas el 3% de su valor. Cuestionó las facilidades y exenciones impositivas que la actividad tiene garantizadas desde que se sancionó la ley de minería, en los años 90, y los contratos vigentes. "No hay compromiso de inversiones a futuro: la minería se agota con el mineral y luego aparecen los pueblos fantasma", subrayó.
Cimadevilla criticó el apoyo sindical a la actividad minera. "Estamos cambiando recursos por salarios" y rechazó las afirmaciones sobre que el cianuro no contamina, al destacar que la Unión Europea prohibió su uso en la explotación minera.
Más Información:
- Rioja Virtual - Encendida defensa de senadores K al desarrollo minero
- El Diario de Cuyo - Charla minera en el Senado
- El Ancasti - Polémica por la minería en el Senado
- El Día - Duro cruce en el Senado por la actividad minera
Fecha de Publicación: 23/02/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Beatriz Rojkés reunió a empresarios, sindicalistas y legisladores, que justificaron las explotaciones
La presidenta provisional del Senado, la kirchnerista Beatriz Rojkés de Alperovich (Tucumán), organizó ayer una jornada para que empresarios, sindicalistas, especialistas y legisladores realizaran una encendida defensa de la actividad minera y descalificaran los argumentos que organizaciones ambientalistas esgrimen contra la minería a cielo abierto que se desarrolla en provincias como San Juan, Catamarca y La Rioja.
En medio de tanto apoyo a la minería, la única voz disonante fue la del senador radical Mario Cimadevilla (Chubut), quien desafió a los invitados a que vendieran sus patrimonios "por el 3% de su valor, que es lo que les queda a las provincias" en concepto de regalías. Ninguno de los presentes respondió.
La de ayer no fue una reunión oficial, sino que fue organizada por iniciativa de Rojkés, esposa del gobernador de Tucumán, José Alperovich. Así lo aclaró el presidente de la Comisión de Minería de la Cámara alta, Horacio Lores (MPN-Neuquén), cuando dijo que "recién después del 1° de marzo" fijará la estrategia para debatir el tema.
En el encuentro -al que asistió el jefe del bloque de diputados kirchneristas, Agustín Rossi-, no hubo invitados de organizaciones ambientalistas ni representantes de las poblaciones que protestan contra los emprendimientos cuestionados, como los de San Juan o Andalgalá:
Sólo hubo posturas favorables a la explotación minera. Así, Mario Capello, secretario del Colegio Argentino de Ingenieros en Minas, calificó de "disparates" y de inducir "miedo en la gente" los argumentos en contra de la minería a cielo abierto. "No hay ninguna posibilidad de contaminación porque el cianuro se usa en circuito cerrado", afirmó.
Capello también negó que la actividad afecte el agua potable de las regiones en las que se instala. Citó, como ejemplo, que "el caudal de los ríos en San Juan es de 10.000 litros por segundo, mientras que la minería sólo usa 54 litros por segundo, lo mismo que se da a una finca pequeña para regadío", afirmó.
Temor al desempleo
El titular de la Asociación Obrera Minera Argentina, Héctor Laplace, manifestó su preocupación "desde el punto de vista del trabajo" porque "hay mucha falacia en torno a la actividad". Dijo que "los trabajadores mineros no saben hacer otra cosa" y que si se prohibieran los emprendimientos habría una ola de desempleo. Advirtió que "las inversiones van a ir donde les den garantías". El mismo argumento utilizó Luis Gallino, presidente del Consejo Superior de Profesionales en Geología, quien sostuvo que "si en la Argentina no se resuelve rápido esta división, se van a afectar las inversiones".
A su turno, Hugo Nielson, secretario general del Organismo Latinoamericano de Minería, reclamó "explotar la minería ahora, sobre todo para determinados minerales que en diez años podrían no ser tan importantes o demandados". Sin embargo, fue el único invitado que esbozó alguna crítica, al señalar que en materia de regalías existe una "distribución desequilibrada", ya que "la Nación se queda con la parte más importante de la recaudación".
Ese argumento utilizó el senador Cimadevilla, cuando desafió a los invitados a vender sus bienes por apenas el 3% de su valor. Cuestionó las facilidades y exenciones impositivas que la actividad tiene garantizadas desde que se sancionó la ley de minería, en los años 90, y los contratos vigentes. "No hay compromiso de inversiones a futuro: la minería se agota con el mineral y luego aparecen los pueblos fantasma", subrayó.
Cimadevilla criticó el apoyo sindical a la actividad minera. "Estamos cambiando recursos por salarios" y rechazó las afirmaciones sobre que el cianuro no contamina, al destacar que la Unión Europea prohibió su uso en la explotación minera.
Más Información:
- Rioja Virtual - Encendida defensa de senadores K al desarrollo minero
- El Diario de Cuyo - Charla minera en el Senado
- El Ancasti - Polémica por la minería en el Senado
- El Día - Duro cruce en el Senado por la actividad minera
Continúa sin control un incendio forestal
Continúa sin control un incendio forestal
Fecha de Publicación: 23/02/2012
Fuente: Telam
Provincia/Región: Tierra del Fuego
Autoridades de Tierra del Fuego admitieron que aún no pueden controlar el incendio forestal iniciado hace nueve días en la reserva "Corazón de la Isla", en inmediaciones de la comuna de Tolhuin en el centro provincial.
Las llamas que afectan bosque nativo de lengas y ñires ya devoraron unas 850 hectáreas y son combatidas por 88 brigadistas, incluido personal del Plan Nacional de Manejo del Fuego.
El último parte oficial indicó que la mayor actividad del incendio se encuentra ahora circunscripta a un perímetro determinado, siendo más reducidos los efectos tanto en los flancos como en la cabeza del área afectada?.
En consecuencia, no ha crecido la superficie del siniestro, que en jornadas anteriores había experimentado un avance progresivo.
Un primer grupo de 14 brigadistas que trabaja sobre la cabeza del incendio sufrió la complicación de que un árbol cayó sobre una de las líneas de agua. Otro de los grupos, sobre el sector izquierdo, controló varios focos secundarios.
Además, las llamas siguen siendo atacadas con dos topadores y camiones cisterna que pudieron ser transportados hasta la zona, ubicada a mitad de camino entre Ushuaia y Río Grande y a 193 metros sobre el nivel del mar.
En el sitio del incendio se encuentra personal de la Dirección de Bosques, Defensa Civil provincial, policías, bomberos, maquinistas y motosierristas de empresas particulares y brigadistas de los parques nacionales Nahuel Huapi, Los Alerces, Lanín y Tierra del Fuego.
El secretario de Desarrollo Sustentable y Ambiente de la provincia, Ariel Martínez, confirmó que está demorada la llegada de un helicóptero provisto por la Provincia de Buenos Aires, debido a un inconveniente mecánico.
Martínez confirmó que por decreto, firmado por el vicegobernador Roberto Crocianelli, se declaró la emergencia ambiental y la veda total para fogones en zonas rurales.
El incendio forestal de la reserva Corazón de la Isla es el tercero en lo que va del año, contando los registrados en Bahía Torito y Bahía San Pablo.
Fecha de Publicación: 23/02/2012
Fuente: Telam
Provincia/Región: Tierra del Fuego
Autoridades de Tierra del Fuego admitieron que aún no pueden controlar el incendio forestal iniciado hace nueve días en la reserva "Corazón de la Isla", en inmediaciones de la comuna de Tolhuin en el centro provincial.
Las llamas que afectan bosque nativo de lengas y ñires ya devoraron unas 850 hectáreas y son combatidas por 88 brigadistas, incluido personal del Plan Nacional de Manejo del Fuego.
El último parte oficial indicó que la mayor actividad del incendio se encuentra ahora circunscripta a un perímetro determinado, siendo más reducidos los efectos tanto en los flancos como en la cabeza del área afectada?.
En consecuencia, no ha crecido la superficie del siniestro, que en jornadas anteriores había experimentado un avance progresivo.
Un primer grupo de 14 brigadistas que trabaja sobre la cabeza del incendio sufrió la complicación de que un árbol cayó sobre una de las líneas de agua. Otro de los grupos, sobre el sector izquierdo, controló varios focos secundarios.
Además, las llamas siguen siendo atacadas con dos topadores y camiones cisterna que pudieron ser transportados hasta la zona, ubicada a mitad de camino entre Ushuaia y Río Grande y a 193 metros sobre el nivel del mar.
En el sitio del incendio se encuentra personal de la Dirección de Bosques, Defensa Civil provincial, policías, bomberos, maquinistas y motosierristas de empresas particulares y brigadistas de los parques nacionales Nahuel Huapi, Los Alerces, Lanín y Tierra del Fuego.
El secretario de Desarrollo Sustentable y Ambiente de la provincia, Ariel Martínez, confirmó que está demorada la llegada de un helicóptero provisto por la Provincia de Buenos Aires, debido a un inconveniente mecánico.
Martínez confirmó que por decreto, firmado por el vicegobernador Roberto Crocianelli, se declaró la emergencia ambiental y la veda total para fogones en zonas rurales.
El incendio forestal de la reserva Corazón de la Isla es el tercero en lo que va del año, contando los registrados en Bahía Torito y Bahía San Pablo.
Tucumán: Acheral afectado por el glifosato
Fumigaciones con glifosato y problemas de salud en la localidad de Acheral
Fecha de Publicación: 22/02/2012
Fuente: El Siglo
Provincia/Región: Tucumán
Habitantes de esa comuna, ubicada a 45 kilómetros de la Capital tucumana, denunciaron que la utilización de ese herbicida en un campo de soja, ubicado a metros de sus casas y frente a una escuela, ocasionó enfermedades a varias personas que viven en la zona. Dicen que el delegado comunal no da la cara. Anuncian protestas.
Los vecinos de Acheral, localidad ubicada a 45 kilómetros de la Capital tucumana, ya forman parte del cada vez mayor grupo de argentinos para quienes la palabra "soja", en lugar de representar riqueza y progreso, significa contaminación y enfermedades.
Ello debido a las cada vez más frecuentes fumigaciones con glifosato, un peligroso y contaminante herbicida, de un campo sembrado con dicha oleaginosa que está ubicado a metros de sus casas y frente a la escuela secundaria donde estudian sus hijos.
Debido a esta situación, que ya fue denunciada ante las autoridades comunales y policiales sin lograr una respuesta positiva, los pobladores anunciaron que en los próximos días iniciarán un plan de lucha para exigir que se prohíba el uso de glifosato en la zona.
Vecinos de Acheral, encabezados por Alfredo Olea, María Villarreal, Graciela Salomón y Norberta Lorenzo, visitaron la redacción de EL SIGLO para poner en conocimiento de este tema a la opinión pública y a las autoridades pertinentes.
Informaron que todo comenzó en diciembre último, cuando se inició un sembradío de soja en un terreno ubicado a escasos metros de sus viviendas y de la escuela.
"No estamos en contra de la soja, pero sí en contra de los agroquímicos que se usan en estas plantaciones", aclararon.
Informaron que "se realizo una presentación al delegado comunal Victor Hugo Cardozo con las firmas de los vecinos pidiéndole que no se realicen las fumigaciones, porque en ellas se utilizan glifosato. Tenemos conocimientos de lo que pueden ocasionar a nuestra salud y en principal a los niños y ancianos, como ser distintos tipos de cáncer, esterilidad, malformaciones genéticas, dermatitis y leucemia, y no tuvimos respuesta de parte de la autoridad del pueblo", se quejaron.
Efectos en la salud
Los vecinos precisaron que la primera fumigación con ese plaguicida se realizó el pasado 4 de enero y que sus efectos se hicieron sentir de inmediato. "Se fumigo a las 9 de la mañana eran 4 de la tarde y no se aguantaba el olor del veneno, se murieron perritos y pollos, los árboles de las veredas estaban todos amarillos. Además, varios vecinos presentaron problemas respiratorios, a la vista, dermatológicos, y del aparato digestivo durante todo el día. Cuando fumigaron, Analía Galindez nos contó que estuvo todo ese día con vómitos, mareos y mucho dolor de cabeza, como así también toda su familia, en especial sus hijos", graficaron.
También comentaron que a Alicia Castillo, otra vecina de la zona, la fumigación con glifosato "le causo irritación en la piel, dolor de estómago y náuseas. A Graciela Salomón le costaba respirar, le faltaba el aire, sentía ahogarse, recurrió al dispensario para ser atendida, se trato de comunicar con el delegado (Cardozo), pero no nos quiso atender", denunciaron.
Los vecinos informaron que en su intento por "parar las fumigaciones desmedidas alrededor del pueblo, no se le permitió al arrendatario (del campo mencionado), Ariel Mena, fumigar detrás de la escuela el pasado 30 de enero". Agregaron que "en un diálogo con esta persona y frente a la autoridad policial, Carlos Castells, (Mena) admitió estar fumigando con glifosato", por lo que hicieron una presentación judicial que frenó la fumigación en el sector lindero con el establecimiento educativo.
No obstante, advirtieron que cuatro días más tarde el arrendatario del campo "esperando que no se encuentre el juez y en hora de la siesta", ordenó fumigar nuevamente el sector. "Cuando los vimos estaban terminando de fumigar y salieron como si habrían robado algo, los seguimos y a un kilómetro nos dimos cuenta de que estaba el arrendatario Mena con su camioneta; se le pidió la cartilla del veneno con la autorización pertinente, pero apenas mostró una hoja que tenía preguntas sobre el glifosato dada por el INTA, según él, y no nos la quiso entregar diciendo que la iba a presentar el lunes ante el juez, lo cual no fue hecho", relataron.
Los vecinos señalaron que la tercera fumigación en ese campo tuvo lugar el 14 de febrero último "a las 3 de la madrugada, para evitar que alguien interfiera". "Ya estamos cansados por esta situación, porque la persona que vela por la integridad y salud de los vecinos, o sea el delegado comunal Cardozo, nunca da la cara. El dice que esto es política, pero nosotros respondemos que esto es conciencia ciudadana, defendiendo la salud nuestra y de todas nuestras familias", sentenciaron.
Por último plantearon que se encuentran "con gran incertidumbre ya que comienzan las clases en las escuelas y estas se encuentran a sólo diez metros de las plantaciones de soja. Tampoco podemos mandar a nuestros hijos a la única escuelita de fútbol del pueblo, donde van chicos desde 5 a 12 años que practican su actividad, en los predios de dicha escuela", completaron.
Qué es el glifosato
Introducido en el mercado a mediados de 1983 como una nueva sustancia, el glifosato es un herbicida de amplio espectro, no selectivo y que se utiliza para la matanza de hierbas. Este mismo está acompañado de la semilla transgénica de soja que es resistente al glifosato. La semilla de soja genéticamente modificada posee un gen que le permite resistir a dicho herbicida en el proceso de fumigación.
Si bien el glifosato no es más tóxico que otros agroquímicos, Santiago Sarandon, Titular de la Cátedra de Agroecología de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Plata señala que "el problema no es la molécula del glifosato, sino el uso masivo y eso es lo que nosotros desde la agroecología señalamos: el uso indiscriminado de cosas artificiales, que aparentemente son inocuos en el ambiente". Esto se da en el marco de las 16.000.000 de hectáreas, que hoy están cultivadas con la soja transgénica en nuestro país.
Con el auge de la soja las grandes empresas de semillas empezaron a introducir variaciones genéticas en las mismas para lograr un mayor rendimiento en la cosecha. Así la empresa multinacional Monsanto, una de las pioneras en interesarse en esto, lanzó al mercado hace ya más de dos décadas, su producto llamado Roundup, que contiene glifosato. Distintos informes denuncian que este producto, además de degradar el suelo, traería como consecuencia problemas de salud en la población.
Hay investigadores y científicos que afirman esto. El ejemplo mas revelador es el documental titulado "El mundo según Monsanto", de la francesa Marie-Monique Robin, que se atreve a pronosticar que este herbicida no sólo es contaminante sino que además trae aparejado malformaciones genéticas y causa cáncer de distintos tipos.
Fecha de Publicación: 22/02/2012
Fuente: El Siglo
Provincia/Región: Tucumán
Habitantes de esa comuna, ubicada a 45 kilómetros de la Capital tucumana, denunciaron que la utilización de ese herbicida en un campo de soja, ubicado a metros de sus casas y frente a una escuela, ocasionó enfermedades a varias personas que viven en la zona. Dicen que el delegado comunal no da la cara. Anuncian protestas.
Los vecinos de Acheral, localidad ubicada a 45 kilómetros de la Capital tucumana, ya forman parte del cada vez mayor grupo de argentinos para quienes la palabra "soja", en lugar de representar riqueza y progreso, significa contaminación y enfermedades.
Ello debido a las cada vez más frecuentes fumigaciones con glifosato, un peligroso y contaminante herbicida, de un campo sembrado con dicha oleaginosa que está ubicado a metros de sus casas y frente a la escuela secundaria donde estudian sus hijos.
Debido a esta situación, que ya fue denunciada ante las autoridades comunales y policiales sin lograr una respuesta positiva, los pobladores anunciaron que en los próximos días iniciarán un plan de lucha para exigir que se prohíba el uso de glifosato en la zona.
Vecinos de Acheral, encabezados por Alfredo Olea, María Villarreal, Graciela Salomón y Norberta Lorenzo, visitaron la redacción de EL SIGLO para poner en conocimiento de este tema a la opinión pública y a las autoridades pertinentes.
Informaron que todo comenzó en diciembre último, cuando se inició un sembradío de soja en un terreno ubicado a escasos metros de sus viviendas y de la escuela.
"No estamos en contra de la soja, pero sí en contra de los agroquímicos que se usan en estas plantaciones", aclararon.
Informaron que "se realizo una presentación al delegado comunal Victor Hugo Cardozo con las firmas de los vecinos pidiéndole que no se realicen las fumigaciones, porque en ellas se utilizan glifosato. Tenemos conocimientos de lo que pueden ocasionar a nuestra salud y en principal a los niños y ancianos, como ser distintos tipos de cáncer, esterilidad, malformaciones genéticas, dermatitis y leucemia, y no tuvimos respuesta de parte de la autoridad del pueblo", se quejaron.
Efectos en la salud
Los vecinos precisaron que la primera fumigación con ese plaguicida se realizó el pasado 4 de enero y que sus efectos se hicieron sentir de inmediato. "Se fumigo a las 9 de la mañana eran 4 de la tarde y no se aguantaba el olor del veneno, se murieron perritos y pollos, los árboles de las veredas estaban todos amarillos. Además, varios vecinos presentaron problemas respiratorios, a la vista, dermatológicos, y del aparato digestivo durante todo el día. Cuando fumigaron, Analía Galindez nos contó que estuvo todo ese día con vómitos, mareos y mucho dolor de cabeza, como así también toda su familia, en especial sus hijos", graficaron.
También comentaron que a Alicia Castillo, otra vecina de la zona, la fumigación con glifosato "le causo irritación en la piel, dolor de estómago y náuseas. A Graciela Salomón le costaba respirar, le faltaba el aire, sentía ahogarse, recurrió al dispensario para ser atendida, se trato de comunicar con el delegado (Cardozo), pero no nos quiso atender", denunciaron.
Los vecinos informaron que en su intento por "parar las fumigaciones desmedidas alrededor del pueblo, no se le permitió al arrendatario (del campo mencionado), Ariel Mena, fumigar detrás de la escuela el pasado 30 de enero". Agregaron que "en un diálogo con esta persona y frente a la autoridad policial, Carlos Castells, (Mena) admitió estar fumigando con glifosato", por lo que hicieron una presentación judicial que frenó la fumigación en el sector lindero con el establecimiento educativo.
No obstante, advirtieron que cuatro días más tarde el arrendatario del campo "esperando que no se encuentre el juez y en hora de la siesta", ordenó fumigar nuevamente el sector. "Cuando los vimos estaban terminando de fumigar y salieron como si habrían robado algo, los seguimos y a un kilómetro nos dimos cuenta de que estaba el arrendatario Mena con su camioneta; se le pidió la cartilla del veneno con la autorización pertinente, pero apenas mostró una hoja que tenía preguntas sobre el glifosato dada por el INTA, según él, y no nos la quiso entregar diciendo que la iba a presentar el lunes ante el juez, lo cual no fue hecho", relataron.
Los vecinos señalaron que la tercera fumigación en ese campo tuvo lugar el 14 de febrero último "a las 3 de la madrugada, para evitar que alguien interfiera". "Ya estamos cansados por esta situación, porque la persona que vela por la integridad y salud de los vecinos, o sea el delegado comunal Cardozo, nunca da la cara. El dice que esto es política, pero nosotros respondemos que esto es conciencia ciudadana, defendiendo la salud nuestra y de todas nuestras familias", sentenciaron.
Por último plantearon que se encuentran "con gran incertidumbre ya que comienzan las clases en las escuelas y estas se encuentran a sólo diez metros de las plantaciones de soja. Tampoco podemos mandar a nuestros hijos a la única escuelita de fútbol del pueblo, donde van chicos desde 5 a 12 años que practican su actividad, en los predios de dicha escuela", completaron.
Qué es el glifosato
Introducido en el mercado a mediados de 1983 como una nueva sustancia, el glifosato es un herbicida de amplio espectro, no selectivo y que se utiliza para la matanza de hierbas. Este mismo está acompañado de la semilla transgénica de soja que es resistente al glifosato. La semilla de soja genéticamente modificada posee un gen que le permite resistir a dicho herbicida en el proceso de fumigación.
Si bien el glifosato no es más tóxico que otros agroquímicos, Santiago Sarandon, Titular de la Cátedra de Agroecología de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Plata señala que "el problema no es la molécula del glifosato, sino el uso masivo y eso es lo que nosotros desde la agroecología señalamos: el uso indiscriminado de cosas artificiales, que aparentemente son inocuos en el ambiente". Esto se da en el marco de las 16.000.000 de hectáreas, que hoy están cultivadas con la soja transgénica en nuestro país.
Con el auge de la soja las grandes empresas de semillas empezaron a introducir variaciones genéticas en las mismas para lograr un mayor rendimiento en la cosecha. Así la empresa multinacional Monsanto, una de las pioneras en interesarse en esto, lanzó al mercado hace ya más de dos décadas, su producto llamado Roundup, que contiene glifosato. Distintos informes denuncian que este producto, además de degradar el suelo, traería como consecuencia problemas de salud en la población.
Hay investigadores y científicos que afirman esto. El ejemplo mas revelador es el documental titulado "El mundo según Monsanto", de la francesa Marie-Monique Robin, que se atreve a pronosticar que este herbicida no sólo es contaminante sino que además trae aparejado malformaciones genéticas y causa cáncer de distintos tipos.
Reclaman fondos para los RSU en Tucumán
Reclama $ 10 millones la firma que opera en Pacará Pintado
Fecha de Publicación: 22/02/2012
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
"Vamos a exigir lo que nos corresponde", advirtió Criado ante la estatización del servicio. Desde el 1 de febrero es el consorcio intermunicipal el que se hace cargo de la disposición final de los residuos en Overa Pozo.
Sorpresa. Esta fue la palabra que usó el gerente de la empresa Servicios y Construcciones La Banda SRL, Juan Manuel Criado, para referirse a la decisión del Gobierno de no renovarle el contrato para que la firma continúe con la concesión de la gestión de los residuos sólidos urbanos.
Hasta el 1 de febrero, la empresa estuvo a cargo del manejo de la basura que se origina en los seis municipios del Gran San Miguel de Tucumán que integran el consorcio metropolitano. Y desde ese momento, es el propio Estado, a través del consorcio, el que se encarga de la gestión de la basura, tal como lo adelantó LA GACETA en su edición de ayer.
Juan Manuel Criado es el hijo de Mario Criado, y en estos momentos está a cargo de la administración de la firma. El novel empresario afirmó estar sorprendido por la decisión y remarcó que Servicios y Construcciones La Banda SRL "fue imprescindible" -en un determinado momento- para el Gobierno, luego del cierre del cuestionado vaciadero ubicado en Los Vázquez.
"Como primera medida, queremos aclarar que nosotros nos hicimos cargo de una situación crítica que vivía la provincia con el vaciadero de Los Vázquez. El Gobierno nos convocó para que nos hagamos cargo en 2004, a través de nuestro predio en Pacará Pintado, que era una planta piloto. A partir de ahí, respondimos a una política implementada por la Provincia y utilizamos Pacará Pintado para la disposición final de los residuos. No nos olvidemos que era una planta piloto", aclaró el gerente de la empresa.
Luego señaló que el Gobierno los convocó "de urgencia" porque el vaciadero de Los Vázquez debía ser cerrado. "El Gobierno pagaba $ 50.000 en astreintes por cada día que el basural de Los Vázquez permanecía abierto", recordó el empresario.
¿Qué pasará con la planta de Overa Pozo?, se le consultó. "A nosotros nos toma por sorpresa el cambio de gestión por parte del Gobierno. No estamos en contra de esa decisión porque formamos parte del sistema. Lo que sí quiero aclarar es que la empresa invirtió $ 10 millones en la construcción de esa planta. Y si el Gobierno decide expropiarla o algo por el estilo, vamos a exigir lo que nos corresponde", aventuró el encargado.
¿Se sienten usados por el Gobierno?, se le inquirió. "¿Y a usted qué le parece?", respondió Criado escuetamente. "Nosotros pusimos toda la ingeniería, las maquinarias, el personal...Y si todo eso pasa a manos del Estado... Vamos a esperar los próximos pasos", agregó.
Criado afirmó que la empresa que representa todavía sigue explotando el servicio de transferencia y transporte de la basura. "Lo que dejamos de prestar es el servicio de disposición final en Overa Pozo", concluyó.
Fecha de Publicación: 22/02/2012
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
"Vamos a exigir lo que nos corresponde", advirtió Criado ante la estatización del servicio. Desde el 1 de febrero es el consorcio intermunicipal el que se hace cargo de la disposición final de los residuos en Overa Pozo.
Sorpresa. Esta fue la palabra que usó el gerente de la empresa Servicios y Construcciones La Banda SRL, Juan Manuel Criado, para referirse a la decisión del Gobierno de no renovarle el contrato para que la firma continúe con la concesión de la gestión de los residuos sólidos urbanos.
Hasta el 1 de febrero, la empresa estuvo a cargo del manejo de la basura que se origina en los seis municipios del Gran San Miguel de Tucumán que integran el consorcio metropolitano. Y desde ese momento, es el propio Estado, a través del consorcio, el que se encarga de la gestión de la basura, tal como lo adelantó LA GACETA en su edición de ayer.
Juan Manuel Criado es el hijo de Mario Criado, y en estos momentos está a cargo de la administración de la firma. El novel empresario afirmó estar sorprendido por la decisión y remarcó que Servicios y Construcciones La Banda SRL "fue imprescindible" -en un determinado momento- para el Gobierno, luego del cierre del cuestionado vaciadero ubicado en Los Vázquez.
"Como primera medida, queremos aclarar que nosotros nos hicimos cargo de una situación crítica que vivía la provincia con el vaciadero de Los Vázquez. El Gobierno nos convocó para que nos hagamos cargo en 2004, a través de nuestro predio en Pacará Pintado, que era una planta piloto. A partir de ahí, respondimos a una política implementada por la Provincia y utilizamos Pacará Pintado para la disposición final de los residuos. No nos olvidemos que era una planta piloto", aclaró el gerente de la empresa.
Luego señaló que el Gobierno los convocó "de urgencia" porque el vaciadero de Los Vázquez debía ser cerrado. "El Gobierno pagaba $ 50.000 en astreintes por cada día que el basural de Los Vázquez permanecía abierto", recordó el empresario.
¿Qué pasará con la planta de Overa Pozo?, se le consultó. "A nosotros nos toma por sorpresa el cambio de gestión por parte del Gobierno. No estamos en contra de esa decisión porque formamos parte del sistema. Lo que sí quiero aclarar es que la empresa invirtió $ 10 millones en la construcción de esa planta. Y si el Gobierno decide expropiarla o algo por el estilo, vamos a exigir lo que nos corresponde", aventuró el encargado.
¿Se sienten usados por el Gobierno?, se le inquirió. "¿Y a usted qué le parece?", respondió Criado escuetamente. "Nosotros pusimos toda la ingeniería, las maquinarias, el personal...Y si todo eso pasa a manos del Estado... Vamos a esperar los próximos pasos", agregó.
Criado afirmó que la empresa que representa todavía sigue explotando el servicio de transferencia y transporte de la basura. "Lo que dejamos de prestar es el servicio de disposición final en Overa Pozo", concluyó.
Quién es quién en el debate sobre megaminería
Quién es quién en el debate sobre megaminería
Fecha de Publicación: 21/02/2012
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Existe pensamiento crítico y credibilidad en provincias y universidades. No así en gobernadores ni en el Estado nacional, en clara alianza estratégica con las mineras.
Lejos de abrir a un “debate serio y responsable”, como decía proponer hace unos días la Presidenta, la reciente Organización Federal de Estados Mineros, que reúne a las provincias mineras, pone en evidencia las intenciones de los gobiernos nacional y provinciales de renovar sus apoyos al modelo extractivo y clausurar cualquier posibilidad de una discusión de fondo sobre la espinosa cuestión de la megaminería , que incluya, entre otras cosas, la modificación de las leyes mineras sancionadas en los `90.
Este “pacto”, decidido de espaldas a la sociedad , se inserta en un escenario marcado por una gran conflictividad social y una escalada represiva en el noroeste argentino, cuyo epicentro se desplazó desde Tinogasta a Andalgalá, donde se implantó un virtual e inédito estado de sitio, sostenido por los sectores promineros.
Existe toda una casuística en las provincias que es necesario valorizar a la hora de pensar críticamente esta problemática. Así, cabe preguntar con qué credibilidad cuentan los gobernadores para hablar de megaminería y desarrollo . Basta mirar Catamarca, que tras 15 años de explotación megaminera presenta índices desastrosos de desarrollo humano, así como la tasa de empleo público más alta del país -25% de la población económicamente activa trabaja en el Estado, según consignaba el diario El Ancasti en 2010-, lo cual se repite en relación a la Asignación Universal por Hijo , para concluir que este modelo está lejos de haberse convertido en “motor de desarrollo” , como pregonan sus defensores.
Asimismo, de qué nuevos desafíos tecnológicos, económicos y ambientales se nos habla, en nombre de las empresas mixtas, si basta examinar la historia de la asociación del Estado catamarqueño con una empresa multinacional a través del YMAD (Yacimientos Mineros Aguas del Dionisio), la cual confirma la inexistencia de controles estatales sobre la extracción minera , a lo cual se suma la opacidad económica de dicha alianza, que incluye a la Universidad Nacional de Tucumán.
Por último, cabe preguntar con qué autoridad política y ética puede hablar la gobernadora Lucía Corpacci, como si ella no tuviera currículum político alguno , cuando en realidad fue vicegobernadora entre 2007 y 2009, durante uno de los mandatos del radical K, Brizuela del Moral, antes de ser senadora nacional por su provincia. Más aún, cómo puede pretender dar cátedra sobre minería, información y democracia, si la misma se ha desentendido de toda responsabilidad política respecto de la brutal represión de Tinogasta y aún hoy acusa un silencio elocuente sobre lo sucedido en Andalgalá.
En segundo lugar, no es verdad, como muchos afirman con ligereza, que no hubo debates sobre megaminería en el país.
Sin tales debates, resultaría muy difícil explicar la sanción de 9 leyes provinciales – dos de ellas, hoy derogadas- en contra de la megaminería . En realidad, los debates acerca de qué entendemos por desarrollo, así como del carácter insustentable de este tipo de minería, se han venido dando al compás de las luchas, a partir de 2003, primero en Esquel, pero con mayor fuerza desde 2006, en diferentes territorios provinciales.
Por último, hay quienes tienden a silenciar que, a partir de 2009, se han llevado a cabo debates en las universidades públicas sobre los controversiales fondos que Bajo la Alumbrera comenzó a distribuir entre las mismas.
Hay que destacar la ejemplar resolución del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba, que en diciembre de 2009 rechazó los 3,3 millones de pesos procedentes de la distribución de utilidades de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio. Esta decisión, adoptada después de consultas con profesionales de las más diversas disciplinas, concluyó en una larga y fundamentada resolución en contra de la megaminería , que planteó la necesidad de revisar los contratos mineros y la legislación existente , al tiempo que manifestó su apoyo a las comunidades afectadas por la minería en sus reclamos reivindicatorios. Una declaración similar proviene de la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¿Habrá entonces que acusar de “fundamentalistas” y “dogmáticas” o tildar de “ambientalistas” estas resoluciones avaladas por diferentes universidades, y apoyadas sobre investigaciones independientes y documentación científica? Así, debemos reconocer que, como en tantas otras épocas, el debate comenzó entonces en el interior, para instalarse -de modo tardío- en la agenda política y mediática nacional.
Pero esto no se debe solamente a las lógicas desconexiones entre lo local/provincial y lo nacional, ni tampoco exclusivamente a la matriz productivista que acusa la tradición peronista, sino a los silencios y zonas ciegas que el progresismo oficialista ha venido acumulando sobre la cuestión de la megaminería , a raíz de la alianza estratégica que el Estado nacional, además de los gobiernos provinciales, mantiene con las corporaciones mineras. No es casual que hoy, frente a la nacionalización de la cuestión, consumada por la pueblada de Famatina, todavía estén aquellos que se resisten a reconocer el carácter genuino de estas movilizaciones, al tiempo que buscan desconocer los aportes que desde el pensamiento crítico en toda América latina se vienen elaborando sobre el tema.
Este hecho incontestable nos advierte acerca de las verdaderas dificultades que atraviesa un debate de esta complejidad, pues no todos están dispuestos a llevar a cabo una discusión de fondo sobre qué entendemos hoy por desarrollo, democracia, soberanía y derechos humanos.
Fecha de Publicación: 21/02/2012
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Existe pensamiento crítico y credibilidad en provincias y universidades. No así en gobernadores ni en el Estado nacional, en clara alianza estratégica con las mineras.
Lejos de abrir a un “debate serio y responsable”, como decía proponer hace unos días la Presidenta, la reciente Organización Federal de Estados Mineros, que reúne a las provincias mineras, pone en evidencia las intenciones de los gobiernos nacional y provinciales de renovar sus apoyos al modelo extractivo y clausurar cualquier posibilidad de una discusión de fondo sobre la espinosa cuestión de la megaminería , que incluya, entre otras cosas, la modificación de las leyes mineras sancionadas en los `90.
Este “pacto”, decidido de espaldas a la sociedad , se inserta en un escenario marcado por una gran conflictividad social y una escalada represiva en el noroeste argentino, cuyo epicentro se desplazó desde Tinogasta a Andalgalá, donde se implantó un virtual e inédito estado de sitio, sostenido por los sectores promineros.
Existe toda una casuística en las provincias que es necesario valorizar a la hora de pensar críticamente esta problemática. Así, cabe preguntar con qué credibilidad cuentan los gobernadores para hablar de megaminería y desarrollo . Basta mirar Catamarca, que tras 15 años de explotación megaminera presenta índices desastrosos de desarrollo humano, así como la tasa de empleo público más alta del país -25% de la población económicamente activa trabaja en el Estado, según consignaba el diario El Ancasti en 2010-, lo cual se repite en relación a la Asignación Universal por Hijo , para concluir que este modelo está lejos de haberse convertido en “motor de desarrollo” , como pregonan sus defensores.
Asimismo, de qué nuevos desafíos tecnológicos, económicos y ambientales se nos habla, en nombre de las empresas mixtas, si basta examinar la historia de la asociación del Estado catamarqueño con una empresa multinacional a través del YMAD (Yacimientos Mineros Aguas del Dionisio), la cual confirma la inexistencia de controles estatales sobre la extracción minera , a lo cual se suma la opacidad económica de dicha alianza, que incluye a la Universidad Nacional de Tucumán.
Por último, cabe preguntar con qué autoridad política y ética puede hablar la gobernadora Lucía Corpacci, como si ella no tuviera currículum político alguno , cuando en realidad fue vicegobernadora entre 2007 y 2009, durante uno de los mandatos del radical K, Brizuela del Moral, antes de ser senadora nacional por su provincia. Más aún, cómo puede pretender dar cátedra sobre minería, información y democracia, si la misma se ha desentendido de toda responsabilidad política respecto de la brutal represión de Tinogasta y aún hoy acusa un silencio elocuente sobre lo sucedido en Andalgalá.
En segundo lugar, no es verdad, como muchos afirman con ligereza, que no hubo debates sobre megaminería en el país.
Sin tales debates, resultaría muy difícil explicar la sanción de 9 leyes provinciales – dos de ellas, hoy derogadas- en contra de la megaminería . En realidad, los debates acerca de qué entendemos por desarrollo, así como del carácter insustentable de este tipo de minería, se han venido dando al compás de las luchas, a partir de 2003, primero en Esquel, pero con mayor fuerza desde 2006, en diferentes territorios provinciales.
Por último, hay quienes tienden a silenciar que, a partir de 2009, se han llevado a cabo debates en las universidades públicas sobre los controversiales fondos que Bajo la Alumbrera comenzó a distribuir entre las mismas.
Hay que destacar la ejemplar resolución del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba, que en diciembre de 2009 rechazó los 3,3 millones de pesos procedentes de la distribución de utilidades de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio. Esta decisión, adoptada después de consultas con profesionales de las más diversas disciplinas, concluyó en una larga y fundamentada resolución en contra de la megaminería , que planteó la necesidad de revisar los contratos mineros y la legislación existente , al tiempo que manifestó su apoyo a las comunidades afectadas por la minería en sus reclamos reivindicatorios. Una declaración similar proviene de la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¿Habrá entonces que acusar de “fundamentalistas” y “dogmáticas” o tildar de “ambientalistas” estas resoluciones avaladas por diferentes universidades, y apoyadas sobre investigaciones independientes y documentación científica? Así, debemos reconocer que, como en tantas otras épocas, el debate comenzó entonces en el interior, para instalarse -de modo tardío- en la agenda política y mediática nacional.
Pero esto no se debe solamente a las lógicas desconexiones entre lo local/provincial y lo nacional, ni tampoco exclusivamente a la matriz productivista que acusa la tradición peronista, sino a los silencios y zonas ciegas que el progresismo oficialista ha venido acumulando sobre la cuestión de la megaminería , a raíz de la alianza estratégica que el Estado nacional, además de los gobiernos provinciales, mantiene con las corporaciones mineras. No es casual que hoy, frente a la nacionalización de la cuestión, consumada por la pueblada de Famatina, todavía estén aquellos que se resisten a reconocer el carácter genuino de estas movilizaciones, al tiempo que buscan desconocer los aportes que desde el pensamiento crítico en toda América latina se vienen elaborando sobre el tema.
Este hecho incontestable nos advierte acerca de las verdaderas dificultades que atraviesa un debate de esta complejidad, pues no todos están dispuestos a llevar a cabo una discusión de fondo sobre qué entendemos hoy por desarrollo, democracia, soberanía y derechos humanos.
Preocupa la contaminación del glifosato
Preocupa el alto grado de contaminación del glifosato
Fecha de Publicación: 20/02/2012
Fuente: Mendoza Opina
Provincia/Región: Nacional
Este producto está provocando una gran contaminación en las áreas rurales fumigadas también en ciertos lugares de las ciudades donde se utiliza. Contamina el suelo, agua superficial, subterránea, seres vivos, flora, fauna y seres humanos.
El glifosato es un herbicida no selectivo que se utiliza para desmalezar terrenos y plantaciones de soja transgénica y otros cultivos.
La contaminación para las personas puede ser por el aire, el agua, en el contacto en la piel, o la ingesta de productos alimenticios en especial verduras que contengan residuos de glifosato.
Según las características del producto, tiene una permanencia en el suelo de 60 días, aunque hay casos en los que se encontraron residuos de este producto sin descomponer, luego de un año.
En poblaciones expuestas al glifosato se encuentran altas cantidades de casos de cáncer, lupus, problemas reproductivos, intoxicaciones, daños genéticos, niños recién nacidos con patologías asociadas a este tipo de toxicidad, entre muchos otros problemas de salud.
Es altamente peligroso el uso de este herbicida que ayuda a mejorar las cosechas pero genera grandes riesgos de salud.
Como es habitual, las empresas solo muestran los beneficios de su producto a consumidores pero como en este caso no les informa a los productores que el uso del glifosato pondrá en riesgo su salud y la de las personas que se encuentren en las zonas de influencia.
Difundir estos datos es importante para buscar alternativas a este tipo de productos, porque existen.
Los estados también deben actuar y prohibir la fabricación, comercialización y utilización de productos tan tóxicos y dañinos para el medio ambiente y para las personas. Además deben hacerles asumir las responsabilidades a las empresas por las consecuencias que provocan sus productos ya que ellos se enriquecen, sabiendo que el uso de su producto no es seguro para las personas ni para el medio ambiente, publicó ambiente.net
Antecedentes judiciales
Indica el diario Página 12 de Argentina que el fallo fue emitido por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial (Sala II) de Santa Fe y ratifica la prohibición de las fumigaciones con glifosato en cercanías de zonas urbanas que había solicitado en marzo del año pasado.
Además, la Cámara ha invertido la carga de prueba y en lugar de solicitar a los damnificados que prueben su denuncia, ha pedido al gobierno de Santa Fe y a la Universidad Nacional del Litoral (UNL) que demuestren en el plazo de seis meses que el glifosato no es dañino para la salud.
Es decir: se ha fallado en favor de las personas y el ambiente en lugar de las compañías e intereses económicos.
La Cámara que emitió el fallo reconoció que tomar esta decisión fue complejo, entre otras cosas por las "controversias científicas, intereses económicos, presiones y contrapresiones de orden político y empresario" que rodean al asunto. Es que las empresas productoras de agroquímicos tienen enormes intereses en un país que depende de ellas para producir.
Fecha de Publicación: 20/02/2012
Fuente: Mendoza Opina
Provincia/Región: Nacional
Este producto está provocando una gran contaminación en las áreas rurales fumigadas también en ciertos lugares de las ciudades donde se utiliza. Contamina el suelo, agua superficial, subterránea, seres vivos, flora, fauna y seres humanos.
El glifosato es un herbicida no selectivo que se utiliza para desmalezar terrenos y plantaciones de soja transgénica y otros cultivos.
La contaminación para las personas puede ser por el aire, el agua, en el contacto en la piel, o la ingesta de productos alimenticios en especial verduras que contengan residuos de glifosato.
Según las características del producto, tiene una permanencia en el suelo de 60 días, aunque hay casos en los que se encontraron residuos de este producto sin descomponer, luego de un año.
En poblaciones expuestas al glifosato se encuentran altas cantidades de casos de cáncer, lupus, problemas reproductivos, intoxicaciones, daños genéticos, niños recién nacidos con patologías asociadas a este tipo de toxicidad, entre muchos otros problemas de salud.
Es altamente peligroso el uso de este herbicida que ayuda a mejorar las cosechas pero genera grandes riesgos de salud.
Como es habitual, las empresas solo muestran los beneficios de su producto a consumidores pero como en este caso no les informa a los productores que el uso del glifosato pondrá en riesgo su salud y la de las personas que se encuentren en las zonas de influencia.
Difundir estos datos es importante para buscar alternativas a este tipo de productos, porque existen.
Los estados también deben actuar y prohibir la fabricación, comercialización y utilización de productos tan tóxicos y dañinos para el medio ambiente y para las personas. Además deben hacerles asumir las responsabilidades a las empresas por las consecuencias que provocan sus productos ya que ellos se enriquecen, sabiendo que el uso de su producto no es seguro para las personas ni para el medio ambiente, publicó ambiente.net
Antecedentes judiciales
Indica el diario Página 12 de Argentina que el fallo fue emitido por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial (Sala II) de Santa Fe y ratifica la prohibición de las fumigaciones con glifosato en cercanías de zonas urbanas que había solicitado en marzo del año pasado.
Además, la Cámara ha invertido la carga de prueba y en lugar de solicitar a los damnificados que prueben su denuncia, ha pedido al gobierno de Santa Fe y a la Universidad Nacional del Litoral (UNL) que demuestren en el plazo de seis meses que el glifosato no es dañino para la salud.
Es decir: se ha fallado en favor de las personas y el ambiente en lugar de las compañías e intereses económicos.
La Cámara que emitió el fallo reconoció que tomar esta decisión fue complejo, entre otras cosas por las "controversias científicas, intereses económicos, presiones y contrapresiones de orden político y empresario" que rodean al asunto. Es que las empresas productoras de agroquímicos tienen enormes intereses en un país que depende de ellas para producir.
Destacan potencial eólico de la Argentina
Destacan potencial eólico de la Argentina
Fecha de Publicación: 20/02/2012
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Nacional
El Consejo Internacional de Energía Eólica plantea que el país tiene un “futuro promisorio”. Brasil y México encabezan el ranking de la región. Planes en Córdoba.
Gabriela Origlia | Especial para LA MAÑANA
La capacidad eólica instalada en Latinoamérica creció un 53,8% en 2010 y alcanzó los 2GW en total, según un informe del Consejo Internacional de Energía Eólica (GWEC). El mismo reporte identifica en particular a Argentina como un “promisorio mercado a futuro” para la industria de la generación eólica.
El trabajo destaca en particular que la empresa estatal Enarsa adjudicó contratos por proyectos eólicos con una capacidad combinada de 755Mw. Las iniciativas están enmarcadas en el programa Genren que plantea objetivos sobre renovables de cara al 2016, cuando se espera que el ocho por ciento de la generación eléctrica sea cubierta por este tipo de fuentes.
Enarsa durante 2010 realizó dos licitaciones y, en ese marco, recibió 32 propuestas de nuevos parques eólicos. Las adjudicatarias deberán afrontar las obras con recursos y financiamiento propios y, a cambio, el Estado les garantiza la compra de energía por 15 años con tarifas dolarizadas. Ese esquema les permitirá a las compañías recuperar las inversiones y embolsar una utilidad razonable.
En junio, en la primera licitación, se adjudicaron 754 Mw para generación eólica concentrados en cuatro empresas, tres nacionales y una subsidiaria de un holding español. Dominan el escenario Emgasud Renovables con 300 Mw (incluyendo las tres nuevas empresas del holding: Energías Sustentables, International New Energies y Patagonia Wind Energy SA), Isolux con 200 Mw, Impsa (grupo Pescarmona) con 155 Mw y Sogesic con 99 Mw. En la licitación de setiembre se sumaron ofertas por otros 215 Mw. Las ofertas se reparten entre las provincias de Santa Cruz, Chubut, La Rioja, Neuquén, Mendoza, La Rioja y Buenos Aires.
Los especialistas interpretan estos procesos como señales sobre las posibilidades concretas que se abren para el desarrollo eólico en Argentina, a la vez que también evidencia las dificultades que aún deben resolverse para que el potencial se desarrolle.
Lo más importante de las licitaciones se relaciona con los precios, ya que la modalidad de la oferta se basó en la tarifa ofrecida por las empresas participantes. Esa tarifa, expresada en dólares y sin las regulaciones que hoy alcanzan al mercado eléctrico en particular y energético en general, posibilitaron prever el recupero de la inversión en los parques y la rentabilidad estipulada por las compañías.
Córdoba
En Córdoba se han realizado estudios para determinar un mapa de vientos y hay potencial. Por ahora, en firme existe un proyecto para Morteros para el que se firmó una carta de intención entre la Cooperativa de Servicios Públicos de la localidad, Generadora Córdoba (Gecor) y el Grupo Minero Aconcagua.
Por otro lado, y con una inversión prevista de entre 60 y 70 millones de dólares, Electroingeniería estudia las condiciones en Río Cuarto para levantar un parque eólico que genere 25Mw y aporte al Sistema Interconectado Nacional.
Fecha de Publicación: 20/02/2012
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Nacional
El Consejo Internacional de Energía Eólica plantea que el país tiene un “futuro promisorio”. Brasil y México encabezan el ranking de la región. Planes en Córdoba.
Gabriela Origlia | Especial para LA MAÑANA
La capacidad eólica instalada en Latinoamérica creció un 53,8% en 2010 y alcanzó los 2GW en total, según un informe del Consejo Internacional de Energía Eólica (GWEC). El mismo reporte identifica en particular a Argentina como un “promisorio mercado a futuro” para la industria de la generación eólica.
El trabajo destaca en particular que la empresa estatal Enarsa adjudicó contratos por proyectos eólicos con una capacidad combinada de 755Mw. Las iniciativas están enmarcadas en el programa Genren que plantea objetivos sobre renovables de cara al 2016, cuando se espera que el ocho por ciento de la generación eléctrica sea cubierta por este tipo de fuentes.
Enarsa durante 2010 realizó dos licitaciones y, en ese marco, recibió 32 propuestas de nuevos parques eólicos. Las adjudicatarias deberán afrontar las obras con recursos y financiamiento propios y, a cambio, el Estado les garantiza la compra de energía por 15 años con tarifas dolarizadas. Ese esquema les permitirá a las compañías recuperar las inversiones y embolsar una utilidad razonable.
En junio, en la primera licitación, se adjudicaron 754 Mw para generación eólica concentrados en cuatro empresas, tres nacionales y una subsidiaria de un holding español. Dominan el escenario Emgasud Renovables con 300 Mw (incluyendo las tres nuevas empresas del holding: Energías Sustentables, International New Energies y Patagonia Wind Energy SA), Isolux con 200 Mw, Impsa (grupo Pescarmona) con 155 Mw y Sogesic con 99 Mw. En la licitación de setiembre se sumaron ofertas por otros 215 Mw. Las ofertas se reparten entre las provincias de Santa Cruz, Chubut, La Rioja, Neuquén, Mendoza, La Rioja y Buenos Aires.
Los especialistas interpretan estos procesos como señales sobre las posibilidades concretas que se abren para el desarrollo eólico en Argentina, a la vez que también evidencia las dificultades que aún deben resolverse para que el potencial se desarrolle.
Lo más importante de las licitaciones se relaciona con los precios, ya que la modalidad de la oferta se basó en la tarifa ofrecida por las empresas participantes. Esa tarifa, expresada en dólares y sin las regulaciones que hoy alcanzan al mercado eléctrico en particular y energético en general, posibilitaron prever el recupero de la inversión en los parques y la rentabilidad estipulada por las compañías.
Córdoba
En Córdoba se han realizado estudios para determinar un mapa de vientos y hay potencial. Por ahora, en firme existe un proyecto para Morteros para el que se firmó una carta de intención entre la Cooperativa de Servicios Públicos de la localidad, Generadora Córdoba (Gecor) y el Grupo Minero Aconcagua.
Por otro lado, y con una inversión prevista de entre 60 y 70 millones de dólares, Electroingeniería estudia las condiciones en Río Cuarto para levantar un parque eólico que genere 25Mw y aporte al Sistema Interconectado Nacional.
Las razones de la minería
Las razones de la minería
Fecha de Publicación: 19/02/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Por José Natanson - Director de Le Monde diplomatique, Edición Cono Sur.
Africa, partes de Asia y América latina viven con tensiones el boom extractivo, que cambió de métodos y alimenta un mercado voraz. De la mano de las inversiones llegan los conflictos políticos y medioambientales
La minería atraviesa un período de auge mundial que se explica por varias razones. La primera son las innovaciones tecnológicas, que hoy permiten explotar minerales dispersos en áreas relativamente amplias, superando así el agotamiento de la tradicional explotación de veta. La segunda es la escalada de precios resultante de la voracidad de algunos países emergentes en procesos de intensa industrialización, en particular China, que hoy consume el 46 por ciento del acero, el 40 por ciento del cobre y el 50 por ciento del carbón que se produce en el mundo, lo que la ha convertido en lo que los economistas, esos virtuosos del lenguaje, definen como un monopsonio (un actor económico que logra controlar el mercado por su capacidad de consumo, algo así como un monopolio de la demanda). Además, la debacle de los mercados financieros convencionales disparada por la crisis mundial de 2008-2011 llevó a muchos especuladores a refugiarse en las materias primas, lo que también contribuyó a aumentar sus precios.
Junto con Africa y algunas zonas de Asia, América del Sur es una de las regiones más ricas en minerales del planeta. En los últimos años, casi todos los países han visto una expansión acelerada de la actividad. En Brasil, por ejemplo, la producción de bauxita pasó de 19,3 millones de toneladas en 2003 a 29 millones en 2010, mientras que la de hierro creció de 263,7 a 370 millones de toneladas. En Perú, que hoy lidera el ranking minero de la región, las exportaciones totales registraron en 2011 el record de 45.726 millones de dólares, lo que representó un incremento de 28 por ciento en comparación al año anterior: de ellas, el 58 por ciento son minerales. Las exportaciones mineras provenientes del Mercosur ampliado pasaron de 13 mil millones de dólares en 2003 a 42 mil millones en 2009 (todos datos de la Cepal).
El investigador uruguayo Eduardo Gudynas, muy crítico con el auge de la minería y las condiciones sociales y ambientales en las que se desarrolla, distingue sin embargo diferentes realidades (“Estado compensador y nuevos extractivismos”, revista Nueva Sociedad Nº 237).
Para Gudynas, países como Perú y Colombia practican un extractivismo clásico, en el cual las empresas trasnacionales de-sempeñan un rol centralísimo, con escasos o nulos controles estatales, mientras que otros países han intentado esquemas más o menos articulados, más o menos efectivos, que tienden a incrementar el papel regulador al Estado y aumentar los porcentajes de apropiación de la renta minera, ya sea mediante la creación de joint ventures (contratos de riesgo compartido) entre empresas nacionales y extranjeras, como en Bolivia, donde la Korea Resource se asoció con la Corporación Minera, sea a través de la creación de empresas estatales, como en Catamarca o Santa Cruz, o vía la imposición de nuevos tributos, como las retenciones argentinas o ecuatorianas.
Gudynas aclara que nada de esto modifica la inserción subordinada en la economía mundial de los países sudamericanos, que siguen siendo “tomadores de precios” y que se han mostrado incapaces de coordinar entre sí estrategias conjuntas al estilo de las potencias petroleras reunidas en la OPEP. Al final, las pulsiones del boom minero resultan tan irresistibles como las de la soja y condenan a los países de la región a su rol de exportadores de productos con escaso valor agregado, un problema no por conocido menos real y que ha sido retratado infinidad de veces, por ejemplo, por el padre del cine boliviano, Jorge Ruiz, en un documental cuyo título lo dice todo: Un poquito de diversificación económica.
En este contexto, decir que los gobernadores cordilleranos argentinos son “gobernadores mineros” es tan correcto como afirmar que Evo Morales u Ollanta Humala son “presidentes mineros”. Todos ellos enfrentan la resistencia de las comunidades locales al desarrollo de algunos de estos proyectos, como sucedió con el plan de la empresa australiana Republic Gold Limited para invertir 59 millones de dólares en la mina de oro Amayapampa, en el suroeste de Bolivia, o con el proyecto aurífero Conga, en Perú. En Bolivia, el intento de construir una carretera para unir las regiones de Cochabamba y Beni a través del Parque del Territorio Indígena Isiboro Sécure generó el rechazo de las comunidades que lo habitan, quienes fueron ferozmente reprimidas por la policía, a punto tal que Evo Morales tuvo que cambiar medio gabinete y anunciar la suspensión del proyecto.
La significación económica que ha adquirido la minería ayuda a entender por qué líderes como Lula o Evo, que difícilmente puedan ser calificados como conservadores, insisten con ella. No tanto por la capacidad de los emprendimientos mineros de crear trabajo o articularse virtuosamente con otras actividades económicas, pues en general funcionan como enclaves bastante cerrados, pero sí por su impacto en las exportaciones, con sus cruciales efectos en la balanza comercial de economías siempre sedientas de divisas, y como vía para incrementar los recursos fiscales, a través de la apropiación de un porcentaje variable de la renta minera.
Si se mira bien, esto es lo que está sucediendo en Argentina, donde la minería contribuye a fortalecer las cuentas fiscales de provincias con entramados productivos muy frágiles, como Catamarca o La Rioja o San Juan, y a mejorar la balanza comercial: se calculan unos 4 mil millones de dólares de exportaciones mineras en 2011 y, lo que es todavía más importante, con tendencia creciente (aunque, claro, debido a cargas tributarias comparativamente más bajas que las que pesan sobre, por ejemplo, la soja). En todo caso, la minería alimenta las exportaciones en un momento en el que ha reaparecido, aunque moderada, la temible “restricción externa”, que tantos problemas ocasionó a la economía argentina en el pasado. Y no sólo aquí. En Brasil, donde el gobierno acaba de anunciar un fabuloso ajuste fiscal, la minería constituye un rubro importante de exportación (la compañía brasileña Vale Do Rio Doce es de hecho la segunda minera más importante ¡del mundo!).
Como tantas otras cosas, el debate un poco exasperante que se vive hoy en Argentina es la versión local de una tendencia más amplia. Sin meterme en la cuestión de fondo (¿contamina la minería?, ¿crea progreso o es una garantía de expoliación y atraso?), creo que vale la pena revisarlo desde un punto de vista más político.
Puede ser hasta obvio decirlo, pero en medio de una discusión estridente, en la que algunos medios insospechados de sensibilidad ambiental se han vuelto ecologistas furiosos, quizá sea necesario: los gobernadores cordilleranos que apuestan a los emprendimientos mineros acaban de ser revalidados popularmente con porcentajes en algunos casos altísimos de votos. Con todo su cianuro, José Luis Gioja se impuso, hace apenas dos meses, con casi el 70 por ciento de los sufragios. ¿Quiere decir esto que Gioja tiene razón, o que los sanjuaninos no se equivocaron al votarlo? Ciertamente no: la idea de que el pueblo siempre tiene la razón es una pavada galáctica, desmentida por la historia cientos de veces. Aparte del hecho de que “razón” significa poco en política, no prueba nada, salvo tal vez una cosa: los sanjuaninos creen que es el hombre más adecuado para manejar su provincia, lo que al menos podría invitar a los analistas porteños a preguntarnos por los motivos de esta adhesión, y a explorar con cuidado temas fundamentales pero olímpicamente obviados en el debate actual, como la relación entre minas y votos, que es la relación entre ecología y democracia.
Una pista interesante en este sentido es la sugerida por Mario Wainfeld: “la licencia social”, es decir, la aprobación de las poblaciones involucradas a través de mecanismos como plebiscitos o referéndums, como condición para la realización de los proyectos mineros. Este tipo de consultas ayudarían a generar un debate amplio acerca de las ventajas y desventajas de los emprendimientos y permitirían definir situaciones trabadas de manera democrática. El problema, me parece, surge cuando se hila más fino y se avanza en cuestiones de implementación, la primera de las cuales es el alcance. ¿Quiénes deberían votar? ¿Los habitantes de la ciudad de Famatina? ¿Los del departamento? ¿O todos los riojanos, que tras la reforma constitucional del ’94 se convirtieron en los únicos propietarios de su subsuelo? No hace falta ser Artemio López para adivinar que el resultado variaría sustancialmente.
En Argentina hay unos pocos ejemplos de consultas populares: el plebiscito por el Beagle en 1984 y, más acá en el tiempo, el rechazo cerrado (81 por ciento) de los habitantes de Esquel a un proyecto minero y la negativa de los misioneros (89 por ciento) a la construcción de la represa de Corpus Cristi. En los últimos tiempos, América latina ha construido una breve pero intensa experiencia en este sentido, aunque en general relacionada con reformas constitucionales y revocatorias presidenciales, como en Venezuela, Bolivia y Ecuador. El método, en todo caso, ha sido probado, y de hecho Evo Morales sugirió una consulta popular para zanjar el diferendo de la carretera y Pepe Mujica mencionó la posibilidad de realizar un plebiscito en la disputa por la minera de Aratirí. Curiosamente, en el caso de Gualeguaychú, que la socióloga Maristella Svampa ha definido como el “símbolo de la resistencia socioambiental asamblearia”, la Asamblea de vecinos se negó siempre a aceptar la resolución vía plebiscito, como propuso en su momento el gobernador Jorge Busti. Es el problema de los métodos de la democracia institucional, por más directa que sea: quienes se someten a ellos están obligados a acatar el resultado, sea cual fuere.
Debate
Por Alfredo Zaiat
El debate sobre la minería ha adquirido mayor complejidad porque durante años las multinacionales dispusieron una política de ocultamiento de su actividad en el área de explotación. También por la subordinación de los poderes político y judicial provinciales a los intereses de esas megacompañías. Y por el silencio que cubrió las protestas y represiones a pobladores de esas zonas durante años, con muy pocas excepciones, entre ellas la de este diario. El kirchnerismo se ha sentido cómodo en ese marco de negocios de las mineras, incluso ha impulsado con énfasis esas inversiones. Ante las fuertes restricciones legales para implementar cambios profundos en el generoso esquema de promoción diseñado en los noventa, sólo pudo avanzar con fijar retenciones a las exportaciones del 5 al 10 por ciento, medida que algunas mineras resisten en la Justicia, y, desde noviembre pasado, con obligarlas a liquidar los dólares de sus ventas al exterior en el mercado local. Y en el marco de redefinición de la política de subsidios, le retiraron los que gozaban para la electricidad. Ahora también ha alentado la unión de las provincias mineras para unificar estrategias ante el poder de las mineras. El aspecto ambiental de la minería es relevante, como lo es también el de la producción sojera, petrolera, química, de curtiembres, petroquímica, y de toda industria. Concentrar el tema minero exclusivamente en la contaminación, cuando toda intervención humana en la naturaleza altera el ecosistema y cuando la actual fase del capitalismo transita el estadio del consumismo extremo, debilita y restringe el debate. La cuestión de la minería adquiere mayor densidad cuando se aborda además la articulación del poder económico, la apropiación de rentas de recursos estratégicos no renovables, la distribución del excedente y el perfil de especialización productivo.
A diferencia de Chile, país con el que se comparte la cordillera rica en recursos mineros, Argentina no tenía una historia importante en la actividad, excepto la de Yacimientos Carboníferos Fiscales. Sin antecedentes, en la formación de suficientes cuadros técnicos ni en inversiones de magnitud en la exploración, como lo hubo en el área de hidrocarburos con YPF desde las primeras décadas del siglo pasado, en la primera mitad de los ’90 se diseñó un cuadro normativo para el desembarco de las grandes compañías mineras, que traían los dólares y el conocimiento para comenzar la explotación, ya no con la tecnología antigua del socavón, que arrasa por dentro a la montaña, sino con la de cielo abierto, que directamente la dinamita.
El actual modelo minero fue estructurado con el acuerdo federal minero, con el Código Minero y con la reforma constitucional del ’94, que en su artículo 124 dispone que les corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Esto último ha provocado una grieta difícil de reparar para instrumentar una administración nacional e integral de las riquezas hidrocarburíferas y mineras.
Ese marco legal facilitó el desarrollo de lo que se denomina “economía de enclave”: ingresan capitales del exterior para explotar ricos yacimientos mineros, realizan millonarias inversiones, pagan una muy baja proporción de impuestos en relación a su giro (por ejemplo, están exentos del impuesto al cheque, a los combustibles), tienen estabilidad fiscal por treinta años y gozan de un régimen de importación sin aranceles. Las regalías abonadas a las provincias son bajas (de 2,5 a 4,0 por ciento en boca de mina), pero a la vez esos recursos son muy importantes para las finanzas de esos gobiernos. Esta dependencia fiscal explica la defensa férrea que legisladores y gobernadores de provincias mineras realizan de esa actividad.
Para eludir las restricciones de ese marco legal, que además se refuerza con los Tratados Bilaterales de Inversión que implicaron la pérdida de la jurisdicción nacional a manos del tribunal internacional Caidi-Banco Mundial, se ha empezado a evaluar, aunque en forma incipiente, la participación del Estado, nacional y provincial, a través de empresas públicas en emprendimientos mineros. De esa forma, parte de la renta extraordinaria minera podría ser apropiada por toda la sociedad.
En esa misma línea, el Gobierno podría alentar en el Congreso la modificación del esquema regulatorio de la minería, aunque todavía no ha manifestado esa voluntad política. Esos cambios legislativos no alterarían los proyectos en curso por la existencia de derechos adquiridos, pero establecerían, para futuros emprendimientos, normas equilibradas entre el interés privado y el desarrollo nacional. Como la renta minera es generosa, en un contexto internacional de alza estructural de los precios de esas materias primas, las corporaciones mineras primero rechazarían esos cambios alertando por una caída de las inversiones, pero se sabe por otros antecedentes, pasados y recientes, que finalmente las realizarán –incluso asociadas con el Estado– por las abundantes riquezas escondidas en cerros y montañas.
Desde que se inició la minería en gran escala hace poco más de quince años, la actividad tuvo un crecimiento exponencial. Hay actualmente doce grandes proyectos en operación, tres en construcción y 340 “prospectos” en diversas etapas de desarrollo para extraer diversos minerales. Entre 1998 y 2009, la participación de la minería en el PBI saltó del 1,5 al 4,5 por ciento. Podría alcanzar el 6,0 por ciento cuando dentro de poco entre en funcionamiento el gigante Pascua-Lama, un emprendimiento binacional argentino-chileno en San Juan que tiene reservas de 18 millones de onzas de oro, de acuerdo a la información difundida a la prensa.
La secretaria de Minería de la Nación estima que existen 2,3 millones de kilómetros cuadrados con potencial geológico apto para el desarrollo minero. El tipo de explotación de recursos naturales, su destino y la forma de apropiación de sus rentas extraordinarias son cuestiones clave del desarrollo. Del mismo modo que la tierra forma parte del bien común de toda la sociedad, los minerales ocultos que contiene la cordillera también son riquezas que forman parte del patrimonio colectivo. Esto implica que la intervención de las multinacionales en ambas actividades (minería y agro) no tiene diferencias porque el patrón extractivo es similar. En clave medioambiental, el cianuro y el glifosato aplicados sin controles y en forma desaprensiva provocan daños irreparables. Y en términos económicos, la necesidad de avanzar sobre la renta minera es tan relevante como la captura social a través del Estado de la renta sojera mediante retenciones. Por eso en este debate resulta orientador encontrar respuestas a lo siguiente: ¿cuál es la tasa de ganancia “normal” en esas explotaciones?; ¿shocks extraodinarios que disparan al alza el precio del mineral extraído no cambian las condiciones de la explotación fijadas por el Estado?; ¿cuál es el beneficio para la sociedad de poseer una inmensa riqueza natural, de cuyos frutos disfruta muy poco y sólo los recibe vía impuestos y empleos?; ¿cuál es la prudente estrategia financiera y de acumulación de reservas de un país con ricas áreas mineras donde se esconden abundantes reservas de oro?
Avanzar sobre esos interrogantes profundizaría el actual debate de la minería, para empezar a cuestionar el modelo de “economía de enclave”, que cuando agota el recurso natural es abandonada con consecuencias sociales y laborales. Ese patrón extractivo se supera cuando se diseñan políticas que incorporan a ese esquema productivo la elaboración local de las materias primas. En el caso de la minería, sería la etapa de procesamiento de los metales en refinerías. Esto exige fuertes desembolsos de dólares y mayores escalas, con demanda de trabajo de calidad al necesitar ingenieros, técnicos, investigadores. La tarea es construir los eslabonamientos necesarios entre recursos naturales, manufacturas y servicios. Incentivar así la innovación científico-técnica en cada uno articulándolos en torno de conglomerados productivos, incorporando a las pequeñas y medianas empresas, de modo que el impulso exportador refuerce la capacidad de arrastre sobre el resto de la economía y que los resultados de ese crecimiento se distribuyan con mayor igualdad. Este es el gran desafío de la actividad minera, como el de otras industrias extractivas, para ser parte del desarrollo nacional y no sólo un gran negocio para multinacionales.
Fecha de Publicación: 19/02/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Por José Natanson - Director de Le Monde diplomatique, Edición Cono Sur.
Africa, partes de Asia y América latina viven con tensiones el boom extractivo, que cambió de métodos y alimenta un mercado voraz. De la mano de las inversiones llegan los conflictos políticos y medioambientales
La minería atraviesa un período de auge mundial que se explica por varias razones. La primera son las innovaciones tecnológicas, que hoy permiten explotar minerales dispersos en áreas relativamente amplias, superando así el agotamiento de la tradicional explotación de veta. La segunda es la escalada de precios resultante de la voracidad de algunos países emergentes en procesos de intensa industrialización, en particular China, que hoy consume el 46 por ciento del acero, el 40 por ciento del cobre y el 50 por ciento del carbón que se produce en el mundo, lo que la ha convertido en lo que los economistas, esos virtuosos del lenguaje, definen como un monopsonio (un actor económico que logra controlar el mercado por su capacidad de consumo, algo así como un monopolio de la demanda). Además, la debacle de los mercados financieros convencionales disparada por la crisis mundial de 2008-2011 llevó a muchos especuladores a refugiarse en las materias primas, lo que también contribuyó a aumentar sus precios.
Junto con Africa y algunas zonas de Asia, América del Sur es una de las regiones más ricas en minerales del planeta. En los últimos años, casi todos los países han visto una expansión acelerada de la actividad. En Brasil, por ejemplo, la producción de bauxita pasó de 19,3 millones de toneladas en 2003 a 29 millones en 2010, mientras que la de hierro creció de 263,7 a 370 millones de toneladas. En Perú, que hoy lidera el ranking minero de la región, las exportaciones totales registraron en 2011 el record de 45.726 millones de dólares, lo que representó un incremento de 28 por ciento en comparación al año anterior: de ellas, el 58 por ciento son minerales. Las exportaciones mineras provenientes del Mercosur ampliado pasaron de 13 mil millones de dólares en 2003 a 42 mil millones en 2009 (todos datos de la Cepal).
El investigador uruguayo Eduardo Gudynas, muy crítico con el auge de la minería y las condiciones sociales y ambientales en las que se desarrolla, distingue sin embargo diferentes realidades (“Estado compensador y nuevos extractivismos”, revista Nueva Sociedad Nº 237).
Para Gudynas, países como Perú y Colombia practican un extractivismo clásico, en el cual las empresas trasnacionales de-sempeñan un rol centralísimo, con escasos o nulos controles estatales, mientras que otros países han intentado esquemas más o menos articulados, más o menos efectivos, que tienden a incrementar el papel regulador al Estado y aumentar los porcentajes de apropiación de la renta minera, ya sea mediante la creación de joint ventures (contratos de riesgo compartido) entre empresas nacionales y extranjeras, como en Bolivia, donde la Korea Resource se asoció con la Corporación Minera, sea a través de la creación de empresas estatales, como en Catamarca o Santa Cruz, o vía la imposición de nuevos tributos, como las retenciones argentinas o ecuatorianas.
Gudynas aclara que nada de esto modifica la inserción subordinada en la economía mundial de los países sudamericanos, que siguen siendo “tomadores de precios” y que se han mostrado incapaces de coordinar entre sí estrategias conjuntas al estilo de las potencias petroleras reunidas en la OPEP. Al final, las pulsiones del boom minero resultan tan irresistibles como las de la soja y condenan a los países de la región a su rol de exportadores de productos con escaso valor agregado, un problema no por conocido menos real y que ha sido retratado infinidad de veces, por ejemplo, por el padre del cine boliviano, Jorge Ruiz, en un documental cuyo título lo dice todo: Un poquito de diversificación económica.
En este contexto, decir que los gobernadores cordilleranos argentinos son “gobernadores mineros” es tan correcto como afirmar que Evo Morales u Ollanta Humala son “presidentes mineros”. Todos ellos enfrentan la resistencia de las comunidades locales al desarrollo de algunos de estos proyectos, como sucedió con el plan de la empresa australiana Republic Gold Limited para invertir 59 millones de dólares en la mina de oro Amayapampa, en el suroeste de Bolivia, o con el proyecto aurífero Conga, en Perú. En Bolivia, el intento de construir una carretera para unir las regiones de Cochabamba y Beni a través del Parque del Territorio Indígena Isiboro Sécure generó el rechazo de las comunidades que lo habitan, quienes fueron ferozmente reprimidas por la policía, a punto tal que Evo Morales tuvo que cambiar medio gabinete y anunciar la suspensión del proyecto.
La significación económica que ha adquirido la minería ayuda a entender por qué líderes como Lula o Evo, que difícilmente puedan ser calificados como conservadores, insisten con ella. No tanto por la capacidad de los emprendimientos mineros de crear trabajo o articularse virtuosamente con otras actividades económicas, pues en general funcionan como enclaves bastante cerrados, pero sí por su impacto en las exportaciones, con sus cruciales efectos en la balanza comercial de economías siempre sedientas de divisas, y como vía para incrementar los recursos fiscales, a través de la apropiación de un porcentaje variable de la renta minera.
Si se mira bien, esto es lo que está sucediendo en Argentina, donde la minería contribuye a fortalecer las cuentas fiscales de provincias con entramados productivos muy frágiles, como Catamarca o La Rioja o San Juan, y a mejorar la balanza comercial: se calculan unos 4 mil millones de dólares de exportaciones mineras en 2011 y, lo que es todavía más importante, con tendencia creciente (aunque, claro, debido a cargas tributarias comparativamente más bajas que las que pesan sobre, por ejemplo, la soja). En todo caso, la minería alimenta las exportaciones en un momento en el que ha reaparecido, aunque moderada, la temible “restricción externa”, que tantos problemas ocasionó a la economía argentina en el pasado. Y no sólo aquí. En Brasil, donde el gobierno acaba de anunciar un fabuloso ajuste fiscal, la minería constituye un rubro importante de exportación (la compañía brasileña Vale Do Rio Doce es de hecho la segunda minera más importante ¡del mundo!).
Como tantas otras cosas, el debate un poco exasperante que se vive hoy en Argentina es la versión local de una tendencia más amplia. Sin meterme en la cuestión de fondo (¿contamina la minería?, ¿crea progreso o es una garantía de expoliación y atraso?), creo que vale la pena revisarlo desde un punto de vista más político.
Puede ser hasta obvio decirlo, pero en medio de una discusión estridente, en la que algunos medios insospechados de sensibilidad ambiental se han vuelto ecologistas furiosos, quizá sea necesario: los gobernadores cordilleranos que apuestan a los emprendimientos mineros acaban de ser revalidados popularmente con porcentajes en algunos casos altísimos de votos. Con todo su cianuro, José Luis Gioja se impuso, hace apenas dos meses, con casi el 70 por ciento de los sufragios. ¿Quiere decir esto que Gioja tiene razón, o que los sanjuaninos no se equivocaron al votarlo? Ciertamente no: la idea de que el pueblo siempre tiene la razón es una pavada galáctica, desmentida por la historia cientos de veces. Aparte del hecho de que “razón” significa poco en política, no prueba nada, salvo tal vez una cosa: los sanjuaninos creen que es el hombre más adecuado para manejar su provincia, lo que al menos podría invitar a los analistas porteños a preguntarnos por los motivos de esta adhesión, y a explorar con cuidado temas fundamentales pero olímpicamente obviados en el debate actual, como la relación entre minas y votos, que es la relación entre ecología y democracia.
Una pista interesante en este sentido es la sugerida por Mario Wainfeld: “la licencia social”, es decir, la aprobación de las poblaciones involucradas a través de mecanismos como plebiscitos o referéndums, como condición para la realización de los proyectos mineros. Este tipo de consultas ayudarían a generar un debate amplio acerca de las ventajas y desventajas de los emprendimientos y permitirían definir situaciones trabadas de manera democrática. El problema, me parece, surge cuando se hila más fino y se avanza en cuestiones de implementación, la primera de las cuales es el alcance. ¿Quiénes deberían votar? ¿Los habitantes de la ciudad de Famatina? ¿Los del departamento? ¿O todos los riojanos, que tras la reforma constitucional del ’94 se convirtieron en los únicos propietarios de su subsuelo? No hace falta ser Artemio López para adivinar que el resultado variaría sustancialmente.
En Argentina hay unos pocos ejemplos de consultas populares: el plebiscito por el Beagle en 1984 y, más acá en el tiempo, el rechazo cerrado (81 por ciento) de los habitantes de Esquel a un proyecto minero y la negativa de los misioneros (89 por ciento) a la construcción de la represa de Corpus Cristi. En los últimos tiempos, América latina ha construido una breve pero intensa experiencia en este sentido, aunque en general relacionada con reformas constitucionales y revocatorias presidenciales, como en Venezuela, Bolivia y Ecuador. El método, en todo caso, ha sido probado, y de hecho Evo Morales sugirió una consulta popular para zanjar el diferendo de la carretera y Pepe Mujica mencionó la posibilidad de realizar un plebiscito en la disputa por la minera de Aratirí. Curiosamente, en el caso de Gualeguaychú, que la socióloga Maristella Svampa ha definido como el “símbolo de la resistencia socioambiental asamblearia”, la Asamblea de vecinos se negó siempre a aceptar la resolución vía plebiscito, como propuso en su momento el gobernador Jorge Busti. Es el problema de los métodos de la democracia institucional, por más directa que sea: quienes se someten a ellos están obligados a acatar el resultado, sea cual fuere.
Debate
Por Alfredo Zaiat
El debate sobre la minería ha adquirido mayor complejidad porque durante años las multinacionales dispusieron una política de ocultamiento de su actividad en el área de explotación. También por la subordinación de los poderes político y judicial provinciales a los intereses de esas megacompañías. Y por el silencio que cubrió las protestas y represiones a pobladores de esas zonas durante años, con muy pocas excepciones, entre ellas la de este diario. El kirchnerismo se ha sentido cómodo en ese marco de negocios de las mineras, incluso ha impulsado con énfasis esas inversiones. Ante las fuertes restricciones legales para implementar cambios profundos en el generoso esquema de promoción diseñado en los noventa, sólo pudo avanzar con fijar retenciones a las exportaciones del 5 al 10 por ciento, medida que algunas mineras resisten en la Justicia, y, desde noviembre pasado, con obligarlas a liquidar los dólares de sus ventas al exterior en el mercado local. Y en el marco de redefinición de la política de subsidios, le retiraron los que gozaban para la electricidad. Ahora también ha alentado la unión de las provincias mineras para unificar estrategias ante el poder de las mineras. El aspecto ambiental de la minería es relevante, como lo es también el de la producción sojera, petrolera, química, de curtiembres, petroquímica, y de toda industria. Concentrar el tema minero exclusivamente en la contaminación, cuando toda intervención humana en la naturaleza altera el ecosistema y cuando la actual fase del capitalismo transita el estadio del consumismo extremo, debilita y restringe el debate. La cuestión de la minería adquiere mayor densidad cuando se aborda además la articulación del poder económico, la apropiación de rentas de recursos estratégicos no renovables, la distribución del excedente y el perfil de especialización productivo.
A diferencia de Chile, país con el que se comparte la cordillera rica en recursos mineros, Argentina no tenía una historia importante en la actividad, excepto la de Yacimientos Carboníferos Fiscales. Sin antecedentes, en la formación de suficientes cuadros técnicos ni en inversiones de magnitud en la exploración, como lo hubo en el área de hidrocarburos con YPF desde las primeras décadas del siglo pasado, en la primera mitad de los ’90 se diseñó un cuadro normativo para el desembarco de las grandes compañías mineras, que traían los dólares y el conocimiento para comenzar la explotación, ya no con la tecnología antigua del socavón, que arrasa por dentro a la montaña, sino con la de cielo abierto, que directamente la dinamita.
El actual modelo minero fue estructurado con el acuerdo federal minero, con el Código Minero y con la reforma constitucional del ’94, que en su artículo 124 dispone que les corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Esto último ha provocado una grieta difícil de reparar para instrumentar una administración nacional e integral de las riquezas hidrocarburíferas y mineras.
Ese marco legal facilitó el desarrollo de lo que se denomina “economía de enclave”: ingresan capitales del exterior para explotar ricos yacimientos mineros, realizan millonarias inversiones, pagan una muy baja proporción de impuestos en relación a su giro (por ejemplo, están exentos del impuesto al cheque, a los combustibles), tienen estabilidad fiscal por treinta años y gozan de un régimen de importación sin aranceles. Las regalías abonadas a las provincias son bajas (de 2,5 a 4,0 por ciento en boca de mina), pero a la vez esos recursos son muy importantes para las finanzas de esos gobiernos. Esta dependencia fiscal explica la defensa férrea que legisladores y gobernadores de provincias mineras realizan de esa actividad.
Para eludir las restricciones de ese marco legal, que además se refuerza con los Tratados Bilaterales de Inversión que implicaron la pérdida de la jurisdicción nacional a manos del tribunal internacional Caidi-Banco Mundial, se ha empezado a evaluar, aunque en forma incipiente, la participación del Estado, nacional y provincial, a través de empresas públicas en emprendimientos mineros. De esa forma, parte de la renta extraordinaria minera podría ser apropiada por toda la sociedad.
En esa misma línea, el Gobierno podría alentar en el Congreso la modificación del esquema regulatorio de la minería, aunque todavía no ha manifestado esa voluntad política. Esos cambios legislativos no alterarían los proyectos en curso por la existencia de derechos adquiridos, pero establecerían, para futuros emprendimientos, normas equilibradas entre el interés privado y el desarrollo nacional. Como la renta minera es generosa, en un contexto internacional de alza estructural de los precios de esas materias primas, las corporaciones mineras primero rechazarían esos cambios alertando por una caída de las inversiones, pero se sabe por otros antecedentes, pasados y recientes, que finalmente las realizarán –incluso asociadas con el Estado– por las abundantes riquezas escondidas en cerros y montañas.
Desde que se inició la minería en gran escala hace poco más de quince años, la actividad tuvo un crecimiento exponencial. Hay actualmente doce grandes proyectos en operación, tres en construcción y 340 “prospectos” en diversas etapas de desarrollo para extraer diversos minerales. Entre 1998 y 2009, la participación de la minería en el PBI saltó del 1,5 al 4,5 por ciento. Podría alcanzar el 6,0 por ciento cuando dentro de poco entre en funcionamiento el gigante Pascua-Lama, un emprendimiento binacional argentino-chileno en San Juan que tiene reservas de 18 millones de onzas de oro, de acuerdo a la información difundida a la prensa.
La secretaria de Minería de la Nación estima que existen 2,3 millones de kilómetros cuadrados con potencial geológico apto para el desarrollo minero. El tipo de explotación de recursos naturales, su destino y la forma de apropiación de sus rentas extraordinarias son cuestiones clave del desarrollo. Del mismo modo que la tierra forma parte del bien común de toda la sociedad, los minerales ocultos que contiene la cordillera también son riquezas que forman parte del patrimonio colectivo. Esto implica que la intervención de las multinacionales en ambas actividades (minería y agro) no tiene diferencias porque el patrón extractivo es similar. En clave medioambiental, el cianuro y el glifosato aplicados sin controles y en forma desaprensiva provocan daños irreparables. Y en términos económicos, la necesidad de avanzar sobre la renta minera es tan relevante como la captura social a través del Estado de la renta sojera mediante retenciones. Por eso en este debate resulta orientador encontrar respuestas a lo siguiente: ¿cuál es la tasa de ganancia “normal” en esas explotaciones?; ¿shocks extraodinarios que disparan al alza el precio del mineral extraído no cambian las condiciones de la explotación fijadas por el Estado?; ¿cuál es el beneficio para la sociedad de poseer una inmensa riqueza natural, de cuyos frutos disfruta muy poco y sólo los recibe vía impuestos y empleos?; ¿cuál es la prudente estrategia financiera y de acumulación de reservas de un país con ricas áreas mineras donde se esconden abundantes reservas de oro?
Avanzar sobre esos interrogantes profundizaría el actual debate de la minería, para empezar a cuestionar el modelo de “economía de enclave”, que cuando agota el recurso natural es abandonada con consecuencias sociales y laborales. Ese patrón extractivo se supera cuando se diseñan políticas que incorporan a ese esquema productivo la elaboración local de las materias primas. En el caso de la minería, sería la etapa de procesamiento de los metales en refinerías. Esto exige fuertes desembolsos de dólares y mayores escalas, con demanda de trabajo de calidad al necesitar ingenieros, técnicos, investigadores. La tarea es construir los eslabonamientos necesarios entre recursos naturales, manufacturas y servicios. Incentivar así la innovación científico-técnica en cada uno articulándolos en torno de conglomerados productivos, incorporando a las pequeñas y medianas empresas, de modo que el impulso exportador refuerce la capacidad de arrastre sobre el resto de la economía y que los resultados de ese crecimiento se distribuyan con mayor igualdad. Este es el gran desafío de la actividad minera, como el de otras industrias extractivas, para ser parte del desarrollo nacional y no sólo un gran negocio para multinacionales.
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