Entre Ríos: el desafío de preservar sus bosques
15:33 | 
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Eco Sitio |
Entre Ríos, ante el desafío de preservar sus bosques
Fecha de Publicación: 12/01/2011
Fuente: El Diario de Paraná
Provincia/Región: Entre Ríos
Este 2011 que apenas comienza, fue declarado Año Internacional de los Bosques, por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Conmemoración que resultará útil para tomar conciencia de que los bosques son parte integrante del desarrollo sostenible del planeta debido a los beneficios económicos, socioculturales y ambientales que proporcionan.
En Entre Ríos, hay bastante por hacer a la hora de resguardar este medio natural, según alertan diversas voces ambientalistas locales. Ellos son los primeros en traer a colación los datos expresados en el último informe oficial (2007) firmado entre otros, por el actual director de Recursos Naturales de la provincia, Conrado González, documento en el que se informaba de una creciente tendencia –aún vigente– al desmonte de suelos entrerrianos, por la zona de Feliciano, Federal, Paraná, Villaguay, Tala o La Paz.
“Debido a la mejora internacional de los precios de los granos en los últimos años, se ha incrementado la superficie destinada a la agricultura, recurriendo a la práctica del desmonte, en la mayoría de los casos sin planificación previa del uso y manejo de las tierras”, comenzaba aquél informe presentado oficialmente, ante un pedido formal realizado por la ONG M’ Biguá, de Paraná.
Desde la organización M’ Biguá, Ciudadanía y Justicia Ambiental, de Paraná, por caso, han participado de la Mesa de Bosques Nativos, “constituida a partir de acuerdos realizados en virtud de la sentencia judicial que frenó el desmonte en la provincia, recién en diciembre ha logrado un borrador de texto de ordenamiento, complementario a la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección de los Bosques Nativos”, explicó Diego Rodríguez, director ejecutivo de esta ONG, para quien la situación en la provincia, se plantea no menos que preocupante.
De acuerdo a lo explicado por Rodríguez, este proyecto normativo debe pasar por la Legislatura para convertirse en ley, hecho que no sucederá sino hasta cuando se abran las próximas sesiones ordinarias de las Cámaras. Pero en paralelo, “existen numerosas denuncias por desmontes que no cuentan con la rápida y eficaz respuesta de las autoridades de aplicación”, cuestionó Rodríguez.
En opinión de este ambientalista, en la provincia hay algunas trabas cuando hay que empezar a discutir y ordenar territorialmente los bosques nativos. Asimismo, un aspecto positivo sobre la situación de los bosques en la región, está dado por “los acuerdos suscriptos por Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires y Nación en el marco del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible (Piecas) para el Delta, en donde existe mucha selva paranaense considerada también bosque nativo y que representa una gran parte de la superficie boscosa de la provincia, significan un aspecto positivo. De estos acuerdos surge un fortalecimiento del plan de manejo del fuego en Entre Ríos que es muy útil para la detección temprana de actividades de deforestación”, resaltó.
Se necesita “de una norma de coordinación y mejoramiento de las actividades de contralor con las que aún no contamos”, remató Rodríguez y agregó: “Sin estos elementos es muy probable que nos enfrentemos a una situación como la actual en donde no es posible garantizar el sostenimiento del recurso”.
En tanto desde la Fundación Eco Urbano, comparten la misma preocupación y entienden que el panorama de los bosques y montes nativos en la Provincia “es muy delicado y está relacionado a la presión y avance notable de la frontera y producción agrícola. En la última década, el fenómeno de expansión del monocultivo de la soja ha impactado en la superficie de montes nativos entrerrianos, principalmente en los departamentos de Feliciano, Federal, La Paz, Tala y Nogoyá”.
Arrasar tanta superficie verde, tiene graves consecuencias para el planeta, es sabido. Los integrantes de Eco Urbano, explican algunos de los problemas que acarrea la deforestación. Pues los bosques “ayudan a mantener el equilibrio ecológico y la biodiversidad, limitan la erosión en las cuencas hidrográficas e influyen en las variaciones del tiempo y en el clima y abastecen a las comunidades rurales de diversos productos, como la madera, alimentos, combustible, forrajes, fibras o fertilizantes orgánicos. La deforestación implica la desaparición de especies animales y vegetales, debido a la pérdida de su hábitat. Incide negativamente en la conservación del agua, originando inundaciones o sequías”.
La estrategia por delante, de esta ONG, es reforzar la información ligada al tema, desde los espacios en televisión, radio y principalmente Internet con que cuenta esta Fundación, así como iniciar “acciones para sensibilizar a los diferentes actores y lograr una mayor conciencia social sobre esta situación en el contexto del fenómeno de la crisis climática”.
En la actualidad, las tensiones que se producen entre sustentabilidad y negocio global, atentan contra la mirada de ecologistas. “El gran desafío es cómo transitar hacia un modelo de desarrollo que asegure la provincia deseada por todos los actores y sectores, y genere condiciones de inclusión social, alto valor agregado en producciones diversificadas y a la vez aumente el capital social, producto de la articulación y el fortalecimiento de las políticas públicas”, subrayaron desde Eco Urbano.
Fecha de Publicación: 12/01/2011
Fuente: El Diario de Paraná
Provincia/Región: Entre Ríos
Este 2011 que apenas comienza, fue declarado Año Internacional de los Bosques, por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Conmemoración que resultará útil para tomar conciencia de que los bosques son parte integrante del desarrollo sostenible del planeta debido a los beneficios económicos, socioculturales y ambientales que proporcionan.
En Entre Ríos, hay bastante por hacer a la hora de resguardar este medio natural, según alertan diversas voces ambientalistas locales. Ellos son los primeros en traer a colación los datos expresados en el último informe oficial (2007) firmado entre otros, por el actual director de Recursos Naturales de la provincia, Conrado González, documento en el que se informaba de una creciente tendencia –aún vigente– al desmonte de suelos entrerrianos, por la zona de Feliciano, Federal, Paraná, Villaguay, Tala o La Paz.
“Debido a la mejora internacional de los precios de los granos en los últimos años, se ha incrementado la superficie destinada a la agricultura, recurriendo a la práctica del desmonte, en la mayoría de los casos sin planificación previa del uso y manejo de las tierras”, comenzaba aquél informe presentado oficialmente, ante un pedido formal realizado por la ONG M’ Biguá, de Paraná.
Desde la organización M’ Biguá, Ciudadanía y Justicia Ambiental, de Paraná, por caso, han participado de la Mesa de Bosques Nativos, “constituida a partir de acuerdos realizados en virtud de la sentencia judicial que frenó el desmonte en la provincia, recién en diciembre ha logrado un borrador de texto de ordenamiento, complementario a la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección de los Bosques Nativos”, explicó Diego Rodríguez, director ejecutivo de esta ONG, para quien la situación en la provincia, se plantea no menos que preocupante.
De acuerdo a lo explicado por Rodríguez, este proyecto normativo debe pasar por la Legislatura para convertirse en ley, hecho que no sucederá sino hasta cuando se abran las próximas sesiones ordinarias de las Cámaras. Pero en paralelo, “existen numerosas denuncias por desmontes que no cuentan con la rápida y eficaz respuesta de las autoridades de aplicación”, cuestionó Rodríguez.
En opinión de este ambientalista, en la provincia hay algunas trabas cuando hay que empezar a discutir y ordenar territorialmente los bosques nativos. Asimismo, un aspecto positivo sobre la situación de los bosques en la región, está dado por “los acuerdos suscriptos por Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires y Nación en el marco del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible (Piecas) para el Delta, en donde existe mucha selva paranaense considerada también bosque nativo y que representa una gran parte de la superficie boscosa de la provincia, significan un aspecto positivo. De estos acuerdos surge un fortalecimiento del plan de manejo del fuego en Entre Ríos que es muy útil para la detección temprana de actividades de deforestación”, resaltó.
Se necesita “de una norma de coordinación y mejoramiento de las actividades de contralor con las que aún no contamos”, remató Rodríguez y agregó: “Sin estos elementos es muy probable que nos enfrentemos a una situación como la actual en donde no es posible garantizar el sostenimiento del recurso”.
En tanto desde la Fundación Eco Urbano, comparten la misma preocupación y entienden que el panorama de los bosques y montes nativos en la Provincia “es muy delicado y está relacionado a la presión y avance notable de la frontera y producción agrícola. En la última década, el fenómeno de expansión del monocultivo de la soja ha impactado en la superficie de montes nativos entrerrianos, principalmente en los departamentos de Feliciano, Federal, La Paz, Tala y Nogoyá”.
Arrasar tanta superficie verde, tiene graves consecuencias para el planeta, es sabido. Los integrantes de Eco Urbano, explican algunos de los problemas que acarrea la deforestación. Pues los bosques “ayudan a mantener el equilibrio ecológico y la biodiversidad, limitan la erosión en las cuencas hidrográficas e influyen en las variaciones del tiempo y en el clima y abastecen a las comunidades rurales de diversos productos, como la madera, alimentos, combustible, forrajes, fibras o fertilizantes orgánicos. La deforestación implica la desaparición de especies animales y vegetales, debido a la pérdida de su hábitat. Incide negativamente en la conservación del agua, originando inundaciones o sequías”.
La estrategia por delante, de esta ONG, es reforzar la información ligada al tema, desde los espacios en televisión, radio y principalmente Internet con que cuenta esta Fundación, así como iniciar “acciones para sensibilizar a los diferentes actores y lograr una mayor conciencia social sobre esta situación en el contexto del fenómeno de la crisis climática”.
En la actualidad, las tensiones que se producen entre sustentabilidad y negocio global, atentan contra la mirada de ecologistas. “El gran desafío es cómo transitar hacia un modelo de desarrollo que asegure la provincia deseada por todos los actores y sectores, y genere condiciones de inclusión social, alto valor agregado en producciones diversificadas y a la vez aumente el capital social, producto de la articulación y el fortalecimiento de las políticas públicas”, subrayaron desde Eco Urbano.
Botnia: preocupación por los efluentes
Expresan "preocupación" por el tratamiento de efluentes de la ex Botnia
Fecha de Publicación: 11/01/2011
Fuente: La Voz del Interior
La delegación argentina de la Comisión Administradora del Río Uruguay (Caru) expresó al gobierno uruguayo su "profunda preocupación" porque la pastera UPM-Botnia de Fray Bentos está utilizando un método "prohibido" para el tratamiento de sus efluentes industriales y, además, planea eliminarlos en el futuro junto con los desechos cloacales de esa ciudad.
La inquietud y el reclamo para que se revierta esa situación fue trasmitido por nota por el titular de la delegación argentina ante la Caru, Hernán Orduna, al actual presidente de la Comisión, el uruguayo Gastón Silbermann, el pasado 24 de noviembre.
En la carta se precisó que la irregularidad fue detectada por los científicos argentinos el 6 de octubre último cuando, junto a sus pares del vecino país encargados del monitoreo del río compartido, ingresaron por primera vez a la cuestionada planta finlandesa.
La carta de Orduna fue publicada en las últimas horas en el sitio oficial de la Cancillería argentina.
El delegado argentino manifestó a su contraparte uruguaya la "profunda preocupación frente a la grave constatación de que la planta de UPM-Botnia está utilizando el método de la dilución en el sistema de tratamiento de sus efluentes industriales, lo que se encuentra terminantemente prohibido por la propia normativa uruguaya", aseguró.
Además, la delegación argentina ante la CARU pidió explicaciones a Uruguay porque "se observa que la planta de UPM-Botnia ha expresado la intención de tratar de forma conjunta sus efluentes industriales con los efluentes cloacales de la ciudad de Fray Bentos", donde está emplazada.
Esto, advirtió, "se encuentra expresamente desaconsejado por la DINAMA", el organismo de control ambiental uruguayo.
Orduna pidió explicaciones a Montevideo por ambos puntos, invocando tanto el Estatuto del Río Uruguay de 1975, como el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya del 20 de abril pasado, que impuso a los dos países "cooperar en el monitoreo continuo" del río fronterizo, para poner fin así al largo conflicto generado por la instalación de la pastera, considerada contaminante por los pobladores de la cercana ciudad argentina de Gualeguaychú.
En ese marco pidió a la delegación uruguaya de la Caru trasmitir a su gobierno que debe "tomar las medidas que resulten necesarias para que cesen de inmediato esas actividades de dilución" en el tratamiento de los efluentes de la fábrica de celulosa.
Además, reclamó al gobierno que imponga a la planta "dejar sin efecto todo proyecto destinado a tratar los efluentes cloacales de Fray Bentos conjuntamente con los efluentes industriales de UPM-Botnia".
Ambas situaciones, advirtió, están en "contradicción con la normativa uruguaya aplicable" y también, dijo, con "las reglas del arte en la materia".
Finalmente, Orduna pidió que se informe a la Caru "las medidas adoptadas tendientes a eliminar la utilización de esas metodologías y prácticas" en la planta de Fray Bentos, respuesta que aún no fue enviada por la delegación uruguaya o que, al menos, no ha sido difundida por los canales oficiales.
Fecha de Publicación: 11/01/2011
Fuente: La Voz del Interior
La delegación argentina de la Comisión Administradora del Río Uruguay (Caru) expresó al gobierno uruguayo su "profunda preocupación" porque la pastera UPM-Botnia de Fray Bentos está utilizando un método "prohibido" para el tratamiento de sus efluentes industriales y, además, planea eliminarlos en el futuro junto con los desechos cloacales de esa ciudad.
La inquietud y el reclamo para que se revierta esa situación fue trasmitido por nota por el titular de la delegación argentina ante la Caru, Hernán Orduna, al actual presidente de la Comisión, el uruguayo Gastón Silbermann, el pasado 24 de noviembre.
En la carta se precisó que la irregularidad fue detectada por los científicos argentinos el 6 de octubre último cuando, junto a sus pares del vecino país encargados del monitoreo del río compartido, ingresaron por primera vez a la cuestionada planta finlandesa.
La carta de Orduna fue publicada en las últimas horas en el sitio oficial de la Cancillería argentina.
El delegado argentino manifestó a su contraparte uruguaya la "profunda preocupación frente a la grave constatación de que la planta de UPM-Botnia está utilizando el método de la dilución en el sistema de tratamiento de sus efluentes industriales, lo que se encuentra terminantemente prohibido por la propia normativa uruguaya", aseguró.
Además, la delegación argentina ante la CARU pidió explicaciones a Uruguay porque "se observa que la planta de UPM-Botnia ha expresado la intención de tratar de forma conjunta sus efluentes industriales con los efluentes cloacales de la ciudad de Fray Bentos", donde está emplazada.
Esto, advirtió, "se encuentra expresamente desaconsejado por la DINAMA", el organismo de control ambiental uruguayo.
Orduna pidió explicaciones a Montevideo por ambos puntos, invocando tanto el Estatuto del Río Uruguay de 1975, como el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya del 20 de abril pasado, que impuso a los dos países "cooperar en el monitoreo continuo" del río fronterizo, para poner fin así al largo conflicto generado por la instalación de la pastera, considerada contaminante por los pobladores de la cercana ciudad argentina de Gualeguaychú.
En ese marco pidió a la delegación uruguaya de la Caru trasmitir a su gobierno que debe "tomar las medidas que resulten necesarias para que cesen de inmediato esas actividades de dilución" en el tratamiento de los efluentes de la fábrica de celulosa.
Además, reclamó al gobierno que imponga a la planta "dejar sin efecto todo proyecto destinado a tratar los efluentes cloacales de Fray Bentos conjuntamente con los efluentes industriales de UPM-Botnia".
Ambas situaciones, advirtió, están en "contradicción con la normativa uruguaya aplicable" y también, dijo, con "las reglas del arte en la materia".
Finalmente, Orduna pidió que se informe a la Caru "las medidas adoptadas tendientes a eliminar la utilización de esas metodologías y prácticas" en la planta de Fray Bentos, respuesta que aún no fue enviada por la delegación uruguaya o que, al menos, no ha sido difundida por los canales oficiales.
La sospecha sobre la exportación de minerales
La sospecha sobre la exportación de minerales
Fecha de Publicación: 09/01/2011
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Tucumán - Nacional
En la Justicia tucumana,lleva un año sin respuesta la denuncia contra una de las mineras más grandes de las que operan en Argentina.
La minería a cielo abierto, amada por los gobernadores mineros y odiada por una multitud de organizaciones ambientalistas, suma piezas a su colección de interrogantes. Esta vez, se trata de lo ocurrido con una denuncia que se apuntó, no sobre el impacto ambiental de la actividad, sino a la manera en que el Estado nacional controla cada materia prima que abandona el país con rumbo a los mercados extranjeros.
La denuncia se encuentra pronta a cumplir el año desde que fue presentada ante la Justicia federal de la ciudad de Tucumán. Fue realizada por el geólogo tucumano Guillermo Amílcar Vergara, y sus afirmaciones suenan alarmantes. Sostiene que la empresa autora del agujero más grande que se haya perforado nunca en una montaña argentina, Minera Alumbrera, que declara extraer oro, cobre, plata y molibdeno de su mina a cielo abierto en las alturas de Catamarca, en realidad se estaría haciendo hipermillonaria gracias a la extracción de otros minerales nunca declarados ante el Estado nacional.
La Minera Alumbrera le dijo a este diario que se trata de una acusación descabellada (ver página 3). Pero las miradas son muy distintas entre otros protagonistas de la discusión minera.
Causa paralizada. El 16 del mes próximo, la denuncia cumplirá un año sin respuesta. El primer fiscal federal tucumano en recibirla fue Antonio Gustavo Gómez, conocido en todo el país por haber motorizado la causa que llevó al procesamiento del vicepresidente de Minera Alumbrera, Julián Rooney, por contaminación del medio ambiente, en lo que sigue siendo un caso testigo a nivel nacional.
Gómez, en base a su experiencia con respecto a la explotación de Alumbrera, decidió ampliar la denuncia del geólogo. Pero el procurador general de la Nación, Esteban Righi, tenía otros planes y pasó el caso a otro fiscal, Emilio Ferrer, quien al poco tiempo renunció. La denuncia, en teoría, está a cargo, hoy, de un tercer fiscal, Carlos Brito, quien tiene interinamente la responsabilidad sobre la fiscalía que ocupaba Ferrer. En los hechos, el caso quedó paralizado.
El geólogo Vergara, junto con su colega Miguel Gianfrancisco, habrían obtenido una piedra extraída a unos 100 metros de profundidad de la zona de explotación de Minera Alumbrera. La habrían enviado a analizar a Perú y habrían recibido como respuesta que la pieza contendría varias docenas de minerales, no declarados por la minera, que hoy internacionalmente cotizarían en alza, como titanio, escandio, uranio, cromo, cobalto y cesio.
Lo que la minera extrae es convertido en un barro, el concentrado de cobre, que envía por mineraloducto a Tucumán. De allí parte en tren hacia el puerto de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe. La excepción es el oro, que se procesa en la misma mina, en forma de lingotes, y se saca por avión.
Ese concentrado de cobre, según la denuncia, incluiría otra multitud de minerales exportados sin control, y procesados fuera del país por Minera Alumbrera, obteniendo por eso ganancias millonarias. Los números de la denuncia parecen de fantasía: más de 40 mil millones de dólares (seis veces y media la deuda de Argentina con el Club de París, o el costo de 33 autopistas Córdoba-Rosario) sería el perjuicio financiero que habría sufrido el país debido a que la minera no declaró los minerales exportados en todos sus años de actividad.
El perjuicio, si fuera cierto lo denunciado, lo sufrirían principalmente Catamarca y el Estado nacional.
Sin controles. El biólogo cordobés, Raúl Montenegro, resalta que “en este caso lo que más preocupa es el aspecto administrativo. Argentina está montada administrativamente de tal modo que es posible que una compañía internacional haga una extracción masiva de recursos naturales, y pueda declarar que saca del país algo que pueda no coincidir en absoluto con lo realmente exportado”.
“Es fácil controlar el peso de una carga de soja. El problema es que la Aduana carece de un sistema para analizar cualitativamente envíos como los de Alumbrera. Deberíamos tener los aparatos y el personal idóneos para analizar los envíos. Seguimos con la eficiencia de la época del Virreinato”.
El presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale, coincide en resaltar “la casi total ausencia de controles por parte de la aduana argentina. El país deja que los zorros le cuiden el gallinero, es un control muy laxo el que se hace sobre las exportaciones de la Alumbrera. Esto es un gran perjuicio económico para las Provincias y el Estado nacional. Por eso llama tanto la atención esta actitud escandalosa de la Justicia tucumana”.
Viale se refiere no sólo a la paralización del caso, sino a un episodio ocurrido en mayo del año pasado. El fiscal Ferrer, acompañado por Gendarmería, fue a allanar la Alumbrera, tomar muestras de rocas y hacerlas analizar, para ver si era cierto lo denunciado por el geólogo. Pero la minera detuvo el procedimiento, presuntamente, con el argumento de que no le había llegado el aviso de allanamiento que el juez federal Daniel Bejas habría enviado al domicilio del abogado de la firma. Por si hace falta aclararlo: notificar previamente un allanamiento es casi lo mismo que hacerlo fracasar.
Luego, en junio, la empresa habría ofrecido una entrega voluntaria de material, lo que habría sido aceptado por el juez Bejas. Hasta hoy, la Justicia tucumana nunca allanó la minera por sorpresa ni tomó directamente del lugar las muestras rocosas que necesita para hacer avanzar la causa. En octubre, el Consejo de la Magistratura rechazó un pedido de destitución contra el magistrado por su actuación en esta causa.
El primer fiscal del caso, Gómez, dijo a este diario que trató este tema en 2004, por otra causa que acabó investigando la Justicia de Santa Fe. Señaló que, con el actual sistema, el país queda a merced de lo que cada empresa diga que exportó. Esto funciona así por un beneficio extraordinario que otorgó el ex director general de Aduanas, Gustavo Parino, durante el gobierno de Carlos Menem. Eso fue hace más de 13 años y nunca fue modificado por las administraciones nacionales que lo siguieron.
Fecha de Publicación: 09/01/2011
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Tucumán - Nacional
En la Justicia tucumana,lleva un año sin respuesta la denuncia contra una de las mineras más grandes de las que operan en Argentina.
La minería a cielo abierto, amada por los gobernadores mineros y odiada por una multitud de organizaciones ambientalistas, suma piezas a su colección de interrogantes. Esta vez, se trata de lo ocurrido con una denuncia que se apuntó, no sobre el impacto ambiental de la actividad, sino a la manera en que el Estado nacional controla cada materia prima que abandona el país con rumbo a los mercados extranjeros.
La denuncia se encuentra pronta a cumplir el año desde que fue presentada ante la Justicia federal de la ciudad de Tucumán. Fue realizada por el geólogo tucumano Guillermo Amílcar Vergara, y sus afirmaciones suenan alarmantes. Sostiene que la empresa autora del agujero más grande que se haya perforado nunca en una montaña argentina, Minera Alumbrera, que declara extraer oro, cobre, plata y molibdeno de su mina a cielo abierto en las alturas de Catamarca, en realidad se estaría haciendo hipermillonaria gracias a la extracción de otros minerales nunca declarados ante el Estado nacional.
La Minera Alumbrera le dijo a este diario que se trata de una acusación descabellada (ver página 3). Pero las miradas son muy distintas entre otros protagonistas de la discusión minera.
Causa paralizada. El 16 del mes próximo, la denuncia cumplirá un año sin respuesta. El primer fiscal federal tucumano en recibirla fue Antonio Gustavo Gómez, conocido en todo el país por haber motorizado la causa que llevó al procesamiento del vicepresidente de Minera Alumbrera, Julián Rooney, por contaminación del medio ambiente, en lo que sigue siendo un caso testigo a nivel nacional.
Gómez, en base a su experiencia con respecto a la explotación de Alumbrera, decidió ampliar la denuncia del geólogo. Pero el procurador general de la Nación, Esteban Righi, tenía otros planes y pasó el caso a otro fiscal, Emilio Ferrer, quien al poco tiempo renunció. La denuncia, en teoría, está a cargo, hoy, de un tercer fiscal, Carlos Brito, quien tiene interinamente la responsabilidad sobre la fiscalía que ocupaba Ferrer. En los hechos, el caso quedó paralizado.
El geólogo Vergara, junto con su colega Miguel Gianfrancisco, habrían obtenido una piedra extraída a unos 100 metros de profundidad de la zona de explotación de Minera Alumbrera. La habrían enviado a analizar a Perú y habrían recibido como respuesta que la pieza contendría varias docenas de minerales, no declarados por la minera, que hoy internacionalmente cotizarían en alza, como titanio, escandio, uranio, cromo, cobalto y cesio.
Lo que la minera extrae es convertido en un barro, el concentrado de cobre, que envía por mineraloducto a Tucumán. De allí parte en tren hacia el puerto de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe. La excepción es el oro, que se procesa en la misma mina, en forma de lingotes, y se saca por avión.
Ese concentrado de cobre, según la denuncia, incluiría otra multitud de minerales exportados sin control, y procesados fuera del país por Minera Alumbrera, obteniendo por eso ganancias millonarias. Los números de la denuncia parecen de fantasía: más de 40 mil millones de dólares (seis veces y media la deuda de Argentina con el Club de París, o el costo de 33 autopistas Córdoba-Rosario) sería el perjuicio financiero que habría sufrido el país debido a que la minera no declaró los minerales exportados en todos sus años de actividad.
El perjuicio, si fuera cierto lo denunciado, lo sufrirían principalmente Catamarca y el Estado nacional.
Sin controles. El biólogo cordobés, Raúl Montenegro, resalta que “en este caso lo que más preocupa es el aspecto administrativo. Argentina está montada administrativamente de tal modo que es posible que una compañía internacional haga una extracción masiva de recursos naturales, y pueda declarar que saca del país algo que pueda no coincidir en absoluto con lo realmente exportado”.
“Es fácil controlar el peso de una carga de soja. El problema es que la Aduana carece de un sistema para analizar cualitativamente envíos como los de Alumbrera. Deberíamos tener los aparatos y el personal idóneos para analizar los envíos. Seguimos con la eficiencia de la época del Virreinato”.
El presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale, coincide en resaltar “la casi total ausencia de controles por parte de la aduana argentina. El país deja que los zorros le cuiden el gallinero, es un control muy laxo el que se hace sobre las exportaciones de la Alumbrera. Esto es un gran perjuicio económico para las Provincias y el Estado nacional. Por eso llama tanto la atención esta actitud escandalosa de la Justicia tucumana”.
Viale se refiere no sólo a la paralización del caso, sino a un episodio ocurrido en mayo del año pasado. El fiscal Ferrer, acompañado por Gendarmería, fue a allanar la Alumbrera, tomar muestras de rocas y hacerlas analizar, para ver si era cierto lo denunciado por el geólogo. Pero la minera detuvo el procedimiento, presuntamente, con el argumento de que no le había llegado el aviso de allanamiento que el juez federal Daniel Bejas habría enviado al domicilio del abogado de la firma. Por si hace falta aclararlo: notificar previamente un allanamiento es casi lo mismo que hacerlo fracasar.
Luego, en junio, la empresa habría ofrecido una entrega voluntaria de material, lo que habría sido aceptado por el juez Bejas. Hasta hoy, la Justicia tucumana nunca allanó la minera por sorpresa ni tomó directamente del lugar las muestras rocosas que necesita para hacer avanzar la causa. En octubre, el Consejo de la Magistratura rechazó un pedido de destitución contra el magistrado por su actuación en esta causa.
El primer fiscal del caso, Gómez, dijo a este diario que trató este tema en 2004, por otra causa que acabó investigando la Justicia de Santa Fe. Señaló que, con el actual sistema, el país queda a merced de lo que cada empresa diga que exportó. Esto funciona así por un beneficio extraordinario que otorgó el ex director general de Aduanas, Gustavo Parino, durante el gobierno de Carlos Menem. Eso fue hace más de 13 años y nunca fue modificado por las administraciones nacionales que lo siguieron.
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Mussi remarcó la "descentralización"
Mussi remarcó la "descentralización" que tendrán las políticas ambientales
Fecha de Publicación: 07/01/2011
Fuente: Secretaría de Ambiente
Provincia/Región: Nacional
El secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Dr. Juan José Mussi, señaló esta mañana en el acto de entrega de equipamiento y herramientas de combate destinados a la lucha contra incendios forestales y rurales a las Regionales Pampeana y NEA, la importancia del principio de “descentralización” para aplicar a las políticas ambientales.
“No puede haber un Estado único, sin federalismo, sin presencia de las provincias” dijo el titular de la cartera ambiental nacional en el marco del evento del Plan de fortalecimiento del Sistema Federal de Manejo del Fuego.
“Hay que dar a conocer los programas, como el Plan Nacional de Manejo del Fuego, en el que están presentes la Nación y las provincias, en el que hay un coordinador nacional y coordinadores en de cada una de las regiones que están colaborando con algo tan fundamental como es la lucha contra incendios forestales”.
En ese sentido se refirió el coordinador nacional del Plan Nacional de Manejo del Fuego (PNMF), Ing. Fernando Epele, “la meta de nuestro trabajo es que el Sistema Federal funcione en base al fortalecimiento de las provincias y los parques nacionales, esto es, sus brigadas, sus medios de transporte, su capacitación, evaluación de peligro, todos los programas con los que cuenta el PNMF”.
El equipamiento entregado
Los elementos de combate fueron entregados a las provincias de Buenos Aires, Mendoza y La Pampa (Regional Pampeana) y Misiones, Corrientes y Entre Ríos (Regional NEA) que se encuentran al comienzo de la temporada de incendios forestales y rurales, permitiendo fortalecer la prevención y la extinción. Con este equipamiento se pretende contribuir al rápido accionar de los combatientes ante la ocurrencia de focos ígneos a fin de evitar daños en el ambiente, los bienes y la vida de las personas.
Las herramientas de primera línea, valuadas en $ 300.000 para cada provincia, suman un total de $ 6.900.000 como parte de la inversión nacional destinados a adquisición de elementos de ataque inicial asignados zonas críticas de ocurrencias de incendios forestales, rurales e interfase.
“El equipamiento es de alto valor y de mucha importancia desde el punto de vista técnico, es muy necesario por la utilidad y es una satisfacción equipar a las brigadas de la región NEA y Pampeana, compuestas por 6 provincias, que están en plena temporada”, aseguró el coordinador nacional del PNMF.
A su vez, en los próximos días se hará entrega de un grupo de herramientas similar para las 5 provincias de la regional Patagónica, que es la otra región que se encuentra en temporada de incidencia de incendios.
El acto, que se realizó en el salón Auditorio de la SAyDS, contó con la presencia del Jefe de Gabinete de Asesores, Dr. Ricardo Salvioli; la subsecretaria de Planificación y Política Ambiental, Dra. Silvia Alicia Révora, de quien depende el PNMF; el Dr. Oscar Deina subsecretario de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación; el subsecretario de Promoción del Desarrollo Sustentable, Dr. Ricardo Eusebio Rodríguez y el subsecretario de Coordinación de Políticas Ambientales, Ing. Armando Gandía; coordinadores regionales del PNMF y responsables provinciales del Sistema Federal.
Por la Regional Pampeana recibieron el equipamiento el Sr. Guillermo Ferraris, Responsable del Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Mendoza; el Lic. Gustavo Romero, Director Provincial de Defensa Civil de La Pampa; y el Ing. Jorge Echegarran, Secretario Ejecutivo del Consejo Provincial de Emergencia de Buenos Aires.
Mientras que por la Regional NEA las herramientas fueron entregadas al Sr. Milciades Aguilar, Director de la Casa de Corrientes; a la Ing. Lucía Avellaneda, Secretaria de Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Entre Ríos; y a la Dra. Silvia Vigliecca, representante de la Casa de la provincia de Misiones.
Fecha de Publicación: 07/01/2011
Fuente: Secretaría de Ambiente
Provincia/Región: Nacional
El secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Dr. Juan José Mussi, señaló esta mañana en el acto de entrega de equipamiento y herramientas de combate destinados a la lucha contra incendios forestales y rurales a las Regionales Pampeana y NEA, la importancia del principio de “descentralización” para aplicar a las políticas ambientales.
“No puede haber un Estado único, sin federalismo, sin presencia de las provincias” dijo el titular de la cartera ambiental nacional en el marco del evento del Plan de fortalecimiento del Sistema Federal de Manejo del Fuego.
“Hay que dar a conocer los programas, como el Plan Nacional de Manejo del Fuego, en el que están presentes la Nación y las provincias, en el que hay un coordinador nacional y coordinadores en de cada una de las regiones que están colaborando con algo tan fundamental como es la lucha contra incendios forestales”.
En ese sentido se refirió el coordinador nacional del Plan Nacional de Manejo del Fuego (PNMF), Ing. Fernando Epele, “la meta de nuestro trabajo es que el Sistema Federal funcione en base al fortalecimiento de las provincias y los parques nacionales, esto es, sus brigadas, sus medios de transporte, su capacitación, evaluación de peligro, todos los programas con los que cuenta el PNMF”.
El equipamiento entregado
Los elementos de combate fueron entregados a las provincias de Buenos Aires, Mendoza y La Pampa (Regional Pampeana) y Misiones, Corrientes y Entre Ríos (Regional NEA) que se encuentran al comienzo de la temporada de incendios forestales y rurales, permitiendo fortalecer la prevención y la extinción. Con este equipamiento se pretende contribuir al rápido accionar de los combatientes ante la ocurrencia de focos ígneos a fin de evitar daños en el ambiente, los bienes y la vida de las personas.
Las herramientas de primera línea, valuadas en $ 300.000 para cada provincia, suman un total de $ 6.900.000 como parte de la inversión nacional destinados a adquisición de elementos de ataque inicial asignados zonas críticas de ocurrencias de incendios forestales, rurales e interfase.
“El equipamiento es de alto valor y de mucha importancia desde el punto de vista técnico, es muy necesario por la utilidad y es una satisfacción equipar a las brigadas de la región NEA y Pampeana, compuestas por 6 provincias, que están en plena temporada”, aseguró el coordinador nacional del PNMF.
A su vez, en los próximos días se hará entrega de un grupo de herramientas similar para las 5 provincias de la regional Patagónica, que es la otra región que se encuentra en temporada de incidencia de incendios.
El acto, que se realizó en el salón Auditorio de la SAyDS, contó con la presencia del Jefe de Gabinete de Asesores, Dr. Ricardo Salvioli; la subsecretaria de Planificación y Política Ambiental, Dra. Silvia Alicia Révora, de quien depende el PNMF; el Dr. Oscar Deina subsecretario de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación; el subsecretario de Promoción del Desarrollo Sustentable, Dr. Ricardo Eusebio Rodríguez y el subsecretario de Coordinación de Políticas Ambientales, Ing. Armando Gandía; coordinadores regionales del PNMF y responsables provinciales del Sistema Federal.
Por la Regional Pampeana recibieron el equipamiento el Sr. Guillermo Ferraris, Responsable del Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Mendoza; el Lic. Gustavo Romero, Director Provincial de Defensa Civil de La Pampa; y el Ing. Jorge Echegarran, Secretario Ejecutivo del Consejo Provincial de Emergencia de Buenos Aires.
Mientras que por la Regional NEA las herramientas fueron entregadas al Sr. Milciades Aguilar, Director de la Casa de Corrientes; a la Ing. Lucía Avellaneda, Secretaria de Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Entre Ríos; y a la Dra. Silvia Vigliecca, representante de la Casa de la provincia de Misiones.
Nueva pastera: Uruguay no cree en conflictos
Uruguay cree que la nueva pastera que se instalará no afectará la relación con Argentina
Fecha de Publicación: 06/01/2011
Fuente: Diario Jornada
El subsecretario de Medio Ambiente de Uruguay, Jorge Patrone, sostuvo hoy que la instalación de una nueva planta papelera a orillas del Río de la Plata no debería generar "ningún tipo de conflicto" con la Argentina como en el caso de Botnia.
"Estamos tranquilos, esperamos no tener ningún tipo de conflicto. Este emprendimiento fue acordado en su momento, incluso después de trasladar su instalación en una zona próxima a Botnia. Así que esperamos que no haya ningún tipo de problemas", señaló Patrone.
Así, el funcionario uruguayo recordó que la Argentina ya había avalado la instalación de una papelera en esa misma zona, cuando la empresa española Ence iba a hacerse cargo del proyecto que ahora encaran Arauco y Stora Enzo. "Al cambiar de titular el proyecto y al introducirle modificaciones, tuvimos que realizar un nuevo estudio de impacto ambiental. Luego de obtener resultados positivos, terminamos entregando la habilitación", señaló Patrone.
En declaraciones a Radio 10, el funcionario detalló el proceso que siguieron para otorgar la habilitación y remarcó que "la obra entra en el tratado del Río de la Plata, pero las exigencias van a ser las mismas que para el Río Uruguay". "Seguimos las últimas exigencias a nivel mundial con respecto a cuestiones ambientales, tal como lo hicimos con la pastera ex Botnia", agregó.
La nueva planta estará ubicada en la zona de Punta Pereira, en el departamento de Colonia, frente a las costas del Río de la Plata y donde ya comenzaron los trabajos de relleno de tierras. La empresa a cargo de la pastera es Monte del Plata, integrada por Stora Enso y Arauco, y según Patrone, producirá anualmente "hasta 1.300.000 toneladas secas al aire de pulpa de celulosa blanqueada de eucalipto".
En la zona de Punta Pereira, en Colonia.
Arauco y Stora Enso compraron en octubre de 2009 el proyecto en Uruguay de la española Ence, que desistió de construir la planta por motivos internos. Según indicó la prensa uruguaya, la inversión en la planta superará los 1.500 millones de dólares y se prevé que su construcción demore dos años. La papelera comenzaría a producir a partir del primer trimestre de 2013, estimó Patrone.
Fecha de Publicación: 06/01/2011
Fuente: Diario Jornada
El subsecretario de Medio Ambiente de Uruguay, Jorge Patrone, sostuvo hoy que la instalación de una nueva planta papelera a orillas del Río de la Plata no debería generar "ningún tipo de conflicto" con la Argentina como en el caso de Botnia.
"Estamos tranquilos, esperamos no tener ningún tipo de conflicto. Este emprendimiento fue acordado en su momento, incluso después de trasladar su instalación en una zona próxima a Botnia. Así que esperamos que no haya ningún tipo de problemas", señaló Patrone.
Así, el funcionario uruguayo recordó que la Argentina ya había avalado la instalación de una papelera en esa misma zona, cuando la empresa española Ence iba a hacerse cargo del proyecto que ahora encaran Arauco y Stora Enzo. "Al cambiar de titular el proyecto y al introducirle modificaciones, tuvimos que realizar un nuevo estudio de impacto ambiental. Luego de obtener resultados positivos, terminamos entregando la habilitación", señaló Patrone.
En declaraciones a Radio 10, el funcionario detalló el proceso que siguieron para otorgar la habilitación y remarcó que "la obra entra en el tratado del Río de la Plata, pero las exigencias van a ser las mismas que para el Río Uruguay". "Seguimos las últimas exigencias a nivel mundial con respecto a cuestiones ambientales, tal como lo hicimos con la pastera ex Botnia", agregó.
La nueva planta estará ubicada en la zona de Punta Pereira, en el departamento de Colonia, frente a las costas del Río de la Plata y donde ya comenzaron los trabajos de relleno de tierras. La empresa a cargo de la pastera es Monte del Plata, integrada por Stora Enso y Arauco, y según Patrone, producirá anualmente "hasta 1.300.000 toneladas secas al aire de pulpa de celulosa blanqueada de eucalipto".
En la zona de Punta Pereira, en Colonia.
Arauco y Stora Enso compraron en octubre de 2009 el proyecto en Uruguay de la española Ence, que desistió de construir la planta por motivos internos. Según indicó la prensa uruguaya, la inversión en la planta superará los 1.500 millones de dólares y se prevé que su construcción demore dos años. La papelera comenzaría a producir a partir del primer trimestre de 2013, estimó Patrone.
Otra megapastera en la orilla uruguaya
Otra megapastera en la orilla uruguaya
Fecha de Publicación: 05/01/2011
Fuente: Página/12
Se considera que será la mayor inversión en la historia uruguaya, ya que costará 2300 millones de dólares, y será la pastera más grande del mundo en su tipo. Es el proyecto que continúa la fallida incursión de la española Ence.
El gobierno de Uruguay otorgó ayer la autorización ambiental que permitirá la instalación de una nueva fábrica de pasta de celulosa frente a la costa argentina, en la orilla del Río de la Plata. El proyecto operado bajo el consorcio denominado Montes del Plata continúa el fallido intento de la española Ence, que inicialmente iba a estar situado en Fray Bentos. La pastera desembarca con la mayor inversión en la historia del Uruguay, calculada en 2300 millones de dólares, y será la más grande del mundo en su tipo, con una producción anual de un millón y medio de toneladas de pasta de celulosa. Un fiscal uruguayo había intentado detener el proyecto al argumentar que había un acuerdo previo entre el gobierno de José Mujica y las empresas extranjeras para que se instalara la pastera y denunció que quien estuvo al frente de esas gestiones fue el propio canciller Luis Almagro.
La iniciativa aprobada por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente incluye la producción de pasta de celulosa utilizando el método kraft y energía a partir de biomasa, además de la construcción de un puerto. El ministro de esa cartera, Jorge Patrone, informó que la autorización fue otorgada luego de que se modificaran algunos puntos del proyecto inicial, aunque no detalló cuáles. El consorcio Montes del Plata, que fusionó a la sueco-finlandesa StoraEnso y a la chilena Arauco, implica una inversión de más de dos mil millones de dólares en una obra que, según se informó, empleará a más de 5000 personas en su construcción, pero que una vez operativa generará solo 500 puestos directos en la planta, más dos mil de forma indirecta.
“La autorización ambiental previa mantendrá su vigencia siempre que los trabajos de construcción se inicien antes de transcurridos los 12 meses contados a partir de la notificación de la resolución ministerial, que fue el 30 de diciembre pasado”, indicó Patrone. A la vez, fuentes ligadas a la empresa estimaron que la planta estará operativa en el primer trimestre del 2013. Montes del Plata compró el proyecto y los terrenos ubicados en Punta Pereira –vecino a la localidad de Conchillas, en Colonia– a la española Ence por 340 millones de dólares, en octubre de 2009. La firma ibérica había sido la primera en querer instalarse en las costas de Fray Bentos, pero al desatarse el escándalo bilateral que motivó también el conflicto con la finlandesa Botnia, optó por aceptar ubicarse sobre el Río de la Plata. En 2006, la Argentina dio el beneplácito para su construcción como parte del acuerdo político que destrabó la controversia.
De acuerdo con la denuncia a la que tuvo acceso Página/12, el fiscal Enrique Viana había solicitado a las autoridades uruguayas, hace unas semanas, un pedido de informes sobre los pormenores del contrato, por tratarse de una actividad industrial que podría implicar un impacto ambiental. “Ya existiría un acuerdo del Estado con el grupo económico privado que estaría asegurando la instalación y funcionamiento de la citada industria celulósica. En la negociación, llamativamente, habría tenido intervención directa el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de Luis Almagro, quien en octubre pasado viajó a Suecia y a Finlandia para reunirse con los ejecutivos de la firma Stora Enso”, denunció el fiscal.
Fecha de Publicación: 05/01/2011
Fuente: Página/12
Se considera que será la mayor inversión en la historia uruguaya, ya que costará 2300 millones de dólares, y será la pastera más grande del mundo en su tipo. Es el proyecto que continúa la fallida incursión de la española Ence.
El gobierno de Uruguay otorgó ayer la autorización ambiental que permitirá la instalación de una nueva fábrica de pasta de celulosa frente a la costa argentina, en la orilla del Río de la Plata. El proyecto operado bajo el consorcio denominado Montes del Plata continúa el fallido intento de la española Ence, que inicialmente iba a estar situado en Fray Bentos. La pastera desembarca con la mayor inversión en la historia del Uruguay, calculada en 2300 millones de dólares, y será la más grande del mundo en su tipo, con una producción anual de un millón y medio de toneladas de pasta de celulosa. Un fiscal uruguayo había intentado detener el proyecto al argumentar que había un acuerdo previo entre el gobierno de José Mujica y las empresas extranjeras para que se instalara la pastera y denunció que quien estuvo al frente de esas gestiones fue el propio canciller Luis Almagro.
La iniciativa aprobada por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente incluye la producción de pasta de celulosa utilizando el método kraft y energía a partir de biomasa, además de la construcción de un puerto. El ministro de esa cartera, Jorge Patrone, informó que la autorización fue otorgada luego de que se modificaran algunos puntos del proyecto inicial, aunque no detalló cuáles. El consorcio Montes del Plata, que fusionó a la sueco-finlandesa StoraEnso y a la chilena Arauco, implica una inversión de más de dos mil millones de dólares en una obra que, según se informó, empleará a más de 5000 personas en su construcción, pero que una vez operativa generará solo 500 puestos directos en la planta, más dos mil de forma indirecta.
“La autorización ambiental previa mantendrá su vigencia siempre que los trabajos de construcción se inicien antes de transcurridos los 12 meses contados a partir de la notificación de la resolución ministerial, que fue el 30 de diciembre pasado”, indicó Patrone. A la vez, fuentes ligadas a la empresa estimaron que la planta estará operativa en el primer trimestre del 2013. Montes del Plata compró el proyecto y los terrenos ubicados en Punta Pereira –vecino a la localidad de Conchillas, en Colonia– a la española Ence por 340 millones de dólares, en octubre de 2009. La firma ibérica había sido la primera en querer instalarse en las costas de Fray Bentos, pero al desatarse el escándalo bilateral que motivó también el conflicto con la finlandesa Botnia, optó por aceptar ubicarse sobre el Río de la Plata. En 2006, la Argentina dio el beneplácito para su construcción como parte del acuerdo político que destrabó la controversia.
De acuerdo con la denuncia a la que tuvo acceso Página/12, el fiscal Enrique Viana había solicitado a las autoridades uruguayas, hace unas semanas, un pedido de informes sobre los pormenores del contrato, por tratarse de una actividad industrial que podría implicar un impacto ambiental. “Ya existiría un acuerdo del Estado con el grupo económico privado que estaría asegurando la instalación y funcionamiento de la citada industria celulósica. En la negociación, llamativamente, habría tenido intervención directa el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de Luis Almagro, quien en octubre pasado viajó a Suecia y a Finlandia para reunirse con los ejecutivos de la firma Stora Enso”, denunció el fiscal.
Piden audiencia con Mussi por Ley de Glaciares
Organizaciones ambientalistas piden audiencia con Mussi por la reglamentación de la Ley de Glaciares
Fecha de Publicación: 05/01/2011
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Nacional
Organizaciones ambientalistas solicitaron al Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS), Juan José Mussi, una audiencia para tratar el tema de la reglamentación de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, y de las medidas cautelares contra la aplicación de la norma dictadas por la Justicia en la provincia de San Juan.
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Greenpeace y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA), entre otras organizaciones, manifestaron en una misiva enviada al Secretario Mussi su preocupación por la falta de avances ante el inminente cumplimiento de los plazos establecidos por la Ley para su reglamentación y para la realización del inventario de glaciares y del ambiente periglacial.
“Consideramos que es prioritario que la reglamentación de la Ley 26.639 se efectivice dentro de los 90 días de su publicación en el Boletín Oficial, tal como lo establece su artículo 17; plazo que comenzó a regir desde el 28 de octubre de 2010”.
En la carta las organizaciones señalan la importancia de cumplir con el artículo 15 de la ley y los plazos previstos en él: “60 días a partir de la sanción de la norma para que el IANIGLA (1) presente a la SAyDS un cronograma para la ejecución del inventario, el cual deberá comenzar de manera inmediata por aquellas zonas en las que, por la existencia de actividades contempladas en el artículo 6º, se consideren prioritarias”. El documento aclara que este plazo comenzó a regir el 30 de septiembre de 2010 y que luego de realizado el cronograma, deberá realizarse, en esas zonas, “el inventario definido en el artículo 3° en un plazo no mayor de CIENTO OCHENTA (180) días”.
El mismo texto fue oportunamente dirigido al saliente Secretario de Ambiente, Homero Bibiloni, pocos días antes del cambio de autoridades. En él las cuarenta y siete organizaciones firmantes (2) solicitan además que “Ante la existencia de tres medidas cautelares dictadas por el Juez Federal de San Juan, Dr. Miguel Ángel Gálvez, que suspenden la aplicación de la Ley 26.639 en esa provincia, se torna imprescindible que el Gobierno Nacional tenga una clara vocación en defensa de la norma y dé señales claras acerca de su intención de poner en vigencia a la misma”.
Además las organizaciones señalaron que “Existe, de manera explícita, una gran presión por parte de empresas y algunos gobiernos provinciales para generar dudas sobre la aplicabilidad de esta norma. Es por esa razón que entendemos imprescindible que el Gobierno Nacional asuma plenamente su responsabilidad en la puesta en vigencia de la Ley 26.639”.
--
Notas:
(1) Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales.
(2) Organizaciones firmantes: Aces Asociación Civil Energía Sustentable; Amigos de la Tierra Argentina; Arquitectura Sustentable; Asamblea Ambiental de Río Gallegos (Santa Cruz); Asamblea de Tigre por el Patrimonio Urbano y Ambiental; Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Ciudad Evita; Asociación Amigos de los Parques Nacionales; Asociación Amigos en Defensa del Lago Buenos Aires (Santa Cruz); Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas; Asociación Civil Por la Reserva – Vecinos Autoconvocados; Asociación Ecologista Inti Chuteh (San Juan); Avaaz.org; Calafate Natural (Santa Cruz); Cámara de Turismo de Famatina (La Rioja); Cátedra Libre “Problemáticas Ambientales del Siglo XXI”. Facultad de Ciencias; Sociales, Universidad Nacional de San Juan; CEDHA - Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Córdoba); Centro Ecologista Renacer (Santa Fe); Conciencia Solidaria; Conservación Patagónica (Neuquén); Diálogo por el Ambiente; Eco Sitio (Córdoba); Ecosistemas Argentinos (Córdoba); Equipo Nacional de Pastoral Aborigen; Espacio Oikos; Federación de Vinateros y Productores Agropecuarios de San Juan; FOCO - Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos; Foro Ambientalista de Santiago del Estero; Fundación Ambiente y Recursos Naturales; Fundación Ecológica Ave Fénix (Tucumán); Fundación Hábitat y Desarrollo; Fundación Inalafquen (Río Negro); Fundación Península Raulí (Neuquén); Greenpeace; Grupo Ambiental para el Desarrollo (Santiago del Estero); Hermanos de la Tierra; Iniciativa Radial; Inka Ñan Turismo EVT (La Rioja); Movimiento de Justicia y Paz de la Familia Dominica (Mendoza); ProDeLos - Asociación Civil para la Promoción del Desarrollo Local Sustentable; Proyecto Cambio Climático; Proyecto Verde; Red Agroforestal del Chaco Argentina; Red de Asistencia Jurídica contra la Megaminería; Red Provincial de ONGs de San Juan; Taller de Comunicación Ambiental (Santa Fe); The Conservation Land Trust; Fundación Jorge Esteban Roulet
Fecha de Publicación: 05/01/2011
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Nacional
Organizaciones ambientalistas solicitaron al Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS), Juan José Mussi, una audiencia para tratar el tema de la reglamentación de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, y de las medidas cautelares contra la aplicación de la norma dictadas por la Justicia en la provincia de San Juan.
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Greenpeace y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA), entre otras organizaciones, manifestaron en una misiva enviada al Secretario Mussi su preocupación por la falta de avances ante el inminente cumplimiento de los plazos establecidos por la Ley para su reglamentación y para la realización del inventario de glaciares y del ambiente periglacial.
“Consideramos que es prioritario que la reglamentación de la Ley 26.639 se efectivice dentro de los 90 días de su publicación en el Boletín Oficial, tal como lo establece su artículo 17; plazo que comenzó a regir desde el 28 de octubre de 2010”.
En la carta las organizaciones señalan la importancia de cumplir con el artículo 15 de la ley y los plazos previstos en él: “60 días a partir de la sanción de la norma para que el IANIGLA (1) presente a la SAyDS un cronograma para la ejecución del inventario, el cual deberá comenzar de manera inmediata por aquellas zonas en las que, por la existencia de actividades contempladas en el artículo 6º, se consideren prioritarias”. El documento aclara que este plazo comenzó a regir el 30 de septiembre de 2010 y que luego de realizado el cronograma, deberá realizarse, en esas zonas, “el inventario definido en el artículo 3° en un plazo no mayor de CIENTO OCHENTA (180) días”.
El mismo texto fue oportunamente dirigido al saliente Secretario de Ambiente, Homero Bibiloni, pocos días antes del cambio de autoridades. En él las cuarenta y siete organizaciones firmantes (2) solicitan además que “Ante la existencia de tres medidas cautelares dictadas por el Juez Federal de San Juan, Dr. Miguel Ángel Gálvez, que suspenden la aplicación de la Ley 26.639 en esa provincia, se torna imprescindible que el Gobierno Nacional tenga una clara vocación en defensa de la norma y dé señales claras acerca de su intención de poner en vigencia a la misma”.
Además las organizaciones señalaron que “Existe, de manera explícita, una gran presión por parte de empresas y algunos gobiernos provinciales para generar dudas sobre la aplicabilidad de esta norma. Es por esa razón que entendemos imprescindible que el Gobierno Nacional asuma plenamente su responsabilidad en la puesta en vigencia de la Ley 26.639”.
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Notas:
(1) Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales.
(2) Organizaciones firmantes: Aces Asociación Civil Energía Sustentable; Amigos de la Tierra Argentina; Arquitectura Sustentable; Asamblea Ambiental de Río Gallegos (Santa Cruz); Asamblea de Tigre por el Patrimonio Urbano y Ambiental; Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Ciudad Evita; Asociación Amigos de los Parques Nacionales; Asociación Amigos en Defensa del Lago Buenos Aires (Santa Cruz); Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas; Asociación Civil Por la Reserva – Vecinos Autoconvocados; Asociación Ecologista Inti Chuteh (San Juan); Avaaz.org; Calafate Natural (Santa Cruz); Cámara de Turismo de Famatina (La Rioja); Cátedra Libre “Problemáticas Ambientales del Siglo XXI”. Facultad de Ciencias; Sociales, Universidad Nacional de San Juan; CEDHA - Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Córdoba); Centro Ecologista Renacer (Santa Fe); Conciencia Solidaria; Conservación Patagónica (Neuquén); Diálogo por el Ambiente; Eco Sitio (Córdoba); Ecosistemas Argentinos (Córdoba); Equipo Nacional de Pastoral Aborigen; Espacio Oikos; Federación de Vinateros y Productores Agropecuarios de San Juan; FOCO - Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos; Foro Ambientalista de Santiago del Estero; Fundación Ambiente y Recursos Naturales; Fundación Ecológica Ave Fénix (Tucumán); Fundación Hábitat y Desarrollo; Fundación Inalafquen (Río Negro); Fundación Península Raulí (Neuquén); Greenpeace; Grupo Ambiental para el Desarrollo (Santiago del Estero); Hermanos de la Tierra; Iniciativa Radial; Inka Ñan Turismo EVT (La Rioja); Movimiento de Justicia y Paz de la Familia Dominica (Mendoza); ProDeLos - Asociación Civil para la Promoción del Desarrollo Local Sustentable; Proyecto Cambio Climático; Proyecto Verde; Red Agroforestal del Chaco Argentina; Red de Asistencia Jurídica contra la Megaminería; Red Provincial de ONGs de San Juan; Taller de Comunicación Ambiental (Santa Fe); The Conservation Land Trust; Fundación Jorge Esteban Roulet
El peligro de las fumigaciones con agroquímicos
El peligro de las fumigaciones con agroquímicos
Fecha de Publicación: 04/01/2011
Fuente: NotiFe
Provincia/Región: Santa Fe
Graciela Gómez, abogada ambientalista, demandó a la comuna de Ibarlucea y al Gobierno de la provincia por el caso de un chico de 9 años que fue afectado por agroquímicos. En ese lugar se realizan fumigaciones a menos de 200 metros cuando la ley lo prohíbe.
El Gobierno de Santa Fe y la Comuna de Ibarlucea fueron demandados por el caso de un nene de 9 años que fue afectado por el uso de agroquímicos a 100 metros del lugar donde reside. “Le enviamos cinco notas al intendente pidiéndole que se cree una zona de resguardo ambiental y pidiéndole que se respete la ley y no lo hicieron”, dijo Gómez.
De acuerdo a lo comentado por la abogada cuando se le realizaron loa estudios al chiquito dio positivo para el análisis de Piretrodie que es un insecticida muy fuerte. El mismo “fue aplicado a menos de 200 metros del lugar siendo que es banda amarilla clase 1 o banda roja clase 2”, explicó Gómez. Cabe aclarar que esta división define el grado de toxicidad de esos agroquímicos.
La letrada comentó también que “después de la nota que salió en un diario de Rosario, el intendente pidió derecho a réplica y nos mandó un borrador donde dice que se puede fumigar a 100 metros” y se quejó porque “el organismo que debe controlar y aplicar la ley también la infringe”.
Después de todo esto, dijo Gómez, “se emitió una Ordenanza que permite fumigar a 100 metros y más adelante cuando se planten los árboles, se podrá hacer a 30 metros. La ley provincial dice todo lo contrario y prohíbe el uso de los agroquímicos a menos de 500 metros”.
Para finalizar su diálogo con LT10, Graciela Gómez manifestó que “vamos a lograr que el fallo llegue a la Corte, no vamos a dejar las cosas así”.
Fecha de Publicación: 04/01/2011
Fuente: NotiFe
Provincia/Región: Santa Fe
Graciela Gómez, abogada ambientalista, demandó a la comuna de Ibarlucea y al Gobierno de la provincia por el caso de un chico de 9 años que fue afectado por agroquímicos. En ese lugar se realizan fumigaciones a menos de 200 metros cuando la ley lo prohíbe.
El Gobierno de Santa Fe y la Comuna de Ibarlucea fueron demandados por el caso de un nene de 9 años que fue afectado por el uso de agroquímicos a 100 metros del lugar donde reside. “Le enviamos cinco notas al intendente pidiéndole que se cree una zona de resguardo ambiental y pidiéndole que se respete la ley y no lo hicieron”, dijo Gómez.
De acuerdo a lo comentado por la abogada cuando se le realizaron loa estudios al chiquito dio positivo para el análisis de Piretrodie que es un insecticida muy fuerte. El mismo “fue aplicado a menos de 200 metros del lugar siendo que es banda amarilla clase 1 o banda roja clase 2”, explicó Gómez. Cabe aclarar que esta división define el grado de toxicidad de esos agroquímicos.
La letrada comentó también que “después de la nota que salió en un diario de Rosario, el intendente pidió derecho a réplica y nos mandó un borrador donde dice que se puede fumigar a 100 metros” y se quejó porque “el organismo que debe controlar y aplicar la ley también la infringe”.
Después de todo esto, dijo Gómez, “se emitió una Ordenanza que permite fumigar a 100 metros y más adelante cuando se planten los árboles, se podrá hacer a 30 metros. La ley provincial dice todo lo contrario y prohíbe el uso de los agroquímicos a menos de 500 metros”.
Para finalizar su diálogo con LT10, Graciela Gómez manifestó que “vamos a lograr que el fallo llegue a la Corte, no vamos a dejar las cosas así”.
Avanza la degradación de los suelos
Amenaza: avanza la degradación de los suelos
Fecha de Publicación: 02/01/2011
Fuente: La Nación - Campo
Provincia/Región: Nacional
El uso y el manejo inadecuados del recurso en busca de una mayor producción de alimentos condujeron a los procesos erosivos, agravados por las sequías y los excesos hídricos
Se trata de un camino sin retorno. El suelo que se pierde es muy difícil o imposible de recuperar. Por eso, su cuidado debe ser el máximo, más en un país como la Argentina, cuya actividad agropecuaria, una de sus principales fuentes de ingreso, tanto depende de ese recurso. Ya se perdió mucho por usos y manejos inadecuados (monocultivo, sobrepastoreo, falta de reposición de nutrientes), sumados a un clima que suele mostrarse adverso con prolongadas y devastadoras sequías e inundaciones que luego dan lugar a la erosión eólica y a la voladura de suelos. Resultado: la tierra se vuelve arenosa y pierde fertilidad y capacidad de producción. Tanto es así que el llamado de los especialistas es cuidar el recurso: cultivar donde se puede y lo que se puede, como enseña el manual de la agricultura por ambientes y realizar buenas prácticas agrícolas con rotaciones y una mayor cobertura de rastrojos en el suelo.
En la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea) explican que la erosión eólica ocurre principalmente en suelos arenosos y sueltos de las regiones subhúmeda y semiárida pampeanas, que comprenden las provincias de Córdoba, La Pampa y San Luis, y el oeste de Buenos Aires.
En esos suelos frágiles sin estructura, es muy fácil el arrastre de las partículas minerales del suelo por el viento.
La franja semiárida
"La franja semiárida argentina, que va de Bahía Blanca, pasa por el oeste de Buenos Aires, La Pampa, parte de Córdoba, San Luis y Chaco es muy susceptible a sufrir erosión por las condiciones del suelo y del clima", dijo Daniel Buschiazzo, investigador del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Anguil y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y docente de Edafología de la Universidad Nacional de La Pampa.
Si bien Buschiazzo reconoce que hay otras regiones como la Patagonia, todo Mendoza y la franja contra la cordillera de los Andes que son mucho más secas, "donde hay que poner más énfasis es en la franja semiárida porque es donde está avanzando la agricultura, ya que esta actividad implica remoción de suelos y la superficie queda más expuesta a la erosión", explicó a La Nacion.
Consultado acerca de las recomendaciones en estos casos, Buschiazzo señaló que el cultivo de cobertura es una muy buena práctica para evitar este proceso. "Nosotros proponemos para producir maní en el centro de San Luis, norte de La Pampa y sur de Córdoba hacer cultivos en franjas buffer . Esto es, intercalar maní con granos de la misma época (sorgo y maíz) que tienen mayor altura y actúan como cortina protectora. También aconsejamos la siembra directa." El investigador consideró la clasificación de suelos y un ordenamiento territorial, como hacen en otros países. "Esto implica definir dónde se puede producir agricultura o forestación o pasturas. En otros países eso está definido, como en los Estados Unidos, en donde hay regiones en las que no se puede hacer agricultura y el productor recibe dinero para producir pasto y no tocarlo y mantenerlo con cobertura y hacer un pastoreo muy extensivo", explicó.
Buschiazzo concluyó que "el deterioro de las propiedades edáficas provoca un elevado daño económico por pérdida de nutrientes" (ver aparte).
En todo esto, la siembra directa, como parte de un conjunto de buenas prácticas agrícolas, es considerada fundamental para mantener cobertura en el suelo. "En este esquema la rotación de cultivos es básica, ya que hay algunos cultivos que dejan más residuos que otros en la superficie. Por eso tenemos que manejarnos con la modalidad de agricultura por ambientes", dijo Gastón Fernández Palma, presidente de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid).
"Hay que tratar de agregar cultivos intercosecha, como, por ejemplo, de la cosecha de trigo a la siembra de girasol debemos generar alguna cobertura verde con una gramínea como la avena, con lo cual mantenemos en superficie no sólo los residuos de la cosecha anterior, sino que también creamos una verdadera muralla para los vientos y para amortiguar el efecto de las lluvias", dijo Fernández Palma.
En tanto, para Nicolás Marín Moreno, asesor del CREA Río Quinto, en la zona de Laboulaye, Córdoba, el tema más grave es cuando se impulsa el cultivo del maní. "Cuando manejamos la rotación normal trigo-soja y trigo-maíz, la erosión eólica la controlamos bastante, pero con el maní se complica porque para cosechar, en abril, hay que mover la tierra para extraer la vaina, con lo cual entramos en el invierno con toda la tierra suelta, con los primeros 15 centímetros en el aire; ante esa situación lo que hacemos es fijar con un cultivo de cobertura como cebada, trigo, centeno o vicia", dijo el asesor.
Fecha de Publicación: 02/01/2011
Fuente: La Nación - Campo
Provincia/Región: Nacional
El uso y el manejo inadecuados del recurso en busca de una mayor producción de alimentos condujeron a los procesos erosivos, agravados por las sequías y los excesos hídricos
Se trata de un camino sin retorno. El suelo que se pierde es muy difícil o imposible de recuperar. Por eso, su cuidado debe ser el máximo, más en un país como la Argentina, cuya actividad agropecuaria, una de sus principales fuentes de ingreso, tanto depende de ese recurso. Ya se perdió mucho por usos y manejos inadecuados (monocultivo, sobrepastoreo, falta de reposición de nutrientes), sumados a un clima que suele mostrarse adverso con prolongadas y devastadoras sequías e inundaciones que luego dan lugar a la erosión eólica y a la voladura de suelos. Resultado: la tierra se vuelve arenosa y pierde fertilidad y capacidad de producción. Tanto es así que el llamado de los especialistas es cuidar el recurso: cultivar donde se puede y lo que se puede, como enseña el manual de la agricultura por ambientes y realizar buenas prácticas agrícolas con rotaciones y una mayor cobertura de rastrojos en el suelo.
En la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea) explican que la erosión eólica ocurre principalmente en suelos arenosos y sueltos de las regiones subhúmeda y semiárida pampeanas, que comprenden las provincias de Córdoba, La Pampa y San Luis, y el oeste de Buenos Aires.
En esos suelos frágiles sin estructura, es muy fácil el arrastre de las partículas minerales del suelo por el viento.
La franja semiárida
"La franja semiárida argentina, que va de Bahía Blanca, pasa por el oeste de Buenos Aires, La Pampa, parte de Córdoba, San Luis y Chaco es muy susceptible a sufrir erosión por las condiciones del suelo y del clima", dijo Daniel Buschiazzo, investigador del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Anguil y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y docente de Edafología de la Universidad Nacional de La Pampa.
Si bien Buschiazzo reconoce que hay otras regiones como la Patagonia, todo Mendoza y la franja contra la cordillera de los Andes que son mucho más secas, "donde hay que poner más énfasis es en la franja semiárida porque es donde está avanzando la agricultura, ya que esta actividad implica remoción de suelos y la superficie queda más expuesta a la erosión", explicó a La Nacion.
Consultado acerca de las recomendaciones en estos casos, Buschiazzo señaló que el cultivo de cobertura es una muy buena práctica para evitar este proceso. "Nosotros proponemos para producir maní en el centro de San Luis, norte de La Pampa y sur de Córdoba hacer cultivos en franjas buffer . Esto es, intercalar maní con granos de la misma época (sorgo y maíz) que tienen mayor altura y actúan como cortina protectora. También aconsejamos la siembra directa." El investigador consideró la clasificación de suelos y un ordenamiento territorial, como hacen en otros países. "Esto implica definir dónde se puede producir agricultura o forestación o pasturas. En otros países eso está definido, como en los Estados Unidos, en donde hay regiones en las que no se puede hacer agricultura y el productor recibe dinero para producir pasto y no tocarlo y mantenerlo con cobertura y hacer un pastoreo muy extensivo", explicó.
Buschiazzo concluyó que "el deterioro de las propiedades edáficas provoca un elevado daño económico por pérdida de nutrientes" (ver aparte).
En todo esto, la siembra directa, como parte de un conjunto de buenas prácticas agrícolas, es considerada fundamental para mantener cobertura en el suelo. "En este esquema la rotación de cultivos es básica, ya que hay algunos cultivos que dejan más residuos que otros en la superficie. Por eso tenemos que manejarnos con la modalidad de agricultura por ambientes", dijo Gastón Fernández Palma, presidente de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid).
"Hay que tratar de agregar cultivos intercosecha, como, por ejemplo, de la cosecha de trigo a la siembra de girasol debemos generar alguna cobertura verde con una gramínea como la avena, con lo cual mantenemos en superficie no sólo los residuos de la cosecha anterior, sino que también creamos una verdadera muralla para los vientos y para amortiguar el efecto de las lluvias", dijo Fernández Palma.
En tanto, para Nicolás Marín Moreno, asesor del CREA Río Quinto, en la zona de Laboulaye, Córdoba, el tema más grave es cuando se impulsa el cultivo del maní. "Cuando manejamos la rotación normal trigo-soja y trigo-maíz, la erosión eólica la controlamos bastante, pero con el maní se complica porque para cosechar, en abril, hay que mover la tierra para extraer la vaina, con lo cual entramos en el invierno con toda la tierra suelta, con los primeros 15 centímetros en el aire; ante esa situación lo que hacemos es fijar con un cultivo de cobertura como cebada, trigo, centeno o vicia", dijo el asesor.
Ley de Fitosanitarios, reformas y polémica
Ley de Fitosanitarios, reformas y polémica
Fecha de Publicación: 01/01/2011
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Santa Fe
En los últimos meses el Senado estuvo tratando las reformas a la Ley de Fitosanitarios Nº 11.273, introducidas por Diputados. Las limitaciones a las fumigaciones aéreas y la prohibición para aplicar glifosatos a cierta distancia dejarían miles de hectáreas sin producir.
Durante este año las instituciones del sector rural han manifestado en diferntes reuniones con senadores y ministros sus puntos de vista respecto de las modificaciones introducidas a la Ley Nº 11.273 dispuestas por la Cámara de Diputados. Algunos pueblos del interior vivieron aquel momento -y todavía continúan- con gran incertidumbre y piden al Senado ser escuchados antes de darle sanción definitiva. El proyecto llegado de Diputados reforma la ley de fondo en cuanto a las fumigaciones áreas (1.000 metros de los cascos urbanos) y la prohibición de uso de glifosatos en distancias menores a los 500 metros, punto que los productores ven como una amenaza al trabajo cotidiano porque muchos hacen agricultura en predios suburbanos.
¿Desde dónde se tomará la distancia para la no utilización de los agroquímicos?. “¿Quién se va a hacer cargo de los cientos de productores que vamos a quedar a la deriva si este proyecto tal cual está se convierte en ley? Seamos realistas vamos a ser muchos los que podríamos quedar al costado del camino. ¿Quién se hará responsable de la falta de ingresos que nos va a llevar a la quiebra y nos dejará en la calle?”, hablaba con preocupación el productor y dirigente de Federación Agraria, Diego Sara. Aquella consternación de Sara se multiplicaba por los miles de productores que se verían afectados y deberán dejar de producir, con las consecuencias sociales que traería la aprobación de la norma. “Esta situación llevará a una menor venta de insumos —semillas, agroquímicos, combustible, fertilizantes—, menos actividades en los acopios, menos trabajo para los contratistas, se va a lograr una merma en la industria metalmecánica, y las economías regionales sufrirán. Nunca llegaríamos a 150 millones de toneladas”, manifestó el titular de la Sociedad Rural de Santa Fe, Hugo Iturraspe, quien solicita que el Senado prevea -ante el tratamiento de la norma- la participación en la norma de las comunas y de los profesionales de la ingeniería agronómica, que son los que certifican el producto a aplicar y determinan su oportunidad de acuerdo con los vientos.
El senador justicialista Rubén Pirola graficaba en aquel contexto la situación de varios productores. “Los que vivimos en localidades pequeñas que se sostienen de la producción, observamos que si la ley avanza tal cual llegó el proyecto de Diputados, nos vamos a encontrar con pueblos que van a perder su actividad productiva, ya sea agricultura, ganadería o tambo. Como el de la salud, éste no es un tema menor”.
Raúl Walker, de la Comisión de Fitosanitarios del Colegio de Ingenieros Agrónomos, sintetizaba que nos es fácil de evaluar la cantidad de hectáreas perjudicadas. El profesional pone el ejemplo que “en el centro del departamento Las Colonias, cada 500 metros tendríamos 200 a 300 hectáreas que pasarían a ser improductivas y si lo llevamos a 1.000 metros estaríamos en las 600 hectáreas promedio. Es un poco incongruente todo este tema”. Puntos de vista El polémico proyecto, perteneciente a los diputados justicialistas Federico Reutemann, Adrián Simil y Silvia de Césaris, fue girado a distintas comisiones del Senado a fin de analizar dos aspectos centrales: las distancias y tipo de productos. Walker aseguró que las inquietudes fueron planteadas a los senadores, en las que se dijo que “si bien la ley necesita un cambio, hay cuestiones aprobadas en Diputados que no aportan soluciones sino que complican más las cosas. El artículo 36 indica que esos espacios que dejarían de ser productivos, pasarían a destinarse a huertas de autoconsumo o centros recreativos. Estamos ante una contradicción ya que otra parte de la norma establece que debe alejarse a tanto metros, pero si allí ponemos centros recreativos en realidad la distancia pasaría a ser de 1.000 y no de 500 metros”, dijo el profesional.
En tanto el senador Pirola explicó que en función de este tema, los legisladores del PJ se asesoraron técnicamente. “Escuchamos todas las opiniones para así poder definir con exactitud y criterio teniendo en cuenta lo que ocurre en otras partes del mundo con las distancias. Este tema debe regularlo la provincia en su conjunto y, en ese marco, el objetivo de los senadores del PJ es trabajar en una ley que atienda todas las cuestiones, para que luego no se las deba resolver en tribunales”.
Desde Federación Agraria y el resto de las entidades no están en contra de la ley, pero se deberían revisar varios puntos. “Si se aprueba como está se perderán muchas fuentes de trabajo, los metros no solucionan nada, lo mejor es un uso responsable de las aplicaciones. Esta discusión debe ser más amplia y debe reinar el sentido común, además deberíamos tener en cuenta lo que hacen los países desarrollados, el buen uso de los fitosanitarios es fundamental”, expicaba Sara. Agrónomos de cara al 2011 Desde hace algunos meses el Colegio de Ingenieros Agrónomos y el Ministerio de la Producción vienen trabajando en un nuevo convenio de vinculación que permitirá a los profesionales garantizar el buen uso de agroquímicos en cercanías de pueblos y ciudades del interior santafesino.
Este nuevo marco habilitará a los profesionales a fiscalizar el uso de fitosanitarios en toda la provincia y, sobre todo, “instruir a las comunas y hablar con las autoridades porque sólo el 35% tiene ordenanzas sobre el tema”. Otro objetivo es “fiscalizar que los agrónomos que no cumplan con la ley puedan ser sancionados”, así como controlar a los comercios y máquinas aplicadoras para hacer cumplir la norma. El dato innovador es que también se planea instalar estaciones agrometeorológicas en cada pueblo para tener información climática en tiempo real (viento, temperatura, entre otros) que permita “asegurarnos que no haya venenos que se desparramen en una ciudad”, dijo Gerardo Severín a Campolitoral.
Artículos polémicos El artículo Nº 38 prohíbe el uso del glifosato hasta 500 metros de distancia del ejido urbano para la pulverización con equipos terrestres y 1.000 con equipos aéreos. Luis María San Román, presidente de la Sociedad Rural de Rosario explicaba que las reglamentaciones deben ser avaladas por los correspondientes estudios y fundamentos científicos, donde además se hagan públicas. “En este proyecto de diputados hay una cuestión y un artículo que solo habla de glifosato y lo compara con “bandas 1 y 2 elevadamente tóxico-” cuando para el Senasa y el Ministerio de Agricultura es “banda verde” baja toxicidad. Es inentendible este tipo de cuestiones”. Según la resolución 350/99 del Senasa, el principio activo glifosato en su uso normal está dentro del grupo de activos de improbable riesgo agudo y está clasificado en la Categoría de Menor Riesgo Toxicológico (Clase IV), es decir, productos que normalmente no ofrecen peligro, según el criterio adoptado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). La Rural rosarina aseguró que de acuerdo a estudios científicos efectuados por la OMS, el glifosato está catalogado como “banda verde”, es decir, “que normalmente no ofrece peligro” y se encuentra en la misma categoría que cualquiera de los productos de uso domésticos. En el mundo desde hace 33 años, se comercializan distintas variedades de glifosato, que cuentan con la aprobación de Estados Unidos y la Unión Europea, como así también se ha demostrado científicamente que no daña la fauna ni trae consecuencias para la salud humana ni el medio ambiente. “La ley que se discute en la provincia pretende prohibir su uso hasta 500 metros de distancia de la planta urbana para la fumigación con equipos terrestres y 1.000 metros con aéreos, cuando Francia con sus estrictos controles en materia ambiental establecen su prohibición a partir de los 50 metros”, comparaba la Rural de Rosario.
Fecha de Publicación: 01/01/2011
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Santa Fe
En los últimos meses el Senado estuvo tratando las reformas a la Ley de Fitosanitarios Nº 11.273, introducidas por Diputados. Las limitaciones a las fumigaciones aéreas y la prohibición para aplicar glifosatos a cierta distancia dejarían miles de hectáreas sin producir.
Durante este año las instituciones del sector rural han manifestado en diferntes reuniones con senadores y ministros sus puntos de vista respecto de las modificaciones introducidas a la Ley Nº 11.273 dispuestas por la Cámara de Diputados. Algunos pueblos del interior vivieron aquel momento -y todavía continúan- con gran incertidumbre y piden al Senado ser escuchados antes de darle sanción definitiva. El proyecto llegado de Diputados reforma la ley de fondo en cuanto a las fumigaciones áreas (1.000 metros de los cascos urbanos) y la prohibición de uso de glifosatos en distancias menores a los 500 metros, punto que los productores ven como una amenaza al trabajo cotidiano porque muchos hacen agricultura en predios suburbanos.
¿Desde dónde se tomará la distancia para la no utilización de los agroquímicos?. “¿Quién se va a hacer cargo de los cientos de productores que vamos a quedar a la deriva si este proyecto tal cual está se convierte en ley? Seamos realistas vamos a ser muchos los que podríamos quedar al costado del camino. ¿Quién se hará responsable de la falta de ingresos que nos va a llevar a la quiebra y nos dejará en la calle?”, hablaba con preocupación el productor y dirigente de Federación Agraria, Diego Sara. Aquella consternación de Sara se multiplicaba por los miles de productores que se verían afectados y deberán dejar de producir, con las consecuencias sociales que traería la aprobación de la norma. “Esta situación llevará a una menor venta de insumos —semillas, agroquímicos, combustible, fertilizantes—, menos actividades en los acopios, menos trabajo para los contratistas, se va a lograr una merma en la industria metalmecánica, y las economías regionales sufrirán. Nunca llegaríamos a 150 millones de toneladas”, manifestó el titular de la Sociedad Rural de Santa Fe, Hugo Iturraspe, quien solicita que el Senado prevea -ante el tratamiento de la norma- la participación en la norma de las comunas y de los profesionales de la ingeniería agronómica, que son los que certifican el producto a aplicar y determinan su oportunidad de acuerdo con los vientos.
El senador justicialista Rubén Pirola graficaba en aquel contexto la situación de varios productores. “Los que vivimos en localidades pequeñas que se sostienen de la producción, observamos que si la ley avanza tal cual llegó el proyecto de Diputados, nos vamos a encontrar con pueblos que van a perder su actividad productiva, ya sea agricultura, ganadería o tambo. Como el de la salud, éste no es un tema menor”.
Raúl Walker, de la Comisión de Fitosanitarios del Colegio de Ingenieros Agrónomos, sintetizaba que nos es fácil de evaluar la cantidad de hectáreas perjudicadas. El profesional pone el ejemplo que “en el centro del departamento Las Colonias, cada 500 metros tendríamos 200 a 300 hectáreas que pasarían a ser improductivas y si lo llevamos a 1.000 metros estaríamos en las 600 hectáreas promedio. Es un poco incongruente todo este tema”. Puntos de vista El polémico proyecto, perteneciente a los diputados justicialistas Federico Reutemann, Adrián Simil y Silvia de Césaris, fue girado a distintas comisiones del Senado a fin de analizar dos aspectos centrales: las distancias y tipo de productos. Walker aseguró que las inquietudes fueron planteadas a los senadores, en las que se dijo que “si bien la ley necesita un cambio, hay cuestiones aprobadas en Diputados que no aportan soluciones sino que complican más las cosas. El artículo 36 indica que esos espacios que dejarían de ser productivos, pasarían a destinarse a huertas de autoconsumo o centros recreativos. Estamos ante una contradicción ya que otra parte de la norma establece que debe alejarse a tanto metros, pero si allí ponemos centros recreativos en realidad la distancia pasaría a ser de 1.000 y no de 500 metros”, dijo el profesional.
En tanto el senador Pirola explicó que en función de este tema, los legisladores del PJ se asesoraron técnicamente. “Escuchamos todas las opiniones para así poder definir con exactitud y criterio teniendo en cuenta lo que ocurre en otras partes del mundo con las distancias. Este tema debe regularlo la provincia en su conjunto y, en ese marco, el objetivo de los senadores del PJ es trabajar en una ley que atienda todas las cuestiones, para que luego no se las deba resolver en tribunales”.
Desde Federación Agraria y el resto de las entidades no están en contra de la ley, pero se deberían revisar varios puntos. “Si se aprueba como está se perderán muchas fuentes de trabajo, los metros no solucionan nada, lo mejor es un uso responsable de las aplicaciones. Esta discusión debe ser más amplia y debe reinar el sentido común, además deberíamos tener en cuenta lo que hacen los países desarrollados, el buen uso de los fitosanitarios es fundamental”, expicaba Sara. Agrónomos de cara al 2011 Desde hace algunos meses el Colegio de Ingenieros Agrónomos y el Ministerio de la Producción vienen trabajando en un nuevo convenio de vinculación que permitirá a los profesionales garantizar el buen uso de agroquímicos en cercanías de pueblos y ciudades del interior santafesino.
Este nuevo marco habilitará a los profesionales a fiscalizar el uso de fitosanitarios en toda la provincia y, sobre todo, “instruir a las comunas y hablar con las autoridades porque sólo el 35% tiene ordenanzas sobre el tema”. Otro objetivo es “fiscalizar que los agrónomos que no cumplan con la ley puedan ser sancionados”, así como controlar a los comercios y máquinas aplicadoras para hacer cumplir la norma. El dato innovador es que también se planea instalar estaciones agrometeorológicas en cada pueblo para tener información climática en tiempo real (viento, temperatura, entre otros) que permita “asegurarnos que no haya venenos que se desparramen en una ciudad”, dijo Gerardo Severín a Campolitoral.
Artículos polémicos El artículo Nº 38 prohíbe el uso del glifosato hasta 500 metros de distancia del ejido urbano para la pulverización con equipos terrestres y 1.000 con equipos aéreos. Luis María San Román, presidente de la Sociedad Rural de Rosario explicaba que las reglamentaciones deben ser avaladas por los correspondientes estudios y fundamentos científicos, donde además se hagan públicas. “En este proyecto de diputados hay una cuestión y un artículo que solo habla de glifosato y lo compara con “bandas 1 y 2 elevadamente tóxico-” cuando para el Senasa y el Ministerio de Agricultura es “banda verde” baja toxicidad. Es inentendible este tipo de cuestiones”. Según la resolución 350/99 del Senasa, el principio activo glifosato en su uso normal está dentro del grupo de activos de improbable riesgo agudo y está clasificado en la Categoría de Menor Riesgo Toxicológico (Clase IV), es decir, productos que normalmente no ofrecen peligro, según el criterio adoptado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). La Rural rosarina aseguró que de acuerdo a estudios científicos efectuados por la OMS, el glifosato está catalogado como “banda verde”, es decir, “que normalmente no ofrece peligro” y se encuentra en la misma categoría que cualquiera de los productos de uso domésticos. En el mundo desde hace 33 años, se comercializan distintas variedades de glifosato, que cuentan con la aprobación de Estados Unidos y la Unión Europea, como así también se ha demostrado científicamente que no daña la fauna ni trae consecuencias para la salud humana ni el medio ambiente. “La ley que se discute en la provincia pretende prohibir su uso hasta 500 metros de distancia de la planta urbana para la fumigación con equipos terrestres y 1.000 metros con aéreos, cuando Francia con sus estrictos controles en materia ambiental establecen su prohibición a partir de los 50 metros”, comparaba la Rural de Rosario.
Mussi juró con promesas por el Riachuelo
Mussi juró con promesas por el Riachuelo
Fecha de Publicación: 31/12/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
El flamante secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan José Mussi, sostuvo ayer que en su gestión la contaminación en la cuenca Matanza-Riachuelo “será una de las prioridades”
Mussi, quien dejó la intendencia de Berazategui para ocupar el cargo del que fue desplazado Homero Bibiloni, juró ante la presidenta Cristina Kirchner a la tarde en un acto en el Salón Blanco de la Casa Rosada.
Cristina también le tomó juramento a la nueva subsecretaria de Planificación, Silvia Rébora. Del acto participaron casi todo el Gabinete, el presidente Provisional del Senado, José Pampuro, el titular de Diputados, Eduardo Fellner, el gobernador Daniel Scioli y el saliente Bibiloni.
Mussi se manifestó “sorprendido” por la decisión de Cristina y reveló que fue recomendado por los ministros Julio De Vido y Alicia Kirchner.
“El domingo me llamaron para que el lunes me presente en Olivos. Así que fue una sorpresa, no me lo imaginaba”, expresó Mussi, quien consideró, por otra parte, que la contaminación en la cuenca Matanza-Riachuelo “es uno de los temas candentes” de su área.
En fuentes oficiales se insistió en que había malestar con Bibiloni por las falencias de gestión en ese tema. Incluso un juez federal le había impuesto una inédita multa de 4 mil pesos diarios a Bibiloni hasta que se cumplan los objetivos fijados para el saneamiento .
En la jura no hubo una masiva presencia de intendentes. Se vio a Julio Pereyra (intendentes de Florencio Varela), Martín Insaurralde (de Lomas de Zamora), Francisco Gutiérrez (jefe comunal de Quilmes), Darío Díaz Perez (de Lanús) y Mario Ishii (de José C. Paz).
Fecha de Publicación: 31/12/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
El flamante secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan José Mussi, sostuvo ayer que en su gestión la contaminación en la cuenca Matanza-Riachuelo “será una de las prioridades”
Mussi, quien dejó la intendencia de Berazategui para ocupar el cargo del que fue desplazado Homero Bibiloni, juró ante la presidenta Cristina Kirchner a la tarde en un acto en el Salón Blanco de la Casa Rosada.
Cristina también le tomó juramento a la nueva subsecretaria de Planificación, Silvia Rébora. Del acto participaron casi todo el Gabinete, el presidente Provisional del Senado, José Pampuro, el titular de Diputados, Eduardo Fellner, el gobernador Daniel Scioli y el saliente Bibiloni.
Mussi se manifestó “sorprendido” por la decisión de Cristina y reveló que fue recomendado por los ministros Julio De Vido y Alicia Kirchner.
“El domingo me llamaron para que el lunes me presente en Olivos. Así que fue una sorpresa, no me lo imaginaba”, expresó Mussi, quien consideró, por otra parte, que la contaminación en la cuenca Matanza-Riachuelo “es uno de los temas candentes” de su área.
En fuentes oficiales se insistió en que había malestar con Bibiloni por las falencias de gestión en ese tema. Incluso un juez federal le había impuesto una inédita multa de 4 mil pesos diarios a Bibiloni hasta que se cumplan los objetivos fijados para el saneamiento .
En la jura no hubo una masiva presencia de intendentes. Se vio a Julio Pereyra (intendentes de Florencio Varela), Martín Insaurralde (de Lomas de Zamora), Francisco Gutiérrez (jefe comunal de Quilmes), Darío Díaz Perez (de Lanús) y Mario Ishii (de José C. Paz).
No hay glaciares donde se hace minería
No hay glaciares donde se hace minería, según la UNSJ
Fecha de Publicación: 30/12/2010
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
"No hemos visto ningún glaciar afectado por la actividad minera, ni por ninguna actividad industrial, turística o de obras viales. Nosotros hemos visto que los glaciares están por ahí cerca, pero las actividades mineras no los alcanzan y no los afectan", aseguró tajante ayer Silvio Peralta, director del Instituto de Geología de la facultad de Ciencias Exactas, de la Universidad Nacional de San Juan.
Su palabra es calificada porque es quien dirige el instituto que acaba de finalizar el trabajo que dice cuántos glaciares hay en San Juan. Según ese relevamiento, la porción sanjuanina de la Cordillera de los Andes tiene 2.553 glaciares descubiertos, que tienen unas superficie igual o mayor a 1 hectárea y que están emplazados por encima de los 5.000 metros de altura.
La mayor cantidad -555- están en la cuenca del Río Blanco Sur, seguidos por la zona de Castaño -con 460- y la de Agua Negra, con 381 cuerpos de hielo (ver infografía).
Así, los glaciares ocupan un 0,39% del total de la superficie de San Juan, es decir, 35.000 hectáreas de las 8.935.100 que tiene la provincia.
El dato se conoció ayer, al realizarse la presentación oficial del trabajo que encargó y financió el gobierno provincial a la Universidad. Los resultados fueron presentados por el propio Peralta y el glaciólogo Pablo Milana, en un acto realizado en Casa de Gobierno, que presidió el gobernador Gioja.
Glaciares y minería
El gobierno encargó este relevamiento fundamentalmente para tratar de aclarar qué relación tienen los glaciares con la actividad minera que se desarrolla en la provincia. El relevamiento forma parte esencial también de la Ley provincial de Glaciares, que busca protegerlos. "Detrás de todo esto hay una serie de falsos conceptos, de perjuicios como que la minería contamina, que la actividad minera destruye los glaciares, cosa que nosotros no hemos visto absolutamente en ningún lugar. Se dice que los emplazamientos mineros avanzan más sobre las zonas glaciares y hasta ahora eso no es cierto. Yo no veo ninguna empresa minera que esté haciendo pomada un glaciar para ampliar su área de explotación", aseguró Peralta.
El relevamiento final determinó la existencia de casi 800 cuerpos de hielo más que los 1.780 anticipados el mes pasado, de un relevamiento preliminar; y para su conteo se usaron imágenes satelitales de alta definición -compradas a agencias europeas- y también trabajos de campo (ver Cómo se hizo, pág.3).
Según explicó Peralta, se relevaron los glaciares de 1 hectárea o más grande "porque los estudios modelo que se han hecho en el mundo han podido determinar que a partir de esa superficie es la adecuada para que un glaciar se preserve como un recurso estratégico de reservas hídricas. Generalmente, cuando son más pequeños son mas sensibles a los cambios climáticos o estacionales, y tienden a desaparecer por procesos de fusión, ablación y sublimación, que es la misma presión del hielo", explicó el doctor en Ciencias Geológicas.
Los glaciares relevados están por encima de los 5.000 metros, altura en la cual se preservan, porque es la ubicación de la isoterma de 0 grados, y para que exista el hielo se necesita 0 o menos grados. Esas alturas se dan en San Juan en la cordillera de Colanguil, en la de Conconta (por donde pasa el camino a Veladero y Pascua-Lama) y en el Cordón de La Ramada (donde está el Mercedario).
Ayer quedó claro además que el relevamiento es el paso previo a la realización de un inventario de glaciares: Este último implica el estudio cualitativo e hidrológico de cada cuerpos de hielo, para lo cual es clave que se haya logrado codificar a cada uno de los glaciares. Cada código está asociado a su respectivo curso de agua "lo que permitirá medir en el futuro cuál va a ser el aporte de agua que harán cada año, algo fundamental para conocer cuándo habrá sequía o no", explicó Peralta.
Fecha de Publicación: 30/12/2010
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
"No hemos visto ningún glaciar afectado por la actividad minera, ni por ninguna actividad industrial, turística o de obras viales. Nosotros hemos visto que los glaciares están por ahí cerca, pero las actividades mineras no los alcanzan y no los afectan", aseguró tajante ayer Silvio Peralta, director del Instituto de Geología de la facultad de Ciencias Exactas, de la Universidad Nacional de San Juan.
Su palabra es calificada porque es quien dirige el instituto que acaba de finalizar el trabajo que dice cuántos glaciares hay en San Juan. Según ese relevamiento, la porción sanjuanina de la Cordillera de los Andes tiene 2.553 glaciares descubiertos, que tienen unas superficie igual o mayor a 1 hectárea y que están emplazados por encima de los 5.000 metros de altura.
La mayor cantidad -555- están en la cuenca del Río Blanco Sur, seguidos por la zona de Castaño -con 460- y la de Agua Negra, con 381 cuerpos de hielo (ver infografía).
Así, los glaciares ocupan un 0,39% del total de la superficie de San Juan, es decir, 35.000 hectáreas de las 8.935.100 que tiene la provincia.
El dato se conoció ayer, al realizarse la presentación oficial del trabajo que encargó y financió el gobierno provincial a la Universidad. Los resultados fueron presentados por el propio Peralta y el glaciólogo Pablo Milana, en un acto realizado en Casa de Gobierno, que presidió el gobernador Gioja.
Glaciares y minería
El gobierno encargó este relevamiento fundamentalmente para tratar de aclarar qué relación tienen los glaciares con la actividad minera que se desarrolla en la provincia. El relevamiento forma parte esencial también de la Ley provincial de Glaciares, que busca protegerlos. "Detrás de todo esto hay una serie de falsos conceptos, de perjuicios como que la minería contamina, que la actividad minera destruye los glaciares, cosa que nosotros no hemos visto absolutamente en ningún lugar. Se dice que los emplazamientos mineros avanzan más sobre las zonas glaciares y hasta ahora eso no es cierto. Yo no veo ninguna empresa minera que esté haciendo pomada un glaciar para ampliar su área de explotación", aseguró Peralta.
El relevamiento final determinó la existencia de casi 800 cuerpos de hielo más que los 1.780 anticipados el mes pasado, de un relevamiento preliminar; y para su conteo se usaron imágenes satelitales de alta definición -compradas a agencias europeas- y también trabajos de campo (ver Cómo se hizo, pág.3).
Según explicó Peralta, se relevaron los glaciares de 1 hectárea o más grande "porque los estudios modelo que se han hecho en el mundo han podido determinar que a partir de esa superficie es la adecuada para que un glaciar se preserve como un recurso estratégico de reservas hídricas. Generalmente, cuando son más pequeños son mas sensibles a los cambios climáticos o estacionales, y tienden a desaparecer por procesos de fusión, ablación y sublimación, que es la misma presión del hielo", explicó el doctor en Ciencias Geológicas.
Los glaciares relevados están por encima de los 5.000 metros, altura en la cual se preservan, porque es la ubicación de la isoterma de 0 grados, y para que exista el hielo se necesita 0 o menos grados. Esas alturas se dan en San Juan en la cordillera de Colanguil, en la de Conconta (por donde pasa el camino a Veladero y Pascua-Lama) y en el Cordón de La Ramada (donde está el Mercedario).
Ayer quedó claro además que el relevamiento es el paso previo a la realización de un inventario de glaciares: Este último implica el estudio cualitativo e hidrológico de cada cuerpos de hielo, para lo cual es clave que se haya logrado codificar a cada uno de los glaciares. Cada código está asociado a su respectivo curso de agua "lo que permitirá medir en el futuro cuál va a ser el aporte de agua que harán cada año, algo fundamental para conocer cuándo habrá sequía o no", explicó Peralta.
San Jorge, apruebe la mina pero acotada
San Jorge: la CEIAM aconseja que el Gobierno apruebe la mina, pero con "producción acotada"
Fecha de Publicación: 30/12/2010
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
La comisión interdisciplinaria que analizó el proyecto minero de Uspallata emitió un informe en el que sugiere que el Ejecutivo autorice una "etapa piloto" y establece una serie de condicionamientos para que sea "ambientalmente sustentable". El próximo paso es la Declaración de Impacto Ambiental, donde pesará el criterio del secretario Carmona.
La comisión evaluadora interdisciplinaria ambiental minera (CEIAM) le sugirió al Gobierno provincial que autorice el proyecto San Jorge en una "etapa piloto con una producción acotada" y estableció una serie de condicionamientos atentos al cuidado del agua y el aire para que la mina sea "ambientalmente sustentable".
El informe de la CEIAM ( un organismo interdisciplinario) surgió hoy, después de 10 sesiones en las que distintos especialistas analizaron en detalle el emprendimiento para extraer minerales en una zona de Uspallata. "El informe de impacto ambiental de la empresa tiene deficiencias significativas en cuanto a la profundidad con que se han tratados algunas temáticas en relación a la envergadura del emprendimiento que nos ocupa", expresa en uno de sus párrafos.
Este trabajo no es vinculante, pero si se supone que condicionará el tenor de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), en lo que pesará la palabra del secretario de Ambiente de la provincia, Guillermo Carmona. No obstante, desde la secretaría de Carmona aclararon que la DIA debe ser emitida por la llamada "autoridad ambiental minera", compuesta por la dirección de Mineria y la dirección de Protección ambiental.
Sobre la DIA, el funcionario ya ha sugerido que podría inclinarse por aprobar el proyecto minero "con condicionamientos". La declaración, una vez emitida por Carmona, deberá ser ratificada por la Legislatura provincial.
El funcionario quedó condicionado por el gobernador Celso Jaque a principios de este mes, cuando el mandatario dijo en una cena de empresarios que la DIA irá muy pronto a la Legislatura. Además de apurar la resolución del expediente, Jaque prácticamente obligó a Carmona, de manera implícita, a aprobarlo.
Sin embargo, aquella dura afirmación pública del gobernador no derivó en la renuncia de Carmona. En poco tiempo se sabrá si el secretario de Ambiente cumplirá o no con la orden del mandatario.
Lo que sigue es el texto del acta de la reunión de la CEIAM sobre San Jorge:
En la Ciudad de Mendoza a los 29 días del mes de diciembre del año 2010, se reúne la Comisión a los fines de redactar las conclusiones de las diez jornadas de trabajo efectuadas por la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera (CEIAM) con el objeto de evaluar el Expte Nº371-M-08-01583, caratulado “Minera San Jorge S.A. s/Informe de Impacto Ambiental Proyecto Minero San Jorge” y emitir el Informe Final Único de acuerdo al artículo 19 del Decreto 820/06.
Al respecto la CEIAM integrada por la Dirección Provincial de Vialidad, la Dirección Nacional de Vialidad, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, la Municipalidad de Las Heras, el Centro Científico y Tecnológico CONICET- Mendoza, la Universidad Nacional de Cuyo, Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Mendoza, la Dirección de Recursos Naturales Renovables, la Dirección de Ordenamiento Ambiental y Desarrollo Urbano, el Departamento General de Irrigación, la Dirección de Patrimonio Cultural, la Dirección de Hidráulica, la Dirección de Protección Ambiental, el Consejo Provincial del Ambiente y la Dirección de Minería; resuelve emitir el siguiente Informe Final Único y expresa:
Que la evaluación se realizó a partir del análisis de los siguientes documentos:
-El Informe de Impacto Ambiental (IIA), presentado por la Empresa proponente del proyecto;
-El Dictamen Técnico (DT) realizado por la UTN-FRM;
-Los Dictámenes Sectoriales (DS) realizados por los organismos integrantes de la CEIAM;
-La Manifestación Específica del Recurso Hídrico (MERH) presentada por la empresa;
-su DT realizado por UTN-FRM
-los Dictámenes Sectoriales de los organismos de la CEIAM correspondientes a la MERH
-Las presentaciones efectuadas en la Consulta Pública
-Las manifestaciones y presentaciones realizadas en el marco de la Audiencia Pública (AP).
Que la metodología utilizada por la CEIAM para la evaluación del proyecto fue la siguiente:
Se analizó el contenido de los documentos mencionados anteriormente, particularizando el análisis en las observaciones presentadas en los diversos dictámenes e informes.
Se evaluó para cada observación si la misma era susceptible de ser resuelta mediante condicionamientos técnicos, con el fin de lograr altos grados de seguridad y disminuir los riesgos de eventuales fenómenos de contaminación en agua, aire y suelo y sus efectos socio ambientales, y afectación sobre el patrimonio natural y cultural. La existencia de observaciones irresolubles mediante condicionamientos técnicos hubiera determinado el rechazo del proyecto.
Que se debe tener en cuenta que el IIA presentado por la Empresa, si bien responde a las formas establecidas en el Decreto 820/06 para este tipo de proyectos, tiene deficiencias significativas en cuanto a la profundidad con que se han tratados algunas temáticas en relación a la envergadura del emprendimiento que nos ocupa.
Que aún cuando la Empresa en su IIA plantea que el proyecto se emplaza en una cuenca cerrada y que las aguas del Aº el Tigre “...no podrían ser aplicables para el uso de bebida humana, para la vida acuática en agua dulce superficial, para irrigación ni para bebida de ganado...” y que pertenece al dominio privado, la evaluación realizada por esta Comisión partió de premisas diferentes, entendiendo que:
· Aunque no se ha demostrado con certeza científica que la cuenca donde se emplaza el proyecto sea cerrada, los DS sugieren medidas para que con un grado de certeza razonable no exista afectación del recurso hídrico
· que el carácter del agua del Aº EL Tigre pertenece al dominio público
· el agua del Aº El Tigre es apta para distintos usos consuntivos como fuente de bebida humana y animal, sustento de vida acuática en agua dulce, aptitud para riego.
Que, durante el desarrollo de las jornadas de trabajo de la CEIAM, se efectuó una jornada extraordinaria con profesionales de la UTN-FRM, de la UNCuyo y del CCT- CONICET Mendoza donde se asesoró a los miembros de la Comisión en las temáticas que presentaban opiniones divergentes. En este sentido la CEIAM quiere agradecer especialmente a los profesionales de las Universidades y de la institución científica por los aportes realizados a esta Comisión.
Que, frente a las características del IIA, el proyecto y las premisas establecidas por la CEIAM, se resolvió aplicar rigurosidad en los condicionamientos técnicos respecto a la protección de los recursos agua, aire, suelo y patrimonio natural y cultural. Entre ellos merece citarse que:
-Se ha establecido la obligatoriedad de actualizar y ampliar las líneas de base cero del IIA, que deberán ser evaluadas y aprobadas por la Autoridad de Aplicación antes del inicio de las actividades. Asimismo, serán auditadas por la Unidad de Gestión Ambiental a ser creada al aprobarse el proyecto, conformada por los organismos miembros de la CEIAM.
-A fin de no afectar el recurso agua, se solicita que toda la superficie del proyecto donde se depositarán el dique de colas, las escombreras y la playa de maniobras sea protegida con al menos una doble barrera impermeable con sensores de alerta temprana entre las mismas.
-Para no afectar el recurso aire se consideró conveniente establecer un estricto monitoreo de emisiones, con sistema de alerta temprana que suspenda el desarrollo del emprendimiento si se alcanza la mitad de los límites de emisión establecidos como peligrosos en las normativas vigentes.
-Asimismo se estipula que el proyecto comience funcionando en una etapa piloto con una producción acotada y auditada externamente a fin de constatar que los parámetros críticos se encuentren por debajo de los valores establecidos para poder habilitar la etapa de explotación en régimen nominal.
La CEIAM tiene presente que el representante del CPA realizó numerosos aportes que fueron incorporados a las consideraciones generales y al Cuerpo Central (tabla) del documento elaborado por la CEIAM. Sin embargo se deja también constancia de la disidencia del CPA de acuerdo a las consideraciones que se adjuntan, y que forman parte de este Informe Final Único.
Que se adjunta a esta Acta Final, el Cuerpo Central (tabla) con condicionamientos técnicos sugeridos a las diferentes observaciones que constan en los diferentes Dictámenes e Informes Sectoriales, condicionamientos que han sido consensuados a lo largo de las diez (10) sesiones de trabajo llevadas a cabo por esta Comisión.
Que esta Comisión sugiere a la Autoridad de Aplicación, que sólo mediante la efectiva aplicación de todos y cada uno de los condicionamientos establecidos, se entiende que la ejecución del proyecto sería ambientalmente sustentable.
Fecha de Publicación: 30/12/2010
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
La comisión interdisciplinaria que analizó el proyecto minero de Uspallata emitió un informe en el que sugiere que el Ejecutivo autorice una "etapa piloto" y establece una serie de condicionamientos para que sea "ambientalmente sustentable". El próximo paso es la Declaración de Impacto Ambiental, donde pesará el criterio del secretario Carmona.
La comisión evaluadora interdisciplinaria ambiental minera (CEIAM) le sugirió al Gobierno provincial que autorice el proyecto San Jorge en una "etapa piloto con una producción acotada" y estableció una serie de condicionamientos atentos al cuidado del agua y el aire para que la mina sea "ambientalmente sustentable".
El informe de la CEIAM ( un organismo interdisciplinario) surgió hoy, después de 10 sesiones en las que distintos especialistas analizaron en detalle el emprendimiento para extraer minerales en una zona de Uspallata. "El informe de impacto ambiental de la empresa tiene deficiencias significativas en cuanto a la profundidad con que se han tratados algunas temáticas en relación a la envergadura del emprendimiento que nos ocupa", expresa en uno de sus párrafos.
Este trabajo no es vinculante, pero si se supone que condicionará el tenor de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), en lo que pesará la palabra del secretario de Ambiente de la provincia, Guillermo Carmona. No obstante, desde la secretaría de Carmona aclararon que la DIA debe ser emitida por la llamada "autoridad ambiental minera", compuesta por la dirección de Mineria y la dirección de Protección ambiental.
Sobre la DIA, el funcionario ya ha sugerido que podría inclinarse por aprobar el proyecto minero "con condicionamientos". La declaración, una vez emitida por Carmona, deberá ser ratificada por la Legislatura provincial.
El funcionario quedó condicionado por el gobernador Celso Jaque a principios de este mes, cuando el mandatario dijo en una cena de empresarios que la DIA irá muy pronto a la Legislatura. Además de apurar la resolución del expediente, Jaque prácticamente obligó a Carmona, de manera implícita, a aprobarlo.
Sin embargo, aquella dura afirmación pública del gobernador no derivó en la renuncia de Carmona. En poco tiempo se sabrá si el secretario de Ambiente cumplirá o no con la orden del mandatario.
Lo que sigue es el texto del acta de la reunión de la CEIAM sobre San Jorge:
En la Ciudad de Mendoza a los 29 días del mes de diciembre del año 2010, se reúne la Comisión a los fines de redactar las conclusiones de las diez jornadas de trabajo efectuadas por la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera (CEIAM) con el objeto de evaluar el Expte Nº371-M-08-01583, caratulado “Minera San Jorge S.A. s/Informe de Impacto Ambiental Proyecto Minero San Jorge” y emitir el Informe Final Único de acuerdo al artículo 19 del Decreto 820/06.
Al respecto la CEIAM integrada por la Dirección Provincial de Vialidad, la Dirección Nacional de Vialidad, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, la Municipalidad de Las Heras, el Centro Científico y Tecnológico CONICET- Mendoza, la Universidad Nacional de Cuyo, Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Mendoza, la Dirección de Recursos Naturales Renovables, la Dirección de Ordenamiento Ambiental y Desarrollo Urbano, el Departamento General de Irrigación, la Dirección de Patrimonio Cultural, la Dirección de Hidráulica, la Dirección de Protección Ambiental, el Consejo Provincial del Ambiente y la Dirección de Minería; resuelve emitir el siguiente Informe Final Único y expresa:
Que la evaluación se realizó a partir del análisis de los siguientes documentos:
-El Informe de Impacto Ambiental (IIA), presentado por la Empresa proponente del proyecto;
-El Dictamen Técnico (DT) realizado por la UTN-FRM;
-Los Dictámenes Sectoriales (DS) realizados por los organismos integrantes de la CEIAM;
-La Manifestación Específica del Recurso Hídrico (MERH) presentada por la empresa;
-su DT realizado por UTN-FRM
-los Dictámenes Sectoriales de los organismos de la CEIAM correspondientes a la MERH
-Las presentaciones efectuadas en la Consulta Pública
-Las manifestaciones y presentaciones realizadas en el marco de la Audiencia Pública (AP).
Que la metodología utilizada por la CEIAM para la evaluación del proyecto fue la siguiente:
Se analizó el contenido de los documentos mencionados anteriormente, particularizando el análisis en las observaciones presentadas en los diversos dictámenes e informes.
Se evaluó para cada observación si la misma era susceptible de ser resuelta mediante condicionamientos técnicos, con el fin de lograr altos grados de seguridad y disminuir los riesgos de eventuales fenómenos de contaminación en agua, aire y suelo y sus efectos socio ambientales, y afectación sobre el patrimonio natural y cultural. La existencia de observaciones irresolubles mediante condicionamientos técnicos hubiera determinado el rechazo del proyecto.
Que se debe tener en cuenta que el IIA presentado por la Empresa, si bien responde a las formas establecidas en el Decreto 820/06 para este tipo de proyectos, tiene deficiencias significativas en cuanto a la profundidad con que se han tratados algunas temáticas en relación a la envergadura del emprendimiento que nos ocupa.
Que aún cuando la Empresa en su IIA plantea que el proyecto se emplaza en una cuenca cerrada y que las aguas del Aº el Tigre “...no podrían ser aplicables para el uso de bebida humana, para la vida acuática en agua dulce superficial, para irrigación ni para bebida de ganado...” y que pertenece al dominio privado, la evaluación realizada por esta Comisión partió de premisas diferentes, entendiendo que:
· Aunque no se ha demostrado con certeza científica que la cuenca donde se emplaza el proyecto sea cerrada, los DS sugieren medidas para que con un grado de certeza razonable no exista afectación del recurso hídrico
· que el carácter del agua del Aº EL Tigre pertenece al dominio público
· el agua del Aº El Tigre es apta para distintos usos consuntivos como fuente de bebida humana y animal, sustento de vida acuática en agua dulce, aptitud para riego.
Que, durante el desarrollo de las jornadas de trabajo de la CEIAM, se efectuó una jornada extraordinaria con profesionales de la UTN-FRM, de la UNCuyo y del CCT- CONICET Mendoza donde se asesoró a los miembros de la Comisión en las temáticas que presentaban opiniones divergentes. En este sentido la CEIAM quiere agradecer especialmente a los profesionales de las Universidades y de la institución científica por los aportes realizados a esta Comisión.
Que, frente a las características del IIA, el proyecto y las premisas establecidas por la CEIAM, se resolvió aplicar rigurosidad en los condicionamientos técnicos respecto a la protección de los recursos agua, aire, suelo y patrimonio natural y cultural. Entre ellos merece citarse que:
-Se ha establecido la obligatoriedad de actualizar y ampliar las líneas de base cero del IIA, que deberán ser evaluadas y aprobadas por la Autoridad de Aplicación antes del inicio de las actividades. Asimismo, serán auditadas por la Unidad de Gestión Ambiental a ser creada al aprobarse el proyecto, conformada por los organismos miembros de la CEIAM.
-A fin de no afectar el recurso agua, se solicita que toda la superficie del proyecto donde se depositarán el dique de colas, las escombreras y la playa de maniobras sea protegida con al menos una doble barrera impermeable con sensores de alerta temprana entre las mismas.
-Para no afectar el recurso aire se consideró conveniente establecer un estricto monitoreo de emisiones, con sistema de alerta temprana que suspenda el desarrollo del emprendimiento si se alcanza la mitad de los límites de emisión establecidos como peligrosos en las normativas vigentes.
-Asimismo se estipula que el proyecto comience funcionando en una etapa piloto con una producción acotada y auditada externamente a fin de constatar que los parámetros críticos se encuentren por debajo de los valores establecidos para poder habilitar la etapa de explotación en régimen nominal.
La CEIAM tiene presente que el representante del CPA realizó numerosos aportes que fueron incorporados a las consideraciones generales y al Cuerpo Central (tabla) del documento elaborado por la CEIAM. Sin embargo se deja también constancia de la disidencia del CPA de acuerdo a las consideraciones que se adjuntan, y que forman parte de este Informe Final Único.
Que se adjunta a esta Acta Final, el Cuerpo Central (tabla) con condicionamientos técnicos sugeridos a las diferentes observaciones que constan en los diferentes Dictámenes e Informes Sectoriales, condicionamientos que han sido consensuados a lo largo de las diez (10) sesiones de trabajo llevadas a cabo por esta Comisión.
Que esta Comisión sugiere a la Autoridad de Aplicación, que sólo mediante la efectiva aplicación de todos y cada uno de los condicionamientos establecidos, se entiende que la ejecución del proyecto sería ambientalmente sustentable.
Echan a bibiloni por su inoperatividad
Mussi por Bibiloni en Medio Ambiente
Fecha de Publicación: 29/12/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Según dijo Juan José Mussi, que asume hoy, Cristina Fernández le dio a entender que pretende mayor ejecutividad en el área que tiene a cargo el monitoreo de la planta de UPM-Botnia y el saneamiento del Riachuelo, entre otras cosas.
La Presidenta le pidió la renuncia al secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Homero Bibiloni, y nombró en su reemplazo al intendente de Berazategui, Juan José Mussi. El cambio fue dado a conocer por el propio Mussi, que en sus primeras declaraciones aseguró que Cristina Kirchner estaba molesta con la falta de ejecutividad de su antecesor. “La Presidenta me dio a entender que necesitaba un hacedor”, dijo el nuevo secretario. Con el nombramiento, el Gobierno reafirmó la estrategia de premiar a los intendentes del PJ que se mantienen fieles a su gestión, en momentos en que el duhaldismo, de donde proviene Mussi, sueña con el regreso al poder.
Mussi fue ministro de Salud bonaerense durante las gestiones de Eduardo Duhalde y Carlos Ruckauf. Tan cercano fue a los Duhalde que incluso se desempeñó como médico personal de la familia, aunque en los últimos años, como la mayoría de los barones del conurbano, se alineó con el gobierno nacional. Después de la muerte de Néstor Kirchner, Mussi fue el que salió a defender más fuertemente el liderazgo de Cristina. Durante la reunión que el gobernador Daniel Scioli mantuvo con los jefes comunales de la provincia, el intendente de Berazategui tomó la iniciativa en la defensa de la jefa de Estado. “Queremos que Cristina Fernández sea candidata a presidenta porque representa el modelo”, dijo en aquella oportunidad. Su ingreso al Gobierno demoró apenas dos meses.
El desplazamiento de Bibiloni tuvo sus propias razones. El funcionario venía en cuenta regresiva por su falta de operatividad. Dos temas debieron haber sido el eje de su función: el plan de monitoreo de UPM-Botnia, ordenado por la Corte Internacional de La Haya, y el saneamiento del Riachuelo, ordenado por la Corte Suprema de Justicia. En el caso de UPM- Botnia, Bibiloni no mostró iniciativa en la acción. Un episodio reciente refleja lo que fue su gestión: en la primera visita que los científicos del comité binacional hicieron a la pastera, los dos integrantes argentinos del cuerpo detectaron una grave irregularidad en el tratamiento de sus efluentes. A pesar de que hay un compromiso firmado por los presidentes Cristina Kirchner y José Mujica, en el sentido de que toda la información del monitoreo será hecha pública, un criterio destinado a llevar tranquilidad a la sociedad, la Secretaría de Medio Ambiente evitó dar a conocer públicamente el tema.
En el caso del Riachuelo, Bibiloni fue recientemente multado por la Justicia por no realizar una obra de saneamiento. Su inacción tuvo además consecuencias de otro tipo: la multa contra el funcionario había sido dictada por no haber construido un muro perimetral en un predio de la Asociación de Curtidores en Lanús. El cerco no se hizo y el lugar estaba siendo custodiado por la Gendarmería para evitar que fuera tomado. Días atrás, cuatro gendarmes fueron baleados, episodio que causó fuerte preocupación en el Gobierno.
Un dato que agravó el malestar contra el funcionario fue que, en el predio de Lanús, la Asociación de Curtidores debió haber construido una planta de tratamiento de efluentes, cosa que no hizo, en lo que también quedó al descubierto una falla de la secretaría.
La Presidenta le ofreció a Mussi el cargo durante una reunión que mantuvieron el lunes en la residencia de Olivos. El nuevo secretario asumirá esta tarde, a las 19.
Mussi, que el próximo 9 de enero cumplirá 70 años, fue cuatro veces intendente de Berazategui. Llegó por primera vez a la Municipalidad en 1987, en simultáneo con la gobernación de Antonio Cafiero, y permaneció allí hasta 1994, cuando respondió al llamado de Duhalde en plena era menemista. Aquel año fue convencional constituyente nacional y en 1999 fue electo diputado nacional, aunque no asumió la banca para continuar en su cargo como ministro, que dejó cuando el gobernador Felipe Solá rechazó ratificarlo en el puesto. En abril de 2002 volvió a ser convocado por Duhalde como secretario de Asuntos Políticos en el Ministerio del Interior y permaneció allí hasta noviembre de 2003, ya con Néstor Kirchner en la Presidencia de la Nación. Había sido reelecto en 2007 al frente de la intendencia, que ahora traspasará a su hijo Juan Patricio Mussi (ver aparte).
Más Información:
- La Razón - Echan a Bibiloni y lo reemplaza intendente K
- La Nación - Muchos faltantes y pocos logros en la gestión
- Quilmes Presente - Razones de una llegada y una salida
- Telam - Mussi: "La cuenca Matanza-Riachuelo va a ser una de las prioridades de mi gestión"
- Impulso Baires - Homero Bibiloni, preso de su propia inoperatividad, debió dejar Ambiente
Fecha de Publicación: 29/12/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Según dijo Juan José Mussi, que asume hoy, Cristina Fernández le dio a entender que pretende mayor ejecutividad en el área que tiene a cargo el monitoreo de la planta de UPM-Botnia y el saneamiento del Riachuelo, entre otras cosas.
La Presidenta le pidió la renuncia al secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Homero Bibiloni, y nombró en su reemplazo al intendente de Berazategui, Juan José Mussi. El cambio fue dado a conocer por el propio Mussi, que en sus primeras declaraciones aseguró que Cristina Kirchner estaba molesta con la falta de ejecutividad de su antecesor. “La Presidenta me dio a entender que necesitaba un hacedor”, dijo el nuevo secretario. Con el nombramiento, el Gobierno reafirmó la estrategia de premiar a los intendentes del PJ que se mantienen fieles a su gestión, en momentos en que el duhaldismo, de donde proviene Mussi, sueña con el regreso al poder.
Mussi fue ministro de Salud bonaerense durante las gestiones de Eduardo Duhalde y Carlos Ruckauf. Tan cercano fue a los Duhalde que incluso se desempeñó como médico personal de la familia, aunque en los últimos años, como la mayoría de los barones del conurbano, se alineó con el gobierno nacional. Después de la muerte de Néstor Kirchner, Mussi fue el que salió a defender más fuertemente el liderazgo de Cristina. Durante la reunión que el gobernador Daniel Scioli mantuvo con los jefes comunales de la provincia, el intendente de Berazategui tomó la iniciativa en la defensa de la jefa de Estado. “Queremos que Cristina Fernández sea candidata a presidenta porque representa el modelo”, dijo en aquella oportunidad. Su ingreso al Gobierno demoró apenas dos meses.
El desplazamiento de Bibiloni tuvo sus propias razones. El funcionario venía en cuenta regresiva por su falta de operatividad. Dos temas debieron haber sido el eje de su función: el plan de monitoreo de UPM-Botnia, ordenado por la Corte Internacional de La Haya, y el saneamiento del Riachuelo, ordenado por la Corte Suprema de Justicia. En el caso de UPM- Botnia, Bibiloni no mostró iniciativa en la acción. Un episodio reciente refleja lo que fue su gestión: en la primera visita que los científicos del comité binacional hicieron a la pastera, los dos integrantes argentinos del cuerpo detectaron una grave irregularidad en el tratamiento de sus efluentes. A pesar de que hay un compromiso firmado por los presidentes Cristina Kirchner y José Mujica, en el sentido de que toda la información del monitoreo será hecha pública, un criterio destinado a llevar tranquilidad a la sociedad, la Secretaría de Medio Ambiente evitó dar a conocer públicamente el tema.
En el caso del Riachuelo, Bibiloni fue recientemente multado por la Justicia por no realizar una obra de saneamiento. Su inacción tuvo además consecuencias de otro tipo: la multa contra el funcionario había sido dictada por no haber construido un muro perimetral en un predio de la Asociación de Curtidores en Lanús. El cerco no se hizo y el lugar estaba siendo custodiado por la Gendarmería para evitar que fuera tomado. Días atrás, cuatro gendarmes fueron baleados, episodio que causó fuerte preocupación en el Gobierno.
Un dato que agravó el malestar contra el funcionario fue que, en el predio de Lanús, la Asociación de Curtidores debió haber construido una planta de tratamiento de efluentes, cosa que no hizo, en lo que también quedó al descubierto una falla de la secretaría.
La Presidenta le ofreció a Mussi el cargo durante una reunión que mantuvieron el lunes en la residencia de Olivos. El nuevo secretario asumirá esta tarde, a las 19.
Mussi, que el próximo 9 de enero cumplirá 70 años, fue cuatro veces intendente de Berazategui. Llegó por primera vez a la Municipalidad en 1987, en simultáneo con la gobernación de Antonio Cafiero, y permaneció allí hasta 1994, cuando respondió al llamado de Duhalde en plena era menemista. Aquel año fue convencional constituyente nacional y en 1999 fue electo diputado nacional, aunque no asumió la banca para continuar en su cargo como ministro, que dejó cuando el gobernador Felipe Solá rechazó ratificarlo en el puesto. En abril de 2002 volvió a ser convocado por Duhalde como secretario de Asuntos Políticos en el Ministerio del Interior y permaneció allí hasta noviembre de 2003, ya con Néstor Kirchner en la Presidencia de la Nación. Había sido reelecto en 2007 al frente de la intendencia, que ahora traspasará a su hijo Juan Patricio Mussi (ver aparte).
Más Información:
- La Razón - Echan a Bibiloni y lo reemplaza intendente K
- La Nación - Muchos faltantes y pocos logros en la gestión
- Quilmes Presente - Razones de una llegada y una salida
- Telam - Mussi: "La cuenca Matanza-Riachuelo va a ser una de las prioridades de mi gestión"
- Impulso Baires - Homero Bibiloni, preso de su propia inoperatividad, debió dejar Ambiente
La nueva planta de "reciclaje" de La Plata
Como funcionará la nueva planta de tratamiento de residuos en La Plata
Fecha de Publicación: 29/12/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
Argentina cuenta con un amplio territorio de 2,7 millones de km2, pero esto no impide que enfrente serios problemas a la hora de disponer los residuos en las zonas cercanas a la capital. Varios rellenos sanitarios se encuentran al borde de su capacidad y no resulta fácil abrir rellenos nuevos, especialmente si se encuentran en zonas pobladas.
Algunas soluciones están empezando a surgir. A principios de diciembre, se confirmó la construcción de una planta de tratamiento de residuos para la zona de la ciudad de La Plata. Se realizó una licitación pública en la que se presentaron siete empresas. La obra demandará una inversión de más de 41 millones de dólares y se espera que la planta esté en funcionamiento durante el primer trimestre del 2012. La tecnología viene de la mano del Grupo Griñó, una empresa catalana con más de 80 años de experiencia en manejo de residuos.
La planta propuesta por Griñó Ecologic funciona de una manera sumamente limpia a través de clasificación de residuos. El proceso se logra de manera óptica y mecánica, es decir separando tanto de manera automática como manual los distintos tipos de residuos. Joan Griñó Piró, director de Griñó Ecologic me explicó que es posible automatizar el proceso en un 100 por ciento, aunque de manera muy costosa debido a la cantidad de sensores y diferentes sistemas de separación que tendrían que estar involucrados.
La instalación que tendrá La Plata será del tipo semi-automática, y dará empleo a unas 70 personas. Se dejará abierta la posibilidad de perfeccionar la planta en el futuro, con el objetivo de lograr mayor automatización y reducir la cantidad de personas involucradas.
Será la primera de su tipo en América Latina, y tratará 1000 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos que provendrán en un 70 por ciento de la ciudad de la Plata, y el 30 por ciento restante de localidades como Ensenada, Berisso, Brandsen y Punta Indio.
Los residuos sólidos de La Plata se dividen actualmente en: residuos orgánicos (48%), papel y cartón (18%), vidrios (3%), plásticos (15%), textiles y otros (16%). Los rellenos actuales de José León Suarez, González Catán y Ensenada reciben diariamente 14.500 toneladas de basura, por lo tanto serían necesarias 15 plantas de este tipo para poder procesar dicha cantidad.
Es una buena noticia saber que se está lanzando la primera y que gracias a esta en particular, se permitirá cerrar el relleno sanitario de Ensenada.
Como funciona. La planta recibe los RSU a través de camiones, tal como los recibiría un relleno sanitario. Esto es a mi criterio un aspecto negativo dado que no requiere separación de residuos en origen y no obliga a generar conciencia sobre la problemática ni la necesidad de participación por parte de la población. Probablemente la planta podría ser más simple y menos costosa si recibiera los distintos residuos preclasificados. Una vez realizados los distintos procesos mecánicos y manuales de separación, se obtienen en la salida cuatro "sub-productos":
* Materiales para combustible sólido recuperado
* Materiales para abono
* Material de relleno no contaminante
* Residuos valorizables
Combustible sólido: Se obtiene a través de un triturado que involucra residuos como los plásticos, celulosa (papel y cartón), pañales, textiles y madera. Se puede utilizar como substituto de combustible fósil (coque de petróleo) en industrias de elevado consumo energético como cementeras y plantas térmicas. Es un material homogéneo y controlado que tiene un poder calorífico de 4000 Kcal/kg y en Europa se utiliza principalmente en los hornos de producción de Clinker de plantas cementeras. Si bien se logra un ahorro en el consumo de combustibles fósiles, no queda claro que el quemado del CSR represente disminuciones en emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) como destacan sus defensores.
Abono o compost: El abono proviene de la descomposición de material orgánico como cáscaras de frutas y verduras, restos de carne, cáscaras de huevo, etc. Estos restos al descomponerse dan lugar a un fertilizante natural no basado en petróleo que se utiliza para mejorar el contenido orgánico de suelos. La moderna planta de compostaje de más de 26.000 m2 cubiertos que estará presente en la zona de La Plata garantiza que no se emanarán olores. El proceso requiere pequeñas cantidades de agua que serán abastecidas acumulando aguas de lluvia in situ.
Material de relleno no contaminante: Representa un 20 por ciento de lo obtenido. Está compuesto principalmente por vidrios y cerámicos. Dado que se trata de un material inerte, se utilizará para rellenar canteras en zonas cercanas a La Plata que actualmente se encuentran en un estado muy deteriorado y son frecuentemente utilizadas como rellenos incontrolados de residuos. Los materiales inertes son aquellos que no experimentan ninguna transformación física, química o biológica. No son solubles, ni combustibles, ni son biodegradables en el corto o mediano plazo y sobre todo no representan riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas. Una vez separados, estos materiales se compactan en cubos para ubicarlos en canteras.
Materiales recuperables con valor: Incluyen aluminio, acero, PET, polietileno. Separados de forma adecuada, se podrán poner a la venta a empresas que los requieran en sus procesos productivos.
Este tipo de planta requiere de mayor cantidad de maquinas y de espacio que los sistemas de arco de plasma como los que se utilizan en Japón, aunque presenta grandes ventajas frente al plasma: menores costos, mayor confiabilidad y requerimientos energéticos sustancialmente menores. Es importante recalcar que no se trata de un modelo experimental, si bien representa una gran novedad para nuestra región: la empresa cuenta con seis plantas del mismo tipo funcionando en España y existen en Europa 32 plantas con tecnologías similares de tratamiento de residuos. Todavía queda a definir la ubicación definitiva de la futura planta, un tema que está causando controversia entre los habitantes de la zona.
Fecha de Publicación: 29/12/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
Argentina cuenta con un amplio territorio de 2,7 millones de km2, pero esto no impide que enfrente serios problemas a la hora de disponer los residuos en las zonas cercanas a la capital. Varios rellenos sanitarios se encuentran al borde de su capacidad y no resulta fácil abrir rellenos nuevos, especialmente si se encuentran en zonas pobladas.
Algunas soluciones están empezando a surgir. A principios de diciembre, se confirmó la construcción de una planta de tratamiento de residuos para la zona de la ciudad de La Plata. Se realizó una licitación pública en la que se presentaron siete empresas. La obra demandará una inversión de más de 41 millones de dólares y se espera que la planta esté en funcionamiento durante el primer trimestre del 2012. La tecnología viene de la mano del Grupo Griñó, una empresa catalana con más de 80 años de experiencia en manejo de residuos.
La planta propuesta por Griñó Ecologic funciona de una manera sumamente limpia a través de clasificación de residuos. El proceso se logra de manera óptica y mecánica, es decir separando tanto de manera automática como manual los distintos tipos de residuos. Joan Griñó Piró, director de Griñó Ecologic me explicó que es posible automatizar el proceso en un 100 por ciento, aunque de manera muy costosa debido a la cantidad de sensores y diferentes sistemas de separación que tendrían que estar involucrados.
La instalación que tendrá La Plata será del tipo semi-automática, y dará empleo a unas 70 personas. Se dejará abierta la posibilidad de perfeccionar la planta en el futuro, con el objetivo de lograr mayor automatización y reducir la cantidad de personas involucradas.
Será la primera de su tipo en América Latina, y tratará 1000 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos que provendrán en un 70 por ciento de la ciudad de la Plata, y el 30 por ciento restante de localidades como Ensenada, Berisso, Brandsen y Punta Indio.
Los residuos sólidos de La Plata se dividen actualmente en: residuos orgánicos (48%), papel y cartón (18%), vidrios (3%), plásticos (15%), textiles y otros (16%). Los rellenos actuales de José León Suarez, González Catán y Ensenada reciben diariamente 14.500 toneladas de basura, por lo tanto serían necesarias 15 plantas de este tipo para poder procesar dicha cantidad.
Es una buena noticia saber que se está lanzando la primera y que gracias a esta en particular, se permitirá cerrar el relleno sanitario de Ensenada.
Como funciona. La planta recibe los RSU a través de camiones, tal como los recibiría un relleno sanitario. Esto es a mi criterio un aspecto negativo dado que no requiere separación de residuos en origen y no obliga a generar conciencia sobre la problemática ni la necesidad de participación por parte de la población. Probablemente la planta podría ser más simple y menos costosa si recibiera los distintos residuos preclasificados. Una vez realizados los distintos procesos mecánicos y manuales de separación, se obtienen en la salida cuatro "sub-productos":
* Materiales para combustible sólido recuperado
* Materiales para abono
* Material de relleno no contaminante
* Residuos valorizables
Combustible sólido: Se obtiene a través de un triturado que involucra residuos como los plásticos, celulosa (papel y cartón), pañales, textiles y madera. Se puede utilizar como substituto de combustible fósil (coque de petróleo) en industrias de elevado consumo energético como cementeras y plantas térmicas. Es un material homogéneo y controlado que tiene un poder calorífico de 4000 Kcal/kg y en Europa se utiliza principalmente en los hornos de producción de Clinker de plantas cementeras. Si bien se logra un ahorro en el consumo de combustibles fósiles, no queda claro que el quemado del CSR represente disminuciones en emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) como destacan sus defensores.
Abono o compost: El abono proviene de la descomposición de material orgánico como cáscaras de frutas y verduras, restos de carne, cáscaras de huevo, etc. Estos restos al descomponerse dan lugar a un fertilizante natural no basado en petróleo que se utiliza para mejorar el contenido orgánico de suelos. La moderna planta de compostaje de más de 26.000 m2 cubiertos que estará presente en la zona de La Plata garantiza que no se emanarán olores. El proceso requiere pequeñas cantidades de agua que serán abastecidas acumulando aguas de lluvia in situ.
Material de relleno no contaminante: Representa un 20 por ciento de lo obtenido. Está compuesto principalmente por vidrios y cerámicos. Dado que se trata de un material inerte, se utilizará para rellenar canteras en zonas cercanas a La Plata que actualmente se encuentran en un estado muy deteriorado y son frecuentemente utilizadas como rellenos incontrolados de residuos. Los materiales inertes son aquellos que no experimentan ninguna transformación física, química o biológica. No son solubles, ni combustibles, ni son biodegradables en el corto o mediano plazo y sobre todo no representan riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas. Una vez separados, estos materiales se compactan en cubos para ubicarlos en canteras.
Materiales recuperables con valor: Incluyen aluminio, acero, PET, polietileno. Separados de forma adecuada, se podrán poner a la venta a empresas que los requieran en sus procesos productivos.
Este tipo de planta requiere de mayor cantidad de maquinas y de espacio que los sistemas de arco de plasma como los que se utilizan en Japón, aunque presenta grandes ventajas frente al plasma: menores costos, mayor confiabilidad y requerimientos energéticos sustancialmente menores. Es importante recalcar que no se trata de un modelo experimental, si bien representa una gran novedad para nuestra región: la empresa cuenta con seis plantas del mismo tipo funcionando en España y existen en Europa 32 plantas con tecnologías similares de tratamiento de residuos. Todavía queda a definir la ubicación definitiva de la futura planta, un tema que está causando controversia entre los habitantes de la zona.
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