El Gobierno quiere modificar leyes sobre el bosque nativo: qué está pasando con el desmonte en Argentina 

Fecha de Publicación: 22/12/2025
Fuente: Chequeado
Provincia/Región: Nacional


Mientras el desmonte ilegal no se detiene en Argentina, el Gobierno nacional propuso cambios a 2 leyes claves en la protección de bosques nativos, lo que podría dar vía libre a una mayor deforestación, según advierten especialistas.  
A través del Consejo de Mayo, la gestión de Javier Milei (La Libertad Avanza) propuso realizar algunas modificaciones en la Ley de Bosques y también en la Ley de Manejo del Fuego.
Ley de Bosques y Manejo del Fuego: los cambios propuestos por el Consejo de Mayo
La llamada “Ley de Bosques” o Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos establece una clasificación de categorías de conservación de los bosques nativos (roja, amarilla o verde) donde se regula el desmonte o se permite únicamente bajo algunos criterios.
Sobre esta ley, el Consejo de Mayo propone un cambio clave: permitir el desmonte total en la categoría III (verde) sin pasar por ninguna evaluación de impacto ambiental. En esta categoría se incluyen sectores de bajo valor de conservación, pero actualmente para desmontarlos se necesita una autorización.
También, mantener la autorización previa para el desmonte en la categoría II (amarillo) y I (rojo). Los de categoría amarilla son predios con ecosistemas que pueden estar degradados pero que podrían recuperarse con la implementación de actividades de restauración. Aquí se podía realizar sólo aprovechamiento sostenible, pero no un cambio de uso de suelo; esto es, un desmonte total. Por su parte, los de la categoría roja agrupa a las zonas con bosque nativo mejor conservado.
Las provincias totalizan más de 53 millones de hectáreas de bosques nativos categorizados, según sus Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos (OTBN). Los datos son los últimos datos oficiales de julio de 2024. El 21% pertenece a la categoría roja; el 60%, categoría amarilla; y un 19%, verde.
En cuanto a la Ley de Manejo del Fuego, la otra propuesta del Consejo de Mayo que apoya el gobierno de Milei, es derogar los artículos 22º bis, ter y quater, y restituir el artículo 22º bis sancionado por la ley 27.353 de 2017. Ese texto indica que en los predios con bosque nativo incendiado no pueden hacerse modificaciones “en el uso y destino que dichas superficies poseían con anterioridad al incendio, de acuerdo a las categorías de conservación asignadas por el ordenamiento territorial de los bosques nativos de la jurisdicción correspondiente, elaborado conforme a la ley 26.331”.
La modificación, que fue sumada a la ley en 2020 tras la sanción de un proyecto en el Congreso impulsado por el diputado Máximo Kirchner y que ahora se quiere borrar, fijaba un período de 60 años post incendio durante los cuales los propietarios de los predios quemados no pueden realizar actividades agropecuarias, subdivisiones, loteos y ventas, si se trataba de lotes con bosques nativos o implantados, y de 30 años para el caso de zonas agropecuarias, pastizales o matorrales.
El objetivo es evitar que se utilice el fuego intencionalmente para deforestar y luego poder realizar actividades agropecuarias o desarrollos inmobiliarios.
Hernán Giardini, responsable de la Campaña de Bosques de Greenpeace Argentina, y Ana Di Pangracio, directora del área de Biodiversidad de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), señalaron a Ruido -miembro de la Red Federal de Periodismo e Innovación (RPI)- que estas propuestas contradicen lo que reclaman organizaciones ambientales: deforestación cero.

Cuánto y cómo se desmonta en Argentina
A 18 años de la sanción de la “Ley de Bosques”, Argentina aún enfrenta una emergencia forestal, con una pérdida acumulada de bosque nativo de 3,8 millones de hectáreas desde la promulgación de la norma hasta 2023, según el último monitoreo oficial de la Dirección Nacional de Bosques de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación.
Si se observan los datos por año desde 2014, 2020 fue el año con más hectáreas deforestadas, según los datos oficiales. Por su parte, 2019 fue el año con menor superficie deforestada.
2023 tuvo un total de 173 mil hectáreas afectadas y una tasa de desmonte de 0,35 (último dato disponible). 
Desde hace un década, la tasa anual de desmonte no logra bajar y se mantiene entre 0,3% y 0,45% deforestado del total de bosques nativos. En promedio, esta tasa equivale a unas 190 mil hectáreas por año, o 266 mil canchas de fútbol como “La Bombonera”.
Pero, además, hay un agravante: gran parte de la pérdida que persiste es ilegal. 
El informe oficial de desmonte de 2023 revela que el 47% de la pérdida de bosques se concentró en la categoría amarilla y el 6%, en la roja. Es decir, más de la mitad del desmonte registrado se realizó en zonas donde la actual ley prohíbe explícitamente el cambio de uso del suelo.
“Las multas no alcanzan para frenar la deforestación y por eso planteamos la necesidad de penalizar la destrucción del bosque”, aseguró a Ruido Hernán Giardini, responsable de la Campaña de Bosques de Greenpeace Argentina.
Además de no poder controlar las intervenciones fuera de la ley, Giardini asegura que los propios estados provinciales cometen ilegalidades.
Di Pangracio señaló que la Ley de Bosques vigente no prohíbe el desmonte, sólo lo regula. “En la categoría verde, permite el desmonte previa evaluación de impacto ambiental y audiencia pública. Eso se suma a la deforestación ilegal, la cual no está siendo debidamente atendida”, afirmó a Ruido.

Estimaciones de deforestación para 2024 y 2025
Todavía no hay datos oficiales de 2024 y 2025, los 2 primeros años de la gestión de Milei. 
Pero el Sistema de Alerta Temprana de Deforestación (SAT-D) difundió en 2024 un total de 9.796 alertas que abarcan aproximadamente 253.919 hectáreas en diversas regiones del país.  
De todas maneras, estas alertas no equivalen directamente a desmontes confirmados: se trata de señales satelitales que luego deben ser verificadas por cada provincia en territorio para determinar si hubo efectivamente deforestación, incendios u otros cambios de cobertura.

Cómo se deforesta en cada provincia
La mayor pérdida de bosque nativo en 2023, en términos absolutos, se registró en las provincias de Chaco, Santiago del Estero y Formosa, que concentraron más del 70% del total nacional, según los últimos datos oficiales. Mientras que las que tuvieron menor pérdida, en términos absolutos, fueron Santa Cruz y San Juan.
En estos casos, las principales causas son el uso agropecuario (62,4%) y el uso para ganadería selectiva o silvopastoril (20,3%), según el informe oficial de Monitoreo de la Superficie de Bosque Nativo de la República Argentina.
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Cementerio de animales: guanacos muertos, cráneos y pieles de pumas y carne faenada, las macabras postales

Fecha de Publicación: 22/12/2025
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza


Una serie de allanamientos permitió dar con animales muertos, carne faenada y un cementerio de vacas y caballos a cielo abierto.
Las postales, tristes y desoladoras por donde se las mire, hablan por sí solas: esqueletos y cueros de guanacos desparramados por todos lados, pieles y cráneos de pumas y zorros conservados como "trofeos". Todas estas especies habían sido previamente faenadas, por lo que no quedaba carne en sus cuerpos. En el medio, dos delitos. Por un lado, la caza furtiva de especies protegidas de la fauna silvestre mendocina y, por el otro, la comercialización clandestina de esa carne, que no es apta para consumo humano.
Además, un descampado en la zona de Capdeville alberga un extenso amontonamiento de huesos, muchos de ellos ya secos y resquebrajados por el sol. No pertenecen a especies protegidas, pero sí a caballos y vacas que han sido robados y también faenados clandestinamente. Como si se tratara de una versión mendocina del "Cementerio de animales", aquel creado por la cabeza de Stephen King y plasmado en un libro, estas fueron algunas de las escenas con que los efectivos de la Policía de Mendoza, de Fauna Silvestre y de Bromatología de Las Heras se encontraron en los 15 allanamientos en simultáneos que se hicieron durante todo el jueves en casas, campos privados y hasta carnicerías de ese departamento.
Todos los procedimientos fueron realizados en las inmediaciones del inicio de la ruta 13 (que llega hasta Uspallata), y en ellos se secuestraron animales muertos (incluiso, restos óseos y cueros o pieles), además de armas de grueso calibre, silenciadores, 600 kilos de carne faenada y elementos de caza prohibidos. Durante los allanamientos, además, se detuvo a cuatro personas.
Como parte del mismo plan de lucha contra el abigeato (robo de ganado) y la caza furtiva (de especies protegidas o en sitios donde no está permitido), hace poco menos de una semana se encontraron restos de guanacos muertos en el interior de la Reserva Natural Villavicencio (en esta área está prohibida la caza de cualquier especie). Y aunque en el momento no se dio con los cazadores, si se determinó que esos restos -huesos y cueros sin carne- eran despojos de cacería furtiva.
En Mendoza, las sanciones por este delito de caza se calculan en base a la gravedad del hecho y la especie afectada, pudiendo llegar hasta los $7.000.000 por ejemplar en los casos más graves (especies en peligro de extinción o monumentos naturales).
"Vale la pena resaltar y desatacar como la Provincia puede trabajar de forma eficiente y eficaz cuando todos los ministerios trabajan de forma mancomunada. Ayer (por el jueves) tuvimos el apoyo de más de 80 efectivos policiales, helicópteros, grupo de drones, y se 'barrió' toda un área donde estábamos investigando estos delitos", sintetizó el jefe de Fauna Silvestre, Adrián Gorrindo.

Un auténtico cementerio de animales
Sin la característica de haber sido anteriormente un terreno sagrado para pueblos ancestrales y sin la parte de ciencia ficción que derivaba en que los ejemplares que allí eran enterrados regresaran a la vida de forma terrorífica, en esta zona del norte de Las Heras se encontró un verdadero cementerio de animales.
A primera hora del jueves, todos los efectivos que participaron del operativo desplegaron los 15 allanamientos en simultáneo, en los que también se llevaron los teléfonos celulares de los aprehendidos (de este peritaje pueden surgir datos claves).
Hace algunos días se comenzó a trabajar en esta causa, que salió a la luz a raíz de una seguidilla de denuncias de propietarios de campos aledaños a la ruta 13. En ellas se hablaba de la presencia de varios guanacos muertos, y -al analizar esos restos- era evidente que no habían muerto en garras de predadores naturales. De hecho, eran evidentes los rastros del faenamiento.
Durante el fin de semana pasado, además, se registró también este hallazgo de guanacos cazados en el interior de Villavicencio. Y aunque los cazadores no fueron encontrados in fraganti ni en el momento, el estado de los restos de los animales permitían inferir que los habían faenado (los cazadores suelen trozarlos in situ y llevarse la carne en las alforjas de motos o de las monturas de los caballos)
A raíz de las denuncias de los puesteros privados y de las autoridades de Villavicencio, la Justicia y los ministerios de Seguridad y Energía y Ambiente comenzaron a trabajar en la investigación. Así fue como llegaron al mega operativo de este jueves y que incluyó los allanamientos en simultáneo en barrio Matheu, Capdeville y otras zonas del noroeste lasherino.
En uno de los puestos en las inmediaciones de Villavicencio se encontraron armas de fuego de grueso calibre, un silenciador, trampas para capturas de carnívoros (normalmente se utilizan en cacería de pumas y zorros) y restos de cuatro ejemplares de pumas (cráneos y pieles). Incluso, una de las cabezas se encontraba aún "fresca", lo que permitió deducir que habían sido cazado hacía unos pocos días.
Quien se encontraba en este puesto, con estas pertenencias, fue aprehendida y quedó a disposición de la Justicia.

Plan contra el abigeato
El Plan Estratégico de Lucha contra el Abigeato es una de las políticas que más ha reforzado el Ministerio de Seguridad durante los últimos años. Desde su inicio, en mayo de este año, ya se han superado las 13 toneladas de productos cárnicos decomisados en toda la provincia.
“La faena clandestina es un flagelo que afecta también a la salud pública”, resumió la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, quien agregó que en los procedimientos se secuestraron también armas de fuego, motos robadas y dispositivos electrónicos que serán evaluados.
El procedimiento que incluyó los 15 allanamientos fue ejecutado por la División de Investigaciones Integrales de Leyes Especiales (DIILE), dependiente de la Dirección General de Investigaciones. La causa, en tanto, está siendo instruida por la Unidad Fiscal de Delitos contra el Medioambiente, los Animales y No Especializados, a cargo del fiscal Gabriel Blanco.
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Senado aprobó dictamen para adecuar la ley de Glaciares y el debate pasó al 10 de febrero

Fecha de Publicación: 20/12/2025
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


Desde el ámbito científico, Pablo Villagra, del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), defendió el Inventario Nacional de Glaciares, concluido en 2018 y reconocido internacionalmente, al señalar que no presenta errores significativos y que actualmente se encuentra en proceso de actualización. Otros especialistas remarcaron la complejidad de los ecosistemas glaciares y alertaron sobre los riesgos de una eventual flexibilización normativa.
El sector empresario minero, en cambio, respaldó la iniciativa oficial. Alfredo Vitaller, de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), sostuvo que el objetivo de la industria es proteger los glaciares en tanto cumplan funciones estratégicas como reservas de agua, y afirmó que la ley vigente presenta imperfecciones que generan incertidumbre jurídica. A su turno, Manuel Benítez, de la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN), destacó la necesidad de una minería responsable para acompañar el crecimiento económico y la transición energética.
Las posiciones más críticas llegaron desde el ámbito jurídico-ambiental. Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, calificó el debate como “un proceso exprés nunca visto” y advirtió que el proyecto, de avanzar, podría incrementar la inseguridad jurídica y derivar en nuevos conflictos judiciales.
El cierre de la jornada estuvo a cargo de los gobernadores de San Juan y Catamarca, por ser los presidentes de la Mesa del Cobre y la Mesa del Litio, respectivamente.
Marcelo Orrego afirmó que su provincia tiene voluntad de proteger los glaciares y el ambiente periglacial cuando constituyan reservas de agua estratégicas, pero remarcó la necesidad de una ley de presupuestos mínimos que permita una aplicación clara y efectiva. Raúl Jalil, en tanto, subrayó la importancia de evaluar integralmente los impactos ambientales, sociales y económicos de la minería, y destacó el crecimiento del empleo formal del sector en Catamarca como un factor clave para el desarrollo y la diversificación productiva.
Con la firma del dictamen, el proyecto quedó formalmente habilitado para su debate en el recinto del Senado el 10 de febrero, fecha en la que se anticipa una discusión intensa en torno al equilibrio entre la protección ambiental y el desarrollo de la actividad minera en la Argentina.

La postura del Gobierno nacional con la ley de Glaciares
El Gobierno nacional defiende la adecuación de la ley de Glaciares como una ley aclaratoria y no regresiva, cuyo objetivo es ordenar su aplicación y reducir la incertidumbre jurídica sin modificar las prohibiciones centrales ni afectar proyectos en marcha. Desde el Ejecutivo lo sintetizan de forma directa: “No es una ley nueva, es una ley aclaratoria para tener una mejor interpretación”, explicaron a Energy Report fuentes oficiales que participaron en la redacción del texto enviado al Congreso, subrayando que la iniciativa responde a reclamos históricos de las provincias cordilleranas.
La Casa Rosada sostiene que la adecuación persigue un doble objetivo estratégico: garantizar la protección efectiva del agua y respetar el federalismo consagrado en la Constitución Nacional. “El objetivo de la ley es garantizar un ambiente sano y respetar la autonomía federal, y como sostuvo la Corte Suprema, también respetar el federalismo de concertación”, remarcan desde el Ejecutivo.
En ese marco, el proyecto se apoya explícitamente en los artículos 41 y 124 de la Constitución. “Respetar la autonomía provincial no es un capricho, es un mandato constitucional”, afirman, al tiempo que rechazan de plano las interpretaciones que hablan de una flexibilización ambiental.
Desde el Gobierno también buscan despejar dudas sobre el impacto de la iniciativa en las inversiones y el marco regulatorio vigente. “El proyecto no desprotege el ambiente, aclara los alcances y responde a un mandato constitucional”, enfatizan.
Además, aseguran que la adecuación no tendrá efectos retroactivos: “Si se aprueba la ley, no se modifican los RIGI aprobados ni las Declaraciones de Impacto Ambiental ya aprobadas”, ni genera implicancias sobre el Acuerdo de Escazú. Para el oficialismo, la reforma no implica un retroceso ambiental, sino una corrección necesaria para brindar reglas claras, previsibilidad jurídica y desarrollo sostenible en un sector clave para la economía argentina.

Ley de Glaciares: repaso artículo por artículo de los principales cambios

Artículo 1°: nuevo objeto de la ley de Glaciares
El proyecto sustituye el artículo 1° de la ley de Glaciares y redefine su objeto. Se mantiene el principio central de la norma: la protección de los glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de recursos hídricos y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas.
La novedad es que el texto incorpora una interpretación explícita en consonancia con el artículo 41 de la Constitución Nacional, reconociendo la utilización racional de los recursos naturales por parte de las provincias, titulares originarias de los mismos según el artículo 124 de la Constitución. De este modo, el proyecto busca equilibrar protección ambiental y competencias jurisdiccionales.

Artículo 2°: redefinición del Inventario Nacional de Glaciares
Se sustituye el artículo 3° y se refuerza el rol del Inventario Nacional de Glaciares como herramienta central de la ley de Glaciares. El Inventario deberá identificar únicamente aquellos glaciares y geoformas periglaciales que cumplan funciones hídricas estratégicas.
El proyecto aclara que el Inventario será de consulta obligatoria, pero sin afectar las atribuciones que la ley otorga a las autoridades competentes en materia ambiental. Este punto es clave, ya que introduce una mirada más funcional y menos automática sobre qué formaciones quedan alcanzadas por la norma.

Artículo 3°: incorporación del principio precautorio (artículo 3° bis)
La iniciativa incorpora un nuevo artículo 3° bis que formaliza la aplicación del principio precautorio. Mientras una geoforma esté incluida en el Inventario Nacional de Glaciares, se presume protegida por la ley de Glaciares.
Sin embargo, el proyecto introduce un cambio relevante: si la autoridad ambiental competente verifica que un glaciar o geoforma periglacial no cumple funciones hídricas, deja de estar alcanzado por las previsiones específicas de la ley, sin perjuicio de la protección general que otorgue la Ley General del Ambiente.
Este punto, anticipado por Energy Report, es uno de los ejes centrales de la adecuación normativa.

Artículo 4°: nuevo esquema para la realización del Inventario
Se sustituye el artículo 5° y se ratifica al IANIGLA como organismo responsable del inventario y monitoreo de glaciares, en coordinación con la autoridad nacional de aplicación.
El texto refuerza la participación de las provincias: si una autoridad local detecta un glaciar o ambiente periglacial con funciones hídricas que no esté inventariado, debe informarlo para su incorporación. Del mismo modo, si se comprueba que una geoforma ya inventariada no cumple esas funciones, el IANIGLA deberá eliminarla del Inventario.
Un punto relevante es que la omisión de actualización del Inventario no invalida autorizaciones ambientales provinciales, lo que introduce mayor seguridad jurídica para proyectos evaluados bajo este esquema.

Artículo 5°: actividades prohibidas
El proyecto sustituye el artículo 6° de la ley de Glaciares y mantiene sin cambios de fondo las prohibiciones. Siguen vedadas las actividades que alteren de modo relevante la condición natural de glaciares y ambientes periglaciales, incluyendo:
    La liberación de contaminantes.
    Obras de infraestructura (salvo excepciones científicas).
    La exploración y explotación minera e hidrocarburífera.
    El desarrollo de actividades industriales.
La diferencia central es que ahora será la autoridad ambiental competente la que determine, mediante evaluación de impacto ambiental, qué actividades generan una alteración relevante.

Artículo 6°: evaluación de impacto ambiental
Se reemplaza el artículo 7° y se reafirma la obligatoriedad de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) previa para cualquier actividad proyectada en glaciares o ambiente periglacial.
El proyecto introduce con mayor claridad la posibilidad de realizar evaluaciones ambientales estratégicas cuando la escala del proyecto lo amerite y garantiza instancias de participación ciudadana, conforme a la Ley General del Ambiente.
Se mantienen las excepciones para actividades de rescate, científicas de bajo impacto y prácticas deportivas no motorizadas.

Artículo 7°: autoridades competentes
El nuevo artículo 8° redefine el esquema de autoridades. Cada jurisdicción determinará su autoridad ambiental competente, mientras que en áreas protegidas nacionales la responsabilidad recaerá en la Administración de Parques Nacionales.
Las provincias tendrán a su cargo identificar qué glaciares y ambientes periglaciales cumplen funciones hídricas y compartir esa información con el IANIGLA para la actualización del Inventario Nacional.
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San Juan inauguró la primera autopista solar del país y marca un nuevo estándar en infraestructura sustentable

Fecha de Publicación: 20/12/2025
Fuente: Portal InfoEnergia
Provincia/Región: San Juan


San Juan dio un paso histórico en materia de innovación energética al poner en funcionamiento la primera autopista solar de la Argentina, un proyecto que integra generación fotovoltaica al sistema vial y consolida un nuevo modelo de infraestructura pública con enfoque sustentable.
La iniciativa se desarrolla sobre la Avenida Circunvalación, una de las arterias más transitadas de la provincia, donde la infraestructura deja de cumplir únicamente una función de tránsito para transformarse también en una fuente activa de generación de energía limpia.
Con esta obra, San Juan se posiciona a la vanguardia de la ingeniería sustentable a nivel nacional y regional, reforzando su liderazgo en el desarrollo y la aplicación de energías renovables en espacios urbanos estratégicos.
El sistema instalado cuenta con 36 estructuras fotovoltaicas individuales montadas sobre monopostes metálicos ubicados a lo largo de la traza vial. Cada uno de estos dispositivos capta la radiación solar y la transforma en energía eléctrica.
Durante las horas diurnas, la energía generada es inyectada a la red eléctrica general, mientras que por la noche el sistema devuelve esa energía para abastecer la iluminación de la autopista, cerrando un circuito eficiente y autosustentable.
Uno de los aspectos más destacados del proyecto es que aprovecha infraestructura existente sin necesidad de ocupar nuevo suelo, optimizando el uso del espacio público y reduciendo el impacto ambiental asociado a obras tradicionales.
El desarrollo fue ejecutado íntegramente con mano de obra y capacidad técnica local, involucrando a ingenieros, técnicos y proveedores sanjuaninos en todas las etapas de diseño, montaje y puesta en marcha.
La obra presentó desafíos técnicos particulares, vinculados tanto a la condición sísmica de la provincia como al alto flujo vehicular de la Circunvalación, lo que demandó soluciones específicas en materia de seguridad, logística y planificación.
Con esta experiencia, San Juan se suma a un reducido grupo de ciudades del mundo que integran energía renovable directamente en su infraestructura vial, incorporando la transición energética al paisaje urbano cotidiano.
Desde el punto de vista ambiental, la autopista solar contribuye a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y disminuye la dependencia de fuentes fósiles para el abastecimiento energético urbano.
En términos económicos, el sistema permite generar ahorros de largo plazo en costos de iluminación y mantenimiento, al tiempo que mejora la eficiencia y la resiliencia de la red eléctrica.
La iniciativa también tiene un impacto positivo en el empleo y el desarrollo del conocimiento técnico local, fortaleciendo capacidades que pueden ser replicadas en futuros proyectos similares.
La autopista solar se presenta así como una demostración concreta de cómo la infraestructura pública puede convertirse en parte activa de la solución frente al cambio climático, combinando innovación, eficiencia y sustentabilidad.
Con este proyecto, San Juan traza un camino replicable para otras provincias y refuerza la idea de que la integración inteligente de energía limpia en el territorio es clave para redefinir el futuro urbano y productivo del país.
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Alarma hídrica: El río Negro perdió el 43% del agua en 20 años; la solución israelí para evitar el colapso

Fecha de Publicación: 19/12/2025
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Río Negro - Patagonia


Deberían destinarse más de 500 millones de dólares en un acueducto a la zona Atlántica. El agua como derecho y como recurso económico. Detectaron cientos de hectáreas regadas sin declarar.
La semana pasada, el Gobierno de Río Negro hizo la presentación oficial, tanto en la sede del Poder Ejecutivo como en la del Poder Legislativo, de un estudio sobre recursos hídricos de toda la provincia. El informe, realizado por la empresa nacional de aguas de Israel, Mekorot, contiene una serie de recomendaciones y datos que, por sobre todas las cosas, constituye una hoja de ruta para "mejorar la gestión del agua", como se describió desde el Gobierno provincial.
Una de las conclusiones es que se puede ampliar la superficie regada en 179.000 hectáreas con un resultado económico de 244 millones de dólares al año, si todos los proyectos se concretan. Las proyecciones se hicieron a 30 años.
Una definición tajante del trabajo es que se debe comenzar a instalar en la sociedad el concepto de Valor Económico del Agua (VEA). Esto implica que todo aquel que obtenga un provecho económico del uso del agua debe pagar una retribución acorde.
La semana pasada, el Gobierno de Río Negro hizo la presentación oficial, tanto en la sede del Poder Ejecutivo como en la del Poder Legislativo, de un estudio sobre recursos hídricos de toda la provincia. El informe, realizado por la empresa nacional de aguas de Israel, Mekorot, contiene una serie de recomendaciones y datos que, por sobre todas las cosas, constituye una hoja de ruta para "mejorar la gestión del agua", como se describió desde el Gobierno provincial.
Una de las conclusiones es que se puede ampliar la superficie regada en 179.000 hectáreas con un resultado económico de 244 millones de dólares al año, si todos los proyectos se concretan. Las proyecciones se hicieron a 30 años.
Una definición tajante del trabajo es que se debe comenzar a instalar en la sociedad el concepto de Valor Económico del Agua (VEA). Esto implica que todo aquel que obtenga un provecho económico del uso del agua debe pagar una retribución acorde.
Más agua
Un servicio esencial es el agua potable. La empresa israelí planteó varias opciones, pero hay dos que resultan más viables. Una es ampliar la capacidad de transporte del canal Pomona-San Antonio, un angosto curso de agua que cruza 190 kilómetros de desierto. La otra opción es construir desde cero un canal que tome agua en el río Negro y culmine en Sierra Grande, pasando también por San Antonio Oeste. La opción más económica, con la posibilidad de regar en el trayecto 5.000 hectáreas, saldría unos 517 millones de dólares. También se contempló una opción que requiere un desembolso de 1.024 millones de dólares, pero incluye la posibilidad de regar 10.000 hectáreas.
Otro dato saliente, que se desprende de un documento de 37 páginas distribuido a los Legisladores provinciales, es que aún resta mucho por hacer respecto a la eficiencia del riego, que en la actualidad es del 50%.
El miércoles pasado se realizó la presentación oficial del trabajo, que fue solicitado por la exgobernadora Arabela Carreras y financiado por el CFI. Weretilneck reunió a buena parte de su equipo de trabajo en el Salón Gris de la Casa de Gobierno, ubicada en Laprida 212 de Viedma.
Allí los detalles fueron presentados por Diego Berger, argentino residente en Israel, coordinador de proyectos internacionales de la empresa, y Juan Andrés Pina, director de proyectos. Fueron ellos quienes además expusieron ante la Comisión de Planificación de la Legislatura.
La ejecución de las recomendaciones efectuadas por esta empresa implicará cambios en leyes, reformulación de organismos, y un control más férreo sobre el uso con fines comerciales del agua.

Preguntas y respuestas

Desde +P hicimos algunas consultas al Superintendente del Departamento Provincial de Aguas de Río Negro (DPA), Gastón Renda, arquitecto egresado de la Universidad Nacional de La Plata. Junto a su equipo de trabajo elaboraron las respuestas.

- Se ve en el horizonte fuerte cambio climático. ¿El río Negro trae 43% menos de agua analizando los últimos 20 años? ¿Dentro de 30 años la cuenca tendrá otro 20% menos?
La tendencia de los últimos 20 años indica que, en promedio, se registró un descenso de la disponibilidad de agua del orden del 43%. En términos de volumen, esto implica que el derrame anual promedio actual se ubica en torno a los 23.000 hectómetros cúbicos al año.
Por otra parte, considerando los cambios proyectados en los parámetros hidroclimáticos respecto de la situación actual, se pronostica un descenso de la oferta hídrica del orden del 20% hacia el año 2055. En ese escenario, la oferta promedio se situaría en aproximadamente 18.000 hm³.
De todos modos, tanto la demanda urbana como la agrícola proyectada consumirá la mayoría del caudal disponible.
Para el caso del río Negro, en un escenario tendencial, la demanda total se proyecta del orden del 70% de la oferta disponible. Visto desde el otro lado, la oferta hídrica superaría a la demanda en aproximadamente en un 30%.
Ahora bien, si se incorporan bajo riego las 178.747 hectáreas proyectadas hacia 2055 —lo que implica aproximadamente duplicar la superficie actualmente regada—, la oferta hídrica, aun considerando los efectos del cambio climático, seguiría siendo mayor que la demanda. Esto se mantiene incluso bajo supuestos de una eficiencia de riego baja a media.

- ¿La eficiencia de conducción del riego hoy es del 50%?
Correcto. Esto se explica principalmente porque gran parte de la conducción se realiza a través de canales sin impermeabilizar, siendo las pérdidas por filtración la causa principal de los niveles de eficiencia.
- Veo en el documento que dan indicadores, pero no el método de cómo mejorar la eficiencia. ¿Esa tarea docente, si se quiere, formará parte de las políticas a llevar adelante por la provincia?
Exactamente. Se trata de lineamientos generales que deberán traducirse en políticas públicas a implementar, las cuales requieren del compromiso y la participación de todos los actores involucrados. Será necesariamente un trabajo conjunto.

- En el trabajo figura un proyecto privado de 14.000 hectáreas en el Alto Valle. ¿Quién lo impulsa?
Este proyecto surge de un estudio contratado por el DPA a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI), en el marco del Plan Director de Riego del Alto Valle. Del mismo se desprende la posibilidad de regar, mediante bombeo, sectores aledaños al canal principal que no cuentan con dominio por gravedad (esto es al norte del curso de agua). Se lo considera privado en tanto serían los propios productores quienes realizarían la captación por bombeo y el riego presurizado.

Ampliar la frontera agrícola

- Ponen a Negro Muerto como un emprendimiento netamente privado. ¿En ese caso, tomarán agua del río directo los dueños de los campos?
Sí, es correcto. En este caso, el Estado aporta infraestructura básica, como caminos y parte de las obras necesarias para garantizar el acceso a la energía eléctrica, mientras que los privados desarrollan el resto de la infraestructura y toman el agua directamente del río.

- ¿Sumadas todas las áreas, el potencial económico es de 244 millones de dólares al año?
En caso de ejecutarse todos los proyectos previstos, e incorporarse las 178.747 hectáreas bajo riego proyectadas a 2055, esa es la estimación del impacto económico anual para la provincia. Cabe aclarar que se trata de una estimación sujeta a variaciones y basada en valores actuales.

- ¿El Valor Económico del Agua o VEA es el concepto a trabajar en el futuro?
Uno de los aspectos de mayor relevancia que destaca el Plan —y que coincide plenamente con la línea de trabajo que el DPA ya viene desarrollando— es la necesidad de establecer el valor económico del agua. Esto implica reconocer que, si bien el agua es un derecho y un bien público, quienes la utilizan para actividades que generan beneficios económicos deben realizar una retribución acorde a dicho uso. Este principio contribuye a la sostenibilidad financiera del sistema hídrico provincial, promueve un uso más eficiente del recurso, desalienta el derroche y permite al Estado fortalecer la infraestructura, la fiscalización y los servicios vinculados a la protección del agua.

- El gran desafío parece ser la construcción de un canal desde Conesa a Sierra Grande. Una opción requiere una inversión de 517 millones de dólares, con posibilidad de regar 5.000 hectáreas. La otra opción son 1.024 millones para 10.000 hectáreas. ¿La idea es que se haga un canal desde Conesa tomando agua del río? ¿Cuál es la recomendación que hizo la empresa respecto del acueducto Pomona-San Antonio?
Uno de los temas abordados por el Plan es el abastecimiento de agua dulce a la zona atlántica, donde la presión sobre los sistemas actuales de captación y distribución exige una mirada estratégica. El documento analiza tanto la optimización de la infraestructura existente —canal Pomona y acueductos de Sierra Grande— como la proyección de una alternativa de mayor escala, mediante un acueducto desde el río Negro, a la altura de Conesa. Estas propuestas representan una continuidad del enfoque de largo plazo que dio origen a obras emblemáticas como el Canal Pomona–San Antonio. La planificación hídrica requiere anticiparse a las necesidades de las próximas generaciones y sostener criterios de seguridad hídrica territorialmente equitativos.
El desarrollo productivo bajo riego en la zona de San Antonio está supeditado, en primer término, a que se garantice el abastecimiento de agua para consumo humano e industrial de la región. En este marco, una primera alternativa consiste en la ejecución de un acueducto que cubra la totalidad de las demandas, opción que implicaría costos de operación y mantenimiento que deberán ser analizados dentro de la estructura de costos de los cultivos a regar.
Una segunda alternativa es la concreción de un acueducto que permita independizar el abastecimiento humano e industrial del agrícola, lo que podría habilitar que el canal existente se destine únicamente al riego. Esta variante implica que el sector productivo pueda afrontar los costos asociados, en el marco del concepto de Valor Económico del Agua.
Finalmente, como opción intermedia, se plantea la posibilidad de incrementar o desarrollar áreas de riego mediante el aumento de la capacidad de conducción del canal, a través de la ejecución de las obras correspondientes, las cuales necesariamente deberán contar con el aporte de los usuarios, estableciéndose como condición previa la garantía del abastecimiento de agua para consumo humano e industrial de la región.

Irregularidades

- Dice el informe que hay mucho usuario agrícola sin registrar. ¿Esa situación en qué región de la provincia se da con más frecuencia? ¿Son muchos? ¿Se les puede comenzar a cobrar algo?
Mediante el uso de imágenes satelitales y el cruce de información con la base de datos del Catastro provincial, el DPA ha identificado usuarios que hacen uso del recurso hídrico sin haber completado el trámite correspondiente que habilita su uso formal. La distribución geográfica de estos casos es heterogénea, aunque se concentran mayormente en zonas donde no existen sistemas públicos de riego. En este contexto, se está poniendo en marcha un programa específico de regularización. Es importante destacar que solo aquellos emprendimientos debidamente registrados y con autorización de uso de agua pública cuentan con garantía de disponibilidad del recurso.

- ¿Las recomendaciones más fuertes pasan por ser más eficientes en el uso del recurso y darle un valor económico al agua?
En síntesis, el Plan Maestro brinda un marco de referencia amplio sobre el cual el DPA podrá continuar desarrollando políticas propias, adaptadas al territorio, alineadas con la normativa vigente y orientadas a garantizar un manejo equilibrado, racional y sostenible del agua en Río Negro. El desafío hacia adelante es transformar estas directrices en acciones concretas que mejoren la calidad de vida de la población, impulsen el desarrollo productivo y aseguren la preservación de los sistemas hídricos para las próximas generaciones.
Ser más eficientes en el uso del agua y reconocer su valor económico en el desarrollo de emprendimientos productivos constituyen ejes centrales de este desafío.

Prioridades

- ¿Qué utilidad le darán ustedes al trabajo de la empresa Mekorot?
El Plan Maestro para el Sector Hídrico presentado constituye un insumo para comprender la situación actual del recurso y la incidencia del cambio climático para proyectar su uso futuro. Establece un conjunto de directrices generales que permitirán al Estado Provincial, a través del DPA, diseñar sus propios programas y ordenar prioridades hacia un horizonte de mediano y largo plazo.
Este trabajo reconoce un principio que para el DPA es central: el agua es un derecho fundamental, pero conlleva también obligaciones por parte de quienes la utilizan. Es imprescindible promover un uso racional y responsable del recurso, tanto en los sistemas de abastecimiento humano como en las actividades productivas. En un contexto marcado por la variabilidad climática y por la creciente demanda, la eficiencia, el control de pérdidas y las buenas prácticas de manejo adquieren una relevancia cada vez mayor.
La sociedad en su conjunto debe comprender que la disponibilidad de agua no es infinita y que su sostenibilidad depende en gran medida de las conductas individuales y colectivas.
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Nueva amenaza de paro en la línea B por contaminación de asbesto

Fecha de Publicación: 19/12/2025
Fuente: Página 12
Provincia/Región: CABA


El conflicto se reaviva por la presencia de material cancerígeno en formaciones en servicio. El gremio denuncia intervenciones ilegales y riesgos para la salud. Podrían registrarse retenciones de tareas en las próximas semanas.
Los trabajadores de la línea B del subte de la Ciudad se declararon en estado de alerta y advirtieron sobre la posible aplicación de medidas de fuerza si la empresa concesionaria Emova no adopta acciones urgentes para frenar la contaminación con asbesto. La advertencia se dio luego de una jornada de liberación de accesos y forma parte de un reclamo que el sector sindical sostiene desde hace años por la exposición a este material considerado altamente peligroso para la salud.
Según informaron desde la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), las medidas ya se encuentran votadas y podrían comenzar a aplicarse en las próximas semanas si no hay respuestas concretas por parte de la empresa. El eje del conflicto está puesto en la permanencia en servicio de formaciones Mitsubishi que contienen asbesto y que, de acuerdo a la denuncia sindical, fueron intervenidas de manera ilegal.
Desde el sindicato señalaron que Emova realizó intervenciones irregulares sobre la estructura y distintos componentes de trenes que contienen asbesto, un material prohibido por su carácter cancerígeno. Como consecuencia de estas maniobras, explicaron, el asbesto quedó en estado friable, es decir, expuesto y con capacidad de liberar fibras al ambiente.
Esta situación, remarcan los trabajadores, incrementa el riesgo de contaminación, no solo para el personal del subte sino también para los millones de usuarios que utilizan la línea B de manera cotidiana. La presencia de fibras en suspensión implica una exposición directa durante cada viaje, lo que agrava una problemática sanitaria ya conocida dentro de la red de subterráneos.
Ante este escenario, la AGTSyP informó que presentó denuncias formales ante los organismos gubernamentales correspondientes, solicitando su intervención inmediata. Sin embargo, sostienen que la empresa concesionaria se niega a realizar muestreos, mediciones ambientales y el retiro de las formaciones afectadas, incumpliendo normativas y fallos vigentes a nivel nacional e internacional vinculados al manejo del asbesto.

Posibles retenciones de tareas y afectación del servicio
El gremio advirtió que, si en el transcurso de la próxima semana Emova no cumple con los requerimientos de muestreo y retiro de los trenes contaminados, los trabajadores de la línea B iniciarán un proceso de retención de tareas sobre una o más formaciones que consideran no aptas para circular.
Desde la organización sindical aclararon que estas medidas podrían impactar en el funcionamiento del servicio y en su frecuencia, aunque subrayaron que cualquier alteración sería consecuencia directa de las decisiones de la empresa concesionaria. En ese sentido, remarcaron que los trabajadores no buscan generar conflictos, sino proteger la salud pública y garantizar condiciones seguras de operación.
“Esta medida podría generar consecuencias en el funcionamiento del servicio y en su frecuencia, pero esta situación sería consecuencia exclusiva de las decisiones de Emova que se niega a cumplir con sus obligaciones e intenta generar conflictos responsabilizando luego a los trabajadores, que como queda demostrado históricamente, somos los únicos preocupados de que el servicio del subte sea cómodo, eficiente, accesible y seguro”, explicitaron oficialmente.
El comunicado también cuestiona lo que califican como una actitud irresponsable de la empresa frente a una crisis sanitaria que afecta a toda la red de subterráneos, y recuerda que históricamente han sido los trabajadores quienes impulsaron las denuncias y acciones para lograr un subte más seguro, eficiente y accesible.

El reclamo por la Emergencia Operativa de la línea B
En paralelo, la AGTSyP volvió a exigir al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la declaración de la Emergencia Operativa para la línea B. Según explicaron, esta medida permitiría avanzar con respuestas urgentes mientras se espera la llegada de la nueva flota de trenes.
Entre los puntos señalados como prioritarios se encuentran el recambio del trazado de vías, el restablecimiento de los programas de mantenimiento integral y la desabestización total de la red. Para los trabajadores, sin estas acciones estructurales, la problemática del asbesto seguirá representando un riesgo latente para quienes trabajan y viajan a diario en el subte.
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Derrame en Lomas de Olmedo: el daño ambiental era previsible y sigue sin solución

Fecha de Publicación: 18/12/2025
Fuente: Portal AgendaSalta
Provincia/Región: Salta


Especialistas alertan que el impacto del pozo petrolero abandonado en Pichanal no es un hecho aislado.
El reciente derrame registrado en el pozo petrolero de Lomas de Olmedo, en Pichanal, volvió a encender la alarma sobre los riesgos ambientales que arrastra la actividad hidrocarburífera en Salta. Según especialistas en ecología, se trata de un problema conocido desde hace décadas, que no sorprende por su magnitud ni por su recurrencia, y que refleja la falta de control y de acciones efectivas por parte de las autoridades provinciales.
El doctor en Ciencias Biológicas Enrique Derlindati, docente e investigador en conservación ecológica, cuestionó duramente el abordaje oficial del incidente. Aseguró que el derrame no fue un hecho imprevisto, sino la consecuencia directa de un abandono negligente de pozos petroleros antiguos. Además, advirtió que Lomas de Olmedo no sería un caso aislado: existen otros pozos en condiciones similares que estarían generando un impacto ambiental intenso en distintas áreas de Pichanal y alrededores.
“La situación se podía prever. El daño que se observa ahora en la vegetación y la fauna local no apareció de un día para el otro. Son años de descuido y falta de fiscalización”, señaló Derlindati. Según el investigador, las imágenes satelitales y aéreas muestran la muerte de amplias superficies de vegetación y bosques cercanos, mientras que se reporta la mortandad de ganado en la zona, aunque todavía no hay estudios públicos que confirmen la relación exacta con el pozo.
El especialista recordó que estos pozos se remontan a la década del 80, cuando YPF llevó adelante tareas de prospección en la región. Con el tiempo, varios fueron concesionados a empresas privadas y, en algunos casos, abandonados por falta de rentabilidad. En Lomas de Olmedo, el pozo actualmente emite principalmente gases como metano y dióxido de carbono, además de agua salada con trazas de hidrocarburos, lo que agrava la contaminación del suelo y los cursos de agua cercanos.
Derlindati subrayó que, aunque cerrar un pozo petrolero es un proceso técnico complejo, la mayor preocupación sigue siendo el impacto ambiental acumulado. “No hay información clara sobre el estado real del área afectada ni se han asumido responsabilidades concretas. Mientras el pozo continúe abierto, la degradación del ecosistema seguirá aumentando”, advirtió.
La falta de acción estatal frente a esta problemática fue otro punto crítico de la denuncia del especialista. Según explicó, la situación ya había sido señalada por ciudadanos y ONG locales hace al menos dos años, sin que se registraran intervenciones efectivas. Si bien existen equipos técnicos vinculados a recursos hídricos e hidrocarburos trabajando en la zona, Derlindati cuestiona la ausencia de medidas de control ambiental concretas, como mediciones del impacto o estrategias de mitigación. “Perimetrar la zona y restringir el acceso no resuelve el problema”, puntualizó.
El caso de Lomas de Olmedo adquirió relevancia pública tras una denuncia internacional de una ONG, pero el investigador advirtió que esta no es una excepción en Salta. Contaminación de ríos, vertidos industriales sin control y falta de supervisión en actividades extractivas son problemas recurrentes que se repiten en distintos puntos de la provincia. “Estos problemas están diagnosticados desde hace décadas, pero siguen postergándose. Las consecuencias las pagarán las próximas generaciones”, concluyó.
Además del impacto ecológico, la situación genera preocupación en comunidades rurales y productores locales, quienes ven afectada la salud de sus animales y la calidad de los suelos donde desarrollan sus actividades. Según Derlindati, la remediación de estas áreas demandará años de trabajo y una inversión significativa, por lo que resulta urgente establecer un plan de intervención integral que contemple la restauración ambiental, la vigilancia constante y la rendición de cuentas de los responsables.
El caso de Lomas de Olmedo también pone en evidencia un vacío en la legislación provincial y nacional respecto al seguimiento de pozos hidrocarburíferos antiguos. Sin controles claros, muchos de estos sitios corren riesgo de convertirse en focos de contaminación silenciosa, con repercusiones directas sobre el agua, el suelo y la biodiversidad local.
En el contexto de Salta, la situación de Pichanal no es aislada. Regiones como Tartagal y General Mosconi también presentan vestigios de explotaciones petroleras abandonadas que siguen generando problemas ambientales similares. La ausencia de datos públicos y de estudios oficiales dificulta dimensionar la magnitud real del daño, aunque las imágenes satelitales y testimonios locales reflejan un patrón preocupante.
Expertos en ecología advierten que, sin un plan de control efectivo, el riesgo de que la contaminación se extienda a otras cuencas hídricas y áreas rurales de la provincia es alto. La combinación de gases tóxicos, agua salada con hidrocarburos y deforestación progresiva representa un desafío ambiental que requiere atención inmediata y políticas de conservación sostenibles.
En resumen, el derrame en Lomas de Olmedo no debería considerarse un accidente aislado. Es, según especialistas, el resultado de décadas de abandono y falta de regulación, un problema que refleja la necesidad urgente de una estrategia ambiental integral en Salta, capaz de prevenir daños futuros y proteger los recursos naturales de la provincia para las generaciones venideras.
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Realizaron la primera liberación de pacú para el refuerzo de especies nativas en el Paraná Medio

Fecha de Publicación: 18/12/2025
Fuente: El Heraldo
Provincia/Región: Entre Ríos 


En una acción estratégica de conservación y repoblamiento, el gobierno provincial liberó ejemplares juveniles de pacú (Piaractus mesopotamicus) en la reserva de usos múltiples Paraná Medio, en el departamento La Paz. Esta iniciativa busca fortalecer las poblaciones nativas que se encuentran en estado crítico debido a diversos factores ambientales.
La liberación se llevó adelante en el marco de un proyecto de recomposición de fauna íctica del Ministerio de Desarrollo Económico, que articula esfuerzos de distintas áreas provinciales para la protección de la biodiversidad. El mismo surge atendiendo a la situación crítica de varias especies ícticas, impulsando una propuesta que no solo busca conservar la fauna típica, sino fundamentalmente fortalecer su repoblamiento y reforzamiento poblacional.
Cabe destacar que la suelta de los 300 ejemplares de pacú se realizó como medida de compensación ambiental requerida a una empresa responsable de un daño ecológico, garantizando así que la remediación se oriente a la recuperación de la fauna local, con un impacto territorial concreto. 
El pacú, especie nativa de la cuenca del Paraná, presenta actualmente un tamaño poblacional muy bajo en la provincia: por ello, este tipo de acciones constituye un aporte significativo a su recuperación progresiva en ambientes adecuados.
Un aspecto clave de esta acción es el monitoreo poblacional. Según explicaron, los peces fueron debidamente etiquetados: En caso de re-captura, la gente debe comunicarse con el número que figura en la marca para brindar información sobre su tamaño, talla y ubicación. Esto nos permitirá tener datos sobre migraciones y crecimiento, información inexistente al momento y fundamental para el seguimiento de la especie.
Este proyecto colaborativo incluye el trabajo articulado con la Dirección de Recursos Naturales y la Dirección de Delitos Rurales de la Policía de Entre Ríos (PER). 
Participaron de la actividad el director de Áreas Naturales Protegidas de la Secretaría de Ambiente, Pablo Aceñolaza, junto a su equipo técnico, Germán Rivero y Joaquín Sallevane; representantes de la Dirección de Recursos Naturales; Francisco Fernández y personal de la Policía de Abigeato, encabezados por el Comisario General César Primo, y el presidente municipal de Piedras Blancas, Fabricio Mesquida.
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Aprobaron la polémica ley que habilita las salmoneras en Tierra del Fuego

Fecha de Publicación: 17/12/2025
Fuente: Radio Fueguina
Provincia/Región: Tierra del Fuego


La modificación de la Ley 1355 fue sancionada en Ushuaia por 8 votos a favor y 7 en contra. El gobierno celebró el resultado.
En una sesión cargada de tensión política y cuestionamientos ambientales, la Legislatura de Tierra del Fuego, reunida en Ushuaia, aprobó este jueves la modificación de la Ley Provincial N° 1355, que habilita el desarrollo de la salmonicultura en la provincia. La norma fue sancionada por un margen mínimo: 8 votos afirmativos contra 7 negativos.
Acompañaron el proyecto los legisladores Juan Carlos Pino y Virgilio García (PJ); Federico Greve (FORJA); Myriam Martínez (FORJA); Luciano Selzer y Natalia Graciania (LLA); Gisela Dos Santos (ST) y Matías Lapadula (PG), conformando la mayoría necesaria para su aprobación.
En tanto, votaron en contra Raúl Von der Thusen y Jorge Lechman (SF); Pablo Villegas y Damián Löffler (MPF); Federico Sciurano (PG); Victoria Vuoto (PJ) y Laura Colazo (PV), quienes alertaron sobre los riesgos ambientales y cuestionaron la falta de consenso social para avanzar con la actividad.
La sanción de la ley reavivó un fuerte debate público. Organizaciones ambientales, sectores científicos y referentes del turismo vienen advirtiendo desde hace años sobre el impacto negativo que la salmonicultura podría generar en ecosistemas frágiles como el Canal Beagle, considerado un patrimonio natural clave para la provincia.
Tras la votación, el gobernador Gustavo Melella celebró la aprobación y la calificó como “un momento importante para el futuro productivo de Tierra del Fuego”. A través de sus redes sociales, agradeció a los legisladores que acompañaron la iniciativa y afirmó que la norma “actualiza y fortalece el marco normativo para el desarrollo acuícola”.
El mandatario sostuvo que la ley permitirá ampliar la matriz productiva de la provincia, al posicionar a la acuicultura como una actividad estratégica para la generación de empleo y la inversión privada. Además, aseguró que incorpora “los más altos estándares de control ambiental”, promueve la investigación científica y fomenta el consumo local, destacando el trabajo de la Secretaría de Pesca y Acuicultura.
Con la ley ya sancionada, se abre ahora un escenario de alta conflictividad social y política, con posibles movilizaciones y acciones judiciales impulsadas por sectores que rechazan la instalación de salmoneras en aguas fueguinas.
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Milei envió al Congreso un proyecto para reformar la Ley de Glaciares: qué dice

Fecha de Publicación: 17/12/2025
Fuente: Cronista
Provincia/Región: Nacional


El Gobierno busca modificar la norma sancionada en 2010 para transferir competencias a las provincias. Apunta a desbloquear proyectos en la cordillera y cumplir compromisos con Estados Unidos.
El presidente Javier Milei envió al Congreso un proyecto de reforma de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares Nº 26.639, según informó este domingo la Oficina del Presidente mediante un comunicado oficial. La iniciativa busca “ordenar de manera urgente” el marco normativo ambiental y “consolidar un esquema de federalismo ambiental plenamente compatible con la Constitución Nacional”.
El comunicado, difundido el 15 de diciembre, plantea una crítica frontal a la normativa vigente desde hace 15 años. “La mal llamada Ley de Glaciares ha demostrado graves falencias interpretativas que generaron inseguridad jurídica, paralizaron inversiones productivas y afectaron el legítimo ejercicio de las competencias provinciales sobre los recursos naturales”, señala el texto oficial.

Glaciares: una ley cuestionada desde su origen
Según el Gobierno, la Ley 26.639 presenta problemas estructurales que justifican su reforma. “Esta norma propone reglas claras: protege los glaciares que cumplen una función hídrica efectiva, fortalece los estándares ambientales vigentes y elimina la discrecionalidad que, bajo pretextos ideológicos, obstruyó el desarrollo económico del país”, sostiene el comunicado.
El proyecto oficial apunta directamente a redefinir conceptos clave de la legislación actual, especialmente el controvertido término de “ambiente periglacial”, que ha sido objeto de disputas judiciales desde la sanción de la ley original.
El documento presidencial enfatiza dos pilares constitucionales para respaldar la reforma. En primer lugar, destaca el artículo 41 de la Constitución Nacional, que establece la obligación de “proteger el ambiente sin impedir el desarrollo humano”. Este argumento apunta a rebatir las acusaciones de que el proyecto debilita la protección ambiental.
El segundo punto se centra en el artículo 124, que reconoce a las provincias como “dominio originario de sus recursos naturales”. Según el texto oficial, la reforma busca “fortalecer el rol de las autoridades provinciales en la evaluación de impacto ambiental, reconoce su capacidad técnica y científica, y promueve una articulación eficiente con el Inventario Nacional de Glaciares”.
Este enfoque representa el núcleo de lo que el Gobierno denomina “federalismo ambiental”: transferir a las provincias la potestad de determinar qué zonas califican como ambientes periglaciares y, por lo tanto, quedan o no bajo protección legal.

La posición de la Cámara Argentina de Empresas Mineras
Desde el sector empresario minero, la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) expresó su respaldo a una eventual revisión de la Ley de Glaciares, aunque remarcó la necesidad de preservar el espíritu original de la norma sancionada en 2010. En un comunicado difundido hoy, la entidad sostuvo que existe un “consenso unánime” respecto de la obligación de proteger “los glaciares y el ambiente periglacial que constituyan reservas estratégicas de recursos hídricos”, tal como lo establece el artículo 1° de la Ley 26.639.
No obstante, CAEM afirmó que la legislación vigente requiere aclaraciones, al considerar que “no todos los glaciares y el ambiente periglacial constituyen reservas estratégicas de recursos hídricos”. En ese sentido, planteó que la identificación de las áreas que deben quedar bajo protección debe realizarse “caso por caso”, con base en estudios específicos y en la opinión de expertos técnicos y científicos.
La entidad también puso el foco en el rol de las provincias, al recordar que la Constitución Nacional reconoce a los distritos como titulares del dominio originario de los recursos naturales existentes en sus territorios. Según CAEM, la determinación y delimitación de los glaciares y ambientes periglaciares protegidos debe contemplar esa competencia provincial, en línea con un esquema de coordinación entre los distintos niveles del Estado.
En su pronunciamiento, la cámara empresaria señaló que una redacción más precisa de la ley permitiría reducir la incertidumbre jurídica y facilitar el desarrollo de actividades productivas y de infraestructura “en un marco de total respeto por el cuidado ambiental y del recurso hídrico”. En ese punto, vinculó la discusión normativa con la generación de empleo y el desarrollo económico, al afirmar que una mayor previsibilidad contribuiría a mejorar las condiciones para la inversión.
Finalmente, CAEM citó antecedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que al analizar la Ley de Glaciares sostuvo que sus controversias debían resolverse “por el diálogo federal antes que por la intervención de los jueces”. Para la entidad, ese camino exige una actuación conjunta y coordinada entre la Nación y las provincias, con el objetivo de proteger los glaciares estratégicos sin que ello resulte incompatible con un esquema de desarrollo sostenible.
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Metano: un problema que impacta en el ambiente y la salud, pero sin lugar en la agenda política del país

Fecha de Publicación: 16/12/2025
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional


Es el segundo gas de efecto invernadero más contaminante. En Argentina, más del 60% de las emisiones originadas por las actividades humanas provienen de la ganadería y la agricultura.
Desde que la diputada bonaerense Lucía Klug, de Unión por la Patria, presentó un proyecto de ley para crear la Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (TAMBA) con el fin de gravar las emisiones de la ganadería, el sector agropecuario se unió en un rotundo rechazo (como ocurre ante cualquier propuesta normativa con impacto en su rentabilidad) argumentando que tiene “claramente fines más recaudatorios que de conciencia ambiental” y que se trata de “ocurrencias desconectadas de la realidad del campo y de la ciencia”, hasta llegar al extremo de ridiculizar por completo el tema:  “es un impuesto al pedo”; “¿también hay que pagar por respirar?”; “lo próximo es gravar el estornudo de las gallinas”.  Productores y ruralistas no se enteraron, convenientemente, que, en las últimas décadas, la comunidad internacional se dedicó a tejer acuerdos y protocolos para mitigar las emisiones de metano por tratarse, después del dióxido de carbono, del segundo Gas de Efecto Invernadero (GEI) con más presencia en la atmósfera.
“Reducir estas emisiones es fundamental para mejorar la calidad del aire en el corto y mediano plazo”, advierte Giselle Munno Dithurbide, abogada y responsable del área de Legales de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y que estuvo en la curaduría del informe «Metano en todas partes, todo el tiempo», en donde especialistas, investigadoras, trabajadores recicladores e integrantes de organizaciones sociales y de comunidades indígenas dan cuenta del alcance y sus efectos en distintas partes del país.
“El metano –continúa Munno Dithurbide– es responsable de un tercio del calentamiento global actual y, en este sentido, de las inundaciones, sequías, derretimiento de glaciares, aumento de temperatura entre otros impactos producto del cambio climático. Asimismo, es responsable de aproximadamente el 50% del ozono troposférico presente en la atmósfera, siendo este último responsable de un millón de muertes prematuras por causas respiratorias anualmente a nivel global. Por lo expuesto, queda claro que, por su impacto en el ambiente, el clima y la salud, es necesario que el metano ocupe un lugar relevante en la agenda”.

Deuda
En Argentina, más del 60% de las emisiones de metano originadas por las actividades humanas provienen de la ganadería y la agricultura; un 29% del sector energético —fundamentalmente de fugas en la producción y transporte de petróleo y gas— y el resto (aproximadamente un 7%) de una gestión inadecuada de los residuos y de los más de 5000 basurales a cielo abierto que existen a lo largo de todo el país.
Este año, la Provincia de Buenos Aires presentó el Inventario Provincial de Gases de Efecto Invernadero (IPGEI) tomando como año de base el 2018. Los resultados mostraron que Buenos Aires emite el 34% de los GEI del país siendo los principales sectores emisores energía; ganadería; Agricultura, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra (AFOLU por sus siglas en inglés); Procesos Industriales y de Uso Productivo (IPPU); y residuos.
Para Munno Dithurbide con estos datos “queda claro que existe una deuda a nivel provincial en términos de legislación climática y, además, que es necesario colocar el foco en las emisiones aportadas por la provincia, ya que representan más de un tercio de las emisiones que se generan en Argentina, de las cuales el sector agro es uno de los principales contribuyentes”.
Sobre el comentado proyecto de ley de la legisladora Klug, la especialista cree que “es absolutamente válido poner la temática en el foco de la agenda pública”.
“En Argentina –explica– es urgente mejorar la especificidad de los objetivos de metano en los NDC (en referencia a las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, que son los planes climáticos que cada país presenta bajo el Acuerdo de París), incorporando metas cuantificadas, con plazos definidos y medidas sectoriales detalladas. Es muy difícil evaluar la efectividad de políticas sectoriales, como puede ser este proyecto, si a nivel nacional no contamos con objetivos de reducción por sector y por GEI”.
En ese sentido, la abogada remarca que la propuesta de cobrar una tasa a las emisiones de metano generadas en el sector agro encuentra un antecedente directo en la legislación de Dinamarca, donde se aprobó en 2024 un impuesto progresivo para que los productores paguen por las emisiones que superen un nivel de referencia.
“El proyecto –insiste–contribuye sin dudas a poner el tema en agenda y abrir un debate necesario y por demás complejo, dadas las características de la matriz productiva en nuestro país y la preponderancia de la actividad del sector”.  «

El rol silencioso en Vaca Muerta
En noviembre de 2021, la Argentina adhirió al Compromiso Global del Metano durante la COP26 realizada en Glasgow, Escocia, comprometiéndose a reducir un 30% de sus emisiones para 2030. Sin embargo, el país todavía no planteó metas sectoriales, no desarrolló un monitoreo sistemático de estas emisiones ni una regulación nacional específica destinada a su reducción.
Por el contrario, profundiza un modelo basado en los combustibles fósiles, que no está alineado con los compromisos climáticos del país.
En simultáneo, el avance de las emisiones en Vaca Muerta, captadas por Earthworks —una ONG ambiental estadounidense— y denunciadas desde la Confederación Mapuche de Neuquén, expone el rol silencioso del metano en las zonas de explotación de hidrocarburos mediante la técnica del fracking.
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En Mendoza se lucha contra la megaminería

Fecha de Publicación: 16/12/2025
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Mendoza


Referentes provinciales en la defensa del agua contra el Proyecto San Jorge de minería dan sus puntos de vista sobre lo ocurrido los últimos días.
A pocos días de la aprobación del Proyecto San Jorge, que promociona la megaminería metalífera en Mendoza y que amenaza con dañar el agua en la provincia -y la salud de la población-- persisten las críticas contra la medida sancionada y afloran las reflexiones sobre la repercusión que tendrá esta decisión. El proyecto que apuesta a favorecer a la Minera San Jorge en contra de los intereses de la sociedad local, reunió una marcha nutrida desde varias regiones mendocinas que se encontraron ante el congreso provincial en Mendoza capital.
Sin embargo, los legisladores hicieron oídos sordos al reclamo y dieron su visto bueno con 29 votos a favor, cinco en contra del kirchnerismo y una abstención. Además, el proceso fue acompañado por el gobernador radical aliado a Javier Milei, Alfredo Cornejo, y por la represión de las fuerzas de seguridad contra las miles de personas que se manifestaron pacíficamente para sostener su calidad de vida.

Los testimonios de la semana
Ante este panorama, algunos referentes mendocinos se animaron a reflexionar sobre lo ocurrido durante la última semana. Es el caso de María Teresa “Guni” Cañas, referenta de la lucha por el agua en asambleas a nivel provincial y local en Luján de Cuyo, que dialogó con Página/12. Tras la votación de los legisladores, Guni señaló que la vieron “con mucha rabia, mucha tristeza y mucha organización. El gobierno nos ha observado y ha aprendido cosas del 2019, pero no tiene licencia social. Hay mucha bronca en la gente. Vayas a donde vayas el tema del agua está, no es una cuestión de indiferencia. Los legisladores podían hacer otra cosa, pero forman parte de la estructura de poder que quiere imponer la megaminería”.
Del mismo modo calificó a Cornejo como el poseedor de “la suma del poder público en Mendoza”. “Tiene el Ejecutivo, tiene mayoría en la Legislatura, mayoría automática, su largo brazo llega a lo judicial, a los entes autárquicos, a la Universidad Nacional de Cuyo comandada por el radicalismo, (al que responden la rectora y el vicerrector), al Tribunal de Cuentas. Tiene a los entes autárquicos de Mendoza como irrigación que son muy importantes, porque son los que manejan el agua de Mendoza”, expresó Guni. Y destacó que en los últimos gobiernos radicales de la provincia se gestó Impulsa Mendoza, una empresa estatal de megaminería sostenida con los impuestos de sus coprovincianos que rechazan estas medidas.

La violencia presente
La referenta de las asambleas por el agua criticó el accionar policial represivo de las últimas jornadas. “La criminalización de la protesta es intrínseca del extractivismo, los proyectos extractivos entran con imposición. En Mendoza hemos tenido una escalada este año, empezamos en Uspallata con compañeros que fueron judicializados injustamente y la persona que los golpeó, de la patota de la UOCRA, nunca ha sido investigada. En 2019 también hubo represión y todavía es algo que no ha tenido justicia. Las personas en el poder, y esta ultraderecha que nos está gobernando, se sienten impunes. Tiene también un sentido de desanimar a la gente que participa en lo que está sucediendo en Mendoza”.
Guni reveló que a quienes se pronuncian en favor del agua pura, algunos medios locales los llaman despectivamente “antimineros” y los tildan de violentos para desanimarlos. “Pero no lo están logrando -advierte la referenta-, si no que enfervorizan al pueblo”. Sin embargo, expuso sus argumentos en contra de la minería, basándose en casos como los derrames de Jáchal en la vecina San Juan. Así mencionó las explosiones de arsénico liberadas al viento y al agua, que pueden terminar con casos de arsenicosis (cuyos síntomas incluyen problemas gastrointestinales, respiratorios y daños hepáticos y renales), el hipoclorito de sodio presente en el agua y la liberación de metales pesados.
En contraposición a un desprolijo informe de impacto ambiental que era parte del proyecto, Guni valoró el aporte de los científicos de la UNCuyo que“reafirmaron que efectivamente este proyecto está en la Cuenca del Río Mendoza", afectando “las cuestiones sociales, las cuestiones arqueológicas y paleontológicas. Han destacado un cúmulo de cosas que no han podido ser respondidas”. “Después fue muy importante lo del CONICET. La noche anterior a la votación de diputados, el CONICET en su página oficial hizo un resumen contando todos los impactos sobre lo hídrico, sobre los ecosistemas, sobre lo social. Largaron un comunicado y a la mañana siguiente lo bajaron. Se sabe que fue (orden de) la vicegobernadora”, dijo apuntando a Hebe Silvina Casado.
Guni recordó que en 2011 hubo un freno social que sí repercutió en el congreso mendocino para rechazar una avanzada política con proyectos mineros. En la comparación, consideró que “en estos 14 años siguió andando el neoliberalismo, más en la época actual que Milei directamente es un negacionista de las cuestiones climáticas y lo único que lo guía es el signo pesos. En ese momento sí había una escucha de la clase política”.

Problema local, antecedentes mundiales
Otro referente que dio su punto de vista a Página/12 fue Marcelo Giraud. El integrante de la Asamblea Popular por el Agua consideró que el principal riesgo “tiene que ver con la posibilidad de contaminar el acuífero de Uspallata y por lo tanto el agua del río Mendoza, el más importante desde el punto de vista de consumo de agua potable para el Oásis norte, el mayor agroindustrial de la provincia. Se contaminaría el agua del acuífero y por lo tanto del río Mendoza con metales pesados, con toda la enorme gama de consecuencias que distintos metales pesados pueden traer este sobre la salud”. Giraud también aseguró que los peligros mayores serán sobre el agua de toda la provincia, pero que en el Valle de Uspallata la contaminación también fluirá por el aire.
Entre los antecedentes de minería nociva para el ambiente y la salud, el referente popular remarcó el del “yacimiento de Sierra Pintada en San Rafael. Fue durante el gobierno de Carlos Menem que se ordenó el fin de la explotación del uranio. Se dejó de explotar, pero sin realizar los trabajos de remediación que al día de hoy están pendientes. Es decir, hay una enorme cantidad de pasivos ambientales de esa explotación que afecta al ambiente del sur mendocino”. Algo similar ocurrió en Mina Huemul, una mina de uranio en Malargüe en la década del 70, “donde se hizo una remediación no del todo confiable de las colas de uranio que habían quedado depositadas allí, a escasa distancia de la localidad urbana”. Sin embargo, Giraud enfatizó que la negativa mendocina no tiene que ver con el historial provincial, si no con los desastres recientes a nivel global como en Mount Polley, Canadá (2014), Brumadinho, Brasil (2015) y San Marco, Brasil (2019).
Giraud señaló que aún hay marchas “en Uspallata, en Tunuyán, en San Carlos, en San Rafael, en General Alvear” y coincidió con Guni en que en 2011 “el rechazo legislativo ocurrió porque la legislatura en ese momento sí interpretó mucho más cabalmente la voluntad de una mayoría amplia de la sociedad mendocina”. Sin embargo, considero que tanto ese justicialismo provincial como el radicalismo hoy y en aquel entonces, cambiaron sus posturas por la cercanía con los comicios electorales de la última década y media y por su rol oficialista u opositor.
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La importancia de contar en Misiones con 17 Áreas Claves para la Biodiversidad

Fecha de Publicación: 15/12/2025
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Misiones


Aves Argentinas destaca el logro, por ser la primera provincia en conseguir este reconocimiento con aval internacional y brindar servicios ecosistémicos vitales. Se trabaja ahora, en Corrientes y Chaco. 
Desde Aves Argentinas explican cómo Misiones logró contar con 17 Áreas Claves para la Biodiversidad y cómo se determinaron estas superficies y el trabajo realizado, hasta su concreción. “Tras un exhaustivo trabajo, el Programa Áreas Claves para la Biodiversidad (Key Biodiversity Areas o KBA) aprobó 17 de las 19 propuestas de sitios establecidos para la Provincia de Misiones. Este logro permitirá orientar las iniciativas de conservación y ampliar así los criterios para proteger lugares de importancia global”, destacaron desde Aves Argentinas como encargada de la coordinación. 
Explican que “las 17 áreas aprobadas fueron validadas después de un riguroso análisis que incluyó la presentación de información asociada a todos los vertebrados (peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos) y también plantas”.
Destacaron desde Aves Argentinas que estos sitios abarcan diversos puntos estratégicos que garantizan la conectividad y la supervivencia de especies únicas, como el Carpintero cara canela (Celeus galeatus), el Tirica (Leopardus guttulus), la Ranita llorona (Physalaemus carrizorum) o plantas como la Mentita (Hedeoma teyucuarensis), una especie en peligro crítico del Teyú Cuaré y alrededores, con una población de solo 13 individuos para ese sitio.

La primera provincia 
“Son territorios diferenciados de la geografía del Estado provincial de Misiones, en donde nosotros invertimos esfuerzo de conservación. Vamos a intentar conservar la mayor parte de la biodiversidad amenazada o endémica o de distribución restringida que hay en la provincia”, explicó Andres Bosso coordinador del Programa NEA Aves Argentinas y miembro de Honor de BirdLife International.
En diálogo con El Territorio, Bosso explicó: “Una de las cosas interesantes de este ejercicio que hemos hecho, es que Misiones es la primera provincia en hacer este trabajo y que al tiempo fue seguida por Corrientes y en este momento, estamos trabajando en hacer lo propio con varias provincias de la región chaqueña. Así que el nordeste argentino, nuevamente picando en punta, y básicamente lo que hace este esfuerzo es alumbrar grandes porciones del territorio de la provincia de Misiones que tenemos que conservar o fortalecer los ya conservados”, añadió.
Ponderó lo realizado en la tierra colorada, en temas de conservación de la biodiversidad y resaltó el número de áreas naturales protegidas que hay en el territorio provincial ya sean públicas en sus distintas variantes, como nacionales, provinciales y municipales, pero también privadas. “Es realmente un número que no deja de maravillarnos. O sea que en estos territorios que ya fueron alumbrados hay mucho que está protegido, pero te diría que hay un 50% de esos territorios que nosotros consideramos valiosos que aún tenemos que esforzarnos para protegerlos mejor”, añadió. Luego recordó que Misiones tiene el 50% de estos sitios protegidos.

Cómo se hizo 
El coordinador del Programa NEA Aves Argentinas explicó cómo se hizo el trabajo para lograr esta validación internacional. “Nosotros coordinamos un equipo de investigadores naturalistas, guardaparques, provinciales, nacionales y demás, donde estuvieron representadas unas 15 a 20 organizaciones que proveyeron información sobre especies. No solamente de aves, como se hacía en su momento con las áreas importantes para la conservación de las aves, sino de todos los vertebrados y también de flora”. 
Añadió que representantes de las diversas organizaciones que hace décadas vienen estudiando la biodiversidad de Misiones, “aportaron la información de estas especies que lógicamente enriqueció el trabajo y nos da una cifra estimada en cerca de un millón y poquito más de hectáreas que conforman estas áreas claves para la biodiversidad”.
Al recordar que las áreas claves para la biodiversidad del norte provincial son las que están más protegidas, indicó “hay muchas áreas claves para la biodiversidad en el sur de Misiones que no están protegidas y estamos haciendo un esfuerzo potente, con los intendentes municipales de muchas localidades tratando de crear reservas municipales, que, aunque sean pequeñas, de 10, 15, 20 hectáreas, son las que contagian a los vecinos con el mensaje de la conservación y nos ayudan a después llevar esa conciencia ambiental al resto de esas geografías más extensas”.
La identificación y aprobación de estas KBA se basa en criterios científicos rigurosos, asegurando la protección de sitios esenciales para la persistencia global de la biodiversidad. Esta iniciativa es el resultado de un esfuerzo coordinado entre diversos investigadores, instituciones y el Programa Key Biodiversity Areas.
“Estos espacios representan los últimos refugios de especies y ecosistemas únicos que tenemos en Misiones. Al proteger estas Áreas Claves, no solo resguardamos nuestra fauna y flora, sino que aseguramos servicios ecosistémicos vitales para todos” manifestó Damián Lozano de la Asociación Civil Aves Argentinas.
A partir de ahora, las KBA serán un faro para invertir de manera más efectiva los esfuerzos de conservación y desarrollo sostenible en la provincia, asegurando que las decisiones de manejo territorial se tomen con el más alto estándar de información biológica disponible, destacaron.
El trabajo, como se indicó, fue coordinado por Aves Argentinas y contó con la participación de numerosos expertos que trabajan en institutos de investigación, universidades, agencias de conservación nacional y provincial y organizaciones de la sociedad civil. 

Las Áreas
Las Áreas Claves para la Biodiversidad de Misiones son Iguazú y alrededores, Urugua-í y alrededores. Parque Provincial Guardaparque Horacio Foerster y Corredor con Urugua-í, Cuenca del Piray Miní, Cuenca del Piray Guazú. Parque Provincial Piñalito y Forestal Belga, Montecarlo, San Pedro, Reserva de la Biósfera Yabotí, Parque Provincial Salto Encantado del Valle de Cuñá Pirú y alrededores, Corpus, Cuencas del Tabay y Ñacanguazú. Campo Viera y Campo Grande, Teyú Cuaré, Oberá, Cuenca del Garupá y Campo San Juan, y Cerro Mártires y Barra Santa María.

Sobre Aves Argentinas
Aves Argentinas es la organización nacional que, compuesta por más de 3000 socios y con más de 100 años de vida protege las aves silvestres y la naturaleza de Argentina. Son miembros de BirdLife International, la red de organizaciones dedicadas a la conservación de la naturaleza más grande del mundo.
“En Aves Argentinas trabajamos en favor de las más de 1.000 especies de aves silvestres y sus ambientes, con proyectos y acciones de conservación, investigación, educación y divulgación junto a investigadores, técnicos y una amplia red de voluntarios y más de 100 Clubes de Observadores de Aves”, detallan.
Como presentación de la labor desarrollada añaden que contribuyen a la conservación de hábitats; identificando, monitoreando y restaurando áreas importantes para la conservación de las aves. “Protegemos sitios y promovemos el cuidado de estas áreas claves para la biodiversidad, impulsando políticas públicas y generando reservas urbanas y Parques Nacionales. Llevamos adelante proyectos de conservación de ambientes en la Patagonia, el bosque atlántico y las pampas”.
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