El Gobierno no quiere la ley que impulsan las provincias y prepara una propia

Fecha de Publicación: 11/11/2024
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Nacional


Daniel González, exCEO de YPF y hombre de confianza de Luis Caputo en cuestiones energéticas, propone desregular más el mercado de lo que prevé la iniciativa provincial.
El proyecto de ley de Biocombustibles impulsado por provincias productoras de biodiesel y bioetanol pierde fuerza en el Congreso, mientras que el gobierno trabaja en una propuesta alternativa más desreguladora.
Este enfoque, liderado por Daniel González, exCEO de YPF, busca mayor consenso e incluye consultas con petroleras, fabricantes de autos y productores de biocombustibles. La reciente designación de María Carmen Tettamanti en la Secretaría de Energía añade desafíos, ya que las provincias habían negociado con el funcionario anterior. La postura del gobierno podría afectar a las empresas no integradas a grandes aceiteras, favorecidas en el proyecto provincial.

¿Oportunidad perdida?
Tras un primer intento fallido de eliminar las regulaciones del mercado de biocombustibles, las "provincias bio", lideradas por Santa Fe, comenzaron a trabajar en un nuevo proyecto que equilibrara los intereses de todos los sectores, introduciendo reformas para abrir la competencia. A pesar de las tensiones internas entre fábricas integradas y no integradas a aceiteras, y entre productores y petroleras, se logró consenso en que la nueva propuesta era mejor que la actual.
Sin embargo, las demoras en el Congreso provocaron divisiones. Las grandes aceiteras, que inicialmente decidieron no criticar el proyecto, comenzaron a rechazarlo públicamente, alegando que no incentivaba la competencia ni nuevas inversiones. Por su parte, las petroleras, que podrían ingresar al mercado solo si la demanda aumenta considerablemente, empezaron a reactivar su lobby contra el proyecto, que no favorece una liberalización total del mercado.

Batalla de fondo
La normativa impulsada durante el kirchnerismo asignó a las aceiteras internacionales el mercado de exportación y a las empresas nacionales no integradas a aceiteras el mercado interno, con cupos y precios fijados por el Estado. Inicialmente, esta ley favoreció la inversión en grandes plantas y creó una red de empresas nacionales, pero con el segundo mandato de Cristina Kirchner surgieron problemas, como la restricción de exportaciones y la congelación de precios.
Bajo el gobierno de Mauricio Macri hubo intentos de liberalización que no se concretaron, y el gobierno de Alberto Fernández modificó la ley para reducir el corte obligatorio, cediendo a las demandas de las petroleras. El gobierno de Javier Milei intentó desregular el mercado, pero fracasó. Ahora, las provincias han propuesto un nuevo proyecto que busca un consenso entre los sectores, aunque aún sin avances legislativos significativos. El gobierno actual sigue promoviendo una nueva ley más liberalizadora del mercado.
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Misterio en Península Valdés por la aparición de 21 ballenas muertas: creen que consumieron algas tóxicas

Fecha de Publicación: 11/11/2024
Fuente: TN
Provincia/Región: Chubut


Las autoridades aseguraron que este fenómeno natural se registra en los mares de todo el mundo. Trabajan para reubicar los restos de los mamíferos varados.
Tras la aparición de 21 ballenas muertas en Península Valdés, Chubut, la principal hipótesis de los investigadores es que se debe al consumo de algas tóxicas. Pese a la tragedia, aseguran que se trata de un fenómeno natural que ocurre en los mares de todo el mundo.
Las autoridades locales están trabajando para reubicar los restos de los cetáceos en un operativo conjunto y complejo, liderado por el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas del Chubut.
Según el Programa de Monitoreo Sanitario de la Ballena Franca Austral, entre el 19 y el 29 de octubre se contabilizaron las muertes de estos ejemplares, afectadas posiblemente por floraciones algales nocivas en el Golfo Nuevo.
Para las tareas de remoción y reubicación se han coordinado esfuerzos con la Dirección de Flora y Fauna, la Administración de Vialidad Provincial, el Área Natural Protegida Península Valdés y el municipio de Puerto Pirámides, además de contar con el apoyo de la Red Fauna y los prestadores de servicios de avistaje de ballenas.
Especialistas destacan que una posible causa de esta mortandad es el consumo de algas tóxicas, en coincidencia con la etapa de alimentación de las ballenas adultas y juveniles en la zona.
“Nuestro equipo ha observado que estas ballenas se han alimentado de manera frecuente en el último mes, coincidiendo con el período final en que las madres permanecen con sus crías tras varios meses de ayuno”, explicaron desde el Programa de Monitoreo.
Para confirmar la causa, los científicos están analizando los niveles de toxinas en distintos órganos de los ejemplares fallecidos.
“Si bien las floraciones algales nocivas se presentan en forma de parches en las áreas de alimentación, será necesario confirmar la presencia de toxinas específicas mediante análisis de laboratorio de los órganos afectados”, detallaron.
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Punta Tombo: "Un hito para la justicia ambiental"

Fecha de Publicación: 09/11/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional - Chubut


Un tribunal declaró culpable al empresario Ricardo La Regina por "daño agravado en concurso ideal con el delito de crueldad animal". Las repercusiones.
El juicio oral y público contra el productor había comenzado el pasado 28 de octubre y las imágenes que se habían difundido de los nidos aplastados con los pingüinos dentro generaron tal conmoción en la ciudadanía que el caso llegó a tener repercusión internacional.
“Nosotros siempre sostuvimos que este era un caso penal ambiental, que el bien jurídico protegido era el ambiente y que no se trataba de un delito entre particulares, sino que era un crimen contra la naturaleza”, indicó Micheloud al salir del tribunal.
Además, el abogado agregó: “Es un fallo que genera un gran precedente y un punto de inflexión a la impunidad. La historia de Argentina es la historia de la impunidad ambiental donde los grandes poderosos siempre han evadido las condenas y el veredicto histórico de hoy nos permite pensar que empieza una nueva página en nuestro país para consolidar la justicia ecológica”.
De acuerdo a la investigación corroborada en el juicio, entre agosto y diciembre del 2021, La Regina utilizó una retroexcavadora para hacer un camino paralelo a la costa sin la debida autorización y decidió instalar un alambrado electrificado de 900 metros para dividir su terreno en la estancia Punta Clara, ubicada al norte de la reserva de Punta Tombo. En medio de su aventura especulativa para delimitar las fronteras de su campo, no tuvo en consideración que el mismo limitaba con una de las mayores reservas de aves magallánicas del planeta, área protegida donde habitaba la especie hace décadas. Así es como avanzó sobre 175 nidos, provocando la muerte de más de un centenar de pingüinos y huevos, el desmonte de vegetación nativa e impidió la libre circulación de las aves impactando fuertemente en la reproducción de la especie.
El productor siguió en forma virtual la lectura del veredicto del tribunal, aunque contó con la presencia de un abogado defensor en la sala. Allí, el tribunal halló culpable a La Regina por la mayoría de los cargos en los que fue imputado por afectar el medioambiente, la biodidiversidad, la flora y la fauna en un sector que debía ser protegido. Ahora, queda pendiente que los jueces emitan la sentencia y determinen la pena, que se conocerá el lunes 11 de noviembre.
“Este caso es un hito para la justicia ambiental, constituye un antecedente histórico que, esperamos, siente las bases para implementar políticas ambientales y acciones más estrictas que eviten futuros atentados contra los animales y el ambiente”, dijo a Página 12 Matias Arrigazzi, integrante del equipo de campañas de Greenpeace Andino, biólogo y experto en conservación de biodiversidad.
La investigación y acusación estuvo a cargo de la fiscal general Florencia Gómez y personal de la Fiscalía de Rawson, y se sumaron como querellantes el Estado provincial, Greenpeace, la fundación Patagonia Natural, National Geographic, y la Asociación de Abogados Ambientalistas de la República Argentina.
En la primera jornada de debate, La Regina ofreció una propuesta reparatoria con la donación de 500 hectáreas al Estado, con el objetivo de que “termine de ordenar el manejo del recurso pingüinos, entre ellas, la sesión de la llamada Punta Clara”. Sin embargo, Gómez y los querellantes se opusieron a la aplicación de la suspensión de juicio a prueba y de la propuesta.
Durante la etapa de alegatos, la fiscal subrayó que “los delitos cometidos quedaron acreditados, con los testimonios de profesionales y especialistas que se expresaron sobre el daño causado”. “Hubo un desprecio total por la biodiversidad del lugar, ya que se entendió que el imputado era consciente de los daños que estaba ocasionando en procura de su objetivo económico, que puso por encima del grave ambiental que ocasionó”, indicó.
"Esta resolución genera un antecedente judicial importante en el cuidado de la naturaleza, de las especies, y de la biodiversidad", consignó Gomez, y añadió que el caso marcara "un antes y un después en la educación de la sociedad para que estos hechos no solamente se denuncien, sino que se los investigue con la seriedad que corresponde".
Al conocer el veredicto, Arrigazzi afirmó: “El mensaje que queda claro con esto es que el propietario de un campo puede ser dueño de la superficie, pero no de todo lo que allí habita. En el alegato de cierre, la defensa dijo que ellos no creían que se hubiera hecho un daño, pero de haberse provocado fue en propiedad privada. Bueno, los jueces acaban de decir que no, que un pingüino no es propiedad privada, que un nido no es propiedad privada y que la vegetación desmontada para abrir un camino, tampoco lo es”.
La Reserva Punta Tombo alberga una de las mayores colonias continentales de pingüinos de Magallanes del planeta. Esta se extiende a lo largo de más de 210 hectáreas en la estepa patagónica, a 110 km de la ciudad de Rawson. El pingüino Magallánico, cuyo Estado de Conservación de acuerdo a la catalogación en la lista roja de la IUCN es de Casi Amenazado, no sólo sufrió los impactos de la actividad humana en tierra, sino que además está amenazado por actividades que avanzan sobre el mar, principalmente la industria petrolera, la pesca intensiva y los efectos del cambio climático sobre los océanos.
Además de la llamada “masacre de los pingüinos", el biólogo advirtió que un punto clave del veredicto fue que se demostró no solo el daño a los pingüinos, sino que a un ecosistema entero. “Hablamos del pingüino porque fue la especie más afectada y llama la atención porque es un animal súper carismático, pero una acción tan grave como esta rompe el equilibrio de un ecosistema completo y tiene consecuencias mucho más complejas”, explicó Arrigazzi y ejemplificó: “El desmonte de una zona árida hace que sea muy difícil recuperar las capacidades del suelo, que sin vegetación no absorben el agua y pueden generar inundaciones en las áreas colindantes”.
Para Micheloud, este es un fallo que trasciende a la provincia de Chubut y tiene impacto en todo el país y la región. El abogado ambientalista afirmó: “Seguiremos la causa si hay instancias posteriores y defenderemos esta valiosísima sentencia. Nuestro objetivo es continuar con la lucha socioambiental, poniéndole voces a los que no tienen, cómo a los animales no humanos que son verdaderos sujetos de derechos, y defendiendo los bienes comunes, a las comunidades y a sus territorios”.
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La Provincia acudirá a la Corte Suprema por la eliminación del Fondo Fiduciario para Bosques Nativos

Fecha de Publicación: 09/11/2024
Fuente: Portal InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires - Nacional


La ministra Daniela Vilar anunció que la Provincia de Buenos Aires acudirá a la Corte Suprema para frenar la eliminación del Fondo Fiduciario para Bosques Nativos.
La Ministra de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, expresó enérgicamente su rechazo a la eliminación del Fondo Fiduciario para la Protección de los Bosques Nativos (FOBOSQUE), una medida tomada por el gobierno nacional a través del Decreto 888/2024. Según Vilar, esta decisión representa un grave retroceso en las políticas ambientales y en la lucha contra la deforestación, afectando de manera directa a la Ley de Protección de Bosques Nativos, el federalismo y la capacidad de las provincias para avanzar en sus propios planes de conservación.
A raíz de esta medida, el gobierno provincial decidió llevar el caso ante la Corte Suprema de Justicia, solicitando la inconstitucionalidad del decreto y la transferencia inmediata de los fondos que, según Vilar, ya están comprometidos en varios proyectos de manejo y conservación en territorio bonaerense. "Desde la Provincia no nos quedamos de brazos cruzados. Demandamos al Estado nacional ante la Corte Suprema", afirmó la ministra en su cuenta de X (antes Twitter), donde también cuestionó las declaraciones de Manuel Adorni, vocero presidencial, quien justificó la eliminación del fondo.
Vilar desmintió las afirmaciones de Adorni, quien había señalado que el FOBOSQUE "se usó para financiar cajas de la política" y que no contaba con indicadores claros para medir resultados. "Esto es completamente falso", señaló la ministra. Según Vilar, el fondo ha sido clave para reducir la tasa de deforestación desde su creación en 2018, y ha garantizado la correcta distribución de los recursos entre las provincias, así como la continuidad de políticas públicas en defensa de los ecosistemas de bosques nativos.

¿De qué trata el fondo que eliminó el Estado Nacional?
El Decreto 888/2024, que elimina el FOBOSQUE, ha sido criticado también por su falta de consulta previa con el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), donde participan representantes de todas las provincias, y donde se consensuaron durante años los lineamientos de la ley. "Este decreto desconoció el trabajo colectivo y federal de muchas administraciones provinciales que, en conjunto, han logrado avances significativos en la protección de los bosques nativos", indicó Vilar.
Además de la preocupación por la deforestación, la ministra alertó sobre los peligros que esta medida implica en el contexto de la crisis climática y la llegada de un verano de altísimas temperaturas, lo que incrementa la amenaza de incendios forestales. "Cuidar los bosques es una forma de combatir los efectos de la crisis climática. Esta eliminación del fondo nos debilita frente a una problemática que cada vez se vuelve más urgente", afirmó la titular de la cartera ambiental de la Provincia.
La ministra también hizo referencia a la importancia del Fondo Fiduciario en la sostenibilidad de las políticas provinciales, ya que, sin este fondo, las provincias no pueden acceder a nuevas transferencias de dinero sin presentar las correspondientes rendiciones ante el gobierno nacional. "Este recorte se convierte en un obstáculo para que las provincias podamos avanzar en la implementación de nuestros planes estratégicos de bosques, como el que tenemos en la Provincia de Buenos Aires", concluyó.
Con la demanda ante la Corte Suprema, la Provincia de Buenos Aires busca frenar la eliminación de un fondo que, según Vilar, es esencial no solo para la protección de los bosques nativos, sino para la salud y calidad de vida de los ciudadanos. El conflicto marca un nuevo capítulo en las tensiones entre la Nación y las provincias por el manejo de los recursos destinados a la protección ambiental y el combate contra la deforestación.
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La Justicia complica el saneamiento de los ríos más importantes de la Provincia

Fecha de Publicación: 08/11/2024
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires


Dos decisiones diferentes en dos causas diferentes ponen en jaque las tareas de saneamiento de dos ríos fundamentales.
El Poder Judicial parece haber puesto en jaque las tareas de saneamiento de los ríos más importantes de la provincia de Buenos Aires. Se trata del Reconquista y del Matanza-Riachuelo.
Sentencias, renuncias y cierre de causas: ¿Qué está pasando?
Este miércoles, a través del Decreto 2459/2024, Axel Kicillof le aceptó la renuncia a Martín Sabbatella en el cargo de presidente del directorio del Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC). El ya exfuncionario le había presentado la dimisión con una carta en la que le explicó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por un año en una causa que data del 2015.
Sabbatella había llegado al COMIREC tras presidir la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) entre 2020 y 2023. Este organismo fue creado en 2006 luego de que el máximo tribunal instara a las autoridades a sanear el río que nace en Cañuelas y desemboca en el Río de La Plata.
Hoy en día, reina la incertidumbre también en ese organismo. Como ya contó INFOCIELO, la Corte Suprema cerró la Causa Mendoza y decidió dejar de supervisar las tareas de saneamiento lideradas por la ACUMAR desde 2010.
Tras este fallo, la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, compartió un documento expresando su preocupación. En concreto, advirtió que la Corte "no deja en claro los procedimientos para continuar con lo empezado e impedir la regresión de los logros".
Lo cierto es que ahora el Poder Ejecutivo estará a cargo de los trabajos en cuestión. Sin embargo, Vilar recordó que el actual presidente Javier Milei "expresa públicamente que las empresas pueden contaminar un río ya que sobra el agua".

El nuevo presidente del COMIREC
A pesar de las sentencias adversas, el gobierno bonaerense quiere dar vuelta la página rápidamente para que el organismo a cargo del Río Reconquista siga funcionando. Así es que en paralelo a la renuncia obligada de Sabbatella salieron los reemplazos.
De acuerdo al Decreto 2641 publicado en el Boletín Oficial de este miércoles, el nuevo presidente del directorio es Daniel Larrache, un hombre muy cercano a su antecesor que lo acompañó también durante sus años en el ACUMAR.
Larrache ya era parta del directorio en representación del Ministerio de Gobierno bonaerense. Ahora, esa silla será ocupada por María José Parra.
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Proponen convertir la Refinería San Lorenzo en un centro de producción de biocombustibles para aviación

Fecha de Publicación: 08/11/2024
Fuente: TN
Provincia/Región: Santa Fe


El proyecto de ley del diputado Joaquín Blanco busca transformar una planta en una biorrefinería de “biojet”, con una inversión de US$300 millones para reactivarla y generar empleo local.
En un ambicioso plan por revitalizar la industria local, el diputado provincial Joaquín Blanco presentó un proyecto de ley que busca convertir una planta en desuso desde 2018 en una biorrefinería dedicada a la producción de “biojet”, un biocombustible de aviación.
Durante su intervención, Blanco enfatizó que “recuperar este lugar, que hace seis años está abandonado, es clave para impulsar el desarrollo nacional desde lo local”.
La planta, que en su mejor momento empleó a 12.000 trabajadores, representa una importante oportunidad para la economía de Santa Fe, que se posiciona como pionera en la generación de biocombustibles a nivel nacional.
“Necesitamos volver a darle funcionamiento. Un párate tan extenso genera un grave impacto ambiental para la zona”, advirtió el legislador.

El proyecta contempla una inversión de US$ 300 millones
“Este tipo de inversiones son de largo plazo, y es fundamental brindar continuidad a este proyecto”, destacó Blanco, apoyado por todo su bloque socialista en esta iniciativa que podría transformar la industria local y generar empleos de calidad.
El diputado provincial señaló que “la elección de este lugar es estratégica para nuestra provincia. Los argentinos hicimos un gran esfuerzo en la reestatización de YPF y es necesario que ponga a disposición del desarrollo de Santa Fe, y del país, este espacio abandonado. Queremos impulsar desde lo local el desarrollo nacional”.
La propuesta busca transformar la planta en productora de “biojet”, un biocombustible que ha comenzado a ganar terreno en la industria aeronáutica.
Los Combustibles de Aviación Sostenibles (SAF) son considerados una opción clave para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por la aviación, logrando reducciones significativas de entre un 50% y un 60%.
En particular, se pretende generar Aceite Vegetal Hidrotratado (HVO), un diésel renovable que se obtiene mediante un tratamiento con hidrógeno como catalizador, utilizando como materia prima aceites vegetales y residuos de origen vegetal o animal.
Blanco subrayó que “el futuro de la aviación sostenible está en plena construcción y aquí reunimos todas las condiciones para liderar el proceso”.
Citó ejemplos de aerolíneas que ya están preparadas para operar con hasta un 50% de SAF en su mezcla de combustible.

La situación en Estados Unidos y la Unión Europea
En Estados Unidos, grandes refinerías de petróleo están adaptándose para convertirse en plantas de elaboración de SAF, lo que señala una tendencia creciente hacia la sostenibilidad en la industria.
A nivel global, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (Iata) se fijó el objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono para 2050.
Actualmente, solo el 0,1% de los combustibles utilizados en la aviación son biocombustibles, aunque se espera que esta cifra aumente significativamente.
En este contexto, Estados Unidos y la Unión Europea están impulsando regulaciones para exigir que los aviones utilicen al menos un 2% de SAF, lo que podría disparar la demanda de estos combustibles renovables.
Este proyecto no solo tiene implicaciones ambientales, sino que también se posiciona como una oportunidad económica para Santa Fe.
Blanco concluyó que “estas políticas promueven la inversión en infraestructura, generan empleo de calidad y apuntan al crecimiento económico local”.
Con una alta rentabilidad y un significativo valor agregado, esta producción apostaría por un futuro más sostenible, contribuyendo a la transición energética y beneficiando a toda la cadena productiva en la provincia.
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Contaminación ambiental: estudio del Conicet detectó daño genético en docentes rurales

Fecha de Publicación: 07/11/2024
Fuente: Diario Corrientes Hoy
Provincia/Región: Santa Fe


Investigadoras de Conicet junto a docentes del gremio Amsafe Rosario presentaron los resultados de la investigación que se desarrolló desde marzo a noviembre de 2024, sobre la población de docentes rurales del departamento Rosario. Los resultados de dichas investigaciones encendieron las alarmas, ya que alerta sobre el riesgo que implica la exposicion de los trabajadores de la educación a contaminantes ambientales.
La información que se analizó se obtuvo a partir de encuestas, entrevistas y tomas de muestras biológicas realizadas a 32 docentes y auxiliares de escuelas rurales de Ibarlucea, Alvear, Villa Amelia, La Carolina y Acebal (depto. Rosario, Santa Fe).
Destacando que estas localidades se encuentran en zonas tradicionalmente dedicadas a la producción agrícola y ganadera y están, además, próximas al cordón industrial portuario de la ciudad de Rosario.
“Pudimos reconstruir que estas escuelas se encuentran situadas en contextos productivos caracterizados por la producción de soja y maíz, y que si bien están expuestas a diferentes contaminantes, por ejemplo los efluentes de industrias, de graseras, también los contaminantes que se encuentran en el agua o los olores que provienen de basurales próximos, lo más característico es la exposición a la deriva de las fumigaciones que se utilizan sobre los cultivos de soja y de maíz” enfatizó Lucía Caisso, investigadora de Conicet UNRAF en diálogo con Conclusión.
Las escuelas están ubicadas a un máximo de 700 metros de campos de cultivo, otras a un mínimo de 40 metros. “Las docentes no tienen muy visibilizado el hecho de que esta proximidad de los campos supone una exposición a estos contaminantes de los plaguicidas agrícolas. Sí pudimos reconstruir con el trabajo de campo que hay exposición a las derivas secundarias de los agroquímicos dado que se fumigan los campos a veces por la noche, pocas horas antes de que las docentes y los niños ingresen a las escuelas”.
Al analizar el material genético, encontraron, “que las docentes de las escuelas más próximas a los campos de cultivo, particularmente una situada en la localidad de Alvear, que está a 40 metros de un campo de cultivo, presentan un daño mayor, un daño genético mayor que el resto de las docentes. Si bien en general toda la muestra en promedio tiene un daño un poco mayor que los valores normales o de referencia, las docentes de Alvear lo tienen inclusive un poco más incrementado”.
Amsafe Rosario destacó que desde hace tiempo vienen denunciando a las escuelas fumigadas. “Pone de nuevo el eje en discusión y, por supuesto, discutir condiciones de trabajo. Nosotros queremos que este convenio sea un convenio provincial, que de norte al sur y el centro de la provincia de Santa Fe, los trabajadores de la educación, las maestras, los maestros tengan acceso a esto. Vamos a seguir interpelando a nuestros empleadores, como es el Ministerio de Educación y el de Trabajo para que dejen de mirar al costado y empiecen a hacerse cargo» concluyó Gabriela Meglio, secretaria adjunta de Amsafe Rosario.
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Informe alerta sobre un déficit de energía para el verano

Fecha de Publicación: 06/11/2024
Fuente: Cadena 3
Provincia/Región: Nacional


La Fundación Encuentro, cercana al Frente Renovador de Sergio Massa, estima que la falta de energía alcanzará 2500 MW, más del doble de lo proyectado por el Gobierno. Las causas incluyen la indisponibilidad de Atucha I y limitaciones en la capacidad de importación de los países vecinos.
Un informe reciente de la Fundación Encuentro, advierte que el déficit energético para el verano podría alcanzar los 2500 MW, en contraste con la previsión de 1000 MW del Gobierno. Este faltante, que se espera para los meses de mayor demanda, se atribuye a diversos factores, como la falta de disponibilidad de Atucha I y la incertidumbre sobre la entrada en operación de la Central Nuclear Néstor Kirchner (Atucha II) en diciembre de 2024.
El estudio evalúa distintos escenarios y plantea que la oferta máxima de generación alcanzaría entre 28.151 y 28.751 MW, mientras que la demanda en el pico del verano rondaría los 30.700 MW. Esto dejaría un faltante de aproximadamente 2500 MW, que podría traducirse en restricciones significativas para el suministro de energía.
Según el informe, el sistema actual de transmisión también representa una limitante importante. A pesar del aumento en la generación mediante energías renovables en los últimos años, la infraestructura de transmisión no permite evacuar toda la energía producida. Esto impide aprovechar plenamente la energía eólica y solar, que, al no poder almacenarse, debe despacharse de inmediato, afectando así el despacho de energía térmica.
Además, el informe señala que el Gobierno anuló una licitación de 3000 MW de potencia térmica adjudicada en noviembre de 2023, que hubiera permitido sumar energía en puntos críticos del sistema. Esta medida, que buscaba optimizar el uso de gas natural, habría cubierto gran parte del déficit estimado para este verano y los próximos, impactando la capacidad de respuesta en futuros períodos de alta demanda.
Ante esta situación, el Gobierno trabaja en un plan de contingencia que sumaría 1000 MW adicionales, aunque esta capacidad estaría lejos de cubrir las proyecciones de demanda de energía para el verano, según la Fundación Encuentro. La falta de licitaciones y nuevas obras de transmisión proyecta además problemas de suministro para los veranos de 2026 y 2027.
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Los empresarios y el gobierno van por la Ley de Glaciares

Fecha de Publicación: 06/11/2024
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional


El retroceso ambiental se profundiza. Tras el RIGI, la eliminación del Fondo para los Bosques y el retiro de la Corte del saneamiento del Riachuelo, las mineras apuntan a la norma que regula la actividad en estos reservorios de agua. El gobierno avala su modificación.
“Si no es ahora, cuándo”. El título que eligió el empresariado para el Coloquio de IDEA representa con claridad sus intenciones. Si no es ahora, cuándo. Durante el encuentro hubo representantes de mineras que explicitaron su pedido al Gobierno de ir contra la Ley de Glaciares. Con pocas semanas de diferencia, la subsecretaria de Ambiente de la Nación, Ana Lamas, admitió que se está trabajando para sacar “escollos” en una normativa que tiene “mucha indefinición”. Traducido: se apunta a reducir el alcance de protección de la ley para beneficio de las mineras.
“Varias provincias nos hicieron planteos, estamos conversando con la Secretaría de Minería también, pero el tema acá pasa por la cuenca. A nosotros como Ambiente lo que nos interesa es conservar el agua, el agua de los glaciares, la cuenca hidrográfica, la cuenca que no perjudique aguas abajo si hacemos una explotación minera y estamos arruinando el agua. En la Ley de Glaciares hay mucha indefinición. Se está trabajando en ver cómo se puede definir mejor para sacar todos estos escollos”, dijo la funcionaria a La Nación. Este medio consultó cuáles serían esos «escollos» a revisar. No hubo precisiones.
El tema emerge en un contexto crítico. Mientras en el mundo se ven los efectos concretos de la crisis climática, con evidencias como el drama de Valencia, la Argentina de Javier Milei rechaza las políticas ambientales. En los primeros días de octubre, a través del decreto 888, el Ejecutivo eliminó el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos establecido por la Ley 27.431. Días más tarde la Corte Suprema (siempre adaptándose a los tiempos) cerró una de las causas ambientales más importantes: la contaminación del río Matanza-Riachuelo.
En tanto, esta semana se dio el debut formal del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). YPF, Galan Lithium y Posco –dos mineras extranjeras– se inscribieron con proyectos de litio en Catamarca y Salta. Pero el planteo de ciertos empresarios del sector, como lo dejaron claro en IDEA, es que con el RIGI no alcanza. Quieren más, y eso implica ir contra la Ley de Glaciares. Si no es ahora, cuándo.

La Ley de Glaciares: un viejo anhelo
“La modificación de la Ley de Glaciares es un viejo anhelo del lobby minero, que siempre trabajó muy fuertemente contra esta norma. Tanto cuando se sancionó por primera vez –y logró su veto presidencial– como cuando insistimos con esa ley en 2010. El lobby siempre buscó la forma de boicotearla. Ahora creen que hay una ventana, con este gobierno liberal que no tiene en agenda la cuestión ambiental y es negacionista de la problemática ecológica. Creen que es la gran oportunidad”, advierte el abogado ambientalista Enrique Viale.
“Todos los rumores y datos que tenemos indican que van contra la Ley de Glaciares y que lo harían o buscando su modificación en el Congreso o con un decreto, que puede ser un DNU o un decreto reglamentario que termine desvirtuado los alcances de protección de la norma«, acota.
Apunta que el gran objetivo del lobby minero es derogar las prohibiciones –razonables– que establece la ley en cuanto a la realización de actividades mineras sobre glaciares y ambiente periglaciar: “nos vamos a oponer muy fuertemente a cualquier modificación, que sería manifiestamente inconstitucional por violar el principio de no regresión ambiental. Pero además lo haremos porque si efectivamente logran derogar una ley que tuvo tanto apoyo popular, que fue tan debatida por especialistas y universidades en los territorios, es una especie de vía libre para destruir toda la legislación ambiental del país”. Si no es ahora, cuándo.

«También afecta a sectores productivos»
La intención de las mineras de avanzar contra zonas protegidas se puede ver aún con la ley vigente. En 2019, por caso, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA-CONICET), en Mendoza, difundió que en el sector donde se pretendía instalar el proyecto Cerro Amarillo había “47 cuerpos de hielo que cubren una superficie de 3,42 km², todos ubicados en la subcuenca del río Grande (…). La mayor parte del área cubierta corresponde a glaciares de escombros representativos del ambiente periglacial”.
En el mismo sentido, la Asamblea El Algarrobo informó días atrás –según consignó ANRED– que la Cámara Federal de Casación Penal ordenó seguir investigando a directivos de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) por la validación de yacimientos de Minera Agua Rica – Alumbrera (MARA) sin tener en cuenta la existencia de glaciares y ambientes periglaciares.
“Tanto los glaciares como el ambiente periglaciar son reservas hídricas estratégicas porque ayudan a regular el ciclo hidrológico de cuencas de área andina. Cualquier tipo de actividad sobre estas reservas afecta este ciclo del agua, con impacto negativo no sólo en la biodiversidad sino también en poblaciones aledañas y en actividades productivas«, explica Leandro Gómez, coordinador del programa de Inversiones y Derechos del área de Política Ambiental de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Y se pregunta: «¿Qué impacto puede tener por ejemplo sobre el sector vitivinícola en Mendoza? A veces la importancia de las poblaciones y su acceso al agua son relegados y prima una mirada más economicista, pero incluso en estos términos esto también afectaría a sectores productivos”.
Los intentos de modificación de la ley, señala Gómez, apuntaron especialmente a esas zonas periglaciares. Cambiar la esencia protectora sobre esas áreas, de hecho, era algo que formaba parte de la versión original de la Ley Ómnibus, al inicio del gobierno de Milei. Ese ítem no quedó en la versión final, pero la intención sigue firme.
“Cualquier tipo de intento  llevaría a un reclamo y a una serie de inicios de judicialización y solicitudes de inconstitucionalidad –advierte el referente de FARN–. Muchas veces se postula la reforma de la Ley en nombre de una supuesta seguridad jurídica. Pero la Ley de Glaciares fue debatida dos veces en el Congreso, su constitucionalidad fue reafirmada por la Corte, fue aprobada en un proceso sumamente participativo. Que sea reformada por decreto o por otra vía no va a hablar de seguridad jurídica, sino al revés. Va a mostrar la debilidad institucional por la que estamos atravesados”.  «
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El peligroso “silencio positivo” en la autorización de trámites ambientales

Fecha de Publicación: 05/11/2024
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional


La Ley Bases modificó la Ley de Procedimientos Administrativos. E impactó en un instituto singular: el silencio estatal "positivo" frente a particulares. Esta ficción legal de “quien calla, otorga” resulta a todas luces peligrosa cuando estamos en presencia de autorizaciones vinculadas a cuestiones ambientales.
La Ley Bases (Ley 27.742) implica una reforma del Estado no sólo en su estructura interna sino también en sus relaciones con la ciudadanía. Por ello, bajo el pretexto de actualizar los procedimientos administrativos y en sintonía con los avances y trámites digitales de estos tiempos, la Ley Bases modificó la Ley de Procedimientos Administrativos. Más allá de la regulación de principios que definen el vínculo entre la ciudadanía y el Estado, plazos, reclamos y recursos que pueden interponer ciudadanas y ciudadanos ante los organismos públicos, la Ley Bases impactó en un instituto singular: el silencio estatal frente a pretensiones ciudadanas. ¿Cómo debe interpretarse ese silencio? ¿De forma negativa o positiva? Esa es la cuestión.
La regla general enseña que el silencio de los organismos públicos debe ser interpretado como negativa. La excepción a esta regla se da cuando una norma expresamente confiera a ese silencio una connotación positiva. Así, cualquier autorización administrativa solicitada por los particulares sin mediar respuesta concreta de las autoridades podría ser validada de manera tácita por el mero transcurso del tiempo a partir de una ficción legal conocida como “silencio positivo”. Esta ficción legal de “quien calla, otorga” resulta a todas luces peligrosa cuando estamos en presencia de autorizaciones vinculadas a cuestiones ambientales.
La Ley Bases estableció que el silencio positivo “no será de aplicación en materia de salud pública, medio ambiente, prestación de servicios públicos o derechos sobre bienes de dominio público”. Pero, existe una excepción: “cuando la norma específica otorgue sentido positivo al silencio”.
De la reglamentación de la Ley Bases (Decreto 695/2024) surge que la Jefatura de Gabinete será la encargada de aprobar el cronograma de implementación del silencio con sentido positivo en el marco de procedimientos mediante los cuales tramiten autorizaciones administrativas. Ese cronograma fue aprobado por la Decisión Administrativa 836/2024 de la Jefatura de Gabinete que dice que, a partir del 1 de noviembre de 2024, los organismos públicos deberán implementar el silencio positivo frente a autorizaciones solicitadas a través de la Plataforma Trámites a Distancia (TAD).  
No perdamos de vista que existen numerosos trámites de autorizaciones ambientales que pueden solicitarse desde la Plataforma TAD. Entre ellos, se encuentran:
- la exportación de productos químicos y artículos comprendidos en el Convenio de Estocolmo
- la exportación de residuos peligrosos
- la generación eventual de residuos peligrosos
- la importación de pilas y baterías
- la inscripción en el Registro de Importación y Exportación de Sustancias que Agotan la Capa de Ozono (RIESAO)
- la inscripción en el Registro Nacional de Consultores en Evaluación Ambiental
- la inscripción al Registro Público Único de Operadores de Fauna Silvestre
- el certificado de importación, exportación y reexportación de productos, subproductos y trofeos de caza de la fauna silvestre
- el Certificado Ambiental Anual por primera vez
- el certificado de flora silvestre
- la declaración jurada anual de efluentes líquidos industriales
- la renovación de Seguro Ambiental Obligatorio
- la renovación automática del Certificado Ambiental Anual
- el movimiento transfronterizo de muestras
- el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental para proyectos en el Puerto de Buenos Aires
- el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental para proyectos hidrocarburíferos en plataforma continental

La Decisión Administrativa 836/2024 de la Jefatura de Gabinete se refiere a los trámites TAD de manera genérica. Omite excluir a los citados trámites ambientales. En este contexto, se genera incertidumbre acerca de si las autorizaciones tácitas generadas a partir del silencio positivo alcanzan o no a los trámites digitales sobre las cuestiones ambientales mencionadas con anterioridad.
El panorama se torna preocupante en virtud de que ha iniciado la cuenta regresiva para que los trámites a distancia puedan avanzar como consecuencia de autorizaciones tácitas. En este sentido, de no aclararse esta cuestión, podría suceder que, a partir del próximo 1 de noviembre, por ejemplo, una consultora ambiental con escasa capacidad técnica, financiera y experiencia profesional se inscriba a través de la Plataforma TAD en el Registro Nacional de Consultoras en Evaluación Ambiental y sólo deba esperar que transcurra el plazo legal sin obtener respuesta para poder ingresar al listado de consultoras de la Subsecretaría de Ambiente. Lo mismo sucederá con empresas que persigan la exportación de residuos peligrosos, renovaciones de certificados y seguros ambientales y que pretendan sortear, bajo el pretexto del silencio, los controles estatales robustos que amerita una herramienta de política ambiental fundamental como lo es la evaluación de impacto ambiental de proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos a partir de las 12 millas marinas.
El “silencio positivo” en trámites con implicancias e impactos en el ambiente, sin presencia ni control de las autoridades, sin ponderación de parámetros ambientales ni de criterios técnicos y sin sanciones en caso de eventuales incumplimientos formales de los particulares nos transporta a un terreno de ilegalidad e irresponsabilidad estatal absoluta. Este escenario es contrario al deber constitucional de las autoridades de preservar el ambiente y la biodiversidad y constituye un retroceso inadmisible para la protección ambiental vulnerando así el principio de no regresión contenido en el Acuerdo de Escazú.
Silencio que no es silencio. Es sinónimo de la peor inactividad estatal y de la indiferencia frente a las consecuencias que la omisión de supervisión y fiscalización podría ocasionar a los derechos humanos en asuntos ambientales. Por ello, el Jefe de Gabinete debe dictar, antes del próximo 1º de noviembre, una nueva Decisión Administrativa que aclare que los trámites ambientales no se encuentran alcanzados por el silencio positivo.
Toda autorización de trámites ambientales debe ser siempre expresa y fundada. Nunca tácita, porque el silencio no es parte del idioma ambiental.
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Atropellamiento de fauna: Habrá radares y un tótem de velocidad para mitigar la problemática

Fecha de Publicación: 05/11/2024
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Misiones


La iniciativa busca no solo reducir los incidentes, sino también concienciar a los conductores sobre la importancia de respetar las velocidades máximas establecidas en el área, que son de 60 km/h en la mayoría de los tramos y 40 km/h en zonas críticas.
Después de dos episodios significativos en los que la fauna misionera sufrió la pérdida de una cría de yaguareté y un ejemplar adulto de puma, los funcionarios gubernamentales organizaron dos reuniones, una en Posadas y otra en Iguazú. El objetivo de estos encuentros fue desarrollar un enfoque integral para mitigar el problema de los atropellamientos de animales silvestres en las rutas de Misiones.
La mesa de trabajo conjunta, que incluye organismos provinciales y nacionales, así como organizaciones no gubernamentales, llevó a cabo dos reuniones clave. La primera se realizó el martes en la sede del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables (RNR) en Posadas. En esta ocasión, el ministro Arq. Martín Recamán recibió al presidente de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Ing. Sebastián Macías, junto a su equipo; al jefe de distrito de la Dirección Nacional de Vialidad, Ing. Marcelo Definino, y su personal; así como al subsecretario de Seguridad y Justicia, Milton Astroza, entre otros representantes del Ministerio de Gobierno.
La segunda reunión tuvo lugar este viernes en Puerto Iguazú, donde se sumaron la Agencia Nacional de Seguridad Vial (dependiente de la Secretaría de Transporte de la Nación), la Administración de Parques Nacionales, el Parque Nacional Iguazú, la Secretaría de Ambiente de la Nación. , el Instituto Misionero de Biodiversidad (IMiBio) y el Refugio de Animales Silvestres Güirá Oga.
Durante estas reuniones, se acordó transformar un tramo de la ruta 12 en una "ruta paisajística", donde los conductores transitarán a baja velocidad para disfrutar del paisaje y proteger la fauna local. Se desarrolló un plan de trabajo a corto, mediano y largo plazo con el propósito de fomentar el cuidado de la biodiversidad.

Etapas del plan:
Primera etapa: Implementación de controles móviles en el tramo crítico de la ruta 12 con una fuerte presencia policial. También se realizarán limpiezas periódicas en las banquinas y campañas de concientización en el aeropuerto internacional de Puerto Iguazú y otros puntos estratégicos.
Segunda etapa: En un plazo de 20 días se implementará un sistema de radarización para controlar la velocidad en tramos específicos, asegurando que los conductores no excedan los 60 kilómetros por hora, conforme a la legislación vigente para áreas naturales protegidas. Además, se instalará más señalización.
Tercera etapa: Prevista para realizar entre 30 y 60 días, esta fase contempla convertir ese tramo de la ruta 12 en una ruta paisajística. Se trabajará bajo el concepto de "ruta paseo", incluyendo la instalación de un tótem que indica la velocidad y guías o "pianitos" en la calzada.
Es relevante mencionar que, según estadísticas proporcionadas por la Fundación Vida Silvestre, más de 13 animales son atropellados diariamente en rutas que atraviesan áreas protegidas del norte de Misiones. Entre las especies afectadas se encuentran yaguaretés, pumas, ocelotes, tapires, corzuelas, zorros, hurones, pacas y osos meleros. Para prevenir estos atropellamientos y garantizar la seguridad de quienes transitan por estas rutas, se ha establecido un límite máximo de velocidad de 60 kilómetros por hora.
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COP 16: Argentina presentó su Estrategia Nacional de Biodiversidad y Plan de Acción a 2030 ante la Convención de Diversidad Biológica

Fecha de Publicación: 04/11/2024
Fuente: Portal Economis
Provincia/Región: Nacional


En el marco de la COP16 en Cali, Colombia, se presentó el documento en un momento crucial. De esta manera, se esperan definiciones sobre la línea de implementación con metas y planes específicos para avanzar en la conservación efectiva de la naturaleza de nuestro país
En 2022 se aprobó el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal (GBF, por sus siglas en inglés), mediante el cual la Argentina y otros 195 países adoptaron y se comprometieron a cumplir 23 metas para 2030 (alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible) y 4 objetivos a 2050, para detener y revertir la pérdida de biodiversidad y hacer frente a la crisis ambiental.
Entre los compromisos asumidos, cada país debía presentar ante la Conferencia de las Partes 16 (COP16) su Estrategia Nacional de Biodiversidad y Plan de Acción a 2030 (ENBPA o NBSAP en inglés), o como mínimo alienar sus metas anteriores al GBF. Argentina así lo ha hecho al presentar su ENBPA, luego de un proceso realizado durante 2024, en el marco de la Comisión Nacional Asesora para la Conservación y Utilización Sostenible de la Diversidad Biológica (CONADIBIO). Este documento es fundamental en a las negociaciones que están teniendo lugar en la COP16 llevada a cabo en la ciudad de Cali (Colombia) centradas en acceso a recursos financieros y monitoreo del cumplimiento del GBF, entre otros temas.
Para el armado de la ENBPA existió un proceso de participación en el que organismos estatales nacionales y provinciales, y diferentes sectores de la sociedad que son parte de la CONADIBIO, hicieron sus aportes a las consultas realizadas por las autoridades. En base a estos aportes, la Subsecretaría de Ambiente de Nación elaboró una propuesta de ENBPA que fue enviada a la Cancillería para su revisión a los fines de realizar la entrega formal ante la Convención de Diversidad Biológica.
Manuel Jaramillo, director general de Fundación Vida Silvestre Argentina afirmó: “Desde Fundación Vida Silvestre Argentina reconocemos la importancia de este proceso y valoramos el cumplimiento por parte del país de presentar su ENBPA actualizada, dado que es la herramienta principal para cumplir con los objetivos del GBF. Sin embargo, vemos con preocupación algunos puntos; creemos que aún hay que profundizar el trabajo para mejorar aspectos vinculados a las metas, finales e intermedias, la falta de temporalidad en muchas de las generadas y la ausencia de indicadores que permitan medir el progreso”.

¿Cuáles son los puntos positivos de la ENBPA presentada por Argentina?
Incorpora la meta de frenar la perdida de áreas importantes para la biodiversidad (meta 1), resaltando que serán incluidas bajo un marco general de un ordenamiento ambiental del territorio, siguiendo la Ley General del Ambiente.
Incorpora las metas de restaurar (meta 2), conservar y gestionar (meta 3) de manera efectiva el 30% de los ecosistemas terrestres, aguas continentales, costeras y marinas a 2030.
Plantea garantizar las medidas para detener las causas de extinción de las especies, haciendo foco en la relación entre los humanos y la naturaleza (meta 4), así como en la prevención de introducción y permanencia de especies exóticas invasoras (meta 6).
Incorpora la meta 10, mediante la cual se busca garantizar la gestión sostenible de las áreas destinadas a uso agrícola, pesca y silvicultura de manera que se conserve y restaure la biodiversidad.
Plantea garantizar la integración de la biodiversidad en políticas, reglamentos, procesos de planificación y desarrollo, erradicación de la pobreza y las evaluaciones de impacto ambiental (meta 14).
Incorpora garantizar el acceso a la información, a la participación y a la justicia (meta 20), y garantizar la participación y representación plena, equitativa, inclusiva, y efectiva a pueblos indígenas y comunidades locales (cumplimiento al Acuerdo de Escazú y la aplicación del Convenio Nº169 de la OIT).

¿Cuáles son las limitaciones de la ENBPA de Argentina?
En muchos casos, las líneas de base propuestas para medir progresos son deficientes, y en otros, las metas intermedias solamente se enfocan en líneas de base, diagnósticos o identificación de mecanismos. Faltan metas intermedias que incluyan la implementación de acciones que ayuden a cumplir con las metas a 2030.
La meta 2 de restauración no establece una línea de base, no explicita si se definirán áreas prioritarias ni cómo será monitoreado su progreso.
La meta 3 de conservación y restauración no establece años para el cumplimiento de metas intermedias fundamentales, como son el incremento de la superficie de áreas protegidas o la medición de la efectividad de la gestión de las áreas protegidas y conservadas.
La meta 4 sobre extinción de especies dispone metas intermedias como la revisión de planes de manejo de especies, cuando muchas aun ni siquiera tienen un plan nacional (como por ejemplo el pecarí quimilero o el tatú carreta, entre otros).
Además, establece programas de conservación de especies vegetales, pero no detalla cuáles, con qué objetivos medibles, ni en qué año deben estar finalizados.
Si bien Argentina adoptó la mayoría de las metas del GBF, se agruparon y realizaron modificaciones a las metas relativas a género. Mientras que el GBF tiene metas específicas sobre la participación con perspectiva de género (meta 22) y garantizar la igualdad de género en la aplicación del marco nacional (meta 23), en la ENBPA se opta por un lenguaje de “perspectiva integral” y “enfoque equitativo”.
En todas las metas nacionales, se incorporan dos metas intermedias que se repiten, una relacionada a la implementación de legislación y otra a la implementación de planes, programas y proyectos que contribuyan al cumplimiento de la meta. En ambos casos, es deseable que las metas sean especificas a cada meta nacional, con tiempos establecidos y un plan de monitoreo para su implementación.

Triple crisis ambiental: el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad
A pesar de los esfuerzos mundiales, la pérdida de diversidad biológica sigue aumentando a tasas alarmantes y sin precedentes, lo cual se agrava y retroalimenta con la crisis del cambio climático y de contaminación. Según el último Informe de Planeta Vivo 2024, la región de América Latina y el Caribe presenta una disminución del 95% de la población de especies vertebradas, siendo el peor indicador en comparación a otras regiones del mundo desde 1970. Dentro de las causas de esta pérdida se encuentran, principalmente, el cambio de uso del suelo y la conversión para producción de alimentos por parte de la agricultura y la ganadería, así como también la urbanización. Esto afecta los medios de vida de millones de poblaciones locales que dependen directamente de la naturaleza, a la vez que pone en riesgo la seguridad alimentaria y las fuentes de sustento de toda la humanidad.
Argentina no se encuentra fuera de este contexto. Según la categorización de los mamíferos de Argentina realizada en 2019 por la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos (SAREM), de las 417 especies evaluadas, 24,7% se encuentran en estado de vulnerabilidad o en algún estado de peligro. La pérdida de biodiversidad de nuestro país está sobre todo relacionada con las actividades productivas: en el caso de los bosques, pastizales y sabanas del Gran Chaco, las Pampas y la Selva Misionera, la deforestación y conversión de los ecosistemas para la producción ganadera y agrícola impacta de manera directa en la biodiversidad y la provisión de servicios ecosistémicos vitales para las personas. Lo mismo ocurre en las zonas costeras y el mar argentino, donde la sobreexplotación pesquera genera impactos en las poblaciones de especies marinas amenazadas y atenta contra la provisión de los recursos.
La pérdida de la biodiversidad avanza de forma alarmante, afectando a las personas, las actividades humanas y los medios de vida. La presentación de las estrategias nacionales de biodiversidad en el marco de la COP16 resalta la importancia de que tanto los gobiernos como las empresas actúen de forma urgente para eliminar las actividades que tienen efectos negativos sobre la biodiversidad y el clima, y redirigir el financiamiento de prácticas nocivas hacia actividades que permitan acceder a los recursos para alcanzar los objetivos globales”, afirmó Jaramillo.
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Especialista en fauna aseguró que no hay sobrepoblación de guanacos, sino recuperación de la especie

Fecha de Publicación: 04/11/2024
Fuente: El Cordillerano
Provincia/Región: Patagonia


Según Víctor Fratto, especialista en fauna, los guanacos en la Patagonia están recuperando su población, que había decaído a 400 mil individuos en el 2000.
Esta respuesta surge por declaraciones de productores de Río Negro, Chubut, Santa Cruz,  Neuquén y Tierra del Fuego, junto a Confederaciones Rurales Argentinas, quienes dijeron que en las últimas dos décadas, cayó un 32% el stock de ganado a causa de la superpoblación de guanacos en la Patagonia. Además agregaron que amaga destruir la producción ganadera.
Luego de la polémica que suscitó la alerta de productores de la Patagonia que indicaban esta sobrepoblación de guanacos que amenazaba con destruir la producción ovina, varios especialistas salieron a desmentir esa versión. Víctor Fratto, especialista en fauna, dijo en Cadena Tiempo que no hay sobrepoblación de guanacos, sino una recuperación de su población.
“Antes de la llegada del europeo, se calcula que en la Patagonia había entre 30 y 50 millones de guanacos. Es un estudio que se hizo en el 79 y unos 20 años después se hizo otro estudio que dio unos 22 millones”.
“Cuando se establece la industria ovina en la Patagonia, en la década del 80, llegó a haber 20 millones de ovejas que convivían con esos guanacos. La población de guanacos empezó a disminuir porque existía esta competencia por los pastizales y el agua. Se baja la población de guanacos entre 90 y 97 porciento. Para el año 2000, llegamos a 400 mil guanacos”, explicó.
“Después, cambio climático por medio, globalización y economía, empieza a caer la industria ovina, hubo abandono de campos, el guanaco empieza a aumentar su población, y para el 2016 calculan 2 millones de guanacos”, dijo.
“En el camino del crecimiento de la ganadería ovina, se cargaron a los choiques, a las maras, dejaron al puma sin sus presas habituales y hubo pumas que le entraron a las ovejas. Se generó un desequilibrio total, que lleva a los conflictos que hoy tenemos entre ganado y especies nativas", señaló.
Fratto apuntó que cuando se pide desde el sector productivo que el Estado tome medidas, lo que pide es “que se lo cace”. Y aclara: “No están pidiendo más permisos para cazar. Andando por la meseta encontré un lugar donde habían despostado centenares de guanacos. No se hizo con permiso. Lo que se pide es una especie de matanza autorizada de un gran número de guanacos”.
Hizo hincapié en el gran desequilibrio ecológico: “Al puma le han quitado sus presas predominantes. Cuando el puma tiene sus presas naturales, se dedica a sus presas naturales. Estamos hablando de quita de guanacos, quita de choiques, quita de maras. En este desbarajuste hay muchos condicionantes”.
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Aire puro era el de antes: causas y consecuencias de un modelo que enferma

Fecha de Publicación: 02/11/2024
Fuente: Agencia Tierra Viva
Provincia/Región: Nacional


Crisis climática y negocios de unos pocos, incendios de bosques y humedales, contaminación del aire y enfermedades. Un combo de causas y consecuencias para un presente distópico que impacta en cuerpos y vidas. De Córdoba en llamas a Rosario inundada de humo, la Organización Mundial de la Salud confirma que el 99% de la población global respira aire contaminado.
El humo cubrió distintas regiones del país durante casi dos meses en este segundo semestre del año. En Córdoba se respiró el monte calcinado. Sobre el Litoral y hasta el Conurbano Bonaerense llegó el aire contaminado del Amazonas en llamas. Ese aire viciado cambia los paisajes, reduce la luz en el ambiente y la vitalidad de las plantas que están brotando con la primavera. No hay vecino ni vecina que no lo sienta en el cuerpo: los ojos y la nariz irritados, dolor de garganta, náuseas, migrañas, y la exacerbación de cualquier enfermedad crónica.
Los estudios hablan en general de la contaminación del aire por causas relacionadas a la quema de combustibles fósiles: el humo que sale de un caño de escape o la chimenea de una fábrica, por resumirlo de manera simbólica. Son menos frecuentes los registros donde los especialistas hacen foco en la quema del ecosistema, aunque la causas y sus consecuencias son cada vez más evidentes.
El Colegio de Médicos de Rosario publicó un informe con datos y análisis de los efectos en la salud de la quema de humedales durante el período 2020-2022. Las consecuencias son tan contundentes como obvias: a más humo, más consultas, incluso en medio de una pandemia.
Pasaron dos años de los registros estudiados, pero la vigencia es total. Además, ante el incremento de las temperaturas por la temporada de verano y la sequía que afecta al Litoral, vuelven a encenderse las alarmas sobre la cuenca del Paraná.
El informe se publicó bajo el nombre Aire puro es salud y es de descarga gratuita. A lo largo de 50 páginas, especialistas rosarinos reflexionan y cuentan su experiencia, evidenciando los efectos agudos del humo proveniente de los incendios. Las conclusiones, sin embargo, están abiertas: quedan por conocerse los efectos a mediano y largo plazo en la población.
“Consideramos que la problemática de las quemas en la región del Delta del Paraná y el consecuente impacto del humo sobre la salud de la población requiere de acciones conjuntas e inmediatas por parte de los profesionales, las asociaciones y las instituciones del Estado generando los mecanismos necesarios para el monitoreo de la calidad del aire y fortaleciendo las medidas de prevención y control de los incendios”, señalan los autores.
Además, consideran que “la producción de conocimiento local es indispensable” para poder identificar “las problemáticas socioambientales de la región y diseñar estrategias de promoción de la salud y prevención de la enfermedad de acuerdo a las necesidades de la comunidad y los profesionales en el territorio”.

El aire que respiramos
"Aire puro es salud" se presentó en noviembre pasado y analiza los efectos en la salud de los incendios ocurridos en las islas del Delta del Paraná entre 2020 y 2022. Durante esos dos años, los incendios forestales en Argentina arrasaron con dos millones de hectáreas. La mitad pertenecen al Delta del Paraná. La mayor parte del fuego se registró en las islas que están en el sur de Santa Fe y el norte de Buenos Aires. Hubo importantes focos frente a Rosario. Lo que, sumado a la dirección del viento, dejó a la ciudad cubierta de humo.
El aire que respiraron esos días los rosarinos y rosarinas estuvo cargado de gases producidos por la combustión de materia orgánica (los restos de la flora y fauna calcinada) y material particulado (conocidos por sus siglas en inglés como PM10 y PM25) como hollín y cenizas. El humo proveniente de los incendios forestales se destaca por la presencia de monóxido de carbono (CO), hidrocarburos aromáticos policíclicos, dióxido de nitrógeno (NO), dióxido de azufre (SO₂), entre otros.
La mayoría de estos componentes son señalados, desde hace décadas, por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como los principales contaminantes ambientales. Siguiendo las cifras de la misma organización internacional, prácticamente toda la población mundial (el 99 por ciento) respira aire contaminado, trayendo importantes consecuencias en la salud: enfermedades cardiovasculares, pulmonares y muertes prematuras, entre otras. Esa contaminación viene de vehículos, industrias, aparatos domésticos de combustión como las estufas y los incendios forestales.
A mediados del 2023, la Comisión de Salud Socioambiental del Colegio de Médicos de Rosario hizo un relevamiento sobre el impacto del humo a causa de las quemas en las islas. Hasta el momento, no existían datos del estado de situación sobre las consultas ocurridas durante el periodo 2020-2022 y no había forma de desglosar cuáles eran los cuadros abordados en las consultas: ¿eran por Covid-19 o por la mala calidad del aire? La solución fue ir y entrevistar a los colegas.
Facundo Fernández, integrante del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario y parte de la comisión que realizó el informe Aire puro es salud, explica que, en las entrevistas, los médicos indicaron que los días de incendios ingresaban consultas relacionadas a la mala calidad del aire, que “los pacientes se daban cuenta de que el problema respiratorio que tenían era porque estaban respirando el aire con humo”. En el consultorio los síntomas agudos eran irritación ocular o respiratoria, dolor de cabeza, mareos y dificultad para respirar.
“Como el sistema de registro es tan endeble y no hubo un estudio de seguimiento paciente por paciente, no hay manera de saber, al menos en esta región, cuáles son las secuelas o los problemas de salud que están directamente vinculados a las quemas. Básicamente no hay registros”, problematiza Fernández.
Lo que sí surgió de las entrevistas fue que los pacientes con enfermedades respiratorias, como EPOC o asma, relataban que sus problemas de salud empeoraron: tenían más episodios de broncoespasmo y necesitaban más medicación. “No sabemos aún, sin embargo, cuál es el impacto que tuvo en términos de nuevos problemas de salud o complicaciones de los problemas de salud haber respirado ese humo durante dos o tres años en esta región”, describe el integrante del Colegio de Médicos de Rosario.
El estudio se apoyó en bibliografía científica, en estudios sobre contaminación ambiental, que son abundantes pero no específicos en relación a los efectos de la quema de humedales, pastizales o bosques. Lo que respaldaron con la bibliografía fue lo que decían los pacientes: que a pesar de que afectaba a toda la población o mayormente a todas las edades, existen poblaciones más vulnerable: niños y niñas, adultos mayores y personas que tienen problemas de salud, que se ven fácilmente afectados por la exposición a una mala calidad del aire, principalmente problemas respiratorios.
“En la bibliografía científica lo que está muy estudiado son las personas gestantes cursando un embarazo. ¿Por qué? Porque la contaminación ambiental tiene efecto directo sobre la madre y, a través de la placenta, los contaminantes pueden llegar al feto, perjudicando su desarrollo”, señala el médico.
Los datos se condicen con un estudio previo de la misma problemática. En 2022, el Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) presentó un informe sobre las consultas hechas durante los incendios de 2008 y 2020. Las conclusiones son similares: el aumento de la contaminación en el aire por humo produce múltiples eventos patológicos agudos, sean efectos respiratorios, oftalmológicos o más bien generales como el dolor de cabeza, el cansancio y los mareos. Ambos estudios coinciden también mayor susceptibilidad en grupos de riesgo como niños, niñas y ancianos y personas con enfermedades crónicas.

Sin límites, el fuego sobre los humedales
Los incendios en los humedales frente a Rosario son una constante en los últimos años. La quema de pastizales para la renovación de pasturas es histórica y, cada tanto, las condiciones meteorológicas como el viento, el desmanejo del fuego por parte de los productores y la falta de control del Estado se unieron para tapar de humo la ciudad. Lo que agravó la situación en los últimos años fue la bajante profunda que atraviesa la cuenca del Paraná.
“Es un panorama nuevo, un escenario que no habíamos visto en las últimas décadas”, explica Jorge Bártoli, integrante de la organización El Paraná No Se Toca. La bajante comenzó a fines de 2019 y tuvo su máxima expresión en 2020 y 2021. Si bien en los años siguientes el río recuperó su caudal, en 2024 volvió a marcar una bajante histórica.
El nivel promedio del Paraná en la primera semana de septiembre fue el segundo más bajo desde 1970, según datos del Instituto Nacional del Agua y de Prefectura Naval, analizados por la Bolsa de Comercio de Rosario; siempre atenta al nivel del río como vía de exportación de commodities.
“Es un ciclo que viene asociado a una muy extensa sequía y falta de lluvias extremas”, suma Bártoli y explica: “Esto generó, por la misma dinámica de masa vegetal de los humedales, una enorme cantidad de biomasa seca de muy fácil combustión. Esto no es nuevo, pasa en todos los inviernos. Lo que es nuevo es que el principal actor del humedal, que es el agua, está prácticamente desaparecido”.
El uso del fuego en territorio de humedales es frecuente también entre cazadores para atraer presas y entre los turistas para hacer un asado o calentar agua para el mate. Pero la génesis del problema de los incendios, dice Bártoli, está en la matriz productiva ganadera: que ocupa cada vez más lugar en los humedales y apela al uso del fuego para la renovación de pasturas.
“En medio de esta enorme bajante y gran sequía, los fuegos no encontraron límites. Al no haber lagunas ni arroyos en el interior de las islas, que actúan como cortafuegos naturales, las llamas se expandieron sin ningún tipo de límite y causaron una verdadera catástrofe ambiental, que trae una seria afectación a la salud humana”, cierra el círculo entre incendios y salud.
Los registros del Instituto Nacional del Agua indican que la última bajante del río Paraná de esta magnitud fue en 1944. En los últimos 80 años, la cuenca del Paraná pasó a estar intervenida por represas, a sufrir una deforestación monumental y, sobre todo, a padecer un fenomenal cambio de uso del suelo.
En las islas, frente a Rosario, la oferta va del el turismo a las fiestas electrónicas, que quiebran la calma natural. A estas modificaciones de intervención directa se le suma el cambio climático. “Creíamos que era un río poderoso y un bien natural infinito, hoy nos está demostrando que es un gigante vulnerado, que no deja de darnos señales de alerta”, apunta Bártoli.
“La gran pregunta es si vamos a una 'nueva normalidad' del río que tenga que ver con ciclos extremos, como dicen y proyectan los meteorólogos. Es decir, así como hoy nos estamos encontrando con ciclos de bajante extremas muy prolongadas en el tiempo, quizá también el año que viene nos encontremos con ciclos de crecientes extremas”, advierte Bártoli.

El impacto del negacionismo en la salud
El accionar de los últimos gobiernos nacionales y provinciales frente a los incendios sobre áreas naturales no fue positivo, pero la gestión de Javier Milei trae una decisión firme de negar la existencia de los problemas ambientales y sus consecuencias. Y no duda en desfinanciar proyectos, programas o leyes, que se ocupen de cuidar, con presupuestos mínimos, la biodiversidad.
“Nosotros como individuos tenemos siempre una posibilidad de ayudar a cambiar nuestro entorno. Todo suma”, propone Bártoli para hacer frente a estos tiempos. Fernández confirma el impacto que tendrá la falta de políticas públicas: “La promoción del cuidado del ambiente y de un ambiente saludable impacta positivamente en la salud. Mientras menos resguardos se tomen, principalmente a partir de las políticas negacionistas que está llevando adelante este Gobierno, va a terminar repercutiendo de manera aguda en el mediano y en el largo plazo sobre la salud de la gente”.
El integrante del equipo médico que elaboró Aire puro es salud describe que el modelo de La Libertad Avanza “considera al ambiente como una instancia o un espacio sacrificable en pos de de la acumulación de riqueza en algunos sectores” e indica que los problemas de salud descritos en el informe son considerados “externalidades, los costos que estas prácticas productivas no pagan y de los que tienen que hacerse cargo el Estado o, en la mayoría de los casos, la gente”. “Estas externalidades son invisibilizadas por estos modelos productivos y tienen impactos sumamente negativos sobre la salud de las personas”, afirma.
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