El INTA está a un paso de exonerar a su investigadora referente en agrotóxicos

Virginia Aparicio, con 22 años de carrera en el INTA y coordinadora argentina del proyecto internacional SPRINT sobre plaguicidas, enfrenta la exoneración -la sanción más grave del empleo público- tras un proceso de tres años que incluyó la censura de sus resultados y un progresivo deterioro de sus condiciones laborales, mientras crece una campaña que reclama revertir la decisión.

Con 22 años de trayectoria en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce, Virginia Aparicio es ingeniera agrónoma, doctora en Ciencias Agrarias e investigadora del Conicet especializada en la detección de agroquímicos. Tiene publicaciones científicas, participó en libros y fue perito en causas judiciales sobre pueblos fumigados, entre ellas el fallo histórico de Pergamino. Ahora enfrenta un sumario administrativo cuyo expediente propone su exoneración, y el Consejo Directivo del organismo, presidido por Nicolás Bronzovich, ya la habría ratificado según trascendidos, con el expediente derivado al área de Legales.

El proyecto que originó el conflicto
El caso se remonta al proyecto internacional SPRINT ("Transición Sostenible de Protección Vegetal: Un Enfoque de Salud Global"), financiado por el programa Horizon 2020 de la Unión Europea y desarrollado entre 2020 y febrero de este año en once países, entre ellos Argentina como único caso no europeo. El INTA figuró como beneficiario argentino del convenio y, durante los primeros años, la propia institución difundió sus objetivos, resultados y la participación de Aparicio como coordinadora nacional. En 2021 se analizaron 4.573 muestras de suelo, agua, sedimentos, aire, cultivos, animales y personas, con datos recolectados en 73 participantes de zonas rurales y urbanas bonaerenses. Los resultados mostraron presencia de glifosato en la totalidad de las personas testeadas, junto con 2-4D, atrazina, clorpirifos, fipronil, imidacloprid y cipermetrina, con rangos de entre 2 y 10 plaguicidas en sangre, de 6 a 13 en orina, hasta 18 en materia fecal y entre 7 y 53 en el aire respirado por persona, además de entre 10 y 28 plaguicidas distintos en agua superficial. Según el estudio, los suelos y el agua bonaerenses presentaron concentraciones más altas que las registradas en los países europeos incluidos, y Argentina resultó el país con mayor presencia de plaguicidas de alto riesgo como el glifosato y el clorpirifos.

De la censura a la salida del proyecto
La presentación pública de los resultados argentinos estaba prevista para el 21 de junio de 2023, pero el INTA instruyó a Aparicio a suspenderla pocos días antes, con el argumento de que los estudios "exceden la incumbencia institucional". Meses después, el 7 de diciembre de 2023, el entonces presidente del organismo, Mariano Garmendia, formalizó el retiro argentino del consorcio internacional. Pese a esa salida institucional, Aparicio continuó vinculada a publicaciones científicas derivadas de SPRINT durante los años siguientes, y la campaña que reclama por su situación sostiene que la propia Agencia Europea de Investigación recomendó publicar los resultados en la herramienta de evaluación de riesgo sanitario global del proyecto, recomendación que no se habría cumplido en el país.

Un deterioro laboral sostenido
Según reconstruyó la Agencia de Noticias Tierra Viva, tras la censura de 2023 Aparicio atravesó un proceso continuo de deterioro en sus condiciones de trabajo: descensos en sus evaluaciones institucionales, cambios de funciones en su equipo sin consultarla, exclusión de reuniones y del grupo de comunicación del área, negativa a incorporarla en una nueva línea de trabajo con equipamiento que ella misma había gestionado, y una reducción de la interlocución con las autoridades de su estación experimental desde 2025. El sumario en su contra comenzó a avanzar entre fines de 2024 y comienzos de 2025, y entre los cargos atribuidos figura un supuesto perjuicio material a la administración pública. Su abogado, Mario Bolla, cuestiona esa acusación y sostiene que la investigación fue financiada por la Unión Europea y había atravesado todas las instancias institucionales del INTA antes de ser aprobada, y anticipó que recurrirán a la Justicia si se confirma la exoneración. "Me quitan todo, con un proceso en el que me condenaron desde el inicio del sumario", resumió Aparicio.

Una campaña por su continuidad
Organizaciones de pueblos fumigados, asambleas ambientales, entidades científicas y los gremios APINTA y ATE impulsan actualmente una campaña para reclamar que no se concrete la exoneración. Desde APINTA remarcaron que "la investigación científica debe poder desarrollarse con libertad, transparencia y respaldo institucional" y recordaron que la suspensión de 2023 ya había generado preocupación gremial en su momento. El caso plantea una discusión que excede la situación individual de Aparicio: qué investigaciones puede desarrollar un organismo estatal dedicado al sector agropecuario, quién define sus prioridades, y qué ocurre cuando los resultados de esa ciencia ponen en cuestión prácticas extendidas del modelo productivo agroindustrial.


Fecha de Publicación: 26/09/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Portal ANRed, Agencia de Noticias Tierra Viva, Página/12 (Radio 750), Bichos de Campo