Investigadores locales evaluaron los indicadores que monitorean la Cuenca Matanza Riachuelo

Fecha de Publicación: 19/06/2023
Fuente: Portal de la UNLP
Provincia/Región: Riachuelo


Para dar respuesta a una solicitud del Ministerio Público Fiscal, un equipo de profesionales del Laboratorio de Investigaciones en Etnografía Aplicada de la Universidad Nacional de La Plata, analiza los indicadores desarrollados por la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) para monitorear el cumplimiento de las mandas judiciales y de este modo alcanzar el desarrollo sostenible en una de las cuencas hídricas más grandes y complejas de Argentina.
El trabajo fue realizado por la Red de Estudios Ambientales Bonaerenses, de la que forma parte el Laboratorio de Investigaciones en Etnografía Aplicada (LINEA) de la UNLP, junto con el Grupo Interdisciplinario Derechos Sociales y Políticas Públicas y la Red de Investigadores en Derechos Humanos de CONICET.
Los investigadores analizaron en profundidad el sistema de indicadores implementado por ACUMAR para medir el seguimiento de las nueve mandas judiciales establecidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que son: implementar la puesta en marcha de un programa de información pública; la cesación de la contaminación de origen industrial; el saneamiento de basurales; limpieza de los márgenes del río; la expansión de la red de agua potable; la extensión del sistema de desagües pluviales; el saneamiento local, el plan sanitario de emergencia y posteriormente se incorpora la relocalización de villas y asentamientos precarios.
La decisión de la Corte se basó en lograr el saneamiento de la Cuenca Matanza-  Riachuelo teniendo como eje tres objetivos centrales: la mejora de calidad de vida de los habitantes de la cuenca; la recomposición del ambiente en la cuenca en todos sus componentes (agua, aire y suelo); y la prevención de daños con suficiente y razonable grado de predicción.
El informe evalúa en profundidad y desde una perspectiva interdisciplinaria, la medición adoptada por el organismo, identificando dificultades para realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de cada una de las nueve mandas judiciales, como también del desarrollo “sostenible” en esta importante cuenca hídrica. Además, realizó aportes metodológicos para el diseño de elementos que permitan una mejor evaluación del proceso de mejora del medio ambiente, de las condiciones de vida de la población afectada y de la protección de sus derechos humanos.
El equipo de trabajo integrado por el LINEA concluyó que el sistema de indicadores tiene ciertas deficiencias tanto en aspectos conceptuales (por ejemplo, la relación entre la dimensión social y la física-natural), como metodológicas en lo que respecta a la medición del cumplimiento de la sentencia.
Estas debilidades tornan dificultoso el seguimiento del nivel de cumplimiento de cada una de las mandas judiciales, ya que en muchos casos no cuentan con una métrica precisa, las variables utilizadas no se corresponden con los estándares internacionales, la periodicidad en la toma de datos no es adecuada, entre otras. Esto redunda en problemas para un seguimiento sistemático tanto del grado de cumplimiento de las mandas como de un diagnóstico acerca del estado general del ambiente en la cuenca.
En este sentido, “la base conceptual del sistema de indicadores considera lo social en términos demográficos, generalizando acerca de las poblaciones de la cuenca e invisibilizando la interrelación de múltiples factores. En cuanto al modelo, no distinguía ni particularidades ambientales como las secciones de la cuenca en la que estaban emplazadas las poblaciones, ni los aspectos que hacen a las trayectorias de vida, las diversidades de las economías locales, las migraciones, el modo de habitar el espacio, los problemas de salud y el acceso a la información. Entendemos que este desplazamiento invisibiliza la complejidad territorial que es constitutiva de una de las cuencas más habitadas de Argentina”, explicó la Doctora en Ciencias Naturales, Laura Teves, directora del LINEA.
El trabajo realizado, además de analizar el sistema de medición desde una perspectiva crítica y desde un enfoque de derechos humanos, proporcionó aportes metodológicos que permitan un mejor diseño y evaluación del proceso de recuperación del medio ambiente y de las condiciones de vida de la población afectada.
Entre los aportes que podemos destacar se encuentra, en primer lugar, el análisis teórico-conceptual y su correlato metodológico en lo que respecta al carácter ecológico del sistema de indicadores: además de las observaciones acerca de la dimensión social y territorial, falta una instancia de relación entre los indicadores, obturando una visión ecosistémica y dificultando el aporte a las políticas públicas.
 En segundo lugar, se observaron problemas metodológicos, como la unidad de análisis, y las dimensiones que constituyen los índices utilizados (escala espacial, periodicidad de los datos, definición de las variables, etc.). Estas y otras observaciones llevaron al equipo de trabajo a recomendar revisiones en lo que respecta a la relación entre los indicadores y las mandas judiciales, para asegurar su cumplimiento y así fortalecer el desarrollo de políticas públicas que mejoren la calidad de vida de la población y el estado ambiental de la cuenca.
Como resultado de este informe, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Morón resolvió ordenar a ACUMAR iniciar un proceso participativo, modificando el sistema de indicadores de acuerdo a las observaciones y recomendaciones realizadas en el informe. Esto se vio reflejado en la revisión del Sistema de Indicadores de ACUMAR y los comentarios al informe presentado por el organismo en febrero de 2021.
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