El Gobierno argentino autoriza los eventos de hasta 60 personas en áreas de las Cataratas del Iguazú

Fecha de Publicación: 25/12/2025
Fuente: Agencia EFE
Provincia/Región: Nacional - Misiones


El Gobierno argentino ha autorizado este lunes la realización de «microeventos», con un máximo de 60 asistentes, en áreas específicas del Parque Nacional Iguazú -en la provincia de Misiones (noreste)- que incluyen sectores de uso público intensivo del Área Cataratas, uno de los principales destinos turísticos del país sudamericano.
La resolución, publicada este lunes en el Boletín Oficial, establece que los eventos podrán contar con un máximo de 60 asistentes y deberán cumplir estrictas normas ambientales: se prohíbe el uso de dispositivos de música, drones, plásticos desechables y cualquier tipo de infraestructura fija o anclada al suelo.
Los organizadores deberán solicitar autorización a la Intendencia del Parque Nacional Iguazú con al menos cinco días hábiles de anticipación y presentar una Declaración Jurada de Compromiso Ambiental, en la que se comprometan a cumplir «de manera estricta» las medidas de gestión ambiental vigentes.

Dos microeventos por día
La resolución autoriza a la Intendencia del parque a tramitar y emitir los permisos para estos eventos en el Área Cataratas, aunque aclara que la habilitación tendrá «carácter excepcional y transitorio» por el plazo de un año desde su publicación.
«Se considerarán microeventos únicamente aquellas actividades de pequeña escala cuya cantidad de participantes no supere los sesenta (60) asistentes» y que se desarrollen «exclusivamente en los sectores y bajo las condiciones operativas y ambientales» establecidas en la reglamentación, dispone la resolución.
Se fija, además, un máximo de dos «microeventos» por día y se determina que solo podrán realizarse en áreas de uso público intensivo previamente habilitadas y dentro del horario habitual del parque.
Se establece que estas actividades no podrán restringir la circulación ni el acceso de los visitantes que no participen del evento.
En cuanto a la infraestructura, la normativa señala que «solo se permiten elementos desmontables, portátiles y de bajo impacto», mientras que quedan prohibidas «estructuras fijas, ancladas al suelo o cierres totales del área».
La resolución dispone que el retiro de todos los residuos generados será responsabilidad exclusiva del organizador y que los alimentos deberán manipularse en condiciones que impidan el acceso de la fauna silvestre. En caso de detectarse irregularidades, la intendencia del parque podrá disponer la suspensión inmediata del evento.

Iguazú, el parque más visitado de Argentina
El Parque Nacional Iguazú es el más visitado de Argentina, con más de un millón de turistas por año. Solo en agosto pasado las autoridades registraron un aumento del 20 % del turismo en la zona en comparación con 2024.
Creado en 1934, el parque protege unas 67.000 hectáreas de selva y es una de las áreas con mayor biodiversidad del país.
En su límite con Brasil, el río Iguazú se precipita en más de 270 saltos y cascadas, una de las principales atracciones turísticas de Argentina y declaradas Patrimonio Mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
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A 3 años del hecho, elevan a juicio la causa por la caza furtiva de un yaguareté en Formosa

Fecha de Publicación: 24/12/2025
Fuente: Portal NoticiasAmbientales
Provincia/Región: Formosa


La difusión de un video en diciembre de 2022 que mostraba la persecución y muerte de un yaguareté en la localidad de Clorinda en Formosa desató indignación nacional y se convirtió en el eje de una investigación judicial.
Tres años después, en septiembre de 2025, el Juzgado Federal N° 1 de Formosa, a cargo del juez Pablo Morán, procesó a Carlos Chagra por la presunta caza del felino y solicitó la elevación a juicio.
El video que desató la investigación
En la grabación se escucha a un hombre —presuntamente Chagra— referirse al animal como “el infeliz” mientras celebra su captura:
“Por fin pudimos con los muchachos. Desde las siete de la mañana que lo veníamos persiguiendo. Un macho gigantesco. Arriba de los 150 kilos”.
Aunque no se registró el momento exacto de la muerte, el material documenta la persecución y la satisfacción de los cazadores. La Fundación Red Yaguareté verificó el contenido y presentó la denuncia ante la Policía Federal Argentina y la UFIMA, lo que dio inicio a la causa.
Allanamientos y pruebas reunidas

En febrero de 2023, la Justicia allanó el domicilio de Chagra y secuestró:
- Tres armas de fuego (escopeta y fusil incluidos).
- Municiones y accesorios de caza profesional.
- Un cuero de puma conservado en un freezer.
- Fotografías de animales silvestres cazados y una imagen atribuida a la piel de un yaguareté.
Se impusieron medidas cautelares: prohibición de salir del país, prohibición de usar armas de fuego y el pago de una caución de 3.770.000 pesos. También se ordenaron pericias de voz y antropomórficas, a las que el imputado se negó.

La defensa y los cuestionamientos
Chagra negó haber participado en la caza y aseguró que el video estaba editado. Argumentó que las armas eran antiguas y que el cuero de puma pertenecía a su padre fallecido. Su abogado, Rosalino Tanco, sostuvo que el material carece de valor probatorio por falta de cadena de custodia y ausencia de testigos presenciales.
Las querellas —Parques Nacionales, Fundación Red Yaguareté y la provincia de Formosa— rechazaron esos planteos. La abogada Natalia Cardozo aclaró que el expediente cuenta con el registro original y que la marca de agua no invalida la prueba.

Avances judiciales y contexto
El caso se suma a otros avances recientes:
- En agosto de 2025, la Justicia dictó la primera condena firme por caza de yaguareté contra cuatro hombres de Ibarreta.
- Continúa abierta la investigación por la desaparición de Acaí, una hembra monitoreada en El Impenetrable chaqueño, con una recompensa de $250 millones.
Con unos 250 ejemplares en todo el país, el yaguareté es Monumento Natural Nacional y se encuentra en peligro crítico de extinción. La elevación a juicio convierte esta causa en la segunda por caza de la especie en alcanzar instancia oral.

Debate legislativo y políticas de convivencia
En el Congreso permanece sin tratamiento un proyecto impulsado por el diputado Damián Arabia, que propone elevar las penas a entre 4 y 8 años de prisión para delitos contra especies protegidas.
Más allá de las sanciones, especialistas insisten en la necesidad de implementar un programa de convivencia entre yaguaretés y comunidades rurales. Nicolás Lodeiro Ocampo, director de Red Yaguareté, lo resume:
“Si no logramos que la gente aprenda a convivir con el yaguareté, el yaguareté se extingue. Con un plan de convivencia, ganamos todos”.
La elevación a juicio por la caza del yaguareté en Formosa marca un avance histórico en la lucha contra la caza furtiva en Argentina. El caso expone la necesidad de endurecer penas, reforzar controles y diseñar políticas públicas de convivencia que permitan proteger a una de las especies más emblemáticas y amenazadas del país.
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Declaran a la Mariposa Bandera Argentina «Monumento Natural Provincial», una buena noticia para la especie vulnerable

Fecha de Publicación: 24/12/2025
Fuente: Portal NoticiasAmbientales
Provincia/Región: Buenos Aires


Hay leyes que se escriben en papel y hay otras que primero se escriben en el monte, con pasos lentos, miradas atentas y manos que cuidan. La que hoy declara Monumento Natural Provincial a la Mariposa Bandera Argentina (Morpho epistrophus argentinus) pertenece a las segundas. Es una ley que nació mucho antes de llegar a la Legislatura: nació en el territorio.
La Mariposa Bandera Argentina no vuela sola. Su aleteo CELESTE Y BLANCO p —sutil y firme— necesita del monte nativo, de los coronillos , del silencio interrumpido apenas por el viento. Y también necesita de la gente. De una comunidad entera que entendió, hace más de veinte años, que conservar no es una tarea individual, que como las mariposas, nadie se salva solo.
Cerrar este 2025 levantando la Bandera de la Conservación y la Educación Ambiental no es una consigna vacía: es el resumen de un camino colectivo. Embanderados con su vuelo, Punta Indio y Magdalena —unidas por la Ruta 11, hoy reconocida como Santuario y Corredor Biológico de la Banderita— celebran que la Legislatura bonaerense haya sancionado una ley que protege a la especie en todo el territorio provincial.
Una norma que prohíbe su caza, su captura, la alteración de su hábitat, y que promueve estudios periódicos, campañas educativas y trabajo comunitario para cuidar los bosques donde habita.
Pero la ley no llega sola. Llega acompañada de una historia tejida en red. En 2012 y 2013, la mariposa ya había sido declarada Especie Emblemática de los partidos de Punta Indio y Magdalena. Mucho antes de los reconocimientos formales, hubo maestras, guardaparques, fotógrafas, estudiantes y vecinos que eligieron mirar hacia el monte y no hacia otro lado.
El Programa Embanderados —único proyecto ambiental del país llevado adelante por una escuela especial— es prueba viva de eso. Desde la Escuela Especial René Favaloro, Escuela 501 de Punta Indio, la educación ambiental se volvió acción concreta.
Con la docente Alicia Ojer, Estela Cesaroni y toda una comunidad educativa; con la guardaparques Flor Tuñón y la fotógrafa Laura Gravino, el cuidado dejó de ser una palabra abstracta para convertirse en una politica publica. Aprender a cuidar fue aprender a mirar, a esperar, a respetar los tiempos de la naturaleza.
En ese mismo andar nació la Fiesta de la Mariposa Bandera Argentina, un hecho tan singular como la especie que celebra: el único insecto del mundo con una fiesta propia, que hoy también es Fiesta Provincial.
En febrero próximo se realizará la 11ª edición, nuevamente en Punta Indio y Magdalena. No es solo una fiesta: es un ritual comunitario donde la ciencia dialoga con el arte, donde la educación se cruza con la memoria y donde el monte se vuelve aula abierta.
La declaración como Monumento Natural Provincial inscribe a la mariposa en una tradición de protección profunda. Los monumentos naturales, como el delfín franciscana, el venado de las pampas, el cauquén colorado, el Cerro Ventana, el Árbol Cristal o la iguana de cobre, resguardan aquello que es único e irremplazable.
No se trata de cercar por miedo, sino de limitar para preservar, de entender que hay elementos de la naturaleza que no admiten reemplazo.
En la provincia de Buenos Aires, la Ley 10.907 organiza las categorías de conservación: parques provinciales, reservas integrales, reservas de objetivos definidos, reservas de uso múltiple y refugios de vida silvestre. Todas distintas, todas necesarias. Pero cuando una especie se convierte en Monumento Natural, el mensaje es claro: su cuidado es una responsabilidad colectiva y prioritaria.
La Mariposa Bandera Argentina nos enseña eso sin discursos. Nos lo dice con su migración, con su fragilidad aparente y su fortaleza real. Nos recuerda que el monte no se defiende desde un escritorio, que la educación ambiental no se declama sino que se practica, que la conservación es siempre un trabajo en equipo.
Esta crónica no celebra solo una ley. Celebra una forma de hacer. Una lógica mariposa: redes invisibles, cooperación, comunidad. Porque así como la mariposa necesita del monte para existir, el monte necesita de personas dispuestas a cuidarlo. Y en ese ida y vuelta, en ese aleteo compartido, se construye futuro.
Hoy la Bandera de la Conservación flamea en CELESTE Y BLANCO. No por casualidad, sino porque alguien la sostuvo durante años. Y porque entendimos, al fin, que en la naturaleza —como en la vida— nadie, absolutamente nadie, se salva solo.
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Preocupación en un pueblo de Río Negro: denuncian que el agua de la canilla sale negra desde hace meses 

Fecha de Publicación: 23/12/2025
Fuente: TN
Provincia/Región: Río Negro


Los vecinos de Paso Córdoba tienen que buscar agua en baldes luego de que lavatorios, filtros, inodoros y tanques queden teñidos por una sustancia oscura y viscosa. Los damnificados buscan hacer más análisis porque no está claro cuál es la sustancia contaminante.
Los videos son más de una docena y muestran cómo el agua sale negra de canillas de cocinas, bachas de baños, duchas y hasta se depositan en las mochilas de los inodoros. Esa misma sustancia negra tiñe filtros y deja sedimentos. Sin embargo, los vecinos de Paso Córdoba, un pueblo de Río Negro que está a unos 20 kilómetros al sur de General Roca, padecen esta problemática desde hace al menos dos años y todavía no saben qué sustancia es la que contamina el agua que llega desde la red.
Un grupo de vecinos autoconvocados decidió llevar adelante un estudio a principios de año en el que se revela que el único parámetro por fuera de los valores tomados como normales en el Código Alimentario Argentino (CAA) es el hierro total, pero el agua sigue saliendo negra y los vecinos no encuentran respuestas sobre qué es lo que la contamina.
“Esto pasa desde hace más de dos años. No podemos asegurar qué tiene el agua porque no sabemos. Ojalá que no sea petróleo”, contó a TN Yanina Mora Díaz, vecina de Paso Córdoba y referente del grupo de autoconvocados llamado “Queremos agua, no petróleo”. Y agregó: “Los vecinos que usan el agua terminan con gastroenteritis o gastroenterocolitis, hubo casos que hicieron pis con sangre también. Y gente que se baño que tuvo infecciones urinarias”.
La primera explicación oficial que recibieron los vecinos es que el agua sufría un proceso químico por una mala manipulación de un empleado de Aguas Rionegrinas (Arsa), pero ellos mismos constataron, con otros vecinos que tienen sus propias perforaciones a las mismas profundidades que la entidad sanitaria, que las napas están contaminadas. “Ahí también salió negra el agua y eso es lo que nos hace dudar”, precisó Mora Díaz.
Mora Díaz explicó que el agua de red se toma desde una perforación subterránea que va directo a los tanques. Desde hace un tiempo, cuando los tanques se saturaban o se cortaba la luz, al momento de la reanudación del sistema el agua volvía con mucha presión y empezó a salir completamente oscura.

Vecinos autoconvocados
El grupo de vecinos autoconvocados dio a conocer la situación a través de una cuenta en Instagram que sube periódicamente videos y fotos sobre cómo sale el agua en las casas de Paso Córdoba. Ese mismo grupo presentó un amparo colectivo.
El legislador provincial de Río Negro Claudio Doctorovich (PRO-Unión Republicana), que fue el que tomó el caso para interceder ante las autoridades, manifestó: “No está solo en el agua de red, también hay gente que tiene sus pozos, sacan agua de las napas y les sale igual”, indicó en diálogo con TN.
De todos modos, Mora Díaz dijo que les “cerraron todas las puertas” y citó como ejemplo una resolución del 11 de diciembre en la que la titular de la Defensoría del Pueblo de Río Negro, Adriana Santadati, dio por suspendida la intervención de esa dependencia tras la presentación de un reclamo que también hicieron los vecinos de Paso Córdoba en sus oficinas.
En el informe, las autoridades de la Defensoría marcan los informes que indican que el agua es potable y que no presenta parámetros que hagan que no sea posible de consumir por las personas.
Al respecto, señalaron que se debe a un cambio en el sistema de provisión de agua y que hay manganeso acumulado en las cañerías que seguirá saliendo, además de indicar que los trabajos se siguen desarrollando. En un comunicado publicado el 15 de octubre, desde Arsa remarcaron que “el agua que se brinda en Paso Córdoba es potable y apta para el consumo humano, cumpliendo con los parámetros establecidos por el Código Alimentario Argentino, así como con los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Consejo Federal de Entidades de Servicios Sanitarios (Cofes)”.
Además, explicaron que trabajan en la “reducción de turbiedad registrada en la red” y que esto se debe “a la presencia natural de manganeso en el agua subterránea y a su reacción con el cloro utilizado en el proceso de desinfección”. También aclararon que este elemento químico “no representa un riesgo para la salud, aunque puede generar coloración o turbidez en el agua”.
El 11 de diciembre, en Arsa finalizaron la obra de instalación de una cisterna de decantación para realizar un tratamiento sobre el agua que se extrae de dos perforaciones. También señalaron que se realizó la limpieza y desobstrucción de cañerías. Sin embargo, el líquido sigue saliendo negro.
“El manganeso puede hacer que el agua cambie de color, pero no te deja el residuo que deja en las cañerías y tanques de los vecinos”, remarcó Doctorovich.

Costos anexos
Mientras tanto, a los vecinos se les hace difícil profundizar en el desarrollo de análisis del agua porque cada estudio cuesta dinero y esos resultados, a su vez, hay que certificarlos con un escribano. Los reclamos en las oficinas de Arsa se van sucediendo e incluso llevaron un tanque para mostrar el líquido negro y viscoso que quedan en el fondo.
Doctorovich fue uno de los que pidió análisis sobre el agua que sale de las canillas de Paso Córdoba. En los primeros exámenes, el único valor que dio por encima de lo permitido en el CAA fue el hierro total, pero el agua era negra. En un segundo reporte, apareció que los líquidos tenían exceso de cloro.
“El agua que le distribuyen a los vecinos, Arsa la saca de un pozo, la pasan por un clorador y la mandan a la red. Las cañerías están llenas de mugre”, explicó el legislador. Se supone que, con el nuevo decantador inaugurado, los sedimentos deberían dejar de aparecer.
De todos modos, contó que a los vecinos les dijeron que iban a tener que esperar que las cañerías se limpien por sí solas, algo que también comentó Mora Díaz. No brindaron plazos sobre cuánto puede pasar para que esto finalice y el legislador, además, resaltó que los tanques también tienen estos sedimentos y que no van a limpiarse solos, por lo que los residuos que se ven en los videos persistirán.
Como próxima medida, Doctorovich indicó que elevarán un pedido de informes ante el Departamento Provincial de Aguas (DPA), encargado del “control de calidad de aguas subterráneas, de ríos y lagos”: “Arsa cumplió con el decantador que tenía que hacer”.
La solución momentánea, incorporada desde octubre y hasta que cambien el sistema, es un camión cisterna de Arsa que provee agua potable en la zona, aunque Mora Díaz contó que no pasa ni los fines de semana ni los feriados. De enero hasta ese mes, tuvieron que comprar agua envasada, por lo que se sumó otro gasto: “Tenemos que ir con baldes a buscar el agua y tomar, cocinar y bañarnos con eso. Es agotador y no tenemos fecha para saber hasta cuándo vamos a estar así”.
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Desbaratan una red de tráfico de fauna silvestre en La Matanza: rescataron más de 200 ejemplares

Fecha de Publicación: 23/12/2025
Fuente: Portal FiloNews
Provincia/Región: Buenos Aires


El caso ha sido caratulado como una infracción a la Ley de Protección de Fauna Silvestre. 
Un operativo de la Policía Bonaerense permitió el secuestro de más de 200 animales exóticos y en peligro de extinción en la localidad de González Catán, partido de La Matanza. Durante los allanamientos, realizados en dos propiedades de la zona, fue detenido un hombre de 48 años identificado como Gabriel Cano, acusado de criar y comercializar especies protegidas. La investigación quedó a cargo del Juzgado Federal N° 2 de Morón, bajo la supervisión del doctor Jorge Rodríguez.
La causa se inició en enero tras detectar publicaciones sospechosas en plataformas digitales y redes sociales, donde el imputado ofrecía los ejemplares. Según las tareas de inteligencia de la DDI de La Matanza, la organización trasladaba a los animales desde el noreste argentino para luego venderlos de manera ilegal. La operatoria incluía el uso de un local de artículos de pesca como punto de entrega, y fue desarticulada mediante el uso de un agente encubierto que simuló una compra.
Entre las especies rescatadas destacan cuatro cardenales amarillos, una especie en crítico peligro de extinción de la cual solo restan unos 2.000 ejemplares en toda la región. El inventario de fauna secuestrada también incluyó una amplia variedad de aves, tales como pepiteros de collar, reinas moras, jilgueros dorados y cardenales de copete rojo, entre otros. Muchos de estos animales presentaban signos de maltrato, plumaje dañado y lesiones visibles producto de las malas condiciones de cautiverio.
Los investigadores informaron que los animales se encontraban hacinados en jaulas pequeñas y bajo precarias condiciones de salubridad. Tras los procedimientos, todos los ejemplares fueron trasladados a la Fundación Temaikén para recibir atención veterinaria especializada. Allí permanecerán bajo observación de expertos con el objetivo de evaluar su estado de salud y determinar si es posible su futura reinserción en hábitats naturales adecuados.
En cuanto a la situación procesal del detenido, la justicia ordenó la incautación de su teléfono celular para profundizar el análisis de sus contactos y posibles conexiones con otros traficantes de fauna. El caso ha sido caratulado como una infracción a la Ley de Protección de Fauna Silvestre. Este operativo representa uno de los rescates de aves autóctonas más significativos del año en el área metropolitana de Buenos Aires.
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El Gobierno quiere modificar leyes sobre el bosque nativo: qué está pasando con el desmonte en Argentina 

Fecha de Publicación: 22/12/2025
Fuente: Chequeado
Provincia/Región: Nacional


Mientras el desmonte ilegal no se detiene en Argentina, el Gobierno nacional propuso cambios a 2 leyes claves en la protección de bosques nativos, lo que podría dar vía libre a una mayor deforestación, según advierten especialistas.  
A través del Consejo de Mayo, la gestión de Javier Milei (La Libertad Avanza) propuso realizar algunas modificaciones en la Ley de Bosques y también en la Ley de Manejo del Fuego.
Ley de Bosques y Manejo del Fuego: los cambios propuestos por el Consejo de Mayo
La llamada “Ley de Bosques” o Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos establece una clasificación de categorías de conservación de los bosques nativos (roja, amarilla o verde) donde se regula el desmonte o se permite únicamente bajo algunos criterios.
Sobre esta ley, el Consejo de Mayo propone un cambio clave: permitir el desmonte total en la categoría III (verde) sin pasar por ninguna evaluación de impacto ambiental. En esta categoría se incluyen sectores de bajo valor de conservación, pero actualmente para desmontarlos se necesita una autorización.
También, mantener la autorización previa para el desmonte en la categoría II (amarillo) y I (rojo). Los de categoría amarilla son predios con ecosistemas que pueden estar degradados pero que podrían recuperarse con la implementación de actividades de restauración. Aquí se podía realizar sólo aprovechamiento sostenible, pero no un cambio de uso de suelo; esto es, un desmonte total. Por su parte, los de la categoría roja agrupa a las zonas con bosque nativo mejor conservado.
Las provincias totalizan más de 53 millones de hectáreas de bosques nativos categorizados, según sus Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos (OTBN). Los datos son los últimos datos oficiales de julio de 2024. El 21% pertenece a la categoría roja; el 60%, categoría amarilla; y un 19%, verde.
En cuanto a la Ley de Manejo del Fuego, la otra propuesta del Consejo de Mayo que apoya el gobierno de Milei, es derogar los artículos 22º bis, ter y quater, y restituir el artículo 22º bis sancionado por la ley 27.353 de 2017. Ese texto indica que en los predios con bosque nativo incendiado no pueden hacerse modificaciones “en el uso y destino que dichas superficies poseían con anterioridad al incendio, de acuerdo a las categorías de conservación asignadas por el ordenamiento territorial de los bosques nativos de la jurisdicción correspondiente, elaborado conforme a la ley 26.331”.
La modificación, que fue sumada a la ley en 2020 tras la sanción de un proyecto en el Congreso impulsado por el diputado Máximo Kirchner y que ahora se quiere borrar, fijaba un período de 60 años post incendio durante los cuales los propietarios de los predios quemados no pueden realizar actividades agropecuarias, subdivisiones, loteos y ventas, si se trataba de lotes con bosques nativos o implantados, y de 30 años para el caso de zonas agropecuarias, pastizales o matorrales.
El objetivo es evitar que se utilice el fuego intencionalmente para deforestar y luego poder realizar actividades agropecuarias o desarrollos inmobiliarios.
Hernán Giardini, responsable de la Campaña de Bosques de Greenpeace Argentina, y Ana Di Pangracio, directora del área de Biodiversidad de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), señalaron a Ruido -miembro de la Red Federal de Periodismo e Innovación (RPI)- que estas propuestas contradicen lo que reclaman organizaciones ambientales: deforestación cero.

Cuánto y cómo se desmonta en Argentina
A 18 años de la sanción de la “Ley de Bosques”, Argentina aún enfrenta una emergencia forestal, con una pérdida acumulada de bosque nativo de 3,8 millones de hectáreas desde la promulgación de la norma hasta 2023, según el último monitoreo oficial de la Dirección Nacional de Bosques de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación.
Si se observan los datos por año desde 2014, 2020 fue el año con más hectáreas deforestadas, según los datos oficiales. Por su parte, 2019 fue el año con menor superficie deforestada.
2023 tuvo un total de 173 mil hectáreas afectadas y una tasa de desmonte de 0,35 (último dato disponible). 
Desde hace un década, la tasa anual de desmonte no logra bajar y se mantiene entre 0,3% y 0,45% deforestado del total de bosques nativos. En promedio, esta tasa equivale a unas 190 mil hectáreas por año, o 266 mil canchas de fútbol como “La Bombonera”.
Pero, además, hay un agravante: gran parte de la pérdida que persiste es ilegal. 
El informe oficial de desmonte de 2023 revela que el 47% de la pérdida de bosques se concentró en la categoría amarilla y el 6%, en la roja. Es decir, más de la mitad del desmonte registrado se realizó en zonas donde la actual ley prohíbe explícitamente el cambio de uso del suelo.
“Las multas no alcanzan para frenar la deforestación y por eso planteamos la necesidad de penalizar la destrucción del bosque”, aseguró a Ruido Hernán Giardini, responsable de la Campaña de Bosques de Greenpeace Argentina.
Además de no poder controlar las intervenciones fuera de la ley, Giardini asegura que los propios estados provinciales cometen ilegalidades.
Di Pangracio señaló que la Ley de Bosques vigente no prohíbe el desmonte, sólo lo regula. “En la categoría verde, permite el desmonte previa evaluación de impacto ambiental y audiencia pública. Eso se suma a la deforestación ilegal, la cual no está siendo debidamente atendida”, afirmó a Ruido.

Estimaciones de deforestación para 2024 y 2025
Todavía no hay datos oficiales de 2024 y 2025, los 2 primeros años de la gestión de Milei. 
Pero el Sistema de Alerta Temprana de Deforestación (SAT-D) difundió en 2024 un total de 9.796 alertas que abarcan aproximadamente 253.919 hectáreas en diversas regiones del país.  
De todas maneras, estas alertas no equivalen directamente a desmontes confirmados: se trata de señales satelitales que luego deben ser verificadas por cada provincia en territorio para determinar si hubo efectivamente deforestación, incendios u otros cambios de cobertura.

Cómo se deforesta en cada provincia
La mayor pérdida de bosque nativo en 2023, en términos absolutos, se registró en las provincias de Chaco, Santiago del Estero y Formosa, que concentraron más del 70% del total nacional, según los últimos datos oficiales. Mientras que las que tuvieron menor pérdida, en términos absolutos, fueron Santa Cruz y San Juan.
En estos casos, las principales causas son el uso agropecuario (62,4%) y el uso para ganadería selectiva o silvopastoril (20,3%), según el informe oficial de Monitoreo de la Superficie de Bosque Nativo de la República Argentina.
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Cementerio de animales: guanacos muertos, cráneos y pieles de pumas y carne faenada, las macabras postales

Fecha de Publicación: 22/12/2025
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza


Una serie de allanamientos permitió dar con animales muertos, carne faenada y un cementerio de vacas y caballos a cielo abierto.
Las postales, tristes y desoladoras por donde se las mire, hablan por sí solas: esqueletos y cueros de guanacos desparramados por todos lados, pieles y cráneos de pumas y zorros conservados como "trofeos". Todas estas especies habían sido previamente faenadas, por lo que no quedaba carne en sus cuerpos. En el medio, dos delitos. Por un lado, la caza furtiva de especies protegidas de la fauna silvestre mendocina y, por el otro, la comercialización clandestina de esa carne, que no es apta para consumo humano.
Además, un descampado en la zona de Capdeville alberga un extenso amontonamiento de huesos, muchos de ellos ya secos y resquebrajados por el sol. No pertenecen a especies protegidas, pero sí a caballos y vacas que han sido robados y también faenados clandestinamente. Como si se tratara de una versión mendocina del "Cementerio de animales", aquel creado por la cabeza de Stephen King y plasmado en un libro, estas fueron algunas de las escenas con que los efectivos de la Policía de Mendoza, de Fauna Silvestre y de Bromatología de Las Heras se encontraron en los 15 allanamientos en simultáneos que se hicieron durante todo el jueves en casas, campos privados y hasta carnicerías de ese departamento.
Todos los procedimientos fueron realizados en las inmediaciones del inicio de la ruta 13 (que llega hasta Uspallata), y en ellos se secuestraron animales muertos (incluiso, restos óseos y cueros o pieles), además de armas de grueso calibre, silenciadores, 600 kilos de carne faenada y elementos de caza prohibidos. Durante los allanamientos, además, se detuvo a cuatro personas.
Como parte del mismo plan de lucha contra el abigeato (robo de ganado) y la caza furtiva (de especies protegidas o en sitios donde no está permitido), hace poco menos de una semana se encontraron restos de guanacos muertos en el interior de la Reserva Natural Villavicencio (en esta área está prohibida la caza de cualquier especie). Y aunque en el momento no se dio con los cazadores, si se determinó que esos restos -huesos y cueros sin carne- eran despojos de cacería furtiva.
En Mendoza, las sanciones por este delito de caza se calculan en base a la gravedad del hecho y la especie afectada, pudiendo llegar hasta los $7.000.000 por ejemplar en los casos más graves (especies en peligro de extinción o monumentos naturales).
"Vale la pena resaltar y desatacar como la Provincia puede trabajar de forma eficiente y eficaz cuando todos los ministerios trabajan de forma mancomunada. Ayer (por el jueves) tuvimos el apoyo de más de 80 efectivos policiales, helicópteros, grupo de drones, y se 'barrió' toda un área donde estábamos investigando estos delitos", sintetizó el jefe de Fauna Silvestre, Adrián Gorrindo.

Un auténtico cementerio de animales
Sin la característica de haber sido anteriormente un terreno sagrado para pueblos ancestrales y sin la parte de ciencia ficción que derivaba en que los ejemplares que allí eran enterrados regresaran a la vida de forma terrorífica, en esta zona del norte de Las Heras se encontró un verdadero cementerio de animales.
A primera hora del jueves, todos los efectivos que participaron del operativo desplegaron los 15 allanamientos en simultáneo, en los que también se llevaron los teléfonos celulares de los aprehendidos (de este peritaje pueden surgir datos claves).
Hace algunos días se comenzó a trabajar en esta causa, que salió a la luz a raíz de una seguidilla de denuncias de propietarios de campos aledaños a la ruta 13. En ellas se hablaba de la presencia de varios guanacos muertos, y -al analizar esos restos- era evidente que no habían muerto en garras de predadores naturales. De hecho, eran evidentes los rastros del faenamiento.
Durante el fin de semana pasado, además, se registró también este hallazgo de guanacos cazados en el interior de Villavicencio. Y aunque los cazadores no fueron encontrados in fraganti ni en el momento, el estado de los restos de los animales permitían inferir que los habían faenado (los cazadores suelen trozarlos in situ y llevarse la carne en las alforjas de motos o de las monturas de los caballos)
A raíz de las denuncias de los puesteros privados y de las autoridades de Villavicencio, la Justicia y los ministerios de Seguridad y Energía y Ambiente comenzaron a trabajar en la investigación. Así fue como llegaron al mega operativo de este jueves y que incluyó los allanamientos en simultáneo en barrio Matheu, Capdeville y otras zonas del noroeste lasherino.
En uno de los puestos en las inmediaciones de Villavicencio se encontraron armas de fuego de grueso calibre, un silenciador, trampas para capturas de carnívoros (normalmente se utilizan en cacería de pumas y zorros) y restos de cuatro ejemplares de pumas (cráneos y pieles). Incluso, una de las cabezas se encontraba aún "fresca", lo que permitió deducir que habían sido cazado hacía unos pocos días.
Quien se encontraba en este puesto, con estas pertenencias, fue aprehendida y quedó a disposición de la Justicia.

Plan contra el abigeato
El Plan Estratégico de Lucha contra el Abigeato es una de las políticas que más ha reforzado el Ministerio de Seguridad durante los últimos años. Desde su inicio, en mayo de este año, ya se han superado las 13 toneladas de productos cárnicos decomisados en toda la provincia.
“La faena clandestina es un flagelo que afecta también a la salud pública”, resumió la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, quien agregó que en los procedimientos se secuestraron también armas de fuego, motos robadas y dispositivos electrónicos que serán evaluados.
El procedimiento que incluyó los 15 allanamientos fue ejecutado por la División de Investigaciones Integrales de Leyes Especiales (DIILE), dependiente de la Dirección General de Investigaciones. La causa, en tanto, está siendo instruida por la Unidad Fiscal de Delitos contra el Medioambiente, los Animales y No Especializados, a cargo del fiscal Gabriel Blanco.
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Senado aprobó dictamen para adecuar la ley de Glaciares y el debate pasó al 10 de febrero

Fecha de Publicación: 20/12/2025
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


Desde el ámbito científico, Pablo Villagra, del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), defendió el Inventario Nacional de Glaciares, concluido en 2018 y reconocido internacionalmente, al señalar que no presenta errores significativos y que actualmente se encuentra en proceso de actualización. Otros especialistas remarcaron la complejidad de los ecosistemas glaciares y alertaron sobre los riesgos de una eventual flexibilización normativa.
El sector empresario minero, en cambio, respaldó la iniciativa oficial. Alfredo Vitaller, de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), sostuvo que el objetivo de la industria es proteger los glaciares en tanto cumplan funciones estratégicas como reservas de agua, y afirmó que la ley vigente presenta imperfecciones que generan incertidumbre jurídica. A su turno, Manuel Benítez, de la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN), destacó la necesidad de una minería responsable para acompañar el crecimiento económico y la transición energética.
Las posiciones más críticas llegaron desde el ámbito jurídico-ambiental. Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, calificó el debate como “un proceso exprés nunca visto” y advirtió que el proyecto, de avanzar, podría incrementar la inseguridad jurídica y derivar en nuevos conflictos judiciales.
El cierre de la jornada estuvo a cargo de los gobernadores de San Juan y Catamarca, por ser los presidentes de la Mesa del Cobre y la Mesa del Litio, respectivamente.
Marcelo Orrego afirmó que su provincia tiene voluntad de proteger los glaciares y el ambiente periglacial cuando constituyan reservas de agua estratégicas, pero remarcó la necesidad de una ley de presupuestos mínimos que permita una aplicación clara y efectiva. Raúl Jalil, en tanto, subrayó la importancia de evaluar integralmente los impactos ambientales, sociales y económicos de la minería, y destacó el crecimiento del empleo formal del sector en Catamarca como un factor clave para el desarrollo y la diversificación productiva.
Con la firma del dictamen, el proyecto quedó formalmente habilitado para su debate en el recinto del Senado el 10 de febrero, fecha en la que se anticipa una discusión intensa en torno al equilibrio entre la protección ambiental y el desarrollo de la actividad minera en la Argentina.

La postura del Gobierno nacional con la ley de Glaciares
El Gobierno nacional defiende la adecuación de la ley de Glaciares como una ley aclaratoria y no regresiva, cuyo objetivo es ordenar su aplicación y reducir la incertidumbre jurídica sin modificar las prohibiciones centrales ni afectar proyectos en marcha. Desde el Ejecutivo lo sintetizan de forma directa: “No es una ley nueva, es una ley aclaratoria para tener una mejor interpretación”, explicaron a Energy Report fuentes oficiales que participaron en la redacción del texto enviado al Congreso, subrayando que la iniciativa responde a reclamos históricos de las provincias cordilleranas.
La Casa Rosada sostiene que la adecuación persigue un doble objetivo estratégico: garantizar la protección efectiva del agua y respetar el federalismo consagrado en la Constitución Nacional. “El objetivo de la ley es garantizar un ambiente sano y respetar la autonomía federal, y como sostuvo la Corte Suprema, también respetar el federalismo de concertación”, remarcan desde el Ejecutivo.
En ese marco, el proyecto se apoya explícitamente en los artículos 41 y 124 de la Constitución. “Respetar la autonomía provincial no es un capricho, es un mandato constitucional”, afirman, al tiempo que rechazan de plano las interpretaciones que hablan de una flexibilización ambiental.
Desde el Gobierno también buscan despejar dudas sobre el impacto de la iniciativa en las inversiones y el marco regulatorio vigente. “El proyecto no desprotege el ambiente, aclara los alcances y responde a un mandato constitucional”, enfatizan.
Además, aseguran que la adecuación no tendrá efectos retroactivos: “Si se aprueba la ley, no se modifican los RIGI aprobados ni las Declaraciones de Impacto Ambiental ya aprobadas”, ni genera implicancias sobre el Acuerdo de Escazú. Para el oficialismo, la reforma no implica un retroceso ambiental, sino una corrección necesaria para brindar reglas claras, previsibilidad jurídica y desarrollo sostenible en un sector clave para la economía argentina.

Ley de Glaciares: repaso artículo por artículo de los principales cambios

Artículo 1°: nuevo objeto de la ley de Glaciares
El proyecto sustituye el artículo 1° de la ley de Glaciares y redefine su objeto. Se mantiene el principio central de la norma: la protección de los glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de recursos hídricos y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas.
La novedad es que el texto incorpora una interpretación explícita en consonancia con el artículo 41 de la Constitución Nacional, reconociendo la utilización racional de los recursos naturales por parte de las provincias, titulares originarias de los mismos según el artículo 124 de la Constitución. De este modo, el proyecto busca equilibrar protección ambiental y competencias jurisdiccionales.

Artículo 2°: redefinición del Inventario Nacional de Glaciares
Se sustituye el artículo 3° y se refuerza el rol del Inventario Nacional de Glaciares como herramienta central de la ley de Glaciares. El Inventario deberá identificar únicamente aquellos glaciares y geoformas periglaciales que cumplan funciones hídricas estratégicas.
El proyecto aclara que el Inventario será de consulta obligatoria, pero sin afectar las atribuciones que la ley otorga a las autoridades competentes en materia ambiental. Este punto es clave, ya que introduce una mirada más funcional y menos automática sobre qué formaciones quedan alcanzadas por la norma.

Artículo 3°: incorporación del principio precautorio (artículo 3° bis)
La iniciativa incorpora un nuevo artículo 3° bis que formaliza la aplicación del principio precautorio. Mientras una geoforma esté incluida en el Inventario Nacional de Glaciares, se presume protegida por la ley de Glaciares.
Sin embargo, el proyecto introduce un cambio relevante: si la autoridad ambiental competente verifica que un glaciar o geoforma periglacial no cumple funciones hídricas, deja de estar alcanzado por las previsiones específicas de la ley, sin perjuicio de la protección general que otorgue la Ley General del Ambiente.
Este punto, anticipado por Energy Report, es uno de los ejes centrales de la adecuación normativa.

Artículo 4°: nuevo esquema para la realización del Inventario
Se sustituye el artículo 5° y se ratifica al IANIGLA como organismo responsable del inventario y monitoreo de glaciares, en coordinación con la autoridad nacional de aplicación.
El texto refuerza la participación de las provincias: si una autoridad local detecta un glaciar o ambiente periglacial con funciones hídricas que no esté inventariado, debe informarlo para su incorporación. Del mismo modo, si se comprueba que una geoforma ya inventariada no cumple esas funciones, el IANIGLA deberá eliminarla del Inventario.
Un punto relevante es que la omisión de actualización del Inventario no invalida autorizaciones ambientales provinciales, lo que introduce mayor seguridad jurídica para proyectos evaluados bajo este esquema.

Artículo 5°: actividades prohibidas
El proyecto sustituye el artículo 6° de la ley de Glaciares y mantiene sin cambios de fondo las prohibiciones. Siguen vedadas las actividades que alteren de modo relevante la condición natural de glaciares y ambientes periglaciales, incluyendo:
    La liberación de contaminantes.
    Obras de infraestructura (salvo excepciones científicas).
    La exploración y explotación minera e hidrocarburífera.
    El desarrollo de actividades industriales.
La diferencia central es que ahora será la autoridad ambiental competente la que determine, mediante evaluación de impacto ambiental, qué actividades generan una alteración relevante.

Artículo 6°: evaluación de impacto ambiental
Se reemplaza el artículo 7° y se reafirma la obligatoriedad de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) previa para cualquier actividad proyectada en glaciares o ambiente periglacial.
El proyecto introduce con mayor claridad la posibilidad de realizar evaluaciones ambientales estratégicas cuando la escala del proyecto lo amerite y garantiza instancias de participación ciudadana, conforme a la Ley General del Ambiente.
Se mantienen las excepciones para actividades de rescate, científicas de bajo impacto y prácticas deportivas no motorizadas.

Artículo 7°: autoridades competentes
El nuevo artículo 8° redefine el esquema de autoridades. Cada jurisdicción determinará su autoridad ambiental competente, mientras que en áreas protegidas nacionales la responsabilidad recaerá en la Administración de Parques Nacionales.
Las provincias tendrán a su cargo identificar qué glaciares y ambientes periglaciales cumplen funciones hídricas y compartir esa información con el IANIGLA para la actualización del Inventario Nacional.
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San Juan inauguró la primera autopista solar del país y marca un nuevo estándar en infraestructura sustentable

Fecha de Publicación: 20/12/2025
Fuente: Portal InfoEnergia
Provincia/Región: San Juan


San Juan dio un paso histórico en materia de innovación energética al poner en funcionamiento la primera autopista solar de la Argentina, un proyecto que integra generación fotovoltaica al sistema vial y consolida un nuevo modelo de infraestructura pública con enfoque sustentable.
La iniciativa se desarrolla sobre la Avenida Circunvalación, una de las arterias más transitadas de la provincia, donde la infraestructura deja de cumplir únicamente una función de tránsito para transformarse también en una fuente activa de generación de energía limpia.
Con esta obra, San Juan se posiciona a la vanguardia de la ingeniería sustentable a nivel nacional y regional, reforzando su liderazgo en el desarrollo y la aplicación de energías renovables en espacios urbanos estratégicos.
El sistema instalado cuenta con 36 estructuras fotovoltaicas individuales montadas sobre monopostes metálicos ubicados a lo largo de la traza vial. Cada uno de estos dispositivos capta la radiación solar y la transforma en energía eléctrica.
Durante las horas diurnas, la energía generada es inyectada a la red eléctrica general, mientras que por la noche el sistema devuelve esa energía para abastecer la iluminación de la autopista, cerrando un circuito eficiente y autosustentable.
Uno de los aspectos más destacados del proyecto es que aprovecha infraestructura existente sin necesidad de ocupar nuevo suelo, optimizando el uso del espacio público y reduciendo el impacto ambiental asociado a obras tradicionales.
El desarrollo fue ejecutado íntegramente con mano de obra y capacidad técnica local, involucrando a ingenieros, técnicos y proveedores sanjuaninos en todas las etapas de diseño, montaje y puesta en marcha.
La obra presentó desafíos técnicos particulares, vinculados tanto a la condición sísmica de la provincia como al alto flujo vehicular de la Circunvalación, lo que demandó soluciones específicas en materia de seguridad, logística y planificación.
Con esta experiencia, San Juan se suma a un reducido grupo de ciudades del mundo que integran energía renovable directamente en su infraestructura vial, incorporando la transición energética al paisaje urbano cotidiano.
Desde el punto de vista ambiental, la autopista solar contribuye a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y disminuye la dependencia de fuentes fósiles para el abastecimiento energético urbano.
En términos económicos, el sistema permite generar ahorros de largo plazo en costos de iluminación y mantenimiento, al tiempo que mejora la eficiencia y la resiliencia de la red eléctrica.
La iniciativa también tiene un impacto positivo en el empleo y el desarrollo del conocimiento técnico local, fortaleciendo capacidades que pueden ser replicadas en futuros proyectos similares.
La autopista solar se presenta así como una demostración concreta de cómo la infraestructura pública puede convertirse en parte activa de la solución frente al cambio climático, combinando innovación, eficiencia y sustentabilidad.
Con este proyecto, San Juan traza un camino replicable para otras provincias y refuerza la idea de que la integración inteligente de energía limpia en el territorio es clave para redefinir el futuro urbano y productivo del país.
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Alarma hídrica: El río Negro perdió el 43% del agua en 20 años; la solución israelí para evitar el colapso

Fecha de Publicación: 19/12/2025
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Río Negro - Patagonia


Deberían destinarse más de 500 millones de dólares en un acueducto a la zona Atlántica. El agua como derecho y como recurso económico. Detectaron cientos de hectáreas regadas sin declarar.
La semana pasada, el Gobierno de Río Negro hizo la presentación oficial, tanto en la sede del Poder Ejecutivo como en la del Poder Legislativo, de un estudio sobre recursos hídricos de toda la provincia. El informe, realizado por la empresa nacional de aguas de Israel, Mekorot, contiene una serie de recomendaciones y datos que, por sobre todas las cosas, constituye una hoja de ruta para "mejorar la gestión del agua", como se describió desde el Gobierno provincial.
Una de las conclusiones es que se puede ampliar la superficie regada en 179.000 hectáreas con un resultado económico de 244 millones de dólares al año, si todos los proyectos se concretan. Las proyecciones se hicieron a 30 años.
Una definición tajante del trabajo es que se debe comenzar a instalar en la sociedad el concepto de Valor Económico del Agua (VEA). Esto implica que todo aquel que obtenga un provecho económico del uso del agua debe pagar una retribución acorde.
La semana pasada, el Gobierno de Río Negro hizo la presentación oficial, tanto en la sede del Poder Ejecutivo como en la del Poder Legislativo, de un estudio sobre recursos hídricos de toda la provincia. El informe, realizado por la empresa nacional de aguas de Israel, Mekorot, contiene una serie de recomendaciones y datos que, por sobre todas las cosas, constituye una hoja de ruta para "mejorar la gestión del agua", como se describió desde el Gobierno provincial.
Una de las conclusiones es que se puede ampliar la superficie regada en 179.000 hectáreas con un resultado económico de 244 millones de dólares al año, si todos los proyectos se concretan. Las proyecciones se hicieron a 30 años.
Una definición tajante del trabajo es que se debe comenzar a instalar en la sociedad el concepto de Valor Económico del Agua (VEA). Esto implica que todo aquel que obtenga un provecho económico del uso del agua debe pagar una retribución acorde.
Más agua
Un servicio esencial es el agua potable. La empresa israelí planteó varias opciones, pero hay dos que resultan más viables. Una es ampliar la capacidad de transporte del canal Pomona-San Antonio, un angosto curso de agua que cruza 190 kilómetros de desierto. La otra opción es construir desde cero un canal que tome agua en el río Negro y culmine en Sierra Grande, pasando también por San Antonio Oeste. La opción más económica, con la posibilidad de regar en el trayecto 5.000 hectáreas, saldría unos 517 millones de dólares. También se contempló una opción que requiere un desembolso de 1.024 millones de dólares, pero incluye la posibilidad de regar 10.000 hectáreas.
Otro dato saliente, que se desprende de un documento de 37 páginas distribuido a los Legisladores provinciales, es que aún resta mucho por hacer respecto a la eficiencia del riego, que en la actualidad es del 50%.
El miércoles pasado se realizó la presentación oficial del trabajo, que fue solicitado por la exgobernadora Arabela Carreras y financiado por el CFI. Weretilneck reunió a buena parte de su equipo de trabajo en el Salón Gris de la Casa de Gobierno, ubicada en Laprida 212 de Viedma.
Allí los detalles fueron presentados por Diego Berger, argentino residente en Israel, coordinador de proyectos internacionales de la empresa, y Juan Andrés Pina, director de proyectos. Fueron ellos quienes además expusieron ante la Comisión de Planificación de la Legislatura.
La ejecución de las recomendaciones efectuadas por esta empresa implicará cambios en leyes, reformulación de organismos, y un control más férreo sobre el uso con fines comerciales del agua.

Preguntas y respuestas

Desde +P hicimos algunas consultas al Superintendente del Departamento Provincial de Aguas de Río Negro (DPA), Gastón Renda, arquitecto egresado de la Universidad Nacional de La Plata. Junto a su equipo de trabajo elaboraron las respuestas.

- Se ve en el horizonte fuerte cambio climático. ¿El río Negro trae 43% menos de agua analizando los últimos 20 años? ¿Dentro de 30 años la cuenca tendrá otro 20% menos?
La tendencia de los últimos 20 años indica que, en promedio, se registró un descenso de la disponibilidad de agua del orden del 43%. En términos de volumen, esto implica que el derrame anual promedio actual se ubica en torno a los 23.000 hectómetros cúbicos al año.
Por otra parte, considerando los cambios proyectados en los parámetros hidroclimáticos respecto de la situación actual, se pronostica un descenso de la oferta hídrica del orden del 20% hacia el año 2055. En ese escenario, la oferta promedio se situaría en aproximadamente 18.000 hm³.
De todos modos, tanto la demanda urbana como la agrícola proyectada consumirá la mayoría del caudal disponible.
Para el caso del río Negro, en un escenario tendencial, la demanda total se proyecta del orden del 70% de la oferta disponible. Visto desde el otro lado, la oferta hídrica superaría a la demanda en aproximadamente en un 30%.
Ahora bien, si se incorporan bajo riego las 178.747 hectáreas proyectadas hacia 2055 —lo que implica aproximadamente duplicar la superficie actualmente regada—, la oferta hídrica, aun considerando los efectos del cambio climático, seguiría siendo mayor que la demanda. Esto se mantiene incluso bajo supuestos de una eficiencia de riego baja a media.

- ¿La eficiencia de conducción del riego hoy es del 50%?
Correcto. Esto se explica principalmente porque gran parte de la conducción se realiza a través de canales sin impermeabilizar, siendo las pérdidas por filtración la causa principal de los niveles de eficiencia.
- Veo en el documento que dan indicadores, pero no el método de cómo mejorar la eficiencia. ¿Esa tarea docente, si se quiere, formará parte de las políticas a llevar adelante por la provincia?
Exactamente. Se trata de lineamientos generales que deberán traducirse en políticas públicas a implementar, las cuales requieren del compromiso y la participación de todos los actores involucrados. Será necesariamente un trabajo conjunto.

- En el trabajo figura un proyecto privado de 14.000 hectáreas en el Alto Valle. ¿Quién lo impulsa?
Este proyecto surge de un estudio contratado por el DPA a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI), en el marco del Plan Director de Riego del Alto Valle. Del mismo se desprende la posibilidad de regar, mediante bombeo, sectores aledaños al canal principal que no cuentan con dominio por gravedad (esto es al norte del curso de agua). Se lo considera privado en tanto serían los propios productores quienes realizarían la captación por bombeo y el riego presurizado.

Ampliar la frontera agrícola

- Ponen a Negro Muerto como un emprendimiento netamente privado. ¿En ese caso, tomarán agua del río directo los dueños de los campos?
Sí, es correcto. En este caso, el Estado aporta infraestructura básica, como caminos y parte de las obras necesarias para garantizar el acceso a la energía eléctrica, mientras que los privados desarrollan el resto de la infraestructura y toman el agua directamente del río.

- ¿Sumadas todas las áreas, el potencial económico es de 244 millones de dólares al año?
En caso de ejecutarse todos los proyectos previstos, e incorporarse las 178.747 hectáreas bajo riego proyectadas a 2055, esa es la estimación del impacto económico anual para la provincia. Cabe aclarar que se trata de una estimación sujeta a variaciones y basada en valores actuales.

- ¿El Valor Económico del Agua o VEA es el concepto a trabajar en el futuro?
Uno de los aspectos de mayor relevancia que destaca el Plan —y que coincide plenamente con la línea de trabajo que el DPA ya viene desarrollando— es la necesidad de establecer el valor económico del agua. Esto implica reconocer que, si bien el agua es un derecho y un bien público, quienes la utilizan para actividades que generan beneficios económicos deben realizar una retribución acorde a dicho uso. Este principio contribuye a la sostenibilidad financiera del sistema hídrico provincial, promueve un uso más eficiente del recurso, desalienta el derroche y permite al Estado fortalecer la infraestructura, la fiscalización y los servicios vinculados a la protección del agua.

- El gran desafío parece ser la construcción de un canal desde Conesa a Sierra Grande. Una opción requiere una inversión de 517 millones de dólares, con posibilidad de regar 5.000 hectáreas. La otra opción son 1.024 millones para 10.000 hectáreas. ¿La idea es que se haga un canal desde Conesa tomando agua del río? ¿Cuál es la recomendación que hizo la empresa respecto del acueducto Pomona-San Antonio?
Uno de los temas abordados por el Plan es el abastecimiento de agua dulce a la zona atlántica, donde la presión sobre los sistemas actuales de captación y distribución exige una mirada estratégica. El documento analiza tanto la optimización de la infraestructura existente —canal Pomona y acueductos de Sierra Grande— como la proyección de una alternativa de mayor escala, mediante un acueducto desde el río Negro, a la altura de Conesa. Estas propuestas representan una continuidad del enfoque de largo plazo que dio origen a obras emblemáticas como el Canal Pomona–San Antonio. La planificación hídrica requiere anticiparse a las necesidades de las próximas generaciones y sostener criterios de seguridad hídrica territorialmente equitativos.
El desarrollo productivo bajo riego en la zona de San Antonio está supeditado, en primer término, a que se garantice el abastecimiento de agua para consumo humano e industrial de la región. En este marco, una primera alternativa consiste en la ejecución de un acueducto que cubra la totalidad de las demandas, opción que implicaría costos de operación y mantenimiento que deberán ser analizados dentro de la estructura de costos de los cultivos a regar.
Una segunda alternativa es la concreción de un acueducto que permita independizar el abastecimiento humano e industrial del agrícola, lo que podría habilitar que el canal existente se destine únicamente al riego. Esta variante implica que el sector productivo pueda afrontar los costos asociados, en el marco del concepto de Valor Económico del Agua.
Finalmente, como opción intermedia, se plantea la posibilidad de incrementar o desarrollar áreas de riego mediante el aumento de la capacidad de conducción del canal, a través de la ejecución de las obras correspondientes, las cuales necesariamente deberán contar con el aporte de los usuarios, estableciéndose como condición previa la garantía del abastecimiento de agua para consumo humano e industrial de la región.

Irregularidades

- Dice el informe que hay mucho usuario agrícola sin registrar. ¿Esa situación en qué región de la provincia se da con más frecuencia? ¿Son muchos? ¿Se les puede comenzar a cobrar algo?
Mediante el uso de imágenes satelitales y el cruce de información con la base de datos del Catastro provincial, el DPA ha identificado usuarios que hacen uso del recurso hídrico sin haber completado el trámite correspondiente que habilita su uso formal. La distribución geográfica de estos casos es heterogénea, aunque se concentran mayormente en zonas donde no existen sistemas públicos de riego. En este contexto, se está poniendo en marcha un programa específico de regularización. Es importante destacar que solo aquellos emprendimientos debidamente registrados y con autorización de uso de agua pública cuentan con garantía de disponibilidad del recurso.

- ¿Las recomendaciones más fuertes pasan por ser más eficientes en el uso del recurso y darle un valor económico al agua?
En síntesis, el Plan Maestro brinda un marco de referencia amplio sobre el cual el DPA podrá continuar desarrollando políticas propias, adaptadas al territorio, alineadas con la normativa vigente y orientadas a garantizar un manejo equilibrado, racional y sostenible del agua en Río Negro. El desafío hacia adelante es transformar estas directrices en acciones concretas que mejoren la calidad de vida de la población, impulsen el desarrollo productivo y aseguren la preservación de los sistemas hídricos para las próximas generaciones.
Ser más eficientes en el uso del agua y reconocer su valor económico en el desarrollo de emprendimientos productivos constituyen ejes centrales de este desafío.

Prioridades

- ¿Qué utilidad le darán ustedes al trabajo de la empresa Mekorot?
El Plan Maestro para el Sector Hídrico presentado constituye un insumo para comprender la situación actual del recurso y la incidencia del cambio climático para proyectar su uso futuro. Establece un conjunto de directrices generales que permitirán al Estado Provincial, a través del DPA, diseñar sus propios programas y ordenar prioridades hacia un horizonte de mediano y largo plazo.
Este trabajo reconoce un principio que para el DPA es central: el agua es un derecho fundamental, pero conlleva también obligaciones por parte de quienes la utilizan. Es imprescindible promover un uso racional y responsable del recurso, tanto en los sistemas de abastecimiento humano como en las actividades productivas. En un contexto marcado por la variabilidad climática y por la creciente demanda, la eficiencia, el control de pérdidas y las buenas prácticas de manejo adquieren una relevancia cada vez mayor.
La sociedad en su conjunto debe comprender que la disponibilidad de agua no es infinita y que su sostenibilidad depende en gran medida de las conductas individuales y colectivas.
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Nueva amenaza de paro en la línea B por contaminación de asbesto

Fecha de Publicación: 19/12/2025
Fuente: Página 12
Provincia/Región: CABA


El conflicto se reaviva por la presencia de material cancerígeno en formaciones en servicio. El gremio denuncia intervenciones ilegales y riesgos para la salud. Podrían registrarse retenciones de tareas en las próximas semanas.
Los trabajadores de la línea B del subte de la Ciudad se declararon en estado de alerta y advirtieron sobre la posible aplicación de medidas de fuerza si la empresa concesionaria Emova no adopta acciones urgentes para frenar la contaminación con asbesto. La advertencia se dio luego de una jornada de liberación de accesos y forma parte de un reclamo que el sector sindical sostiene desde hace años por la exposición a este material considerado altamente peligroso para la salud.
Según informaron desde la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), las medidas ya se encuentran votadas y podrían comenzar a aplicarse en las próximas semanas si no hay respuestas concretas por parte de la empresa. El eje del conflicto está puesto en la permanencia en servicio de formaciones Mitsubishi que contienen asbesto y que, de acuerdo a la denuncia sindical, fueron intervenidas de manera ilegal.
Desde el sindicato señalaron que Emova realizó intervenciones irregulares sobre la estructura y distintos componentes de trenes que contienen asbesto, un material prohibido por su carácter cancerígeno. Como consecuencia de estas maniobras, explicaron, el asbesto quedó en estado friable, es decir, expuesto y con capacidad de liberar fibras al ambiente.
Esta situación, remarcan los trabajadores, incrementa el riesgo de contaminación, no solo para el personal del subte sino también para los millones de usuarios que utilizan la línea B de manera cotidiana. La presencia de fibras en suspensión implica una exposición directa durante cada viaje, lo que agrava una problemática sanitaria ya conocida dentro de la red de subterráneos.
Ante este escenario, la AGTSyP informó que presentó denuncias formales ante los organismos gubernamentales correspondientes, solicitando su intervención inmediata. Sin embargo, sostienen que la empresa concesionaria se niega a realizar muestreos, mediciones ambientales y el retiro de las formaciones afectadas, incumpliendo normativas y fallos vigentes a nivel nacional e internacional vinculados al manejo del asbesto.

Posibles retenciones de tareas y afectación del servicio
El gremio advirtió que, si en el transcurso de la próxima semana Emova no cumple con los requerimientos de muestreo y retiro de los trenes contaminados, los trabajadores de la línea B iniciarán un proceso de retención de tareas sobre una o más formaciones que consideran no aptas para circular.
Desde la organización sindical aclararon que estas medidas podrían impactar en el funcionamiento del servicio y en su frecuencia, aunque subrayaron que cualquier alteración sería consecuencia directa de las decisiones de la empresa concesionaria. En ese sentido, remarcaron que los trabajadores no buscan generar conflictos, sino proteger la salud pública y garantizar condiciones seguras de operación.
“Esta medida podría generar consecuencias en el funcionamiento del servicio y en su frecuencia, pero esta situación sería consecuencia exclusiva de las decisiones de Emova que se niega a cumplir con sus obligaciones e intenta generar conflictos responsabilizando luego a los trabajadores, que como queda demostrado históricamente, somos los únicos preocupados de que el servicio del subte sea cómodo, eficiente, accesible y seguro”, explicitaron oficialmente.
El comunicado también cuestiona lo que califican como una actitud irresponsable de la empresa frente a una crisis sanitaria que afecta a toda la red de subterráneos, y recuerda que históricamente han sido los trabajadores quienes impulsaron las denuncias y acciones para lograr un subte más seguro, eficiente y accesible.

El reclamo por la Emergencia Operativa de la línea B
En paralelo, la AGTSyP volvió a exigir al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la declaración de la Emergencia Operativa para la línea B. Según explicaron, esta medida permitiría avanzar con respuestas urgentes mientras se espera la llegada de la nueva flota de trenes.
Entre los puntos señalados como prioritarios se encuentran el recambio del trazado de vías, el restablecimiento de los programas de mantenimiento integral y la desabestización total de la red. Para los trabajadores, sin estas acciones estructurales, la problemática del asbesto seguirá representando un riesgo latente para quienes trabajan y viajan a diario en el subte.
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Derrame en Lomas de Olmedo: el daño ambiental era previsible y sigue sin solución

Fecha de Publicación: 18/12/2025
Fuente: Portal AgendaSalta
Provincia/Región: Salta


Especialistas alertan que el impacto del pozo petrolero abandonado en Pichanal no es un hecho aislado.
El reciente derrame registrado en el pozo petrolero de Lomas de Olmedo, en Pichanal, volvió a encender la alarma sobre los riesgos ambientales que arrastra la actividad hidrocarburífera en Salta. Según especialistas en ecología, se trata de un problema conocido desde hace décadas, que no sorprende por su magnitud ni por su recurrencia, y que refleja la falta de control y de acciones efectivas por parte de las autoridades provinciales.
El doctor en Ciencias Biológicas Enrique Derlindati, docente e investigador en conservación ecológica, cuestionó duramente el abordaje oficial del incidente. Aseguró que el derrame no fue un hecho imprevisto, sino la consecuencia directa de un abandono negligente de pozos petroleros antiguos. Además, advirtió que Lomas de Olmedo no sería un caso aislado: existen otros pozos en condiciones similares que estarían generando un impacto ambiental intenso en distintas áreas de Pichanal y alrededores.
“La situación se podía prever. El daño que se observa ahora en la vegetación y la fauna local no apareció de un día para el otro. Son años de descuido y falta de fiscalización”, señaló Derlindati. Según el investigador, las imágenes satelitales y aéreas muestran la muerte de amplias superficies de vegetación y bosques cercanos, mientras que se reporta la mortandad de ganado en la zona, aunque todavía no hay estudios públicos que confirmen la relación exacta con el pozo.
El especialista recordó que estos pozos se remontan a la década del 80, cuando YPF llevó adelante tareas de prospección en la región. Con el tiempo, varios fueron concesionados a empresas privadas y, en algunos casos, abandonados por falta de rentabilidad. En Lomas de Olmedo, el pozo actualmente emite principalmente gases como metano y dióxido de carbono, además de agua salada con trazas de hidrocarburos, lo que agrava la contaminación del suelo y los cursos de agua cercanos.
Derlindati subrayó que, aunque cerrar un pozo petrolero es un proceso técnico complejo, la mayor preocupación sigue siendo el impacto ambiental acumulado. “No hay información clara sobre el estado real del área afectada ni se han asumido responsabilidades concretas. Mientras el pozo continúe abierto, la degradación del ecosistema seguirá aumentando”, advirtió.
La falta de acción estatal frente a esta problemática fue otro punto crítico de la denuncia del especialista. Según explicó, la situación ya había sido señalada por ciudadanos y ONG locales hace al menos dos años, sin que se registraran intervenciones efectivas. Si bien existen equipos técnicos vinculados a recursos hídricos e hidrocarburos trabajando en la zona, Derlindati cuestiona la ausencia de medidas de control ambiental concretas, como mediciones del impacto o estrategias de mitigación. “Perimetrar la zona y restringir el acceso no resuelve el problema”, puntualizó.
El caso de Lomas de Olmedo adquirió relevancia pública tras una denuncia internacional de una ONG, pero el investigador advirtió que esta no es una excepción en Salta. Contaminación de ríos, vertidos industriales sin control y falta de supervisión en actividades extractivas son problemas recurrentes que se repiten en distintos puntos de la provincia. “Estos problemas están diagnosticados desde hace décadas, pero siguen postergándose. Las consecuencias las pagarán las próximas generaciones”, concluyó.
Además del impacto ecológico, la situación genera preocupación en comunidades rurales y productores locales, quienes ven afectada la salud de sus animales y la calidad de los suelos donde desarrollan sus actividades. Según Derlindati, la remediación de estas áreas demandará años de trabajo y una inversión significativa, por lo que resulta urgente establecer un plan de intervención integral que contemple la restauración ambiental, la vigilancia constante y la rendición de cuentas de los responsables.
El caso de Lomas de Olmedo también pone en evidencia un vacío en la legislación provincial y nacional respecto al seguimiento de pozos hidrocarburíferos antiguos. Sin controles claros, muchos de estos sitios corren riesgo de convertirse en focos de contaminación silenciosa, con repercusiones directas sobre el agua, el suelo y la biodiversidad local.
En el contexto de Salta, la situación de Pichanal no es aislada. Regiones como Tartagal y General Mosconi también presentan vestigios de explotaciones petroleras abandonadas que siguen generando problemas ambientales similares. La ausencia de datos públicos y de estudios oficiales dificulta dimensionar la magnitud real del daño, aunque las imágenes satelitales y testimonios locales reflejan un patrón preocupante.
Expertos en ecología advierten que, sin un plan de control efectivo, el riesgo de que la contaminación se extienda a otras cuencas hídricas y áreas rurales de la provincia es alto. La combinación de gases tóxicos, agua salada con hidrocarburos y deforestación progresiva representa un desafío ambiental que requiere atención inmediata y políticas de conservación sostenibles.
En resumen, el derrame en Lomas de Olmedo no debería considerarse un accidente aislado. Es, según especialistas, el resultado de décadas de abandono y falta de regulación, un problema que refleja la necesidad urgente de una estrategia ambiental integral en Salta, capaz de prevenir daños futuros y proteger los recursos naturales de la provincia para las generaciones venideras.
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Realizaron la primera liberación de pacú para el refuerzo de especies nativas en el Paraná Medio

Fecha de Publicación: 18/12/2025
Fuente: El Heraldo
Provincia/Región: Entre Ríos 


En una acción estratégica de conservación y repoblamiento, el gobierno provincial liberó ejemplares juveniles de pacú (Piaractus mesopotamicus) en la reserva de usos múltiples Paraná Medio, en el departamento La Paz. Esta iniciativa busca fortalecer las poblaciones nativas que se encuentran en estado crítico debido a diversos factores ambientales.
La liberación se llevó adelante en el marco de un proyecto de recomposición de fauna íctica del Ministerio de Desarrollo Económico, que articula esfuerzos de distintas áreas provinciales para la protección de la biodiversidad. El mismo surge atendiendo a la situación crítica de varias especies ícticas, impulsando una propuesta que no solo busca conservar la fauna típica, sino fundamentalmente fortalecer su repoblamiento y reforzamiento poblacional.
Cabe destacar que la suelta de los 300 ejemplares de pacú se realizó como medida de compensación ambiental requerida a una empresa responsable de un daño ecológico, garantizando así que la remediación se oriente a la recuperación de la fauna local, con un impacto territorial concreto. 
El pacú, especie nativa de la cuenca del Paraná, presenta actualmente un tamaño poblacional muy bajo en la provincia: por ello, este tipo de acciones constituye un aporte significativo a su recuperación progresiva en ambientes adecuados.
Un aspecto clave de esta acción es el monitoreo poblacional. Según explicaron, los peces fueron debidamente etiquetados: En caso de re-captura, la gente debe comunicarse con el número que figura en la marca para brindar información sobre su tamaño, talla y ubicación. Esto nos permitirá tener datos sobre migraciones y crecimiento, información inexistente al momento y fundamental para el seguimiento de la especie.
Este proyecto colaborativo incluye el trabajo articulado con la Dirección de Recursos Naturales y la Dirección de Delitos Rurales de la Policía de Entre Ríos (PER). 
Participaron de la actividad el director de Áreas Naturales Protegidas de la Secretaría de Ambiente, Pablo Aceñolaza, junto a su equipo técnico, Germán Rivero y Joaquín Sallevane; representantes de la Dirección de Recursos Naturales; Francisco Fernández y personal de la Policía de Abigeato, encabezados por el Comisario General César Primo, y el presidente municipal de Piedras Blancas, Fabricio Mesquida.
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Aprobaron la polémica ley que habilita las salmoneras en Tierra del Fuego

Fecha de Publicación: 17/12/2025
Fuente: Radio Fueguina
Provincia/Región: Tierra del Fuego


La modificación de la Ley 1355 fue sancionada en Ushuaia por 8 votos a favor y 7 en contra. El gobierno celebró el resultado.
En una sesión cargada de tensión política y cuestionamientos ambientales, la Legislatura de Tierra del Fuego, reunida en Ushuaia, aprobó este jueves la modificación de la Ley Provincial N° 1355, que habilita el desarrollo de la salmonicultura en la provincia. La norma fue sancionada por un margen mínimo: 8 votos afirmativos contra 7 negativos.
Acompañaron el proyecto los legisladores Juan Carlos Pino y Virgilio García (PJ); Federico Greve (FORJA); Myriam Martínez (FORJA); Luciano Selzer y Natalia Graciania (LLA); Gisela Dos Santos (ST) y Matías Lapadula (PG), conformando la mayoría necesaria para su aprobación.
En tanto, votaron en contra Raúl Von der Thusen y Jorge Lechman (SF); Pablo Villegas y Damián Löffler (MPF); Federico Sciurano (PG); Victoria Vuoto (PJ) y Laura Colazo (PV), quienes alertaron sobre los riesgos ambientales y cuestionaron la falta de consenso social para avanzar con la actividad.
La sanción de la ley reavivó un fuerte debate público. Organizaciones ambientales, sectores científicos y referentes del turismo vienen advirtiendo desde hace años sobre el impacto negativo que la salmonicultura podría generar en ecosistemas frágiles como el Canal Beagle, considerado un patrimonio natural clave para la provincia.
Tras la votación, el gobernador Gustavo Melella celebró la aprobación y la calificó como “un momento importante para el futuro productivo de Tierra del Fuego”. A través de sus redes sociales, agradeció a los legisladores que acompañaron la iniciativa y afirmó que la norma “actualiza y fortalece el marco normativo para el desarrollo acuícola”.
El mandatario sostuvo que la ley permitirá ampliar la matriz productiva de la provincia, al posicionar a la acuicultura como una actividad estratégica para la generación de empleo y la inversión privada. Además, aseguró que incorpora “los más altos estándares de control ambiental”, promueve la investigación científica y fomenta el consumo local, destacando el trabajo de la Secretaría de Pesca y Acuicultura.
Con la ley ya sancionada, se abre ahora un escenario de alta conflictividad social y política, con posibles movilizaciones y acciones judiciales impulsadas por sectores que rechazan la instalación de salmoneras en aguas fueguinas.
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Milei envió al Congreso un proyecto para reformar la Ley de Glaciares: qué dice

Fecha de Publicación: 17/12/2025
Fuente: Cronista
Provincia/Región: Nacional


El Gobierno busca modificar la norma sancionada en 2010 para transferir competencias a las provincias. Apunta a desbloquear proyectos en la cordillera y cumplir compromisos con Estados Unidos.
El presidente Javier Milei envió al Congreso un proyecto de reforma de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares Nº 26.639, según informó este domingo la Oficina del Presidente mediante un comunicado oficial. La iniciativa busca “ordenar de manera urgente” el marco normativo ambiental y “consolidar un esquema de federalismo ambiental plenamente compatible con la Constitución Nacional”.
El comunicado, difundido el 15 de diciembre, plantea una crítica frontal a la normativa vigente desde hace 15 años. “La mal llamada Ley de Glaciares ha demostrado graves falencias interpretativas que generaron inseguridad jurídica, paralizaron inversiones productivas y afectaron el legítimo ejercicio de las competencias provinciales sobre los recursos naturales”, señala el texto oficial.

Glaciares: una ley cuestionada desde su origen
Según el Gobierno, la Ley 26.639 presenta problemas estructurales que justifican su reforma. “Esta norma propone reglas claras: protege los glaciares que cumplen una función hídrica efectiva, fortalece los estándares ambientales vigentes y elimina la discrecionalidad que, bajo pretextos ideológicos, obstruyó el desarrollo económico del país”, sostiene el comunicado.
El proyecto oficial apunta directamente a redefinir conceptos clave de la legislación actual, especialmente el controvertido término de “ambiente periglacial”, que ha sido objeto de disputas judiciales desde la sanción de la ley original.
El documento presidencial enfatiza dos pilares constitucionales para respaldar la reforma. En primer lugar, destaca el artículo 41 de la Constitución Nacional, que establece la obligación de “proteger el ambiente sin impedir el desarrollo humano”. Este argumento apunta a rebatir las acusaciones de que el proyecto debilita la protección ambiental.
El segundo punto se centra en el artículo 124, que reconoce a las provincias como “dominio originario de sus recursos naturales”. Según el texto oficial, la reforma busca “fortalecer el rol de las autoridades provinciales en la evaluación de impacto ambiental, reconoce su capacidad técnica y científica, y promueve una articulación eficiente con el Inventario Nacional de Glaciares”.
Este enfoque representa el núcleo de lo que el Gobierno denomina “federalismo ambiental”: transferir a las provincias la potestad de determinar qué zonas califican como ambientes periglaciares y, por lo tanto, quedan o no bajo protección legal.

La posición de la Cámara Argentina de Empresas Mineras
Desde el sector empresario minero, la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) expresó su respaldo a una eventual revisión de la Ley de Glaciares, aunque remarcó la necesidad de preservar el espíritu original de la norma sancionada en 2010. En un comunicado difundido hoy, la entidad sostuvo que existe un “consenso unánime” respecto de la obligación de proteger “los glaciares y el ambiente periglacial que constituyan reservas estratégicas de recursos hídricos”, tal como lo establece el artículo 1° de la Ley 26.639.
No obstante, CAEM afirmó que la legislación vigente requiere aclaraciones, al considerar que “no todos los glaciares y el ambiente periglacial constituyen reservas estratégicas de recursos hídricos”. En ese sentido, planteó que la identificación de las áreas que deben quedar bajo protección debe realizarse “caso por caso”, con base en estudios específicos y en la opinión de expertos técnicos y científicos.
La entidad también puso el foco en el rol de las provincias, al recordar que la Constitución Nacional reconoce a los distritos como titulares del dominio originario de los recursos naturales existentes en sus territorios. Según CAEM, la determinación y delimitación de los glaciares y ambientes periglaciares protegidos debe contemplar esa competencia provincial, en línea con un esquema de coordinación entre los distintos niveles del Estado.
En su pronunciamiento, la cámara empresaria señaló que una redacción más precisa de la ley permitiría reducir la incertidumbre jurídica y facilitar el desarrollo de actividades productivas y de infraestructura “en un marco de total respeto por el cuidado ambiental y del recurso hídrico”. En ese punto, vinculó la discusión normativa con la generación de empleo y el desarrollo económico, al afirmar que una mayor previsibilidad contribuiría a mejorar las condiciones para la inversión.
Finalmente, CAEM citó antecedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que al analizar la Ley de Glaciares sostuvo que sus controversias debían resolverse “por el diálogo federal antes que por la intervención de los jueces”. Para la entidad, ese camino exige una actuación conjunta y coordinada entre la Nación y las provincias, con el objetivo de proteger los glaciares estratégicos sin que ello resulte incompatible con un esquema de desarrollo sostenible.
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