Humedales abandonados a su suerte por el gobierno
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Humedales: lapidario informe de la Auditoría de la Nación sobre la inacción del gobierno
Fecha de Publicación: 21/06/2019
Fuente: Dos Ambientes Noticias Verdes
Provincia/Región: Nacional
Ni presupuesto, ni trabajo de campo, ni estrategia, ni información pública. Nada. Ese es el resumen de lo (no) hecho por el gobierno nacional en los últimos años en relación al estudio y la conservación de los Humedales, ecosistemas cada vez más valorados a nivel internacional por los variados y ricos servicios ambientales que prestan a su entorno. Así se desprende de un informe elaborado por la Auditoria General de la Nación publicado el pasado 11 de junio donde se describe el grado de desidia y falta de trabajo de las áreas competentes en el tema, entre las cuáles se destaca la secretaría de Ambiente y la Administración de Parques Nacionales.
“Durante el período auditado (entre 2015 y 2017) no hay evidencia de trabajo coordinado entre la Secretaría y la Conadibio (Comisión Nacional Asesora para la Conservación y Utilización Sostenible de la Diversidad Biológica). Tampoco se observa que la conservación de los Humedales haya sido tratada en las subcomisiones” señala la auditoria, que agrega que al día de hoy la Conadibio “no poseía información concreta ni informe preliminar” sobre la situación de los Humedales, a pesar de que este debía ser entregado en diciembre pasado.
La Auditoría también relevó que por ahora sólo se publicó el primer nivel del inventario nacional de humedales (todavía faltan el dos y el tres) “a pesar de que es el instrumento esencial para la elaboración y aplicación de políticas de cuidado”. Al mismo tiempo se señala que “no existe en el presupuesto nacional una partida específica para la realización de este inventario ni hay planificación específica para su realización” y se observa “una falta de lineamientos comunes para todo el territorio nacional”. Tampoco se detectaron “criterios técnicos utilizados para la selección y priorización de las provincias donde se realizaron las pruebas piloto”.
Sitios Ramsar
Respecto a los sitios Ramsar, lugares considerados como humedales de importancia internacional , la Auditoria expresó que las instancias gubernamentales “no realizaron una evaluación rigurosa de los sitios” ni tampoco desarrollaron un sistema de evaluación ni de monitoreo para establecer su grado de conservación ni para relevar su dinámica. El organismo de control agregó que la información suministrada por esas áreas “posee inconsistencias y en algunos casos es insuficiente” ya que de los 23 expedientes solicitados sólo se suministró información sobre tres sitios.
“La falta de información ocasiona que no se tenga un expediente detallado de cada sitio Ramsar, dificulta su monitoreo e impide realizar un seguimiento”, dice el informe, que denuncia a estas acciones como “una restricción significativa de acceso a la información pública”.
Parques Nacionales
La Administración de Parques Nacionales tampoco hizo lo que tenía que hacer ya que no incluyó ni estrategias ni acciones concretas de defensa de los sitios Ramsar bajo su jurisdicción. Además, según la auditoria, los parques nacionales que poseen sitios Ramsar no tienen personal suficiente para su cuidado y conservación.
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Fecha de Publicación: 21/06/2019
Fuente: Dos Ambientes Noticias Verdes
Provincia/Región: Nacional
Ni presupuesto, ni trabajo de campo, ni estrategia, ni información pública. Nada. Ese es el resumen de lo (no) hecho por el gobierno nacional en los últimos años en relación al estudio y la conservación de los Humedales, ecosistemas cada vez más valorados a nivel internacional por los variados y ricos servicios ambientales que prestan a su entorno. Así se desprende de un informe elaborado por la Auditoria General de la Nación publicado el pasado 11 de junio donde se describe el grado de desidia y falta de trabajo de las áreas competentes en el tema, entre las cuáles se destaca la secretaría de Ambiente y la Administración de Parques Nacionales.
“Durante el período auditado (entre 2015 y 2017) no hay evidencia de trabajo coordinado entre la Secretaría y la Conadibio (Comisión Nacional Asesora para la Conservación y Utilización Sostenible de la Diversidad Biológica). Tampoco se observa que la conservación de los Humedales haya sido tratada en las subcomisiones” señala la auditoria, que agrega que al día de hoy la Conadibio “no poseía información concreta ni informe preliminar” sobre la situación de los Humedales, a pesar de que este debía ser entregado en diciembre pasado.
La Auditoría también relevó que por ahora sólo se publicó el primer nivel del inventario nacional de humedales (todavía faltan el dos y el tres) “a pesar de que es el instrumento esencial para la elaboración y aplicación de políticas de cuidado”. Al mismo tiempo se señala que “no existe en el presupuesto nacional una partida específica para la realización de este inventario ni hay planificación específica para su realización” y se observa “una falta de lineamientos comunes para todo el territorio nacional”. Tampoco se detectaron “criterios técnicos utilizados para la selección y priorización de las provincias donde se realizaron las pruebas piloto”.
Sitios Ramsar
Respecto a los sitios Ramsar, lugares considerados como humedales de importancia internacional , la Auditoria expresó que las instancias gubernamentales “no realizaron una evaluación rigurosa de los sitios” ni tampoco desarrollaron un sistema de evaluación ni de monitoreo para establecer su grado de conservación ni para relevar su dinámica. El organismo de control agregó que la información suministrada por esas áreas “posee inconsistencias y en algunos casos es insuficiente” ya que de los 23 expedientes solicitados sólo se suministró información sobre tres sitios.
“La falta de información ocasiona que no se tenga un expediente detallado de cada sitio Ramsar, dificulta su monitoreo e impide realizar un seguimiento”, dice el informe, que denuncia a estas acciones como “una restricción significativa de acceso a la información pública”.
Parques Nacionales
La Administración de Parques Nacionales tampoco hizo lo que tenía que hacer ya que no incluyó ni estrategias ni acciones concretas de defensa de los sitios Ramsar bajo su jurisdicción. Además, según la auditoria, los parques nacionales que poseen sitios Ramsar no tienen personal suficiente para su cuidado y conservación.
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Estiman un 10% de renovables para fin de año
Estiman que a fin de año las renovables llegarán al 10% de la matriz energética
Fecha de Publicación: 21/06/2019
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Nacional
La participación de las energías renovables en la matriz de generación eléctrica "ya creció de un 2 a un 5%, para fin de año esa proporción llegará a un 10% y pretendemos llevarla en 2020 a un 15%", señaló el director nacional de Promoción de Energías Renovables y Eficiencia Energética, Maximiliano Morrone.
El funcionario participó esta semana en el 10° Encuentro sobre Estrategias Ambientales en la sede porteña de la Universidad Católica Argentina (UCA), donde remarcó que las fuentes renovables "eran la gran deuda que mantenía la Argentina en materia energética".
"Lo que hicimos en el rubro -sostuvo Morrone- fue implementar la ley y aplicar distintos programas que derivaron en compromisos de inversión por US$ 10.000 millones, la creación de 9.000 empleos y la ejecución de grandes proyectos por 6.500 Mw (megavatios) de capacidad".
Durante el encuentro, organizado por la Cámara Empresaria de Medio Ambiente (CEMA), el presidente de la Cámara de Energías Renovables (CADER), Marcelo Alvarez, afirmó que "lo que hoy se ve no es una moda tecnológica ni un resabio de culpa ideológica de un sector social, sino un cambio de paradigma".
El diputado nacional Juan Carlos Villalonga, promotor de la ley de generación distribuida, sostuvo a su vez que "el éxito alcanzado demuestra la potencia que tienen las energías renovables".
A su juicio, "hay que aprovechar el cambio cultural para empezar a debatir sobre la decarbonización de la economía", mientras las renovables amplían su participación hasta el 35% de la matriz hacia 2030.
En representación de la Subsecretaría de Política Minera de la Nación disertó
Cecilia Lichtenstein, asesora de la Subsecretaría de Política Minera de la Nación, quien remarcó la importancia de no repetir los errores ambientales registrados en otros países, "para lo cual estamos trabajando en el control de los diques de cola; en la conformación de planes de contingencia ante incidentes; y en un sistema de indicadores de sostenibilidad minera".
El subsecretario de Fiscalización y Recomposición de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan Trebino, destacó por su parte el trabajo del Gobierno para actualizar las normas en materia de residuos peligrosos, gestión de sitios contaminados, circulación vehicular, etiquetado de eficiencia energética y gestión de químicos, entre otros aspectos.
"Tenemos la necesidad imperiosa de que todos estos proyectos se transformen en políticas públicas regulatorias para que el sector industrial participe activamente en los procesos de gestión ambiental, ya que productividad y ambiente no son dos conceptos antagónicos", advirtió el funcionario.
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Fecha de Publicación: 21/06/2019
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Nacional
La participación de las energías renovables en la matriz de generación eléctrica "ya creció de un 2 a un 5%, para fin de año esa proporción llegará a un 10% y pretendemos llevarla en 2020 a un 15%", señaló el director nacional de Promoción de Energías Renovables y Eficiencia Energética, Maximiliano Morrone.
El funcionario participó esta semana en el 10° Encuentro sobre Estrategias Ambientales en la sede porteña de la Universidad Católica Argentina (UCA), donde remarcó que las fuentes renovables "eran la gran deuda que mantenía la Argentina en materia energética".
"Lo que hicimos en el rubro -sostuvo Morrone- fue implementar la ley y aplicar distintos programas que derivaron en compromisos de inversión por US$ 10.000 millones, la creación de 9.000 empleos y la ejecución de grandes proyectos por 6.500 Mw (megavatios) de capacidad".
Durante el encuentro, organizado por la Cámara Empresaria de Medio Ambiente (CEMA), el presidente de la Cámara de Energías Renovables (CADER), Marcelo Alvarez, afirmó que "lo que hoy se ve no es una moda tecnológica ni un resabio de culpa ideológica de un sector social, sino un cambio de paradigma".
El diputado nacional Juan Carlos Villalonga, promotor de la ley de generación distribuida, sostuvo a su vez que "el éxito alcanzado demuestra la potencia que tienen las energías renovables".
A su juicio, "hay que aprovechar el cambio cultural para empezar a debatir sobre la decarbonización de la economía", mientras las renovables amplían su participación hasta el 35% de la matriz hacia 2030.
En representación de la Subsecretaría de Política Minera de la Nación disertó
Cecilia Lichtenstein, asesora de la Subsecretaría de Política Minera de la Nación, quien remarcó la importancia de no repetir los errores ambientales registrados en otros países, "para lo cual estamos trabajando en el control de los diques de cola; en la conformación de planes de contingencia ante incidentes; y en un sistema de indicadores de sostenibilidad minera".
El subsecretario de Fiscalización y Recomposición de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan Trebino, destacó por su parte el trabajo del Gobierno para actualizar las normas en materia de residuos peligrosos, gestión de sitios contaminados, circulación vehicular, etiquetado de eficiencia energética y gestión de químicos, entre otros aspectos.
"Tenemos la necesidad imperiosa de que todos estos proyectos se transformen en políticas públicas regulatorias para que el sector industrial participe activamente en los procesos de gestión ambiental, ya que productividad y ambiente no son dos conceptos antagónicos", advirtió el funcionario.
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Anulan sentencia absolutoria a comunidad mapuche
A favor del fracking: Anulan sentencia absolutoria a comunidad mapuche
Fecha de Publicación: 21/06/2019
Fuente: Canal Abierto
Provincia/Región: Neuquén
La Lof Campo Maripe había sido absuelta en una causa que disputaba tierras en Vaca Muerta.
El Tribunal de Impugnación de Neuquén anuló la sentencia absolutoria a la Lof Campo Maripe en la causa iniciada por la familia Vela en la disputa por tierras ancestrales que los empresarios reclamaban como propias. La resolución del tribunal indica que el conflicto se someta a un nuevo juicio. Esto hace que toda la causa vuelve a foja cero.
Así, los jueces Federico Sommer, Héctor Rimano y Daniel Varessio, dejaron sin efecto el fallo emitido por el magistrado Gustavo Ravizzoli en abril. Este dictamen justificaba la absolución a la comunidad basándose en la idea de que no había dolo en la ocupación que adjudicaba la querella.
Los argumentos planteados por los jueces del Tribunal de Impugnación son que si bien estaba la constancia de la preexistencia de la comunidad, esto no daba cuenta de que ésta fuera en un territorio.
Consultado por Canal Abierto, Emanuel Guagliardo, abogado de la comunidad, planteó que “es una aberración jurídica, porque la preexistencia étnica y cultural está dada sobre la vida en un territorio. No existe un pueblo originario sin que tenga una vinculación con un territorio. Sí existe un conflicto sobre la determinación de la extensión de ese territorio. Eso es lo que advertía el doctor Ravizzoli, quien planteó que encontrándose pendiente la obligación del Estado para determinar la pretensión territorial de esta comunidad, no se podía condenar porque existe una comunidad mapuche que ha sido inscrita y registrada por el Estado pero no existe una determinación sobre su territorio. Eso le generó duda al doctor Ravizzoli y por eso no condenó. El Tribunal de Impugnación hace la misma evaluación, pero la utiliza en contra de los imputados, invirtiendo la duda. Ahí hace una maniobra que, insisto, es grosera en términos jurídicos, pero además viola garantías constitucionales, porque no puede aplicarse la duda en perjuicio del imputado”.
La familia Vela había iniciado la causa en 2014 aduciendo que la comunidad había instalado un cementerio mapuche en sus terrenos para luego reclamarlo como tierras ancestrales. El terreno en disputa es estratégico por su ubicación en relación al yacimiento de Vaca Muerta y su dominio puede habilitar o no la explotación para la extracción mediante la técnica del fracking.
Si bien esta nueva resolución da marcha atrás con otra que daba por concluida la causa, la indicación de realizar un nuevo juicio no implica un perjuicio para la comunidad, ya que no pone en riesgo el territorio.
Guagliardo afirmó que apelará esta medida ante el Tribunal Superior de Justicia provincial y, en caso que no se haga lugar, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ante la posibilidad de un resultado adverso en ambas instancias, se expondrán a un nuevo juicio penal. Sin embargo, el abogado planteó que de ocurrir esto último, “este nuevo juicio va a tener que sortear algunas dificultades, como el plazo de la prescripción. Porque estos hechos del año 2014 se originan en realidad en el 2013, con lo cual la prescripción está más que clara en este caso porque el delito de usurpación tiene una pena prevista de tres años y ya han sucedido distintas etapas procesales y se ha cumplido el plazo que marca la ley. Con lo cual para empezar este nuevo juicio, la querella y la fiscalía van a tener que sortear favorablemente todos estos inconvenientes que son impedimento para que se lleve a cabo el proceso penal”.
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La Justicia argentina cómplice del genocidio por Glifosato
Glifosato: la Corte Suprema y toda la Justicia argentina es cómplice del genocidio
Fecha de Publicación: 20/06/2019
Fuente: Agencia NOVA
Provincia/Región: Nacional
Como profesional del Derecho, el dolor y la impotencia ante tanta connivencia del Poder Judicial es inconmensurable. ¿Cuántos más deben morir para que entiendan que el Roundup glifosato y todas sus formulaciones son cancerígenas? Algunos científicos ya lo consideran más tóxico que el DDT, que para prohibirlo llevó más de 50 años y quien logró tal hazaña y no pudo verlo en vida, fue la bióloga Rachel Carson, quien falleció en 1964.
La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC-OMS) también clasificó a los insecticidas DDT y lindano. El DDT fue clasificado como “probable cancerígeno” en base a pruebas suficientes de que produce cáncer en animales de experimentación y existen “pruebas limitadas” en humanos. En 1973, once años después de la publicación de "Primavera silenciosa", la EPA (Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos) prohibió el uso del DDT. En Argentina, recién se prohibió en 1990.
Pero ya no tendrán justicia los afectados que han fallecido por los efectos de las fumigaciones con agrotóxicos en Argentina. Tal es el caso de la beba Julieta Florencia Sandoval, quien nació el 15 de abril de 2010, y murió a los siete meses, el 13 de diciembre del mismo año, en Bandera, Santiago del Estero. Ya no podía respirar porque sus pulmones eran apretados contra la escoliosis severa de su columna, tenía una traqueotomía, nació con varias malformaciones, hidrocefalia, parálisis facial y parálisis cerebral. Fue concebida en un ambiente impactado por agroquímicos. Un feto que a los 28 días de gestación ya recibía todos los efectos de los tóxicos. Sus padres trabajaban en el campo, su tío y su abuelo eran fumigadores terrestres en los famosos "mosquitos". Su abuelo falleció y su abuela padece varias enfermedades por compartir la misma casa contaminada.
Fabián Tomasi, el fumigador de Basavilbaso, Entre Ríos, falleció a los 52 años en septiembre de 2018. Padecía una polineuropatía tóxica severa. Él no se cansaba difundir los peligros a los que fue expuesto cuando llenaba los tanques de las avionetas con Round Up y distintos cocteles manipulándolos sin ninguna protección, y hasta jugando con las gotas de los picos de la avioneta, donde bajo su sombra, almorzaba a la vera de los sembradíos que serían fumigados minutos después.
Ambos son actores en el amparo y sus desprendimientos a la fecha, pero también fallecieron algunos testigos de ese agrocidio. Entre ellos el científico doctor Andrés Carrasco, en mayo de 2014, investigador del Conicet, quien fue director del laboratorio de Embriología Molecular de la UBA y puso en alerta al país que los intereses de quienes lideran la economía mundial ponían en serio riesgo la salud. Los mismos que hoy festejan la cosecha récord de soja.
El doctor Hugo Néstor “Bubi” Gómez Demaio, con una incalculable prueba fotográfica y empírica de las malformaciones más diversas en los niños de Misiones, nos dejó en julio de 2017 y poco después el 13 de diciembre de 2017 falleció el médico santafesino Rodolfo Páramo, quien denunció los primeros 12 casos de nacimientos con malformaciones en la ciudad de Malabrigo. Mi gran amigo, y todos mis compañeros de Congresos y viajes se han ido y duele seguir esta lucha sin ellos.
A diferencia de los Tribunales estadounidenses, nuestra Justicia Federal Argentina rechazó los autos “Giménez, Alicia Fany y Otros C/ Ministerio de Agroindustria y Otros s/ Medida Cautelar (Autónoma)” donde un grupo de ciudadanos demandaron ponerle un límite a los agrotóxicos.
Los abogados iniciaron la causa madre en el año 2012 ante la Corte Suprema de Argentina, los doctores Horacio Rodolfo Belosi, Miguel Araya, Daniel Eduardo Salaberry, Graciela Cristina Vizcay Gomez, Jorge Alberto Mosset Iturraspe Cravin, y Santiago Andres Kapun. Algunos de ellos fueron letrados en el leading case "Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios"(daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza - Riachuelo) donde la Corte dio cátedra, a diferencia de su actual composición.
Se trata de la demanda contra las provincias de Entre Ríos, Buenos Aires y Santiago del Estero, contra el Ministerio de Agroindustria, contra el Consejo Federal de Medio Ambiente y las empresas Monsanto; Dow AgroSciences, Nidera y Syngenta, entre otras.
Los amparistas buscamos una declaración judicial sobre la determinación científica de la inocuidad de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) de origen animal o vegetal. También se requirió que se ordenara la suspensión provisional de “la comercialización, venta y aplicación de productos que contengan glifosato y sales derivadas” y estén directamente relacionados con el cultivo de soja, maíz, girasol, trigo, algodón, y de todos los actos administrativos que aprobaron desde la Resolución nula N*167/1997. Esa suspensión provisional también abarca la aplicación de agroquímicos, herbicidas, fitosanitarios, fungicidas y/o “cualquier otro paquete químico atado al uso de las semillas transgénicas”, ya sea mediante fumigaciones terrestres (mosquitos, mochilas, aspersores) o aéreas (avión) que contengan glifosato como principio activo o sales derivadas del mismo”.
Cada una de las presentaciones desde el año 2012 a la fecha, fueron sistemáticamente rechazadas por cuanto juzgado sorteado en los que cayera, como si fuera una papa caliente. Aquí en la imagen que adjunto están solo algunas de las causas llevadas a Tribunales que se desprenden del amparo presentado en 2012. Uno de ellos que data del año 2014 espera hoy los votos de la Corte Suprema, y se encuentra en el despacho del juez Rosenkrantz.
El presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, falló o firmó resoluciones sobre 20 empresas que antes de estar en la Corte, defendió como abogado. Las benefició a todas, pese a que el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación es claro en su artículo 17 respecto a la recusación con expresión de causa. Sin embargo, el presidente de la Corte no obedeció el mandato de la ley, contrariando lo dicho en su primer discurso de apertura del año judicial el 19 de marzo último, donde reconoció que el Poder Judicial atraviesa una “crisis de legitimidad” y de “confianza” que “hay dudas de que nos comportemos como verdaderos jueces de la democracia republicana” y que “se empieza a generalizar la sospecha de que servimos a intereses diferentes al derecho”.
A diferencia de Argentina, en Estados Unidos la primer demanda de este tipo que llegó a juicio y condenó a Monsanto a pagar más de 289.25 millones de dólares en daños, incluidos 250 millones de dólares en daños punitivos por ocultar con malicia la peligrosidad del producto estrella de la compañía. La jueza del caso redujo estos últimos a 39.2 millones, en una orden con fecha del 22 de octubre de 2018, dejando el monto final en 79.5 millones y reconfirmando la culpabilidad de Monsanto.
En agosto de 2018, un jardinero de escuelas de 46 años llamado Dwayne Johnson usaba regularmente a Roundup en su trabajo en el distrito escolar en el norte California. Después de pasar años mezclando y rociando la sustancia química, Johnson desarrolló una erupción, que se convirtió en lesiones y luego en linfoma no Hodgkin. El caso fue tramitado de urgencia porque a Johnson le pueden quedar meses de vida. El jurado consideró probado que los agrotóxicos Roundup y Ranger Pro causaron el linfoma y que Monsanto no informó en el marbete la peligrosidad de los formulados, componentes que la sentencia considera que causan cáncer.
En California es obligatorio que todo lo que lleve un componente cancerígeno esté etiquetado. El abogado de Monsanto citó décadas de estudios en los que no existe ninguna relación entre el glifosato y el tipo de cáncer que padece Johnson. Pero la conclusión de que Monsanto "obró de mala fe" se basó en que el Centro Internacional de Investigación del Cáncer, un organismo de la Organización Mundial de la Salud, califica el glifosato como “probablemente cancerígeno” y el fallo encontró al herbicida de la empresa como "un factor sustancial para causar cáncer".
En marzo de 2019, la exposición al Roundup también fue un "factor determinante" en el desarrollo del cáncer de Edwin Hardeman Hardeman, quien fue diagnosticado con linfoma no Hodgkin en febrero de 2015 después de usar Roundup en su propiedad rociandolo más de 300 veces en 26 años.
También a finales de marzo de 2019 condenó a la compañía Monsanto a pagar más de 2.000 millones de dólares a Alva y Alberta Pilliod, un matrimonio de 70 años de San Francisco que usó el herbicida Roundup en sus tierras, y contrajeron cáncer. Monsanto deberá pagarles una indemnización de 2.000 millones de dólares (1.000 millones a cada uno) además de otros 55 millones en compensación por pérdidas económicas y perjuicio moral, entre otros. Alva Pilliod fue diagnosticado con linfoma no Hodgkin en 2011 y Alberta fue diagnosticada en 2015.
A partir de marzo de 2019, el glifosato se ha restringido en 28 países de todo el mundo. En una encuesta de 2016, aproximadamente el 66 por ciento de los encuestados en los cinco países más grandes de la Unión Europea apoyaron la prohibición de los productos con glifosato.
Pero todo lo que antecede parece no ser suficiente para los jueces de Argentina, ni para la Corte Suprema, que rechaza todos los amparos y se convierte en cómplice del genocidio en masa de los más de 44 millones de habitantes que en forma directa e indirecta somos envenenados a diario por todas esas empresas. Que además nos alimentan con la cuota diaria de venenos, talan nuestros bosques, causan inundaciones y el mayor número de alergias y enfermedades que afectan en su mayoría a niños que son los que más expuestos están a los riesgos y a la ubicuidad de los venenos, tanto en zonas de sembradíos como en las ciudades.
Bayer compró Monsanto solo dos meses antes del veredicto de Dwayne Johnson, y deberá enfrentar más de 13 mil juicios en los Estados Unidos. Muchas de las víctimas no llegarán a la sentencia con vida. Y las familias de los jueces también están en la lista, nadie está salvo del Roundup.
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Petrolera provoca desastre en Salta
Una petrolera china quedó en capilla por manejos irregulares en el área Chirete
Fecha de Publicación: 20/06/2019
Fuente: El Tribuno (Salta)
Provincia/Región: Salta
High Luck debe aclarar el destino de 13 millones de litros sacados del pozo LB X-2001. Por denunciar desastres en su finca, un criollo de Los Blancos estuvo detenido 7 días.
En el mejor de los sueños uno imaginaría petróleo que fluye en el fondo de su casa y un porvenir de riqueza asegurado por el oro negro. Sin embargo, para los Robledo, una familia criolla del Chaco salteño, ese sueño hecho realidad se convirtió en la peor de las pesadillas.
En diciembre de 2018 se confirmó un importante hallazgo en Chirete, una de las áreas libres licitadas por el Gobierno provincial en Rivadavia Banda Norte. El nombre de una compañía china, High Luck Group, ganó los titulares de la prensa y sus acciones empezaron a cotizar en alza.
El pasado 24 de mayo, en una inspección, funcionarios de la Secretaría de Energía de Salta advirtieron en el área 16 irregularidades ambientales y operativas por las que pidieron abrir un proceso de sanción.
High Luck y su socia argentina, Pampa Energía, fueron intimadas el 30 de mayo, pero un breve y ambiguo parte oficial, publicado el viernes último, bajó llamativamente los decibeles del lapidario informe.
La inspección que se concretó el 24 de mayo había sido reclamada por los herederos de Fernando Robledo, titular registral de una finca ubicada a 3 kilómetros de la localidad de Los Blancos.
El descubrimiento de petróleo se produjo dentro de ese inmueble rural identificado con el catastro 1728 de Rivadavia.
Por exigir el resarcimiento de los daños, Jorge Robledo, uno de los más de 20 herederos declarados en la sucesión, estuvo detenido siete días ¿La razón? Un piquete que él y otros familiares hicieron el camino vecinal que lleva al pozo petrolero, a través de su propia finca, en reclamo de Justicia.
Adónde fue el petróleo
Según registros del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), Chirete produjo desde diciembre de 2018 hasta marzo último cerca de 13 millones de litros de crudo. El IAPG es la entidad civil que inversores de todo el mundo tienen como referente técnica de la industria hidrocarburífera del país desde hace 62 años. Aunque en sus registros el área aparece con producción, High Luck y Pampa Energía aún no tienen oficializada la concesión, porque el pasado 22 de febrero la Secretaría de Energía les extendió la vigencia del permiso de exploración hasta noviembre próximo.
El pasado 30 de mayo, el mismo organismo provincial intimó al grupo empresario para que aclare el destino del petróleo que fue retirado del área, desde fines de 2018, en camiones tanque.
Según las estadísticas del IAPG, actualizadas hasta el primer trimestre del año, en diciembre Chirete produjo un promedio de 3 metros cúbicos diarios (m3/día) de crudo.
En enero los bombeos se incrementaron a 70 m3/día. En febrero, la producción saltó a 206 m3/día y al mes siguiente sumó otros 165 m3/día hasta el 17 de marzo, cuando cerraron el pozo de Los Blancos "para recuperar presión". Así lo manifestó el personal del área a los funcionarios provinciales que realizaron la exhaustiva inspección. Esa comisión estuvo integrada por el director de Hidrocarburos, Jorge Guantay; otro profesional de esa dependencia, Mariano Villagra, y la jefa del Programa de Fiscalización Ambiental, Mariana López Martínez.
En su informe, tras describir desmontes y aperturas de caminos irregulares, los tres funcionarios pidieron iniciar los procesos de sanción correspondientes contra High Luck y Pampa Energía, conforme lo establece la ley provincial 7070 de protección del medio ambiente.
La Justicia avaló los atropellos en el área Chirete
La familia criolla que litiga contra las petroleras High Luck y Pampa Energía en Los Blancos, por las afectaciones sufridas en su finca, se siente traicionada por la Justicia.
Los damnificados son más de 20 herederos de la sucesión de Fernando Robledo, en la que la jueza Civil y Comercial 1 de Orán, Eugenia Fernández de Ulivarri, designó como administradora judicial a la abogada Romina Aída Tapia el 21 de marzo de 2018.
Dos meses después de su posesionamiento, Tapia firmó con High Luck un contrato de servidumbre que los herederos de Fernando Robledo consideran ilegítimo. “En el nombramiento de la administradora de la sucesión, la jueza pasó por alto el consentimiento que establece el artículo 733 del Código Procesal Civil y Comercial de Salta”, denunciaron.
En el polémico acuerdo, la administradora judicial y High Luck pactaron el pago de una suma total de $250 mil por la servidumbre, el permiso de acceso, la ocupación parcial de la finca, las intervenciones planificadas por la petrolera asiática, los daños emergentes y el lucro cesante. Además, por una de las cláusulas, la empresa quedó eximida de la obligación de depositar la suma pactada mientras no se cuente con la homologación judicial del convenio.
Al tomar conocimiento del acuerdo, por una copia que les entregó la propia petrolera, los Robledo desconocieron su validez con una carta documento que remitieron el 29 de junio de 2018. “Esto se hizo antes de que entrara en vigencia el acuerdo”, remarcó el abogado Mario Torrente, quien representa a la mayor parte de los herederos declarados en la sucesión.
Ante el atropello de derechos, los Robledo recurrieron a profesionales que elaboraron un informe ambiental. En ese estudio, los daños relevados en la finca de 6.000 hectáreas se estimaron en 1,2 millones de dólares.
En diciembre de 2018, los superficiarios afectados citaron a la operadora asiática del área Chirete a una mediación. Los apoderados de la empresa se presentaron a la audiencia solo para pedir el cierre de la mediación sin escuchar los motivos del reclamo.
Poco después, Felipe Fernando Robledo presentó una denuncia contra la administradora judicial de la sucesión y pidió su remoción por “mal desempeño”.
El pasado 26 de marzo, los criollos afectados presentaron una demanda por daños y perjuicios, junto a una medida cautelar de no innovar, ante la jueza Civil y Comercial 6 de Salta, María Alejandra Filtrín, quien se declaró incompetente. El pronunciamiento de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Salta se hace esperar en la Sala 5 del tribunal.
Desde el 30 de abril, con sendas notas, los Robledo también denunciaron manejos irregulares de la petrolera en sus tierras y solicitaron que intervenga la Secretaría de Energía. La inspección concretada el pasado 24 de mayo confirmó muchas de las irregularidades que los superficiarios afectados atribuyeron a las petroleras que están asociadas en el área Chirete. Sin embargo, la Justicia siguió ausente en Los Blancos.
Cansados e impotentes ante la continuidad de los atropellos, los puesteros damnificados decidieron manifestarse con un piquete en el camino de acceso que se desprende de la ruta nacional 81, hacia la locación del pozo LB X-2001, a lo largo de siete kilómetros que atraviesan su finca ganadera.
Aquella protesta terminó con uno de los herederos declarados, Jorge Nelson Robledo, detenido el 1 de junio. El maestro chaqueño, que se jubiló en octubre de 2018, fue liberado siete días después por el juez Nelso Aramayo de Tartagal. La fiscal de Embarcación, Gabriela Souto, había pedido que siga detenido por desobediencia judicial, resistencia a la autoridad y interrupción del transporte. Un video prueba que en ningún momento se resistió al arresto.
El piquete sí impidió que la High Luck y Pampa Energía (accionista de la refinería de Campo Durán) sacaran camiones tanque con petróleo. Fueron cientos de viajes con un destino que aún espera ser aclarado públicamente, porque según el IAPG salieron de Chirete cerca de 13 millones entre diciembre de 2018 y marzo último.
High Luck, en inglés significa “Mucha suerte”. Y, según parece, la necesitará para sortear sanciones.
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Fecha de Publicación: 20/06/2019
Fuente: El Tribuno (Salta)
Provincia/Región: Salta
High Luck debe aclarar el destino de 13 millones de litros sacados del pozo LB X-2001. Por denunciar desastres en su finca, un criollo de Los Blancos estuvo detenido 7 días.
En el mejor de los sueños uno imaginaría petróleo que fluye en el fondo de su casa y un porvenir de riqueza asegurado por el oro negro. Sin embargo, para los Robledo, una familia criolla del Chaco salteño, ese sueño hecho realidad se convirtió en la peor de las pesadillas.
En diciembre de 2018 se confirmó un importante hallazgo en Chirete, una de las áreas libres licitadas por el Gobierno provincial en Rivadavia Banda Norte. El nombre de una compañía china, High Luck Group, ganó los titulares de la prensa y sus acciones empezaron a cotizar en alza.
El pasado 24 de mayo, en una inspección, funcionarios de la Secretaría de Energía de Salta advirtieron en el área 16 irregularidades ambientales y operativas por las que pidieron abrir un proceso de sanción.
High Luck y su socia argentina, Pampa Energía, fueron intimadas el 30 de mayo, pero un breve y ambiguo parte oficial, publicado el viernes último, bajó llamativamente los decibeles del lapidario informe.
La inspección que se concretó el 24 de mayo había sido reclamada por los herederos de Fernando Robledo, titular registral de una finca ubicada a 3 kilómetros de la localidad de Los Blancos.
El descubrimiento de petróleo se produjo dentro de ese inmueble rural identificado con el catastro 1728 de Rivadavia.
Por exigir el resarcimiento de los daños, Jorge Robledo, uno de los más de 20 herederos declarados en la sucesión, estuvo detenido siete días ¿La razón? Un piquete que él y otros familiares hicieron el camino vecinal que lleva al pozo petrolero, a través de su propia finca, en reclamo de Justicia.
Adónde fue el petróleo
Según registros del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), Chirete produjo desde diciembre de 2018 hasta marzo último cerca de 13 millones de litros de crudo. El IAPG es la entidad civil que inversores de todo el mundo tienen como referente técnica de la industria hidrocarburífera del país desde hace 62 años. Aunque en sus registros el área aparece con producción, High Luck y Pampa Energía aún no tienen oficializada la concesión, porque el pasado 22 de febrero la Secretaría de Energía les extendió la vigencia del permiso de exploración hasta noviembre próximo.
El pasado 30 de mayo, el mismo organismo provincial intimó al grupo empresario para que aclare el destino del petróleo que fue retirado del área, desde fines de 2018, en camiones tanque.
Según las estadísticas del IAPG, actualizadas hasta el primer trimestre del año, en diciembre Chirete produjo un promedio de 3 metros cúbicos diarios (m3/día) de crudo.
En enero los bombeos se incrementaron a 70 m3/día. En febrero, la producción saltó a 206 m3/día y al mes siguiente sumó otros 165 m3/día hasta el 17 de marzo, cuando cerraron el pozo de Los Blancos "para recuperar presión". Así lo manifestó el personal del área a los funcionarios provinciales que realizaron la exhaustiva inspección. Esa comisión estuvo integrada por el director de Hidrocarburos, Jorge Guantay; otro profesional de esa dependencia, Mariano Villagra, y la jefa del Programa de Fiscalización Ambiental, Mariana López Martínez.
En su informe, tras describir desmontes y aperturas de caminos irregulares, los tres funcionarios pidieron iniciar los procesos de sanción correspondientes contra High Luck y Pampa Energía, conforme lo establece la ley provincial 7070 de protección del medio ambiente.
La Justicia avaló los atropellos en el área Chirete
La familia criolla que litiga contra las petroleras High Luck y Pampa Energía en Los Blancos, por las afectaciones sufridas en su finca, se siente traicionada por la Justicia.
Los damnificados son más de 20 herederos de la sucesión de Fernando Robledo, en la que la jueza Civil y Comercial 1 de Orán, Eugenia Fernández de Ulivarri, designó como administradora judicial a la abogada Romina Aída Tapia el 21 de marzo de 2018.
Dos meses después de su posesionamiento, Tapia firmó con High Luck un contrato de servidumbre que los herederos de Fernando Robledo consideran ilegítimo. “En el nombramiento de la administradora de la sucesión, la jueza pasó por alto el consentimiento que establece el artículo 733 del Código Procesal Civil y Comercial de Salta”, denunciaron.
En el polémico acuerdo, la administradora judicial y High Luck pactaron el pago de una suma total de $250 mil por la servidumbre, el permiso de acceso, la ocupación parcial de la finca, las intervenciones planificadas por la petrolera asiática, los daños emergentes y el lucro cesante. Además, por una de las cláusulas, la empresa quedó eximida de la obligación de depositar la suma pactada mientras no se cuente con la homologación judicial del convenio.
Al tomar conocimiento del acuerdo, por una copia que les entregó la propia petrolera, los Robledo desconocieron su validez con una carta documento que remitieron el 29 de junio de 2018. “Esto se hizo antes de que entrara en vigencia el acuerdo”, remarcó el abogado Mario Torrente, quien representa a la mayor parte de los herederos declarados en la sucesión.
Ante el atropello de derechos, los Robledo recurrieron a profesionales que elaboraron un informe ambiental. En ese estudio, los daños relevados en la finca de 6.000 hectáreas se estimaron en 1,2 millones de dólares.
En diciembre de 2018, los superficiarios afectados citaron a la operadora asiática del área Chirete a una mediación. Los apoderados de la empresa se presentaron a la audiencia solo para pedir el cierre de la mediación sin escuchar los motivos del reclamo.
Poco después, Felipe Fernando Robledo presentó una denuncia contra la administradora judicial de la sucesión y pidió su remoción por “mal desempeño”.
El pasado 26 de marzo, los criollos afectados presentaron una demanda por daños y perjuicios, junto a una medida cautelar de no innovar, ante la jueza Civil y Comercial 6 de Salta, María Alejandra Filtrín, quien se declaró incompetente. El pronunciamiento de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Salta se hace esperar en la Sala 5 del tribunal.
Desde el 30 de abril, con sendas notas, los Robledo también denunciaron manejos irregulares de la petrolera en sus tierras y solicitaron que intervenga la Secretaría de Energía. La inspección concretada el pasado 24 de mayo confirmó muchas de las irregularidades que los superficiarios afectados atribuyeron a las petroleras que están asociadas en el área Chirete. Sin embargo, la Justicia siguió ausente en Los Blancos.
Cansados e impotentes ante la continuidad de los atropellos, los puesteros damnificados decidieron manifestarse con un piquete en el camino de acceso que se desprende de la ruta nacional 81, hacia la locación del pozo LB X-2001, a lo largo de siete kilómetros que atraviesan su finca ganadera.
Aquella protesta terminó con uno de los herederos declarados, Jorge Nelson Robledo, detenido el 1 de junio. El maestro chaqueño, que se jubiló en octubre de 2018, fue liberado siete días después por el juez Nelso Aramayo de Tartagal. La fiscal de Embarcación, Gabriela Souto, había pedido que siga detenido por desobediencia judicial, resistencia a la autoridad y interrupción del transporte. Un video prueba que en ningún momento se resistió al arresto.
El piquete sí impidió que la High Luck y Pampa Energía (accionista de la refinería de Campo Durán) sacaran camiones tanque con petróleo. Fueron cientos de viajes con un destino que aún espera ser aclarado públicamente, porque según el IAPG salieron de Chirete cerca de 13 millones entre diciembre de 2018 y marzo último.
High Luck, en inglés significa “Mucha suerte”. Y, según parece, la necesitará para sortear sanciones.
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Frenan desmontes en Chaco
Desmonte ilegal: Operativo conjunto en Taco Pozo para detener a una topadora
Fecha de Publicación: 20/06/2019
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
El accionar se llevó adelante en el marco del pedido del gobernador Domingo Peppo de incrementar los controles para reprimir los desmontes clandestinos, en custodia de los bosques nativos.
El Ministerio de Producción, continúa realizando operativos de Fiscalización Forestal en varios puntos de la provincia del Chaco; en este caso, a través de inspectores de la Dirección de Bosques y con la colaboración de la Policía del Chaco, detuvieron una topadora que se encontraba realizando tareas de desmonte sin permiso.
Estos operativos se profundizaron desde una instrucción impuesta por el Ejecutivo en virtud de incrementar los controles para reprimir los desmontes clandestinos, en custodia de los bosques nativos. El operativo más relevante se llevó adelante en la zona rural de la localidad de Taco Pozo, donde se pudo detener el trabajo ilegal de una topadora.
La intervención se dio gracias al servicio de detección que elaboró el Centro Geo Información dependiente de la Subsecretaría de Recursos Naturales, en la cual a través del análisis de imágenes satelitales, se percibió un desmonte sin permiso en un predio. Inmediatamente el sistema de información geográfico utilizado cruzó la información con el catastro provincial, identificando catastralmente el inmueble afectado y los datos identificatorios del titular.
Con esta información, el Departamento de Fiscalización y control de la Dirección de Bosques ordenó la inspección y se solicitó el auxilio de la Policía de la Provincia del Chaco para el operativo, para resguardar la integridad de los funcionarios e inspectores actuantes.
Previo al operativo, se tuvo que solicitar a través de los abogados de la Dirección de Bosques la orden judicial de allanamiento al juzgado de paz de la localidad de Taco Pozo, autoridad judicial competente.
Como resultados se detuvo el avance de la topadora y se procedió al secuestro judicial de la Topadora y el tractor con Rolo utilizado para el desmonte. Además, se labraron las actas de inspección y de infracción correspondiente.
Controles en tránsito
Independientemente, de los controles sobre desmontes clandestinos, se efectuaron inspecciones sobre el transporte de productos forestales. Así, se destaca los controles realizados sobre la ruta nacional 16, en inmediaciones de la localidad de Puerto Tirol.
Esta actividad de fiscalización es central para la custodia de los bosques nativos porque se enfoca en supervisar que la madera nativa obtenida provenga de un permiso otorgado por el organismo, y por el otro lado, verificar que los productos logrados se industrialicen en la provincia del chaco, generando valor agregado con mano de obra local, por las industrias chaqueñas.
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Fecha de Publicación: 20/06/2019
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
El accionar se llevó adelante en el marco del pedido del gobernador Domingo Peppo de incrementar los controles para reprimir los desmontes clandestinos, en custodia de los bosques nativos.
El Ministerio de Producción, continúa realizando operativos de Fiscalización Forestal en varios puntos de la provincia del Chaco; en este caso, a través de inspectores de la Dirección de Bosques y con la colaboración de la Policía del Chaco, detuvieron una topadora que se encontraba realizando tareas de desmonte sin permiso.
Estos operativos se profundizaron desde una instrucción impuesta por el Ejecutivo en virtud de incrementar los controles para reprimir los desmontes clandestinos, en custodia de los bosques nativos. El operativo más relevante se llevó adelante en la zona rural de la localidad de Taco Pozo, donde se pudo detener el trabajo ilegal de una topadora.
La intervención se dio gracias al servicio de detección que elaboró el Centro Geo Información dependiente de la Subsecretaría de Recursos Naturales, en la cual a través del análisis de imágenes satelitales, se percibió un desmonte sin permiso en un predio. Inmediatamente el sistema de información geográfico utilizado cruzó la información con el catastro provincial, identificando catastralmente el inmueble afectado y los datos identificatorios del titular.
Con esta información, el Departamento de Fiscalización y control de la Dirección de Bosques ordenó la inspección y se solicitó el auxilio de la Policía de la Provincia del Chaco para el operativo, para resguardar la integridad de los funcionarios e inspectores actuantes.
Previo al operativo, se tuvo que solicitar a través de los abogados de la Dirección de Bosques la orden judicial de allanamiento al juzgado de paz de la localidad de Taco Pozo, autoridad judicial competente.
Como resultados se detuvo el avance de la topadora y se procedió al secuestro judicial de la Topadora y el tractor con Rolo utilizado para el desmonte. Además, se labraron las actas de inspección y de infracción correspondiente.
Controles en tránsito
Independientemente, de los controles sobre desmontes clandestinos, se efectuaron inspecciones sobre el transporte de productos forestales. Así, se destaca los controles realizados sobre la ruta nacional 16, en inmediaciones de la localidad de Puerto Tirol.
Esta actividad de fiscalización es central para la custodia de los bosques nativos porque se enfoca en supervisar que la madera nativa obtenida provenga de un permiso otorgado por el organismo, y por el otro lado, verificar que los productos logrados se industrialicen en la provincia del chaco, generando valor agregado con mano de obra local, por las industrias chaqueñas.
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Forman una red federal para asistir varamientos
Crean una red federal para asistir varamientos de fauna marina en las costas argentinas
Fecha de Publicación: 20/06/2019
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Nacional
La Secretaría de Ambiente de la Nación en conjunto con provincias costeras, organizaciones y referentes académicos crearon hoy la Red Federal de Asistencia a Varamientos de Fauna Marina, para rescatar a ballenas, orcas, delfines, elefantes, lobos, aves y tortugas marinas en situación de riesgo en las costas.
"El rescate de fauna marina se da en situaciones complejas, donde cada minuto cuenta, y en muchos casos involucra a especies amenazadas. Esta red nos permite estar mejor preparados, reforzar las capacidades de respuesta y ampliar las estrategias preventivas", aseguró Javier García Espil, director nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos.
Según comentó, los eventos de animales marinos en situación de riesgo en las costas argentinas incrementaron en los últimos años.
"La iniciativa para fortalecer la conservación de la biodiversidad en un marco de ordenamiento ambiental de los espacios costeros y marítimos", destacó.
En este sentido, habrá manuales de procedimiento para la atención de fauna marina en situación de vulnerabilidad siguiendo estándares internacionales y se favorecerá el intercambio de información entre las provincias y organismos.
Además, se creará un registro nacional de varamientos para identificar los problemas ambientales que afecten a la fauna en nuestras costas y mares.
La red está integrada por las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Entre Ríos, la Administración de Parques Nacionales, Prefectura Naval Argentina, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y participan organizaciones de la sociedad civil y las principales instituciones académicas que trabajan en la temática.
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Ambiente presenta un plan contra los cebos tóxicos
Ambiente presentó la Estrategia Nacional Contra el Uso de Cebos Tóxicos
Fecha de Publicación: 19/06/2019
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación junto a la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de Mendoza y la Fundación Bioandina Argentina presentaron la Estrategia Nacional Contra el Uso de Cebos Tóxicos, en el marco de un trabajo articulado para preservar al cóndor, ave emblemática y especie clave en el equilibrio del ecosistema andino.
En representación de la Secretaría de Ambiente de la Nación, que conduce Sergio Bergman, estuvieron presentes Mariela Chervin, subsecretaria Interjurisdiccional e Interinstitucional, y Catalina Caillet-Bois, directora de Educación Ambiental. “Estamos en Mendoza, en el lanzamiento de esta estrategia, que trabajamos desde nuestra Secretaría junto con la Fundación Bioandina, con la Secretaría de Ambiente provincial y con cada una de las 14 provincias que tienen distribución del cóndor en nuestro país. Estamos inaugurando una muestra participativa de concientización, junto con un taller con actores locales donde apuntamos a construir el contenido de la estrategia y del protocolo de actuación ante casos de envenenamiento”, detalló Chervin en relación a esta iniciativa de preservación y conservación.
La muestra mencionada es una exposición científica, cultural y educativa sobre el Programa Conservación del Cóndor Andino que se realiza en el Museo de la Educación de Mendoza, como parte de una campaña de concientización orientada a desestimar el uso de cebos tóxicos. Allí se entregaron kits de intervención de urgencia ante casos de envenenamiento, que están destinados a las 14 provincias donde habita el cóndor andino para trabajar bajo protocolos de bioseguridad, facilitando la toma de muestras para estudios científicos y acciones legales y permitiendo sanear las zonas donde se haya cometido envenenamiento.
En relación a este equipamiento, la subsecretaria nacional detalló: “Este kit, que se entrega a la autoridad ambiental provincial, está compuesto por elementos de bioseguridad para el personal que trabaja a campo ante la detección de estos casos. También contiene elementos para la toma de muestras y posterior realización de análisis toxicológicos; es un equipamiento para documentar los hallazgos y poder diseñar políticas públicas en la materia. Entre ellos, GPS para georeferenciar lo que se encuentra a campo y cámaras de fotos especiales”.
La Estrategia Nacional Contra el Uso de Cebos Tóxicos está orientada a la elaboración de una guía de buenas prácticas sobre el cuidado de la fauna local y parte de la construcción participativa de las instituciones protagónicas involucradas en esta problemática. Las acciones previstas se sustentan en cinco pilares fundamentales: campañas educativas, encuestas a pobladores rurales, talleres de capacitación, entrega de kits de urgencia y estudios de toxicología.
Estuvieron presentes, además, autoridades de Gendarmería Nacional, Policía Rural, ONG, referentes académicos y guardaparques.
Por su parte, mañana se realizará una jornada de capacitación sobre el cóndor andino y la problemática del uso de cebos tóxicos. En ese contexto, Luis Jácome, de la Fundación Bioandina, presentará el Programa Conservación del Cóndor Andino —que contempla la rehabilitación de ejemplares de esta especie y su posterior liberación al entorno natural—, y abordará las principales amenazas que afectan al animal, en particular el impacto negativo que sufre derivado del uso de cebos tóxicos.
Asimismo, representantes la Secretaría de Ambiente de Mendoza expondrán sobre el “caso Los Molles”, en relación al hallazgo de 34 cóndores muertos por envenenamiento en la localidad mendocina de Malargüe, en enero de 2018.
Durante la jornada, Rayén Estrada Pacheco, de la Fundación Bioandina, hablará sobre la problemática del uso de cebos tóxicos para la vida silvestre y la salud humana, y, luego, sobre los protocolos de actuación ante casos de envenenamiento por la utilización de estos productos.
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Fecha de Publicación: 19/06/2019
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación junto a la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de Mendoza y la Fundación Bioandina Argentina presentaron la Estrategia Nacional Contra el Uso de Cebos Tóxicos, en el marco de un trabajo articulado para preservar al cóndor, ave emblemática y especie clave en el equilibrio del ecosistema andino.
En representación de la Secretaría de Ambiente de la Nación, que conduce Sergio Bergman, estuvieron presentes Mariela Chervin, subsecretaria Interjurisdiccional e Interinstitucional, y Catalina Caillet-Bois, directora de Educación Ambiental. “Estamos en Mendoza, en el lanzamiento de esta estrategia, que trabajamos desde nuestra Secretaría junto con la Fundación Bioandina, con la Secretaría de Ambiente provincial y con cada una de las 14 provincias que tienen distribución del cóndor en nuestro país. Estamos inaugurando una muestra participativa de concientización, junto con un taller con actores locales donde apuntamos a construir el contenido de la estrategia y del protocolo de actuación ante casos de envenenamiento”, detalló Chervin en relación a esta iniciativa de preservación y conservación.
La muestra mencionada es una exposición científica, cultural y educativa sobre el Programa Conservación del Cóndor Andino que se realiza en el Museo de la Educación de Mendoza, como parte de una campaña de concientización orientada a desestimar el uso de cebos tóxicos. Allí se entregaron kits de intervención de urgencia ante casos de envenenamiento, que están destinados a las 14 provincias donde habita el cóndor andino para trabajar bajo protocolos de bioseguridad, facilitando la toma de muestras para estudios científicos y acciones legales y permitiendo sanear las zonas donde se haya cometido envenenamiento.
En relación a este equipamiento, la subsecretaria nacional detalló: “Este kit, que se entrega a la autoridad ambiental provincial, está compuesto por elementos de bioseguridad para el personal que trabaja a campo ante la detección de estos casos. También contiene elementos para la toma de muestras y posterior realización de análisis toxicológicos; es un equipamiento para documentar los hallazgos y poder diseñar políticas públicas en la materia. Entre ellos, GPS para georeferenciar lo que se encuentra a campo y cámaras de fotos especiales”.
La Estrategia Nacional Contra el Uso de Cebos Tóxicos está orientada a la elaboración de una guía de buenas prácticas sobre el cuidado de la fauna local y parte de la construcción participativa de las instituciones protagónicas involucradas en esta problemática. Las acciones previstas se sustentan en cinco pilares fundamentales: campañas educativas, encuestas a pobladores rurales, talleres de capacitación, entrega de kits de urgencia y estudios de toxicología.
Estuvieron presentes, además, autoridades de Gendarmería Nacional, Policía Rural, ONG, referentes académicos y guardaparques.
Por su parte, mañana se realizará una jornada de capacitación sobre el cóndor andino y la problemática del uso de cebos tóxicos. En ese contexto, Luis Jácome, de la Fundación Bioandina, presentará el Programa Conservación del Cóndor Andino —que contempla la rehabilitación de ejemplares de esta especie y su posterior liberación al entorno natural—, y abordará las principales amenazas que afectan al animal, en particular el impacto negativo que sufre derivado del uso de cebos tóxicos.
Asimismo, representantes la Secretaría de Ambiente de Mendoza expondrán sobre el “caso Los Molles”, en relación al hallazgo de 34 cóndores muertos por envenenamiento en la localidad mendocina de Malargüe, en enero de 2018.
Durante la jornada, Rayén Estrada Pacheco, de la Fundación Bioandina, hablará sobre la problemática del uso de cebos tóxicos para la vida silvestre y la salud humana, y, luego, sobre los protocolos de actuación ante casos de envenenamiento por la utilización de estos productos.
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Riachuelo: prorrogarían la emergencia social
Promueven en la Legislatura una prórroga a la emergencia social de la Cuenta Matanza Riachuelo
Fecha de Publicación: 19/06/2019
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Riachuelo
Los bloques de Vamos Juntos y Evolución de la Legislatura presentaron sendos proyectos para prorrogar la vigencia de la ley que declaró la emergencia social, urbanística, ambiental y sanitaria de la Cuenca Matanza Riachuelo en la Ciudad, que fue aprobada en 2011 para "asegurar un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano" en esa zona del sur capitalino.
Las iniciativas fueron elaboradas por la legisladora Mercedes De las Casas, del oficialismo; y Patricia Vischi, de Evolución, y promueven la extensión de la ley por cinco y tres años, respectivamente; al tiempo que estipulan una serie de modificaciones respecto del artículo de la norma que obliga informar en la Legislatura por el estado de situación de la Cuenca.
La ley 3947 fijó las acciones que debía llevar adelante la Ciudad tendientes a asegurar el cumplimiento de las metas contempladas en el Plan Integral de Saneamiento Ambiental, acordado en el ámbito de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACuMaR).
En su aprobación inicial, contemplaba cinco años de vigencia de la emergencia, en tanto que en 2016 se aprobó en la Legislatura una prórroga por tres años más, lo que caducará en septiembre próximo, por lo cual se planteó una nueva extensión hasta 2022.
Al respecto, la legisladora De las Casas indicó que "corresponde propiciar su prórroga una vez más, toda vez que el proceso de saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo aún no ha concluido, sin perjuicio de evidenciarse un gran avance".
Por su parte, Vischi sostuvo que "es indudable que se han realizado obras luego de estos ocho años de trabajo para la recuperación de la calidad de vida de los vecinos lindantes con la Cuenca. Pero la difícil situación inicial impidió dar por cumplido los objetivos marcados por la legislación, por lo que es menester dar un nuevo tiempo prudencial para poder dar por concluidas las tareas".
En tanto, los dos proyectos que serán debatidos por la Comisión de Ambiente de la Legislatura contemplan una serie de cambios a la redacción del artículo 7 de la ley de emergencia, el que establece la realización de una reunión anual en la Legislatura para que el Ejecutivo porteño dé detalles del estado de situación de la Cuenca.
En ese marco, la propuesta de Vischi agrega que, además de la reunión, el Ejecutivo deba enviar "con al menos 30 días de antelación un cuadro sintético de los avances obtenidos en la mejora de la calidad de vida de la población afectada".
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Fecha de Publicación: 19/06/2019
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Riachuelo
Los bloques de Vamos Juntos y Evolución de la Legislatura presentaron sendos proyectos para prorrogar la vigencia de la ley que declaró la emergencia social, urbanística, ambiental y sanitaria de la Cuenca Matanza Riachuelo en la Ciudad, que fue aprobada en 2011 para "asegurar un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano" en esa zona del sur capitalino.
Las iniciativas fueron elaboradas por la legisladora Mercedes De las Casas, del oficialismo; y Patricia Vischi, de Evolución, y promueven la extensión de la ley por cinco y tres años, respectivamente; al tiempo que estipulan una serie de modificaciones respecto del artículo de la norma que obliga informar en la Legislatura por el estado de situación de la Cuenca.
La ley 3947 fijó las acciones que debía llevar adelante la Ciudad tendientes a asegurar el cumplimiento de las metas contempladas en el Plan Integral de Saneamiento Ambiental, acordado en el ámbito de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACuMaR).
En su aprobación inicial, contemplaba cinco años de vigencia de la emergencia, en tanto que en 2016 se aprobó en la Legislatura una prórroga por tres años más, lo que caducará en septiembre próximo, por lo cual se planteó una nueva extensión hasta 2022.
Al respecto, la legisladora De las Casas indicó que "corresponde propiciar su prórroga una vez más, toda vez que el proceso de saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo aún no ha concluido, sin perjuicio de evidenciarse un gran avance".
Por su parte, Vischi sostuvo que "es indudable que se han realizado obras luego de estos ocho años de trabajo para la recuperación de la calidad de vida de los vecinos lindantes con la Cuenca. Pero la difícil situación inicial impidió dar por cumplido los objetivos marcados por la legislación, por lo que es menester dar un nuevo tiempo prudencial para poder dar por concluidas las tareas".
En tanto, los dos proyectos que serán debatidos por la Comisión de Ambiente de la Legislatura contemplan una serie de cambios a la redacción del artículo 7 de la ley de emergencia, el que establece la realización de una reunión anual en la Legislatura para que el Ejecutivo porteño dé detalles del estado de situación de la Cuenca.
En ese marco, la propuesta de Vischi agrega que, además de la reunión, el Ejecutivo deba enviar "con al menos 30 días de antelación un cuadro sintético de los avances obtenidos en la mejora de la calidad de vida de la población afectada".
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Contaminación y vulnerabilidad en el conurbano
Conurbano sur: contaminación hídrica y vulnerabilidad social
Fecha de Publicación: 18/06/2019
Fuente: InfoBAE
Provincia/Región: Buenos Aires
En el marco del Programa de Estudios en Ambiente y Territorio (PEAT), creado con el objetivo de generar un impacto en la comunidad, la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) busca fortalecer el trabajo de los vecinos, los municipios y las industrias para una gestión sustentable del recurso hídrico en la cuenca del arroyo Las Conchitas, cuya jurisdicción es compartida por Florencio Varela y Berazategui. El equipo de investigación es conducido por Alejandro Crojethovich, doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que cuenta además con un Ph. D. en Ecología y Medio Ambiente de la Universidad Complutense de Madrid.
Al referirse a las características de Las Conchitas, este investigador aclara que se trata de "un arroyo de llanura, que no tiene un escurrimiento de agua muy poderoso y al que le cuesta depurarse", al tiempo que puntualiza que la contaminación del arroyo "depende de los usos del suelo y varía entre la cuenca alta, donde las condiciones ambientales son mejores, y la cuenca media y baja, donde empieza a haber usos industriales y la contaminación es mucho más marcada". Respecto de la vulnerabilidad social, Crojethovich señala: "Una mala calidad del agua y la presencia de población con un bajo nivel socioeconómico, instalada cerca del arroyo, permite extraer conclusiones respecto de la mayor vulnerabilidad frente a su crecida o en lo que se refiere al contacto de población local con el agua del arroyo, que se filtra a las napas y, en definitiva, va a parar a las canillas". "Toda esa conjunción crea una situación de vulnerabilidad frente a los recursos contaminados", añade.
En cuanto al trabajo de campo, una integrante del equipo de investigación, Clarisa Cánepa, estudiante de la Lienciatura en Gestión Ambiental de la UNAJ y becaria del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), explica que han venido realizando un seguimiento mediante un sistema de información geográfica (SIG) y mediante la toma de muestras en el campo cada 50 días. "Para determinar la calidad del agua ?explica? se medieron varios parámetros, entre ellos el oxígeno disuelto, la acidez (pH) y la demanda química de oxígeno (DQO)".
Al analizar el impacto del cambio climático, Crojethovich señala: "Los sistemas urbanos van a ser más golpeados por los efectos del cambio climático: desbordes de agua del arroyo, inundaciones que invaden las casas y enfermedades hídricas por contaminación industrial. Todo ese se va a ir exacerbando. El cambio climático es inevitable, pero cuanto más resiliente sea la sociedad, el golpe será menor y la adaptabilidad mayor". En ese sentido, advierte: "Si se logra organizar en el territorio a los actores sociales, se puede prever que frente a un brusco cambio climático, la población tenga más resiliencia y pueda enfrenta mejor esos cambios".
"Estamos evaluando cómo diferentes actores sociales que utilizan el agua, como son las industrias, los municipios y la propia población, se pueden organizar para lograr que haya una gestión más sustentable del recurso, pensando, además, que se encuentran en una zona que en el mediano y largo plazo va ser fuertemente impactada por el cambio climático", añade. En concreto, se están organizando talleres con la población, se están iniciando conversaciones con distintas cámaras empresarias locales y, a partir de un programa de pasantías implementado por el Municipio de Florencio Varela, dos alumnos de la UNAJ se han incroporado como inspectores municipales.
El objetivo final es, tal como destaca Crojethovich, que esta cuenca "se convierta, a nivel del Conurbano, en una prueba piloto donde haya un monitoreo constante y se pueda ir evaluando cómo evoluciona la relación entre los distintos actores". "La Universidad es la catalizadora de ese proceso de reunir a los actores que intervienen en el territorio para que trabajen juntos y puedan consensuar pautas para la gestión de los recursos hídricos", concluye.
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Ya hay dos proyectos para modificar la ley 7.722
La Legislatura analiza dos proyectos para actualizar la ley 7.722
Fecha de Publicación: 18/06/2019
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
El primero trata sobre la creación de los Parques Industriales Mineros Controlados, y el segundo sobre la modificación misma de la norma.
La tan aclamada “Ley del agua”, militada por quienes se decían protectores del medio ambiente, demostró no haber cumplido con el fin esperado por la misma norma dado que aquel supuesto control que debía ejercer dicho cuerpo normativo sobre la actividad minera metalífera en la Provincia de Mendoza nunca llegó a efectivizarse.
Desde la sanción de la ley 7.722, en 2007, ningún proyecto minero ha sido aprobado en la Legislatura de la Provincia. Con este antecedente se confirma aquel argumento tan negado por los detractores de la minería de que ésta no era una ley anti-minera, sino que el objeto de la misma era controlar a la actividad y cuidar el medio ambiente.
El actual artículo 3 de la ley 7.722 pone como exigencia que los proyectos mineros metalíferos que hayan obtenido la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental (DIA), deban ser ratificados por ley. Lo cierto es que desde la sanción de dicha ley, el fin para lo cual la mencionada norma fue sancionada, nunca llegó a cumplirse dado que, desde entonces, ningún proyecto ha pasado el filtro de la Legislatura, convirtiendo a aquella ratificación, en un mero embudo partidista de la política mendocina.
En el transcurso de estos 11 años, desde la sanción de aquella ley, se ha dictado una serie de normas que sí tendieron a proteger el patrimonio medioambiental de los mendocinos y con herramientas que permitieron abordar a la minería dentro de un desarrollo sustentable para el territorio.
Ejemplo de ello fueron: la Ley de Glaciares y su Inventario; la aprobación e implementación del Plan Provincial de Ordenamiento Territorial; la firma del Nuevo Pacto Federal Minero; y la elaboración de la Política de Desarrollo para la Actividad Minera de la Provincia de Mendoza. Todas ellas en la actualidad nos llevan a afirmar que ahora sí contamos con herramientas eficaces que otorgan la posibilidad de definir para cada caso qué tipo de actividad puede realizarse, dónde, y cómo controlarla.
Por esos motivos, y por el hecho de que no existe ningún procedimiento de ninguna industria nacional que requiera de una ratificación legislativa a una autorización ambiental previamente otorgada por los organismos técnicos correspondientes -excepto la actividad minera metalífera de Mendoza-, es que en la Legislatura Provincial se están tratando dos proyectos sobre legislación ambiental minera de modo de actualizar aquella ley 7.722 a los tiempos que corren. El primero trata sobre la creación de los Parques Industriales Mineros Controlados, y el segundo sobre la modificación misma de la ley 7.722.
Ambos proyectos remplazan aquella ratificación legislativa de las DIA de Proyectos de Prospección, Exploración, Explotación y/o Industrialización de Minerales Metalíferos, por la creación de una Comisión Legislativa compuesta por ambas Cámaras, de seguimiento y control de las actividades mineras.
Resulta razonable y dentro de sus competencias otorgar al órgano legislativo su función de control y no continuar otorgándole aquella facultad prohibitiva de una actividad, puesto que, como toda actividad industrial específica, necesita del análisis técnico de especialistas que avalen y autoricen o no, un determinado proyecto minero.
La DIA técnicamente es un acto administrativo dictado por un órgano técnico que pone fin al proceso de evaluación de impacto ambiental, cuya voluntad exteriorizada a través de una autorización, debe contener necesariamente una decisión fundada y ser susceptible de la vía recursiva, conforme al derecho humano fundamental de una efectiva tutela judicial (artículo 25 Convención Americana sobre Derechos Humanos); y que sólo compete a la autoridad administrativa competente (en este caso del Poder Ejecutivo a través de sus órganos técnicos), propio de la División de Poderes reconocido constitucionalmente. Sin embargo, con la actual ley 7.722 no sólo no se permite la posibilidad de recurrir una decisión que rechace -no ratifique- un proyecto determinado; sino que además avanza sobre poderes específicos otorgados a otros órganos constitucionales.
A este principio de separación de poderes la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 310:120. 1987) ha dicho que no sólo ha sido dispuesto para controlar al poder, sino que también responde a una necesaria especialización que deben tener los órganos del poder para lograr la óptima gestión de los intereses públicos.
Justamente en base al principio republicano de gobierno entendemos que resulta razonable remplazar aquella ratificación legislativa por un efectivo control ejercido por el Poder Legislativo, a través de la constitución de una Comisión Bicameral, que pueda controlar y darle seguimiento a los proyectos mineros metalíferos en la Provincia, ya que aquella ratificación no sólo ha demostrado ser una herramienta ineficaz y obstructiva, sino que además ha superado ampliamente las facultades constitucionales otorgadas a la Legislatura Provincial.
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Fecha de Publicación: 18/06/2019
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
El primero trata sobre la creación de los Parques Industriales Mineros Controlados, y el segundo sobre la modificación misma de la norma.
La tan aclamada “Ley del agua”, militada por quienes se decían protectores del medio ambiente, demostró no haber cumplido con el fin esperado por la misma norma dado que aquel supuesto control que debía ejercer dicho cuerpo normativo sobre la actividad minera metalífera en la Provincia de Mendoza nunca llegó a efectivizarse.
Desde la sanción de la ley 7.722, en 2007, ningún proyecto minero ha sido aprobado en la Legislatura de la Provincia. Con este antecedente se confirma aquel argumento tan negado por los detractores de la minería de que ésta no era una ley anti-minera, sino que el objeto de la misma era controlar a la actividad y cuidar el medio ambiente.
El actual artículo 3 de la ley 7.722 pone como exigencia que los proyectos mineros metalíferos que hayan obtenido la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental (DIA), deban ser ratificados por ley. Lo cierto es que desde la sanción de dicha ley, el fin para lo cual la mencionada norma fue sancionada, nunca llegó a cumplirse dado que, desde entonces, ningún proyecto ha pasado el filtro de la Legislatura, convirtiendo a aquella ratificación, en un mero embudo partidista de la política mendocina.
En el transcurso de estos 11 años, desde la sanción de aquella ley, se ha dictado una serie de normas que sí tendieron a proteger el patrimonio medioambiental de los mendocinos y con herramientas que permitieron abordar a la minería dentro de un desarrollo sustentable para el territorio.
Ejemplo de ello fueron: la Ley de Glaciares y su Inventario; la aprobación e implementación del Plan Provincial de Ordenamiento Territorial; la firma del Nuevo Pacto Federal Minero; y la elaboración de la Política de Desarrollo para la Actividad Minera de la Provincia de Mendoza. Todas ellas en la actualidad nos llevan a afirmar que ahora sí contamos con herramientas eficaces que otorgan la posibilidad de definir para cada caso qué tipo de actividad puede realizarse, dónde, y cómo controlarla.
Por esos motivos, y por el hecho de que no existe ningún procedimiento de ninguna industria nacional que requiera de una ratificación legislativa a una autorización ambiental previamente otorgada por los organismos técnicos correspondientes -excepto la actividad minera metalífera de Mendoza-, es que en la Legislatura Provincial se están tratando dos proyectos sobre legislación ambiental minera de modo de actualizar aquella ley 7.722 a los tiempos que corren. El primero trata sobre la creación de los Parques Industriales Mineros Controlados, y el segundo sobre la modificación misma de la ley 7.722.
Ambos proyectos remplazan aquella ratificación legislativa de las DIA de Proyectos de Prospección, Exploración, Explotación y/o Industrialización de Minerales Metalíferos, por la creación de una Comisión Legislativa compuesta por ambas Cámaras, de seguimiento y control de las actividades mineras.
Resulta razonable y dentro de sus competencias otorgar al órgano legislativo su función de control y no continuar otorgándole aquella facultad prohibitiva de una actividad, puesto que, como toda actividad industrial específica, necesita del análisis técnico de especialistas que avalen y autoricen o no, un determinado proyecto minero.
La DIA técnicamente es un acto administrativo dictado por un órgano técnico que pone fin al proceso de evaluación de impacto ambiental, cuya voluntad exteriorizada a través de una autorización, debe contener necesariamente una decisión fundada y ser susceptible de la vía recursiva, conforme al derecho humano fundamental de una efectiva tutela judicial (artículo 25 Convención Americana sobre Derechos Humanos); y que sólo compete a la autoridad administrativa competente (en este caso del Poder Ejecutivo a través de sus órganos técnicos), propio de la División de Poderes reconocido constitucionalmente. Sin embargo, con la actual ley 7.722 no sólo no se permite la posibilidad de recurrir una decisión que rechace -no ratifique- un proyecto determinado; sino que además avanza sobre poderes específicos otorgados a otros órganos constitucionales.
A este principio de separación de poderes la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 310:120. 1987) ha dicho que no sólo ha sido dispuesto para controlar al poder, sino que también responde a una necesaria especialización que deben tener los órganos del poder para lograr la óptima gestión de los intereses públicos.
Justamente en base al principio republicano de gobierno entendemos que resulta razonable remplazar aquella ratificación legislativa por un efectivo control ejercido por el Poder Legislativo, a través de la constitución de una Comisión Bicameral, que pueda controlar y darle seguimiento a los proyectos mineros metalíferos en la Provincia, ya que aquella ratificación no sólo ha demostrado ser una herramienta ineficaz y obstructiva, sino que además ha superado ampliamente las facultades constitucionales otorgadas a la Legislatura Provincial.
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Entre Ríos: Bordet quiere modificar normativa de fumigaciones
Agroquímicos: el decreto que prepara el Gobierno sobre fumigaciones diferenciaría tipos de cultivo
Fecha de Publicación: 18/06/2019
Fuente: APFDigital
Provincia/Región: Entre Ríos
Lo adelantó el propio gobernador Gustavo Bordet en declaraciones a APFDigital
Dijo que trabajan con otros organismos para buscar “una lógica diferente a la establecida en el fallo judicial que, entiendo, no es la correcta”
Se manifestó a favor de dejar de lado los “límites excluyentes” y precisó que “hay que hacer un análisis por tipo de cultivo y tipo de establecimiento escolar”
Desde que la Justicia provincial rechazó el decreto sobre fumigaciones con agroquímicos cerca de escuelas rurales y dejó en pie las distancias de 3000 y 1000 metros para aspersiones aéreas y terrestres establecidas en el fallo del juez Oscar Benedetto, el Gobierno provincial trabaja en un nuevo decreto.
“Venimos muy adelantados; tengo previsto reunirme ahora más tarde con el Fiscal de Estado y el Secretario de Producción que vienen trabajando con ambas partes y también con la universidad”, precisó Gustavo Bordet.
Luego adelantó por qué camino está avanzando el Gobierno: “Estamos encontrando una lógica diferente a la establecida en el fallo judicial que entiendo, no es la correcta, de tomar limites excluyentes; sino que hay que hacer un análisis por tipo de cultivo y tipo de establecimiento educativo y escolar. Hay que hacer un análisis puntual y determinado”, señaló Bordet y se manifestó “optimista en poder encontrar una norma que contemple las posiciones centrales de todas las partes y que sea efectiva y que se pueda llevar adelante manteniendo nuestro sistema productivo sin afectar la salud”, afirmó ante la consulta de esta Agencia.
Sostuvo luego que se trabaja en pos de los consensos “para confluir en un marco que tiene que ser además de un decreto una ley, que se genere una discusión en el Poder Legislativo que posibilite darle una fuerza legal”, expresó el mandatario.
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Fecha de Publicación: 18/06/2019
Fuente: APFDigital
Provincia/Región: Entre Ríos
Lo adelantó el propio gobernador Gustavo Bordet en declaraciones a APFDigital
Dijo que trabajan con otros organismos para buscar “una lógica diferente a la establecida en el fallo judicial que, entiendo, no es la correcta”
Se manifestó a favor de dejar de lado los “límites excluyentes” y precisó que “hay que hacer un análisis por tipo de cultivo y tipo de establecimiento escolar”
Desde que la Justicia provincial rechazó el decreto sobre fumigaciones con agroquímicos cerca de escuelas rurales y dejó en pie las distancias de 3000 y 1000 metros para aspersiones aéreas y terrestres establecidas en el fallo del juez Oscar Benedetto, el Gobierno provincial trabaja en un nuevo decreto.
“Venimos muy adelantados; tengo previsto reunirme ahora más tarde con el Fiscal de Estado y el Secretario de Producción que vienen trabajando con ambas partes y también con la universidad”, precisó Gustavo Bordet.
Luego adelantó por qué camino está avanzando el Gobierno: “Estamos encontrando una lógica diferente a la establecida en el fallo judicial que entiendo, no es la correcta, de tomar limites excluyentes; sino que hay que hacer un análisis por tipo de cultivo y tipo de establecimiento educativo y escolar. Hay que hacer un análisis puntual y determinado”, señaló Bordet y se manifestó “optimista en poder encontrar una norma que contemple las posiciones centrales de todas las partes y que sea efectiva y que se pueda llevar adelante manteniendo nuestro sistema productivo sin afectar la salud”, afirmó ante la consulta de esta Agencia.
Sostuvo luego que se trabaja en pos de los consensos “para confluir en un marco que tiene que ser además de un decreto una ley, que se genere una discusión en el Poder Legislativo que posibilite darle una fuerza legal”, expresó el mandatario.
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Parque eólico de Jaramillo entró en operaciones
El mayor parque eólico del país entró en operaciones y produce energía para 100.000 hogares
Fecha de Publicación: 17/06/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional - Santa Cruz
Ayer quedó inaugurado el parque eólico con mayor potencia instalada del país, de 126 MW, en Jaramillo, a 100 kilómetros de Pico Truncado, en Santa Cruz. Se trata del Bicentenario, construido por la empresa PCR con una inversión de US$200 millones, tras ser adjudicado por la Secretaría de Energía a través del programa RenovAr 1.5.
El parque cuenta con 35 aerogeneradores Vestas V117, a lo largo de un predio de 2455 héctareas, y fue construido por 200 trabajadores en 18 meses. Generará 620.000 MW/h al año con los que se alimentará de energía renovable a 100.000 hogares del país y a Acindar, la compañía con la cual la empresa PCR suscribió a un contrato en el mercado a término (Mater). Según indicaron, este proyecto contribuirá a reducir la emisión de 250.000 toneladas de dióxido de carbono por año.
Por otro lado, PCR se encuentra en plena construcción de otros dos parques eólicos: San Jorge y El Mataco, por un total de 100 MW cada uno, correspondientes al programa Renovar 2. Ambos están ubicados en Tornquist, provincia de Buenos Aires, y tendrán una inversión total de US$300 millones.
El acto de ayer fue encabezado por Martin Fernando Brandi, presidente de PCR, y contó con la presencia la senadora María Belén Tapia, los intendentes de Puerto Deseado y Pico Truncado, otras autoridades nacionales, provinciales y municipales, como así también representantes de entidades financieras y bancos internacionales.
"Es un sueño hecho realidad; nuestro interés por las energías renovables está previsto en el planeamiento estratégico de los accionistas de PCR desde 1999", señaló Brandi. "Los lineamientos de la ley 27.191, su reglamentación con un marco modelo y el impulso del programa RenovAr fueron la clave para avanzar definitivamente en este rumbo", agregó.
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Fecha de Publicación: 17/06/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional - Santa Cruz
Ayer quedó inaugurado el parque eólico con mayor potencia instalada del país, de 126 MW, en Jaramillo, a 100 kilómetros de Pico Truncado, en Santa Cruz. Se trata del Bicentenario, construido por la empresa PCR con una inversión de US$200 millones, tras ser adjudicado por la Secretaría de Energía a través del programa RenovAr 1.5.
El parque cuenta con 35 aerogeneradores Vestas V117, a lo largo de un predio de 2455 héctareas, y fue construido por 200 trabajadores en 18 meses. Generará 620.000 MW/h al año con los que se alimentará de energía renovable a 100.000 hogares del país y a Acindar, la compañía con la cual la empresa PCR suscribió a un contrato en el mercado a término (Mater). Según indicaron, este proyecto contribuirá a reducir la emisión de 250.000 toneladas de dióxido de carbono por año.
Por otro lado, PCR se encuentra en plena construcción de otros dos parques eólicos: San Jorge y El Mataco, por un total de 100 MW cada uno, correspondientes al programa Renovar 2. Ambos están ubicados en Tornquist, provincia de Buenos Aires, y tendrán una inversión total de US$300 millones.
El acto de ayer fue encabezado por Martin Fernando Brandi, presidente de PCR, y contó con la presencia la senadora María Belén Tapia, los intendentes de Puerto Deseado y Pico Truncado, otras autoridades nacionales, provinciales y municipales, como así también representantes de entidades financieras y bancos internacionales.
"Es un sueño hecho realidad; nuestro interés por las energías renovables está previsto en el planeamiento estratégico de los accionistas de PCR desde 1999", señaló Brandi. "Los lineamientos de la ley 27.191, su reglamentación con un marco modelo y el impulso del programa RenovAr fueron la clave para avanzar definitivamente en este rumbo", agregó.
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Ley forestal: la actividad afectaría áreas de diversidad
Aves Argentinas pidió revisar ley forestal para proteger pastizales y humedales
Fecha de Publicación: 17/06/2019
Fuente: Diario El Comercial
Provincia/Región: Nacional
La ONG “Aves Argentinas” pidió la revisión de la Ley 25.080 y sus criterios ambientales para forestaciones en áreas naturales de pastizales y humedales.
Sostiene que la intensificación y aumento de la actividad forestal en la región NEA, en especial en Corrientes, afectaría áreas de diversidad de aves, entre ellas poblaciones remanentes de especies en peligro de extinción.
En un crítico y controvertido documento, Aves Argentinas dejó expresado la posición institucional de la organización respecto la reciente prórroga y modificación de la Ley 25.080 de Inversiones para los bosques cultivados (Boletín Oficial N°34027 del 4 de enero de 2019), junto con la opinión sobre la presentación por parte del gobierno nacional del Programa ForestAR 2030.
“Habiendo analizado la documentación que oportunamente se puso a nuestra consideración, planteamos una serie de preocupaciones y recomendaciones que contribuyan a garantizar la conservación de la biodiversidad en pastizales y humedales en convivencia con plantaciones forestales (pino y eucalipto) en el Noreste de la Argentina”, señalaron en el documento que desde Aves Argentinas(Asociación Ornitológica del Plata) dieron a difusión en la última semana a través de su sitio oficial y redes sociales, y reproducida por Argentina Forestal.
Del documento se desprende que su preocupación está focalizada principalmente en el crecimiento forestal de la provincia de Corrientes, y entre las observaciones de importancia marcaron que “hay que asegurar en las Evaluaciones Ambientales Estratégicas (EAE) la conservación de la biodiversidad con la creación de áreas protegidas y corredores biológicos significativos dentro de las cuencas forestales designadas por la Ley 25.080”.
De esta forma, desde Aves Argentinas expusieron preocupaciones ambientales ante el crecimiento de las forestaciones en Corrientes y proponen recomendaciones ambientales para incorporar en la Ley Nacional 25.080 de promoción forestal.
La organización conformada por profesionales biólogos, agrónomos y naturalista, decidió acompañar la difusión de su documento con un audiovisual en el que, en su mensaje, más que recomendaciones hacen aseveraciones de “daños ambientales” que se estarían generando sobre ecosistemas y especies de aves en la actualidad consecuencia del incremento de las forestaciones y, responsabilizando además por ello, al sistema nacional de promoción forestal, ya que fue la herramienta que permitió esta extensión de plantaciones en propiedades privadas y reservas del Iberá con áreas naturales de campos de pastizales y humedales.
Con el documento difundido, colocan en agenda forestal correntina el planteo de revisión de proyectos privados que fueron aprobados por el gobierno de la provincia dentro de la Reserva Iberá, por ejemplo, en el que consideran” tienen un ecosistema y diversidad que se debiera preservar por sobre las reconversión a forestaciones de pino o eucalipto”.
Sin embargo, este crítico documento institucional con tales preocupaciones aún no habría sido presentado formalmente a las autoridades provinciales. En una entrevista con ArgentinaForestal.com, el director de Recursos Forestales del Ministerio de Producción de Corrientes, Roberto Rojas, explicó que: “Hemos tomado conocimiento de esta preocupación por medios informales, pero en nuestra Dirección aún no han presentado ninguna nota para revisar alguna inquietud”.
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Fecha de Publicación: 17/06/2019
Fuente: Diario El Comercial
Provincia/Región: Nacional
La ONG “Aves Argentinas” pidió la revisión de la Ley 25.080 y sus criterios ambientales para forestaciones en áreas naturales de pastizales y humedales.
Sostiene que la intensificación y aumento de la actividad forestal en la región NEA, en especial en Corrientes, afectaría áreas de diversidad de aves, entre ellas poblaciones remanentes de especies en peligro de extinción.
En un crítico y controvertido documento, Aves Argentinas dejó expresado la posición institucional de la organización respecto la reciente prórroga y modificación de la Ley 25.080 de Inversiones para los bosques cultivados (Boletín Oficial N°34027 del 4 de enero de 2019), junto con la opinión sobre la presentación por parte del gobierno nacional del Programa ForestAR 2030.
“Habiendo analizado la documentación que oportunamente se puso a nuestra consideración, planteamos una serie de preocupaciones y recomendaciones que contribuyan a garantizar la conservación de la biodiversidad en pastizales y humedales en convivencia con plantaciones forestales (pino y eucalipto) en el Noreste de la Argentina”, señalaron en el documento que desde Aves Argentinas(Asociación Ornitológica del Plata) dieron a difusión en la última semana a través de su sitio oficial y redes sociales, y reproducida por Argentina Forestal.
Del documento se desprende que su preocupación está focalizada principalmente en el crecimiento forestal de la provincia de Corrientes, y entre las observaciones de importancia marcaron que “hay que asegurar en las Evaluaciones Ambientales Estratégicas (EAE) la conservación de la biodiversidad con la creación de áreas protegidas y corredores biológicos significativos dentro de las cuencas forestales designadas por la Ley 25.080”.
De esta forma, desde Aves Argentinas expusieron preocupaciones ambientales ante el crecimiento de las forestaciones en Corrientes y proponen recomendaciones ambientales para incorporar en la Ley Nacional 25.080 de promoción forestal.
La organización conformada por profesionales biólogos, agrónomos y naturalista, decidió acompañar la difusión de su documento con un audiovisual en el que, en su mensaje, más que recomendaciones hacen aseveraciones de “daños ambientales” que se estarían generando sobre ecosistemas y especies de aves en la actualidad consecuencia del incremento de las forestaciones y, responsabilizando además por ello, al sistema nacional de promoción forestal, ya que fue la herramienta que permitió esta extensión de plantaciones en propiedades privadas y reservas del Iberá con áreas naturales de campos de pastizales y humedales.
Con el documento difundido, colocan en agenda forestal correntina el planteo de revisión de proyectos privados que fueron aprobados por el gobierno de la provincia dentro de la Reserva Iberá, por ejemplo, en el que consideran” tienen un ecosistema y diversidad que se debiera preservar por sobre las reconversión a forestaciones de pino o eucalipto”.
Sin embargo, este crítico documento institucional con tales preocupaciones aún no habría sido presentado formalmente a las autoridades provinciales. En una entrevista con ArgentinaForestal.com, el director de Recursos Forestales del Ministerio de Producción de Corrientes, Roberto Rojas, explicó que: “Hemos tomado conocimiento de esta preocupación por medios informales, pero en nuestra Dirección aún no han presentado ninguna nota para revisar alguna inquietud”.
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Salta: empresarios contra ley de glaciares
Advertencia empresarial sobre la ley de glaciares
Fecha de Publicación: 17/06/2019
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
El fallo de la Corte Suprema que ratificó la constitucionalidad de la ley de glaciares sigue trayendo cola. El presidente de la Cámara de Minería de Salta, Facundo Huidobro, sostuvo que esa resolución judicial "desalienta la inversión en exploración" para nuevos proyectos mineros.
Aunque Salta no tiene ninguna cantera que afecte la normativa nacional, como sí ocurre en otras seis provincias, la declaración de Huidobro apunta a una preocupación sectorial referida a que los inversores, que son extranjeros en este rubro, necesitan certidumbres muy concretas y garantías legales para iniciar algún emprendimiento de explotación de los recursos minerales.
"A pesar de que el fallo refiere a la provincia de San Juan y a Barrick Gold, para los inversores Argentina es una sola región", precisó el dirigente empresarial.
La decisión del máximo tribunal de Justicia del país, que se conoció la semana pasada, marcó el final de un planteo iniciado en 2011 por la multinacional Barrick Gold, que opera los yacimientos sanjuaninos Pascua Lama y Veladero. La minera alertaba que los límites que fija la legislación ambiental para proteger las áreas de glaciares y periglaciares prácticamente la deja sin muchas chances de producir.
Tras la sentencia de la Corte, que fue unánime, 44 proyectos mineros (ubicados en Santa Cruz, Chubut, Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca) quedaron por fuera de la ley de glaciares y deberán replantear su explotación. La mayoría de ellos aún están en etapa de estudio, aunque desde el sector empresarial ya advirtieron que la paralización de los mismos puede representar una pérdida de inversiones de entre 10 mil a 18 mil millones de dólares.
"Si bien en Salta no hay grandes glaciares ni ambientes periglaciares como en la alta cordillera, el impacto deviene por la sensación de los inversores sobre estos fallos", señaló Huidobro. Explicó, además, que "muchas empresas que realizan o tienen pensado invertir en exploración obviamente lo están pensando dos veces con este tipo de fallos".
El titular de la Cámara de Minería apeló también a que las administraciones provinciales deben hacer valer la autonomía que les otorga la Constitución nacional en la administración de sus recursos naturales. En ese sentido, en la edición de El Tribuno de ayer se explicó que en Salta rige una ley provincial de protección de glaciares (Ley 7.625), sancionada en agosto de 2010, meses antes de que salga la normativa nacional.
El secretario de Minería de la Provincia, Daniel Blasco, explicó para esa nota que lo que se hizo en el marco de la ley nacional de glaciares es agregar a los catastros de los territorios que se disponen para la explotación minera los datos de geolocalización de los 646 glaciares y periglaciares que fueron relevados en Salta bajo la normativa superior.
Huidobro dijo que ley nacional de glaciares carece de definiciones "técnicas sobre ambiente glaciar y periglaciar".
En el mismo sentido se manifestó Gustavo Carracedo, presidente de la Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de Salta (Capemisa). "Nuestra postura no es en contra de la ley sino en contra de la forma en la que está redactada, porque carece de definiciones técnicas claras. Por ejemplo, sobre lo que es una área periglaciar y cuáles son los límites que la definen", dijo el dirigente a este diario.
Afirmó que lo que desalienta la inversión en el sector son los constantes cambios de reglas en la actividad.
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Fecha de Publicación: 17/06/2019
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
El fallo de la Corte Suprema que ratificó la constitucionalidad de la ley de glaciares sigue trayendo cola. El presidente de la Cámara de Minería de Salta, Facundo Huidobro, sostuvo que esa resolución judicial "desalienta la inversión en exploración" para nuevos proyectos mineros.
Aunque Salta no tiene ninguna cantera que afecte la normativa nacional, como sí ocurre en otras seis provincias, la declaración de Huidobro apunta a una preocupación sectorial referida a que los inversores, que son extranjeros en este rubro, necesitan certidumbres muy concretas y garantías legales para iniciar algún emprendimiento de explotación de los recursos minerales.
"A pesar de que el fallo refiere a la provincia de San Juan y a Barrick Gold, para los inversores Argentina es una sola región", precisó el dirigente empresarial.
La decisión del máximo tribunal de Justicia del país, que se conoció la semana pasada, marcó el final de un planteo iniciado en 2011 por la multinacional Barrick Gold, que opera los yacimientos sanjuaninos Pascua Lama y Veladero. La minera alertaba que los límites que fija la legislación ambiental para proteger las áreas de glaciares y periglaciares prácticamente la deja sin muchas chances de producir.
Tras la sentencia de la Corte, que fue unánime, 44 proyectos mineros (ubicados en Santa Cruz, Chubut, Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca) quedaron por fuera de la ley de glaciares y deberán replantear su explotación. La mayoría de ellos aún están en etapa de estudio, aunque desde el sector empresarial ya advirtieron que la paralización de los mismos puede representar una pérdida de inversiones de entre 10 mil a 18 mil millones de dólares.
"Si bien en Salta no hay grandes glaciares ni ambientes periglaciares como en la alta cordillera, el impacto deviene por la sensación de los inversores sobre estos fallos", señaló Huidobro. Explicó, además, que "muchas empresas que realizan o tienen pensado invertir en exploración obviamente lo están pensando dos veces con este tipo de fallos".
El titular de la Cámara de Minería apeló también a que las administraciones provinciales deben hacer valer la autonomía que les otorga la Constitución nacional en la administración de sus recursos naturales. En ese sentido, en la edición de El Tribuno de ayer se explicó que en Salta rige una ley provincial de protección de glaciares (Ley 7.625), sancionada en agosto de 2010, meses antes de que salga la normativa nacional.
El secretario de Minería de la Provincia, Daniel Blasco, explicó para esa nota que lo que se hizo en el marco de la ley nacional de glaciares es agregar a los catastros de los territorios que se disponen para la explotación minera los datos de geolocalización de los 646 glaciares y periglaciares que fueron relevados en Salta bajo la normativa superior.
Huidobro dijo que ley nacional de glaciares carece de definiciones "técnicas sobre ambiente glaciar y periglaciar".
En el mismo sentido se manifestó Gustavo Carracedo, presidente de la Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de Salta (Capemisa). "Nuestra postura no es en contra de la ley sino en contra de la forma en la que está redactada, porque carece de definiciones técnicas claras. Por ejemplo, sobre lo que es una área periglaciar y cuáles son los límites que la definen", dijo el dirigente a este diario.
Afirmó que lo que desalienta la inversión en el sector son los constantes cambios de reglas en la actividad.
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