El Salí-Dulce en manos de los tucumanos
16:10 | 
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El futuro del embalse está en manos del gobierno tucumano
Fecha de Publicación: 15/08/2010
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Nacional
La solución de fondo al problema de la contaminación depende, en gran medida, de las autoridades de la vecina provincia. El Comité de Cuenca también sugiere pedir fondos a la Nación.
Tras casi cinco horas de análisis de la vieja problemática del embalse, los miembros de la comisión técnica del Comité de la Cuenca Salí-Dulce elaboraron un documento que consta de quince puntos, en el que piden a los gobernadores de las cinco provincias involucradas que adopten una serie de medidas para tratar de frenar la contaminación del embalse de Río Hondo y salvar la flora y la fauna que sufren las consecuencias de los derrames industriales en suelo tucumano.
Sin embargo, casi todas las “medidas de fondo”, dependen casi exclusivamente de las autoridades tucumanas, que deben tomar la decisión de impedir el derrame de desechos industriales hacia la cuenca.
Al finalizar la reunión, los principales protagonistas de esta historia admitieron que “todo depende de decisiones políticas de ponerle punto final a la problemática”, y que el Comité de la Cuenca no es más que un espacio de diálogo, sin poder para tomar decisiones ni adoptar medidas.
El secretario del Agua de Santiago del Estero, Ing. Abel Tévez, presidió el encuentro realizado en el edificio de Urquiza al 200 de la ciudad capital. Si bien el Comité está integrado por esta provincia, Tucumán, Córdoba, Salta y Catamarca, los representantes de estas dos últimas no asistieron. “Quizás, porque no sufren el problema”, dijo uno de los técnicos.
De los quince puntos planteados, se destacan la solicitud de elevar el tema al Consejo de Gobierno del Comité, integrado también por varios ministerios nacionales. Además, se recomendó pedir al gobernador de Tucumán, José Alperovich, la clausura del canal Troncal, considerado una de las vías que lleva la mayor cantidad de desechos hacia el embalse.
Según Tévez, el pedido quedará en manos de las autoridades de la vecina provincia, que admitió su responsabilidad ya que muchas de sus industrias están volcando a la cuenca sustancias sin tratamiento previo. Es más, el canal Troncal, que unifica los desagües DP 1 y DP 2, llega directamente al embalse cargando los residuos de al menos tres grandes ingenios azucareros.
“Es una decisión que debe tomar el Gobierno de Tucumán, pero la comisión técnica no tiene facultades para exigir que se ejecute nada, por eso solicitamos que se reúnan los gobernadores de las provincias”, expresó el secretario del Agua.
También pidieron los funcionarios que se gestionen fondos ante la Nación mediante la creación de una partida relacionada con la promoción de biocombustibles, destinada a la ejecución de obras y medidas que permitan reducir el impacto ambiental.
Montalbán: “Tucumán tiene toda la intención de reducir la contaminación”
El secretario de Medio Ambiente de Tucumán, Ing. Alfredo Montalbán, reiteró en la reunión del Comité de Cuenca, que su provincia “tiene todas las intenciones de ayudar a reducir la contaminación”, aunque reconoció que “hace falta mucho trabajo”.
A finalizar el encuentro -en la que hubo momentos de nerviosismo, según trascendió- el funcionario destacó el papel del Comité de Cuenca, pero reconoció sus limitaciones porque “no es un órgano de aplicación”.
En cuanto a las inspecciones que su organismo realizó en los ríos que aportan agua al embalse, dijo que no pudieron encontrar el origen de la contaminación que mató a miles de peces la semana pasada. De todas formas, aseguró que “se están profundizando los controles conjuntos, como una forma de alerta temprana para que ante cualquier variación de los parámetros ya establecidos se determine quién está saliéndose del límite”.
Respecto del tratamiento de los desechos, indicó: “Queremos que se disponga la vinaza en lugares adecuados, como por ejemplo utilizarlo para riego de campos, como ya es una práctica habitual en Tucumán, donde se lo utiliza como fertilizante”.
La Justicia Federal prohibió a un ingenio arrojar desechos por la denuncia de un santiagueño
Un fallo judicial alentó ayer las expectativas de funcionarios y ambientalistas santiagueños que desde hace tiempo buscan acciones concretas que pongan freno a la contaminación.
La Justicia Federal de Tucumán falló contra el ingenio y la destilería La Florida, a cuyas autoridades prohibió derivar efluentes industriales ecotóxicos (vinaza y cachaza) mediante los canales de riego público ubicados a la vera de la ruta provincial 303 y que desemboca en el paraje santiagueño de El Palomar, según el diario tucumano La Gaceta.
La medida fue dispuesta por el juez federal Mario Racedo, quien hizo lugar a la medida cautelar solicitada por el santiagueño Ramón Ricardo Rojas, quien planteó como argumento principal “el daño ambiental en el ecosistema de las heredades atravesadas por el canal de riego... con repercusiones directas en la vida, salud y patrimonio de los que viven” en El Palomar.
El fallo –dice la nota del matutino- obliga también a la fábrica azucarera a remover o retirar una compuerta construida dentro del canal primario de riego, y advierte a la empresa de posibles multas.
Además, el juez requirió informes a la Secretaría de Medio Ambiente de Tucumán para saber si el ingenio presentó un plan basado en el sistema de progresividad, “que prevea como objetivos ambientales la recomposición de los efluentes líquidos, sólidos y gaseosos que emanaren de la fábrica, que indique los controles efectuados y que envíe un estudio sobre el impacto ambiental del ingenio”.
En otro punto importante del fallo, el magistrado pide a la sociedad que, “si detecta el derrame del efluente, inmediatamente dé aviso a la autoridad pública más cercana a fin de que se notifique a Gendarmería Nacional”, que tiene la misión de recoger elementos probatorios que permitan comprobar si hay infracción.
Biólogos de Prefectura confirman que gran parte del lago no tiene oxígeno
Tres biólogos pertenecientes a la Dirección de Recursos Naturales de la Prefectura Naval Argentina tomaron muestras del agua del embalse y pescados que yacían sin vida en diversos sectores del imponente espejo de agua. Los especialistas quedaron estupefactos por el olor nauseabundo y la ausencia de oxígeno.
Durante la tarde de ayer, EL LIBERAL y Canal 7 hicieron un recorrido de casi tres horas con los profesionales, quienes constataron la presencia de cardúmenes sin vida en la desembocadura de los principales tributarios que alimentan al embalse, además de un olor nauseabundo en las aguas provenientes del río Salí.
A raíz de la reciente mortandad de peces que alcanzó las costas de Villa del Lago y el Dique Frontal, Prefectura Naval con sede en el embalse Río Hondo, solicitó la colaboración de biólogos del departamento Investigación Sección Agua y Efluentes de Recursos Naturales que posee el organismo en Capital Federal.
Dotados de los elementos para la obtención de muestras, los oficiales principal María Eugenia Arribalzaga, Andrea Paula Taboada y Pablo Sebastián Almada realizaron en la embarcación de Prefectura un trayecto por los puntos neurálgicos donde se percibe la contaminación.
En la desembocadura del Salí –según revelaron a este diario- se sorprendieron al constatar que prácticamente no había oxígeno en el agua y la presencia de numerosos bagres muertos flotando en un radio de dos kilómetros.
Previamente en la dársena, desde donde embarcó el bote de Prefectura cuando salió a navegar por el lago, los profesionales tomaron un pequeño sábalo que yacía sin vida y procedieron a extraerle las vísceras con el objeto de trasladarlo a Buenos Aires donde será examinado.
El oficial principal Almada, acompañado por el prefecto José Dante Díaz, informó que se tomaron muestras a la altura del Autódromo para medir la calidad de agua y se realizó el muestro para el análisis bacteriológico, fisicoquímico y de especies ictícolas.
“Es la primera vez que llegamos al embalse, estuvimos haciendo un análisis general para llevarnos la primera impresión. Ahora se analizarán las muestras en el laboratorio en Buenos Aires. Vimos peces muertos, no eran muchos, pero sabemos que la mortandad ha sido hace días, pero ya no hemos encontrado especies que se estén muriendo o boqueando, los que vimos estaban en proceso de descomposición”, explicó.
Fecha de Publicación: 15/08/2010
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Nacional
La solución de fondo al problema de la contaminación depende, en gran medida, de las autoridades de la vecina provincia. El Comité de Cuenca también sugiere pedir fondos a la Nación.
Tras casi cinco horas de análisis de la vieja problemática del embalse, los miembros de la comisión técnica del Comité de la Cuenca Salí-Dulce elaboraron un documento que consta de quince puntos, en el que piden a los gobernadores de las cinco provincias involucradas que adopten una serie de medidas para tratar de frenar la contaminación del embalse de Río Hondo y salvar la flora y la fauna que sufren las consecuencias de los derrames industriales en suelo tucumano.
Sin embargo, casi todas las “medidas de fondo”, dependen casi exclusivamente de las autoridades tucumanas, que deben tomar la decisión de impedir el derrame de desechos industriales hacia la cuenca.
Al finalizar la reunión, los principales protagonistas de esta historia admitieron que “todo depende de decisiones políticas de ponerle punto final a la problemática”, y que el Comité de la Cuenca no es más que un espacio de diálogo, sin poder para tomar decisiones ni adoptar medidas.
El secretario del Agua de Santiago del Estero, Ing. Abel Tévez, presidió el encuentro realizado en el edificio de Urquiza al 200 de la ciudad capital. Si bien el Comité está integrado por esta provincia, Tucumán, Córdoba, Salta y Catamarca, los representantes de estas dos últimas no asistieron. “Quizás, porque no sufren el problema”, dijo uno de los técnicos.
De los quince puntos planteados, se destacan la solicitud de elevar el tema al Consejo de Gobierno del Comité, integrado también por varios ministerios nacionales. Además, se recomendó pedir al gobernador de Tucumán, José Alperovich, la clausura del canal Troncal, considerado una de las vías que lleva la mayor cantidad de desechos hacia el embalse.
Según Tévez, el pedido quedará en manos de las autoridades de la vecina provincia, que admitió su responsabilidad ya que muchas de sus industrias están volcando a la cuenca sustancias sin tratamiento previo. Es más, el canal Troncal, que unifica los desagües DP 1 y DP 2, llega directamente al embalse cargando los residuos de al menos tres grandes ingenios azucareros.
“Es una decisión que debe tomar el Gobierno de Tucumán, pero la comisión técnica no tiene facultades para exigir que se ejecute nada, por eso solicitamos que se reúnan los gobernadores de las provincias”, expresó el secretario del Agua.
También pidieron los funcionarios que se gestionen fondos ante la Nación mediante la creación de una partida relacionada con la promoción de biocombustibles, destinada a la ejecución de obras y medidas que permitan reducir el impacto ambiental.
Montalbán: “Tucumán tiene toda la intención de reducir la contaminación”
El secretario de Medio Ambiente de Tucumán, Ing. Alfredo Montalbán, reiteró en la reunión del Comité de Cuenca, que su provincia “tiene todas las intenciones de ayudar a reducir la contaminación”, aunque reconoció que “hace falta mucho trabajo”.
A finalizar el encuentro -en la que hubo momentos de nerviosismo, según trascendió- el funcionario destacó el papel del Comité de Cuenca, pero reconoció sus limitaciones porque “no es un órgano de aplicación”.
En cuanto a las inspecciones que su organismo realizó en los ríos que aportan agua al embalse, dijo que no pudieron encontrar el origen de la contaminación que mató a miles de peces la semana pasada. De todas formas, aseguró que “se están profundizando los controles conjuntos, como una forma de alerta temprana para que ante cualquier variación de los parámetros ya establecidos se determine quién está saliéndose del límite”.
Respecto del tratamiento de los desechos, indicó: “Queremos que se disponga la vinaza en lugares adecuados, como por ejemplo utilizarlo para riego de campos, como ya es una práctica habitual en Tucumán, donde se lo utiliza como fertilizante”.
La Justicia Federal prohibió a un ingenio arrojar desechos por la denuncia de un santiagueño
Un fallo judicial alentó ayer las expectativas de funcionarios y ambientalistas santiagueños que desde hace tiempo buscan acciones concretas que pongan freno a la contaminación.
La Justicia Federal de Tucumán falló contra el ingenio y la destilería La Florida, a cuyas autoridades prohibió derivar efluentes industriales ecotóxicos (vinaza y cachaza) mediante los canales de riego público ubicados a la vera de la ruta provincial 303 y que desemboca en el paraje santiagueño de El Palomar, según el diario tucumano La Gaceta.
La medida fue dispuesta por el juez federal Mario Racedo, quien hizo lugar a la medida cautelar solicitada por el santiagueño Ramón Ricardo Rojas, quien planteó como argumento principal “el daño ambiental en el ecosistema de las heredades atravesadas por el canal de riego... con repercusiones directas en la vida, salud y patrimonio de los que viven” en El Palomar.
El fallo –dice la nota del matutino- obliga también a la fábrica azucarera a remover o retirar una compuerta construida dentro del canal primario de riego, y advierte a la empresa de posibles multas.
Además, el juez requirió informes a la Secretaría de Medio Ambiente de Tucumán para saber si el ingenio presentó un plan basado en el sistema de progresividad, “que prevea como objetivos ambientales la recomposición de los efluentes líquidos, sólidos y gaseosos que emanaren de la fábrica, que indique los controles efectuados y que envíe un estudio sobre el impacto ambiental del ingenio”.
En otro punto importante del fallo, el magistrado pide a la sociedad que, “si detecta el derrame del efluente, inmediatamente dé aviso a la autoridad pública más cercana a fin de que se notifique a Gendarmería Nacional”, que tiene la misión de recoger elementos probatorios que permitan comprobar si hay infracción.
Biólogos de Prefectura confirman que gran parte del lago no tiene oxígeno
Tres biólogos pertenecientes a la Dirección de Recursos Naturales de la Prefectura Naval Argentina tomaron muestras del agua del embalse y pescados que yacían sin vida en diversos sectores del imponente espejo de agua. Los especialistas quedaron estupefactos por el olor nauseabundo y la ausencia de oxígeno.
Durante la tarde de ayer, EL LIBERAL y Canal 7 hicieron un recorrido de casi tres horas con los profesionales, quienes constataron la presencia de cardúmenes sin vida en la desembocadura de los principales tributarios que alimentan al embalse, además de un olor nauseabundo en las aguas provenientes del río Salí.
A raíz de la reciente mortandad de peces que alcanzó las costas de Villa del Lago y el Dique Frontal, Prefectura Naval con sede en el embalse Río Hondo, solicitó la colaboración de biólogos del departamento Investigación Sección Agua y Efluentes de Recursos Naturales que posee el organismo en Capital Federal.
Dotados de los elementos para la obtención de muestras, los oficiales principal María Eugenia Arribalzaga, Andrea Paula Taboada y Pablo Sebastián Almada realizaron en la embarcación de Prefectura un trayecto por los puntos neurálgicos donde se percibe la contaminación.
En la desembocadura del Salí –según revelaron a este diario- se sorprendieron al constatar que prácticamente no había oxígeno en el agua y la presencia de numerosos bagres muertos flotando en un radio de dos kilómetros.
Previamente en la dársena, desde donde embarcó el bote de Prefectura cuando salió a navegar por el lago, los profesionales tomaron un pequeño sábalo que yacía sin vida y procedieron a extraerle las vísceras con el objeto de trasladarlo a Buenos Aires donde será examinado.
El oficial principal Almada, acompañado por el prefecto José Dante Díaz, informó que se tomaron muestras a la altura del Autódromo para medir la calidad de agua y se realizó el muestro para el análisis bacteriológico, fisicoquímico y de especies ictícolas.
“Es la primera vez que llegamos al embalse, estuvimos haciendo un análisis general para llevarnos la primera impresión. Ahora se analizarán las muestras en el laboratorio en Buenos Aires. Vimos peces muertos, no eran muchos, pero sabemos que la mortandad ha sido hace días, pero ya no hemos encontrado especies que se estén muriendo o boqueando, los que vimos estaban en proceso de descomposición”, explicó.
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Ironía de Cristina por la ley de glaciares
Ironía de Cristina por la ley de glaciares
Fecha de Publicación: 14/08/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Néstor y Cristina Kirchner volvieron a El Calafate, “el lugar en el mundo” de la Presidenta. El ex presidente acompañó y Cristina encabezó la firma de un contrato para la construcción de un hospital para esa localidad y entregó netbooks a alumnos secundarios de la zona, junto con el gobernador, Daniel Peralta. Durante el acto, la Presidenta elogió la gestión de su marido, como el secretario general de la Unasur, en el reencauzamiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela. Expresó su “orgullo como compañera, como argentina y como militante”.
Con respecto al nuevo centro asistencial, se construirá con fondos del Estado nacional, demandará una inversión de más de 224 millones de pesos y contará con un plazo para su finalización de 36 meses. “Cuando escucho hablar a algunos de glaciares, me da risa porque cuando defendíamos esto, el país hablaba de los glaciares y de que significaba este recurso de agua dulce”, sentenció Cristina, en una alusión implícita al ex diputado K Miguel Bonasso. Durante su discurso, Cristina afirmó que su gobierno “nunca traicionó sus convicciones”. Además, señaló que seguirá “luchando contra los intereses concentrados” que le quieren “hacer callar la boca”.
Fecha de Publicación: 14/08/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Néstor y Cristina Kirchner volvieron a El Calafate, “el lugar en el mundo” de la Presidenta. El ex presidente acompañó y Cristina encabezó la firma de un contrato para la construcción de un hospital para esa localidad y entregó netbooks a alumnos secundarios de la zona, junto con el gobernador, Daniel Peralta. Durante el acto, la Presidenta elogió la gestión de su marido, como el secretario general de la Unasur, en el reencauzamiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela. Expresó su “orgullo como compañera, como argentina y como militante”.
Con respecto al nuevo centro asistencial, se construirá con fondos del Estado nacional, demandará una inversión de más de 224 millones de pesos y contará con un plazo para su finalización de 36 meses. “Cuando escucho hablar a algunos de glaciares, me da risa porque cuando defendíamos esto, el país hablaba de los glaciares y de que significaba este recurso de agua dulce”, sentenció Cristina, en una alusión implícita al ex diputado K Miguel Bonasso. Durante su discurso, Cristina afirmó que su gobierno “nunca traicionó sus convicciones”. Además, señaló que seguirá “luchando contra los intereses concentrados” que le quieren “hacer callar la boca”.
Río Negro pagará por matar pumas
Polémica recompensa: Río Negro pagará hasta $500 por matar pumas
Fecha de Publicación: 13/08/2010
Fuente: Los Andes On Line
Provincia/Región: Río Negro
El Ministerio de Producción de esa provincia dice que la medida es necesaria porque el felino está considerado una plaga en la zona y provoca daños importantes a la ganadería ovina y vacuna.
El ministerio de Producción de Río Negro pagará 500 pesos por cada ejemplar de puma muerto en la provincia, porque el felino está considerado una plaga debido a que provoca daños importantes a la ganadería ovina y vacuna.
El director general de Ganadería, Martín Oscos, dijo que los fondos para esa recompensa se obtienen de las tasas por guías de movimiento de hacienda, que abonan los productores.
"La suma que se paga oficialmente se aumenta, por otra parte, con un plus por cuenta de los propios ganaderos, que son los primeros interesados en terminar con esta plaga", sostuvo el funcionario.
En declaraciones a radio Nativa, Oscos añadió que "en toda la provincia hay aparición de puma, pero los mayores daños sobre el ganado se están produciendo en el departamento Adolfo Alsina (cuya cabecera es Viedma), el área de Valcheta y hacia la zona de Ramos Mexía".
"Para una lucha efectiva contra el puma se requiere organización sistemática, recorriendo áreas de alrededor de 50 mil hectáreas" agregó.
Según Oscos la proliferación del felino predador puede explicarse en la situación de despoblamiento de algunos campos, por efecto de la sequía que afectó a la región hasta el otoño pasado.
"Ya se sabe que este animal tiene a alejarse si ve movimiento de gente y en la actualidad hay muchos puestos que están vacíos" explicó al respecto.
Hay dos métodos de caza, uno es con la colocación de trampas metálicas, que son provistas por el Ministerio de Producción; y otro es siguiendo el rastro con perros, hasta hallar al puma en su madriguera y eliminarlo con un rifle.
Fecha de Publicación: 13/08/2010
Fuente: Los Andes On Line
Provincia/Región: Río Negro
El Ministerio de Producción de esa provincia dice que la medida es necesaria porque el felino está considerado una plaga en la zona y provoca daños importantes a la ganadería ovina y vacuna.
El ministerio de Producción de Río Negro pagará 500 pesos por cada ejemplar de puma muerto en la provincia, porque el felino está considerado una plaga debido a que provoca daños importantes a la ganadería ovina y vacuna.
El director general de Ganadería, Martín Oscos, dijo que los fondos para esa recompensa se obtienen de las tasas por guías de movimiento de hacienda, que abonan los productores.
"La suma que se paga oficialmente se aumenta, por otra parte, con un plus por cuenta de los propios ganaderos, que son los primeros interesados en terminar con esta plaga", sostuvo el funcionario.
En declaraciones a radio Nativa, Oscos añadió que "en toda la provincia hay aparición de puma, pero los mayores daños sobre el ganado se están produciendo en el departamento Adolfo Alsina (cuya cabecera es Viedma), el área de Valcheta y hacia la zona de Ramos Mexía".
"Para una lucha efectiva contra el puma se requiere organización sistemática, recorriendo áreas de alrededor de 50 mil hectáreas" agregó.
Según Oscos la proliferación del felino predador puede explicarse en la situación de despoblamiento de algunos campos, por efecto de la sequía que afectó a la región hasta el otoño pasado.
"Ya se sabe que este animal tiene a alejarse si ve movimiento de gente y en la actualidad hay muchos puestos que están vacíos" explicó al respecto.
Hay dos métodos de caza, uno es con la colocación de trampas metálicas, que son provistas por el Ministerio de Producción; y otro es siguiendo el rastro con perros, hasta hallar al puma en su madriguera y eliminarlo con un rifle.
Las termas en peligro
Las termas en peligro
Fecha de Publicación: 13/08/2010
Fuente: ADN
Provincia/Región: Santiago del Estero
Funcionarios de Río Hondo aseguraron que “la situación del embalse es grave”.
La masiva mortandad de peces en el embalse de Río Hondo generó preocupación e indignación entre funcionarios y ambientalistas de la ciudad.
Ante la gravedad de la contaminación, el gobernador convocó de urgencia al Comité de Cuenca Salí-Dulce para mañana, con presencia de Salta, Catamarca, Tucumán y Córdoba.
El secretario del Agua, Ing. Abel Tévez, indicó que los peces muertos se están acumulando en la vera del lago, de donde se sacaron cuatro toneladas de pescados.
Ante esta realidad, el funcionario no dudó en afirmar: “Hoy por hoy, podemos decir que la situación del embalse es grave”.
A continuación, opinó: “Es llamativo que en esta época del año, en que hay una importante cantidad de agua en el embalse, se produzca este fenómeno”.
Para explicar lo que sucedió la semana pasada, consideró que “esto quiere decir que hubo descargas importantes de los afluentes que desembocan en el embalse, que tiene que ver con la producción de metanol”.
Básicamente, la presunción es que la vinaza que liberan los ingenios fue el factor desencadenante del desastre ecológico, pues consumió el oxígeno que contiene el agua y eso terminó por asfixiar a los peces.
La magnitud del problema comenzó a dimensionarse a partir del trabajo del personal de la Secretaría del Agua, que removió los ejemplares muertos para evitar focos infecciosos.
En cambio, minimizó los efectos nocivos de la masiva mortandad de peces que podría acarrear para las poblaciones ribereñas, aguas abajo del Dique Frontal.
En otro orden, Tévez adelantó que mañana se realizará una reunión urgente de la parte técnica del Comité Salí-Dulce en esta capital.
“Yo voy a plantear en esa reunión que se reúna el comité ejecutivo para que se pueda evaluar esta situación grave y dañosa para Santiago del Estero”, dijo.
En la oportunidad, se informará que de las inspecciones que efectuaron en el embalse con el defensor del Pueblo de la provincia, Martín Díaz Achával, se comprobó la ausencia de oxígeno en los afluentes y en otros sectores del lago, por la gran carga de material orgánico que arrastra la vinaza que vuelcan los ingenios a los ríos, señaló el ingeniero.
Por otra parte, el lunes se reunirán con autoridades ambientales de Tucumán, a los que ya le anticiparon el desastre ecológico cometido y en ciernes.
En ese marco, la semana que viene se hará una campaña de monitoreo juntamente con los técnicos de la vecina provincia en distintos puntos del espejo de agua interprovincial.
Fecha de Publicación: 13/08/2010
Fuente: ADN
Provincia/Región: Santiago del Estero
Funcionarios de Río Hondo aseguraron que “la situación del embalse es grave”.
La masiva mortandad de peces en el embalse de Río Hondo generó preocupación e indignación entre funcionarios y ambientalistas de la ciudad.
Ante la gravedad de la contaminación, el gobernador convocó de urgencia al Comité de Cuenca Salí-Dulce para mañana, con presencia de Salta, Catamarca, Tucumán y Córdoba.
El secretario del Agua, Ing. Abel Tévez, indicó que los peces muertos se están acumulando en la vera del lago, de donde se sacaron cuatro toneladas de pescados.
Ante esta realidad, el funcionario no dudó en afirmar: “Hoy por hoy, podemos decir que la situación del embalse es grave”.
A continuación, opinó: “Es llamativo que en esta época del año, en que hay una importante cantidad de agua en el embalse, se produzca este fenómeno”.
Para explicar lo que sucedió la semana pasada, consideró que “esto quiere decir que hubo descargas importantes de los afluentes que desembocan en el embalse, que tiene que ver con la producción de metanol”.
Básicamente, la presunción es que la vinaza que liberan los ingenios fue el factor desencadenante del desastre ecológico, pues consumió el oxígeno que contiene el agua y eso terminó por asfixiar a los peces.
La magnitud del problema comenzó a dimensionarse a partir del trabajo del personal de la Secretaría del Agua, que removió los ejemplares muertos para evitar focos infecciosos.
En cambio, minimizó los efectos nocivos de la masiva mortandad de peces que podría acarrear para las poblaciones ribereñas, aguas abajo del Dique Frontal.
En otro orden, Tévez adelantó que mañana se realizará una reunión urgente de la parte técnica del Comité Salí-Dulce en esta capital.
“Yo voy a plantear en esa reunión que se reúna el comité ejecutivo para que se pueda evaluar esta situación grave y dañosa para Santiago del Estero”, dijo.
En la oportunidad, se informará que de las inspecciones que efectuaron en el embalse con el defensor del Pueblo de la provincia, Martín Díaz Achával, se comprobó la ausencia de oxígeno en los afluentes y en otros sectores del lago, por la gran carga de material orgánico que arrastra la vinaza que vuelcan los ingenios a los ríos, señaló el ingeniero.
Por otra parte, el lunes se reunirán con autoridades ambientales de Tucumán, a los que ya le anticiparon el desastre ecológico cometido y en ciernes.
En ese marco, la semana que viene se hará una campaña de monitoreo juntamente con los técnicos de la vecina provincia en distintos puntos del espejo de agua interprovincial.
Investigan matanza de pumas en La Pampa
Investigan una denuncia por matanza de pumas en La Pampa
Fecha de Publicación: 13/08/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: La Pampa
Una mujer, de unos 30 años, fue citada por la Dirección de Recursos Naturales de La Pampa, en el inicio de una investigación por la matanza de pumas en esta provincia, donde la caza deportiva a campo abierto está prohibida desde hace tres años. La investigación se inició tras una presentación que hizo la entidad ecologista Asociación Alihuen. Pero la denuncia original fue realizada por una persona que detectó en la red social Facebook una comunidad de cazadores de pumas que compartía fotos y relatos sobre sus cacerías .
Así lo informó Leandro Altolaguirre, presidente de la Asociación Alihuen. “Nos enteramos lo que pasaba por una persona, que nos mandó fotos y documentación tomadas de Facebook”, explicó. La denuncia se dio a conocer un día después de la polémica desatada en Río Negro, donde el Ministerio de Producción prometió pagar 500 pesos por cada ejemplar de puma muerto en la provincia, donde está considerado una plaga y provoca daños importantes a la ganadería.
Altolaguirre dijo que “el denunciante tomó conocimiento de lo sucedido a partir del ingreso a distintos perfiles, pertenecientes a personas de General Acha y de otras zonas de la provincia. Allí se comentaban jornadas de cacería y se publicaban imágenes de pumas y otros animales cazados”.
Con el fin de acopiar más información, la denunciante creó un perfil falso de Facebook y se puso en contacto con este grupo de cazadores. Entre ellos figuraba una mujer, que había publicado una gran cantidad de fotos y relatos de cacerías de puma. Así consiguió las fotos que fueron aportadas en la denuncia: animales colgados, cazadores sosteniendo la cabeza del ejemplar capturado y perros de una jauría atacando a un puma .
“La cacería del puma está prohibida y pretendemos que la dirección de Recursos Naturales de la provincia realice las averiguaciones pertinentes y pueda investigar esta denuncia que ya fue hecha a nivel nacional por otra persona”, dijo Altolaguirre.
En la Argentina el puma habita zonas de San Luis, Mendoza, La Pampa, Neuquén, Rio Negro y Chubut. El puma está incluido en el Apéndice I de CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre), que incluye a las especies en peligro de extinción.
En marzo de este año hubo una fuerte polémica por la autorización que le otorgó la Dirección Nacional de Fauna a un coto para que se cacen pumas nacidos en cautiverio. Entidades ecologistas denunciaron que no cumplía con una normativa que establece que recién pueden ser cazados a partir de la tercera generación nacida en cautiverio.
Fecha de Publicación: 13/08/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: La Pampa
Una mujer, de unos 30 años, fue citada por la Dirección de Recursos Naturales de La Pampa, en el inicio de una investigación por la matanza de pumas en esta provincia, donde la caza deportiva a campo abierto está prohibida desde hace tres años. La investigación se inició tras una presentación que hizo la entidad ecologista Asociación Alihuen. Pero la denuncia original fue realizada por una persona que detectó en la red social Facebook una comunidad de cazadores de pumas que compartía fotos y relatos sobre sus cacerías .
Así lo informó Leandro Altolaguirre, presidente de la Asociación Alihuen. “Nos enteramos lo que pasaba por una persona, que nos mandó fotos y documentación tomadas de Facebook”, explicó. La denuncia se dio a conocer un día después de la polémica desatada en Río Negro, donde el Ministerio de Producción prometió pagar 500 pesos por cada ejemplar de puma muerto en la provincia, donde está considerado una plaga y provoca daños importantes a la ganadería.
Altolaguirre dijo que “el denunciante tomó conocimiento de lo sucedido a partir del ingreso a distintos perfiles, pertenecientes a personas de General Acha y de otras zonas de la provincia. Allí se comentaban jornadas de cacería y se publicaban imágenes de pumas y otros animales cazados”.
Con el fin de acopiar más información, la denunciante creó un perfil falso de Facebook y se puso en contacto con este grupo de cazadores. Entre ellos figuraba una mujer, que había publicado una gran cantidad de fotos y relatos de cacerías de puma. Así consiguió las fotos que fueron aportadas en la denuncia: animales colgados, cazadores sosteniendo la cabeza del ejemplar capturado y perros de una jauría atacando a un puma .
“La cacería del puma está prohibida y pretendemos que la dirección de Recursos Naturales de la provincia realice las averiguaciones pertinentes y pueda investigar esta denuncia que ya fue hecha a nivel nacional por otra persona”, dijo Altolaguirre.
En la Argentina el puma habita zonas de San Luis, Mendoza, La Pampa, Neuquén, Rio Negro y Chubut. El puma está incluido en el Apéndice I de CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre), que incluye a las especies en peligro de extinción.
En marzo de este año hubo una fuerte polémica por la autorización que le otorgó la Dirección Nacional de Fauna a un coto para que se cacen pumas nacidos en cautiverio. Entidades ecologistas denunciaron que no cumplía con una normativa que establece que recién pueden ser cazados a partir de la tercera generación nacida en cautiverio.
Diputados aprobó proyecto de Ley de Glaciares
Diputados aprobó el proyecto de ley que prevé la protección de glaciares
Fecha de Publicación: 12/08/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
La iniciativa se giró al Senado y, pese a la resistencia del oficialismo, el Gobierno dijo que no la vetará
La oposición en la Cámara de Diputados remontó el traspié de la semana pasada, cuando no pudo sesionar por falta de quórum, y logró completar ayer la votación del proyecto de ley de protección de los glaciares, que ahora giró al Senado.
El oficialismo mantuvo su postura de rechazo a la iniciativa, aunque el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, ratificó ayer que, en caso de que el Senado la convierta en ley, el Poder Ejecutivo no la vetará. "Acarreará serias complicaciones a las provincias. No lo compartimos. Si se vota, no se vetará. Se promulgará", escribió Fernández en su cuenta de Twitter. La decisión presidencial fue celebrada por el senador oficialista Daniel Filmus, uno de los promotores del proyecto en la Cámara alta, quien estimó que el dictamen de comisión estará listo para su debate el mes próximo.
El proyecto de protección de glaciares había sido aprobado en general por la Cámara baja el 14 del mes pasado, por 129 votos a favor contra 86 negativos. Sin embargo, cuando los diputados comenzaron a abordar la discusión en particular de cada artículo, la sesión se diluyó por falta de quórum. El miércoles pasado se intentó concluir la aprobación de la iniciativa, pero el debate se frustró porque la oposición no reunió la mayoría para comenzar la sesión. Algunos diputados opositores, contrarios a la iniciativa, deliberadamente se habían ausentado del recinto, lo que desató airadas críticas de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y de su par Miguel Bonasso (Diálogo por Buenos Aires), impulsores del proyecto.
El proyecto de ley de protección de glaciares, que busca preservarlos "como reservas estratégicas de recursos hídricos", genera polémica por la definición que allí se establece sobre el "ambiente periglaciar". En efecto, según la iniciativa se considera área periglaciar aquella zona de media y baja montaña "con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico".
A juicio de muchos legisladores, sobre todo aquellos oriundos de las provincias cordilleranas, esta definición resulta demasiado amplia, por lo que podría restringir todo tipo de actividad productiva en una vasta zona.
Compatibilidades
"Queremos preservar los glaciares, pero esa protección debe ser compatible con el desarrollo sustentable de las provincias donde ellas se ubican", sostuvo el diputado oficialista Ruperto Godoy (San Juan).
En el mismo sentido se pronunciaron el jefe del bloque de Pro, Federico Pinedo, como también Marcelo López Arias, del bloque Federal. "Estoy a favor de proteger los glaciares, pero este concepto del área periglaciar podría llegar a paralizar la actividad minera y productiva de la zona cordillerana", planteó López Arias.
Sin embargo, estos argumentos fueron resistidos por los promotores de la iniciativa. "Una ley de protección justamente apunta a eso, a proteger lo que potencialmente puede perjudicar un área natural como los glaciares", insistió Fernanda Reyes (Coalición Cívica), quien explicó que la iniciativa incluye, también, un plazo para que se realice una auditoría de impacto ambiental sobre los emprendimientos que están funcionando, como Pascua Lama o Amos Andrés.
"Este es un gran triunfo en la Cámara de Diputados. Esperemos que el Senado pueda convertirlo pronto en ley y que el Gobierno cumpla su promesa de no vetarlo", celebró Bonasso. El mensaje estaba dirigido a la Presidenta que por presión de las provincias con actividad minera había vetado esa norma anteriormente.
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Diputados completó la votación de la ley de glaciares y va al Senado
Fecha de Publicación: 12/08/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Después de las dificultades y demoras que aplazaron casi un mes el tratamiento de la totalidad de los artículos, los bloques opositores de Diputados completaron ayer la aprobación de la ley de protección de glaciares y ahora la iniciativa volverá al Senado. “Costó mucho, pero hemos logrado vencer el lobby de la Barrick Gold”, aseguró Miguel Bonasso, impulsor del proyecto originalmente presentado por Marta Maffei, aunque advirtió que para confirmar esa afirmación tendrá que sortear el incierto terreno de la Cámara alta y luego Cristina Kirchner cumplir con su promesa de no aplicar el veto, como sí había hecho en 2008.
Como si no pudiera evitar las complicaciones, la aprobación ayer también se estiró y tuvo suspenso primero por una discusión sobre el temario de la sesión, porque el kirchnerismo se negaba a incluir una declaración de repudio por “el despojo, la persecución y el abuso” del gobierno de Formosa a una comunidad originaria de esa provincia. Y luego por un debate para introducir modificaciones: diputados del oficialismo, el PRO y el PJ disidente propusieron flexibilizar la prohibición para los emprendimientos en el área periglaciar, a partir de un estudio previo de impacto ambiental. Bonasso no las aceptó, por lo que el proyecto aprobado incluye esas zonas en el régimen de presupuestos mínimos “con el objeto de preservarlas como reservas estratégicas de recursos hídricos”.
La única modificación logró introducirla el radical Ricardo Mansur, para impedir las explotaciones mineras e hidrocarburíferas hasta terminarse el Inventario Nacional de Glaciares que establece la ley. “ Ahora hay que solicitar la rápida sanción en el Senado” , dijo el mendocino. Si prospera la iniciativa, emprendimientos como el de Pascua Lama podrían ser obligados a variar sus procedimientos de extracción de agua, coincidieron los diputados.
“Por fin hemos dado un paso muy importante en la protección de los glaciares, para evitar que el saqueo del agua entre por el Congreso, como en la década del 90”, aseguró Fernanda Reyes, de la Coalición Cívica. La aprobación se había demorado porque el oficialismo y el PRO habían dejado sin quórum la sesión de hace un mes, luego de la votación en general y los primeros cinco artículos, unos días después del cuestionado encuentro de la Presidenta con Peter Munk, CEO de la Barrick, en Canadá. Y la semana pasada, por las ausencias del kirchnerismo, parte del radicalismo y el peronismo disidente, no pudo empezar la sesión. Ahora el proyecto pasará al Senado. “Creemos que (Daniel) Filmus va a cumplir su compromiso”, planteó Bonasso. “La Presidenta ya dijo que no va a vetar el proyecto y voy a trabajar para que salga lo que acordé con Bonasso”, aseguró anoche Filmus. Aníbal Fernández también escribió en Twitter que no habrá veto.
La Leonesa: gobierno dice que hay controles
La Leonesa: gobierno dice que realiza permanentes estudios ambientales
Fecha de Publicación: 11/08/2010
Fuente: Data Chaco
Provincia/Región: Chaco
La Subsecretaría de Medio Ambiente monitorea las fumigaciones. En el lugar se ha dispuesto una cortina ambiental para que las pulverizaciones no lleguen a la población. APA y Sameep controlan el agua.
Funcionarios de distintas áreas del Gobierno de la provincia aseguraron que es permanente el estudio de impacto ambiental que se realiza en La Leonesa en lo que refiere al funcionamiento de las arroceras y las fumigaciones que se realizan.
Desde la subsecretaria de Medio Ambiente, dependiente del Ministerio de Producción, mencionaron que técnicos y especialistas realizan permanentes controles de gestión de residuos en los que no se encontraron faltas a los procedimientos de seguridad.
Funcionarios del área mencionaron que la arrocera fue multada por 10 mil pesos por no contar con la inscripción definitiva, motivo por el cual se sigue de cerca dicha situación. Destacaron además que la arrocera presentó un estudio de impacto ambiental en el cual se menciona que la misma cuenta con un seguro ambiental por 8 millones de pesos.
Cabe destacar que el Gobierno es tajante en la instrumentación de la aplicación de la Ley biocidas y que son permanentes los controles sobre las fumigaciones que se realizan y que en dichos controles no se encontraron faltas. Respecto a esto destacaron que no se realizan pulverizaciones a mil metros del alambrado y que se ha dispuesto una cortina ambiental para que la pulverización no vaya hacia la población. Se debe aclarar además que la arrocera tiene suspendida la pulverización aérea por una medida cautelar de 90 días y que el Ministerio de Producción elevó los informes solicitados por los diputados sobre las arroceras.
Desde la Administración Provincial del Agua recordaron que ante las denuncias presentadas ante el organismo, se realizaron los controles de las aguas en los canales y que en primera instancia los mismos estaban vacíos y que posteriormente se realizaron cuando estaban llenos, resultado que arrojo que si bien se encontraron rastros de contaminantes, los mismos no tenían el nivel suficiente para que sean perjudiciales.
Actualmente se realizan periódicamente controles y que no se encentraron valores contaminantes. Sameep trabaja en conjunto con APA en el control de agua, y desde la empresa aclaran que son permanentes en cada planta y en la laguna de la localidad. Los controles en la laguna no remiten contaminación y mensualmente se realizan los mismos los cuales tienen una contraprueba con el laboratorio de la Universidad de Córdoba.
Fecha de Publicación: 11/08/2010
Fuente: Data Chaco
Provincia/Región: Chaco
La Subsecretaría de Medio Ambiente monitorea las fumigaciones. En el lugar se ha dispuesto una cortina ambiental para que las pulverizaciones no lleguen a la población. APA y Sameep controlan el agua.
Funcionarios de distintas áreas del Gobierno de la provincia aseguraron que es permanente el estudio de impacto ambiental que se realiza en La Leonesa en lo que refiere al funcionamiento de las arroceras y las fumigaciones que se realizan.
Desde la subsecretaria de Medio Ambiente, dependiente del Ministerio de Producción, mencionaron que técnicos y especialistas realizan permanentes controles de gestión de residuos en los que no se encontraron faltas a los procedimientos de seguridad.
Funcionarios del área mencionaron que la arrocera fue multada por 10 mil pesos por no contar con la inscripción definitiva, motivo por el cual se sigue de cerca dicha situación. Destacaron además que la arrocera presentó un estudio de impacto ambiental en el cual se menciona que la misma cuenta con un seguro ambiental por 8 millones de pesos.
Cabe destacar que el Gobierno es tajante en la instrumentación de la aplicación de la Ley biocidas y que son permanentes los controles sobre las fumigaciones que se realizan y que en dichos controles no se encontraron faltas. Respecto a esto destacaron que no se realizan pulverizaciones a mil metros del alambrado y que se ha dispuesto una cortina ambiental para que la pulverización no vaya hacia la población. Se debe aclarar además que la arrocera tiene suspendida la pulverización aérea por una medida cautelar de 90 días y que el Ministerio de Producción elevó los informes solicitados por los diputados sobre las arroceras.
Desde la Administración Provincial del Agua recordaron que ante las denuncias presentadas ante el organismo, se realizaron los controles de las aguas en los canales y que en primera instancia los mismos estaban vacíos y que posteriormente se realizaron cuando estaban llenos, resultado que arrojo que si bien se encontraron rastros de contaminantes, los mismos no tenían el nivel suficiente para que sean perjudiciales.
Actualmente se realizan periódicamente controles y que no se encentraron valores contaminantes. Sameep trabaja en conjunto con APA en el control de agua, y desde la empresa aclaran que son permanentes en cada planta y en la laguna de la localidad. Los controles en la laguna no remiten contaminación y mensualmente se realizan los mismos los cuales tienen una contraprueba con el laboratorio de la Universidad de Córdoba.
El tercer capítulo de la segunda temporada
El tercer capítulo de la segunda temporada
Fecha de Publicación: 11/08/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Como una saga televisiva, el proyecto para la protección de glaciares tendrá hoy su tercer capítulo de la segunda temporada en el Congreso. Los diputados opositores apuestan esta vez a conseguir el quórum en la Cámara baja para aprobar en particular la iniciativa que quedó trunca antes del receso parlamentario de invierno y que volvió a frustrarse la semana anterior. El texto que se discutirá en el recinto es el que acordaron los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales de ambas Cámaras, el diputado Miguel Bonasso y el senador Daniel Filmus, que luego deberá pasar por el Senado para convertirse en ley. Aunque el kirchnerismo aseguró que la presidenta Cristina Fernández no volverá a vetar la ley, dejará en manos de la oposición la responsabilidad de reunir los 129 legisladores necesarios.
El proyecto de glaciares será el primer punto de la sesión prevista para hoy a las 14 en Diputados. Una decisión que se adoptó en la tranquila reunión de Labor Parlamentaria de ayer por la tarde, donde la mayoría de los bloques de la oposición insistieron –sin resistencia del oficialismo– en continuar la sesión que se cayó por falta de quórum el 14 de julio.
Pero la frustración de la semana pasada, cuando la oposición no alcanzó el quórum para sesionar, desató una serie de acusaciones cruzadas entre las distintas bancadas opositoras. Las diferencias sobre el proyecto se volvieron a hacer sentir con las ausencias en el recinto. El macrismo no acordaba con la definición de las zonas periglaciales que introdujo en el texto el acuerdo Filmus-Bonasso, lo mismo que los radicales del Frente Cívico Catamarqueño y varios legisladores de los bloques del PJ anti K. Las ausencias atravesaron a todos los bloques, con la única excepción de la Coalición Cívica, lo que habilitó a Elisa Carrió a descargar su ira con el resto del Grupo A. “La culpa es de la oposición. Hubo irresponsabilidad y desidia”, soltó Lilita antes de acordarse de quienes todavía gozaban de vacaciones: “No puede ser que haya diputados que se pasean por Europa y nosotros perdemos sesiones acá”. “Los diputados que no se sienten en sus bancas son funcionales al lobby de las mineras y del oficialismo”, sumó ayer también la cívica Fernanda Reyes.
Bonasso, quien había repartido responsabilidades entre oficialistas y opositores, esta vez se encargó de garantizar una a una la presencia de los diputados de distintos bloques que no asistieron a la frustrada sesión del miércoles pasado. Las llamadas telefónicas y el compromiso asumido por los presidentes de los bloques opositores asegurarían esta vez el quórum. El oficialismo, que no intentó bloquear el tratamiento del proyecto en la reunión de Labor Parlamentaria, tampoco sentará a sus diputados en las bancas hasta que la oposición no reúna quórum. Una hora antes, a las 13, el kirchnerismo reunirá a sus diputados en la oficina del jefe del bloque, Agustín Rossi. Ahí discutirán la estrategia parlamentaria oficialista y quedarán a la espera de bajar al recinto para dar debate.
Varias organizaciones ecologistas se movilizarán en apoyo al proyecto. Greenpeace denunció el boicot minero a la ley de glaciares y lanzó una campaña a través de correos electrónico y llamados telefónicos a los despachos de Rossi y del presidente de la bancada macrista, Federico Pinedo. El temario de hoy incluye también la propuesta opositora de un pedido de informes al Ejecutivo sobre las medidas adoptadas para regularizar la Auditoría General de la Nación.
Fecha de Publicación: 11/08/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Como una saga televisiva, el proyecto para la protección de glaciares tendrá hoy su tercer capítulo de la segunda temporada en el Congreso. Los diputados opositores apuestan esta vez a conseguir el quórum en la Cámara baja para aprobar en particular la iniciativa que quedó trunca antes del receso parlamentario de invierno y que volvió a frustrarse la semana anterior. El texto que se discutirá en el recinto es el que acordaron los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales de ambas Cámaras, el diputado Miguel Bonasso y el senador Daniel Filmus, que luego deberá pasar por el Senado para convertirse en ley. Aunque el kirchnerismo aseguró que la presidenta Cristina Fernández no volverá a vetar la ley, dejará en manos de la oposición la responsabilidad de reunir los 129 legisladores necesarios.
El proyecto de glaciares será el primer punto de la sesión prevista para hoy a las 14 en Diputados. Una decisión que se adoptó en la tranquila reunión de Labor Parlamentaria de ayer por la tarde, donde la mayoría de los bloques de la oposición insistieron –sin resistencia del oficialismo– en continuar la sesión que se cayó por falta de quórum el 14 de julio.
Pero la frustración de la semana pasada, cuando la oposición no alcanzó el quórum para sesionar, desató una serie de acusaciones cruzadas entre las distintas bancadas opositoras. Las diferencias sobre el proyecto se volvieron a hacer sentir con las ausencias en el recinto. El macrismo no acordaba con la definición de las zonas periglaciales que introdujo en el texto el acuerdo Filmus-Bonasso, lo mismo que los radicales del Frente Cívico Catamarqueño y varios legisladores de los bloques del PJ anti K. Las ausencias atravesaron a todos los bloques, con la única excepción de la Coalición Cívica, lo que habilitó a Elisa Carrió a descargar su ira con el resto del Grupo A. “La culpa es de la oposición. Hubo irresponsabilidad y desidia”, soltó Lilita antes de acordarse de quienes todavía gozaban de vacaciones: “No puede ser que haya diputados que se pasean por Europa y nosotros perdemos sesiones acá”. “Los diputados que no se sienten en sus bancas son funcionales al lobby de las mineras y del oficialismo”, sumó ayer también la cívica Fernanda Reyes.
Bonasso, quien había repartido responsabilidades entre oficialistas y opositores, esta vez se encargó de garantizar una a una la presencia de los diputados de distintos bloques que no asistieron a la frustrada sesión del miércoles pasado. Las llamadas telefónicas y el compromiso asumido por los presidentes de los bloques opositores asegurarían esta vez el quórum. El oficialismo, que no intentó bloquear el tratamiento del proyecto en la reunión de Labor Parlamentaria, tampoco sentará a sus diputados en las bancas hasta que la oposición no reúna quórum. Una hora antes, a las 13, el kirchnerismo reunirá a sus diputados en la oficina del jefe del bloque, Agustín Rossi. Ahí discutirán la estrategia parlamentaria oficialista y quedarán a la espera de bajar al recinto para dar debate.
Varias organizaciones ecologistas se movilizarán en apoyo al proyecto. Greenpeace denunció el boicot minero a la ley de glaciares y lanzó una campaña a través de correos electrónico y llamados telefónicos a los despachos de Rossi y del presidente de la bancada macrista, Federico Pinedo. El temario de hoy incluye también la propuesta opositora de un pedido de informes al Ejecutivo sobre las medidas adoptadas para regularizar la Auditoría General de la Nación.
Riachuelo: la Corte ordena multas y apura
Riachuelo: la Corte ordena multas y apura la limpieza
Fecha de Publicación: 11/08/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
La Corte Suprema nacional ordenó ayer apurar el proceso de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo y multar a los funcionarios públicos responsables que incumplan con esas obligaciones. A dos años del fallo donde ordenó la limpieza de esa cuenca, firmado en julio de 2008, la Corte advirtió que hubo “incumplimientos injustificados”. Ayer, en una resolución que contó con el aval de sus siete integrantes, la Corte encomendó al juez federal de Quilmes adoptar las medidas necesarias para el “inmediato” cumplimiento del plan y sancionar a los responsables en caso de incumplimiento.
La Corte había intimado al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad a llevar a cabo las tareas de saneamiento, pero los trabajos de recuperación demostraron avances poco significativos. En la resolución, se recordó que “en la referida sentencia esta Corte determinó que la autoridad obligada a la ejecución del programa, y responsable de su cumplimiento oportuno, es la Autoridad de Cuenca contemplada en la ley 26.168”. Y advirtió que “transcurridos dos años desde ese pronunciamiento, y a pesar de los continuos requerimientos efectuados por el juez delegado, se advierten incumplimientos que no han sido debidamente justificados, circunstancia que obliga a esta Corte Suprema a encomendar al referido magistrado que adopte las medidas necesarias para el inmediato y eficaz cumplimiento de la sentencia”.
La Corte agregó que “todas estas medidas deberán ser puestas en ejercicio por el juez delegado para la ejecución de la sentencia, investido por esta Corte de atribuciones suficientes para la aplicación de las sanciones pecuniarias que considere adecuadas en orden a la gravedad de los incumplimientos verificados, las que se harán efectivas en la persona del Presidente de la Autoridad de Cuenca y de los demás funcionarios involucrados por mandatos específicos y determinados”.
La causa que llegó a la Corte fue impulsada por varios vecinos del Riachuelo, encabezados por Beatriz Mendoza, que demandaron al Estado por daños y perjuicios derivados de la contaminación del curso de agua. La cuenca se extiende a lo largo de 70 kilómetros, cubre una superficie de 2.248 kilómetros cuadrados y tiene 7 millones de habitantes.
El tribunal también encomendó a la Autoridad de Cuenca “la instrumentación de un sistema de información digital de acceso público que contenga todos los datos, informes, listados, cronogramas, costos, etc. actualizados”, además de la adopción de algunos de los sistemas internacionales de medición disponibles. También reclamó a la Auditoría General de la Nación que informe las dificultades que haya tenido para efectuar el control encomendado y las observaciones que haya realizado hasta el momento.
Fecha de Publicación: 11/08/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
La Corte Suprema nacional ordenó ayer apurar el proceso de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo y multar a los funcionarios públicos responsables que incumplan con esas obligaciones. A dos años del fallo donde ordenó la limpieza de esa cuenca, firmado en julio de 2008, la Corte advirtió que hubo “incumplimientos injustificados”. Ayer, en una resolución que contó con el aval de sus siete integrantes, la Corte encomendó al juez federal de Quilmes adoptar las medidas necesarias para el “inmediato” cumplimiento del plan y sancionar a los responsables en caso de incumplimiento.
La Corte había intimado al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad a llevar a cabo las tareas de saneamiento, pero los trabajos de recuperación demostraron avances poco significativos. En la resolución, se recordó que “en la referida sentencia esta Corte determinó que la autoridad obligada a la ejecución del programa, y responsable de su cumplimiento oportuno, es la Autoridad de Cuenca contemplada en la ley 26.168”. Y advirtió que “transcurridos dos años desde ese pronunciamiento, y a pesar de los continuos requerimientos efectuados por el juez delegado, se advierten incumplimientos que no han sido debidamente justificados, circunstancia que obliga a esta Corte Suprema a encomendar al referido magistrado que adopte las medidas necesarias para el inmediato y eficaz cumplimiento de la sentencia”.
La Corte agregó que “todas estas medidas deberán ser puestas en ejercicio por el juez delegado para la ejecución de la sentencia, investido por esta Corte de atribuciones suficientes para la aplicación de las sanciones pecuniarias que considere adecuadas en orden a la gravedad de los incumplimientos verificados, las que se harán efectivas en la persona del Presidente de la Autoridad de Cuenca y de los demás funcionarios involucrados por mandatos específicos y determinados”.
La causa que llegó a la Corte fue impulsada por varios vecinos del Riachuelo, encabezados por Beatriz Mendoza, que demandaron al Estado por daños y perjuicios derivados de la contaminación del curso de agua. La cuenca se extiende a lo largo de 70 kilómetros, cubre una superficie de 2.248 kilómetros cuadrados y tiene 7 millones de habitantes.
El tribunal también encomendó a la Autoridad de Cuenca “la instrumentación de un sistema de información digital de acceso público que contenga todos los datos, informes, listados, cronogramas, costos, etc. actualizados”, además de la adopción de algunos de los sistemas internacionales de medición disponibles. También reclamó a la Auditoría General de la Nación que informe las dificultades que haya tenido para efectuar el control encomendado y las observaciones que haya realizado hasta el momento.
Dos miradas sobre la Ley de Glaciares
Dos miradas sobre la Ley de Glaciares
Fecha de Publicación: 10/08/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
La Ley de Glaciares que está en discusión en el Congreso enfrenta intereses de sectores en apariencia inconciliables. Aquí, dos opiniones que evalúan la protección necesaria tanto para la actividad empresaria como para los recursos naturales.
Para detener la amenaza sobre nuestro ecosistema
Por
Maristella Svampa
SOCIOLOGA E INVESTIGADORA DEL CONICET.
Enrique Viale
PRESIDENTE ASOCIACION ARGENTINA DE ABOGADOS AMBIENTALISTAS
La Ley de Protección de Glaciares, aprobada en general por la Cámara de Diputados, es un paso importante para el resguardo de nuestros recursos hídricos y la defensa del ecosistema de nuestra cordillera, hoy amenazado por el avance de la megaminería metalífera .
Esta ley conoció el veto presidencial en 2008, y debió enfrentar la ofensiva oficialista, de la mano del proyecto del senador Daniel Filmus, más permisivo, tal como pretendía el lobby minero.
Semanas atrás, la norma fue aprobada en general y en particular (sólo hasta el artículo 5°) con un articulado que amplía el carácter protector de la norma vetada. La ausencia del bloque oficialista y la irresponsabilidad de una parte de la oposición, en la sesión del miércoles pasado, no permitió aún que dicha ley obtenga media sanción.
La sanción de esta ley, inspirada en los principios básicos del derecho ambiental, ilustra el avance de las luchas socioambientales de las Asambleas Ciudadanas , así como una saludable apertura de la agenda parlamentaria , gracias al accionar de legisladores conscientes del carácter depredador de este tipo de actividades extractivas.
En toda América latina asistimos a luchas en contra de la megaminería transnacional, en protección del agua como el mayor bien común , protagonizadas por centenares de ciudadanos y comunidades, violentadas en sus derechos y afectadas por este tipo de actividad que consume hasta 100 millones de litros de agua por día (como Bajo La Alumbrera, en Catamarca).
Asimismo, los daños ambientales producidos por este tipo de minería están suficientemente probados ; tan es así que el Parlamento Europeo, en su Resolución del 5 de mayo de 2010, recomendó la prohibición general del uso de las tecnologías mineras a base de cianuro en la Unión Europa.
Pero hay varios hechos que ensombrecen este panorama . Anticipándose a un revés en el Congreso Nacional, las provincias mineras sancionaron, de manera express, leyes provinciales de “protección” de glaciares, que abren las puertas a la explotación minera en zonas protegidas por la ley nacional. Escudados en el artículo 124 de la Constitución Nacional (que provincializa los recursos naturales), pretenden convertir estas normas locales en un escollo jurídico para la aplicación de la ley nacional.
Pero la jugada tiene patas cortas , ya que nuestra Carta Magna limita el dominio provincial sobre los recursos naturales al establecer -en el artículo 41- que es el Congreso Nacional quien instituye los pisos básicos de protección ambiental para todo el país. Así, en caso de que estas leyes provinciales se opongan a los principios y disposiciones contenidas en la futura ley nacional, prevalecerá esta última.
Además, luego de la reciente fotografía de la presidenta Cristina F. de Kirchner, en Canadá, junto a los directivos de la Barrick y los gobernadores pro-mineros oficialistas, el gobierno nacional inició una campaña en favor de la megaminería , como lo muestra un video difundido por la web del Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, que minimiza el daño ambiental.
En suma, no estamos ante un debate menor, ya que los intereses económicos en juego son enormes . La sanción de esta ley nacional, que apunta a la preservación del agua y de nuestros bienes naturales, puede ser un primer paso para poner coto a las corporaciones transnacionales y desenmascarar el simulado discurso federalista de las provincias mineras, así como el falso discurso progresista del gobierno nacional.
No conviene una ley que esté contra la producción
PorManuel Benítez
PRESIDENTE DE LA CAMARA ARGENTINA DE EMPRESARIOS MINEROS (CAEM)
La Ley de Glaciares, que el Congreso trata en estos días, es de vital trascendencia para la sociedad en su conjunto. En especial, es muy importante contar con una norma que asegure la protección de estos cuerpos contemplando el plexo normativo provincial y nacional que ya existe sobre la protección del agua. En este sentido, esta Ley no debe solamente ser la mejor y la que efectivamente asegure la protección de los glaciares, sino que no debe de manera alguna conspirar contra el desarrollo efectivo de provincias cordilleranas. No se puede caer en falsas antinomias entre actividades productivas y cuidado del medio ambiente.
El proyecto de ley en discusión no sólo prohíbe la minería, sino también otras actividades igualmente fundamentales para el desarrollo de muchas regiones argentinas, tales como la construcción de caminos, el aprovechamiento de la energía hidroeléctrica y toda otra actividad industrial o de infraestructura que se plantee en la zona denominada “periglaciar”, de peligrosa amplitud conceptual y definición imprecisa. En síntesis, lo que la Argentina necesita es una Ley de protección de Glaciares y no una norma antiproductiva o antiminera.
Respecto de esta actividad, nuestro país se encuentra frente a una gran oportunidad. Durante el año pasado, se invirtieron en la minería argentina un total de nada menos que 750 millones de dólares, que generaron 8.000 empleos y dieron trabajo a más de 750 pequeñas y medianas empresas que hoy son proveedoras nacionales de la minería local.
El hecho más trascendente fue el tan esperado lanzamiento de Pascua Lama, el primer emprendimiento binacional del mundo entre Argentina y Chile. En materia de producción, el último año se pusieron en marcha cuatro nuevos proyectos de escala internacional: Manantial Espejo en Santa Cruz, Gualcamayo en San Juan, Sierra Grande en Río Negro y Pirquitas en Jujuy.
Un desglose de las inversiones previstas y en curso permite hacer una radiografía de la situación. La compañía australiana Troy Resources está invirtiendo en el proyecto Casposo 115 millones de dólares, que generan otros 3.000 empleos. La australiana Andean Resources confirmó la inversión de 315 millones de dólares para la construcción del proyecto Cerro Negro. Y la empresa brasileña Vale está avanzando en el proyecto Potasio Río Colorado, en Mendoza, con una inversión cercana a 3.000 millones de dólares.
La industria minera nacional es la primera en reconocer el valor de sus trabajadores, cuyos salarios están al tope de la lista de los sectores mejor pagos dentro de la economía local. La tecnología que utiliza la moderna minería metalífera es de última generación, lo que le permite ser absolutamente responsable en materia ambiental. La minería paga todos los impuestos y contribuciones nacionales, provinciales y municipales que corresponden, entre los que se cuentan Ganancias, Rentas provinciales, cargas sociales, entre otros. Y es la única actividad que ya tiene una ley ambiental específica y que cuenta con la mayor cantidad de controles cruzados.
Mirando hacia el futuro, la Argentina tiene metas claras para el sector. En el año 2015 aspira a exportar 7.600 millones de dólares, sumar 10.400 millones de inversión y llegar a 9.800 millones de producción, cuando hace cinco años apenas se alcanzaba algo más de 1.000 millones de dólares.
En resumen, se debe mirar a los países del mundo que forjaron un desarrollo sustentable en los cuales la minería fue y es una columna fundamental de inversión, desarrollo regional, y expansión de fronteras (Canadá, Australia, Chile; EE. UU., Brasil, Perú, etc). Nuestro país, y fundamentalmente la gente, se merece contar con una industria minera sólida y expansiva, generando recursos genuinos y trabajo.
Fecha de Publicación: 10/08/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
La Ley de Glaciares que está en discusión en el Congreso enfrenta intereses de sectores en apariencia inconciliables. Aquí, dos opiniones que evalúan la protección necesaria tanto para la actividad empresaria como para los recursos naturales.
Para detener la amenaza sobre nuestro ecosistema
Por
Maristella Svampa
SOCIOLOGA E INVESTIGADORA DEL CONICET.
Enrique Viale
PRESIDENTE ASOCIACION ARGENTINA DE ABOGADOS AMBIENTALISTAS
La Ley de Protección de Glaciares, aprobada en general por la Cámara de Diputados, es un paso importante para el resguardo de nuestros recursos hídricos y la defensa del ecosistema de nuestra cordillera, hoy amenazado por el avance de la megaminería metalífera .
Esta ley conoció el veto presidencial en 2008, y debió enfrentar la ofensiva oficialista, de la mano del proyecto del senador Daniel Filmus, más permisivo, tal como pretendía el lobby minero.
Semanas atrás, la norma fue aprobada en general y en particular (sólo hasta el artículo 5°) con un articulado que amplía el carácter protector de la norma vetada. La ausencia del bloque oficialista y la irresponsabilidad de una parte de la oposición, en la sesión del miércoles pasado, no permitió aún que dicha ley obtenga media sanción.
La sanción de esta ley, inspirada en los principios básicos del derecho ambiental, ilustra el avance de las luchas socioambientales de las Asambleas Ciudadanas , así como una saludable apertura de la agenda parlamentaria , gracias al accionar de legisladores conscientes del carácter depredador de este tipo de actividades extractivas.
En toda América latina asistimos a luchas en contra de la megaminería transnacional, en protección del agua como el mayor bien común , protagonizadas por centenares de ciudadanos y comunidades, violentadas en sus derechos y afectadas por este tipo de actividad que consume hasta 100 millones de litros de agua por día (como Bajo La Alumbrera, en Catamarca).
Asimismo, los daños ambientales producidos por este tipo de minería están suficientemente probados ; tan es así que el Parlamento Europeo, en su Resolución del 5 de mayo de 2010, recomendó la prohibición general del uso de las tecnologías mineras a base de cianuro en la Unión Europa.
Pero hay varios hechos que ensombrecen este panorama . Anticipándose a un revés en el Congreso Nacional, las provincias mineras sancionaron, de manera express, leyes provinciales de “protección” de glaciares, que abren las puertas a la explotación minera en zonas protegidas por la ley nacional. Escudados en el artículo 124 de la Constitución Nacional (que provincializa los recursos naturales), pretenden convertir estas normas locales en un escollo jurídico para la aplicación de la ley nacional.
Pero la jugada tiene patas cortas , ya que nuestra Carta Magna limita el dominio provincial sobre los recursos naturales al establecer -en el artículo 41- que es el Congreso Nacional quien instituye los pisos básicos de protección ambiental para todo el país. Así, en caso de que estas leyes provinciales se opongan a los principios y disposiciones contenidas en la futura ley nacional, prevalecerá esta última.
Además, luego de la reciente fotografía de la presidenta Cristina F. de Kirchner, en Canadá, junto a los directivos de la Barrick y los gobernadores pro-mineros oficialistas, el gobierno nacional inició una campaña en favor de la megaminería , como lo muestra un video difundido por la web del Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, que minimiza el daño ambiental.
En suma, no estamos ante un debate menor, ya que los intereses económicos en juego son enormes . La sanción de esta ley nacional, que apunta a la preservación del agua y de nuestros bienes naturales, puede ser un primer paso para poner coto a las corporaciones transnacionales y desenmascarar el simulado discurso federalista de las provincias mineras, así como el falso discurso progresista del gobierno nacional.
No conviene una ley que esté contra la producción
PorManuel Benítez
PRESIDENTE DE LA CAMARA ARGENTINA DE EMPRESARIOS MINEROS (CAEM)
La Ley de Glaciares, que el Congreso trata en estos días, es de vital trascendencia para la sociedad en su conjunto. En especial, es muy importante contar con una norma que asegure la protección de estos cuerpos contemplando el plexo normativo provincial y nacional que ya existe sobre la protección del agua. En este sentido, esta Ley no debe solamente ser la mejor y la que efectivamente asegure la protección de los glaciares, sino que no debe de manera alguna conspirar contra el desarrollo efectivo de provincias cordilleranas. No se puede caer en falsas antinomias entre actividades productivas y cuidado del medio ambiente.
El proyecto de ley en discusión no sólo prohíbe la minería, sino también otras actividades igualmente fundamentales para el desarrollo de muchas regiones argentinas, tales como la construcción de caminos, el aprovechamiento de la energía hidroeléctrica y toda otra actividad industrial o de infraestructura que se plantee en la zona denominada “periglaciar”, de peligrosa amplitud conceptual y definición imprecisa. En síntesis, lo que la Argentina necesita es una Ley de protección de Glaciares y no una norma antiproductiva o antiminera.
Respecto de esta actividad, nuestro país se encuentra frente a una gran oportunidad. Durante el año pasado, se invirtieron en la minería argentina un total de nada menos que 750 millones de dólares, que generaron 8.000 empleos y dieron trabajo a más de 750 pequeñas y medianas empresas que hoy son proveedoras nacionales de la minería local.
El hecho más trascendente fue el tan esperado lanzamiento de Pascua Lama, el primer emprendimiento binacional del mundo entre Argentina y Chile. En materia de producción, el último año se pusieron en marcha cuatro nuevos proyectos de escala internacional: Manantial Espejo en Santa Cruz, Gualcamayo en San Juan, Sierra Grande en Río Negro y Pirquitas en Jujuy.
Un desglose de las inversiones previstas y en curso permite hacer una radiografía de la situación. La compañía australiana Troy Resources está invirtiendo en el proyecto Casposo 115 millones de dólares, que generan otros 3.000 empleos. La australiana Andean Resources confirmó la inversión de 315 millones de dólares para la construcción del proyecto Cerro Negro. Y la empresa brasileña Vale está avanzando en el proyecto Potasio Río Colorado, en Mendoza, con una inversión cercana a 3.000 millones de dólares.
La industria minera nacional es la primera en reconocer el valor de sus trabajadores, cuyos salarios están al tope de la lista de los sectores mejor pagos dentro de la economía local. La tecnología que utiliza la moderna minería metalífera es de última generación, lo que le permite ser absolutamente responsable en materia ambiental. La minería paga todos los impuestos y contribuciones nacionales, provinciales y municipales que corresponden, entre los que se cuentan Ganancias, Rentas provinciales, cargas sociales, entre otros. Y es la única actividad que ya tiene una ley ambiental específica y que cuenta con la mayor cantidad de controles cruzados.
Mirando hacia el futuro, la Argentina tiene metas claras para el sector. En el año 2015 aspira a exportar 7.600 millones de dólares, sumar 10.400 millones de inversión y llegar a 9.800 millones de producción, cuando hace cinco años apenas se alcanzaba algo más de 1.000 millones de dólares.
En resumen, se debe mirar a los países del mundo que forjaron un desarrollo sustentable en los cuales la minería fue y es una columna fundamental de inversión, desarrollo regional, y expansión de fronteras (Canadá, Australia, Chile; EE. UU., Brasil, Perú, etc). Nuestro país, y fundamentalmente la gente, se merece contar con una industria minera sólida y expansiva, generando recursos genuinos y trabajo.
Minería: Una piedra en el zapato
Una piedra en el zapato
Fecha de Publicación: 09/08/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Por Tomás Lukin
Economista del Centro Cultural de la Cooperación
La estructura impositiva del sector minero, que resultó privilegiado en la década del ’90, está pasando relativamente inadvertida en la discusión parlamentaria del proyecto que busca preservar los glaciares y sus zonas lindantes.
La imponencia del glaciar Perito Moreno como símbolo icónico de la geografía argentina y de la belleza de la Patagonia sirvió para lograr en la ciudadanía un apoyo a la ley que se discute en el Congreso. En los debates de TV se habla con soltura del permafrost o el ambiente periglacial y nos enteramos, acusaciones mediáticas mediante, que algunos de nuestros representantes son “empleados” de la Barrick Corporation. Lástima que suceda ahora y no cuando las corporaciones tuvieron la absoluta libertad de escribir el borrador del actual Código Minero en la tranquilidad de sus oficinas en Denver y Toronto, Canadá.
Es de celebrar que finalmente se discuta cómo preservar los glaciares de la devastación ambiental que genera la moderna megaminería química a cielo abierto. No solamente los glaciares deben ser preservados, sino también los acuíferos y napas freáticas. Sin embargo, el Parlamento va muy por detrás de los hechos, amén de que la legislación ambiental es dura en el papel e inefectiva en el terreno.
La renuncia a fines de junio del primer ministro de Australia, Kevin Rudd, está estrechamente ligada a su enfrentamiento personal al poderoso lobby minero y su plan de gobierno para la reforma impositiva de las industrias extractivas. El plan intentó reemplazar el cobro de regalías, que es la forma histórica en que se grava la minería desde la época de los pioneros y los buscadores de oro y que se mantiene así desde el siglo XIX, hacia un gravamen sobre las ganancias y las ganancias extraordinarias. David Parker, quien lleva adelante las conversaciones con la industria minera en representación del Estado, remarca que “las naciones ricas en recursos naturales están reemplazando los sistemas de regalías por los de gravamen a la renta minera”.
Según el gabinete del primer ministro, “es una discusión sobre el gravamen a las ganancias extraordinarias de un sector que ya lleva un boom de dos décadas, destinado a financiar la reducción de impuestos a pymes, capitalizar el sistema de jubilación y pensiones y financiar proyectos de infraestructura que extiendan al resto de los australianos los beneficios obtenidos de la riqueza del subsuelo que es propiedad de la nación”. Debate intenso, ya que el gravamen en cuestión impondría a las empresas mineras un impuesto del 40 por ciento.
En una analogía a la reacción que sucedió, a la Resolución 125 en Argentina, un grupo de 20 renombrados intelectuales y economistas australianos respaldó en una carta abierta la decisión del gobierno de Rudd de cobrar impuestos a las mineras en sustitución de las regalías; la base sobre la que parte la discusión es sobre el impuesto a las “super ganancias” y lo que en inglés se denomina (windfall profit tax), que grava a sectores específicos cuando los costos se mantienen pero el precio en el mercado internacional se dispara. En la carta, el grupo aclara que la minería es un sector único, ya que usa recursos naturales que son de todos los ciudadanos, motivo por el cual los beneficios también deben alcanzar a la sociedad toda.
La sucesora del saliente primer ministro, Julia Gillard, en su primera semana como jefa de Estado, dijo: “Tenemos derecho a recibir una porción justa de nuestra herencia; la riqueza mineral que yace bajo nuestros pies”, y agregó que cobrar un impuesto tan elevado “les dará a los australianos una mejor retribución sobre los recursos de los que todos los australianos somos dueños; y que pueden extraerse sólo una vez”. A fines de mayo el CEO de la gigante minera Rio Tinto, Tom Albanese, se mostró preocupado porque algunos países puedan seguir el ejemplo australiano, presionando a través de los medios y a la opinión pública por la derogación del plan. Se recurrió a argumentos tan trillados que seguramente los vamos a ver pronto por estas pampas no bien se intente cambiar algo del abusivo Código Minero actual: que se van a ir las inversiones, que no hay seguridad jurídica o que se perderán puestos de trabajo.
Tanto se ha escrito sobre por qué Argentina no fue Australia o cómo empezamos mejor que Canadá como nación para quedar rezagados lejos de ese “primer mundo”; y hoy tenemos que tanto Australia y Canadá como la Unión Europea nos indican los caminos. En primer lugar, se debe dar el verdadero debate sobre si se quiere o no un desarrollo basado en la megaminería, que es la forma en que se explota hoy en día los recursos minerales de baja ley. El Parlamento europeo dio hace unas semanas una clara indicación, a la Comisión Europea para que impulse la “prohibición completa” del uso de las tecnologías mineras a base de cianuro en toda la Unión Europea antes de fines de 2011. En tanto, Australia piensa gravar el sector en más de 75.000 millones de dólares en esta década para el financiamiento de la infraestructura del país y Canadá recibe más de 50.000 millones por las operaciones de sus empresas en el extranjero. Mientras, el Estado argentino con suerte salvará los glaciares, cobrará un exiguo 3 por ciento de regalía en boca de mina y de los pasivos ambientales futuros, bien, gracias.
Fecha de Publicación: 09/08/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Por Tomás Lukin
Economista del Centro Cultural de la Cooperación
La estructura impositiva del sector minero, que resultó privilegiado en la década del ’90, está pasando relativamente inadvertida en la discusión parlamentaria del proyecto que busca preservar los glaciares y sus zonas lindantes.
La imponencia del glaciar Perito Moreno como símbolo icónico de la geografía argentina y de la belleza de la Patagonia sirvió para lograr en la ciudadanía un apoyo a la ley que se discute en el Congreso. En los debates de TV se habla con soltura del permafrost o el ambiente periglacial y nos enteramos, acusaciones mediáticas mediante, que algunos de nuestros representantes son “empleados” de la Barrick Corporation. Lástima que suceda ahora y no cuando las corporaciones tuvieron la absoluta libertad de escribir el borrador del actual Código Minero en la tranquilidad de sus oficinas en Denver y Toronto, Canadá.
Es de celebrar que finalmente se discuta cómo preservar los glaciares de la devastación ambiental que genera la moderna megaminería química a cielo abierto. No solamente los glaciares deben ser preservados, sino también los acuíferos y napas freáticas. Sin embargo, el Parlamento va muy por detrás de los hechos, amén de que la legislación ambiental es dura en el papel e inefectiva en el terreno.
La renuncia a fines de junio del primer ministro de Australia, Kevin Rudd, está estrechamente ligada a su enfrentamiento personal al poderoso lobby minero y su plan de gobierno para la reforma impositiva de las industrias extractivas. El plan intentó reemplazar el cobro de regalías, que es la forma histórica en que se grava la minería desde la época de los pioneros y los buscadores de oro y que se mantiene así desde el siglo XIX, hacia un gravamen sobre las ganancias y las ganancias extraordinarias. David Parker, quien lleva adelante las conversaciones con la industria minera en representación del Estado, remarca que “las naciones ricas en recursos naturales están reemplazando los sistemas de regalías por los de gravamen a la renta minera”.
Según el gabinete del primer ministro, “es una discusión sobre el gravamen a las ganancias extraordinarias de un sector que ya lleva un boom de dos décadas, destinado a financiar la reducción de impuestos a pymes, capitalizar el sistema de jubilación y pensiones y financiar proyectos de infraestructura que extiendan al resto de los australianos los beneficios obtenidos de la riqueza del subsuelo que es propiedad de la nación”. Debate intenso, ya que el gravamen en cuestión impondría a las empresas mineras un impuesto del 40 por ciento.
En una analogía a la reacción que sucedió, a la Resolución 125 en Argentina, un grupo de 20 renombrados intelectuales y economistas australianos respaldó en una carta abierta la decisión del gobierno de Rudd de cobrar impuestos a las mineras en sustitución de las regalías; la base sobre la que parte la discusión es sobre el impuesto a las “super ganancias” y lo que en inglés se denomina (windfall profit tax), que grava a sectores específicos cuando los costos se mantienen pero el precio en el mercado internacional se dispara. En la carta, el grupo aclara que la minería es un sector único, ya que usa recursos naturales que son de todos los ciudadanos, motivo por el cual los beneficios también deben alcanzar a la sociedad toda.
La sucesora del saliente primer ministro, Julia Gillard, en su primera semana como jefa de Estado, dijo: “Tenemos derecho a recibir una porción justa de nuestra herencia; la riqueza mineral que yace bajo nuestros pies”, y agregó que cobrar un impuesto tan elevado “les dará a los australianos una mejor retribución sobre los recursos de los que todos los australianos somos dueños; y que pueden extraerse sólo una vez”. A fines de mayo el CEO de la gigante minera Rio Tinto, Tom Albanese, se mostró preocupado porque algunos países puedan seguir el ejemplo australiano, presionando a través de los medios y a la opinión pública por la derogación del plan. Se recurrió a argumentos tan trillados que seguramente los vamos a ver pronto por estas pampas no bien se intente cambiar algo del abusivo Código Minero actual: que se van a ir las inversiones, que no hay seguridad jurídica o que se perderán puestos de trabajo.
Tanto se ha escrito sobre por qué Argentina no fue Australia o cómo empezamos mejor que Canadá como nación para quedar rezagados lejos de ese “primer mundo”; y hoy tenemos que tanto Australia y Canadá como la Unión Europea nos indican los caminos. En primer lugar, se debe dar el verdadero debate sobre si se quiere o no un desarrollo basado en la megaminería, que es la forma en que se explota hoy en día los recursos minerales de baja ley. El Parlamento europeo dio hace unas semanas una clara indicación, a la Comisión Europea para que impulse la “prohibición completa” del uso de las tecnologías mineras a base de cianuro en toda la Unión Europea antes de fines de 2011. En tanto, Australia piensa gravar el sector en más de 75.000 millones de dólares en esta década para el financiamiento de la infraestructura del país y Canadá recibe más de 50.000 millones por las operaciones de sus empresas en el extranjero. Mientras, el Estado argentino con suerte salvará los glaciares, cobrará un exiguo 3 por ciento de regalía en boca de mina y de los pasivos ambientales futuros, bien, gracias.
Se perdió un tercio de las reservas de energía
Energía: En 10 años, se perdió un tercio de las reservas de petróleo y gas
Fecha de Publicación: 08/08/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Es producto de la caída de inversiones. Que se suma al incremento de la demanda y a los subsidios sin control. El país consumió sin reponer combustibles por 150.000 millones de dólares. Es una crisis que heredará el próximo Gobierno.
El Distrito Federal de México tiene una curiosa característica. A simple vista, presenta un aspecto sólido y atractivo. Pero a medida que se va conociendo su historia queda al descubierto que su suelo se va hundiendo unos 40 centímetros por año.
Al igual que la capital azteca, el sistema energético argentino también enfrenta un serio problema estructural que va carcomiendo las reservas de hidrocarburos y de generación eléctrica.
Incremento del consumo interno, inversiones insuficientes, tarifas semicongeladas, subsidios sin control, contratos pendientes de renegociación, incumplimiento de normas regulatorias y falta de planificación oficial conforman el crítico panorama que viene afrontando el sector energético desde 2003 hasta ahora.
Más allá del discurso oficial que se empeña en negar los problemas, la realidad demuestra que la caída de las reservas energéticas no cesa y va camino a convertirse en una bomba de tiempo para el próximo gobierno.
De acuerdo con el último informe del Instituto Argentino de la Energía (IAE) “General Mosconi”, las reservas comprobadas de hidrocarburos (que abarcan petróleo y gas) registraro n en 2009 una caída interanual del 2,8% y totalizaron 665 millones de Tep (toneladas equivalentes de petróleo).
En el año 2000, las reservas totales eran de 1.070 millones de Tep, con lo cual ahora el país tiene un 38% menos de hidrocarburos disponibles que hace una década .
En el caso específico del gas natural, el trabajo del IAE puso sobre el tapete el siguiente panorama: Las reservas de gas llegaron en 2009 a 378.862 miles de millones (MM) de metros cúbicos, con una baja interanual del 4,9%.
Comparada con la situación de hace 10 años, las reservas actuales son poco menos de la mitad de los 777.609 MM de metros cúbicos que se registraron en el 2000, el año en que se alcanzó el máximo histórico de las reservas gasíferas del país.
Medido en años, el horizonte de reservas de gas natural bajó drásticamente de los 17,2 que había a principios del nuevo siglo a sólo 7,8 años en 2009.
Durante la última década, se verificó una marcada reducción de las reservas comprobadas que se encuentran en las principales cuencas gasíferas (Noroeste, Cuyana, Neuquina, Austral y Golfo San Jorge) que aportan el 80% de la producción total. Entre 2005 y 2009, la caída total de las reservas en esas cuencas fue del 14%.
La declinación de las reservas se ve agravada por el incremento del consumo interno . Salvo la leve caída registrada en 2009 por el impacto de la crisis económica, la demanda doméstica de gas no se detiene y hace más evidente el problema de las reservas y la falta de resultados del programa “Gas Plus” que instrumentó el Gobierno con el fin de elevar la producción y el horizonte de reservas.
Por el lado del s ector petrolero , la situación es la siguiente: Las reservas comprobadas de petróleo en 2009 se situaron en 398.213 millones de metros cúbicos, un 0,6 % menos que el nivel registrado en 2008.
Las reservas actuales muestran una caída de casi 16% respecto a las que había en el año 2000.
Tras haber tenido un horizonte de reserva de casi 20 años en la década del 90, en el período 2000-2009 ese parámetro se redujo a un promedio de 10 años .
En los últimos años, el nivel de reservas se mantuvo relativamente estable debido a la caída que se registró en el nivel de producción que pasó de 43.243 millones de metros cúbicos en el 2.000 a 36.163 millones de metros cúbicos en 2009.
La caída de las reservas se explica básicamente por la falta de inversión en exploración y explotación. En la década del 80, se habían incorporado unos 1.026 nuevos pozos de exploración. Entre 1990 y 1999, la cantidad de pozos terminados llegó a 989. Y en los últimos diez años, sólo se activaron un total de 484 pozos exploratorios.
En materia de energía eléctrica, la caída de las reservas se aprecia en la cantidad de MW excedentes que tiene el sector para poder cubrir los picos de mayor demanda. Técnicamente se considera que el sistema eléctrico debe tener un nivel de reserva equivalente al 10% la demanda nacional.
En el 2001, el nivel de reserva era del 15%, ya que el consumo máximo de energía de ese año había alcanzado al 85% de la capacidad instalada del parque de generación.
Cuatro años después, en 2005, la demanda pico trepó al 92% y dejó al sistema con una reserva disponible d e sólo un 8%.
A partir de 2007, la demanda máxima se ubicó en torno del 100% de la capacidad instalada de generación. Desde entonces, el sistema ha comenzado a operar al límite técnico y sin márgenes de reservas e n los períodos de mayor consumo. Ante esa situación, el Gobierno ha tenido que recurrir a la importación de entre 1.000 y 1.500 MW diarios de Brasil para poder reforzar la generación en los días más críticos.
La reducción de las reservas eléctricas responde, básicamente, a dos causas relevantes . En primer lugar, una insuficiente inversión en nuevas usinas: desde 2003 la demanda acumuló un crecimiento del 40% que no fue acompañado por la capacidad de generación que sólo se elevó un 18,2%. Y en segundo lugar, aparece el i ncremento de la indisponibilidad de las máquinas térmicas por la falta de mantenimiento y pérdida de eficiencia por el uso de fuel oil y gasoil en lugar de gas natural.
Según el ex secretario de Energía, Alieto Guadagni la “descapitalización energética” registrada durante las administraciones kirchneristas por la pérdida de reservas y las inversiones mínimas que no se realizaron asciende a un total de US$ 146.000 millones.
En el caso del gas, las reservas que se gastaron y no se repusieron equivalen a unos 313.000 MM de metros cúbicos que a los precios actuales significan US$ 82.000 millones.
En el sector petrolero, los números indican que las reservas consumidas llegan a 100.000 millones de metros cúbicos y representan otros US$ 50.000 millones . Y en generación eléctrica, el déficit de los MW que no se incorporaron para sostener la suba del consumo dejó un bache de US$ 14.000 millones.
“El monto total en juego por la descapitalización energética equivale casi al 42% del PBI y todo indica que será uno de los principales desafíos de inversión que tendrá que resolver el próximo gobierno”, advirtió Guadagni.
Fecha de Publicación: 08/08/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Es producto de la caída de inversiones. Que se suma al incremento de la demanda y a los subsidios sin control. El país consumió sin reponer combustibles por 150.000 millones de dólares. Es una crisis que heredará el próximo Gobierno.
El Distrito Federal de México tiene una curiosa característica. A simple vista, presenta un aspecto sólido y atractivo. Pero a medida que se va conociendo su historia queda al descubierto que su suelo se va hundiendo unos 40 centímetros por año.
Al igual que la capital azteca, el sistema energético argentino también enfrenta un serio problema estructural que va carcomiendo las reservas de hidrocarburos y de generación eléctrica.
Incremento del consumo interno, inversiones insuficientes, tarifas semicongeladas, subsidios sin control, contratos pendientes de renegociación, incumplimiento de normas regulatorias y falta de planificación oficial conforman el crítico panorama que viene afrontando el sector energético desde 2003 hasta ahora.
Más allá del discurso oficial que se empeña en negar los problemas, la realidad demuestra que la caída de las reservas energéticas no cesa y va camino a convertirse en una bomba de tiempo para el próximo gobierno.
De acuerdo con el último informe del Instituto Argentino de la Energía (IAE) “General Mosconi”, las reservas comprobadas de hidrocarburos (que abarcan petróleo y gas) registraro n en 2009 una caída interanual del 2,8% y totalizaron 665 millones de Tep (toneladas equivalentes de petróleo).
En el año 2000, las reservas totales eran de 1.070 millones de Tep, con lo cual ahora el país tiene un 38% menos de hidrocarburos disponibles que hace una década .
En el caso específico del gas natural, el trabajo del IAE puso sobre el tapete el siguiente panorama: Las reservas de gas llegaron en 2009 a 378.862 miles de millones (MM) de metros cúbicos, con una baja interanual del 4,9%.
Comparada con la situación de hace 10 años, las reservas actuales son poco menos de la mitad de los 777.609 MM de metros cúbicos que se registraron en el 2000, el año en que se alcanzó el máximo histórico de las reservas gasíferas del país.
Medido en años, el horizonte de reservas de gas natural bajó drásticamente de los 17,2 que había a principios del nuevo siglo a sólo 7,8 años en 2009.
Durante la última década, se verificó una marcada reducción de las reservas comprobadas que se encuentran en las principales cuencas gasíferas (Noroeste, Cuyana, Neuquina, Austral y Golfo San Jorge) que aportan el 80% de la producción total. Entre 2005 y 2009, la caída total de las reservas en esas cuencas fue del 14%.
La declinación de las reservas se ve agravada por el incremento del consumo interno . Salvo la leve caída registrada en 2009 por el impacto de la crisis económica, la demanda doméstica de gas no se detiene y hace más evidente el problema de las reservas y la falta de resultados del programa “Gas Plus” que instrumentó el Gobierno con el fin de elevar la producción y el horizonte de reservas.
Por el lado del s ector petrolero , la situación es la siguiente: Las reservas comprobadas de petróleo en 2009 se situaron en 398.213 millones de metros cúbicos, un 0,6 % menos que el nivel registrado en 2008.
Las reservas actuales muestran una caída de casi 16% respecto a las que había en el año 2000.
Tras haber tenido un horizonte de reserva de casi 20 años en la década del 90, en el período 2000-2009 ese parámetro se redujo a un promedio de 10 años .
En los últimos años, el nivel de reservas se mantuvo relativamente estable debido a la caída que se registró en el nivel de producción que pasó de 43.243 millones de metros cúbicos en el 2.000 a 36.163 millones de metros cúbicos en 2009.
La caída de las reservas se explica básicamente por la falta de inversión en exploración y explotación. En la década del 80, se habían incorporado unos 1.026 nuevos pozos de exploración. Entre 1990 y 1999, la cantidad de pozos terminados llegó a 989. Y en los últimos diez años, sólo se activaron un total de 484 pozos exploratorios.
En materia de energía eléctrica, la caída de las reservas se aprecia en la cantidad de MW excedentes que tiene el sector para poder cubrir los picos de mayor demanda. Técnicamente se considera que el sistema eléctrico debe tener un nivel de reserva equivalente al 10% la demanda nacional.
En el 2001, el nivel de reserva era del 15%, ya que el consumo máximo de energía de ese año había alcanzado al 85% de la capacidad instalada del parque de generación.
Cuatro años después, en 2005, la demanda pico trepó al 92% y dejó al sistema con una reserva disponible d e sólo un 8%.
A partir de 2007, la demanda máxima se ubicó en torno del 100% de la capacidad instalada de generación. Desde entonces, el sistema ha comenzado a operar al límite técnico y sin márgenes de reservas e n los períodos de mayor consumo. Ante esa situación, el Gobierno ha tenido que recurrir a la importación de entre 1.000 y 1.500 MW diarios de Brasil para poder reforzar la generación en los días más críticos.
La reducción de las reservas eléctricas responde, básicamente, a dos causas relevantes . En primer lugar, una insuficiente inversión en nuevas usinas: desde 2003 la demanda acumuló un crecimiento del 40% que no fue acompañado por la capacidad de generación que sólo se elevó un 18,2%. Y en segundo lugar, aparece el i ncremento de la indisponibilidad de las máquinas térmicas por la falta de mantenimiento y pérdida de eficiencia por el uso de fuel oil y gasoil en lugar de gas natural.
Según el ex secretario de Energía, Alieto Guadagni la “descapitalización energética” registrada durante las administraciones kirchneristas por la pérdida de reservas y las inversiones mínimas que no se realizaron asciende a un total de US$ 146.000 millones.
En el caso del gas, las reservas que se gastaron y no se repusieron equivalen a unos 313.000 MM de metros cúbicos que a los precios actuales significan US$ 82.000 millones.
En el sector petrolero, los números indican que las reservas consumidas llegan a 100.000 millones de metros cúbicos y representan otros US$ 50.000 millones . Y en generación eléctrica, el déficit de los MW que no se incorporaron para sostener la suba del consumo dejó un bache de US$ 14.000 millones.
“El monto total en juego por la descapitalización energética equivale casi al 42% del PBI y todo indica que será uno de los principales desafíos de inversión que tendrá que resolver el próximo gobierno”, advirtió Guadagni.
Llegaron a un acuerdo por Botnia
Argentina y Uruguay llegaron a un acuerdo por Botnia y ya no hay más conflicto
Fecha de Publicación: 08/08/2010
Fuente: InfoBae
Así lo señaló el canciller Héctor Timerman. "Es un muy buen acuerdo, un gran éxito y se sabe que solucionar problemas vende mucho menos que el conflicto", afirmó el funcionario
El canciller Héctor Timerman dijo que será "la ciencia" la "jueza" de lo que suceda en el medio ambiente del río Uruguay, compartido la Argentina y el vecino país.
En declaraciones al canal 7, el ministro señaló que el río Uruguay "será la primera frontera internacional con control ambiental", lo que significa, a su criterio, "un ejemplo".
Respecto de algunas discrepancias con el acuerdo mostradas por los asambleistas de Gualeguaychú, Timerman comentó que el objetivo del acuerdo fue que "estuvieran contentos argentinos y uruguayos".
Al respecto, pidió "terminar con los falsos nacionalismos" y opinó que "la protesta" que llevaron adelante los ambientalistas entrerrianos debe "tener un límite".
El canciller sostuvo que, con el consenso alcanzado entre la presidente Cristina Kirchner y su par uruguayo José "Pepe" Mujica "finaliza el conflicto con Uruguay".
"El monitoreo medioambiental conjunto de ambas orillas incluye ingresar a todas las plantas que están sobre el río Uruguay, empezando por Botnia", aseveró el canciller en declaraciones radiales.
Fecha de Publicación: 08/08/2010
Fuente: InfoBae
Así lo señaló el canciller Héctor Timerman. "Es un muy buen acuerdo, un gran éxito y se sabe que solucionar problemas vende mucho menos que el conflicto", afirmó el funcionario
El canciller Héctor Timerman dijo que será "la ciencia" la "jueza" de lo que suceda en el medio ambiente del río Uruguay, compartido la Argentina y el vecino país.
En declaraciones al canal 7, el ministro señaló que el río Uruguay "será la primera frontera internacional con control ambiental", lo que significa, a su criterio, "un ejemplo".
Respecto de algunas discrepancias con el acuerdo mostradas por los asambleistas de Gualeguaychú, Timerman comentó que el objetivo del acuerdo fue que "estuvieran contentos argentinos y uruguayos".
Al respecto, pidió "terminar con los falsos nacionalismos" y opinó que "la protesta" que llevaron adelante los ambientalistas entrerrianos debe "tener un límite".
El canciller sostuvo que, con el consenso alcanzado entre la presidente Cristina Kirchner y su par uruguayo José "Pepe" Mujica "finaliza el conflicto con Uruguay".
"El monitoreo medioambiental conjunto de ambas orillas incluye ingresar a todas las plantas que están sobre el río Uruguay, empezando por Botnia", aseveró el canciller en declaraciones radiales.
Controles de los desmontes en San Luis
Intensificaron los controles de los desmontes en San Luis
Fecha de Publicación: 07/08/2010
Fuente: El Mensajero
Provincia/Región: San Luis
La provincia trabaja en controlar los desmontes ilegales dentro del territorio utilizando tecnología satelital.
El Ministerio de Medio Ambiente intensificó el control de los desmontes ilegales en el territorio provincial mediante la comparativa de imágenes satelitales provistas por la Comisión Nacional de Asuntos Espaciales (CONAE), por ello no requerirá la presencia de inspectores para llevar a cabo la fiscalización de actividades forestales no autorizadas.
Esta nueva metodología facilita y transparenta la tarea de detección de desmontes de los bosques nativos.
La misma consiste en realizar un trabajo de teledetección por personal técnico del Ministerio, en el que se comparan imágenes satelitales Landsat 5 TM. A través de estas comparativas se pueden identificar los inmuebles rurales que hayan realizados trabajos de desmontes en época de veda forestal.
En caso que ante una multa se niegue la existencia del desmonte, ingenieros forestales y ambientales del Ministerio, podrán hacerse presentes en el campo que este negando el hecho, antes de dejar firme la multa. En caso que la multa quede firme, los costos por movilizarse al lugar, serán sumados a la multa original.
A través de esta metodología se transparenta la gestión de fiscalización y control que lleva adelante el Ministerio de acuerdo a la Ley de Bosques Nativos, dando paso al acceso de la tecnología de avanzada.
Cien años en crecer, cinco minutos en caer
Los bosques, son ecosistemas muy complejos, en los que se asocian distintas especies de flora y fauna con otros componentes como suelo, subsuelo, agua; los cuales brindan diversos servicios ambientales a toda la comunidad.
La ley provincial de bosques nativos, cuyo objetivo principal es la conservación de los mismos y evitar la deforestación descontrolada, prevé la posibilidad de desmontar solo en la categoría verde (Mapa anexo de la Resolución Nº 123-2010) del Programa Recursos Naturales, debiendo presentarse a tal fin un plan de cambio de uso del suelo al MMA. El plan, cuyos requisitos de presentación se establecen en la Resolución mencionada, será evaluado por el equipo técnico del Ministerio; y una vez aprobado, el solicitante podrá ejecutarlo.
Es importante destacar, que los desmontes ejecutados y que no estén autorizados por la autoridad competente, se le aplicarán multas que pueden ascender hasta los 2,5 millones de pesos.
Fecha de Publicación: 07/08/2010
Fuente: El Mensajero
Provincia/Región: San Luis
La provincia trabaja en controlar los desmontes ilegales dentro del territorio utilizando tecnología satelital.
El Ministerio de Medio Ambiente intensificó el control de los desmontes ilegales en el territorio provincial mediante la comparativa de imágenes satelitales provistas por la Comisión Nacional de Asuntos Espaciales (CONAE), por ello no requerirá la presencia de inspectores para llevar a cabo la fiscalización de actividades forestales no autorizadas.
Esta nueva metodología facilita y transparenta la tarea de detección de desmontes de los bosques nativos.
La misma consiste en realizar un trabajo de teledetección por personal técnico del Ministerio, en el que se comparan imágenes satelitales Landsat 5 TM. A través de estas comparativas se pueden identificar los inmuebles rurales que hayan realizados trabajos de desmontes en época de veda forestal.
En caso que ante una multa se niegue la existencia del desmonte, ingenieros forestales y ambientales del Ministerio, podrán hacerse presentes en el campo que este negando el hecho, antes de dejar firme la multa. En caso que la multa quede firme, los costos por movilizarse al lugar, serán sumados a la multa original.
A través de esta metodología se transparenta la gestión de fiscalización y control que lleva adelante el Ministerio de acuerdo a la Ley de Bosques Nativos, dando paso al acceso de la tecnología de avanzada.
Cien años en crecer, cinco minutos en caer
Los bosques, son ecosistemas muy complejos, en los que se asocian distintas especies de flora y fauna con otros componentes como suelo, subsuelo, agua; los cuales brindan diversos servicios ambientales a toda la comunidad.
La ley provincial de bosques nativos, cuyo objetivo principal es la conservación de los mismos y evitar la deforestación descontrolada, prevé la posibilidad de desmontar solo en la categoría verde (Mapa anexo de la Resolución Nº 123-2010) del Programa Recursos Naturales, debiendo presentarse a tal fin un plan de cambio de uso del suelo al MMA. El plan, cuyos requisitos de presentación se establecen en la Resolución mencionada, será evaluado por el equipo técnico del Ministerio; y una vez aprobado, el solicitante podrá ejecutarlo.
Es importante destacar, que los desmontes ejecutados y que no estén autorizados por la autoridad competente, se le aplicarán multas que pueden ascender hasta los 2,5 millones de pesos.
Bosques de Córdobas desamparados por la Ley
El ordenamiento de bosques nativos votado por la legislatura cordobesa viola la ley nacional de bosques
Fecha de Publicación: 06/08/2010
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Córdoba
La organización ambientalista Greenpeace criticó duramente la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos aprobada anoche en la legislatura cordobesa y remarcó que ante la situación de emergencia forestal que se registra en la provincia constituye una enorme irresponsabilidad.
Greenpeace denunció que la norma aprobada viola la Ley nacional 26.331 y pone en peligro los últimos bosques nativos que le quedan a la provincia.
Los ambientalistas señalaron al gobernador Juan Schiaretti y a los legisladores que apoyaron los cambios en el proyecto original elaborado por la Comisión de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (COTBN) como los responsables del atropello a la Ley nacional de Bosques Nativos y de privilegiar intereses de sectores económicos por encima del bienestar de la población en general.
“El proyecto aprobado por la legislatura cordobesa viola directamente la Ley nacional de Bosques Nativos, incluye en el área roja, destinada a la conservación, la posibilidad de realizar actividades productivas, lo cual está claramente prohibido por la ley nacional 26.331. Por otro lado, se reduce la superficie a proteger, ya que se modifica la definición de bosque nativo para poder destruir prácticamente todo lo que las topadoras o el fuego intencional tenga a su paso”, señaló M. Eugenia Testa, Directora política de Greenpeace.
La ley aprobada reduce a menos de la mitad las zonas a proteger, en comparación con el proyecto elaborado y presentado por la COTBN, e incluye la posibilidad de realizar actividades que impactan en el medioambiente dentro de las zonas de mayor protección según la ley nacional. Por otro lado, desestima la participación de la sociedad en los procesos de control ya que anula la creación del Cuerpo Voluntario de Guardianes de Bosques Nativos y no obliga a la Autoridad de Aplicación a convocar a Audiencia Pública en caso de solicitud de desmonte.
Greenpeace apoya al proyecto realizado y presentado por la COTBN para dar cumplimiento a la Ley 26.331 de protección de Bosques Nativos, en la que se establece que el proceso de ordenamiento territorial de las zonas boscosas debe realizarse a partir de la evaluación de diez criterios ambientales, económicos y sociales, y que el mismo debe ser participativo. Para cumplir con esto, la COTBN ha realizado un análisis pormenorizado de los criterios y ha garantizado la participación mediante talleres regionales y una audiencia pública con casi mil asistentes.
“El Ordenamiento Territorial que aprobó la legislatura cordobesa no solo desconoce lo establecido por la Ley de Presupuestos Mínimos, sino que además hace oídos sordos a los reclamos y propuestas de los ciudadanos cordobeses que participaron activamente durante dos años de una comisión participativa, tal como lo establece la ley”, agregó Testa.
Córdoba posee una superficie total de 16 millones de hectáreas, de las cuales el 70 por ciento (12 millones de hectáreas) eran de bosque nativo, mientras que en la actualidad sólo queda el 5 por ciento de la superficie original (unas 600.000 hectáreas); y tiene la tasa de deforestación más alta del país (-2,93% anual durante el período 1998-2002), y la misma resulta doce veces superior a la media mundial (-0,23% para 1999-2000).
“El proyecto aprobado reduce drásticamente las zonas a conservar y destinadas al desarrollo sustentable en favor de actividades económicas en una provincia que ya ha destruido prácticamente todos sus bosques nativos”, señaló Hernán Giardini, Coordinador de la Campaña de Biodiversidad de Greenpeace.
Fecha de Publicación: 06/08/2010
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Córdoba
La organización ambientalista Greenpeace criticó duramente la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos aprobada anoche en la legislatura cordobesa y remarcó que ante la situación de emergencia forestal que se registra en la provincia constituye una enorme irresponsabilidad.
Greenpeace denunció que la norma aprobada viola la Ley nacional 26.331 y pone en peligro los últimos bosques nativos que le quedan a la provincia.
Los ambientalistas señalaron al gobernador Juan Schiaretti y a los legisladores que apoyaron los cambios en el proyecto original elaborado por la Comisión de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (COTBN) como los responsables del atropello a la Ley nacional de Bosques Nativos y de privilegiar intereses de sectores económicos por encima del bienestar de la población en general.
“El proyecto aprobado por la legislatura cordobesa viola directamente la Ley nacional de Bosques Nativos, incluye en el área roja, destinada a la conservación, la posibilidad de realizar actividades productivas, lo cual está claramente prohibido por la ley nacional 26.331. Por otro lado, se reduce la superficie a proteger, ya que se modifica la definición de bosque nativo para poder destruir prácticamente todo lo que las topadoras o el fuego intencional tenga a su paso”, señaló M. Eugenia Testa, Directora política de Greenpeace.
La ley aprobada reduce a menos de la mitad las zonas a proteger, en comparación con el proyecto elaborado y presentado por la COTBN, e incluye la posibilidad de realizar actividades que impactan en el medioambiente dentro de las zonas de mayor protección según la ley nacional. Por otro lado, desestima la participación de la sociedad en los procesos de control ya que anula la creación del Cuerpo Voluntario de Guardianes de Bosques Nativos y no obliga a la Autoridad de Aplicación a convocar a Audiencia Pública en caso de solicitud de desmonte.
Greenpeace apoya al proyecto realizado y presentado por la COTBN para dar cumplimiento a la Ley 26.331 de protección de Bosques Nativos, en la que se establece que el proceso de ordenamiento territorial de las zonas boscosas debe realizarse a partir de la evaluación de diez criterios ambientales, económicos y sociales, y que el mismo debe ser participativo. Para cumplir con esto, la COTBN ha realizado un análisis pormenorizado de los criterios y ha garantizado la participación mediante talleres regionales y una audiencia pública con casi mil asistentes.
“El Ordenamiento Territorial que aprobó la legislatura cordobesa no solo desconoce lo establecido por la Ley de Presupuestos Mínimos, sino que además hace oídos sordos a los reclamos y propuestas de los ciudadanos cordobeses que participaron activamente durante dos años de una comisión participativa, tal como lo establece la ley”, agregó Testa.
Córdoba posee una superficie total de 16 millones de hectáreas, de las cuales el 70 por ciento (12 millones de hectáreas) eran de bosque nativo, mientras que en la actualidad sólo queda el 5 por ciento de la superficie original (unas 600.000 hectáreas); y tiene la tasa de deforestación más alta del país (-2,93% anual durante el período 1998-2002), y la misma resulta doce veces superior a la media mundial (-0,23% para 1999-2000).
“El proyecto aprobado reduce drásticamente las zonas a conservar y destinadas al desarrollo sustentable en favor de actividades económicas en una provincia que ya ha destruido prácticamente todos sus bosques nativos”, señaló Hernán Giardini, Coordinador de la Campaña de Biodiversidad de Greenpeace.
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