Dos miradas sobre la Ley de Glaciares
14:34 | 
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Dos miradas sobre la Ley de Glaciares
Fecha de Publicación: 10/08/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
La Ley de Glaciares que está en discusión en el Congreso enfrenta intereses de sectores en apariencia inconciliables. Aquí, dos opiniones que evalúan la protección necesaria tanto para la actividad empresaria como para los recursos naturales.
Para detener la amenaza sobre nuestro ecosistema
Por
Maristella Svampa
SOCIOLOGA E INVESTIGADORA DEL CONICET.
Enrique Viale
PRESIDENTE ASOCIACION ARGENTINA DE ABOGADOS AMBIENTALISTAS
La Ley de Protección de Glaciares, aprobada en general por la Cámara de Diputados, es un paso importante para el resguardo de nuestros recursos hídricos y la defensa del ecosistema de nuestra cordillera, hoy amenazado por el avance de la megaminería metalífera .
Esta ley conoció el veto presidencial en 2008, y debió enfrentar la ofensiva oficialista, de la mano del proyecto del senador Daniel Filmus, más permisivo, tal como pretendía el lobby minero.
Semanas atrás, la norma fue aprobada en general y en particular (sólo hasta el artículo 5°) con un articulado que amplía el carácter protector de la norma vetada. La ausencia del bloque oficialista y la irresponsabilidad de una parte de la oposición, en la sesión del miércoles pasado, no permitió aún que dicha ley obtenga media sanción.
La sanción de esta ley, inspirada en los principios básicos del derecho ambiental, ilustra el avance de las luchas socioambientales de las Asambleas Ciudadanas , así como una saludable apertura de la agenda parlamentaria , gracias al accionar de legisladores conscientes del carácter depredador de este tipo de actividades extractivas.
En toda América latina asistimos a luchas en contra de la megaminería transnacional, en protección del agua como el mayor bien común , protagonizadas por centenares de ciudadanos y comunidades, violentadas en sus derechos y afectadas por este tipo de actividad que consume hasta 100 millones de litros de agua por día (como Bajo La Alumbrera, en Catamarca).
Asimismo, los daños ambientales producidos por este tipo de minería están suficientemente probados ; tan es así que el Parlamento Europeo, en su Resolución del 5 de mayo de 2010, recomendó la prohibición general del uso de las tecnologías mineras a base de cianuro en la Unión Europa.
Pero hay varios hechos que ensombrecen este panorama . Anticipándose a un revés en el Congreso Nacional, las provincias mineras sancionaron, de manera express, leyes provinciales de “protección” de glaciares, que abren las puertas a la explotación minera en zonas protegidas por la ley nacional. Escudados en el artículo 124 de la Constitución Nacional (que provincializa los recursos naturales), pretenden convertir estas normas locales en un escollo jurídico para la aplicación de la ley nacional.
Pero la jugada tiene patas cortas , ya que nuestra Carta Magna limita el dominio provincial sobre los recursos naturales al establecer -en el artículo 41- que es el Congreso Nacional quien instituye los pisos básicos de protección ambiental para todo el país. Así, en caso de que estas leyes provinciales se opongan a los principios y disposiciones contenidas en la futura ley nacional, prevalecerá esta última.
Además, luego de la reciente fotografía de la presidenta Cristina F. de Kirchner, en Canadá, junto a los directivos de la Barrick y los gobernadores pro-mineros oficialistas, el gobierno nacional inició una campaña en favor de la megaminería , como lo muestra un video difundido por la web del Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, que minimiza el daño ambiental.
En suma, no estamos ante un debate menor, ya que los intereses económicos en juego son enormes . La sanción de esta ley nacional, que apunta a la preservación del agua y de nuestros bienes naturales, puede ser un primer paso para poner coto a las corporaciones transnacionales y desenmascarar el simulado discurso federalista de las provincias mineras, así como el falso discurso progresista del gobierno nacional.
No conviene una ley que esté contra la producción
PorManuel Benítez
PRESIDENTE DE LA CAMARA ARGENTINA DE EMPRESARIOS MINEROS (CAEM)
La Ley de Glaciares, que el Congreso trata en estos días, es de vital trascendencia para la sociedad en su conjunto. En especial, es muy importante contar con una norma que asegure la protección de estos cuerpos contemplando el plexo normativo provincial y nacional que ya existe sobre la protección del agua. En este sentido, esta Ley no debe solamente ser la mejor y la que efectivamente asegure la protección de los glaciares, sino que no debe de manera alguna conspirar contra el desarrollo efectivo de provincias cordilleranas. No se puede caer en falsas antinomias entre actividades productivas y cuidado del medio ambiente.
El proyecto de ley en discusión no sólo prohíbe la minería, sino también otras actividades igualmente fundamentales para el desarrollo de muchas regiones argentinas, tales como la construcción de caminos, el aprovechamiento de la energía hidroeléctrica y toda otra actividad industrial o de infraestructura que se plantee en la zona denominada “periglaciar”, de peligrosa amplitud conceptual y definición imprecisa. En síntesis, lo que la Argentina necesita es una Ley de protección de Glaciares y no una norma antiproductiva o antiminera.
Respecto de esta actividad, nuestro país se encuentra frente a una gran oportunidad. Durante el año pasado, se invirtieron en la minería argentina un total de nada menos que 750 millones de dólares, que generaron 8.000 empleos y dieron trabajo a más de 750 pequeñas y medianas empresas que hoy son proveedoras nacionales de la minería local.
El hecho más trascendente fue el tan esperado lanzamiento de Pascua Lama, el primer emprendimiento binacional del mundo entre Argentina y Chile. En materia de producción, el último año se pusieron en marcha cuatro nuevos proyectos de escala internacional: Manantial Espejo en Santa Cruz, Gualcamayo en San Juan, Sierra Grande en Río Negro y Pirquitas en Jujuy.
Un desglose de las inversiones previstas y en curso permite hacer una radiografía de la situación. La compañía australiana Troy Resources está invirtiendo en el proyecto Casposo 115 millones de dólares, que generan otros 3.000 empleos. La australiana Andean Resources confirmó la inversión de 315 millones de dólares para la construcción del proyecto Cerro Negro. Y la empresa brasileña Vale está avanzando en el proyecto Potasio Río Colorado, en Mendoza, con una inversión cercana a 3.000 millones de dólares.
La industria minera nacional es la primera en reconocer el valor de sus trabajadores, cuyos salarios están al tope de la lista de los sectores mejor pagos dentro de la economía local. La tecnología que utiliza la moderna minería metalífera es de última generación, lo que le permite ser absolutamente responsable en materia ambiental. La minería paga todos los impuestos y contribuciones nacionales, provinciales y municipales que corresponden, entre los que se cuentan Ganancias, Rentas provinciales, cargas sociales, entre otros. Y es la única actividad que ya tiene una ley ambiental específica y que cuenta con la mayor cantidad de controles cruzados.
Mirando hacia el futuro, la Argentina tiene metas claras para el sector. En el año 2015 aspira a exportar 7.600 millones de dólares, sumar 10.400 millones de inversión y llegar a 9.800 millones de producción, cuando hace cinco años apenas se alcanzaba algo más de 1.000 millones de dólares.
En resumen, se debe mirar a los países del mundo que forjaron un desarrollo sustentable en los cuales la minería fue y es una columna fundamental de inversión, desarrollo regional, y expansión de fronteras (Canadá, Australia, Chile; EE. UU., Brasil, Perú, etc). Nuestro país, y fundamentalmente la gente, se merece contar con una industria minera sólida y expansiva, generando recursos genuinos y trabajo.
Fecha de Publicación: 10/08/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
La Ley de Glaciares que está en discusión en el Congreso enfrenta intereses de sectores en apariencia inconciliables. Aquí, dos opiniones que evalúan la protección necesaria tanto para la actividad empresaria como para los recursos naturales.
Para detener la amenaza sobre nuestro ecosistema
Por
Maristella Svampa
SOCIOLOGA E INVESTIGADORA DEL CONICET.
Enrique Viale
PRESIDENTE ASOCIACION ARGENTINA DE ABOGADOS AMBIENTALISTAS
La Ley de Protección de Glaciares, aprobada en general por la Cámara de Diputados, es un paso importante para el resguardo de nuestros recursos hídricos y la defensa del ecosistema de nuestra cordillera, hoy amenazado por el avance de la megaminería metalífera .
Esta ley conoció el veto presidencial en 2008, y debió enfrentar la ofensiva oficialista, de la mano del proyecto del senador Daniel Filmus, más permisivo, tal como pretendía el lobby minero.
Semanas atrás, la norma fue aprobada en general y en particular (sólo hasta el artículo 5°) con un articulado que amplía el carácter protector de la norma vetada. La ausencia del bloque oficialista y la irresponsabilidad de una parte de la oposición, en la sesión del miércoles pasado, no permitió aún que dicha ley obtenga media sanción.
La sanción de esta ley, inspirada en los principios básicos del derecho ambiental, ilustra el avance de las luchas socioambientales de las Asambleas Ciudadanas , así como una saludable apertura de la agenda parlamentaria , gracias al accionar de legisladores conscientes del carácter depredador de este tipo de actividades extractivas.
En toda América latina asistimos a luchas en contra de la megaminería transnacional, en protección del agua como el mayor bien común , protagonizadas por centenares de ciudadanos y comunidades, violentadas en sus derechos y afectadas por este tipo de actividad que consume hasta 100 millones de litros de agua por día (como Bajo La Alumbrera, en Catamarca).
Asimismo, los daños ambientales producidos por este tipo de minería están suficientemente probados ; tan es así que el Parlamento Europeo, en su Resolución del 5 de mayo de 2010, recomendó la prohibición general del uso de las tecnologías mineras a base de cianuro en la Unión Europa.
Pero hay varios hechos que ensombrecen este panorama . Anticipándose a un revés en el Congreso Nacional, las provincias mineras sancionaron, de manera express, leyes provinciales de “protección” de glaciares, que abren las puertas a la explotación minera en zonas protegidas por la ley nacional. Escudados en el artículo 124 de la Constitución Nacional (que provincializa los recursos naturales), pretenden convertir estas normas locales en un escollo jurídico para la aplicación de la ley nacional.
Pero la jugada tiene patas cortas , ya que nuestra Carta Magna limita el dominio provincial sobre los recursos naturales al establecer -en el artículo 41- que es el Congreso Nacional quien instituye los pisos básicos de protección ambiental para todo el país. Así, en caso de que estas leyes provinciales se opongan a los principios y disposiciones contenidas en la futura ley nacional, prevalecerá esta última.
Además, luego de la reciente fotografía de la presidenta Cristina F. de Kirchner, en Canadá, junto a los directivos de la Barrick y los gobernadores pro-mineros oficialistas, el gobierno nacional inició una campaña en favor de la megaminería , como lo muestra un video difundido por la web del Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, que minimiza el daño ambiental.
En suma, no estamos ante un debate menor, ya que los intereses económicos en juego son enormes . La sanción de esta ley nacional, que apunta a la preservación del agua y de nuestros bienes naturales, puede ser un primer paso para poner coto a las corporaciones transnacionales y desenmascarar el simulado discurso federalista de las provincias mineras, así como el falso discurso progresista del gobierno nacional.
No conviene una ley que esté contra la producción
PorManuel Benítez
PRESIDENTE DE LA CAMARA ARGENTINA DE EMPRESARIOS MINEROS (CAEM)
La Ley de Glaciares, que el Congreso trata en estos días, es de vital trascendencia para la sociedad en su conjunto. En especial, es muy importante contar con una norma que asegure la protección de estos cuerpos contemplando el plexo normativo provincial y nacional que ya existe sobre la protección del agua. En este sentido, esta Ley no debe solamente ser la mejor y la que efectivamente asegure la protección de los glaciares, sino que no debe de manera alguna conspirar contra el desarrollo efectivo de provincias cordilleranas. No se puede caer en falsas antinomias entre actividades productivas y cuidado del medio ambiente.
El proyecto de ley en discusión no sólo prohíbe la minería, sino también otras actividades igualmente fundamentales para el desarrollo de muchas regiones argentinas, tales como la construcción de caminos, el aprovechamiento de la energía hidroeléctrica y toda otra actividad industrial o de infraestructura que se plantee en la zona denominada “periglaciar”, de peligrosa amplitud conceptual y definición imprecisa. En síntesis, lo que la Argentina necesita es una Ley de protección de Glaciares y no una norma antiproductiva o antiminera.
Respecto de esta actividad, nuestro país se encuentra frente a una gran oportunidad. Durante el año pasado, se invirtieron en la minería argentina un total de nada menos que 750 millones de dólares, que generaron 8.000 empleos y dieron trabajo a más de 750 pequeñas y medianas empresas que hoy son proveedoras nacionales de la minería local.
El hecho más trascendente fue el tan esperado lanzamiento de Pascua Lama, el primer emprendimiento binacional del mundo entre Argentina y Chile. En materia de producción, el último año se pusieron en marcha cuatro nuevos proyectos de escala internacional: Manantial Espejo en Santa Cruz, Gualcamayo en San Juan, Sierra Grande en Río Negro y Pirquitas en Jujuy.
Un desglose de las inversiones previstas y en curso permite hacer una radiografía de la situación. La compañía australiana Troy Resources está invirtiendo en el proyecto Casposo 115 millones de dólares, que generan otros 3.000 empleos. La australiana Andean Resources confirmó la inversión de 315 millones de dólares para la construcción del proyecto Cerro Negro. Y la empresa brasileña Vale está avanzando en el proyecto Potasio Río Colorado, en Mendoza, con una inversión cercana a 3.000 millones de dólares.
La industria minera nacional es la primera en reconocer el valor de sus trabajadores, cuyos salarios están al tope de la lista de los sectores mejor pagos dentro de la economía local. La tecnología que utiliza la moderna minería metalífera es de última generación, lo que le permite ser absolutamente responsable en materia ambiental. La minería paga todos los impuestos y contribuciones nacionales, provinciales y municipales que corresponden, entre los que se cuentan Ganancias, Rentas provinciales, cargas sociales, entre otros. Y es la única actividad que ya tiene una ley ambiental específica y que cuenta con la mayor cantidad de controles cruzados.
Mirando hacia el futuro, la Argentina tiene metas claras para el sector. En el año 2015 aspira a exportar 7.600 millones de dólares, sumar 10.400 millones de inversión y llegar a 9.800 millones de producción, cuando hace cinco años apenas se alcanzaba algo más de 1.000 millones de dólares.
En resumen, se debe mirar a los países del mundo que forjaron un desarrollo sustentable en los cuales la minería fue y es una columna fundamental de inversión, desarrollo regional, y expansión de fronteras (Canadá, Australia, Chile; EE. UU., Brasil, Perú, etc). Nuestro país, y fundamentalmente la gente, se merece contar con una industria minera sólida y expansiva, generando recursos genuinos y trabajo.
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