Presentan una denuncia penal por Ayuí
16:53 | 
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Presentan una denuncia penal por Ayuí
Fecha de Publicación: 21/08/2010
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Chaco - Corrientes
Un fiscal de Resistencia, basándose en la investigación de Tiempo Argentino, pidió la aplicación del artículo 182 del Código Penal que prevé la pena de prisión para quienes “ilícitamente” utilicen las aguas de represas, ríos y arroyos.
La construcción de la represa Ayuí Grande que los empresarios José Aranda, vicepresidente del Grupo Clarín, y George Soros quieren construir en la localidad correntina de Mercedes sigue cosechando acciones críticas, ya no sólo desde el punto de vista ambiental sino también jurídico.
A las acciones legales que anunció el canciller Héctor Timerman, para que “Ayuí no se convierta en una nueva Botnia”, se le agregaron ayer dos nuevas objeciones.
Se trata de la denuncia penal que presentó de oficio el fiscal federal de Resistencia, Benito Antonio Pont, basándose en la investigación que Tiempo Argentino publicó el domingo 8 de agosto, y el proyecto que la legisladora entrerriana Blanca Osuna presentará en el Senado para frenar el emprendimiento arrocero.
La denuncia realizada por el fiscal Benito Antonio Pont, a la que tuvo acceso este diario, se presentó ante la Cámara Federal de la ciudad chaqueña de Resistencia.
El demandante pide la aplicación del artículo 182 del Código Penal, que prevé de quince días a un año de prisión a quién “ilícitamente y con el propósito de causar perjuicio a otro sacare aguas de represas, estanques u otros depósitos, ríos, arroyos, fuentes, canales o acueductos” y a aquel “que estorbare el ejercicio de los derechos que un tercero tuviere sobre dichas aguas”.
La denuncia destaca que “la construcción de la represa y el consiguiente embalse hará desaparecer el cauce natural y las zonas ribereñas”, al tiempo que producirá “la merma sustancial del recurso para otros usuarios no ribereños”. Además, el fiscal sostiene que es ilícito que se otorgue “una autorización estatal para destruir un bien de dominio público para el aprovechamiento privado”, ya que “altera su carácter de bien inalienable e imprescriptible”.
La denuncia también hace hincapié en el probable diferendo diplomático que podría existir con el país vecino, ya que el fiscal aduce que “la magnitud de la obra se proyecta con posibles consecuencias sobre el Río Uruguay, lo cual abre la posibilidad de un conflicto de orden internacional que fundamente la responsabilidad externa del Estado Argentino”.
Por su parte, la legisladora entrerriana Blanca Osuna elevará un proyecto al Senado para frenar la construcción de la represa Ayuí Grande.
La senadora advirtió que “esto podría tener un impacto ambiental de grandes dimensiones” y aseguró que “el proyecto no sólo viola la Constitución sino que además atenta contra el derecho del Medio Ambiente y el Código Civil, a la ley General de Ambiente y al propio Estatuto del Río Uruguay”.
Asimismo, calificó como “impresionante e intencionado” el silencio de muchos medios de comunicación respecto del conflicto generado por este proyecto polémico, en especial de los que pertenecen al Grupo Clarín, cuyo vicepresidente, José Aranda, es uno de los responsables de la iniciativa.
“Hay un gran sector de la comunidad preocupada y movilizada por este tema, acciones del gobierno nacional y reacciones en el Uruguay”, agregó Osuna.
“La construcción de esta represa podría afectar severamente la dinámica hídrica de un sistema que provee de agua a muchos productores de la cuenca del Río Miriñay (donde desemboca el arroyo Ayuí y que es uno de los principales efluentes del Río Uruguay)”, finalizó la legisladora.
Fecha de Publicación: 21/08/2010
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Chaco - Corrientes
Un fiscal de Resistencia, basándose en la investigación de Tiempo Argentino, pidió la aplicación del artículo 182 del Código Penal que prevé la pena de prisión para quienes “ilícitamente” utilicen las aguas de represas, ríos y arroyos.
La construcción de la represa Ayuí Grande que los empresarios José Aranda, vicepresidente del Grupo Clarín, y George Soros quieren construir en la localidad correntina de Mercedes sigue cosechando acciones críticas, ya no sólo desde el punto de vista ambiental sino también jurídico.
A las acciones legales que anunció el canciller Héctor Timerman, para que “Ayuí no se convierta en una nueva Botnia”, se le agregaron ayer dos nuevas objeciones.
Se trata de la denuncia penal que presentó de oficio el fiscal federal de Resistencia, Benito Antonio Pont, basándose en la investigación que Tiempo Argentino publicó el domingo 8 de agosto, y el proyecto que la legisladora entrerriana Blanca Osuna presentará en el Senado para frenar el emprendimiento arrocero.
La denuncia realizada por el fiscal Benito Antonio Pont, a la que tuvo acceso este diario, se presentó ante la Cámara Federal de la ciudad chaqueña de Resistencia.
El demandante pide la aplicación del artículo 182 del Código Penal, que prevé de quince días a un año de prisión a quién “ilícitamente y con el propósito de causar perjuicio a otro sacare aguas de represas, estanques u otros depósitos, ríos, arroyos, fuentes, canales o acueductos” y a aquel “que estorbare el ejercicio de los derechos que un tercero tuviere sobre dichas aguas”.
La denuncia destaca que “la construcción de la represa y el consiguiente embalse hará desaparecer el cauce natural y las zonas ribereñas”, al tiempo que producirá “la merma sustancial del recurso para otros usuarios no ribereños”. Además, el fiscal sostiene que es ilícito que se otorgue “una autorización estatal para destruir un bien de dominio público para el aprovechamiento privado”, ya que “altera su carácter de bien inalienable e imprescriptible”.
La denuncia también hace hincapié en el probable diferendo diplomático que podría existir con el país vecino, ya que el fiscal aduce que “la magnitud de la obra se proyecta con posibles consecuencias sobre el Río Uruguay, lo cual abre la posibilidad de un conflicto de orden internacional que fundamente la responsabilidad externa del Estado Argentino”.
Por su parte, la legisladora entrerriana Blanca Osuna elevará un proyecto al Senado para frenar la construcción de la represa Ayuí Grande.
La senadora advirtió que “esto podría tener un impacto ambiental de grandes dimensiones” y aseguró que “el proyecto no sólo viola la Constitución sino que además atenta contra el derecho del Medio Ambiente y el Código Civil, a la ley General de Ambiente y al propio Estatuto del Río Uruguay”.
Asimismo, calificó como “impresionante e intencionado” el silencio de muchos medios de comunicación respecto del conflicto generado por este proyecto polémico, en especial de los que pertenecen al Grupo Clarín, cuyo vicepresidente, José Aranda, es uno de los responsables de la iniciativa.
“Hay un gran sector de la comunidad preocupada y movilizada por este tema, acciones del gobierno nacional y reacciones en el Uruguay”, agregó Osuna.
“La construcción de esta represa podría afectar severamente la dinámica hídrica de un sistema que provee de agua a muchos productores de la cuenca del Río Miriñay (donde desemboca el arroyo Ayuí y que es uno de los principales efluentes del Río Uruguay)”, finalizó la legisladora.
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