Minería: a favor de un plebiscito provincial
10:44 | 
Publicado por
Eco Sitio |
El secretario de Minería, a favor de un plebiscito provincial
Fecha de Publicación: 28/04/2010
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
El secretario de Minería de la Provincia, José Guillermo Sinner, sorprendió ayer al manifestarse a favor de un plebiscito minero a nivel provincial, después de que había salido a plantear la inconstitucionalidad de una convocatoria similar que contemple sólo la opinión de los andalgalenses.
"Coincido en general en que los plebiscitos son necesarios para corregir cualquier tipo de conducta, situación o problema, pero dentro del campo de la competencia de cada institución u organismo. Coincido con los jueces de la Corte que no es competencia del municipio (convocarlo), pero sí estaría de acuerdo con un plebiscito en toda la Provincia", dijo Sinner en declaraciones a Radio Ancasti.
Sin embargo, se apuró en aclarar que "las condiciones no están dadas" para hacer la convocatoria ahora. "Hasta que no se tranquilicen las aguas, hasta que no se les dé la información que requiere la gente y no estén informados no están dadas las condiciones para avanzar en esto", agregó.
En esa labor de informar a la población sobre el tema minero, Sinner admitió que hubo fallas de comunicación en la secretaría a su cargo, pero también responsabilizó a las empresas mineras por no trabajar lo suficiente para que la minería sea vista como un factor de desarrollo en los pueblos.
"Hay que hacer talleres, trabajos de concientización, de divulgación, si evidentemente falta información hay que basarse en estos aspectos. Cuanto antes lo podamos hacer lo vamos a hacer. De hecho ya lo venimos haciendo, a todos los informes que solicitaron los concejales se les ha dado respuesta", señaló Sinner y después reclamó: "A todos nos falta aportar, no sólo desde el punto de vista institucional. Las empresas tienen gran responsabilidad en esto, si se van a instalar en un lado y la gente no se identifica con el proyecto es muy difícil que puedan llevarlo adelante. La empresa tiene que generar trabajo y una serie de condiciones para poder hacer su trabajo", evaluó el responsable de la política minera en la Provincia.
Para Sinner, el conflicto social que estalló en Andalgalá "no es sólo por falta de conocimiento".
"El tema de Andalgalá surgió a partir de una cuestión muy compleja. Por nuestra parte, tendríamos que haber llegado más a la gente y en ese aspecto estamos tratando de corregir lo que pueda haber sido nuestro error, que es la falta de llegada a la gente", dijo el secretario de Minería en una suerte de mea culpa por el conflicto que divide a los andalgalenses.
Fecha de Publicación: 28/04/2010
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
El secretario de Minería de la Provincia, José Guillermo Sinner, sorprendió ayer al manifestarse a favor de un plebiscito minero a nivel provincial, después de que había salido a plantear la inconstitucionalidad de una convocatoria similar que contemple sólo la opinión de los andalgalenses.
"Coincido en general en que los plebiscitos son necesarios para corregir cualquier tipo de conducta, situación o problema, pero dentro del campo de la competencia de cada institución u organismo. Coincido con los jueces de la Corte que no es competencia del municipio (convocarlo), pero sí estaría de acuerdo con un plebiscito en toda la Provincia", dijo Sinner en declaraciones a Radio Ancasti.
Sin embargo, se apuró en aclarar que "las condiciones no están dadas" para hacer la convocatoria ahora. "Hasta que no se tranquilicen las aguas, hasta que no se les dé la información que requiere la gente y no estén informados no están dadas las condiciones para avanzar en esto", agregó.
En esa labor de informar a la población sobre el tema minero, Sinner admitió que hubo fallas de comunicación en la secretaría a su cargo, pero también responsabilizó a las empresas mineras por no trabajar lo suficiente para que la minería sea vista como un factor de desarrollo en los pueblos.
"Hay que hacer talleres, trabajos de concientización, de divulgación, si evidentemente falta información hay que basarse en estos aspectos. Cuanto antes lo podamos hacer lo vamos a hacer. De hecho ya lo venimos haciendo, a todos los informes que solicitaron los concejales se les ha dado respuesta", señaló Sinner y después reclamó: "A todos nos falta aportar, no sólo desde el punto de vista institucional. Las empresas tienen gran responsabilidad en esto, si se van a instalar en un lado y la gente no se identifica con el proyecto es muy difícil que puedan llevarlo adelante. La empresa tiene que generar trabajo y una serie de condiciones para poder hacer su trabajo", evaluó el responsable de la política minera en la Provincia.
Para Sinner, el conflicto social que estalló en Andalgalá "no es sólo por falta de conocimiento".
"El tema de Andalgalá surgió a partir de una cuestión muy compleja. Por nuestra parte, tendríamos que haber llegado más a la gente y en ese aspecto estamos tratando de corregir lo que pueda haber sido nuestro error, que es la falta de llegada a la gente", dijo el secretario de Minería en una suerte de mea culpa por el conflicto que divide a los andalgalenses.
UBA ratifica que Botnia contamina
Investigadores de la UBA ratifican que Botnia contamina
Fecha de Publicación: 28/04/2010
Fuente: Informe Digital
Provincia/Región: Nacional
La facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aries ratificó los efectos contaminantes de la planta que funciona en Fray Bentos. Reiteró que “la actividad de la pastera no es inocua para el medioambiente”.
El fallo de la Corte Internacional de Justicia no conformó a la facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aries, que ratificó los efectos contaminantes en el medio ambiente de la planta que funciona en Fray Bentos.
Sus conclusiones se basan en informes técnicos de investigadores de esa alta casa de estudios que participaron del relevamiento al río Uruguay, el cual fue fuente de los alegatos argentinos en la demanda contra Uruguay y Botnia. En este camino, corroboran que “la actividad de la pastera no es inocua para el medioambiente y que no fue bien elegido el lugar del enclave”.
Los biólogos de Exactas realizan mediciones desde que la planta abrió sus puertas hace dos años. El equipo de limnólogos, encabezado por Irina Izaguirre, del Departamento de Ecología, Genética y Evolución, dio a conocer que “los resultados mostraron que en el período operacional algunas variables medidas presentaron importantes cambios, principalmente en la zona de influencia de Botnia”. En particular, los investigadores afirmaron que se detectó un aumento de la presencia de nutrientes, “evidenciado por un incremento de fito y zooplantación”.
Los limnólogos también tomaron parte de la evaluación de la mancha blanca, cuyas imágenes inundaron las tapas de los diarios el 4 de febrero de 2009. Ese día, las condiciones del río Uruguay eran calmas y, de acuerdo al registro de los investigadores, “la superficie del agua mostraba en ese momento un cúmulo flotante de varios kilómetros de superficie desde la zona frente a Botnia”.
“La mancha resultó ser una floración de algas verdeazules, conocidas como cianobacterias, cuya magnitud no tuvo precedentes para el canal principal del río Uruguay. “La abundancia de algas alcanzó 18 millones de células por mililitro, lo cual excede el nivel indicado por la Organización Mundial de la Salud como nivel de alerta 3, peligroso para la salud humana”, se explicó en la publicación oficial de Exactas de la UBA.
La facultad va más allá y explica que la abundancia de algas “fue mil veces mayor que el máximo histórico registrado” en el río Uruguay. “Cabe señalar que estas algas producen cianotoxinas que se liberan particularmente cuando hay roturas celulares como las que se observaron al analizar las muestras del cúmulo al microscopio”, indican los investigadores y especifican que, “combinados con la floración algal, se observaron productos que estarían asociados a los efluentes de la planta”.
El Laboratorio de Anatomía y Embriología Vegetal de la Facultad pudo comprobar la presencia de fibras de celulosa que se corresponden con la especie Eucalyptus globulus, una de las especies de árbol utilizadas por la ilegal Botnia para la producción de pasta. Sin embargo, y de acuerdo con el texto del fallo de La Haya, “no se logró probar que haya sido generado por los efluentes de Botnia”.
Desde que la pastera abrió sus puertas, otro de los elementos que sufrió alteraciones fue el aire. Este punto formó parte de los alegatos argentinos, pero la variable atmosférica no fue considerada por el Tribunal Internacional.
El equipo argentino responsable del componente atmosférico de los estudios, encabezado por Inés Camilloni, investigadora del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, había determinado para la línea de base que “no se detectó sulfuro de hidrógeno (H2S) en el aire de la zona de influencia de Botnia” y que “las concentraciones de otros contaminantes medidos no superan las normas nacionales e internacionales de calidad de aire”.
Sin embargo, con la planta en marcha se detectaron cambios. “De acuerdo a las mediciones de la calidad del aire realizadas entre el 1º de julio de 2008 y el 31 de marzo de 2009 sobre el sector argentino, se comprobó que en 78 días se detectaron valores de concentración de sulfuro de hidrógeno superiores al nivel de detección de olor durante una o más horas”. Si bien no es causante de trastornos severos a la salud, este sulfuro (de característico olor a “huevo podrido”) puede provocar molestias y, en particular, afecta calidad de vida de los vecinos a la planta.
El primero de los eventos se registró el 26 de enero de 2009 cuando se generaron 1.800 denuncias de vecinos por el olor nauseabundo que ingresó en sus hogares. “Las mediciones de calidad de aire realizadas en Argentina mostraron valores por encima del umbral de detección de olor durante varias horas y las simulaciones realizadas confirman el ingreso de los contaminantes al territorio argentino y, principalmente, a la ciudad de Gualeguaychú”.
El segundo caso se dio días después, más precisamente el 10 de febrero, con parámetros similares al episodio de enero. Ambos eventos, junto con el análisis de otras situaciones en las que se detectó mal olor fueron presentados en el informe técnico entregado a la Corte de La Haya el 30 de junio de 2009. Se sabe que esos episodios de contaminación fueron desechados por la Corte Internacional de Justicia.
“La pastera no debería haberse instalado dónde está”, indicaron. “El emplazamiento
de la industria no es el apropiado desde el punto de vista de la capacidad de la atmósfera para diluir contaminantes y porque favorece su transporte hacia territorio argentino”. Lo anterior se fundamenta en el hecho de que la atmósfera de la región “presenta un volumen limitado para la dilución de contaminantes” y que “los vientos soplan hacia la Argentina en el 72 por ciento de los casos en los que no hay calma, favoreciendo las posibilidades de contaminación transfronteriza”, según explica en un artículo el periodista Armando Doria, publicado en el órgano de difusión del Área de Comunicación de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA.
Fecha de Publicación: 28/04/2010
Fuente: Informe Digital
Provincia/Región: Nacional
La facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aries ratificó los efectos contaminantes de la planta que funciona en Fray Bentos. Reiteró que “la actividad de la pastera no es inocua para el medioambiente”.
El fallo de la Corte Internacional de Justicia no conformó a la facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aries, que ratificó los efectos contaminantes en el medio ambiente de la planta que funciona en Fray Bentos.
Sus conclusiones se basan en informes técnicos de investigadores de esa alta casa de estudios que participaron del relevamiento al río Uruguay, el cual fue fuente de los alegatos argentinos en la demanda contra Uruguay y Botnia. En este camino, corroboran que “la actividad de la pastera no es inocua para el medioambiente y que no fue bien elegido el lugar del enclave”.
Los biólogos de Exactas realizan mediciones desde que la planta abrió sus puertas hace dos años. El equipo de limnólogos, encabezado por Irina Izaguirre, del Departamento de Ecología, Genética y Evolución, dio a conocer que “los resultados mostraron que en el período operacional algunas variables medidas presentaron importantes cambios, principalmente en la zona de influencia de Botnia”. En particular, los investigadores afirmaron que se detectó un aumento de la presencia de nutrientes, “evidenciado por un incremento de fito y zooplantación”.
Los limnólogos también tomaron parte de la evaluación de la mancha blanca, cuyas imágenes inundaron las tapas de los diarios el 4 de febrero de 2009. Ese día, las condiciones del río Uruguay eran calmas y, de acuerdo al registro de los investigadores, “la superficie del agua mostraba en ese momento un cúmulo flotante de varios kilómetros de superficie desde la zona frente a Botnia”.
“La mancha resultó ser una floración de algas verdeazules, conocidas como cianobacterias, cuya magnitud no tuvo precedentes para el canal principal del río Uruguay. “La abundancia de algas alcanzó 18 millones de células por mililitro, lo cual excede el nivel indicado por la Organización Mundial de la Salud como nivel de alerta 3, peligroso para la salud humana”, se explicó en la publicación oficial de Exactas de la UBA.
La facultad va más allá y explica que la abundancia de algas “fue mil veces mayor que el máximo histórico registrado” en el río Uruguay. “Cabe señalar que estas algas producen cianotoxinas que se liberan particularmente cuando hay roturas celulares como las que se observaron al analizar las muestras del cúmulo al microscopio”, indican los investigadores y especifican que, “combinados con la floración algal, se observaron productos que estarían asociados a los efluentes de la planta”.
El Laboratorio de Anatomía y Embriología Vegetal de la Facultad pudo comprobar la presencia de fibras de celulosa que se corresponden con la especie Eucalyptus globulus, una de las especies de árbol utilizadas por la ilegal Botnia para la producción de pasta. Sin embargo, y de acuerdo con el texto del fallo de La Haya, “no se logró probar que haya sido generado por los efluentes de Botnia”.
Desde que la pastera abrió sus puertas, otro de los elementos que sufrió alteraciones fue el aire. Este punto formó parte de los alegatos argentinos, pero la variable atmosférica no fue considerada por el Tribunal Internacional.
El equipo argentino responsable del componente atmosférico de los estudios, encabezado por Inés Camilloni, investigadora del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, había determinado para la línea de base que “no se detectó sulfuro de hidrógeno (H2S) en el aire de la zona de influencia de Botnia” y que “las concentraciones de otros contaminantes medidos no superan las normas nacionales e internacionales de calidad de aire”.
Sin embargo, con la planta en marcha se detectaron cambios. “De acuerdo a las mediciones de la calidad del aire realizadas entre el 1º de julio de 2008 y el 31 de marzo de 2009 sobre el sector argentino, se comprobó que en 78 días se detectaron valores de concentración de sulfuro de hidrógeno superiores al nivel de detección de olor durante una o más horas”. Si bien no es causante de trastornos severos a la salud, este sulfuro (de característico olor a “huevo podrido”) puede provocar molestias y, en particular, afecta calidad de vida de los vecinos a la planta.
El primero de los eventos se registró el 26 de enero de 2009 cuando se generaron 1.800 denuncias de vecinos por el olor nauseabundo que ingresó en sus hogares. “Las mediciones de calidad de aire realizadas en Argentina mostraron valores por encima del umbral de detección de olor durante varias horas y las simulaciones realizadas confirman el ingreso de los contaminantes al territorio argentino y, principalmente, a la ciudad de Gualeguaychú”.
El segundo caso se dio días después, más precisamente el 10 de febrero, con parámetros similares al episodio de enero. Ambos eventos, junto con el análisis de otras situaciones en las que se detectó mal olor fueron presentados en el informe técnico entregado a la Corte de La Haya el 30 de junio de 2009. Se sabe que esos episodios de contaminación fueron desechados por la Corte Internacional de Justicia.
“La pastera no debería haberse instalado dónde está”, indicaron. “El emplazamiento
de la industria no es el apropiado desde el punto de vista de la capacidad de la atmósfera para diluir contaminantes y porque favorece su transporte hacia territorio argentino”. Lo anterior se fundamenta en el hecho de que la atmósfera de la región “presenta un volumen limitado para la dilución de contaminantes” y que “los vientos soplan hacia la Argentina en el 72 por ciento de los casos en los que no hay calma, favoreciendo las posibilidades de contaminación transfronteriza”, según explica en un artículo el periodista Armando Doria, publicado en el órgano de difusión del Área de Comunicación de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA.
Formosa y su "sólida política ambiental"
Destacan que en Formosa se desarrolla una sólida política ambiental
Fecha de Publicación: 28/04/2010
Fuente: El Comercial
Provincia/Región: Formosa
La "sólida política ambiental" de Formosa, a la cual se la sitúa como pionera en la defensa de sus recursos naturales, en la implementación de una sólida política de conservación y preservación del medio ambiente, es marcado por informes de especialistas nacionales, y ponen como ejemplo el "espejo de vida que forma el Bañado La Estrella, que se encuentra entre los tres más grandes humedales de Sudamérica, de transparentes aguas de cambiantes tonalidades".
Se advierte inclusive que mientras en otros puntos del país, personajes extraños adquieren vastas extensiones de santuarios ecológicos con fines no muy bien determinados, en Formosa no sólo se protege a estos espacios sino que se promueve una política de conservación del medio ambiente.
Un caso que tomó estado público a nivel nacional e internacional y aún conlleva dudas es el del multimillonario Douglas Tompkins, dueño de importantes extensiones en la zona de los Esteros del Iberá, en Corrientes, y el sur del país.
Las denuncias concretas lo acusan de "querer adueñarse a toda costa de las partes secas para tomar el control final de la reserva ecológica", en el entendimiento de que la lucha del futuro, en el mundo, será por el agua.
"En Formosa, no existe lugar a especulación alguna en este sentido. Por el contrario, el estado ha asumido la responsabilidad de velar por el mantenimiento y conservación de sus reservas naturales, declarándolas áreas protegidas", se enfatizó.
Aquí se menciona a la Reserva de Biósfera (declarado a nivel internacional), la Reserva Natural Formosa, el Riacho El Teuquito, el Río Pilcomayo y la Reserva Provincial Laguna Hu, que se encuentra ubicada en Colonia Pastoril General Viamonte, del departamento Formosa y abarca 1.800 hectárea . Fue creada a los fines de la reposición, propagación y repoblación natural de aves acuáticas anseriformes.
Una ley fundamental
También se alude a la Ley N º 1471 sancionada por la Legislatura de la Provincia de Formosa afectó al dominio público las tierras y las aguas que conforman el bañado La Estrella.
Entre los fundamentos de la ley, que fue impulsada en el año 2005 por el Ejecutivo Provincial, se destacaba en ese momento que el recurso agua se ha tornado estratégico para cualquier pueblo del mundo.
Esto es así. El agua cubre el 70 % de la superficie de nuestro planeta: sin embargo, de ella solo el 3% es agua dulce, y de ese pequeño porcentaje, el 97% es subterránea, del cual, únicamente el 1% es de fácil acceso a los seres humanos…
Hoy vemos como un magnate californiano es dueño de más de 230.000 hectáreas de uno de los humedales de uno de los sistemas hídricos más grandes de Sudamérica.
Fecha de Publicación: 28/04/2010
Fuente: El Comercial
Provincia/Región: Formosa
La "sólida política ambiental" de Formosa, a la cual se la sitúa como pionera en la defensa de sus recursos naturales, en la implementación de una sólida política de conservación y preservación del medio ambiente, es marcado por informes de especialistas nacionales, y ponen como ejemplo el "espejo de vida que forma el Bañado La Estrella, que se encuentra entre los tres más grandes humedales de Sudamérica, de transparentes aguas de cambiantes tonalidades".
Se advierte inclusive que mientras en otros puntos del país, personajes extraños adquieren vastas extensiones de santuarios ecológicos con fines no muy bien determinados, en Formosa no sólo se protege a estos espacios sino que se promueve una política de conservación del medio ambiente.
Un caso que tomó estado público a nivel nacional e internacional y aún conlleva dudas es el del multimillonario Douglas Tompkins, dueño de importantes extensiones en la zona de los Esteros del Iberá, en Corrientes, y el sur del país.
Las denuncias concretas lo acusan de "querer adueñarse a toda costa de las partes secas para tomar el control final de la reserva ecológica", en el entendimiento de que la lucha del futuro, en el mundo, será por el agua.
"En Formosa, no existe lugar a especulación alguna en este sentido. Por el contrario, el estado ha asumido la responsabilidad de velar por el mantenimiento y conservación de sus reservas naturales, declarándolas áreas protegidas", se enfatizó.
Aquí se menciona a la Reserva de Biósfera (declarado a nivel internacional), la Reserva Natural Formosa, el Riacho El Teuquito, el Río Pilcomayo y la Reserva Provincial Laguna Hu, que se encuentra ubicada en Colonia Pastoril General Viamonte, del departamento Formosa y abarca 1.800 hectárea . Fue creada a los fines de la reposición, propagación y repoblación natural de aves acuáticas anseriformes.
Una ley fundamental
También se alude a la Ley N º 1471 sancionada por la Legislatura de la Provincia de Formosa afectó al dominio público las tierras y las aguas que conforman el bañado La Estrella.
Entre los fundamentos de la ley, que fue impulsada en el año 2005 por el Ejecutivo Provincial, se destacaba en ese momento que el recurso agua se ha tornado estratégico para cualquier pueblo del mundo.
Esto es así. El agua cubre el 70 % de la superficie de nuestro planeta: sin embargo, de ella solo el 3% es agua dulce, y de ese pequeño porcentaje, el 97% es subterránea, del cual, únicamente el 1% es de fácil acceso a los seres humanos…
Hoy vemos como un magnate californiano es dueño de más de 230.000 hectáreas de uno de los humedales de uno de los sistemas hídricos más grandes de Sudamérica.
Riachuelo: No se cumplió con la orden de la Corte
No se cumplió con lo que ordenó la Corte para sanear el Riachuelo
Fecha de Publicación: 27/04/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
La Nación, la ciudad y la provincia de Buenos Aires deben informar hoy de los pocos avances
Los gobiernos nacional, bonaerense y porteño deben presentar hoy ante la Corte Suprema un informe sobre el avance del plan de saneamiento del Riachuelo, en respuesta al plazo impuesto desde la máxima instancia judicial hace 21 meses.
Hoy, la realidad parece indicar que buena parte de lo que dispuso el superior tribunal para poner en marcha el proceso que vuelva a hacer del Riachuelo un río no se ha cumplido en tiempo y forma. Por eso, la Corte podría multar a los funcionarios a cargo operativamente de las acciones de limpieza del curso de agua más contaminado de la Argentina.
El informe de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), el órgano ejecutor de la limpieza, debe explicar la razón de las demoras en el cumplimiento de los plazos previstos por la Corte. Por qué, por ejemplo, sólo se controló el 20% de las industrias que funcionan en la cuenca; qué sucedió con el plan de eliminación de los 171 basurales que minan a diario a los 5 millones de personas que habitan allí; cuándo se mudarán las empresas del Polo Petroquímico de Dock Sud, y cuándo se trabajará con la población con problemas de salud por la contaminación.
"La Corte sabe que ha habido excesivas demoras en el cumplimiento del Plan Integral de Saneamiento Ambiental [PISA]", dijo Anselmo Sella, defensor adjunto del pueblo de la Nación, integrante del cuerpo colegiado que debe controlar que se cumpla la sentencia.
"El informe se basa fundamentalmente en el análisis del nuevo PISA, de enero. Es un ordenamiento de todas las medidas que la Acumar presentó un año y medio tarde", explicó Sella.
En él figuran las obras hidráulicas programadas y aquellas acciones relacionadas tanto con la identificación de las personas afectadas por la contaminación como con el ordenamiento territorial, especialmente la urbanización o reubicación de quienes viven en villas.
"Parte de las mandas de la Corte están incumplidas y los plazos, vencidos. El saneamiento no es sólo obra pública; se debe dejar de contaminar. La cuestión de la salud de la población es la gran falencia que tiene este plan. Seguimos sin saber cuáles son los grupos vulnerables", dijo Andrés Nápoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Sólo palabras
Por ahora, en la Acumar sólo hay diagnósticos generales. Y no son promisorios: según el Ministerio de Salud de la Nación, el 96,4% de la población de la cuenca está expuesta a una amenaza de riesgo ambiental que se traduce en tasas de mortalidad general e infantil que superan la media del país. Predominan los problemas gastrointestinales (33,3%) y respiratorios (26%). Y en las comunas porteñas del área de la cuenca se detectaron "tasas de mortalidad mayores, especialmente en las enfermedades del sistema circulatorio, tumores, aparato respiratorio, enfermedades, infecciones y causas externas", según un relevamiento de 2007.
El Juzgado Federal de La Plata tiene una causa por la atención de la salud de 250 habitantes de Isla Maciel, en Avellaneda. "La Acumar debía contestar en noviembre, y nada. No existe decisión política", dijo Hugo Quintana, de la Asociación del Personal de Organismos de Control y patrocinante de los vecinos. La Acumar fue multada con $ 2000 por cada día de incumplimiento en presentar los informes y el detalle de las personas que deben ser atendidas. Apeló.
"El saneamiento del Riachuelo insumirá 23.801 millones de pesos hasta 2024; se llevan invertidos 3114 millones desde 2006 y para este año se prevé destinar 4427 millones", dijo Homero Bibiloni, secretario de Ambiente de la Nación.
El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, sostuvo: "En los últimos 12 meses se hicieron muchas más obras por el mejoramiento del Riachuelo que en los últimos 50 años. La realidad son los 5 millones de hermanos que viven sin cloacas y ahí está el Gobierno trabajando para la construcción de la cloaca para resolver definitivamente este problema".
Un crédito del Banco Mundial traerá US$ 840 millones para esas obras, que serán manejados, en su mayor parte, por De Vido. Pero las obras no podrán comenzar hasta que se liberen las márgenes del Riachuelo, donde hay miles de personas asentadas.
PLAZOS VENCIDOS
- Contaminación industrial: se ha inspeccionado el 20% de los 4103 establecimientos señalados por la Acumar, aunque hay 12.181. La Corte había exigido que se inspeccionaran todos en 30 días. En 2009 se hicieron diez por día.
- Limpieza de márgenes: hasta ahora no hay ningún proyecto integrado para las márgenes y los arroyos de la cuenca.
- Calidad del agua y del aire: la Acumar debía presentar informes cada tres meses. Los informes son incompletos y tardíos.
- Basurales: hay 171 basurales en la cuenca. La Corte había fijado para febrero el cierre de todos.
- Saneamiento: para la provisión de agua y cloacas, sumada a la construcción del colector cloacal se usarán US$ 840 millones. Construir los colectores, que desembocarán en el Río de la Plata, demandará al menos dos años.
- Polo Petroquímico de Dock Sud: Néstor Kirchner prometió su erradicación en 2006. Cuatro años después, funciona a pleno.
- Fondos: el saneamiento del Riachuelo insumirá $ 23.801 millones hasta 2024; entre 2006 y 2009 se invirtieron 3114 millones.
Fecha de Publicación: 27/04/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
La Nación, la ciudad y la provincia de Buenos Aires deben informar hoy de los pocos avances
Los gobiernos nacional, bonaerense y porteño deben presentar hoy ante la Corte Suprema un informe sobre el avance del plan de saneamiento del Riachuelo, en respuesta al plazo impuesto desde la máxima instancia judicial hace 21 meses.
Hoy, la realidad parece indicar que buena parte de lo que dispuso el superior tribunal para poner en marcha el proceso que vuelva a hacer del Riachuelo un río no se ha cumplido en tiempo y forma. Por eso, la Corte podría multar a los funcionarios a cargo operativamente de las acciones de limpieza del curso de agua más contaminado de la Argentina.
El informe de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), el órgano ejecutor de la limpieza, debe explicar la razón de las demoras en el cumplimiento de los plazos previstos por la Corte. Por qué, por ejemplo, sólo se controló el 20% de las industrias que funcionan en la cuenca; qué sucedió con el plan de eliminación de los 171 basurales que minan a diario a los 5 millones de personas que habitan allí; cuándo se mudarán las empresas del Polo Petroquímico de Dock Sud, y cuándo se trabajará con la población con problemas de salud por la contaminación.
"La Corte sabe que ha habido excesivas demoras en el cumplimiento del Plan Integral de Saneamiento Ambiental [PISA]", dijo Anselmo Sella, defensor adjunto del pueblo de la Nación, integrante del cuerpo colegiado que debe controlar que se cumpla la sentencia.
"El informe se basa fundamentalmente en el análisis del nuevo PISA, de enero. Es un ordenamiento de todas las medidas que la Acumar presentó un año y medio tarde", explicó Sella.
En él figuran las obras hidráulicas programadas y aquellas acciones relacionadas tanto con la identificación de las personas afectadas por la contaminación como con el ordenamiento territorial, especialmente la urbanización o reubicación de quienes viven en villas.
"Parte de las mandas de la Corte están incumplidas y los plazos, vencidos. El saneamiento no es sólo obra pública; se debe dejar de contaminar. La cuestión de la salud de la población es la gran falencia que tiene este plan. Seguimos sin saber cuáles son los grupos vulnerables", dijo Andrés Nápoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Sólo palabras
Por ahora, en la Acumar sólo hay diagnósticos generales. Y no son promisorios: según el Ministerio de Salud de la Nación, el 96,4% de la población de la cuenca está expuesta a una amenaza de riesgo ambiental que se traduce en tasas de mortalidad general e infantil que superan la media del país. Predominan los problemas gastrointestinales (33,3%) y respiratorios (26%). Y en las comunas porteñas del área de la cuenca se detectaron "tasas de mortalidad mayores, especialmente en las enfermedades del sistema circulatorio, tumores, aparato respiratorio, enfermedades, infecciones y causas externas", según un relevamiento de 2007.
El Juzgado Federal de La Plata tiene una causa por la atención de la salud de 250 habitantes de Isla Maciel, en Avellaneda. "La Acumar debía contestar en noviembre, y nada. No existe decisión política", dijo Hugo Quintana, de la Asociación del Personal de Organismos de Control y patrocinante de los vecinos. La Acumar fue multada con $ 2000 por cada día de incumplimiento en presentar los informes y el detalle de las personas que deben ser atendidas. Apeló.
"El saneamiento del Riachuelo insumirá 23.801 millones de pesos hasta 2024; se llevan invertidos 3114 millones desde 2006 y para este año se prevé destinar 4427 millones", dijo Homero Bibiloni, secretario de Ambiente de la Nación.
El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, sostuvo: "En los últimos 12 meses se hicieron muchas más obras por el mejoramiento del Riachuelo que en los últimos 50 años. La realidad son los 5 millones de hermanos que viven sin cloacas y ahí está el Gobierno trabajando para la construcción de la cloaca para resolver definitivamente este problema".
Un crédito del Banco Mundial traerá US$ 840 millones para esas obras, que serán manejados, en su mayor parte, por De Vido. Pero las obras no podrán comenzar hasta que se liberen las márgenes del Riachuelo, donde hay miles de personas asentadas.
PLAZOS VENCIDOS
- Contaminación industrial: se ha inspeccionado el 20% de los 4103 establecimientos señalados por la Acumar, aunque hay 12.181. La Corte había exigido que se inspeccionaran todos en 30 días. En 2009 se hicieron diez por día.
- Limpieza de márgenes: hasta ahora no hay ningún proyecto integrado para las márgenes y los arroyos de la cuenca.
- Calidad del agua y del aire: la Acumar debía presentar informes cada tres meses. Los informes son incompletos y tardíos.
- Basurales: hay 171 basurales en la cuenca. La Corte había fijado para febrero el cierre de todos.
- Saneamiento: para la provisión de agua y cloacas, sumada a la construcción del colector cloacal se usarán US$ 840 millones. Construir los colectores, que desembocarán en el Río de la Plata, demandará al menos dos años.
- Polo Petroquímico de Dock Sud: Néstor Kirchner prometió su erradicación en 2006. Cuatro años después, funciona a pleno.
- Fondos: el saneamiento del Riachuelo insumirá $ 23.801 millones hasta 2024; entre 2006 y 2009 se invirtieron 3114 millones.
Mortandad de peces por agroquímicos
La mortandad de peces en arroyo Calá habría sido por agroquímicos
Fecha de Publicación: 26/04/2010
Fuente: Uno Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos
Fernando Raffo descartó que la causa de la mortandad esté relacionada con la planta Manfico y apuntó al uso indebido de agroquímicos.
La secretaría de Medio Ambiente de la provincia tomó muestras de agua del Arroyo Calá, en departamento Uruguay, para conocer qué causó la mortandad de cientos de peces este sábado.
El titular de la cartera, Fernando Raffo, afirmó a APF que “a priori” la causa de la mortandad no estaría relacionada con el funcionamiento de la planta Manfico y apuntó al uso indebido de agroquímicos.
Los resultados de las muestras que se tomaron hoy, se conocerán cerca del fin de semana. Las primeras hipótesis señalaban a la fábrica de carne-harina de la localidad de Rocamora como la causante del fenómeno.
Sin embargo, Raffo explicó que la planta “prácticamente no está liberando efluentes” y que a la vez está bajo el “monitoreo” de Medio Ambiente provincial, tras una serie de trabajos y obras realizadas precisamente para el tratamiento de los líquidos contaminantes.
Fecha de Publicación: 26/04/2010
Fuente: Uno Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos
Fernando Raffo descartó que la causa de la mortandad esté relacionada con la planta Manfico y apuntó al uso indebido de agroquímicos.
La secretaría de Medio Ambiente de la provincia tomó muestras de agua del Arroyo Calá, en departamento Uruguay, para conocer qué causó la mortandad de cientos de peces este sábado.
El titular de la cartera, Fernando Raffo, afirmó a APF que “a priori” la causa de la mortandad no estaría relacionada con el funcionamiento de la planta Manfico y apuntó al uso indebido de agroquímicos.
Los resultados de las muestras que se tomaron hoy, se conocerán cerca del fin de semana. Las primeras hipótesis señalaban a la fábrica de carne-harina de la localidad de Rocamora como la causante del fenómeno.
Sin embargo, Raffo explicó que la planta “prácticamente no está liberando efluentes” y que a la vez está bajo el “monitoreo” de Medio Ambiente provincial, tras una serie de trabajos y obras realizadas precisamente para el tratamiento de los líquidos contaminantes.
Acelera la puesta en marcha del fuero ambiental
Acelera la Provincia la puesta en marcha del fuero ambiental
Fecha de Publicación: 26/04/2010
Fuente: NotiBonaerense
Provincia/Región: Buenos Aires
Denuncias por contaminación serán resueltas por tribunales exclusivamente dedicados a cuestiones ambientales en la Provincia
Enviará el proyecto a la Legislatura. Habrá tribunales específicos para causas por contaminación
Las denuncias que se presenten por contaminación o afectaciones a recursos naturales en la Provincia, recaerán en tribunales especializados que comenzarían a funcionar en los próximos meses. Es que el gobierno de Daniel Scioli decidió apurar el paso con la creación del fuero judicial ambiental que incluirá el funcionamiento, en una primera etapa, de al menos ocho organismos en todo el territorio bonaerense.
La futura puesta en marcha de estos tribunales fue anticipada a este diario por el titular del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), José Molina, quien indicó que comenzó la ronda de contactos con legisladores antes de enviar la iniciativa a las cámaras.
"Queremos que los diputados y senadores conozcan el texto de este proyecto que consideramos trascendental, porque creará un fuero específico para el tratamiento de todas aquellas denuncias que tengan que ver con la afectación al medio ambiente", sostuvo Molina.
En busca de consenso, el funcionario se reunió en los últimos días con legisladores de algunos bloques opositores y tiene previsto continuar los contactos.
En forma paralela, el ministerio de Justicia está trabajando en distintas cuestiones técnicas vinculadas con el funcionamiento del fuero y, según trascendió, intercambiará opiniones con la Suprema Corte sobre el proyecto oficial.
La idea de crear un fuero específico para estas causas había sido anticipado por Scioli en la apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura, en marzo de este año.
El ministro de Justicia, Ricardo Casal, le dijo a este diario que en una primera etapa se pondrán en marcha ocho tribunales ambientales -integrados por 3 jueces cada uno- que no responderán a la lógica de distribución de los departamentos judiciales.
La creación de este fuero apunta a centralizar causas en juzgados específicos que en la actualidad se tramitan en diversos organismos de la Justicia. En juzgados en lo Contencioso Administrativo, Civiles y Comerciales y hasta Penales se ventilan denuncias de esta temática.
"Ahora se le dará a los bonaerenses la oportunidad de reclamar eficazmente por sus derechos", indicó el ministro.
"Con la creación de este fuero, el gobernador le está dando sustento al artículo 28 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que se incorporó en la reforma de 1994", sostuvo Casal. También dijo que la iniciativa "le da al ciudadano el derecho de preservar su salud en función del medio ambiente y de preservar los recursos naturales".
"Los bonaerenses podrán tener ahora cerca la justicia para reclamar cuando sea necesario por este tipo de importantes cuestiones y no como ocurre en la actualidad, que se demanda ante la justicia federal u otros ámbitos no especializados", explicó el ministro.
En principio, este fuero funcionaría en las ciudades de Mar del Plata y Bahía Blanca, en la zona de Zárate-Campana, y en cuatro o cinco puntos del Conurbano. "Estamos pensando la instalación de tribunales que tengan una amplia extensión territorial de competencia", dijo Casal.
De esta forma, denuncias sobre emanaciones tóxicas o contaminación de cursos de agua, por ejemplo, se tramitarán en el nuevo fuero, cuya puesta en marcha demandará la aprobación de un proyecto de ley cuya redacción está en su última etapa.
En forma paralela a la puesta en marcha del nuevo fuero, el OPDS está trabajando en la redacción de un Código de Faltas ambiental que establecerá qué tipo de sanciones se aplicarán en los casos de contaminación.
Fecha de Publicación: 26/04/2010
Fuente: NotiBonaerense
Provincia/Región: Buenos Aires
Denuncias por contaminación serán resueltas por tribunales exclusivamente dedicados a cuestiones ambientales en la Provincia
Enviará el proyecto a la Legislatura. Habrá tribunales específicos para causas por contaminación
Las denuncias que se presenten por contaminación o afectaciones a recursos naturales en la Provincia, recaerán en tribunales especializados que comenzarían a funcionar en los próximos meses. Es que el gobierno de Daniel Scioli decidió apurar el paso con la creación del fuero judicial ambiental que incluirá el funcionamiento, en una primera etapa, de al menos ocho organismos en todo el territorio bonaerense.
La futura puesta en marcha de estos tribunales fue anticipada a este diario por el titular del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), José Molina, quien indicó que comenzó la ronda de contactos con legisladores antes de enviar la iniciativa a las cámaras.
"Queremos que los diputados y senadores conozcan el texto de este proyecto que consideramos trascendental, porque creará un fuero específico para el tratamiento de todas aquellas denuncias que tengan que ver con la afectación al medio ambiente", sostuvo Molina.
En busca de consenso, el funcionario se reunió en los últimos días con legisladores de algunos bloques opositores y tiene previsto continuar los contactos.
En forma paralela, el ministerio de Justicia está trabajando en distintas cuestiones técnicas vinculadas con el funcionamiento del fuero y, según trascendió, intercambiará opiniones con la Suprema Corte sobre el proyecto oficial.
La idea de crear un fuero específico para estas causas había sido anticipado por Scioli en la apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura, en marzo de este año.
El ministro de Justicia, Ricardo Casal, le dijo a este diario que en una primera etapa se pondrán en marcha ocho tribunales ambientales -integrados por 3 jueces cada uno- que no responderán a la lógica de distribución de los departamentos judiciales.
La creación de este fuero apunta a centralizar causas en juzgados específicos que en la actualidad se tramitan en diversos organismos de la Justicia. En juzgados en lo Contencioso Administrativo, Civiles y Comerciales y hasta Penales se ventilan denuncias de esta temática.
"Ahora se le dará a los bonaerenses la oportunidad de reclamar eficazmente por sus derechos", indicó el ministro.
"Con la creación de este fuero, el gobernador le está dando sustento al artículo 28 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que se incorporó en la reforma de 1994", sostuvo Casal. También dijo que la iniciativa "le da al ciudadano el derecho de preservar su salud en función del medio ambiente y de preservar los recursos naturales".
"Los bonaerenses podrán tener ahora cerca la justicia para reclamar cuando sea necesario por este tipo de importantes cuestiones y no como ocurre en la actualidad, que se demanda ante la justicia federal u otros ámbitos no especializados", explicó el ministro.
En principio, este fuero funcionaría en las ciudades de Mar del Plata y Bahía Blanca, en la zona de Zárate-Campana, y en cuatro o cinco puntos del Conurbano. "Estamos pensando la instalación de tribunales que tengan una amplia extensión territorial de competencia", dijo Casal.
De esta forma, denuncias sobre emanaciones tóxicas o contaminación de cursos de agua, por ejemplo, se tramitarán en el nuevo fuero, cuya puesta en marcha demandará la aprobación de un proyecto de ley cuya redacción está en su última etapa.
En forma paralela a la puesta en marcha del nuevo fuero, el OPDS está trabajando en la redacción de un Código de Faltas ambiental que establecerá qué tipo de sanciones se aplicarán en los casos de contaminación.
Vence el plazo para sanear el Riachuelo
Vence el plazo para Nación y Provincia para el saneamiento del Riachuelo
Fecha de Publicación: 25/04/2010
Fuente: La Prensa
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
La Corte indicó que el informe oficial, que deberá ser presentado el martes próximo, tiene que ser una "presentación única" y "conjunta" de las administraciones de Cristina Fernández de Kirchner, el jefe de gobierno, Mauricio Macri, y el gobernador Daniel Scioli.
El plazo de quince días hábiles impuesto por la Corte Suprema de Justicia al Estado Nacional, a la provincia de Buenos Aires y a la Capital Federal para presentar un informe sobre el saneamiento en la Cuenca Matanza-Riachuelo vencerá esta semana.
El 6 de abril pasado los jueces del máximo tribunal emplezaron a los gobiernos y también a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), con motivo de lo dispuesto en el denominado "Fallo Mendoza", emitido en 2008, que ordenó la limpieza de la cuenca hídrica contaminada.
En la resolución, los magistrados resaltaron que el informe oficial, que deberá ser presentado el martes próximo, tiene que ser una "presentación única" y "conjunta" de las administraciones de Cristina Fernández de Kirchner, el jefe de gobierno, Mauricio Macri, y el gobernador Daniel Scioli.
En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia exigió un detalle pormenorizado sobre "el íntegro y fiel cumplimiento de todos los mandatos impuestos en la sentencia del 8 de julio de 2008 con respecto a cada uno de los objetivos y resultados establecidos".
El fallo no lo dice expresamente, pero de su contenido parece desprenderse que los plazos establecidos para la purificación del curso hídrico no se cumplieron adecuadamente.
Una semana después de conocido el emplazamiento de la Corte Suprema, el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, aseguró que "en los últimos 12 meses se hicieron muchas más obras que en los últimos 50 años para el mejoramiento del Riachuelo".
Sin embargo, afirmó que quedaban "muchas cosas por resolver" en lo que calificó de "catástrofe medioambiental" del Riachuelo.
"Estamos trabajando desde la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), el Ministerio de Planificación, la secretaria de Medio Ambiente, y la Jefatura de Gabinete en la tarea del saneamiento de este curso de agua", dijo a la prensa.
Frente a la postura de la Corte Suprema, la diputada nacional de la Coalición Cívica, Fernanda Reyes, reclamó que el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Homero Bibiloni, "rinda explicaciones ante el Congreso por los incumplimientos" en el saneamiento del Riachuelo.
Reyes consideró que Bibiloni, como titular de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), debe justificar "su inacción en el cumplimiento de los plazos y obligaciones ordenados por la Corte Suprema de Justicia" para recuperar el curso de agua.
Para la legisladora de la Coalición Cívica, el Riachuelo "es un reflejo de lo peor de la Argentina: corrupción y desigualdad".
Fecha de Publicación: 25/04/2010
Fuente: La Prensa
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
La Corte indicó que el informe oficial, que deberá ser presentado el martes próximo, tiene que ser una "presentación única" y "conjunta" de las administraciones de Cristina Fernández de Kirchner, el jefe de gobierno, Mauricio Macri, y el gobernador Daniel Scioli.
El plazo de quince días hábiles impuesto por la Corte Suprema de Justicia al Estado Nacional, a la provincia de Buenos Aires y a la Capital Federal para presentar un informe sobre el saneamiento en la Cuenca Matanza-Riachuelo vencerá esta semana.
El 6 de abril pasado los jueces del máximo tribunal emplezaron a los gobiernos y también a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), con motivo de lo dispuesto en el denominado "Fallo Mendoza", emitido en 2008, que ordenó la limpieza de la cuenca hídrica contaminada.
En la resolución, los magistrados resaltaron que el informe oficial, que deberá ser presentado el martes próximo, tiene que ser una "presentación única" y "conjunta" de las administraciones de Cristina Fernández de Kirchner, el jefe de gobierno, Mauricio Macri, y el gobernador Daniel Scioli.
En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia exigió un detalle pormenorizado sobre "el íntegro y fiel cumplimiento de todos los mandatos impuestos en la sentencia del 8 de julio de 2008 con respecto a cada uno de los objetivos y resultados establecidos".
El fallo no lo dice expresamente, pero de su contenido parece desprenderse que los plazos establecidos para la purificación del curso hídrico no se cumplieron adecuadamente.
Una semana después de conocido el emplazamiento de la Corte Suprema, el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, aseguró que "en los últimos 12 meses se hicieron muchas más obras que en los últimos 50 años para el mejoramiento del Riachuelo".
Sin embargo, afirmó que quedaban "muchas cosas por resolver" en lo que calificó de "catástrofe medioambiental" del Riachuelo.
"Estamos trabajando desde la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), el Ministerio de Planificación, la secretaria de Medio Ambiente, y la Jefatura de Gabinete en la tarea del saneamiento de este curso de agua", dijo a la prensa.
Frente a la postura de la Corte Suprema, la diputada nacional de la Coalición Cívica, Fernanda Reyes, reclamó que el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Homero Bibiloni, "rinda explicaciones ante el Congreso por los incumplimientos" en el saneamiento del Riachuelo.
Reyes consideró que Bibiloni, como titular de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), debe justificar "su inacción en el cumplimiento de los plazos y obligaciones ordenados por la Corte Suprema de Justicia" para recuperar el curso de agua.
Para la legisladora de la Coalición Cívica, el Riachuelo "es un reflejo de lo peor de la Argentina: corrupción y desigualdad".
Una multitud se movilizó contra Botnia
Una multitud se movilizó contra Botnia en la frontera con Fray Bentos
Fecha de Publicación: 25/04/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Entre Ríos
Miles de ambientalistas y vecinos de Gualeguaychú se acercaron al puente fronterizo en micros, autos y a pie, para manifestarse contra el fallo de La Haya. Le pidieron a Cristina Kirchner que "no sea servil" a la pastera finesa.
Gualeguaychú se levantó más temprano este domingo. Colectivos urbanos con pasajeros no acostumbrados, vehículos llenando el centro y virando rumbo a la frontera en caravana, gente en camionetas, a pie o motocicletas movilizándose desde primeras horas de la mañana. Es el aspecto que la ciudad muestra con miras a la sexta gran marcha contra Botnia, el "abrazo al puente", como se le llama localmente.
A las 10 partió desde el corsódromo el primer colectivo de larga distancia rumbo al puente. Continuarán saliendo otros, llevando a quienes no tienen medios propios para trasladarse. También las líneas urbanas han puesto hoy recorridos especiales para llevar a los manifestantes hasta el corsódromo.
Ciento cincuenta integrantes de la Asamblea Ambiental Juvenil abrirán el paso en la marcha, a pedido de los mismos jóvenes. "Ellos seguirán esta lucha, son el semillero", dijeron los asambleístas. Llevarán un cartel del ancho de la ruta con consignas ambientales.
En la ciudad, la Policía Departamental organizó un dispositivo de seguridad para custodiar los hogares que quedarán vacíos. El Comisario Mayor Roberto Sánchez, jefe de la misma, informó que dispuso 300 efectivos para ello. Habrá patrullas en las calles y refuerzo en comisarías. Motos, patrulleros, policía montada forman parte del operativo.
Un nuevo abrazo
El fallo de la Corte Internacional de Justicia el día 20 dejó una sensación de orfandad, de desprotección, de legalizar la ilegalidad, como se lee hoy en los diarios de la región. Así que la gente tiene razones redobladas por las que marchar. "La lucha continúa", es la consigna que lanzó la Asamblea Ciudadana Ambiental.
Entre los concurrentes, estarán monseñor Jorge Lozano y el rabino Sergio Bergman, para encabezar con otros ministros de distintas religiones la oración ecuménica con que dará inicio la caminata. Se movilizarán también el intendente de la ciudad Juan José Bahillo, el ex Gobernador entrerriano y actual Diputado provincial Jorge Pedro Busti.
"La marcha será multitudinaria". La definición provino del intendente de Gualeguaychú, Juan José Bahillo. "Se vive un ambiente muy particular luego del fallo del tribunal de La Haya, que si bien deja un destello de bronca, nos recarga de energía y nos renueva las fuerzas para seguir reclamando que Botnia-UMP se vaya de la cuenca del río Uruguay", aseveró. "La marcha tiene que significar un nuevo punto de partida para la lucha de Gualeguaychú".
El desafío ahora es demostrar, probar que Botnia sí contamina, dijo el intendente. "Llegar a La Haya no es cosa de todos los días, pero un pueblo ha dado la demostración, convencido de sus ideales, obligando a quienes tenemos responsabilidades institucionales a repensar y actuar sobre la cuestión ambiental, como a reflexionar al resto del mundo, más profundamente sobre la cuestión ambiental", subrayó.
En la ciudad, se criticaron fuertemente las declaraciones del ministro del Interior uruguayo, Eduardo Bonomi, quien reforzó la seguridad en la frontera previendo disturbios por parte de los gualeguaychuenses. "Es una pena, Gualeguaychú no solo pide por sí mismo, por su gente y por su futuro, también pide por nuestros hermanos uruguayos, en definitiva los más perjudicados por el accionar de esta pastera", agregó Bahillo.
Bonomi confirmó que la Policía oriental reforzará la seguridad en la zona del puente "para evitar incidentes" durante la sexta marcha. Ello, suponiendo que asambleístas querrían ingresar a Fray Bentos o a la planta de Botnia a producir disturbios. Sin embargo, desde la Asamblea, los vecinos corroboraron que habrá una oración ecuménica a las 13; luego, la caminata hasta el lugar permitido por gendarmería, como años anteriores; lectura de una proclama, entonación de los himnos uruguayo y argentino, y desconcentración.
"No vamos a pasar a territorio uruguayo. No es el plan de la Asamblea. Si alguien cruza, lo haría a título personal", aclararon desde Gualeguaychú.
Fecha de Publicación: 25/04/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Entre Ríos
Miles de ambientalistas y vecinos de Gualeguaychú se acercaron al puente fronterizo en micros, autos y a pie, para manifestarse contra el fallo de La Haya. Le pidieron a Cristina Kirchner que "no sea servil" a la pastera finesa.
Gualeguaychú se levantó más temprano este domingo. Colectivos urbanos con pasajeros no acostumbrados, vehículos llenando el centro y virando rumbo a la frontera en caravana, gente en camionetas, a pie o motocicletas movilizándose desde primeras horas de la mañana. Es el aspecto que la ciudad muestra con miras a la sexta gran marcha contra Botnia, el "abrazo al puente", como se le llama localmente.
A las 10 partió desde el corsódromo el primer colectivo de larga distancia rumbo al puente. Continuarán saliendo otros, llevando a quienes no tienen medios propios para trasladarse. También las líneas urbanas han puesto hoy recorridos especiales para llevar a los manifestantes hasta el corsódromo.
Ciento cincuenta integrantes de la Asamblea Ambiental Juvenil abrirán el paso en la marcha, a pedido de los mismos jóvenes. "Ellos seguirán esta lucha, son el semillero", dijeron los asambleístas. Llevarán un cartel del ancho de la ruta con consignas ambientales.
En la ciudad, la Policía Departamental organizó un dispositivo de seguridad para custodiar los hogares que quedarán vacíos. El Comisario Mayor Roberto Sánchez, jefe de la misma, informó que dispuso 300 efectivos para ello. Habrá patrullas en las calles y refuerzo en comisarías. Motos, patrulleros, policía montada forman parte del operativo.
Un nuevo abrazo
El fallo de la Corte Internacional de Justicia el día 20 dejó una sensación de orfandad, de desprotección, de legalizar la ilegalidad, como se lee hoy en los diarios de la región. Así que la gente tiene razones redobladas por las que marchar. "La lucha continúa", es la consigna que lanzó la Asamblea Ciudadana Ambiental.
Entre los concurrentes, estarán monseñor Jorge Lozano y el rabino Sergio Bergman, para encabezar con otros ministros de distintas religiones la oración ecuménica con que dará inicio la caminata. Se movilizarán también el intendente de la ciudad Juan José Bahillo, el ex Gobernador entrerriano y actual Diputado provincial Jorge Pedro Busti.
"La marcha será multitudinaria". La definición provino del intendente de Gualeguaychú, Juan José Bahillo. "Se vive un ambiente muy particular luego del fallo del tribunal de La Haya, que si bien deja un destello de bronca, nos recarga de energía y nos renueva las fuerzas para seguir reclamando que Botnia-UMP se vaya de la cuenca del río Uruguay", aseveró. "La marcha tiene que significar un nuevo punto de partida para la lucha de Gualeguaychú".
El desafío ahora es demostrar, probar que Botnia sí contamina, dijo el intendente. "Llegar a La Haya no es cosa de todos los días, pero un pueblo ha dado la demostración, convencido de sus ideales, obligando a quienes tenemos responsabilidades institucionales a repensar y actuar sobre la cuestión ambiental, como a reflexionar al resto del mundo, más profundamente sobre la cuestión ambiental", subrayó.
En la ciudad, se criticaron fuertemente las declaraciones del ministro del Interior uruguayo, Eduardo Bonomi, quien reforzó la seguridad en la frontera previendo disturbios por parte de los gualeguaychuenses. "Es una pena, Gualeguaychú no solo pide por sí mismo, por su gente y por su futuro, también pide por nuestros hermanos uruguayos, en definitiva los más perjudicados por el accionar de esta pastera", agregó Bahillo.
Bonomi confirmó que la Policía oriental reforzará la seguridad en la zona del puente "para evitar incidentes" durante la sexta marcha. Ello, suponiendo que asambleístas querrían ingresar a Fray Bentos o a la planta de Botnia a producir disturbios. Sin embargo, desde la Asamblea, los vecinos corroboraron que habrá una oración ecuménica a las 13; luego, la caminata hasta el lugar permitido por gendarmería, como años anteriores; lectura de una proclama, entonación de los himnos uruguayo y argentino, y desconcentración.
"No vamos a pasar a territorio uruguayo. No es el plan de la Asamblea. Si alguien cruza, lo haría a título personal", aclararon desde Gualeguaychú.
Rafaela reciclan 35.000 litros de aceite de auto
En INTI Rafaela reciclan 35.000 litros de aceite
Fecha de Publicación: 25/04/2010
Fuente: La Opinión
Provincia/Región: Santa Fe
Se trata de una acción en forma mensual, correspondiendo a aceite mineral que se utiliza en automotores. De no ser reciclado, cada litro de ese aceite puede contaminar un millón de litros de agua.
En el marco de un proyecto integral de desarrollo tecnológico en el sector de los talleres mecánicos de Rafaela, el INTI asistióa 22 talleres mecánicos. Se hizo eje en el concepto de Mejora Continua, con el objetivo de mejorar la gestión, trabajando sobre el sistema productivo, el administrativo, el de información y el de gestión de los residuos generados por la actividad, para disminuir el impacto ambiental. Diversos actores confluyeron en la puesta en práctica de un proyecto integral de mejora en el sector de talleres mecánicos de Rafaela. Se creó un centro de diagnóstico, permitiendo a todos los mecánicos disponer de equipos y herramental necesario para atender a vehículos más modernos, como así también capacitar a los mecánicos en estas nuevas tecnologías. Esto se hizo posible gracias al trabajo conjunto entre distintas instituciones de la ciudad, tales como la Municipalidad de Rafaela, el ITEC (Instituto Tecnológico de Rafaela) y APROTAME (Asociación Propietarios Talleres Mecánicos de Rafaela).
En el reciclado participan la Municipalidad de Rafaela, el ITEC, APROTAME y el INTI.
A su vez se llevóadelante un proceso de asistencia técnica y capacitación en tecnologías de gestión con 22 talleres mecánicos, proceso en el cual participaron activamente APROTAME, la Municipalidad local e INTI Rafaela liderando dicho proceso.
Inicialmente, se capacitóy se los asistió en la implementación de la metodología 5S, nacida en Japón en los años 60 en un entorno de desarrollo industrial, con el objetivo de lograr lugares de trabajo mejor organizados, más ordenados y más limpios para conseguir una mayor productividad y un mejor entorno laboral de forma permanente. Es una herramienta muy útil y simple que puede ser aplicada en todo tipo de empresas.
Luego, agentes del INTI guiaron en el diseño de registros necesarios para mejorar la gestión administrativa de los talleres, y así obtener información necesaria no sólo para mejorar los procesos de servicio mecánico, evitando confusiones, equívocos y olvidos, sino también permitiendo obtener una mejora en la planificación y control de las actividades.
En este sentido, el tallerista Héctor Zlauvinen se mostróconforme con lo trabajado: "esto sí o sí hay que hacerlo, es algo muy bueno". Como ejemplo destacó lo compartido sobre "cómo reubicar las herramientas, la demarcación de los lugares de actividad, estamos tratando de hacerlo, la mejora es notoria".
Por último se llevóadelante una tarea de concientización mediante charlas informativas sobre Buenas Prácticas de Gestión Ambiental en las Empresas de Servicio Mecánico. En estas charlas se hizo hincapié en la necesidad de llevar adelante una correcta gestión de los residuos generados por la actividad, y se pudo obtener como fruto de las mismas la creación de un sistema logístico de recolección, mediante el cual las empresas pueden vender en forma conjunta el aceite mineral usado, uno de sus principales residuos peligrosos.
La empresa compradora de estos residuos, que estáautorizada legalmente para tratarlos y que lo utiliza como materia prima de sus procesos, puso a disposición un camión recolector exclusivamente para estos talleres.
Diego Peiretti, del área de Desarrollo e Innovación de la Municipalidad de Rafaela, evaluó como "muy positiva" la propuesta de INTI, destacando que "es un gran paso que han dado los talleristas en su conjunto. Ellos tenían la presión de área de Medio Ambiente del municipio, y ahora no sólo solucionaron el problema sino que incluso cobran por el aceite que entregan. Y ya son más de 40 talleres adheridos".
Durante 2008 y 2009 la Municipalidad de Rafaela gestó y llevó adelante un proyecto integral de fortalecimiento de los propietarios y trabajadores de los talleres mecánicos independientes de dicha ciudad.
Estas empresas se encuentran en una posición desventajosa con respecto a los talleres de servicio oficial debido a grandes desarrollos tecnológicos; grandes deficiencias en su gestión y falta de manejo empresarial; grandes falencias y falta de buenas prácticas de gestión ambiental.
Frente a este escenario la Municipalidad de Rafaela llevó adelante la gestión de subsidios ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, lo cual posibilitó trabajar sobre estos temas, enfocando el desarrollo tecnológico de los talleres mecánicos sobre dos ejes fundamentales: 1) incorporación de nuevos equipos y herramental; 2)la mejora en la gestión de los mismos.
La mejora continua y la aplicación de tecnologías de gestión suponen cambios en la productividad de las empresas, cualquiera sea su tamaño, y su aplicación no requiere grandes desembolsos de dinero.
Fecha de Publicación: 25/04/2010
Fuente: La Opinión
Provincia/Región: Santa Fe
Se trata de una acción en forma mensual, correspondiendo a aceite mineral que se utiliza en automotores. De no ser reciclado, cada litro de ese aceite puede contaminar un millón de litros de agua.
En el marco de un proyecto integral de desarrollo tecnológico en el sector de los talleres mecánicos de Rafaela, el INTI asistióa 22 talleres mecánicos. Se hizo eje en el concepto de Mejora Continua, con el objetivo de mejorar la gestión, trabajando sobre el sistema productivo, el administrativo, el de información y el de gestión de los residuos generados por la actividad, para disminuir el impacto ambiental. Diversos actores confluyeron en la puesta en práctica de un proyecto integral de mejora en el sector de talleres mecánicos de Rafaela. Se creó un centro de diagnóstico, permitiendo a todos los mecánicos disponer de equipos y herramental necesario para atender a vehículos más modernos, como así también capacitar a los mecánicos en estas nuevas tecnologías. Esto se hizo posible gracias al trabajo conjunto entre distintas instituciones de la ciudad, tales como la Municipalidad de Rafaela, el ITEC (Instituto Tecnológico de Rafaela) y APROTAME (Asociación Propietarios Talleres Mecánicos de Rafaela).
En el reciclado participan la Municipalidad de Rafaela, el ITEC, APROTAME y el INTI.
A su vez se llevóadelante un proceso de asistencia técnica y capacitación en tecnologías de gestión con 22 talleres mecánicos, proceso en el cual participaron activamente APROTAME, la Municipalidad local e INTI Rafaela liderando dicho proceso.
Inicialmente, se capacitóy se los asistió en la implementación de la metodología 5S, nacida en Japón en los años 60 en un entorno de desarrollo industrial, con el objetivo de lograr lugares de trabajo mejor organizados, más ordenados y más limpios para conseguir una mayor productividad y un mejor entorno laboral de forma permanente. Es una herramienta muy útil y simple que puede ser aplicada en todo tipo de empresas.
Luego, agentes del INTI guiaron en el diseño de registros necesarios para mejorar la gestión administrativa de los talleres, y así obtener información necesaria no sólo para mejorar los procesos de servicio mecánico, evitando confusiones, equívocos y olvidos, sino también permitiendo obtener una mejora en la planificación y control de las actividades.
En este sentido, el tallerista Héctor Zlauvinen se mostróconforme con lo trabajado: "esto sí o sí hay que hacerlo, es algo muy bueno". Como ejemplo destacó lo compartido sobre "cómo reubicar las herramientas, la demarcación de los lugares de actividad, estamos tratando de hacerlo, la mejora es notoria".
Por último se llevóadelante una tarea de concientización mediante charlas informativas sobre Buenas Prácticas de Gestión Ambiental en las Empresas de Servicio Mecánico. En estas charlas se hizo hincapié en la necesidad de llevar adelante una correcta gestión de los residuos generados por la actividad, y se pudo obtener como fruto de las mismas la creación de un sistema logístico de recolección, mediante el cual las empresas pueden vender en forma conjunta el aceite mineral usado, uno de sus principales residuos peligrosos.
La empresa compradora de estos residuos, que estáautorizada legalmente para tratarlos y que lo utiliza como materia prima de sus procesos, puso a disposición un camión recolector exclusivamente para estos talleres.
Diego Peiretti, del área de Desarrollo e Innovación de la Municipalidad de Rafaela, evaluó como "muy positiva" la propuesta de INTI, destacando que "es un gran paso que han dado los talleristas en su conjunto. Ellos tenían la presión de área de Medio Ambiente del municipio, y ahora no sólo solucionaron el problema sino que incluso cobran por el aceite que entregan. Y ya son más de 40 talleres adheridos".
Durante 2008 y 2009 la Municipalidad de Rafaela gestó y llevó adelante un proyecto integral de fortalecimiento de los propietarios y trabajadores de los talleres mecánicos independientes de dicha ciudad.
Estas empresas se encuentran en una posición desventajosa con respecto a los talleres de servicio oficial debido a grandes desarrollos tecnológicos; grandes deficiencias en su gestión y falta de manejo empresarial; grandes falencias y falta de buenas prácticas de gestión ambiental.
Frente a este escenario la Municipalidad de Rafaela llevó adelante la gestión de subsidios ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, lo cual posibilitó trabajar sobre estos temas, enfocando el desarrollo tecnológico de los talleres mecánicos sobre dos ejes fundamentales: 1) incorporación de nuevos equipos y herramental; 2)la mejora en la gestión de los mismos.
La mejora continua y la aplicación de tecnologías de gestión suponen cambios en la productividad de las empresas, cualquiera sea su tamaño, y su aplicación no requiere grandes desembolsos de dinero.
Nace un megaproblema para la megaminería
Nace un megaproblema para la megaminería
Fecha de Publicación: 24/04/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Jujuy
El máximo tribunal de Jujuy ordenó a los jueces inferiores otorgar un amparo pedido por vecinos de Tilcara contra un proyecto minero por el peligro de la contaminación.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Jujuy, máximo órgano judicial de la provincia, emitió un fallo que sienta precedente en los cuestionamientos sobre la minería a gran escala. Hace hincapié en el principio precautorio –ante la posibilidad de perjuicio ambiental irremediable es necesario tomar medidas protectoras– e invierte la carga de la prueba: las poblaciones cercanas a los yacimientos no deberán probar los perjuicios sino que el gobierno y las empresas tienen que aportar pruebas ciertas de que la actividad extractiva no afecta ni afectará el medio ambiente. “La sentencia cambió el paradigma jurídico al introducir el derecho ambiental en la actividad minera”, afirmó Alicia Chalabe, abogada patrocinante, y explicó que “existen muchísimas causas en las provincias por la acción negativa de la megaminería, pero siempre los juzgados interponen el Código Minero y no dan cabida al derecho ambiental. El Superior Tribunal de Jujuy, en sus fundamentos, es totalmente innovador y pionero”. La medida responde a una apelación de vecinos de Tilcara, que habían presentado un recurso de amparo para frenar el avance de una empresa minera en la Quebrada de Humahuaca. El Tribunal Contencioso Administrativo había rechazado el pedido de los autoconvocados, pero ahora el máximo tribunal de Jujuy cuestionó duramente a los jueces de primera instancia, les ordenó que revean el caso y los instó a “ajustarse a derecho” (tener en cuenta las leyes y jurisprudencia vigente).
“Hasta tanto se demuestre (...) que no existe la posibilidad o el peligro cierto de que las tareas que se realicen en la zona produzcan contaminación o conlleven daño ambiental, es deber de los jueces (...) proveer de inmediato al resguardo y hacer efectiva la tutela judicial o protección de los intereses colectivos, tratándose de un derecho humano fundamental, tanto de quienes allí habitan como de todos los habitantes, a un medio ambiente sano y sin contaminación, efectuando lo que fuera menester para evitarla”, afirma el Superior Tribunal de la provincia.
“Hace ya mucho tiempo se expresó que el principio de precaución en materia ambiental plantea que la incertidumbre científica no debe ser excusa para la adopción de medidas que tiendan a evitar la posibilidad cierta de la recurrencia de un daño ambiental grave ni para convalidar las acciones u omisiones humanas potencialmente dañosas”, remarca el máximo tribunal provincial y afirma que “es deber de todos coincidir en que esos daños (al medio ambiente) se prevengan, ya que una vez producidos resultan en la práctica de una casi imposible reparación”.
Vecinos de Tilcara realizaron marchas, encuentros, talleres y campañas de información sobre lo que implica la actividad minera a gran escala. En agosto de 2008, ocho vecinos sumaron otra acción: presentaron un recurso de amparo. Exigían que el Estado provincial no otorgara más permisos de cateos, exploración y explotación minera a cielo abierto, pedían la prohibición de utilización de sustancias químicas como cianuro, mercurio y ácido sulfúrico, entre otras, y solicitaron que se cancelaran los permisos concedidos en la Quebrada de Humahuaca. Apuntaban directamente a los permisos de cateos y exploración otorgados a la empresa Uranios del Sur, que abarcaba una superficie de 14.100 hectáreas en la zona de los “amarillos”, perteneciente a las comunidades indígenas Yacoraite y El Angosto de Yacoraite, departamento de Tilcara.
En abril de 2009, la Cámara Contencioso Administrativo (integrada por Sebastián Damiano, Benjamín Villafañe y Luis Oscar Morales) rechazó el amparo vecinal. Ahora, el máximo tribunal lo criticó: “La sentencia no se ajustó a derecho vigente y, por el contrario, adoleció del vicio de arbitrariedad, por ser incongruente y autocontradictoria”, lamenta el Superior Tribunal de Justicia, y precisa que los jueces “desatendieron e ignoraron” la existencia de presuntos daños ambientales en ocho causas penales, asentadas en los juzgados federales de Jujuy.
“Es inadmisible el rechazo (del amparo) ejercido por no haberse arrimado prueba, según el criterio del Juzgado Contencioso Administrativo”, cuestiona el máximo tribunal provincial, y reitera la necesidad de invertir la carga de la prueba, responsabilizando al gobierno provincial y al sector privado: “De acuerdo a la doctrina y jurisprudencia (...) en caso de probables, posibles o bien que puedan presumirse ya provocado un daño ambiental por contaminación deberá acreditar su inexistencia no sólo quien esté en mejores condiciones de hacerlo sino quien precisamente sostiene tan ciegamente que tal contaminación no existe”. Y carga contra el gobierno por no haber aportado, en su defensa, un estudio técnico que asegure que no existe ni existirá contaminación por la actividad minera. Desde el gobierno jujeño no respondieron las consultas sobre el fallo.
El Tribunal Superior señala que los daños ambientales obligan al sistema judicial a “dejar moldes ortopédicos (...) y elaborar nuevas respuestas legales para brindar una adecuada respuesta desde la perspectiva jurídica”. Explica que, siempre en daños ambientales, no se trabaja sólo con la certeza “sino que se apunta a la probabilidad”.
La sentencia del Superior Tribunal de Justicia es del 23 de febrero pasado, pero recién fue dada a conocer ahora. El dictamen se basó en los argumentos expuestos por el juez del tribunal a cargo del expediente, Héctor Tizón, quien fundamentó con aspectos jurídicos ambientales y remarcó la importancia de seguir el principio precautorio, artículo 4 de la Ley General del Ambiente (25.675). El juez avanzó un paso más al utilizar el concepto de “daños generacionales”, enmarcado en el derecho ambiental moderno, que consiste en “aquellos que por su magnitud repercuten no sólo en la generación actual sino que sus efectos van a impactar en las generaciones futuras”.
“El Tribunal Superior agrega suficiente argumentación legal como para ser usada en otras medidas judiciales del país, aporta un marco legal importante y marcará precedente en cuestiones ambientales”, explicó Movida Nimuendaju, otra de las organizaciones sociales de Jujuy que lucha contra la megaminería.
La exploración minera cuestionada ocurre en la Quebrada de Humahuaca, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2003. El fallo también aborda ese aspecto. “Resulta un absurdo contrasentido permitir nuevas explotaciones, como las mineras a cielo abierto, en un territorio declarado Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad, ya que ese título es revocable (...) y causaría seguramente daños a la infraestructura turística ya realizada”.
Los Vecinos Autoconvocados de Tilcara y Juella celebraron la revocación del fallo de primera instancia y resaltaron la importancia de la trama argumentativa, que alude a leyes y conceptos ambientales que nunca habían tenido cabida en un tribunal máximo. “La gran minería a cielo abierto es la peor opción de ‘progreso’ para nuestra provincia. Mueve mucho dinero pero entre pocas personas, contamina el medio ambiente, usa millones de litros de agua diarios, perjudica la agricultura y la ganadería, arruina la vida en el campo”, afirman.
Los Autoconvocados consideran un gran paso el fallo, y explican que el Juzgado de Primera Instancia debiera hacer propio lo señalado por el Superior Tribunal, pero prefieren esperar los hechos. “No tiene fecha para expedirse, por lo cual hay un riesgo de que la causa duerma en un cajón”, alertó la abogada patrocinante, Alicia Chalabe, y llamó la atención sobre “gran poder de lobby de las empresas mineras”.
El juez que hizo eje en el derecho ambiental, Héctor Tizón, dejó el máximo tribunal (se jubiló una semana después del fallo). Abogado y escritor, Tizón fue el claro impulsor del innovador fallo, aunque en minoría. Los jueces José Manuel del Campo, María Silvia Bernal, Sergio Jenefes y Sergio González apoyaron la sentencia, aunque no adhirieron a la argumentación. Sin embargo, como no explicaron cuáles eran sus argumentos, se impusieron los fundamentos explicitados por Tizón, a cargo del expediente. El voto de esos cuatro jueces también es un factor de alerta de los Vecinos Autoconvocados.
Fecha de Publicación: 24/04/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Jujuy
El máximo tribunal de Jujuy ordenó a los jueces inferiores otorgar un amparo pedido por vecinos de Tilcara contra un proyecto minero por el peligro de la contaminación.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Jujuy, máximo órgano judicial de la provincia, emitió un fallo que sienta precedente en los cuestionamientos sobre la minería a gran escala. Hace hincapié en el principio precautorio –ante la posibilidad de perjuicio ambiental irremediable es necesario tomar medidas protectoras– e invierte la carga de la prueba: las poblaciones cercanas a los yacimientos no deberán probar los perjuicios sino que el gobierno y las empresas tienen que aportar pruebas ciertas de que la actividad extractiva no afecta ni afectará el medio ambiente. “La sentencia cambió el paradigma jurídico al introducir el derecho ambiental en la actividad minera”, afirmó Alicia Chalabe, abogada patrocinante, y explicó que “existen muchísimas causas en las provincias por la acción negativa de la megaminería, pero siempre los juzgados interponen el Código Minero y no dan cabida al derecho ambiental. El Superior Tribunal de Jujuy, en sus fundamentos, es totalmente innovador y pionero”. La medida responde a una apelación de vecinos de Tilcara, que habían presentado un recurso de amparo para frenar el avance de una empresa minera en la Quebrada de Humahuaca. El Tribunal Contencioso Administrativo había rechazado el pedido de los autoconvocados, pero ahora el máximo tribunal de Jujuy cuestionó duramente a los jueces de primera instancia, les ordenó que revean el caso y los instó a “ajustarse a derecho” (tener en cuenta las leyes y jurisprudencia vigente).
“Hasta tanto se demuestre (...) que no existe la posibilidad o el peligro cierto de que las tareas que se realicen en la zona produzcan contaminación o conlleven daño ambiental, es deber de los jueces (...) proveer de inmediato al resguardo y hacer efectiva la tutela judicial o protección de los intereses colectivos, tratándose de un derecho humano fundamental, tanto de quienes allí habitan como de todos los habitantes, a un medio ambiente sano y sin contaminación, efectuando lo que fuera menester para evitarla”, afirma el Superior Tribunal de la provincia.
“Hace ya mucho tiempo se expresó que el principio de precaución en materia ambiental plantea que la incertidumbre científica no debe ser excusa para la adopción de medidas que tiendan a evitar la posibilidad cierta de la recurrencia de un daño ambiental grave ni para convalidar las acciones u omisiones humanas potencialmente dañosas”, remarca el máximo tribunal provincial y afirma que “es deber de todos coincidir en que esos daños (al medio ambiente) se prevengan, ya que una vez producidos resultan en la práctica de una casi imposible reparación”.
Vecinos de Tilcara realizaron marchas, encuentros, talleres y campañas de información sobre lo que implica la actividad minera a gran escala. En agosto de 2008, ocho vecinos sumaron otra acción: presentaron un recurso de amparo. Exigían que el Estado provincial no otorgara más permisos de cateos, exploración y explotación minera a cielo abierto, pedían la prohibición de utilización de sustancias químicas como cianuro, mercurio y ácido sulfúrico, entre otras, y solicitaron que se cancelaran los permisos concedidos en la Quebrada de Humahuaca. Apuntaban directamente a los permisos de cateos y exploración otorgados a la empresa Uranios del Sur, que abarcaba una superficie de 14.100 hectáreas en la zona de los “amarillos”, perteneciente a las comunidades indígenas Yacoraite y El Angosto de Yacoraite, departamento de Tilcara.
En abril de 2009, la Cámara Contencioso Administrativo (integrada por Sebastián Damiano, Benjamín Villafañe y Luis Oscar Morales) rechazó el amparo vecinal. Ahora, el máximo tribunal lo criticó: “La sentencia no se ajustó a derecho vigente y, por el contrario, adoleció del vicio de arbitrariedad, por ser incongruente y autocontradictoria”, lamenta el Superior Tribunal de Justicia, y precisa que los jueces “desatendieron e ignoraron” la existencia de presuntos daños ambientales en ocho causas penales, asentadas en los juzgados federales de Jujuy.
“Es inadmisible el rechazo (del amparo) ejercido por no haberse arrimado prueba, según el criterio del Juzgado Contencioso Administrativo”, cuestiona el máximo tribunal provincial, y reitera la necesidad de invertir la carga de la prueba, responsabilizando al gobierno provincial y al sector privado: “De acuerdo a la doctrina y jurisprudencia (...) en caso de probables, posibles o bien que puedan presumirse ya provocado un daño ambiental por contaminación deberá acreditar su inexistencia no sólo quien esté en mejores condiciones de hacerlo sino quien precisamente sostiene tan ciegamente que tal contaminación no existe”. Y carga contra el gobierno por no haber aportado, en su defensa, un estudio técnico que asegure que no existe ni existirá contaminación por la actividad minera. Desde el gobierno jujeño no respondieron las consultas sobre el fallo.
El Tribunal Superior señala que los daños ambientales obligan al sistema judicial a “dejar moldes ortopédicos (...) y elaborar nuevas respuestas legales para brindar una adecuada respuesta desde la perspectiva jurídica”. Explica que, siempre en daños ambientales, no se trabaja sólo con la certeza “sino que se apunta a la probabilidad”.
La sentencia del Superior Tribunal de Justicia es del 23 de febrero pasado, pero recién fue dada a conocer ahora. El dictamen se basó en los argumentos expuestos por el juez del tribunal a cargo del expediente, Héctor Tizón, quien fundamentó con aspectos jurídicos ambientales y remarcó la importancia de seguir el principio precautorio, artículo 4 de la Ley General del Ambiente (25.675). El juez avanzó un paso más al utilizar el concepto de “daños generacionales”, enmarcado en el derecho ambiental moderno, que consiste en “aquellos que por su magnitud repercuten no sólo en la generación actual sino que sus efectos van a impactar en las generaciones futuras”.
“El Tribunal Superior agrega suficiente argumentación legal como para ser usada en otras medidas judiciales del país, aporta un marco legal importante y marcará precedente en cuestiones ambientales”, explicó Movida Nimuendaju, otra de las organizaciones sociales de Jujuy que lucha contra la megaminería.
La exploración minera cuestionada ocurre en la Quebrada de Humahuaca, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2003. El fallo también aborda ese aspecto. “Resulta un absurdo contrasentido permitir nuevas explotaciones, como las mineras a cielo abierto, en un territorio declarado Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad, ya que ese título es revocable (...) y causaría seguramente daños a la infraestructura turística ya realizada”.
Los Vecinos Autoconvocados de Tilcara y Juella celebraron la revocación del fallo de primera instancia y resaltaron la importancia de la trama argumentativa, que alude a leyes y conceptos ambientales que nunca habían tenido cabida en un tribunal máximo. “La gran minería a cielo abierto es la peor opción de ‘progreso’ para nuestra provincia. Mueve mucho dinero pero entre pocas personas, contamina el medio ambiente, usa millones de litros de agua diarios, perjudica la agricultura y la ganadería, arruina la vida en el campo”, afirman.
Los Autoconvocados consideran un gran paso el fallo, y explican que el Juzgado de Primera Instancia debiera hacer propio lo señalado por el Superior Tribunal, pero prefieren esperar los hechos. “No tiene fecha para expedirse, por lo cual hay un riesgo de que la causa duerma en un cajón”, alertó la abogada patrocinante, Alicia Chalabe, y llamó la atención sobre “gran poder de lobby de las empresas mineras”.
El juez que hizo eje en el derecho ambiental, Héctor Tizón, dejó el máximo tribunal (se jubiló una semana después del fallo). Abogado y escritor, Tizón fue el claro impulsor del innovador fallo, aunque en minoría. Los jueces José Manuel del Campo, María Silvia Bernal, Sergio Jenefes y Sergio González apoyaron la sentencia, aunque no adhirieron a la argumentación. Sin embargo, como no explicaron cuáles eran sus argumentos, se impusieron los fundamentos explicitados por Tizón, a cargo del expediente. El voto de esos cuatro jueces también es un factor de alerta de los Vecinos Autoconvocados.
Mercurio: cuestionan a OSM por la información
Mercurio: cuestionan a OSM por la información
Fecha de Publicación: 23/04/2010
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
El secretario de Medio Ambiente, Guillermo Carmona, reconoció que no se comunicó correctamente a la población la razón y los efectos del corte del pasado viernes y cuestionó a la empresa por no haber designado a un vocero que explicara claramente la situación.
Tras la reunión que mantuvo ayer con diputados de la comisión de Derechos y Garantías, el secretario de Medio Ambiente, Guillermo Carmona, reconoció que no se comunicó correctamente a la población la razón y los efectos del corte del pasado viernes, producto del hallazgo de mercurio en el agua potable.
En ese sentido, cuestionó a Obras Sanitarias por no haber designado a un vocero que explicara claramente la situación. Esta declaración apuntó a contestar al diputado Diego Arenas (PD), quien había dicho que hubo un mal manejo de la información.
Por otro lado, Javier Montoro, titular del EPAS, admitió que la situación los sobrepasó, pero que "se está trabajando con todas las organizaciones que formaron parte de este comité de crisis para nombrar un vocero oficial que sea el responsable de proveer información precisa y concreta para que todos estén bien informados".
Con respecto a la suspensión preventiva de la firma Keghart, Carmona aclaró: "Los indicios por los que tomamos esta medida no tienen que ver con los antecedentes de la empresa sino con que las bocas del colector cloacal con alta presencia de mercurio se encontraron en su predio. Por lo tanto, por acción o por omisión, esta firma tiene que dar explicaciones".
Asimismo, manifestó que "si fue por acción, la fábrica pudo haber vertido la sustancia en lugares no permitidos, hecho aún no confirmado. Si fue por omisión, podrían haber sido terceros, pero con conocimiento por parte de la empresa ya que el vertido se habría dado en reiteradas ocasiones. Si se ha incurrido por omisión, juega el criterio que se denomina ?culpa in vigilando'; es decir, el propietario tiene que dar explicaciones del por qué no ha denunciado una situación que ha sido evidente".
Cuando se le consultó por las sanciones para los culpables, Carmona anticipó que se adoptarán las resoluciones oportunas cuando se cuente con todos los elementos de la investigación.
Fecha de Publicación: 23/04/2010
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
El secretario de Medio Ambiente, Guillermo Carmona, reconoció que no se comunicó correctamente a la población la razón y los efectos del corte del pasado viernes y cuestionó a la empresa por no haber designado a un vocero que explicara claramente la situación.
Tras la reunión que mantuvo ayer con diputados de la comisión de Derechos y Garantías, el secretario de Medio Ambiente, Guillermo Carmona, reconoció que no se comunicó correctamente a la población la razón y los efectos del corte del pasado viernes, producto del hallazgo de mercurio en el agua potable.
En ese sentido, cuestionó a Obras Sanitarias por no haber designado a un vocero que explicara claramente la situación. Esta declaración apuntó a contestar al diputado Diego Arenas (PD), quien había dicho que hubo un mal manejo de la información.
Por otro lado, Javier Montoro, titular del EPAS, admitió que la situación los sobrepasó, pero que "se está trabajando con todas las organizaciones que formaron parte de este comité de crisis para nombrar un vocero oficial que sea el responsable de proveer información precisa y concreta para que todos estén bien informados".
Con respecto a la suspensión preventiva de la firma Keghart, Carmona aclaró: "Los indicios por los que tomamos esta medida no tienen que ver con los antecedentes de la empresa sino con que las bocas del colector cloacal con alta presencia de mercurio se encontraron en su predio. Por lo tanto, por acción o por omisión, esta firma tiene que dar explicaciones".
Asimismo, manifestó que "si fue por acción, la fábrica pudo haber vertido la sustancia en lugares no permitidos, hecho aún no confirmado. Si fue por omisión, podrían haber sido terceros, pero con conocimiento por parte de la empresa ya que el vertido se habría dado en reiteradas ocasiones. Si se ha incurrido por omisión, juega el criterio que se denomina ?culpa in vigilando'; es decir, el propietario tiene que dar explicaciones del por qué no ha denunciado una situación que ha sido evidente".
Cuando se le consultó por las sanciones para los culpables, Carmona anticipó que se adoptarán las resoluciones oportunas cuando se cuente con todos los elementos de la investigación.
Cumbre de presidentes por Botnia
Cumbre de presidentes por Botnia
Fecha de Publicación: 22/04/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Cristina Kirchner recibirá el miércoles próximo a Mujica con la idea de encauzar la relación y buscar una solución a las protestas
Con la definición de la Corte de La Haya sobre la mesa, Cristina Kirchner y José "Pepe" Mujica se reunirán el miércoles próximo para comenzar a destrabar el conflicto bilateral. El eje de la negociación será apuntar a conseguir el levantamiento del corte de ruta en Gualeguaychú, el principal escollo que quedó tras la sentencia de anteayer del tribunal internacional.
La cumbre presidencial se hará en la quinta de Olivos, a las 16, con la participación también de los cancilleres Jorge Taiana y Luis Almagro.
La fecha para la reunión no fue casual. Según contaron altas fuentes oficiales a LA NACION, ambas administraciones quisieron esperar que pase el domingo, día en el que se hará una nueva marcha de la asamblea ambiental que permanece con el corte del puente internacional, para testear la reacción de los manifestantes.
Después del fallo, en Gualeguaychú se reavivaron las voces favorables a liberar el camino (ver aparte).
La idea oficial del encuentro entre Cristina Kirchner y Mujica es avanzar en reforzar el vínculo bilateral, dañado hasta el extremo durante el conflicto por la instalación de la papelera Botnia. Según dijeron en la Casa Rosada, la reunión entre ambos presidentes será un "gesto" hacia los ambientalistas, una suerte de demostración de que ambos gobiernos dieron por superadas las diferencias. Una foto que ambos pretenden que, con el tiempo, los manifestantes imiten.
Ayer, en Montevideo, el canciller uruguayo sostuvo que el corte del puente fronterizo "estará en la agenda´´ de reuniones, pero advirtió que se manejará con "tranquilidad y prudencia".
Una de las preocupaciones centrales del gobierno argentino es evitar un rebrote en los ánimos de los asambleístas, que reaccionaron con dureza ante el fallo que anteayer dispuso que el país vecino había violado el tratado conjunto del río Uruguay al autorizar la instalación de la pastera, pero determinó que no había razones para relocalizar o desmantelar la planta.
Fecha de Publicación: 22/04/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Cristina Kirchner recibirá el miércoles próximo a Mujica con la idea de encauzar la relación y buscar una solución a las protestas
Con la definición de la Corte de La Haya sobre la mesa, Cristina Kirchner y José "Pepe" Mujica se reunirán el miércoles próximo para comenzar a destrabar el conflicto bilateral. El eje de la negociación será apuntar a conseguir el levantamiento del corte de ruta en Gualeguaychú, el principal escollo que quedó tras la sentencia de anteayer del tribunal internacional.
La cumbre presidencial se hará en la quinta de Olivos, a las 16, con la participación también de los cancilleres Jorge Taiana y Luis Almagro.
La fecha para la reunión no fue casual. Según contaron altas fuentes oficiales a LA NACION, ambas administraciones quisieron esperar que pase el domingo, día en el que se hará una nueva marcha de la asamblea ambiental que permanece con el corte del puente internacional, para testear la reacción de los manifestantes.
Después del fallo, en Gualeguaychú se reavivaron las voces favorables a liberar el camino (ver aparte).
La idea oficial del encuentro entre Cristina Kirchner y Mujica es avanzar en reforzar el vínculo bilateral, dañado hasta el extremo durante el conflicto por la instalación de la papelera Botnia. Según dijeron en la Casa Rosada, la reunión entre ambos presidentes será un "gesto" hacia los ambientalistas, una suerte de demostración de que ambos gobiernos dieron por superadas las diferencias. Una foto que ambos pretenden que, con el tiempo, los manifestantes imiten.
Ayer, en Montevideo, el canciller uruguayo sostuvo que el corte del puente fronterizo "estará en la agenda´´ de reuniones, pero advirtió que se manejará con "tranquilidad y prudencia".
Una de las preocupaciones centrales del gobierno argentino es evitar un rebrote en los ánimos de los asambleístas, que reaccionaron con dureza ante el fallo que anteayer dispuso que el país vecino había violado el tratado conjunto del río Uruguay al autorizar la instalación de la pastera, pero determinó que no había razones para relocalizar o desmantelar la planta.
Derecho campesinos en el Día de la Tierra
Día Mundial de la Tierra: buscan reflexionar sobre los derechos de los campesinos
Fecha de Publicación: 22/04/2010
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes
En todo el mundo se recuerda hoy la marcha de miles de personas en Estados Unidos en 1.970 para reclamar la creación de organismos de control en el cuidado del medio ambiente. La fecha fue instaurada como el Día Mundial de la Tierra y en 2000 en la sede de la Unesco en Paris, se aprobó la versión final de la Carta de la Tierra, que se basa en cuatro principios fundamentales: respeto y cuidado de la vida; integridad ecológica; democracia, no violencia y paz; justicia social y económica. Este último principio especifica que se debe erradicar la pobreza como un imperativo ético, social y ambiental.
Diez años después, en muchas regiones del mundo es irrisorio y hasta impensado trabajar en el cuidado del medio del ambiente cuando ni siquiera es respetado el hábitat del hombre. El panorama en la provincia de Corrientes no es muy diferente, según lo señalan los primeros relevamientos realizados por la Mesa Provincial de Tierras.
Este grupo de trabajo, conformado hace un año, está integrada por Caritas Diocesana Corrientes; la Subsecretaria de Agricultura Familiar de la Nación; Instituto de Cultura Popular (Incupo); Foro Provincial de la Agricultura Familiar; Asociación Provincial de Pequeños Productores Correntinos y la Asociación Correntina de Desarrollo Humano, Agropecuario y Agroindustrial Juan XXIII.
La intención inicial fue reflexionar e instalar la problemática de la tenencia de la tierra, hacer visible los conflictos que ella genera, creando conciencia en las familias de pequeños productores rurales, como también a los técnicos que acompañan a este sector en distintos puntos de la provincia. En sus inicios, esta entidad se abocó a la tarea de hacer conocer a los campesinos los derechos que poseen respecto a la tierra, a través de capacitaciones. En una segunda etapa, se buscará hacer visible esta situación a la sociedad en su conjunto.
Corrientes posee una ley de colonización que data de 1974, Ley 3228, que si bien tiene institutos interesantes, se encuentra desactualizada según aseguran desde la Mesa. Remarcan también que la ley ha sufrido reformas que han provocado cambios sustanciales en la misma, la más importante es la desaparición del Instituto de Colonización y su reemplazo por una Gerencia de Tierras Fiscales e Islas que funciona dentro del Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (Icaa).
Los perjudicados son los agricultores familiares que, básicamente, son productores de alimentos para autosustento y, por lo general, es donde también están radicados junto a sus familias. Sin embargo a pesar de la voluntad de la mayor parte de ellos de seguir habitando el campo, hay dos factores que gravitan sobre esa continuidad: la concentración de grandes zonas en pocas manos y la escasa cantidad de tierra que las familias campesinas poseen para seguir produciendo y ampliar su capacidad de producción.
La expulsión del agricultor familiar, con el consecuente despoblamiento de las zonas rurales, afecta no solo la economía de las familias campesinas sino que además generan un problema social de dimensiones al sobrepoblar estas ciudades que carecen de capacidad para recibirlos. Esta situación genera más pobreza, marginación, inseguridad y condiciones indignas de vida para muchos de sus habitantes.
Fecha de Publicación: 22/04/2010
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes
En todo el mundo se recuerda hoy la marcha de miles de personas en Estados Unidos en 1.970 para reclamar la creación de organismos de control en el cuidado del medio ambiente. La fecha fue instaurada como el Día Mundial de la Tierra y en 2000 en la sede de la Unesco en Paris, se aprobó la versión final de la Carta de la Tierra, que se basa en cuatro principios fundamentales: respeto y cuidado de la vida; integridad ecológica; democracia, no violencia y paz; justicia social y económica. Este último principio especifica que se debe erradicar la pobreza como un imperativo ético, social y ambiental.
Diez años después, en muchas regiones del mundo es irrisorio y hasta impensado trabajar en el cuidado del medio del ambiente cuando ni siquiera es respetado el hábitat del hombre. El panorama en la provincia de Corrientes no es muy diferente, según lo señalan los primeros relevamientos realizados por la Mesa Provincial de Tierras.
Este grupo de trabajo, conformado hace un año, está integrada por Caritas Diocesana Corrientes; la Subsecretaria de Agricultura Familiar de la Nación; Instituto de Cultura Popular (Incupo); Foro Provincial de la Agricultura Familiar; Asociación Provincial de Pequeños Productores Correntinos y la Asociación Correntina de Desarrollo Humano, Agropecuario y Agroindustrial Juan XXIII.
La intención inicial fue reflexionar e instalar la problemática de la tenencia de la tierra, hacer visible los conflictos que ella genera, creando conciencia en las familias de pequeños productores rurales, como también a los técnicos que acompañan a este sector en distintos puntos de la provincia. En sus inicios, esta entidad se abocó a la tarea de hacer conocer a los campesinos los derechos que poseen respecto a la tierra, a través de capacitaciones. En una segunda etapa, se buscará hacer visible esta situación a la sociedad en su conjunto.
Corrientes posee una ley de colonización que data de 1974, Ley 3228, que si bien tiene institutos interesantes, se encuentra desactualizada según aseguran desde la Mesa. Remarcan también que la ley ha sufrido reformas que han provocado cambios sustanciales en la misma, la más importante es la desaparición del Instituto de Colonización y su reemplazo por una Gerencia de Tierras Fiscales e Islas que funciona dentro del Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (Icaa).
Los perjudicados son los agricultores familiares que, básicamente, son productores de alimentos para autosustento y, por lo general, es donde también están radicados junto a sus familias. Sin embargo a pesar de la voluntad de la mayor parte de ellos de seguir habitando el campo, hay dos factores que gravitan sobre esa continuidad: la concentración de grandes zonas en pocas manos y la escasa cantidad de tierra que las familias campesinas poseen para seguir produciendo y ampliar su capacidad de producción.
La expulsión del agricultor familiar, con el consecuente despoblamiento de las zonas rurales, afecta no solo la economía de las familias campesinas sino que además generan un problema social de dimensiones al sobrepoblar estas ciudades que carecen de capacidad para recibirlos. Esta situación genera más pobreza, marginación, inseguridad y condiciones indignas de vida para muchos de sus habitantes.
Delitos ambientales como de lesa humanidad
“Los delitos ambientales deben ser considerados delitos de lesa humanidad"
Fecha de Publicación: 21/04/2010
Fuente: Maraustralis
Provincia/Región: Nacional
El diputado nacional del GEN, Horacio Alcuaz, se comprometió hoy a impulsar junto al resto de sus colegas una nueva legislación que establezca como “delitos de lesa humanidad” los delitos ambientales ocasionados por las minas a cielo abierto en todo el país.
Alcuaz integró la semana pasada la delegación de diputados nacionales que visitaron la ciudad catamarqueña de Andalgalá, cuyos habitantes hace sesenta días fueron reprimidos por la policía cuando se manifestaban en contra de la instalación de un nuevo emprendimiento mega-minero a cielo abierto a cargo de la Yamana Gold, conocido como “Agua Rica”.
Los delegación estuvo integrada por Victoria Donda y Verónica Benas de Proyecto Sur, Fernanda Reyes, Elsa "Tata" Quiroz, Héctor "Toti" Flores y Susana García, de la Coalición Cívica y Alcuaz.
“Junto al resto de los diputados nos comprometimos además a impulsar un nuevo código minero que restringa la instalación de minas a cielo abierto en todo el país”, declaró Alcuaz.
Los diputados también denunciaron en Catamarca la inacción judicial en la causa que investiga las responsabilidades políticas y policiales en la feroz represión del 15 de febrero por lo que también acordaron en impulsar una ley que despenalice las causas judiciales originadas en luchas populares.
Fecha de Publicación: 21/04/2010
Fuente: Maraustralis
Provincia/Región: Nacional
El diputado nacional del GEN, Horacio Alcuaz, se comprometió hoy a impulsar junto al resto de sus colegas una nueva legislación que establezca como “delitos de lesa humanidad” los delitos ambientales ocasionados por las minas a cielo abierto en todo el país.
Alcuaz integró la semana pasada la delegación de diputados nacionales que visitaron la ciudad catamarqueña de Andalgalá, cuyos habitantes hace sesenta días fueron reprimidos por la policía cuando se manifestaban en contra de la instalación de un nuevo emprendimiento mega-minero a cielo abierto a cargo de la Yamana Gold, conocido como “Agua Rica”.
Los delegación estuvo integrada por Victoria Donda y Verónica Benas de Proyecto Sur, Fernanda Reyes, Elsa "Tata" Quiroz, Héctor "Toti" Flores y Susana García, de la Coalición Cívica y Alcuaz.
“Junto al resto de los diputados nos comprometimos además a impulsar un nuevo código minero que restringa la instalación de minas a cielo abierto en todo el país”, declaró Alcuaz.
Los diputados también denunciaron en Catamarca la inacción judicial en la causa que investiga las responsabilidades políticas y policiales en la feroz represión del 15 de febrero por lo que también acordaron en impulsar una ley que despenalice las causas judiciales originadas en luchas populares.
La Corte Suprema recibe a pueblos originarios
La Corte Suprema recibe a pueblos originarios
Fecha de Publicación: 20/04/2010
Fuente: Data Chaco
Provincia/Región: Nacional
La Corte Suprema de Justicia de la Nación recibirá este miércoles a dirigentes indígenas del norte argentino. El desmonte en Salta y el genocidio étnico en el Chaco serán los temas de la entrevista.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación recibirá este miércoles, a las 17, a referentes indígenas de norte argentino. El presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, escuchará a siete delegados de los pueblos originarios. Entre los temas a tratar sobresalen el desmonte ilegal en Salta y el genocidio étnico en el Impenetrable chaqueño, ambos casos donde el máximo tribunal tuvo intervención directa. El encuentro se da en el marco de la Semana de los Pueblos Indígenas, que lleva como lema “Somos vida, somos tierra, queremos Justicia”.
“Se demuestra una excesiva lentitud en la resolución de los procesos judiciales y administrativos y avanza una creciente persecución y criminalización a los dirigentes, organizaciones indígenas e instituciones que acompañan los reclamos”, denuncia la declaración de los Pueblos Indígenas del Chaco Americano, difundida hoy y que también será compartida con la Corte Suprema de Justicia.
En diciembre de 2008, y luego de una presentación judicial de comunidades indígenas y organizaciones campesinas, la Corte Suprema ordenó el cese de desmontes en cuatro departamentos de Salta (San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria). A pesar de esa prohibición, las mismas comunidades alertaron en diciembre pasado sobre la continuidad de la deforestación. Aportaron imágenes satelitales donde se demostraban más de 9000 hectáreas arrasadas.
En marzo de 2009, la Corte había afirmado que los desmontes “configuran una situación clara de peligro, de daño grave, porque podría cambiar sustancialmente el régimen de todo el clima de la región, afectando no sólo a los actuales habitantes, sino a las generaciones futuras. Este perjuicio, de producirse, sería además irreversible”.
La Corte Suprema también intervino en la situación socio-sanitaria de los pueblos indígenas del Chaco. En agosto de 2007, la Defensoría del Pueblo de la Nación demandó al estado provincial y nacional por el “exterminio de comunidades tobas, y la vulneración permanente y sistemática de sus derechos humanos básicos”. A mediados de septiembre de ese año, y en un hecho inédito, la Corte ordenó a Provincia y Nación atender la situación de urgencia de las comunidades.
Los tres pueblos indígenas con presencia en Chaco (Toba, Wichi y Mocoví) vinculan la situación social y sanitaria a la falta de tierras y a los desmontes. Sobre diez millones de hectáreas que tiene la provincia, contaba con 3,5 millones de hectáreas fiscales, casi su totalidad en los departamentos de Almirante Brown y Güemes, el Impenetrable chaqueña, zona con histórica presencia indígena y donde focalizó su denuncia la Defensoría del Pueblo. Según organizaciones sociales de la provincia, entre 1995 y 2005, los sucesivos gobiernos provinciales vendieron 1,7 millones de hectáreas (el 49 por ciento de las tierras fiscales).
El desmonte en Salta y el estado sanitario en Chaco son los dos casos que lograron fallo favorable de la Corte Suprema, y son también casos testigos de problemáticas que se repiten en toda la región del Chaco Sudamericano.
La visita de comunidades originarias a la Corte Suprema se da en el marco de la Semana de los Pueblos Indígenas, una actividad trinacional que se desarrolla en forma alternada en Argentina, Bolivia y Paraguay. Surgió como un espacio para reflexionar y dar visibilidad a los derechos y a las expresiones culturales de los indígenas del Gran Chaco Americano, que abarca un millón de kilómetros cuadrados de Argentina, Bolivia y Paraguay y es la región donde viven 380.000 indígenas.
Fecha de Publicación: 20/04/2010
Fuente: Data Chaco
Provincia/Región: Nacional
La Corte Suprema de Justicia de la Nación recibirá este miércoles a dirigentes indígenas del norte argentino. El desmonte en Salta y el genocidio étnico en el Chaco serán los temas de la entrevista.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación recibirá este miércoles, a las 17, a referentes indígenas de norte argentino. El presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, escuchará a siete delegados de los pueblos originarios. Entre los temas a tratar sobresalen el desmonte ilegal en Salta y el genocidio étnico en el Impenetrable chaqueño, ambos casos donde el máximo tribunal tuvo intervención directa. El encuentro se da en el marco de la Semana de los Pueblos Indígenas, que lleva como lema “Somos vida, somos tierra, queremos Justicia”.
“Se demuestra una excesiva lentitud en la resolución de los procesos judiciales y administrativos y avanza una creciente persecución y criminalización a los dirigentes, organizaciones indígenas e instituciones que acompañan los reclamos”, denuncia la declaración de los Pueblos Indígenas del Chaco Americano, difundida hoy y que también será compartida con la Corte Suprema de Justicia.
En diciembre de 2008, y luego de una presentación judicial de comunidades indígenas y organizaciones campesinas, la Corte Suprema ordenó el cese de desmontes en cuatro departamentos de Salta (San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria). A pesar de esa prohibición, las mismas comunidades alertaron en diciembre pasado sobre la continuidad de la deforestación. Aportaron imágenes satelitales donde se demostraban más de 9000 hectáreas arrasadas.
En marzo de 2009, la Corte había afirmado que los desmontes “configuran una situación clara de peligro, de daño grave, porque podría cambiar sustancialmente el régimen de todo el clima de la región, afectando no sólo a los actuales habitantes, sino a las generaciones futuras. Este perjuicio, de producirse, sería además irreversible”.
La Corte Suprema también intervino en la situación socio-sanitaria de los pueblos indígenas del Chaco. En agosto de 2007, la Defensoría del Pueblo de la Nación demandó al estado provincial y nacional por el “exterminio de comunidades tobas, y la vulneración permanente y sistemática de sus derechos humanos básicos”. A mediados de septiembre de ese año, y en un hecho inédito, la Corte ordenó a Provincia y Nación atender la situación de urgencia de las comunidades.
Los tres pueblos indígenas con presencia en Chaco (Toba, Wichi y Mocoví) vinculan la situación social y sanitaria a la falta de tierras y a los desmontes. Sobre diez millones de hectáreas que tiene la provincia, contaba con 3,5 millones de hectáreas fiscales, casi su totalidad en los departamentos de Almirante Brown y Güemes, el Impenetrable chaqueña, zona con histórica presencia indígena y donde focalizó su denuncia la Defensoría del Pueblo. Según organizaciones sociales de la provincia, entre 1995 y 2005, los sucesivos gobiernos provinciales vendieron 1,7 millones de hectáreas (el 49 por ciento de las tierras fiscales).
El desmonte en Salta y el estado sanitario en Chaco son los dos casos que lograron fallo favorable de la Corte Suprema, y son también casos testigos de problemáticas que se repiten en toda la región del Chaco Sudamericano.
La visita de comunidades originarias a la Corte Suprema se da en el marco de la Semana de los Pueblos Indígenas, una actividad trinacional que se desarrolla en forma alternada en Argentina, Bolivia y Paraguay. Surgió como un espacio para reflexionar y dar visibilidad a los derechos y a las expresiones culturales de los indígenas del Gran Chaco Americano, que abarca un millón de kilómetros cuadrados de Argentina, Bolivia y Paraguay y es la región donde viven 380.000 indígenas.
Etiquetas:
Desmontes,
legislación y derecho ambiental,
Nacional,
NEA,
NOA,
pueblos originarios
|
0
comentarios
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Suscribirse
Entradas
Comentarios