No pinta "proteccionista" el proyecto para regular agroquímicos
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El Ejecutivo presentará un proyecto de ley para reglamentar el uso de agroquímicos
Fecha de Publicación: 16/06/2018
Fuente: Bae Negocios
Provincia/Región: Nacional
Técnicos de los Ministerios de Ciencia y Tecnología, Salud, Agroindustria, Medio Ambiente y organizaciones del agro, coincidieron en la necesidad de establecer como leitmotiv las buenas prácticas agrícolas (BPA) “iguales” para todos y “ordenar” las distintas normas que prohíben el uso de agroquímicos en todas sus formas de aplicación. Las conclusiones estarán a disposición de las provincias para luego elevarlas al Congreso y avanzar en un proyecto de ley marco de presupuestos mínimos para la regulación de los productos fitosanitarios.
La información fue confirmada por el ministro de Medio Ambiente, Sergio Bergman que en diálogo con BAE Negocios señaló en primera instancia que uno de los objetivos será “homologar las BPA desde una mirada más integral y que tiene que ver con la trazabilidad”.
Esto quiere decir que las autoridades públicas deberán saber desde quien compra un agroquímico hasta su destino final, pero también en lo referido al descarte de envases, su aplicación, tipo de autorización y hasta quien fiscaliza, y controla el producto.
En este último punto, el ministro criticó “a aquellos intendentes que hacen demagogia y prohíben los agroquímicos, cuando antes de hacer eso, deben controlarlo”; esto quiere decir que “si un avión fumiga y abajo hay una escuela. Cuando el piloto baja, ¿lo metes preso? Con lo cual te la pasas hablando sin asumir ninguna responsabilidad, así es fácil”.
En la actualidad la provincia de Entre Ríos es la que más ordenanzas aprobadas tiene en sus distintas localidades ya sea para evitar el uso de fitosanitarios dentro de lo que es el casco urbano como también en los metros a la hora de fumigar. Hace poco el Concejo Deliberante de Gualeguaychú, prohibió el uso, venta y depósito del glifosato en todo el ejido de esta ciudad, lo cual abarca más de 33.000 hectáreas. Por esto, las entidades del campo decidieron ir a la Justicia. “La semana próxima vamos a presentarnos para pedir la inconstitucionalidad de la ordenanza la cual dice que no se puede impedir la comercialización de un producto. En este caso afecta el trabajo de los productores”, señaló a BAE Negocios, el dirigente de la Federación Agraria de Entre Ríos, Alfredo Bell.
Otras de las conclusiones de los técnicos tiene que ver precisamente con las normas y el glosario de términos. “Esto significa establecer por ejemplo qué es el casco urbano, zona de amortiguamiento, distancia según el tipo de cultivo, entre otros, “, afirmó Bergman.
Se entiende que todos estos puntos tienen diferentes criterios en cada provincia lo cual aun es un tema a acordar con cada una de ellas y que se hará en lo que es el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) y el Consejo Federal Agropecuario (CFA).
Por lo pronto se emitirá “un dictamen técnico”, dijo el ministro el cual que pasará primero a las provincias y luego irá a al Congreso para que sea evaluado y ver si es viable avanzar en un proyecto de ley o sacar un resolución, pero entiendo que debemos ir a algo normativo y no a una opción transitoria”.
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Fecha de Publicación: 16/06/2018
Fuente: Bae Negocios
Provincia/Región: Nacional
Técnicos de los Ministerios de Ciencia y Tecnología, Salud, Agroindustria, Medio Ambiente y organizaciones del agro, coincidieron en la necesidad de establecer como leitmotiv las buenas prácticas agrícolas (BPA) “iguales” para todos y “ordenar” las distintas normas que prohíben el uso de agroquímicos en todas sus formas de aplicación. Las conclusiones estarán a disposición de las provincias para luego elevarlas al Congreso y avanzar en un proyecto de ley marco de presupuestos mínimos para la regulación de los productos fitosanitarios.
La información fue confirmada por el ministro de Medio Ambiente, Sergio Bergman que en diálogo con BAE Negocios señaló en primera instancia que uno de los objetivos será “homologar las BPA desde una mirada más integral y que tiene que ver con la trazabilidad”.
Esto quiere decir que las autoridades públicas deberán saber desde quien compra un agroquímico hasta su destino final, pero también en lo referido al descarte de envases, su aplicación, tipo de autorización y hasta quien fiscaliza, y controla el producto.
En este último punto, el ministro criticó “a aquellos intendentes que hacen demagogia y prohíben los agroquímicos, cuando antes de hacer eso, deben controlarlo”; esto quiere decir que “si un avión fumiga y abajo hay una escuela. Cuando el piloto baja, ¿lo metes preso? Con lo cual te la pasas hablando sin asumir ninguna responsabilidad, así es fácil”.
En la actualidad la provincia de Entre Ríos es la que más ordenanzas aprobadas tiene en sus distintas localidades ya sea para evitar el uso de fitosanitarios dentro de lo que es el casco urbano como también en los metros a la hora de fumigar. Hace poco el Concejo Deliberante de Gualeguaychú, prohibió el uso, venta y depósito del glifosato en todo el ejido de esta ciudad, lo cual abarca más de 33.000 hectáreas. Por esto, las entidades del campo decidieron ir a la Justicia. “La semana próxima vamos a presentarnos para pedir la inconstitucionalidad de la ordenanza la cual dice que no se puede impedir la comercialización de un producto. En este caso afecta el trabajo de los productores”, señaló a BAE Negocios, el dirigente de la Federación Agraria de Entre Ríos, Alfredo Bell.
Otras de las conclusiones de los técnicos tiene que ver precisamente con las normas y el glosario de términos. “Esto significa establecer por ejemplo qué es el casco urbano, zona de amortiguamiento, distancia según el tipo de cultivo, entre otros, “, afirmó Bergman.
Se entiende que todos estos puntos tienen diferentes criterios en cada provincia lo cual aun es un tema a acordar con cada una de ellas y que se hará en lo que es el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) y el Consejo Federal Agropecuario (CFA).
Por lo pronto se emitirá “un dictamen técnico”, dijo el ministro el cual que pasará primero a las provincias y luego irá a al Congreso para que sea evaluado y ver si es viable avanzar en un proyecto de ley o sacar un resolución, pero entiendo que debemos ir a algo normativo y no a una opción transitoria”.
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