Minería de uranio en Mendoza y nuevos procedimientos
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El proceso minero que deberá autorizar Cornejo para evitar más contaminación
Fecha de Publicación: 30/06/2018
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
La minería está prácticamente prohibida en Mendoza. Pero para poder remediar Sierra Pintada deberá abrirse la planta fabril de San Rafael. El desafío político y social. En octubre se haría la audiencia pública.
Entre los desafíos que le quedan por delante al gobernador Alfredo Cornejo hay uno que sobresale por la complejidad y también porque va a depender de la pericia que tenga para manejarlo sin profundizar los conflictos. Más si se tiene en cuenta que no hay un rédito político al alcance en caso de tener éxito. Se trata del saneamiento de los pasivos ambientales que dejó la planta de procesamiento de uranio Sierra Pintada, en San Rafael, que se transformó en uno de los casos emblemáticos de mal manejo ambiental. Esa planta funcionó por una década, pero lleva mucho más tiempo cerrada y con la contaminación latente: hay millones de toneladas de residuos provenientes de la actividad minera del lugar y también de la planta Dioxitex, de Córdoba.
El problema para la ejecución del proceso de remediación de esos pasivos ambientales es que para hacerlo es necesario "hacer minería". Es decir, para poder neutralizar los residuos debe realizarse un proceso similar al que se hacía para producir uranio, usando sustancias que están prohibidas por la ley 7722. La rendija legal que existe es que esa ley prohíbe el uso de esas sustancias para la explotación minera, pero no para la remediación. Por eso la decisión es avanzar, aunque tanto desde el Ejecutivo como los asesores legales entienden que será necesario un blindaje legal mayor para evitar especulaciones. Es que la desconfianza que hubo siempre sobre el tema es que una vez saneados los pasivos ambientales, la planta vuelva a producir uranio. En realidad ese era el plan inicial incluido en el Plan Nuclear lanzado por Néstor Kirchner y que incluía la reapertura de la mina de San Rafael para que se vuelva a producir uranio en Argentina y dejar de importarlo. Las tensiones sociales generadas en Mendoza y Córdoba frenaron ese intento.
Ahora se escindió la remediación de la reapertura. La Comisión Nacional de Energía Atómica presentó la Manifestación de Impacto Ambiental para ejecutar el proceso y ahora está en análisis.
La intención de las autoridades ambientales es realizar la audiencia pública en octubre de este año y, luego, si no hay objeciones severas, autorizar los trabajos.
El Gobierno ha enfrentado temas que tenían potencial conflictivo con una estrategia propia. Es lo que ocurrió con la autorización del fracking, donde primero se hizo una prueba piloto, luego se comunicó y como tercer paso se reglamentó la actividad. Con el caso Sierra Pintada el camino debe ser más seguro, pues la justicia federal monitorea los avances y hay varios fracasos a cuestas.
El tema plantea un desafío de madurez y pericia política. Para el Gobierno, que debe lograr el consenso para que finalmente la contaminación cese, garantizando un proceso transparente. Y para los sectores defensores del ambiente, que más allá de la desconfianza, deberán ver el bien superior: que la contaminación acumulada por décadas deje de ser un riesgo para los habitantes de San Rafael.
El plan
Si la minería genera desconfianza en algunos sectores de Mendoza, en Sierra Pintada tienen un argumento para ello. Tras el cierre de la producción quedaron 5223 tambores equivalentes a 1.067,60 toneladas de residuos contaminados (que equivalen a 14 toneladas de uranio). Esa basura fue trasladada a Mendoza entre 1995 y el 2000. A ellos se le suma el agua de cantera que surgió de los efluentes del proceso de lixiviación, las colas provenientes del mineral de Uranio proveniente de la lixiviación con ácido sulfúrico (en total más de 1 millón de metros cuadrados), que no fueron neutralizadas, ni cubiertas con material inerte por lo que existe posibilidad de afectación de cursos de agua.
La misma CNEA establece un grupo de riesgos potenciales. En el caso de las colas de uranio, el riesgo de que haya emanaciones de gas Radon a la atmosfera (aunque se encuentra por debajo de los niveles admisibles para viviendas); la Radiación gamma (no existe riesgo mientras no se utilice indebidamente. Se encuentra controlada por Gendarmería y CNEA) y la dispersión por viento agua o dilución. En el caso del agua de cantera, se determinó que existe el riesgo de infiltración a través de fisuras en la roca o que debido al exceso de lluvias se desborde. En tanto que por los residuos sólidos que tienen altos contenidos de uranio y "las condiciones de almacenamiento (bolsas plásticas dentro de tachos metálicos y enterrado bajo las colas de proceso) hacen de los mismos potencialmente peligrosos.
La Auditoría General de la Nación advirtió sobre los incumplimientos de la CNEA en el saneamiento de Sierra Pintada, con un detallado análisis de lo realizado y lo gastado. Allí, por ejemplo, figura que hubo muchos gastos en consultorías ambientales y que los trabajos proyectados no se cumplieron. "No se observan avances en la gestión integral de pasivos ambientales; no se ha tratado ninguno de los pasivos prioritarios (agua de cantera (AC) y residuos sólidos (RS) dispuestos transitoriamente en tambores) aunque se ha avanzado en la realización de obras que permitirán su tratamiento. Respecto de la gestión de los referidos pasivos ambientales prioritarios, la CNEA no ha cumplimentado la totalidad de las acciones requeridas por la Resolución 1779/04 del ex MAOP de Mendoza", dice el informe.
La CNEA ya elevó el plan para remediar que incluye procesos distintos. Para el agua de cantera se propone un sistema de " Resinas de Intercambio ionico - aniónicas - precipitación", con un plan alternativo de nanofiltración, que tiene menos impacto pero un costo muy superior. El tratamiento de los residuos sólidos es el que genera más tensiones por el uso de ácido sulfúrico. "Se deben retirar los tambores de las escombreras, trasladarlos y proceder a la apertura segura, con sistema previsto en el proceso y someterlos a tratamiento", explica el resumen al que accedió MDZ, donde se describen los 7 pasos del proceso que van desde el lavado de esos sólidos con agua de cantera, hasta la disolución con ácido sulfúrico y la neutralización con cal de ese material.
En el Gobierno mantienen la postura de autorizar el proceso solo para la remediación. Y en contraposición aparece de nuevo la variable económica: Argentina necesita uranio para abastecer a las centrales nucleares y la importación complica más las cuentas. Al mismo tiempo el sector minero presiona para que se impulse la actividad.
El plan nuclear lanzado por Kirchner no está abandonado en lo conceptual, más allá de que no lograrán los objetivos planteados para el 2019. Según un informe de la Secretaría de Energía de la Nación de la actual gestión, en el país se consumen 250 toneladas anuales de uranio para los 3 reactores a plena potencia (Atucha I, Atucha II y CN Embalse) y se necesitarán al menos 80 toneladas más para un nuevo generador. Según ese mismo trabajo, en la Argentina, la CNEA informó la existencia de aproximadamente 20.000 tU como "recursos identificados".
En el plan elaborado por el ex ministro Juan José Aranguren se destaca la necesidad de impulsar la producción de uranio para sustituir importaciones y para impulsar esa industria. Sin embargo, se reconoce entre las conclusiones las dificultades por la resistencia social al tema.
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Fecha de Publicación: 30/06/2018
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
La minería está prácticamente prohibida en Mendoza. Pero para poder remediar Sierra Pintada deberá abrirse la planta fabril de San Rafael. El desafío político y social. En octubre se haría la audiencia pública.
Entre los desafíos que le quedan por delante al gobernador Alfredo Cornejo hay uno que sobresale por la complejidad y también porque va a depender de la pericia que tenga para manejarlo sin profundizar los conflictos. Más si se tiene en cuenta que no hay un rédito político al alcance en caso de tener éxito. Se trata del saneamiento de los pasivos ambientales que dejó la planta de procesamiento de uranio Sierra Pintada, en San Rafael, que se transformó en uno de los casos emblemáticos de mal manejo ambiental. Esa planta funcionó por una década, pero lleva mucho más tiempo cerrada y con la contaminación latente: hay millones de toneladas de residuos provenientes de la actividad minera del lugar y también de la planta Dioxitex, de Córdoba.
El problema para la ejecución del proceso de remediación de esos pasivos ambientales es que para hacerlo es necesario "hacer minería". Es decir, para poder neutralizar los residuos debe realizarse un proceso similar al que se hacía para producir uranio, usando sustancias que están prohibidas por la ley 7722. La rendija legal que existe es que esa ley prohíbe el uso de esas sustancias para la explotación minera, pero no para la remediación. Por eso la decisión es avanzar, aunque tanto desde el Ejecutivo como los asesores legales entienden que será necesario un blindaje legal mayor para evitar especulaciones. Es que la desconfianza que hubo siempre sobre el tema es que una vez saneados los pasivos ambientales, la planta vuelva a producir uranio. En realidad ese era el plan inicial incluido en el Plan Nuclear lanzado por Néstor Kirchner y que incluía la reapertura de la mina de San Rafael para que se vuelva a producir uranio en Argentina y dejar de importarlo. Las tensiones sociales generadas en Mendoza y Córdoba frenaron ese intento.
Ahora se escindió la remediación de la reapertura. La Comisión Nacional de Energía Atómica presentó la Manifestación de Impacto Ambiental para ejecutar el proceso y ahora está en análisis.
La intención de las autoridades ambientales es realizar la audiencia pública en octubre de este año y, luego, si no hay objeciones severas, autorizar los trabajos.
El Gobierno ha enfrentado temas que tenían potencial conflictivo con una estrategia propia. Es lo que ocurrió con la autorización del fracking, donde primero se hizo una prueba piloto, luego se comunicó y como tercer paso se reglamentó la actividad. Con el caso Sierra Pintada el camino debe ser más seguro, pues la justicia federal monitorea los avances y hay varios fracasos a cuestas.
El tema plantea un desafío de madurez y pericia política. Para el Gobierno, que debe lograr el consenso para que finalmente la contaminación cese, garantizando un proceso transparente. Y para los sectores defensores del ambiente, que más allá de la desconfianza, deberán ver el bien superior: que la contaminación acumulada por décadas deje de ser un riesgo para los habitantes de San Rafael.
El plan
Si la minería genera desconfianza en algunos sectores de Mendoza, en Sierra Pintada tienen un argumento para ello. Tras el cierre de la producción quedaron 5223 tambores equivalentes a 1.067,60 toneladas de residuos contaminados (que equivalen a 14 toneladas de uranio). Esa basura fue trasladada a Mendoza entre 1995 y el 2000. A ellos se le suma el agua de cantera que surgió de los efluentes del proceso de lixiviación, las colas provenientes del mineral de Uranio proveniente de la lixiviación con ácido sulfúrico (en total más de 1 millón de metros cuadrados), que no fueron neutralizadas, ni cubiertas con material inerte por lo que existe posibilidad de afectación de cursos de agua.
La misma CNEA establece un grupo de riesgos potenciales. En el caso de las colas de uranio, el riesgo de que haya emanaciones de gas Radon a la atmosfera (aunque se encuentra por debajo de los niveles admisibles para viviendas); la Radiación gamma (no existe riesgo mientras no se utilice indebidamente. Se encuentra controlada por Gendarmería y CNEA) y la dispersión por viento agua o dilución. En el caso del agua de cantera, se determinó que existe el riesgo de infiltración a través de fisuras en la roca o que debido al exceso de lluvias se desborde. En tanto que por los residuos sólidos que tienen altos contenidos de uranio y "las condiciones de almacenamiento (bolsas plásticas dentro de tachos metálicos y enterrado bajo las colas de proceso) hacen de los mismos potencialmente peligrosos.
La Auditoría General de la Nación advirtió sobre los incumplimientos de la CNEA en el saneamiento de Sierra Pintada, con un detallado análisis de lo realizado y lo gastado. Allí, por ejemplo, figura que hubo muchos gastos en consultorías ambientales y que los trabajos proyectados no se cumplieron. "No se observan avances en la gestión integral de pasivos ambientales; no se ha tratado ninguno de los pasivos prioritarios (agua de cantera (AC) y residuos sólidos (RS) dispuestos transitoriamente en tambores) aunque se ha avanzado en la realización de obras que permitirán su tratamiento. Respecto de la gestión de los referidos pasivos ambientales prioritarios, la CNEA no ha cumplimentado la totalidad de las acciones requeridas por la Resolución 1779/04 del ex MAOP de Mendoza", dice el informe.
La CNEA ya elevó el plan para remediar que incluye procesos distintos. Para el agua de cantera se propone un sistema de " Resinas de Intercambio ionico - aniónicas - precipitación", con un plan alternativo de nanofiltración, que tiene menos impacto pero un costo muy superior. El tratamiento de los residuos sólidos es el que genera más tensiones por el uso de ácido sulfúrico. "Se deben retirar los tambores de las escombreras, trasladarlos y proceder a la apertura segura, con sistema previsto en el proceso y someterlos a tratamiento", explica el resumen al que accedió MDZ, donde se describen los 7 pasos del proceso que van desde el lavado de esos sólidos con agua de cantera, hasta la disolución con ácido sulfúrico y la neutralización con cal de ese material.
En el Gobierno mantienen la postura de autorizar el proceso solo para la remediación. Y en contraposición aparece de nuevo la variable económica: Argentina necesita uranio para abastecer a las centrales nucleares y la importación complica más las cuentas. Al mismo tiempo el sector minero presiona para que se impulse la actividad.
El plan nuclear lanzado por Kirchner no está abandonado en lo conceptual, más allá de que no lograrán los objetivos planteados para el 2019. Según un informe de la Secretaría de Energía de la Nación de la actual gestión, en el país se consumen 250 toneladas anuales de uranio para los 3 reactores a plena potencia (Atucha I, Atucha II y CN Embalse) y se necesitarán al menos 80 toneladas más para un nuevo generador. Según ese mismo trabajo, en la Argentina, la CNEA informó la existencia de aproximadamente 20.000 tU como "recursos identificados".
En el plan elaborado por el ex ministro Juan José Aranguren se destaca la necesidad de impulsar la producción de uranio para sustituir importaciones y para impulsar esa industria. Sin embargo, se reconoce entre las conclusiones las dificultades por la resistencia social al tema.
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