Conicet se pronuncia en contra de la mineríaen Chubut
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Eco Sitio |
El CONICET rechaza el proyecto de minería en Chubut y pide un debate serio para impulsar la economía regional
Fecha de Publicación: 05/11/2018
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas emitió un comunicado donde rechaza el proyecto de zonificación minera en la Meseta chubutense. Considera que la iniciativa es inviable por la escasa intervención del Estado y reclama un debate serio para trabajar sobre el desarrollo territorial de la región.
El presidente Mauricio Macri convocó a una reunión con funcionarios provinciales y nacionales de Chubut para avanzar con la minería en la meseta de la provincia. La iniciativa instó a que legisladores de la Alianza Cambiemos impulsen el debate en la Legislatura donde se apelará a audiencias públicas no vinculantes para escuchar diferentes opiniones y definir si se aprobará el proyecto de zonificación antes de fin de año.
En este marco, el Centro Científico Tecnológico (CENPAT) dependiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), emitió un comunicado para manifestar su rechazo a la minería en Chubut por considerar la baja intervención del Estado.
“Consideramos que el aporte del sector científico y tecnológico a un debate serio e inclusivo permitiría ahondar temáticas claves para la discusión sobre el Desarrollo Territorial de la Meseta Central y otras regiones afectadas. Pensamos en un plan de articulación con el CONICET, las Universidades y otros organismos de ciencia y técnica de manera de garantizar opinión diversa a partir de profesionales de todas las áreas del conocimiento. Entendemos además que dicho conocimiento debe complementarse con aquellos saberes provenientes de las comunidades involucradas, las que deberían ser parte del diálogo en cuestión”, sostiene el comunicado.
El documento también establece: ?creemos importante la creación de una Agencia Estatal de regulación de carácter autónomo y autárquico y con manejo de recursos económicos y profesionales para enfrentar las demandas que surgen del monitoreo y control socio-ambiental de la minería”.
El CENPAT también solicitó abrir un debate consistente en la exploración de modelos de desarrollo socio-económicos alternativos, como la agricultura familiar y comunitaria, una ganadería basada en las nuevas tecnologías, el fortalecimiento de las cadenas de valor y la implementación de una economía social para los productores de la región, o cualquier otro modelo que apueste a diversificar la matriz de producción de la Meseta Central y otras áreas de Chubut sin caer en el modelo extractivo minero como única alternativa.
Así, los directores de la unidades ejecutoras del CONICET-CENPAT rechazaron el modelo de desarrollo minero que no establezca un rol claro para el Estado, las organizaciones civiles, el sector científico y tecnológico, y que arriesgue los recursos naturales de Chubut y comprometa la sustentabilidad de sus ambientes y sus habitantes, considerando que los costos a largo plazo para la comunidad serán mucho más importantes que los posibles beneficios.
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Fecha de Publicación: 05/11/2018
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas emitió un comunicado donde rechaza el proyecto de zonificación minera en la Meseta chubutense. Considera que la iniciativa es inviable por la escasa intervención del Estado y reclama un debate serio para trabajar sobre el desarrollo territorial de la región.
El presidente Mauricio Macri convocó a una reunión con funcionarios provinciales y nacionales de Chubut para avanzar con la minería en la meseta de la provincia. La iniciativa instó a que legisladores de la Alianza Cambiemos impulsen el debate en la Legislatura donde se apelará a audiencias públicas no vinculantes para escuchar diferentes opiniones y definir si se aprobará el proyecto de zonificación antes de fin de año.
En este marco, el Centro Científico Tecnológico (CENPAT) dependiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), emitió un comunicado para manifestar su rechazo a la minería en Chubut por considerar la baja intervención del Estado.
“Consideramos que el aporte del sector científico y tecnológico a un debate serio e inclusivo permitiría ahondar temáticas claves para la discusión sobre el Desarrollo Territorial de la Meseta Central y otras regiones afectadas. Pensamos en un plan de articulación con el CONICET, las Universidades y otros organismos de ciencia y técnica de manera de garantizar opinión diversa a partir de profesionales de todas las áreas del conocimiento. Entendemos además que dicho conocimiento debe complementarse con aquellos saberes provenientes de las comunidades involucradas, las que deberían ser parte del diálogo en cuestión”, sostiene el comunicado.
El documento también establece: ?creemos importante la creación de una Agencia Estatal de regulación de carácter autónomo y autárquico y con manejo de recursos económicos y profesionales para enfrentar las demandas que surgen del monitoreo y control socio-ambiental de la minería”.
El CENPAT también solicitó abrir un debate consistente en la exploración de modelos de desarrollo socio-económicos alternativos, como la agricultura familiar y comunitaria, una ganadería basada en las nuevas tecnologías, el fortalecimiento de las cadenas de valor y la implementación de una economía social para los productores de la región, o cualquier otro modelo que apueste a diversificar la matriz de producción de la Meseta Central y otras áreas de Chubut sin caer en el modelo extractivo minero como única alternativa.
Así, los directores de la unidades ejecutoras del CONICET-CENPAT rechazaron el modelo de desarrollo minero que no establezca un rol claro para el Estado, las organizaciones civiles, el sector científico y tecnológico, y que arriesgue los recursos naturales de Chubut y comprometa la sustentabilidad de sus ambientes y sus habitantes, considerando que los costos a largo plazo para la comunidad serán mucho más importantes que los posibles beneficios.
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Intendentes quiern en su mayoría cambiar la 7.722
La mayoría de los intendentes, a favor de modificar la 7.722
Fecha de Publicación: 05/11/2018
Fuente: El Sol (Mendoza)
Provincia/Región: Mendoza
En el debate que se está produciendo en el Senado por las modificaciones a la ley que regula la minería, sólo dos departamentos pusieron reparos a la flexibilización de la norma, fue el caso de San Carlos y Alvear.
La iniciativa de dos senadores justicialistas para habilitar la minería metalífera en Mendoza fue respaldada por la mayoría de los intendentes, quienes expusieron sus puntos de vista o enviaron a funcionarios para hacerlo en el Senado de la provincia. Sólo dos municipios se expresaron en contra este jueves: fue el caso de Alvear y de San Carlos.
A instancias de las comisiones que están analizando los proyectos de Juan Agulles y Alejandro Abraham, se convocó a los intendentes de la provincia, aunque no todos pudieron asistir por cuestiones de agenda, según se informó desde la organización.
Entre las voces que se mostraron a favor se ubica la exposición del jefe comunal de Guaymallén, Marcelino Iglesias quien disparó: "La 7.722 atrasa, cuando se sancionó a mí no me gustó porque careció de un debate científico".
También remarcó que "se estigmatizó a la minería que es una actividad lícita y en la cual se utilizan químicos que están presentes en otras, como es la agricultura por ejemplo".
Iglesias le dio un guiño a la iniciativa presentada por Abraham, quien fuera intendente de Guaymallén.
"Lamentablemente los ambientalistas o los integrantes de las asambleas por el agua pura se han apropiado de esta norma y se creó una antinomia que no es tal, agua versus minería", soltó el jefe comunal.
En esa misma línea apuntó: "En mi experiencia como bioquímico, cualquiera de estos productos deben utilizarse con precaución y siguiendo los distintos protocolos, por eso creo que debemos avanzar en esta actividad con los controles necesarios".
Y añadió: "En lo personal, espero que se modifique la ley y celebro que se haya habilitado el debate".
Mientras tanto, en representación a la Municipalidad de Malargüe, su secretario de Gobierno, Carlos Vázquez afirmó: "Nosotros decimos sí a la minería, sí al cuidado del ambiente, a favor de la diversificación de la matriz productiva de la provincia".
Por Godoy Cruz, su director de Ambiente y Energía, Leonardo Mastrangelo, consideró favorable abrir el debate e impulsar esta actividad, sin descuidar la sustentabilidad y las auditorías ambientales que se necesitan.
Por su parte, el director de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Maipú, Luis Lucero, también dio luz verde a esta iniciativa, teniendo en cuenta que en ese departamento se encuentra una zona industrial importante que brinda servicios petroleros.
En tanto, la presidenta del Concejo Deliberante de Capital, Beatriz Martínez, manifestó que desde la municipalidad están de acuerdo con el desarrollo minero de la provincia y la ampliación de la matriz productiva.
Difonso: "Sin la ley, esto sería Jáchal"
Desde una posición diametralmente opuesta brindó su exposición el intendente de San Carlos, Jorge Difonso, autor de la norma que restringe la actividad minera y regula las sustancias que se utiliza para la extracción de minerales.
"Si en Mendoza no tuviéramos la Ley 7.722 esto sería Jáchal", afirmó en consonancia con su posición antiminera y en sintonía con las organizaciones y asambleas por el agua pura.
"En 2007 cuando se debatió esta ley lamentablemente no teníamos ejemplos cercanos de los peligros de habilitar la minería metalífera. Hoy tenemos los antecedentes de los distintos derrames que se produjeron en Jáchal, donde su comunidad no tomó conocimiento por el gobierno o por la empresa, sino por un empleado que a través de un mensaje les advirtió que no consuman ese agua", planteó Difonso.
"Creemos que los mendocinos tenemos que estar orgullosos de la norma que tenemos. Sumado a los casos de contaminación cercanos, debemos advertir la situación de sequía que estamos atravesando y creo que condiciona notablemente la decisión", agregó.
Difonso pidió a los legisladores que tuvieran en cuenta que la proyección es que haya menos agua para los próximos años, "va haber menos agua y tenemos que priorizar el agua para consumo humano y para la producción".
Por último, quien fuera legislador por ese entonces, también recordó que al momento de la redacción de la ley, una especialista aportó la necesidad de establecer cuáles eran las sustancias que debían prohibirse.
En tanto, desde Alvear se transmitió lo que ya venía afirmando su jefe comunal, Walther Marcolini, quien se mostró en defensa de la Ley 7.722 y rechazó la idea de que haya algún tipo de margen como para realizarse cambios. En representación de Marcolini estuvo presente el director de Ambiente, Carlos Pía.
Si bien no hubo representantes por Tunuyán, el intendente Martín Aveiro se mostró en contra de las modificaciones a la norma y acusó a sus "compañeros" de obedecer a intereses del oficialismo, hace algunas semanas atrás.
"La ley va a salir"
El senador Agulles uno de los impulsores de los dos proyectos que están en análisis se mostró optimista de que la ley para habilitar la minería metalífera se apruebe.
"Estamos en un escenario diferente. Y nosotros vamos a tomar todos los aportes que nos hagan. Incluso el de las universidades que estuvieron hoy presentes", indicó.
En la jornada de este jueves también estuvieron presentes representantes de la Universidad Nacional de Cuyo, de la Universidad Champagnat y organizaciones ambientalistas.
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Fecha de Publicación: 05/11/2018
Fuente: El Sol (Mendoza)
Provincia/Región: Mendoza
En el debate que se está produciendo en el Senado por las modificaciones a la ley que regula la minería, sólo dos departamentos pusieron reparos a la flexibilización de la norma, fue el caso de San Carlos y Alvear.
La iniciativa de dos senadores justicialistas para habilitar la minería metalífera en Mendoza fue respaldada por la mayoría de los intendentes, quienes expusieron sus puntos de vista o enviaron a funcionarios para hacerlo en el Senado de la provincia. Sólo dos municipios se expresaron en contra este jueves: fue el caso de Alvear y de San Carlos.
A instancias de las comisiones que están analizando los proyectos de Juan Agulles y Alejandro Abraham, se convocó a los intendentes de la provincia, aunque no todos pudieron asistir por cuestiones de agenda, según se informó desde la organización.
Entre las voces que se mostraron a favor se ubica la exposición del jefe comunal de Guaymallén, Marcelino Iglesias quien disparó: "La 7.722 atrasa, cuando se sancionó a mí no me gustó porque careció de un debate científico".
También remarcó que "se estigmatizó a la minería que es una actividad lícita y en la cual se utilizan químicos que están presentes en otras, como es la agricultura por ejemplo".
Iglesias le dio un guiño a la iniciativa presentada por Abraham, quien fuera intendente de Guaymallén.
"Lamentablemente los ambientalistas o los integrantes de las asambleas por el agua pura se han apropiado de esta norma y se creó una antinomia que no es tal, agua versus minería", soltó el jefe comunal.
En esa misma línea apuntó: "En mi experiencia como bioquímico, cualquiera de estos productos deben utilizarse con precaución y siguiendo los distintos protocolos, por eso creo que debemos avanzar en esta actividad con los controles necesarios".
Y añadió: "En lo personal, espero que se modifique la ley y celebro que se haya habilitado el debate".
Mientras tanto, en representación a la Municipalidad de Malargüe, su secretario de Gobierno, Carlos Vázquez afirmó: "Nosotros decimos sí a la minería, sí al cuidado del ambiente, a favor de la diversificación de la matriz productiva de la provincia".
Por Godoy Cruz, su director de Ambiente y Energía, Leonardo Mastrangelo, consideró favorable abrir el debate e impulsar esta actividad, sin descuidar la sustentabilidad y las auditorías ambientales que se necesitan.
Por su parte, el director de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Maipú, Luis Lucero, también dio luz verde a esta iniciativa, teniendo en cuenta que en ese departamento se encuentra una zona industrial importante que brinda servicios petroleros.
En tanto, la presidenta del Concejo Deliberante de Capital, Beatriz Martínez, manifestó que desde la municipalidad están de acuerdo con el desarrollo minero de la provincia y la ampliación de la matriz productiva.
Difonso: "Sin la ley, esto sería Jáchal"
Desde una posición diametralmente opuesta brindó su exposición el intendente de San Carlos, Jorge Difonso, autor de la norma que restringe la actividad minera y regula las sustancias que se utiliza para la extracción de minerales.
"Si en Mendoza no tuviéramos la Ley 7.722 esto sería Jáchal", afirmó en consonancia con su posición antiminera y en sintonía con las organizaciones y asambleas por el agua pura.
"En 2007 cuando se debatió esta ley lamentablemente no teníamos ejemplos cercanos de los peligros de habilitar la minería metalífera. Hoy tenemos los antecedentes de los distintos derrames que se produjeron en Jáchal, donde su comunidad no tomó conocimiento por el gobierno o por la empresa, sino por un empleado que a través de un mensaje les advirtió que no consuman ese agua", planteó Difonso.
"Creemos que los mendocinos tenemos que estar orgullosos de la norma que tenemos. Sumado a los casos de contaminación cercanos, debemos advertir la situación de sequía que estamos atravesando y creo que condiciona notablemente la decisión", agregó.
Difonso pidió a los legisladores que tuvieran en cuenta que la proyección es que haya menos agua para los próximos años, "va haber menos agua y tenemos que priorizar el agua para consumo humano y para la producción".
Por último, quien fuera legislador por ese entonces, también recordó que al momento de la redacción de la ley, una especialista aportó la necesidad de establecer cuáles eran las sustancias que debían prohibirse.
En tanto, desde Alvear se transmitió lo que ya venía afirmando su jefe comunal, Walther Marcolini, quien se mostró en defensa de la Ley 7.722 y rechazó la idea de que haya algún tipo de margen como para realizarse cambios. En representación de Marcolini estuvo presente el director de Ambiente, Carlos Pía.
Si bien no hubo representantes por Tunuyán, el intendente Martín Aveiro se mostró en contra de las modificaciones a la norma y acusó a sus "compañeros" de obedecer a intereses del oficialismo, hace algunas semanas atrás.
"La ley va a salir"
El senador Agulles uno de los impulsores de los dos proyectos que están en análisis se mostró optimista de que la ley para habilitar la minería metalífera se apruebe.
"Estamos en un escenario diferente. Y nosotros vamos a tomar todos los aportes que nos hagan. Incluso el de las universidades que estuvieron hoy presentes", indicó.
En la jornada de este jueves también estuvieron presentes representantes de la Universidad Nacional de Cuyo, de la Universidad Champagnat y organizaciones ambientalistas.
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Ampliación de parques en Córdoba - Tucumán
Donarán 100.000 hectáreas para ampliar parques nacionales en Córdoba y Tucumán
Fecha de Publicación: 05/11/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Córdoba - Tucumán
La Fundación Wyss, una entidad dedicada a la conservación de territorios naturales, anunció que donará casi US$30 millones para añadir cerca de 100.000 hectáreas a dos nuevos parques nacionales. La estrategia se enmarca en un plan global valuado en US$1000 millones que abarcará a más de una docena de países.
Se trata de los proyectos Aconquija, en la provincia de Tucumán, y Ansenuza, en Córdoba. En el primer caso, la organización aportará hasta US$22 millones para ayudar a la Fundación Flora y Fauna (FFF) a adquirir tierras para este parque, que tendrá una superficie aproximada de 70.000 hectáreas.
"Nos encontramos en proceso de comprar cinco propiedades este año y otra el próximo", sostuvo Sofía Heinonen, que preside FFF y The Conservation Landtrust (TCL), fundación creada por el fallecido magnate Douglas Tompkins, que durante su vida compró y donó más de 200.000 hectáreas en Santa Cruz, Corrientes y Chaco. A la fecha, ya adquirieron unas 43.000 hectáreas en Tucumán.
En Ansenuza, la Fundación Wyss otorgará hasta US$5,8 millones a la organización Aves Argentinas para comprar aproximadamente 26.000 hectáreas de humedales que rodean la laguna Mar Chiquita, uno de los lagos salados más importantes del hemisferio sur. "Todavía no se compró nada. En este momento la unidad ejecutora está definiendo los límites del parque", sostuvo Hernán Casañas, director ejecutivo de Aves Argentinas.
Un tesoro de biodiversidad
Aconquija está ubicado en el oeste de la provincia de Tucumán y alberga una muestra de las ecorregiones yungas y altoandinas. Abundan los alisos del cerro y cobija a más de 400 especies de vertebrados, entre los que se destacan los loros aliseros, gatos andinos, guanacos y ocelotes, entre otros.
"Es el único parque donde, debido al gradiente altitudinal, cuenta con glaciares y selva -afirmó Emiliano Ezcurra, vicepresidente de la Administración de Parques Nacionales-. Hay selva con monos y tucanes a 700 metros y arriba de los 5000 hay glaciares y temperaturas bajo cero. A esto se suma la cuestión de patrimonio arqueológico, dado que allí está la Ciudacita, el yacimiento inca más importante al sur de Machu Picchu".
Por su parte, el futuro parque de Ansenuza tendrá una superficie de 800.000 hectáreas. En Mar Chiquita se encuentran el 66% de todas las especies de aves migratorias y playeras del país, entre ellas tres de las seis especies de flamencos que existen en el mundo. Además, reúne casi el 36% de las 280 especies de aves del país.
"Es un /hotspot/ de biodiversidad por la presencia de aves migratorias y tiene los bañados del río Dulce, donde hay una escala que es, en sí misma, un componente clave porque es lo que permite contener poblaciones en peligro, como los pecaríes, ciervos del pantano y aguará guazú", añadió Ezcurra.
Los entrevistados coincidieron en que la creación de estos parques repercutirá positivamente en la mejora económica de las poblaciones aledañas.
"Nuestra relación con las economías regionales es íntima. Tenemos mediciones realizadas y casos de estudio donde está rigurosamente comprobado el aumento en el empleo en blanco allí donde están los parques nacionales", dijo Ezcurra, que agregó que en los 115 años que tiene la administración el trabajo alrededor de estos territorios no ha caído. "Constantemente tenemos más visitantes, incluso cuando el tipo de cambio no era favorable al turismo", señaló.
"Antes se construían grandes fábricas, ahora lo novedoso está en crear parques nacionales que funcionan como motores de la economía", dijo Heinonen. Y añadió: "No alcanza con comprar tierras. Es necesario también generar infraestructura y preparar a las comunidades para que puedan ofrecer los servicios que se necesitan", sostuvo.
Casañas señaló: "En momentos tan difíciles como los que atraviesa la Argentina, una apuesta a la valorización de nuestras áreas naturales contribuirá de manera significativa a generar nuevos puestos de trabajo".
Más colaboraciones
La Argentina, que suscribió ocho años atrás un compromiso internacionalpara proteger el 17% de sus zonas naturales terrestres hacia 2020, recibe donaciones de tierra a través de tres ONG Flora y Fauna, Aves Argentinas y Banco de Bosques.
La relación entre el Estado y la fundación creada por el multimillonario suizo Hansjörg Wyss, íntimo amigo de Tompkins y su viuda, Kristine McDivitt, data de 2011. "De alguna manera nosotros no solamente heredamos la generosidad de Tompkins traducida en la cantidad de tierras que donó, sino también sus amigos, que están ayudando a continuar su obra", afirmó Ezcurra.
Más allá de Aconquija y Ansenuza, el Gobierno está trabajando en planes para ampliar el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos (que une las reservas naturales Otamendi y Río Luján con una parte de las islas del delta de Campana) y Calilegua (en el sudeste de Jujuy). Además prepara la creación de los primeros parques nacionales marinos: Yaganes (69.000 km2 en Tierra del Fuego) y Burwood II (28.000 km2 en el Atlántico Sur).
Como la campaña de la Fundación Wyss apunta a que el 30% del planeta se conserve en su estado natural hacia 2030, Heinonen consideró que es altamente probable que también aporten sumas significativas para estos nuevos proyectos. "A futuro podrían involucrarse en más iniciativas, las oportunidades que ofrece la Argentina son muy interesantes", concluyó.
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Fecha de Publicación: 05/11/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Córdoba - Tucumán
La Fundación Wyss, una entidad dedicada a la conservación de territorios naturales, anunció que donará casi US$30 millones para añadir cerca de 100.000 hectáreas a dos nuevos parques nacionales. La estrategia se enmarca en un plan global valuado en US$1000 millones que abarcará a más de una docena de países.
Se trata de los proyectos Aconquija, en la provincia de Tucumán, y Ansenuza, en Córdoba. En el primer caso, la organización aportará hasta US$22 millones para ayudar a la Fundación Flora y Fauna (FFF) a adquirir tierras para este parque, que tendrá una superficie aproximada de 70.000 hectáreas.
"Nos encontramos en proceso de comprar cinco propiedades este año y otra el próximo", sostuvo Sofía Heinonen, que preside FFF y The Conservation Landtrust (TCL), fundación creada por el fallecido magnate Douglas Tompkins, que durante su vida compró y donó más de 200.000 hectáreas en Santa Cruz, Corrientes y Chaco. A la fecha, ya adquirieron unas 43.000 hectáreas en Tucumán.
En Ansenuza, la Fundación Wyss otorgará hasta US$5,8 millones a la organización Aves Argentinas para comprar aproximadamente 26.000 hectáreas de humedales que rodean la laguna Mar Chiquita, uno de los lagos salados más importantes del hemisferio sur. "Todavía no se compró nada. En este momento la unidad ejecutora está definiendo los límites del parque", sostuvo Hernán Casañas, director ejecutivo de Aves Argentinas.
Un tesoro de biodiversidad
Aconquija está ubicado en el oeste de la provincia de Tucumán y alberga una muestra de las ecorregiones yungas y altoandinas. Abundan los alisos del cerro y cobija a más de 400 especies de vertebrados, entre los que se destacan los loros aliseros, gatos andinos, guanacos y ocelotes, entre otros.
"Es el único parque donde, debido al gradiente altitudinal, cuenta con glaciares y selva -afirmó Emiliano Ezcurra, vicepresidente de la Administración de Parques Nacionales-. Hay selva con monos y tucanes a 700 metros y arriba de los 5000 hay glaciares y temperaturas bajo cero. A esto se suma la cuestión de patrimonio arqueológico, dado que allí está la Ciudacita, el yacimiento inca más importante al sur de Machu Picchu".
Por su parte, el futuro parque de Ansenuza tendrá una superficie de 800.000 hectáreas. En Mar Chiquita se encuentran el 66% de todas las especies de aves migratorias y playeras del país, entre ellas tres de las seis especies de flamencos que existen en el mundo. Además, reúne casi el 36% de las 280 especies de aves del país.
"Es un /hotspot/ de biodiversidad por la presencia de aves migratorias y tiene los bañados del río Dulce, donde hay una escala que es, en sí misma, un componente clave porque es lo que permite contener poblaciones en peligro, como los pecaríes, ciervos del pantano y aguará guazú", añadió Ezcurra.
Los entrevistados coincidieron en que la creación de estos parques repercutirá positivamente en la mejora económica de las poblaciones aledañas.
"Nuestra relación con las economías regionales es íntima. Tenemos mediciones realizadas y casos de estudio donde está rigurosamente comprobado el aumento en el empleo en blanco allí donde están los parques nacionales", dijo Ezcurra, que agregó que en los 115 años que tiene la administración el trabajo alrededor de estos territorios no ha caído. "Constantemente tenemos más visitantes, incluso cuando el tipo de cambio no era favorable al turismo", señaló.
"Antes se construían grandes fábricas, ahora lo novedoso está en crear parques nacionales que funcionan como motores de la economía", dijo Heinonen. Y añadió: "No alcanza con comprar tierras. Es necesario también generar infraestructura y preparar a las comunidades para que puedan ofrecer los servicios que se necesitan", sostuvo.
Casañas señaló: "En momentos tan difíciles como los que atraviesa la Argentina, una apuesta a la valorización de nuestras áreas naturales contribuirá de manera significativa a generar nuevos puestos de trabajo".
Más colaboraciones
La Argentina, que suscribió ocho años atrás un compromiso internacionalpara proteger el 17% de sus zonas naturales terrestres hacia 2020, recibe donaciones de tierra a través de tres ONG Flora y Fauna, Aves Argentinas y Banco de Bosques.
La relación entre el Estado y la fundación creada por el multimillonario suizo Hansjörg Wyss, íntimo amigo de Tompkins y su viuda, Kristine McDivitt, data de 2011. "De alguna manera nosotros no solamente heredamos la generosidad de Tompkins traducida en la cantidad de tierras que donó, sino también sus amigos, que están ayudando a continuar su obra", afirmó Ezcurra.
Más allá de Aconquija y Ansenuza, el Gobierno está trabajando en planes para ampliar el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos (que une las reservas naturales Otamendi y Río Luján con una parte de las islas del delta de Campana) y Calilegua (en el sudeste de Jujuy). Además prepara la creación de los primeros parques nacionales marinos: Yaganes (69.000 km2 en Tierra del Fuego) y Burwood II (28.000 km2 en el Atlántico Sur).
Como la campaña de la Fundación Wyss apunta a que el 30% del planeta se conserve en su estado natural hacia 2030, Heinonen consideró que es altamente probable que también aporten sumas significativas para estos nuevos proyectos. "A futuro podrían involucrarse en más iniciativas, las oportunidades que ofrece la Argentina son muy interesantes", concluyó.
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Vaca Muerta: intentaron ocultar la magnitud del derrame
YPF intentó ocultar el alcance del derrame
Fecha de Publicación: 04/11/2018
Fuente: El Intransiente
Provincia/Región: Neuquén
Según explicaron fuentes a El Intransigente, se trató de un error humano que afectó a unas 45 hectáreas. La empresa buscó 'acallar' el incidente y le cortó la señal a todos los operarios que presenciaron el hecho.
Vaca Muerta es el yacimiento de petróleo y gas no convencional que genera esperanzas en el Gobierno que encabeza Mauricio Macri. Sin embargo, un error humano, según confirmaron fuentes a El Intransigente, provocaron que ese sueño gubernamental se convierta en una pesadilla para Neuquén, sobre todo por las consecuencias para el medio ambiente. Según pudo reconstruir este medio, el hecho, que se produjo cuando perforaban en un yacimiento de YPF, buscó ser "acallado" cuando le cortaron la señal en sus celulares a los presenciaron el hecho.
Fueron un total de 36 horas donde los operarios que trabajaban en el lugar no pudieron evitar que el "diesel", uno de los componentes que se extrae de los pozos de hidrocarburos, afectaran un total de 45 hectáreas en la zona de Bandurrias Sur, en el pozo denominado como La Caverna 26, a 11 kilómetros de Añelo y a 100 de Neuquén capital.
Según pudo conocer El Intransigente, ante la crítica situación, la empresa quiso evitar que se filtrara la información a los medios y "le cortaron la señal a los operarios para que no trascienda". Sin embargo, ante los datos que llegaron a los medios, la empresa emitió un escueto comunicado. "Un pozo en perforación sufrió una surgencia de hidrocarburos (afloramiento) durante el proceso de extracción de una corona. Se trazó un perímetro de seguridad y se avanza junto a empresas especializadas para remediar la situación", relataron en el escrito.
De todas maneras, a pesar de los dichos de la empresa que buscaron tranquilizar a la sociedad, y sobre todo a los pobladores cercanos, lo cierto es que esta situación afectó 8 hectáreas de manera directa y las 37 restantes tuvieron afectaciones medianas y bajas. Por lo cual, la Secretaría de Ambiente de Neuquén se dispuso a recorrer la zona para conocer cuál es la situación, que, por suerte, no tuvo heridos y tampoco poblaciones damnificadas.
Otra situación es la que tendrá que enfrentar el medio ambiente, ya que sea "Diesel" o petróleo, el contaminante se expandió en la zona. Según explicó una fuente a El Intransigente, actualmente existe una suerte de barrera de acceso a esa zona, donde "los operarios son requisados para evitar que ingresen con elementos que puedan hacer chispas, y las camionetas se tienen que estacionar a 3 kilómetros" y así evitar mayores problemas.
"Están limpiando todo", aseguró en exclusiva a este medio. Es que según se conoció, el trabajo de remediación, nombre que usan dentro de la industria para referirse a las tareas que realizarán para subsanar esta situación, se extenderá por unos 8 meses, contará con unos 110 operarios, 20 camiones y 4 máquinas viales.
Donde hubo un mayor impacto, que fue en la zona contigua al pozo donde se ubican maquinarias, equipos de perforación, vehículos y containers que sirven tanto como oficinas, dormitorios y comedores, se continuará recuperando crudo mediante piletas, de las cuales ya recuperaron unos 2 mil m³ áridos de hidrocarburo y lodo. Mientras que a medida que vayan alejándose del centro, se realizarán diferentes mecanismos donde se usarán detergentes biodegradable y el resto se hará a mano.
"La idea es reforestar donde fue afectado, y una vez que esté todo saneado, se va a seguir con la perforación y van a poner todo en marcha", le confiaron a El Intransigente. “YPF informa que los máximos responsables de la compañía en materia operativa y ambiental se encuentran abocados a coordinar las tareas, junto con las autoridades provinciales, para llevar adelante los trabajos de limpieza y remediación de la zona afectada por el derrame”, explicó la empresa en otro comunicado.
“El plan de remediación ya fue presentado a la Subsecretaría de Ambiente de Neuquén y el mismo se implementará en forma ininterrumpida hasta finalizar los trabajos bajo el liderazgo de los técnicos de medio ambiente de YPF y bajo el monitoreo y control de la autoridad provincial”, resaltaron en el documento. De todas maneras, a pesar de los planes de reparación medioambiental, y de los planes a futuro que tiene este bastión para el macrismo, desde la provincia de Neuquén advirtieron que YPF deberá afrontar una cuantiosa multa por las catastróficas consecuencias que tendrán los recursos naturales.
Más Información:
InfoNews. Multarán a YPF por el derrame de petróleo sobre 80 hectáreas en Vaca Muerta
La subsecretaría de Medio Ambiente de Neuquén confirmó que confiscará el pozo del imperfecto hasta nuevo aviso y sancionará con dinero a la empresa estatal, que deberá biorremediar la zona afectada.
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Fecha de Publicación: 04/11/2018
Fuente: El Intransiente
Provincia/Región: Neuquén
Según explicaron fuentes a El Intransigente, se trató de un error humano que afectó a unas 45 hectáreas. La empresa buscó 'acallar' el incidente y le cortó la señal a todos los operarios que presenciaron el hecho.
Vaca Muerta es el yacimiento de petróleo y gas no convencional que genera esperanzas en el Gobierno que encabeza Mauricio Macri. Sin embargo, un error humano, según confirmaron fuentes a El Intransigente, provocaron que ese sueño gubernamental se convierta en una pesadilla para Neuquén, sobre todo por las consecuencias para el medio ambiente. Según pudo reconstruir este medio, el hecho, que se produjo cuando perforaban en un yacimiento de YPF, buscó ser "acallado" cuando le cortaron la señal en sus celulares a los presenciaron el hecho.
Fueron un total de 36 horas donde los operarios que trabajaban en el lugar no pudieron evitar que el "diesel", uno de los componentes que se extrae de los pozos de hidrocarburos, afectaran un total de 45 hectáreas en la zona de Bandurrias Sur, en el pozo denominado como La Caverna 26, a 11 kilómetros de Añelo y a 100 de Neuquén capital.
Según pudo conocer El Intransigente, ante la crítica situación, la empresa quiso evitar que se filtrara la información a los medios y "le cortaron la señal a los operarios para que no trascienda". Sin embargo, ante los datos que llegaron a los medios, la empresa emitió un escueto comunicado. "Un pozo en perforación sufrió una surgencia de hidrocarburos (afloramiento) durante el proceso de extracción de una corona. Se trazó un perímetro de seguridad y se avanza junto a empresas especializadas para remediar la situación", relataron en el escrito.
De todas maneras, a pesar de los dichos de la empresa que buscaron tranquilizar a la sociedad, y sobre todo a los pobladores cercanos, lo cierto es que esta situación afectó 8 hectáreas de manera directa y las 37 restantes tuvieron afectaciones medianas y bajas. Por lo cual, la Secretaría de Ambiente de Neuquén se dispuso a recorrer la zona para conocer cuál es la situación, que, por suerte, no tuvo heridos y tampoco poblaciones damnificadas.
Otra situación es la que tendrá que enfrentar el medio ambiente, ya que sea "Diesel" o petróleo, el contaminante se expandió en la zona. Según explicó una fuente a El Intransigente, actualmente existe una suerte de barrera de acceso a esa zona, donde "los operarios son requisados para evitar que ingresen con elementos que puedan hacer chispas, y las camionetas se tienen que estacionar a 3 kilómetros" y así evitar mayores problemas.
"Están limpiando todo", aseguró en exclusiva a este medio. Es que según se conoció, el trabajo de remediación, nombre que usan dentro de la industria para referirse a las tareas que realizarán para subsanar esta situación, se extenderá por unos 8 meses, contará con unos 110 operarios, 20 camiones y 4 máquinas viales.
Donde hubo un mayor impacto, que fue en la zona contigua al pozo donde se ubican maquinarias, equipos de perforación, vehículos y containers que sirven tanto como oficinas, dormitorios y comedores, se continuará recuperando crudo mediante piletas, de las cuales ya recuperaron unos 2 mil m³ áridos de hidrocarburo y lodo. Mientras que a medida que vayan alejándose del centro, se realizarán diferentes mecanismos donde se usarán detergentes biodegradable y el resto se hará a mano.
"La idea es reforestar donde fue afectado, y una vez que esté todo saneado, se va a seguir con la perforación y van a poner todo en marcha", le confiaron a El Intransigente. “YPF informa que los máximos responsables de la compañía en materia operativa y ambiental se encuentran abocados a coordinar las tareas, junto con las autoridades provinciales, para llevar adelante los trabajos de limpieza y remediación de la zona afectada por el derrame”, explicó la empresa en otro comunicado.
“El plan de remediación ya fue presentado a la Subsecretaría de Ambiente de Neuquén y el mismo se implementará en forma ininterrumpida hasta finalizar los trabajos bajo el liderazgo de los técnicos de medio ambiente de YPF y bajo el monitoreo y control de la autoridad provincial”, resaltaron en el documento. De todas maneras, a pesar de los planes de reparación medioambiental, y de los planes a futuro que tiene este bastión para el macrismo, desde la provincia de Neuquén advirtieron que YPF deberá afrontar una cuantiosa multa por las catastróficas consecuencias que tendrán los recursos naturales.
Más Información:
InfoNews. Multarán a YPF por el derrame de petróleo sobre 80 hectáreas en Vaca Muerta
La subsecretaría de Medio Ambiente de Neuquén confirmó que confiscará el pozo del imperfecto hasta nuevo aviso y sancionará con dinero a la empresa estatal, que deberá biorremediar la zona afectada.
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Presentaron el corredor del Delta del Paraná
Fue presentado el “Corredor de Biodiversidad” en el Delta del Paraná
Fecha de Publicación: 04/11/2018
Fuente: El Santafesino
Provincia/Región: Litoral
El proyecto se propone generar mayores niveles de cooperación y articulación entre las áreas naturales protegidas. Las más de 30 áreas protegidas de la región ocupan en su conjunto una superficie mayor a las 487.000 hectáreas, y su funcionamiento es de vital importancia para la protección de los humedales de la Cuenca del Plata.
En la localidad de Puerto Gaboto, autoridades nacionales y provinciales participaron del lanzamiento del proyecto del “Corredor de Biodiversidad del Delta del Paraná”, en el marco del Plan Integral Estratégico para la Conservación y el Aprovechamiento Sostenible de la región Delta del Paraná-PIECAS, coordinado por el gobierno nacional y las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe.
El evento contó con la participación de la directora nacional de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio, Dolores Duverges, de Gustavo Cerafini de coordinación de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, y el ministro de Medio Ambiente de la provincia de Santa Fe, Jacinto Speranza. Además, estuvieron presentes autoridades de los organismos ambientales de las provincias de Entre Ríos y Buenos Aires.
Promovido por Wetlands International, el proyecto “Corredor de Biodiversidad del Delta del Paraná” se propone generar mayores niveles de cooperación y articulación entre las áreas naturales protegidas. Las más de 30 áreas protegidas de la región ocupan en su conjunto una superficie mayor a las 487.000 hectáreas, y su funcionamiento es de vital importancia para la protección de los humedales de la Cuenca del Plata.
El PIECAS, entendido como el acuerdo estratégico para la gestión del Delta del Paraná, se propuso entre sus objetivos desarrollar este sistema de corredor de biodiversidad, cumpliendo un papel estratégico para la conservación y uso sustentable del Delta de Paraná.
Este proyecto se desarrolla en el marco del Programa Corredor Azul de la oficina argentina de Wetlands International, un programa a 10 años que se propone asegurar la conectividad y la salud de los Humedales del corredor fluvial Paraná-Paraguay.
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Fecha de Publicación: 04/11/2018
Fuente: El Santafesino
Provincia/Región: Litoral
El proyecto se propone generar mayores niveles de cooperación y articulación entre las áreas naturales protegidas. Las más de 30 áreas protegidas de la región ocupan en su conjunto una superficie mayor a las 487.000 hectáreas, y su funcionamiento es de vital importancia para la protección de los humedales de la Cuenca del Plata.
En la localidad de Puerto Gaboto, autoridades nacionales y provinciales participaron del lanzamiento del proyecto del “Corredor de Biodiversidad del Delta del Paraná”, en el marco del Plan Integral Estratégico para la Conservación y el Aprovechamiento Sostenible de la región Delta del Paraná-PIECAS, coordinado por el gobierno nacional y las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe.
El evento contó con la participación de la directora nacional de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio, Dolores Duverges, de Gustavo Cerafini de coordinación de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, y el ministro de Medio Ambiente de la provincia de Santa Fe, Jacinto Speranza. Además, estuvieron presentes autoridades de los organismos ambientales de las provincias de Entre Ríos y Buenos Aires.
Promovido por Wetlands International, el proyecto “Corredor de Biodiversidad del Delta del Paraná” se propone generar mayores niveles de cooperación y articulación entre las áreas naturales protegidas. Las más de 30 áreas protegidas de la región ocupan en su conjunto una superficie mayor a las 487.000 hectáreas, y su funcionamiento es de vital importancia para la protección de los humedales de la Cuenca del Plata.
El PIECAS, entendido como el acuerdo estratégico para la gestión del Delta del Paraná, se propuso entre sus objetivos desarrollar este sistema de corredor de biodiversidad, cumpliendo un papel estratégico para la conservación y uso sustentable del Delta de Paraná.
Este proyecto se desarrolla en el marco del Programa Corredor Azul de la oficina argentina de Wetlands International, un programa a 10 años que se propone asegurar la conectividad y la salud de los Humedales del corredor fluvial Paraná-Paraguay.
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Formosa llama a proyectos de restauración de bosques
Lanzaron convocatoria para proyectos de restauración de bosques nativos
Fecha de Publicación: 04/11/2018
Fuente: La Mañana de Formosa
Provincia/Región: Formosa
Este domingo por la mañana se realizó el lanzamiento de la “Segunda Convocatoria del Plan Nacional de Restauración de Bosques Nativos”. La propuesta es propiciada a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, en conjunto con el Ministerio de la Producción y Ambiente (MPyA) provincial, con el objetivo de abrir la convocatoria a proyectos de restauración de bosques en Formosa y Chaco.
Encabezada por el ministro de la Producción, Raúl Quintana; el director de Bosques de Nación, Juan Pedro Cano; los subsecretarios de Recursos Naturales de Chaco, Luciano Olivares; el de Producción Sustentable, Alejandro García; y el director de Recursos Naturales y Gestión, Julio Soupet, se llevó a cabo esta presentación en el salón del FONFIPRO.
El director de Bosques de Ambiente de Nación, Juan Cano, en diálogo con la prensa, apuntó que “para la provincia de Formosa y del Chaco -además de Misiones, Jujuy y Salta-, se espera poder financiar de mínima alrededor de 900 hectáreas de bosques nativos. Implica financiamiento de al menos el primer año de ejecución del proyecto y lo que puede ser producción de plantas, establecimiento de cerramientos y capacitación”.
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Fecha de Publicación: 04/11/2018
Fuente: La Mañana de Formosa
Provincia/Región: Formosa
Este domingo por la mañana se realizó el lanzamiento de la “Segunda Convocatoria del Plan Nacional de Restauración de Bosques Nativos”. La propuesta es propiciada a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, en conjunto con el Ministerio de la Producción y Ambiente (MPyA) provincial, con el objetivo de abrir la convocatoria a proyectos de restauración de bosques en Formosa y Chaco.
Encabezada por el ministro de la Producción, Raúl Quintana; el director de Bosques de Nación, Juan Pedro Cano; los subsecretarios de Recursos Naturales de Chaco, Luciano Olivares; el de Producción Sustentable, Alejandro García; y el director de Recursos Naturales y Gestión, Julio Soupet, se llevó a cabo esta presentación en el salón del FONFIPRO.
El director de Bosques de Ambiente de Nación, Juan Cano, en diálogo con la prensa, apuntó que “para la provincia de Formosa y del Chaco -además de Misiones, Jujuy y Salta-, se espera poder financiar de mínima alrededor de 900 hectáreas de bosques nativos. Implica financiamiento de al menos el primer año de ejecución del proyecto y lo que puede ser producción de plantas, establecimiento de cerramientos y capacitación”.
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Quedó en firme la prohibición de fumigar las escuelas
La Justicia dejó firme la 'prohibición de fumigar las escuelas'
Fecha de Publicación: 03/11/2018
Fuente: Noticia Uno
Provincia/Región: Entre Ríos
El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos falló a favor de los ambientalistas. No se puede fumigar en inmediaciones de escuelas rurales. Otro fallo histórico en defensa del medio ambiente.
De esta manera se rechazó la nulidad solicitada por el gobierno en la apelación a la sentencia de la Sala ll de la Cámara Segunda de Paraná.
En un extenso fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) el máximo órgano judicial resolvió confirmar la sentencia de la Cámara Segunda de Paraná, Sala II presidida por Oscar Daniel Benedetto y de esta manera quedó prohibido todo tipo de fumigación aérea (tres mil metros) y terrestre (mil metros) en inmediaciones de escuelas rurales.
Según la sentencia firmada por Daniel Carubia, Miguel Giorgio y Claudia Mizawak, se rechazó la nulidad solicitada por el gobierno provincial en su apelación pero se hizo lugar parcialmente a lo expuesto por el Consejo General de Educación (CGE) en cuanto a la condena contra el organismo para que plante barreras vegetales "y confirmar el resto de la sentencia dictada". Es decir, salvo por la imposición para que el CGE se encargue de la protección en los alrededores de las instituciones, la prohibición de la fumigación de las escuelas quedó firme.
Es otro fallo histórico a favor de la lucha ambiental y la defensa de la vida impulsada por la Coordinadora Basta es Basta. El amparo ambiental firmado por el Foro Ambiental y AGMER obtuvo luz verde en el máximo tribunal de Justicia.
La decisión del máximo órgano judicial de la provincia se tomó este lunes 29 de octubre en la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal, en los autos caratulados “Foro Ecologista de Paraná y Otra c/Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos y Otros s/Acción de Amparo”. El voto fundamentado fue el de Miguel Giorgio.
Las cuestiones planteadas para resolver en la sentencia fueron dos: si existe nulidad y qué cabe resolver. Sobre el primer punto para desentrañar, el juez consideró que “en un examen ex officio de las actuaciones y de acuerdo al planteo central que han formulado las partes, no se constata la presencia de vicios con entidad y trascendencia suficiente para justificar una sanción nulificante en este estadio del proceso, sin perder de vista a todo esto que tampoco se ha invocado la existencia de causal alguna que genere esa consecuencia procesal”. Al pronunciamiento adhirieron los dos vocales Mizawak y Carubia.
Sobre la segunda cuestión a resolver, Giorgio recordó el fallo de Benedetto en la Cámara Segunda de Paraná. En esa instancia, además de las limitaciones ratificadas se exhortó al Estado provincial para que, a través de sus reparticiones “efectúe en forma exhaustiva y sostenida en el tiempo, los estudios que permitan delinear pautas objetivas en torno al uso racional de químicos y agroquímicos, poniendo el acento precisamente en la prevención de los daños; y a realizar una correcta evaluación que permita determinar el estado de situación actual de contaminación, como paso imprescindible para identificar las medidas que deben adoptarse, su idoneidad y los espacios que deben mejorarse”. “Condenar al Estado provincial y al Consejo General Educación (CGE) a que en el plazo de dos (2) años contados desde la presente, procedan a implantar barreras vegetales a una distancia de ciento cincuenta metros (150 mts.) de todas las escuelas rurales de la Provincia, con las especificaciones detalladas en los considerandos. Suspender de inmediato las aplicaciones de productos fitosanitarios en las áreas sembradas lindantes a las escuelas rurales, en horario de clases, debiendo efectuarse las aplicaciones en horarios de contra turno y/o fines de semana, a modo de asegurar la ausencia de los alumnos y personal docente y no docente en los establecimientos durante las fumigaciones”.
Agregó Giorgio que “contra ese pronunciamiento se interpuso recurso de apelación” porque la “sentencia no respetó el principio de congruencia”. En el mismo recurso se aludió “a la Ley de Plaguicidas Nº 6599” y se manifestó que “es la Secretaría de Producción y no su representado quien se encuentra legitimado para llevar adelante las medidas dispuestas”. Asimismo se refirió a “la existencia de prueba suficiente que acredita que su representada lleva adelante programas de formación de docentes ante esta temática, como así también la difusión del Protocolo de Acción ante Pulverizaciones”.
El fiscal Adjunto de la Fiscalía de Estado de la provincia, Sebastián M. Trinadori, sumó argumentos a esa apelación. Dijo que “la cantidad de hectáreas que resultan improductivas considerando que de acuerdo al informe del Consejo General de Educación, existen 832 escuelas primarias y 137 secundarias que se encuentran en ámbitos rurales”. Se reconoció también “la importancia de adoptar medidas tendientes al cuidado de la salud de la población pero entendiendo que la vía del amparo no es la adecuada debido a la complejidad técnica y jurídica del caso”, entre otros argumentos del fiscal Adjunto del Estado.
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Fecha de Publicación: 03/11/2018
Fuente: Noticia Uno
Provincia/Región: Entre Ríos
El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos falló a favor de los ambientalistas. No se puede fumigar en inmediaciones de escuelas rurales. Otro fallo histórico en defensa del medio ambiente.
De esta manera se rechazó la nulidad solicitada por el gobierno en la apelación a la sentencia de la Sala ll de la Cámara Segunda de Paraná.
En un extenso fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) el máximo órgano judicial resolvió confirmar la sentencia de la Cámara Segunda de Paraná, Sala II presidida por Oscar Daniel Benedetto y de esta manera quedó prohibido todo tipo de fumigación aérea (tres mil metros) y terrestre (mil metros) en inmediaciones de escuelas rurales.
Según la sentencia firmada por Daniel Carubia, Miguel Giorgio y Claudia Mizawak, se rechazó la nulidad solicitada por el gobierno provincial en su apelación pero se hizo lugar parcialmente a lo expuesto por el Consejo General de Educación (CGE) en cuanto a la condena contra el organismo para que plante barreras vegetales "y confirmar el resto de la sentencia dictada". Es decir, salvo por la imposición para que el CGE se encargue de la protección en los alrededores de las instituciones, la prohibición de la fumigación de las escuelas quedó firme.
Es otro fallo histórico a favor de la lucha ambiental y la defensa de la vida impulsada por la Coordinadora Basta es Basta. El amparo ambiental firmado por el Foro Ambiental y AGMER obtuvo luz verde en el máximo tribunal de Justicia.
La decisión del máximo órgano judicial de la provincia se tomó este lunes 29 de octubre en la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal, en los autos caratulados “Foro Ecologista de Paraná y Otra c/Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos y Otros s/Acción de Amparo”. El voto fundamentado fue el de Miguel Giorgio.
Las cuestiones planteadas para resolver en la sentencia fueron dos: si existe nulidad y qué cabe resolver. Sobre el primer punto para desentrañar, el juez consideró que “en un examen ex officio de las actuaciones y de acuerdo al planteo central que han formulado las partes, no se constata la presencia de vicios con entidad y trascendencia suficiente para justificar una sanción nulificante en este estadio del proceso, sin perder de vista a todo esto que tampoco se ha invocado la existencia de causal alguna que genere esa consecuencia procesal”. Al pronunciamiento adhirieron los dos vocales Mizawak y Carubia.
Sobre la segunda cuestión a resolver, Giorgio recordó el fallo de Benedetto en la Cámara Segunda de Paraná. En esa instancia, además de las limitaciones ratificadas se exhortó al Estado provincial para que, a través de sus reparticiones “efectúe en forma exhaustiva y sostenida en el tiempo, los estudios que permitan delinear pautas objetivas en torno al uso racional de químicos y agroquímicos, poniendo el acento precisamente en la prevención de los daños; y a realizar una correcta evaluación que permita determinar el estado de situación actual de contaminación, como paso imprescindible para identificar las medidas que deben adoptarse, su idoneidad y los espacios que deben mejorarse”. “Condenar al Estado provincial y al Consejo General Educación (CGE) a que en el plazo de dos (2) años contados desde la presente, procedan a implantar barreras vegetales a una distancia de ciento cincuenta metros (150 mts.) de todas las escuelas rurales de la Provincia, con las especificaciones detalladas en los considerandos. Suspender de inmediato las aplicaciones de productos fitosanitarios en las áreas sembradas lindantes a las escuelas rurales, en horario de clases, debiendo efectuarse las aplicaciones en horarios de contra turno y/o fines de semana, a modo de asegurar la ausencia de los alumnos y personal docente y no docente en los establecimientos durante las fumigaciones”.
Agregó Giorgio que “contra ese pronunciamiento se interpuso recurso de apelación” porque la “sentencia no respetó el principio de congruencia”. En el mismo recurso se aludió “a la Ley de Plaguicidas Nº 6599” y se manifestó que “es la Secretaría de Producción y no su representado quien se encuentra legitimado para llevar adelante las medidas dispuestas”. Asimismo se refirió a “la existencia de prueba suficiente que acredita que su representada lleva adelante programas de formación de docentes ante esta temática, como así también la difusión del Protocolo de Acción ante Pulverizaciones”.
El fiscal Adjunto de la Fiscalía de Estado de la provincia, Sebastián M. Trinadori, sumó argumentos a esa apelación. Dijo que “la cantidad de hectáreas que resultan improductivas considerando que de acuerdo al informe del Consejo General de Educación, existen 832 escuelas primarias y 137 secundarias que se encuentran en ámbitos rurales”. Se reconoció también “la importancia de adoptar medidas tendientes al cuidado de la salud de la población pero entendiendo que la vía del amparo no es la adecuada debido a la complejidad técnica y jurídica del caso”, entre otros argumentos del fiscal Adjunto del Estado.
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Ahora parece que el Limay no está contaminado
Prefectura aseguró que el Limay no está contaminado
Fecha de Publicación: 03/11/2018
Fuente: La Mañana de Neuqu én
Provincia/Región: Neuqu én
Prefectura Naval Argentina no detectó índices de contaminación en la Planta de Tratamiento de Efluentes Tronador, que descarga sus líquidos en el río Limay.
La novedad fue trasmitida días atrás por el EPAS, que accedió a un informe bactereológico del muestreo en cuestión, realizado por el organismo hace dos meses, precisamente el 21 de agosto.
El informe asegura que tanto los parámetros de materia orgánica y los coliformes totales como la demanda bioquímica de oxígeno (DBO) están dentro de los niveles normales.
Según consta en el informe, las muestras obtenidas fueron enviadas a analizar con la cadena de custodia específica al Laboratorio Químico dependiente del Departamento Científico Pericial de Prefectura.
Los resultados certifican que, en relación con los límites permisibles de vertido de efluentes según Anexo II del Decreto Reglamentario 790/99 de la Provincia de Neuquén, “los valores obtenidos se encuentran dentro de los límites permisibles para metales pesados, hidrocarburos, coliformes totales, coliformes fecales y Escherichia coli”.
Si bien la muestra se realizó hace dos meses y en un determinado período en relación con el nivel del río Limay, el EPAS se encargó de difundir la novedad como positiva, en el contexto de la mira social que hay sobre la contaminación de los balnearios y las aguas públicas.
“El personal técnico de Prefectura, luego de la recorrida en las instalaciones de Tronador, pudo comprobar el normal funcionamiento del sistema con todas las fases de proceso”, explicó el presidente del EPAS, Mauro Millán.
Agregó que esto “confirma las condiciones óptimas de funcionamiento y por ende la calidad de vertido de la planta”, y sostuvo que están satisfechos con los resultados de los análisis del muestreo.
Se espera que los controles sigan en forma permanente, durante todas las etapas del año.
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Fecha de Publicación: 03/11/2018
Fuente: La Mañana de Neuqu én
Provincia/Región: Neuqu én
Prefectura Naval Argentina no detectó índices de contaminación en la Planta de Tratamiento de Efluentes Tronador, que descarga sus líquidos en el río Limay.
La novedad fue trasmitida días atrás por el EPAS, que accedió a un informe bactereológico del muestreo en cuestión, realizado por el organismo hace dos meses, precisamente el 21 de agosto.
El informe asegura que tanto los parámetros de materia orgánica y los coliformes totales como la demanda bioquímica de oxígeno (DBO) están dentro de los niveles normales.
Según consta en el informe, las muestras obtenidas fueron enviadas a analizar con la cadena de custodia específica al Laboratorio Químico dependiente del Departamento Científico Pericial de Prefectura.
Los resultados certifican que, en relación con los límites permisibles de vertido de efluentes según Anexo II del Decreto Reglamentario 790/99 de la Provincia de Neuquén, “los valores obtenidos se encuentran dentro de los límites permisibles para metales pesados, hidrocarburos, coliformes totales, coliformes fecales y Escherichia coli”.
Si bien la muestra se realizó hace dos meses y en un determinado período en relación con el nivel del río Limay, el EPAS se encargó de difundir la novedad como positiva, en el contexto de la mira social que hay sobre la contaminación de los balnearios y las aguas públicas.
“El personal técnico de Prefectura, luego de la recorrida en las instalaciones de Tronador, pudo comprobar el normal funcionamiento del sistema con todas las fases de proceso”, explicó el presidente del EPAS, Mauro Millán.
Agregó que esto “confirma las condiciones óptimas de funcionamiento y por ende la calidad de vertido de la planta”, y sostuvo que están satisfechos con los resultados de los análisis del muestreo.
Se espera que los controles sigan en forma permanente, durante todas las etapas del año.
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Chubut implementaría audiencias públicas para minería
Chubut avanzará en aprobar audiencias públicas para discutir si permite la minería
Fecha de Publicación: 03/11/2018
Fuente: Agencia ADN Sur
Provincia/Región: Chubut
La Cámara de Diputados de Chubut apunta a debatir en próximas sesiones el proyecto de “audiencias públicas” sobre proyectos de explotación minera en la provincia, dijo este lunes el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Manuel Pagliaroni.
Se trata del Reglamento para la celebración de Audiencias Públicas Legislativas que está en estudio en esa comisión y en la de Medio Ambiente, explicó a Télam.
“Están los números suficientes en la Legislatura para tratar el proyecto en las próximas sesiones porque hace rato está en comisión”, apuntó el diputado de Cambiemos.
“Ni bien se logre eso, se avanzará con el debate sobre la minería en general, para lo cual se invitará -con un protocolo establecido- a especialistas en todas las temáticas a fin de que opinen a favor y en contra y tener una posición tomada antes de fin de año”, agregó.
Pagliaroni señaló que la semana pasada legisladores provinciales, dirigentes del sindicato de petroleros y funcionarios nacionales trataron el asunto en Buenos Aires en una reunieron con el presidente Mauricio Macri.
Este lunes a la mañana, el diputado Jerónimo García (Chubut Somos Todos) informó en ADNSUR que hubo un apriete de Macri para que se retome la posibilidad de avanzar en proyectos mineros en Chubut. García informó que “fuimos compelidos a tomar una decisión” y sostuvo que “entendemos la posición pero es un recurso de la provincia y los tiempos los va a definir la provincia”. Además, remarcó que “hay que garantizar el tema ambiental”.
García informó que “fuimos compelidos a tomar una decisión. Explicamos la situación de la provincia, la falta de licencia social, la falta de que tiene que ser una cuestión que tenga un consenso determinado y provechoso para la provincia, que estamos dispuestos al debate que es positivo, pero hay que respetar los tiempos sociales sin descuidar el tema económico porque la ley que fija los márgenes de regalías es muy exigua y se pretende otra cosa”.
“El tema minero es de especial atención del gobierno nacional y entendemos la posición pero es un recurso de la provincia y los tiempos los va a definir la provincia”, remarcó.
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Encuentran otros 23 cóndores envenenados
Otros 23 cóndores aparecieron muertos por envenenamiento en la Patagonia y advierten que se acelera el peligro de extinción
Fecha de Publicación: 02/11/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Patagonia
Este lunes por la mañana se registraron otros dos casos de muerte masiva de cóndores, esta vez en las provincias de Neuquén y Santa Cruz donde murieron, al menos, 23 ejemplares de la especie que está en serio peligro de extinción. El veneno que provocó la muerte de los animales fue un poderoso agrotóxico cuya venta está prohibida en el país. Estos casos se suman a las muertes masivas ocurridas en Jujuy y Mendoza.
El uso ilegal de agrotóxicos está diezmando las poblaciones naturales del Cóndor andino con un impacto fulminante y en poco más de un año, al menos, 90 aves de esta especie murieron por envenenamiento. Esto genera muertes masivas a un ritmo que amenaza de extinción a la especie.
Uno de los casos registrados en las últimas horas sucedió en la localidad de Manzano Amargo, Chos Malal, provincia de Neuquén, donde al menos 13 individuos fueron hallados muertos.
Gracias a información que dieran los pobladores se coordinó el procedimiento entre el gobierno local y la Policía Rural, Guardafaunas y la Dirección General de Coordinación Operativa que encontraron los cuerpos, realizaron necropsias, tomaron muestras para estudios toxicológicos y sanearon la zona para que no haya que lamentar nuevas víctimas. Allí encontraron, además, cadáveres de aves rapaces, gatos, perros y vacas muertas, usadas como cebo.
Los estudios toxicológicos, realizados por Fundación Bioandina Argentina, determinaron que la muerte fue causada por la ingesta de un poderoso agrotóxico organofosforado, cuyo uso está prohibido en el país.
El otro episodio lamentable sucedió en Santa Cruz. Al menos 10 aves de esta especie, amenazada y considerada Monumento Natural Provincial, fueron halladas muertas en una zona cercana a Cueva de las Manos, en la localidad de Perito Moreno.
A partir de información suministrada por Aves Argentinas, especialistas de la Fundación Bioandina Argentina, montaron un rápido operativo con autoridades del Consejo Agrario Provincial, Fauna Provincia y el apoyo de los pobladores locales, para poder acceder a los cadáveres, tomar muestras para estudios toxicológicos y sanear la zona para no tener que sufrir nuevas víctimas. En el lugar, además de los cóndores, fueron halladas varias ovejas muertas usadas como cebo.
"Desgraciadamente, algunos pobladores rurales ilegalmente siguen usando veneno para tratar de controlar grandes carnívoros, como pumas, zorros e incluso perros. Con ello no solo causan la muerte de especies carroñeras, encargadas de mantener la limpieza del ambiente, sino también contaminan el suelo, el agua y ponen en peligro todas las formas de vida, incluso la humana", aseguran desde Fundación Bioandina.
Además, pusieron el alerta en el uso de esos poderosos venenos: "Los numerosos casos ocurridos en todo el país dejan al descubierto que cualquier persona, en cualquier lugar, accede libremente a estos peligrosos venenos, para usarlos con cualquier propósito".
Los casos de muerte masiva fueron presentados ante la Fiscalía de Estado, el Consejo Federal de Medio Ambiente, la Secretaría de Ambiente Nación y autoridades de fauna provincial, para que se estudien en profundidad y se apliquen medidas preventivas.
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Fecha de Publicación: 02/11/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Patagonia
Este lunes por la mañana se registraron otros dos casos de muerte masiva de cóndores, esta vez en las provincias de Neuquén y Santa Cruz donde murieron, al menos, 23 ejemplares de la especie que está en serio peligro de extinción. El veneno que provocó la muerte de los animales fue un poderoso agrotóxico cuya venta está prohibida en el país. Estos casos se suman a las muertes masivas ocurridas en Jujuy y Mendoza.
El uso ilegal de agrotóxicos está diezmando las poblaciones naturales del Cóndor andino con un impacto fulminante y en poco más de un año, al menos, 90 aves de esta especie murieron por envenenamiento. Esto genera muertes masivas a un ritmo que amenaza de extinción a la especie.
Uno de los casos registrados en las últimas horas sucedió en la localidad de Manzano Amargo, Chos Malal, provincia de Neuquén, donde al menos 13 individuos fueron hallados muertos.
Gracias a información que dieran los pobladores se coordinó el procedimiento entre el gobierno local y la Policía Rural, Guardafaunas y la Dirección General de Coordinación Operativa que encontraron los cuerpos, realizaron necropsias, tomaron muestras para estudios toxicológicos y sanearon la zona para que no haya que lamentar nuevas víctimas. Allí encontraron, además, cadáveres de aves rapaces, gatos, perros y vacas muertas, usadas como cebo.
Los estudios toxicológicos, realizados por Fundación Bioandina Argentina, determinaron que la muerte fue causada por la ingesta de un poderoso agrotóxico organofosforado, cuyo uso está prohibido en el país.
El otro episodio lamentable sucedió en Santa Cruz. Al menos 10 aves de esta especie, amenazada y considerada Monumento Natural Provincial, fueron halladas muertas en una zona cercana a Cueva de las Manos, en la localidad de Perito Moreno.
A partir de información suministrada por Aves Argentinas, especialistas de la Fundación Bioandina Argentina, montaron un rápido operativo con autoridades del Consejo Agrario Provincial, Fauna Provincia y el apoyo de los pobladores locales, para poder acceder a los cadáveres, tomar muestras para estudios toxicológicos y sanear la zona para no tener que sufrir nuevas víctimas. En el lugar, además de los cóndores, fueron halladas varias ovejas muertas usadas como cebo.
"Desgraciadamente, algunos pobladores rurales ilegalmente siguen usando veneno para tratar de controlar grandes carnívoros, como pumas, zorros e incluso perros. Con ello no solo causan la muerte de especies carroñeras, encargadas de mantener la limpieza del ambiente, sino también contaminan el suelo, el agua y ponen en peligro todas las formas de vida, incluso la humana", aseguran desde Fundación Bioandina.
Además, pusieron el alerta en el uso de esos poderosos venenos: "Los numerosos casos ocurridos en todo el país dejan al descubierto que cualquier persona, en cualquier lugar, accede libremente a estos peligrosos venenos, para usarlos con cualquier propósito".
Los casos de muerte masiva fueron presentados ante la Fiscalía de Estado, el Consejo Federal de Medio Ambiente, la Secretaría de Ambiente Nación y autoridades de fauna provincial, para que se estudien en profundidad y se apliquen medidas preventivas.
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Potasio Río Colorado, minería que sigue reflotándose
Cornejo busca inversores chinos para reactivar la mina de potasio de Malargüe
Fecha de Publicación: 02/11/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
El proyecto de Vale quedó suspendido en 2013. Esta semana el ministro Martín Kerchner busca tentar a una empresa.
El Gobierno provincial no se olvida del proyecto trunco minero Potasio Río Colorado, al sur de Malargüe, que se suspendió a mediados del 2013, costó una pérdida de al menos 3.000 puestos de trabajo. Durante una misión a China, que se desarrollará esta semana, el Ministerio de Economía intentará reflotarlo, o al menos dejar sentadas las bases para lograr una reactivación con inversiones concretas.
Según informó el ministro Martín Kerchner, se reunirán con dirigentes de la empresa Shangai Potash Engineering Research Center, encargada del control y entrada de potasio en el país asiático.
Junto a él, estará el subsecretario de Energía, Emilio Guiñazú, y explicarán a los potenciales inversores la reingeniería del proyecto, que fue iniciado por la empresa brasileña Vale en 2009, y que debió suspenderlo a mediados del 2013, a causa de problemas económicos de la empresa y de la abrupta caída del precio del potasio a nivel mundial, lo que quitó rentabilidad al proyecto.
Según el funcionario, China consume 14 millones de toneladas de potasio, y produce poco menos de la mitad, por lo que lo demás lo importa. “El precio del potasio está planchado, y nuestro panorama nos indica que seguirá así por un tiempo. Buscamos cerrar el esquema del negocio para que la operación se haya vendido, y así, una vez que suba el valor del potasio, esté todo listo para que se operativice”, agregó el ministro.
El valor del cloruro de potasio rondaba los 500 dólares por tonelada en 2013, pero actualmente se encuentra en los U$S215. Su pico igual fue en 2009 -cuando llegó Vale-, con un precio por tonelada de casi U$S900.
Reingeniería y problemas
Luego de la estrepitosa suspensión del proyecto, la empresa debió trabajar para modificarlo y hacerlo rentable, ya que como estaba pensado de manera primigenia no era viable.
De hecho, se acordó que el nuevo emprendimiento se achicaría a un tercio de lo que se había programado. Según cuenta la edición de este diario de abril del 2016, en vez de una inversión de U$S6.300 millones, bajaría a un desembolso de U$S1.300 millones; y la producción de sales de potasio rondaría 1,3 millón de toneladas por año, un número sensiblemente menor a los 4 millones proyectados en un primer momento.
De hecho, se acordó que Vale vendería el proyecto en Malargüe a inversores, para que continuara la posta con su posterior desarrollo.
Kerchner contó que en primer lugar se contrató a una reconocida consultora canadiense, Hatch, para hacer los estudios de factibilidad con los costos, logística de todo el proceso y los posibles beneficios.
“Los resultados no fueron positivos, porque debía hacerse una gran inversión en logística, para llevar el potasio al puerto”, detalló el ministro de Economía. En el proyecto original, se preveía la construcción -con una inversión de 500 millones de dólares- de una línea de tren 400 kilómetros desde la minera para trasladar el potasio y así conectarla con la traza actual de la red, para exportar el producto desde el puerto de Bahía Blanca.
Se llegó a un convenio en febrero de este año entre el presidente de YPF, Miguel Ángel Gutiérrez; el gobierno nacional, el local y Vale; en el cual solamente se construirían 120 kilómetros de líneas de tren hasta Añelo (Neuquén), pasando por Chinchinales. El recorrido sería entonces por el ferrocarril Roca, el cual el ministerio de Transporte refuncionalizó para hacer rentable Vaca Muerta.
“Esa solución reduce la inversión en un 50 por ciento, ya que además, es funcional a YPF, porque la carga del tren vendría con arena hasta Vaca Muerta, y se iría hacia el puerto de Bahía Blanca con potasio”, acotó Kerchner.
No obstante, hay aún otra propuesta superadora, que es la de utilizar los llamados "bitrenes" para que recorran los 120 kilómetros en una ruta con un camino consolidado, y así ahorrar el costo de la línea del tren.
“Hasta allí hemos llegado. Queremos estar preparados con un proyecto rentable para cuando suba el precio del potasio en el mercado”, finalizó Kerchner.
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Fecha de Publicación: 02/11/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
El proyecto de Vale quedó suspendido en 2013. Esta semana el ministro Martín Kerchner busca tentar a una empresa.
El Gobierno provincial no se olvida del proyecto trunco minero Potasio Río Colorado, al sur de Malargüe, que se suspendió a mediados del 2013, costó una pérdida de al menos 3.000 puestos de trabajo. Durante una misión a China, que se desarrollará esta semana, el Ministerio de Economía intentará reflotarlo, o al menos dejar sentadas las bases para lograr una reactivación con inversiones concretas.
Según informó el ministro Martín Kerchner, se reunirán con dirigentes de la empresa Shangai Potash Engineering Research Center, encargada del control y entrada de potasio en el país asiático.
Junto a él, estará el subsecretario de Energía, Emilio Guiñazú, y explicarán a los potenciales inversores la reingeniería del proyecto, que fue iniciado por la empresa brasileña Vale en 2009, y que debió suspenderlo a mediados del 2013, a causa de problemas económicos de la empresa y de la abrupta caída del precio del potasio a nivel mundial, lo que quitó rentabilidad al proyecto.
Según el funcionario, China consume 14 millones de toneladas de potasio, y produce poco menos de la mitad, por lo que lo demás lo importa. “El precio del potasio está planchado, y nuestro panorama nos indica que seguirá así por un tiempo. Buscamos cerrar el esquema del negocio para que la operación se haya vendido, y así, una vez que suba el valor del potasio, esté todo listo para que se operativice”, agregó el ministro.
El valor del cloruro de potasio rondaba los 500 dólares por tonelada en 2013, pero actualmente se encuentra en los U$S215. Su pico igual fue en 2009 -cuando llegó Vale-, con un precio por tonelada de casi U$S900.
Reingeniería y problemas
Luego de la estrepitosa suspensión del proyecto, la empresa debió trabajar para modificarlo y hacerlo rentable, ya que como estaba pensado de manera primigenia no era viable.
De hecho, se acordó que el nuevo emprendimiento se achicaría a un tercio de lo que se había programado. Según cuenta la edición de este diario de abril del 2016, en vez de una inversión de U$S6.300 millones, bajaría a un desembolso de U$S1.300 millones; y la producción de sales de potasio rondaría 1,3 millón de toneladas por año, un número sensiblemente menor a los 4 millones proyectados en un primer momento.
De hecho, se acordó que Vale vendería el proyecto en Malargüe a inversores, para que continuara la posta con su posterior desarrollo.
Kerchner contó que en primer lugar se contrató a una reconocida consultora canadiense, Hatch, para hacer los estudios de factibilidad con los costos, logística de todo el proceso y los posibles beneficios.
“Los resultados no fueron positivos, porque debía hacerse una gran inversión en logística, para llevar el potasio al puerto”, detalló el ministro de Economía. En el proyecto original, se preveía la construcción -con una inversión de 500 millones de dólares- de una línea de tren 400 kilómetros desde la minera para trasladar el potasio y así conectarla con la traza actual de la red, para exportar el producto desde el puerto de Bahía Blanca.
Se llegó a un convenio en febrero de este año entre el presidente de YPF, Miguel Ángel Gutiérrez; el gobierno nacional, el local y Vale; en el cual solamente se construirían 120 kilómetros de líneas de tren hasta Añelo (Neuquén), pasando por Chinchinales. El recorrido sería entonces por el ferrocarril Roca, el cual el ministerio de Transporte refuncionalizó para hacer rentable Vaca Muerta.
“Esa solución reduce la inversión en un 50 por ciento, ya que además, es funcional a YPF, porque la carga del tren vendría con arena hasta Vaca Muerta, y se iría hacia el puerto de Bahía Blanca con potasio”, acotó Kerchner.
No obstante, hay aún otra propuesta superadora, que es la de utilizar los llamados "bitrenes" para que recorran los 120 kilómetros en una ruta con un camino consolidado, y así ahorrar el costo de la línea del tren.
“Hasta allí hemos llegado. Queremos estar preparados con un proyecto rentable para cuando suba el precio del potasio en el mercado”, finalizó Kerchner.
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Un parque para curtiembres para el Riachuelo
Harán un parque para 60 curtiembres cerca del Riachuelo
Fecha de Publicación: 02/11/2018
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Riachuelo
Van a hacer el primer Parque Industrial Curtidor (PIC) en Lanús. Estará ubicado en el viejo predio de Acuba, en Olazábal al 3500, Villa Jardín, a menos de diez cuadras del nuevo Puente Lacarra.
Allí, se van a poder instalar unas 60 empresas del rubro, el más importante y característico de la zona. Dentro del predio, habrá recursos para tratar los residuos. Así, buscan evitar que tiren los efluentes al Riachuelo y que se siga contaminando.
Se trata del polo industrial más prometido en el distrito, en el marco de un proyecto que lleva años. El objetivo es darles un marco de control y regulación a las curtiembres, una actividad que puede ser altamente contaminante, y proveerles el acceso a una planta de tratamiento de residuos.
"La construcción del PIC permite concentrar la actividad productiva, favoreciendo un desarrollo y optimización de procesos, buscando la menor contaminación ambiental posible, y permitiendo dirigir los efluentes de manera concentrada a una planta. El tratamiento posibilitará, mediante una economía de escala, acceder a la mejor tecnología disponible ya que la eficiencia en el tratamiento es mayor cuanto más volumen se trata. Se logran además costos de operación bajos, lo que hace que esta respuesta sea sustentable en el tiempo: de nada sirve implementar una solución que económicamente deje fuera de competitividad al sector", afirmaron en ACUMAR.
Además indicaron que el predio tiene un total de 16 hectáreas y en las próximas semanas comenzarán con los trabajos de campo. Por lo tanto, se estima que el parque esté terminado para mediados de 2020. La obra va a demandar 18 meses y va a ser llevada a cabo por la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
Además, harán una planta de tratamiento que llevará 22 meses. En total, la inversión asciende a más de $243 millones y será financiada por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), una institución que forma parte del Banco Mundial.
El diagrama del PIC es una figura rectangular con una calle en el medio circular. En la parte central, según informaron en ACUMAR, habrá un macizo de ocho lotes.
En los laterales, sumarán 14 lotes. Allí, dependiendo del tamaño de las empresas, van a entrar cerca de 60. "En el macizo central las empresas (de forma individual o asociadas) podrán realizar los procesos de pelambre, curtido, semiterminado y terminado (proceso completo), mientras que en los macizos laterales se realizará preferentemente el proceso de semiterminado y terminado. El macizo central producirá los cueros wet blue (curtidos al cromo) que pueden terminarse allí o comercializar el cuero wet blue a las empresas de los macizos laterales para que realicen la terminación de los mismos", precisaron en ACUMAR.
No todas las firmas serán necesariamente de Lanús, pueden instalarse allí también algunas de otros puntos de la cuenca del Riachuelo. En el distrito, los curtiembreros que tienen pymes chicas dudan si tendrán los fondos para mudarse.
Se espera que lo hagan las empresas medianas y grandes, a las que tratar los residuos les demanda mucho dinero.
Para armar el PIC, harán desagües pluviales (los comunes que tiene cualquier calle), que desembocarán al Riachuelo. Pero además, armarán todo un circuito de desagües industriales que separará las aguas que tienen residuos orgánicos de las que además tienen restos de cromo y sulfuros.
En el terreno, tienen que empezar de cero: pondrán una red de cloacas, luz eléctrica y agua. Van a construir calles de circulación interna con calzada de hormigón que se vincularán con un boulevard de acceso y con veredas peatonales.
El parque estará perimetrado con muros y rejas y en la entrada habrá una balanza para el control de ingreso y egreso de camiones.
Para abastecer a las curtiembreras y complementar la red de agua, construirán cinco pozos subterráneos.
El plan representa un avance no solo para los curtiembreros, también para el barrio. Ese terreno estaba sin uso hacía años.
Ahora, apuntan a que la mudanza de las empresas va a ayudar a reactivar los alrededores, que forman parte de una de las zonas más humildes del distrito.
En ACUMAR sostienen que el parque y el tratamiento de los afluentes va a beneficiar de forma directa a 400 mil personas (equivalente a casi la población total de Lanús).
Esto incluye no solo a las que van a usar el parque, sino también a quienes viven cerca del Riachuelo, los vecinos del futuro PIC y a los que hoy tienen una curtiembre a pocos metros de su casa.
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Continúa alocada idea de una hidrovía de irreversible impacto
Hidrovía en Córdoba para transportar carga: los detalles de un proyecto fabuloso
Fecha de Publicación: 01/11/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Se trata de un canal de unos 600 kilómetros planeado desde Arroyito hasta la localidad pampeana de Catriló. La carga se transportaría en barcazas. Será una alternativa a la hidrovía del Paraná, por donde sale el 85% de las exportaciones.
Dos barcazas cargadas de contenedores salen desde un muelle instalado en el río Segundo, a la altura de Arroyito. Pasan después por las cercanías de Bell Ville y La Carlota, para seguir navegando hasta el pueblo pampeano de Catriló, donde esa producción continuará por ferrocarril hasta el puerto de Bahía Blanca para ser exportada.
Tras más de nueve meses de trabajo, un estudio de prefactibilidad realizado por técnicos holandeses plantea que ese canal o hidrovía es posible.
“Así es; es perfectamente posible llevar parte de la producción cordobesa por una vía navegable para ser descargada en un puerto del mar Atlántico; con esta hidrovía se crea una "cinta logística en el centro del país”, explicó a La Voz Pablo Bereciartua, Secretario de Infraestructura y Política Hídrica, oficina que depende del Ministerio del Interior.
Una hidrovía en paralelo a la del Paraná, el canal por el que sale el 85 por ciento de las exportaciones.
El proyecto ha sido bautizado “Hidrovía Continental” y junto con otras iniciativas, será presentado mañana en la “Conferencia Binacional de la Gestión Integral del Agua”, cumbre en la que coincidirán expertos en hidráulica y funcionarios ministeriales holandeses con sus pares argentinos, y donde también se espera la presencia de representantes de las cuatro provincias (Córdoba, La Pampa, Santa Fe y Buenos Aires) involucradas en el trazado de la hidrovía, universidades, cámaras empresariales y gerencias de puertos.
“El presente proyecto plantea un canal de navegación excavado a través de la zona central de la Argentina, como parte de cadenas logísticas que colecten producción agrícola y la transfieran hacia los puertos atlánticos”, afirma el estudio titulado “Hidrovia continental, una propuesta de desarrollo para la Argentina", del que aquí se publican sus lineamientos generales.
Primera etapa
Bereciartua estimó que “la primera etapa de la hidrovía puede ser llevada adelante en tres o cuatro años, lo que ya alcanzaría para despachar parte de la producción por una vía navegable alternativa al Paraná”.
La primera etapa, según una estimación oficial, fue presupuestada en 3 mil millones de dólares. “La mitad del impacto directo que tuvo la sequía este año”, apuntó Bericiartua.
La hidrovía continental, además de abrir un nuevo canal logístico, tiene como principal objetivo “disminuir la vulnerabilidad del centro del territorio argentino al cambio climático”. La región Centro tiene un problema: en el norte santafesino llueve demasiado, hay inundaciones; en el oeste bonaerense falta agua.
“Las inundaciones de esa zona tienen perjuicios de entre 3 mil o 4 mil millones de dólares anuales”, argumentó Bereciartua, para dar cierta dimensión a una obra civil que, dijo, “aunque ambiciosa, finalmente no es tan complicada”.
Características
La traza del canal se extiende por unos 635 kilómetros. Un canal de unos 25 metros de ancho y alrededor de 4 metros de profundidad. El diseño indica que en un extremo de la hidrovía está Arroyito, Córdoba, y en el otro, Catriló, La Pampa. Allí está planificado un nudo transbordador, un “puerto seco”. La carga de la barcaza que navegó por la hidrovía es traspasada al Ferroexpreso Pampeano (ramal bajo concesión de una empresa del grupo Sociedad Comercial del Plata), para recorrer otros 300 kilómetros hasta el puerto de Bahía Blanca.
“Se va a crear, de manera vertical, una ‘cinta logística’ que llevará de norte a sur la producción, y que será complementaria a la actual hidrovía del Paraná (con limitaciones a futuro por su calado y acceso a los puertos). El objetivo: aumentar la competitividad de la producción agropecuaria e industrial con fines de exportación”, explicó Bereciartua.
La hidrovía continental contempla distintos “centros de transferencias de carga”. En esos puntos, camiones o trenes intercambiarán sus cargas con las barcazas de la hidrovía, o las dejarán en los centros de acopios. Esos puntos se transformarán en “núcleos de desarrollo industrial y urbanístico”, según el estudio.
La hidrovía implica la realización de obras sobre el río Segundo (en Arroyito) y sobre el río Tercero, en Bell Ville.
Se incluyen, además, dos puentes canal, sobre el río Tercero y sobre el río Cuarto (a la altura de La Carlota) y 3 puentes internos: en Arroyito y en Realicó y Catriló, La Pampa.
También se deberán realizar obras para superar las interferencias de rutas y de vías férreas (18 puentes de ferrocarril, 28 rutas provinciales y nacionales y 112 caminos terciarios).
Otras interferencias a resolver son el cruce de dos gasoductos, dos poliductos y ocho cruces de líneas de alta tensión.
La traza de hidrovía propuesta en el estudio se conectará, entonces, con importantes poblaciones como Arroyito (a 13km del canal), Las Varillas (a 2km), Bell Ville (a 7km), La Carlota (a 7km), Laboulaye (a 6km) y General Pico (a 2km), en La Pampa.
Barcazas
El proyecto consideró una barcaza de diseño de 8,20 metros de manga (ancho) y más de 6 metros de eslora (largo) para llevar la carga. El convoy se compondrá con dos barcazas más un “empujador”, de dos metros de largo y uno de ancho.
“La eslora de la barcaza seleccionada corresponde a la más grande disponible en el mercado para la manga seleccionada”, dice el estudio, con lo que se “maximiza la capacidad del convoy y se minimiza la cantidad de viajes necesarios”.
Se estima que “con un convoy de esta capacidad, la cantidad de viajes se ubicaría dentro del rango de 9.000 a 18.000 embarcaciones por año (considerando ambos sentidos de circulación) para transportar una carga total de entre 5 y 10 millones de toneladas, respectivamente”.
“Las dimensiones del canal se adoptaron de acuerdo con las recomendaciones del manual holandés de diseño de vías de navegación interiores”, indica el estudio.
El proyecto final contempla una traza vial y otra férrea en paralelo a la hidrovía. “Hablamos de un corredor multimodal de Primer Mundo como un eje logístico central, que combinará la hidrovía con un nuevo corredor ferroviario y un corredor vial”, dijo Bereciartua.
El funcionario es optimista respecto a que el año próximo podrían empezar las primeras licitaciones. Se le preguntó si lo permitirá el “ajustado” Presupuesto 2019. “La Secretaría cuenta con los recursos para empezar”, respondió el funcionario.
Antes, aclaró, le esperan reuniones con los gobernadores de las provincias atravesadas por la hidrovía y con los distintos actores económicos.
“Un fideicomiso, integrado por la Nación y la provincias, podría recibir aportes privados para llevar adelante la obra”, dice Bereciartua en relación con la factibilidad económica.
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Fecha de Publicación: 01/11/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Se trata de un canal de unos 600 kilómetros planeado desde Arroyito hasta la localidad pampeana de Catriló. La carga se transportaría en barcazas. Será una alternativa a la hidrovía del Paraná, por donde sale el 85% de las exportaciones.
Dos barcazas cargadas de contenedores salen desde un muelle instalado en el río Segundo, a la altura de Arroyito. Pasan después por las cercanías de Bell Ville y La Carlota, para seguir navegando hasta el pueblo pampeano de Catriló, donde esa producción continuará por ferrocarril hasta el puerto de Bahía Blanca para ser exportada.
Tras más de nueve meses de trabajo, un estudio de prefactibilidad realizado por técnicos holandeses plantea que ese canal o hidrovía es posible.
“Así es; es perfectamente posible llevar parte de la producción cordobesa por una vía navegable para ser descargada en un puerto del mar Atlántico; con esta hidrovía se crea una "cinta logística en el centro del país”, explicó a La Voz Pablo Bereciartua, Secretario de Infraestructura y Política Hídrica, oficina que depende del Ministerio del Interior.
Una hidrovía en paralelo a la del Paraná, el canal por el que sale el 85 por ciento de las exportaciones.
El proyecto ha sido bautizado “Hidrovía Continental” y junto con otras iniciativas, será presentado mañana en la “Conferencia Binacional de la Gestión Integral del Agua”, cumbre en la que coincidirán expertos en hidráulica y funcionarios ministeriales holandeses con sus pares argentinos, y donde también se espera la presencia de representantes de las cuatro provincias (Córdoba, La Pampa, Santa Fe y Buenos Aires) involucradas en el trazado de la hidrovía, universidades, cámaras empresariales y gerencias de puertos.
“El presente proyecto plantea un canal de navegación excavado a través de la zona central de la Argentina, como parte de cadenas logísticas que colecten producción agrícola y la transfieran hacia los puertos atlánticos”, afirma el estudio titulado “Hidrovia continental, una propuesta de desarrollo para la Argentina", del que aquí se publican sus lineamientos generales.
Primera etapa
Bereciartua estimó que “la primera etapa de la hidrovía puede ser llevada adelante en tres o cuatro años, lo que ya alcanzaría para despachar parte de la producción por una vía navegable alternativa al Paraná”.
La primera etapa, según una estimación oficial, fue presupuestada en 3 mil millones de dólares. “La mitad del impacto directo que tuvo la sequía este año”, apuntó Bericiartua.
La hidrovía continental, además de abrir un nuevo canal logístico, tiene como principal objetivo “disminuir la vulnerabilidad del centro del territorio argentino al cambio climático”. La región Centro tiene un problema: en el norte santafesino llueve demasiado, hay inundaciones; en el oeste bonaerense falta agua.
“Las inundaciones de esa zona tienen perjuicios de entre 3 mil o 4 mil millones de dólares anuales”, argumentó Bereciartua, para dar cierta dimensión a una obra civil que, dijo, “aunque ambiciosa, finalmente no es tan complicada”.
Características
La traza del canal se extiende por unos 635 kilómetros. Un canal de unos 25 metros de ancho y alrededor de 4 metros de profundidad. El diseño indica que en un extremo de la hidrovía está Arroyito, Córdoba, y en el otro, Catriló, La Pampa. Allí está planificado un nudo transbordador, un “puerto seco”. La carga de la barcaza que navegó por la hidrovía es traspasada al Ferroexpreso Pampeano (ramal bajo concesión de una empresa del grupo Sociedad Comercial del Plata), para recorrer otros 300 kilómetros hasta el puerto de Bahía Blanca.
“Se va a crear, de manera vertical, una ‘cinta logística’ que llevará de norte a sur la producción, y que será complementaria a la actual hidrovía del Paraná (con limitaciones a futuro por su calado y acceso a los puertos). El objetivo: aumentar la competitividad de la producción agropecuaria e industrial con fines de exportación”, explicó Bereciartua.
La hidrovía continental contempla distintos “centros de transferencias de carga”. En esos puntos, camiones o trenes intercambiarán sus cargas con las barcazas de la hidrovía, o las dejarán en los centros de acopios. Esos puntos se transformarán en “núcleos de desarrollo industrial y urbanístico”, según el estudio.
La hidrovía implica la realización de obras sobre el río Segundo (en Arroyito) y sobre el río Tercero, en Bell Ville.
Se incluyen, además, dos puentes canal, sobre el río Tercero y sobre el río Cuarto (a la altura de La Carlota) y 3 puentes internos: en Arroyito y en Realicó y Catriló, La Pampa.
También se deberán realizar obras para superar las interferencias de rutas y de vías férreas (18 puentes de ferrocarril, 28 rutas provinciales y nacionales y 112 caminos terciarios).
Otras interferencias a resolver son el cruce de dos gasoductos, dos poliductos y ocho cruces de líneas de alta tensión.
La traza de hidrovía propuesta en el estudio se conectará, entonces, con importantes poblaciones como Arroyito (a 13km del canal), Las Varillas (a 2km), Bell Ville (a 7km), La Carlota (a 7km), Laboulaye (a 6km) y General Pico (a 2km), en La Pampa.
Barcazas
El proyecto consideró una barcaza de diseño de 8,20 metros de manga (ancho) y más de 6 metros de eslora (largo) para llevar la carga. El convoy se compondrá con dos barcazas más un “empujador”, de dos metros de largo y uno de ancho.
“La eslora de la barcaza seleccionada corresponde a la más grande disponible en el mercado para la manga seleccionada”, dice el estudio, con lo que se “maximiza la capacidad del convoy y se minimiza la cantidad de viajes necesarios”.
Se estima que “con un convoy de esta capacidad, la cantidad de viajes se ubicaría dentro del rango de 9.000 a 18.000 embarcaciones por año (considerando ambos sentidos de circulación) para transportar una carga total de entre 5 y 10 millones de toneladas, respectivamente”.
“Las dimensiones del canal se adoptaron de acuerdo con las recomendaciones del manual holandés de diseño de vías de navegación interiores”, indica el estudio.
El proyecto final contempla una traza vial y otra férrea en paralelo a la hidrovía. “Hablamos de un corredor multimodal de Primer Mundo como un eje logístico central, que combinará la hidrovía con un nuevo corredor ferroviario y un corredor vial”, dijo Bereciartua.
El funcionario es optimista respecto a que el año próximo podrían empezar las primeras licitaciones. Se le preguntó si lo permitirá el “ajustado” Presupuesto 2019. “La Secretaría cuenta con los recursos para empezar”, respondió el funcionario.
Antes, aclaró, le esperan reuniones con los gobernadores de las provincias atravesadas por la hidrovía y con los distintos actores económicos.
“Un fideicomiso, integrado por la Nación y la provincias, podría recibir aportes privados para llevar adelante la obra”, dice Bereciartua en relación con la factibilidad económica.
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Ley antiminera cordobesa es declarada constitucional
Dictaminaron que la ley cordobesa que prohíbe la minería a cielo abierto es constitucional
Fecha de Publicación: 01/11/2018
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Córdoba
La normativa analizada por Víctor Abramovich (9526) también veda el uso en la provincia de Córdoba de ciertos químicos -como cianuro, mercurio y ácido sulfúrico-. El funcionario enfatizó que la norma se dictó para complementar previsiones ya existentes en el ámbito nacional. El caso llegó ante la Máxima Instancia hace dos años
El procurador fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), Víctor Abramovich, opinó que es constitucional la ley 9526 de la provincia de Córdoba, que prohíbe la actividad minera metalífera en la modalidad de cielo abierto (que se lleva a cabo con minerales nucleares como el uranio y el torio y el uso de sustancias químicas contaminantes, tóxicas y/o peligrosas como el cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico).
El agente recordó que la provincia dictó la ley en ejercicio de su competencia en materia ambiental, a fin de complementar las normas nacionales que protegen el ambiente en el sector de la minería.
En tanto, advirtió sobre los graves e irreversibles efectos que las actividades prohibidas conllevan para la integridad del ambiente, la salud de la población y el acceso al agua.
En ese marco, entendió que el articulado de la Ley 9526 es coherente con los principios de prevención del daño, precaución y sustentabilidad que guían el derecho ambiental.
El caso
La decisión tiene lugar en el marco de un caso se generó a raíz de la acción declarativa de inconstitucionalidad presentada en 2009 por la Cámara Empresaria Minera de la Provincia de Córdoba y la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear en contra de la ley provincial 9526, que establece las prohibiciones referidas. En su demanda, las accionantes señalaron que la normativa avanza sobre aspectos regulados en el Código de Minería y en la Ley Nacional de Actividad Nuclear (24804), lo que implica afectación de las facultades delegadas por las provincias a la Nación.
Además, señalaron que las restricciones estipuladas para la actividad minera vulneran sus derechos de trabajar y a ejercer toda industria lícita y el de propiedad, garantizados en los artículos 14 y 17 de la Constitución Nacional (CN).
TSJ
El procurador fiscal dictaminó que correspondía confirmar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que desestimó la demanda impugnatoria de la ley provincial.
En agosto de 2015, a seis años de la promoción de la acción declarativa de inconstitucionalidad, el Alto Tribunal provincial ratificó la validez de la legislación, al valorar que las restricciones que establece son razonables si se tiene en cuenta que el ambiente constituye un bien colectivo supremo que debe ser preservado.
Asimismo, resaltó que la norma se dictó dentro de las competencias propias de la provincia de Córdoba en la materia y que, por ello, complementa las previsiones nacionales sobre minería; especialmente, en lo referido al ejercicio del poder de policía.
Paralelamente, indicó que el objetivo es amparar un “uso razonable” del agua y mantener en niveles “aceptables” los efectos contaminantes de determinadas y puntuales actividades, prácticas y procesos mineros, para lo cual tuvo en cuenta, fundamentalmente, que el método de lixiviación química resulta inaceptable desde la perspectiva ambiental contemporánea.
“Existe consenso en la literatura respecto de que ninguna actividad industrial es tan agresiva al ambiente como la minería metalífera a cielo abierto”, enfatizó, explicando que se trata de actividades con huellas ambientales de relevancia durante muchos años.
Bajo esa premisa, recordó que según el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba está comprobado empíricamente que la actividad minera que se desarrolla a “cielo abierto”, con utilización de procedimientos químicos, “daña severamente el ambiente y, en consecuencia, a los seres humanos”.
Por otra parte, ponderó que otra “columna vertebral” de la ley es la protección del agua, considerada patrimonio natural por tratarse de un bien único e irreemplazable que, como tal, requiere instrumentos de protección de naturaleza jurídica.
Desde ese punto de vista, subrayó que con el método extractivo “a cielo abierto” los niveles de consumo de agua son “altísimos”.
Los Gigantes
El tribunal puso como ejemplos las minas La Alumbrera (Catamarca) y Veladero (San Juan), donde se insumen 100 millones y 70 millones de litros de agua por día, respectivamente. También tuvieron en cuenta la experiencia histórica en la provincia, con los casos de la planta de procesamiento de uranio en la Mina “Schlagintweit” (yacimiento Los Gigantes).
No obstante, el TSJ aclaró que la ley 9625 solo restringe determinadas metodologías y procedimientos de explotación, pero que ni la actividad minera en sí misma ni los derechos obtenidos mediante concesiones quedan prohibidos, sino que se limitan para “tender a un equilibrio dinámico entre las actividades económicas y la protección del ambiente”.
Una vez que se conoció el fallo, los actores adelantaron que llevarían su planteo ante la Corte Suprema.
En octubre de 2016 los mineros cordobeses presentaron un recurso de queja ante la Máxima Instancia en insistieron con que la ley avasalla el sistema de distribución de competencias ambientales concurrentes previstas en el artículo 41 de la Constitución, cercena el principio de supremacía y el de razonabilidad constitucional y desconoce la cláusula de desarrollo y progreso prevista también en la Constitución”.
Competencias
Ahora, en su dictamen, el representante del Ministerio Público Fiscal consignó que el artículo 41 de la Constitución Nacional le reconoce competencias al Estado Nacional y a las provincias que se organizan bajo el principio de complementariedad y que de acuerdo con ese reparto, el gobierno federal tiene facultades para definir los presupuestos mínimos de protección y los gobiernos locales para complementar esos presupuestos, “aumentando el nivel de protección establecido por el piso de protección inderogable fijado por la Nación”.
Sobre la base de aquel principio, Abramovich explicó que las provincias están autorizadas para establecer, por encima de los contenidos mínimos, regulaciones más estrictas que las nacionales, pues lo que se busca es la optimización de la tutela en resguardo de las características específicas, geográficas, climáticas, poblacionales y socioculturales del entorno provincial.
Así, entendió que la ley 9526 se adecuó a las previsiones del artículo 41 de la CN, pues maximizó la protección ambiental establecida a nivel nacional en la Ley General del Ambiente y en el Código de Minería.
Abramovich afirmó que no avanza sobre las facultades exclusivas del Congreso de la Nación para dictar el Código de Minería.
Al respecto, precisó que ese compendio regula los derechos, obligaciones y procedimientos para adquirir, explotar o aprovechar las sustancias minerales, mientras que la ley local establece ciertas condiciones técnicas para la realización de la actividad minera, en base a criterios de protección ambiental.
El agente puso de relieve que el propio artículo 233 del Código de Minería, inserto en el título “Condiciones técnicas de la explotación”, prevé que los mineros deben respetar las normas vinculadas a la conservación del ambiente dictadas por la Nación y por las provincias, en los términos del artículo 41 de la Constitución Nacional, y puntualizó que esa previsión es aplicable en materia de minería nuclear.
Agua
En segundo lugar, señaló que las restricciones establecidas en la ley cordobesa resultan razonables y no afectan derechos de las empresas mineras; ello así, si se tienen en cuenta los efectos nocivos e irreversibles que las técnicas y actividades prohibidas le causan al medio ambiente y, en especial, al agua.
En particular, destacó que las medidas adoptadas por la ley local resultan coherentes con los principios de prevención del daño, precaución y sustentabilidad que guían el derecho ambiental, detallados en el artículo 4 de la Ley General del Ambiente. El funcionario enfatizó que aquéllos deben imperar ante la creación de un riesgo de efectos desconocidos y, por tanto, imprevisibles, y que cuando lo que se persigue es la tutela del bien colectivo, como los derechos de raíz constitucional al ambiente y al agua, tiene prioridad absoluta la prevención del daño futuro.
Entre algunos de esos efectos, transcribió los que surgen del debate parlamentario de la ley, donde se expuso que la minería metalífera a cielo abierto remueve cientos de toneladas de tierra y roca, “agravando los procesos de desertificación, alterando el normal escurrimiento de las aguas y, en consecuencia, de cuencas completas” y que los procesos de lixiviación y flotación con sustancias tóxicas emplean millones de litros de líquido, que se contaminan por el aporte de las sustancias tóxicas que utilizan: cianuro, mercurio y ácido sulfúrico, entre otras.
“Estos gigantes volúmenes de agua, recurso de altísimo valor para la vida, no será apta nunca más para el consumo humano, ni de ganado, ni de cultivos”, resaltó.
El procurador se basó en los estudios técnicos presentados en la causa y en los informes de la auditoría de cierre de la mina de uranio Schlagintweit, que fue explotada en la provincia de Córdoba hasta 1991, un emprendimiento que produjo serios perjuicios ambientales.
Citando esos antecedentes, advirtió que los accionantes no aportaron pruebas que rebatan la información científica sobre el daño ambiental que producen las actividades prohibidas por la ley ni demostraron que la norma cuestionada obstaculice la actividad minera en Córdoba.
En esa línea, hizo notar que la minería en la provincia “se halla orientada principalmente a la obtención de minerales no metalíferos, en canteras, y que actualmente no habría minas activas de uranio”.
La ley 9526 se dictó en 2008
El artículo 1 prohíbe la actividad minera metalífera en la modalidad a cielo abierto, en todas sus etapas, constituidas por cateo, prospección, exploración, explotación, desarrollo, preparación, extracción y almacenamiento de sustancias minerales.
El artículo 2 veda la actividad minera de minerales nucleares, tales como el uranio y el torio, y dispone que las explotaciones concedidas deben cerrar.
El artículo 3 bloquea la posibilidad de usar cianuro, cianuro de sodio, bromuro de sodio, yoduro de sodio, mercurio, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, ácido nítrico y toda otra sustancia química incluida en el anexo I de la Ley Nacional 24051 o que posea alguna de las características enunciadas en el anexo II de esa legislación y normas concordantes o las que en el futuro las reemplacen.
La prohiubición se circunscribe a los procesos de prospección, cateo, exploración, explotación, desarrollo, preparación, extracción, almacenamiento, industrialización y/o en los detallados en el inciso b del artículo 249 del Código de Minería, de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo, cualquiera sea el lugar de la provincia el que se desarrollen.
Prevención, precaución y sustentabilidad
– El procurador ante la Corte advirtió sobre los graves efectos que las actividades prohibidas por la normativa conllevan a la integridad del ambiente, a la salud de la población y al acceso al agua.
– En ese sentido, entendió que el articulado cuestionado es coherente con los principios de prevención del daño, precaución y sustentabilidad.
– Además, destacó que que los actores no aportaron pruebas que rebatieran la información científica sobre el perjuicio que producen las actividades prohibidas por la legislación cordobesa.
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Fecha de Publicación: 01/11/2018
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Córdoba
La normativa analizada por Víctor Abramovich (9526) también veda el uso en la provincia de Córdoba de ciertos químicos -como cianuro, mercurio y ácido sulfúrico-. El funcionario enfatizó que la norma se dictó para complementar previsiones ya existentes en el ámbito nacional. El caso llegó ante la Máxima Instancia hace dos años
El procurador fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), Víctor Abramovich, opinó que es constitucional la ley 9526 de la provincia de Córdoba, que prohíbe la actividad minera metalífera en la modalidad de cielo abierto (que se lleva a cabo con minerales nucleares como el uranio y el torio y el uso de sustancias químicas contaminantes, tóxicas y/o peligrosas como el cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico).
El agente recordó que la provincia dictó la ley en ejercicio de su competencia en materia ambiental, a fin de complementar las normas nacionales que protegen el ambiente en el sector de la minería.
En tanto, advirtió sobre los graves e irreversibles efectos que las actividades prohibidas conllevan para la integridad del ambiente, la salud de la población y el acceso al agua.
En ese marco, entendió que el articulado de la Ley 9526 es coherente con los principios de prevención del daño, precaución y sustentabilidad que guían el derecho ambiental.
El caso
La decisión tiene lugar en el marco de un caso se generó a raíz de la acción declarativa de inconstitucionalidad presentada en 2009 por la Cámara Empresaria Minera de la Provincia de Córdoba y la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear en contra de la ley provincial 9526, que establece las prohibiciones referidas. En su demanda, las accionantes señalaron que la normativa avanza sobre aspectos regulados en el Código de Minería y en la Ley Nacional de Actividad Nuclear (24804), lo que implica afectación de las facultades delegadas por las provincias a la Nación.
Además, señalaron que las restricciones estipuladas para la actividad minera vulneran sus derechos de trabajar y a ejercer toda industria lícita y el de propiedad, garantizados en los artículos 14 y 17 de la Constitución Nacional (CN).
TSJ
El procurador fiscal dictaminó que correspondía confirmar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que desestimó la demanda impugnatoria de la ley provincial.
En agosto de 2015, a seis años de la promoción de la acción declarativa de inconstitucionalidad, el Alto Tribunal provincial ratificó la validez de la legislación, al valorar que las restricciones que establece son razonables si se tiene en cuenta que el ambiente constituye un bien colectivo supremo que debe ser preservado.
Asimismo, resaltó que la norma se dictó dentro de las competencias propias de la provincia de Córdoba en la materia y que, por ello, complementa las previsiones nacionales sobre minería; especialmente, en lo referido al ejercicio del poder de policía.
Paralelamente, indicó que el objetivo es amparar un “uso razonable” del agua y mantener en niveles “aceptables” los efectos contaminantes de determinadas y puntuales actividades, prácticas y procesos mineros, para lo cual tuvo en cuenta, fundamentalmente, que el método de lixiviación química resulta inaceptable desde la perspectiva ambiental contemporánea.
“Existe consenso en la literatura respecto de que ninguna actividad industrial es tan agresiva al ambiente como la minería metalífera a cielo abierto”, enfatizó, explicando que se trata de actividades con huellas ambientales de relevancia durante muchos años.
Bajo esa premisa, recordó que según el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba está comprobado empíricamente que la actividad minera que se desarrolla a “cielo abierto”, con utilización de procedimientos químicos, “daña severamente el ambiente y, en consecuencia, a los seres humanos”.
Por otra parte, ponderó que otra “columna vertebral” de la ley es la protección del agua, considerada patrimonio natural por tratarse de un bien único e irreemplazable que, como tal, requiere instrumentos de protección de naturaleza jurídica.
Desde ese punto de vista, subrayó que con el método extractivo “a cielo abierto” los niveles de consumo de agua son “altísimos”.
Los Gigantes
El tribunal puso como ejemplos las minas La Alumbrera (Catamarca) y Veladero (San Juan), donde se insumen 100 millones y 70 millones de litros de agua por día, respectivamente. También tuvieron en cuenta la experiencia histórica en la provincia, con los casos de la planta de procesamiento de uranio en la Mina “Schlagintweit” (yacimiento Los Gigantes).
No obstante, el TSJ aclaró que la ley 9625 solo restringe determinadas metodologías y procedimientos de explotación, pero que ni la actividad minera en sí misma ni los derechos obtenidos mediante concesiones quedan prohibidos, sino que se limitan para “tender a un equilibrio dinámico entre las actividades económicas y la protección del ambiente”.
Una vez que se conoció el fallo, los actores adelantaron que llevarían su planteo ante la Corte Suprema.
En octubre de 2016 los mineros cordobeses presentaron un recurso de queja ante la Máxima Instancia en insistieron con que la ley avasalla el sistema de distribución de competencias ambientales concurrentes previstas en el artículo 41 de la Constitución, cercena el principio de supremacía y el de razonabilidad constitucional y desconoce la cláusula de desarrollo y progreso prevista también en la Constitución”.
Competencias
Ahora, en su dictamen, el representante del Ministerio Público Fiscal consignó que el artículo 41 de la Constitución Nacional le reconoce competencias al Estado Nacional y a las provincias que se organizan bajo el principio de complementariedad y que de acuerdo con ese reparto, el gobierno federal tiene facultades para definir los presupuestos mínimos de protección y los gobiernos locales para complementar esos presupuestos, “aumentando el nivel de protección establecido por el piso de protección inderogable fijado por la Nación”.
Sobre la base de aquel principio, Abramovich explicó que las provincias están autorizadas para establecer, por encima de los contenidos mínimos, regulaciones más estrictas que las nacionales, pues lo que se busca es la optimización de la tutela en resguardo de las características específicas, geográficas, climáticas, poblacionales y socioculturales del entorno provincial.
Así, entendió que la ley 9526 se adecuó a las previsiones del artículo 41 de la CN, pues maximizó la protección ambiental establecida a nivel nacional en la Ley General del Ambiente y en el Código de Minería.
Abramovich afirmó que no avanza sobre las facultades exclusivas del Congreso de la Nación para dictar el Código de Minería.
Al respecto, precisó que ese compendio regula los derechos, obligaciones y procedimientos para adquirir, explotar o aprovechar las sustancias minerales, mientras que la ley local establece ciertas condiciones técnicas para la realización de la actividad minera, en base a criterios de protección ambiental.
El agente puso de relieve que el propio artículo 233 del Código de Minería, inserto en el título “Condiciones técnicas de la explotación”, prevé que los mineros deben respetar las normas vinculadas a la conservación del ambiente dictadas por la Nación y por las provincias, en los términos del artículo 41 de la Constitución Nacional, y puntualizó que esa previsión es aplicable en materia de minería nuclear.
Agua
En segundo lugar, señaló que las restricciones establecidas en la ley cordobesa resultan razonables y no afectan derechos de las empresas mineras; ello así, si se tienen en cuenta los efectos nocivos e irreversibles que las técnicas y actividades prohibidas le causan al medio ambiente y, en especial, al agua.
En particular, destacó que las medidas adoptadas por la ley local resultan coherentes con los principios de prevención del daño, precaución y sustentabilidad que guían el derecho ambiental, detallados en el artículo 4 de la Ley General del Ambiente. El funcionario enfatizó que aquéllos deben imperar ante la creación de un riesgo de efectos desconocidos y, por tanto, imprevisibles, y que cuando lo que se persigue es la tutela del bien colectivo, como los derechos de raíz constitucional al ambiente y al agua, tiene prioridad absoluta la prevención del daño futuro.
Entre algunos de esos efectos, transcribió los que surgen del debate parlamentario de la ley, donde se expuso que la minería metalífera a cielo abierto remueve cientos de toneladas de tierra y roca, “agravando los procesos de desertificación, alterando el normal escurrimiento de las aguas y, en consecuencia, de cuencas completas” y que los procesos de lixiviación y flotación con sustancias tóxicas emplean millones de litros de líquido, que se contaminan por el aporte de las sustancias tóxicas que utilizan: cianuro, mercurio y ácido sulfúrico, entre otras.
“Estos gigantes volúmenes de agua, recurso de altísimo valor para la vida, no será apta nunca más para el consumo humano, ni de ganado, ni de cultivos”, resaltó.
El procurador se basó en los estudios técnicos presentados en la causa y en los informes de la auditoría de cierre de la mina de uranio Schlagintweit, que fue explotada en la provincia de Córdoba hasta 1991, un emprendimiento que produjo serios perjuicios ambientales.
Citando esos antecedentes, advirtió que los accionantes no aportaron pruebas que rebatan la información científica sobre el daño ambiental que producen las actividades prohibidas por la ley ni demostraron que la norma cuestionada obstaculice la actividad minera en Córdoba.
En esa línea, hizo notar que la minería en la provincia “se halla orientada principalmente a la obtención de minerales no metalíferos, en canteras, y que actualmente no habría minas activas de uranio”.
La ley 9526 se dictó en 2008
El artículo 1 prohíbe la actividad minera metalífera en la modalidad a cielo abierto, en todas sus etapas, constituidas por cateo, prospección, exploración, explotación, desarrollo, preparación, extracción y almacenamiento de sustancias minerales.
El artículo 2 veda la actividad minera de minerales nucleares, tales como el uranio y el torio, y dispone que las explotaciones concedidas deben cerrar.
El artículo 3 bloquea la posibilidad de usar cianuro, cianuro de sodio, bromuro de sodio, yoduro de sodio, mercurio, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, ácido nítrico y toda otra sustancia química incluida en el anexo I de la Ley Nacional 24051 o que posea alguna de las características enunciadas en el anexo II de esa legislación y normas concordantes o las que en el futuro las reemplacen.
La prohiubición se circunscribe a los procesos de prospección, cateo, exploración, explotación, desarrollo, preparación, extracción, almacenamiento, industrialización y/o en los detallados en el inciso b del artículo 249 del Código de Minería, de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo, cualquiera sea el lugar de la provincia el que se desarrollen.
Prevención, precaución y sustentabilidad
– El procurador ante la Corte advirtió sobre los graves efectos que las actividades prohibidas por la normativa conllevan a la integridad del ambiente, a la salud de la población y al acceso al agua.
– En ese sentido, entendió que el articulado cuestionado es coherente con los principios de prevención del daño, precaución y sustentabilidad.
– Además, destacó que que los actores no aportaron pruebas que rebatieran la información científica sobre el perjuicio que producen las actividades prohibidas por la legislación cordobesa.
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Más reuniones para habilitar la minería en Chubut
Dirigentes chubutenses se reunieron con Macri para habilitar la minería
Fecha de Publicación: 01/11/2018
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
El diputado nacional Gustavo Menna, los diputados provinciales Eduardo Conde, Manuel Pagliaroni, Jerónimo García, Alfredo Di Filippo y Carlos Gómez, y los dirigentes petroleros Jorge Ávila y José Lludgar se reunieron con el presidente Mauricio Macri para hablar de minería.
El presidente de la Nación, Mauricio Macri, recibió a los diputados provinciales Eduardo Conde, Manuel Pagliaroni, Jerónimo García, Alfredo Di Filippo y Carlos Gómez, el diputado nacional Gustvao Menna, el intendente de Telsen Leonardo Bowman y los dirigentes petroleros Jorge Ávila y José Llugdar para analizar los alcances de la minería.
Macri solicitó a los legisladores provinciales abrir el debate en la Legislatura y aseguró que la actividad “generará fuertes beneficios para el país y para la provincia que conduce Mariano Arcioni” informó El Chubut. Desde el sector petrolero, Ávila, Llugdar y el diputado Gómez respaldaron el pedido de Macri para discutir la minería en Chubut.
Los representantes chubutenses se comprometieron con el mandatario nacional para tratar en las próximas semanas en la Legislatura el proyecto que habilita y reglamenta la discusión minera.
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Fecha de Publicación: 01/11/2018
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
El diputado nacional Gustavo Menna, los diputados provinciales Eduardo Conde, Manuel Pagliaroni, Jerónimo García, Alfredo Di Filippo y Carlos Gómez, y los dirigentes petroleros Jorge Ávila y José Lludgar se reunieron con el presidente Mauricio Macri para hablar de minería.
El presidente de la Nación, Mauricio Macri, recibió a los diputados provinciales Eduardo Conde, Manuel Pagliaroni, Jerónimo García, Alfredo Di Filippo y Carlos Gómez, el diputado nacional Gustvao Menna, el intendente de Telsen Leonardo Bowman y los dirigentes petroleros Jorge Ávila y José Llugdar para analizar los alcances de la minería.
Macri solicitó a los legisladores provinciales abrir el debate en la Legislatura y aseguró que la actividad “generará fuertes beneficios para el país y para la provincia que conduce Mariano Arcioni” informó El Chubut. Desde el sector petrolero, Ávila, Llugdar y el diputado Gómez respaldaron el pedido de Macri para discutir la minería en Chubut.
Los representantes chubutenses se comprometieron con el mandatario nacional para tratar en las próximas semanas en la Legislatura el proyecto que habilita y reglamenta la discusión minera.
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