Mendoza: "florecen" ordenanzas anti fracking
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En todo el Valle de Uco se generaron ordenanzas anti fracking
Fecha de Publicación: 11/05/2018
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza
En Mendoza ya son varios los departamentos que generaron ordenanzas “anti fracking” en su territorio. En las últimas horas se sumó Tunuyán y de esta manera toda la zona del Valle de Uco quedó con legislaciones municipales similares.
Daniel Funes, es parte de los vecinos autoconvocados de San Carlos y en comunicación con FM VOS 91.5 contó que “en San Carlos desde el 2013 hay una ordenanza de este tipo, al igual que lo que se hizo en Tupungato y en General Alvear, ahora se ha sumado Tunuyán que en las últimas horas se proclamó en el mismo sentido”.
El reclamo de los valletanos contra el Fracking viene desde hace tiempo, ya que hace algunos años se empezó a hablar de la aplicación de fractura hidráulica en el límite entre San Rafael y San Carlos con la denominada “Área Río Diamante”, donde se buscaba impulsar la búsqueda de petróleo con este sistema tan polémico.
Diario San Rafael reflejó en aquella ocasión la situación y Funes recordó que “desde aquel tiempo el Valle de Uco empezó a movilizarse en torno al Fracking y ahora se ha logrado que se sume Tunuyán. De esta manera todo el oasis ha planteado la prohibición con ordenanzas”.
Al ser consultado sobre si estas ordenanzas tienen un choque con la legislación vigente, el sancarlino explicó que “estas son ordenanzas medioambientales y no sobre hidrocarburos” a la vez que planteó que están preparados para “defender esta legislación en la vía judicial”.
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Fecha de Publicación: 11/05/2018
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza
En Mendoza ya son varios los departamentos que generaron ordenanzas “anti fracking” en su territorio. En las últimas horas se sumó Tunuyán y de esta manera toda la zona del Valle de Uco quedó con legislaciones municipales similares.
Daniel Funes, es parte de los vecinos autoconvocados de San Carlos y en comunicación con FM VOS 91.5 contó que “en San Carlos desde el 2013 hay una ordenanza de este tipo, al igual que lo que se hizo en Tupungato y en General Alvear, ahora se ha sumado Tunuyán que en las últimas horas se proclamó en el mismo sentido”.
El reclamo de los valletanos contra el Fracking viene desde hace tiempo, ya que hace algunos años se empezó a hablar de la aplicación de fractura hidráulica en el límite entre San Rafael y San Carlos con la denominada “Área Río Diamante”, donde se buscaba impulsar la búsqueda de petróleo con este sistema tan polémico.
Diario San Rafael reflejó en aquella ocasión la situación y Funes recordó que “desde aquel tiempo el Valle de Uco empezó a movilizarse en torno al Fracking y ahora se ha logrado que se sume Tunuyán. De esta manera todo el oasis ha planteado la prohibición con ordenanzas”.
Al ser consultado sobre si estas ordenanzas tienen un choque con la legislación vigente, el sancarlino explicó que “estas son ordenanzas medioambientales y no sobre hidrocarburos” a la vez que planteó que están preparados para “defender esta legislación en la vía judicial”.
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Córdoba: detenido por cazar especies protegidas
Detuvieron en Córdoba a un joven acusado de cazar especies protegidas: secuestraron animales congelados
Fecha de Publicación: 11/05/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Un joven de 23 años fue detenido acusado de delitos contra la Ley de Conservación de Fauna y Maltrato Animal, durante un procedimiento realizado en la localidad de General Roca, Córdoba.
“El imputado se dedicaba a la caza de diversas especies, entre ellas algunas protegidas por ley. Estos animales eran posteriormente faenados y preparados en conservas destinadas a la comercialización, las cuales carecían de todo tipo de controles bromatológicos”, indicó.
El Juzgado Federal de Bell Ville, a cargo de Sergio Aníbal Pinto, ordenó tres allanamientos ubicados en domicilios de las calles Avellaneda 777, Italia S/N entre Arias y Emilia y Córdoba 160, en General Roca.
Armas
Se secuestraron dos escopetas calibre 12/70, con gran cantidad de cartuchos, un rifle de aire comprimido, una pistola calibre nueve milímetros, reflectores nocturnos, trampas para zorros y coipos, cañas de pescar, un cardenal, 90 frascos con diversos escabeches y aproximadamente 100 ejemplares congelados de especies como perdices, armados, lagartos overos y liebres.
El hombre quedó detenido a disposición del juzgado en la causa caratulada infracción a las leyes de Conservación de la fauna y Protección de los animales, Maltratos y actos de crueldad animal.
En cuanto a los animales secuestrados y las conservas, serán incineradas por personal de la Dirección de Policía Ambiental del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba.
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Fecha de Publicación: 11/05/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Un joven de 23 años fue detenido acusado de delitos contra la Ley de Conservación de Fauna y Maltrato Animal, durante un procedimiento realizado en la localidad de General Roca, Córdoba.
“El imputado se dedicaba a la caza de diversas especies, entre ellas algunas protegidas por ley. Estos animales eran posteriormente faenados y preparados en conservas destinadas a la comercialización, las cuales carecían de todo tipo de controles bromatológicos”, indicó.
El Juzgado Federal de Bell Ville, a cargo de Sergio Aníbal Pinto, ordenó tres allanamientos ubicados en domicilios de las calles Avellaneda 777, Italia S/N entre Arias y Emilia y Córdoba 160, en General Roca.
Armas
Se secuestraron dos escopetas calibre 12/70, con gran cantidad de cartuchos, un rifle de aire comprimido, una pistola calibre nueve milímetros, reflectores nocturnos, trampas para zorros y coipos, cañas de pescar, un cardenal, 90 frascos con diversos escabeches y aproximadamente 100 ejemplares congelados de especies como perdices, armados, lagartos overos y liebres.
El hombre quedó detenido a disposición del juzgado en la causa caratulada infracción a las leyes de Conservación de la fauna y Protección de los animales, Maltratos y actos de crueldad animal.
En cuanto a los animales secuestrados y las conservas, serán incineradas por personal de la Dirección de Policía Ambiental del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba.
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El aeropuerto de El Palomar sigue siendo resistido
Riesgo en el aeropuerto de El Palomar: piden que intervenga el gobierno bonaerense ante peligro ambiental
Fecha de Publicación: 11/05/2018
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires
La aerolínea Flybondi sumó un nuevo dolor de cabeza ante el pedido de clausura de la terminal aérea que hacen los vecinos. Ante la posibilidad de un accidente por la presencia de aves además de contaminación y desmonte ilegal, exigen que la OPDS tome cartas en el asunto.
El polémico aeropuerto emplazado en El Palomar por el gobierno nacional para que Flybondy lo explote comercialmente, trae un nuevo problema para la aerolínea. Vecinos pidieron la clausura del mismo y la intervención de la Provincia de Buenos Aires para evitar mayores consecuencias. Advierten con posibles accidentes, contaminación ambiental y desmonte ilegal. También concurrieron a la justicia para intentar frenar la actividad en la zona.
Un grupo de habitantes del sector denominado Isla Verde de El Palomar inició una serie de acciones desde septiembre de 2017 para defender el espacio ante los serios riesgos que implica el funcionamiento de la terminal aérea en lugar. En ese mes presentaron su primer amparo ante la justicia para exigir audiencia pública y un estudio de impacto ambiental.
Este 1 marzo de 2018, concurrieron al Juzgado Federal 2 de San Martin a cargo de Martina Forns para pedir la intervención de la provincia de Buenos Aires. En ese aspecto, detallaron que por el artículo 28 de la Constitución Provincial, al aeropuerto lo debe habilitar el Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable. A su vez reclamaron lo mismo para la Autoridad del Agua y el COMIREC (Cuenca del Río Reconquista). El 13 abril presentaron otro escrito para solicitar nuevamente la clausura del aeropuerto pero el juzgado ordenó que lo presentaran al Ministerio de Transporte y de Defensa.
Guillermo Iracheta, representante legal de los vecinos, dialogó con INFOCIELO y detalló los motivos por los cuales realizan el reclamo. Entonces contó que la OPDS no lo habilitó como lo marca la Ley 11.723 y que pidió la intervención del ADA ya que en el predio existen tres arroyos. Además confirmó que denunció daño ambiental, desmonte ilegal y riesgo para la aeronavegación.
Un tema no menor y que puede generar una tragedia, es que a raíz de una resolución de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y otra de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), en un aeropuerto no pueden existir pájaros. Mientras que en El Palomar existen más de 200 especies y la única forma de sacarlos sería es matándolos, lo que implicaría un avicidio. Esto destruiría el hábitat que puede albergarlos con la tala los bosques y la destrucción los humedales.
En la última presentación judicial realizada, detallaron casos sobre los aviones se vieron perjudicados por la presencia de aves en la ruta aérea. Desde colisiones hasta supensiones de vuelos provocaron los pájaros en distintos lugares del mundo, incluso con situaciones que se dieron en Argentina.
“Los pájaros están existen y en bandadas escoltan los aviones de Flybondi, uno solo que se meta en una turbina, y el avión se cae”, explicó. Luego señaló que “pedimos que intervenga la provincia, esto no lo habilitó la OPDS y es un tema constitucional”.
“Ahora se nos agrega como grave el tema de las aves, no puede haber pájaros en el aeropuerto”, añadió y sostuvo que “se llama riesgo aviar, son códigos internacionales. Si una paloma se mete en una turbina o choca, pierde estabilidad el avión y se cae”.
Después relató que “esto pasa cuando despegan o aterrizan, el problema es ahí. Por eso en una zona de pájaros no pueden haber aeropuertos”.
“Cuando hay pájaros, para sacarlos, tiran pirotecnia o sueltas halcones, pero en El Palomar es la casa de los pájaros. Tenemos 200 hectáreas que es la isla verde que tiene todo lo ideal para que haya aves”, señaló y agregó que “se pide que se preserve esta zona para el cuidado de la zona”.
Más adelante dio a conocer que “en El Palomar hace dos grados menos por los árboles que hay, además es un humedal. Es como un embudo toda el agua va a parar ahí”.
“Mucha gente estaba a favor del aeropuerto pero a medida que empezaron a lo que está pasando, se pusieron en contra”, finalizó.
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Fecha de Publicación: 11/05/2018
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires
La aerolínea Flybondi sumó un nuevo dolor de cabeza ante el pedido de clausura de la terminal aérea que hacen los vecinos. Ante la posibilidad de un accidente por la presencia de aves además de contaminación y desmonte ilegal, exigen que la OPDS tome cartas en el asunto.
El polémico aeropuerto emplazado en El Palomar por el gobierno nacional para que Flybondy lo explote comercialmente, trae un nuevo problema para la aerolínea. Vecinos pidieron la clausura del mismo y la intervención de la Provincia de Buenos Aires para evitar mayores consecuencias. Advierten con posibles accidentes, contaminación ambiental y desmonte ilegal. También concurrieron a la justicia para intentar frenar la actividad en la zona.
Un grupo de habitantes del sector denominado Isla Verde de El Palomar inició una serie de acciones desde septiembre de 2017 para defender el espacio ante los serios riesgos que implica el funcionamiento de la terminal aérea en lugar. En ese mes presentaron su primer amparo ante la justicia para exigir audiencia pública y un estudio de impacto ambiental.
Este 1 marzo de 2018, concurrieron al Juzgado Federal 2 de San Martin a cargo de Martina Forns para pedir la intervención de la provincia de Buenos Aires. En ese aspecto, detallaron que por el artículo 28 de la Constitución Provincial, al aeropuerto lo debe habilitar el Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable. A su vez reclamaron lo mismo para la Autoridad del Agua y el COMIREC (Cuenca del Río Reconquista). El 13 abril presentaron otro escrito para solicitar nuevamente la clausura del aeropuerto pero el juzgado ordenó que lo presentaran al Ministerio de Transporte y de Defensa.
Guillermo Iracheta, representante legal de los vecinos, dialogó con INFOCIELO y detalló los motivos por los cuales realizan el reclamo. Entonces contó que la OPDS no lo habilitó como lo marca la Ley 11.723 y que pidió la intervención del ADA ya que en el predio existen tres arroyos. Además confirmó que denunció daño ambiental, desmonte ilegal y riesgo para la aeronavegación.
Un tema no menor y que puede generar una tragedia, es que a raíz de una resolución de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y otra de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), en un aeropuerto no pueden existir pájaros. Mientras que en El Palomar existen más de 200 especies y la única forma de sacarlos sería es matándolos, lo que implicaría un avicidio. Esto destruiría el hábitat que puede albergarlos con la tala los bosques y la destrucción los humedales.
En la última presentación judicial realizada, detallaron casos sobre los aviones se vieron perjudicados por la presencia de aves en la ruta aérea. Desde colisiones hasta supensiones de vuelos provocaron los pájaros en distintos lugares del mundo, incluso con situaciones que se dieron en Argentina.
“Los pájaros están existen y en bandadas escoltan los aviones de Flybondi, uno solo que se meta en una turbina, y el avión se cae”, explicó. Luego señaló que “pedimos que intervenga la provincia, esto no lo habilitó la OPDS y es un tema constitucional”.
“Ahora se nos agrega como grave el tema de las aves, no puede haber pájaros en el aeropuerto”, añadió y sostuvo que “se llama riesgo aviar, son códigos internacionales. Si una paloma se mete en una turbina o choca, pierde estabilidad el avión y se cae”.
Después relató que “esto pasa cuando despegan o aterrizan, el problema es ahí. Por eso en una zona de pájaros no pueden haber aeropuertos”.
“Cuando hay pájaros, para sacarlos, tiran pirotecnia o sueltas halcones, pero en El Palomar es la casa de los pájaros. Tenemos 200 hectáreas que es la isla verde que tiene todo lo ideal para que haya aves”, señaló y agregó que “se pide que se preserve esta zona para el cuidado de la zona”.
Más adelante dio a conocer que “en El Palomar hace dos grados menos por los árboles que hay, además es un humedal. Es como un embudo toda el agua va a parar ahí”.
“Mucha gente estaba a favor del aeropuerto pero a medida que empezaron a lo que está pasando, se pusieron en contra”, finalizó.
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El modelo agrotóxico se defiende en la justicia
Ruralistas van a la Justicia contra la prohibición del glifosato: "Es una herramienta de trabajo"
Fecha de Publicación: 10/05/2018
Fuente: El Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos
El director de la Sociedad Rural de Entre Ríos, Walter Feldkamp, adelantó que intentarán frenar la ordenanza por considerarla “inconstitucional”. Defendió el uso "controlado" de agroquímicos y aseguró que “no hay evidencias científicas” sobre su relación con enfermedades como el cáncer.
Hace tres semanas, el Concejo Deliberante de Gualeguaychú aprobó la ordenanza que prohíbe la aplicación, transporte, almacenamiento y comercialización del herbicida glifosato en el ejido de la ciudad, es decir, en las 33 mil hectáreas que componen el casco urbano y sus alrededores. En pocos días la iniciativa entrará en vigencia, pero organizaciones de ruralistas ya adelantaron que presentarán medidas de amparo y no descartan pedir su inconstitucionalidad.
El proyecto presentado por el intendente local Martín Piaggio (FpV) responde a la preocupación que generan desde hace años las cientos de denuncias por parte de pobladores, ONGs y organizaciones ambientalistas que alertan sobre un aumento de las enfermedades asociadas al uso de agrotóxicos, entre ellas el cáncer, con casos que, aseguran, se dan con cada vez mayor frecuencia y contemplan entre sus pacientes a numerosos niños.
Por otro lado, productores y entidades agropecuarias cuestionan la rigurosidad científica de quienes vinculan el glifosato con ese tipo de afecciones. Y califican la iniciativa como una respuesta "extrema" e "inconstitucional" que afectará gravemente al sector. Proponen, en cambio, una legislación que, sin prohibir el uso del producto que consideran "una herramienta de trabajo", exija una serie de controles para quienes lo aplican.
Durante los días que duró el debate, en el Concejo Deliberante se escucharon testimonios y datos aportados desde todos los sectores, a favor y en contra de la medida. Uno de los que se opuso fuertemente al proyecto fue el director del Distrito Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina, Walter Feldkamp.
En diálogo con el periodista Emmanuel Gentile, de Infobae, Feldkamp cuestionó la aprobación de la ordenanza y confirmó que los productores evalúan presentar amparos judiciales para frenarla.
– ¿Qué representará para la Sociedad Rural la aplicación de esta nueva ordenanza?
– Habrá un montón de gente afectada a la que se les quitará una herramienta importantísima para trabajar sin ningún sustento. Bueno, si no lo hemos podido cambiar mediante el diálogo, iremos a la justicia. Desde las entidades los estamos acompañando.
– ¿Cuáles son los argumentos que utilizarán ante la Justicia?
– Consideramos que prohibir un producto que está aprobado en Argentina por todas las leyes y todos los gobiernos desde principios de los 80, Senasa y ANMAT, sin evidencia científica que diga que produce cáncer, no es más que quitarle una herramienta de trabajo a los productores que nos ha permitido reemplazar el arado por la siembra directa. Contamos con el apoyo de abogados constitucionalistas y hay antecedentes de ciudades donde se ha prohibido el glifosato y luego la norma fue declarada inconstitucional.
– ¿Harán una presentación como entidad o irá cada productor por su cuenta?
– Lo estamos evaluando. Será como más convenga.
– Usted dijo en una de sus intervenciones en los debates que si se prohíbe el uso del glifosato los empresarios del agro se verán obligados a utilizar "productos peores". ¿Cuáles serían?
– Aclaro que no es una amenaza lo que dije. Me refiero a que hagamos énfasis en los productos menos nocivos. El glifosato lo es porque es de los considerados por el Senasa en su etiquetado de "banda verde", es decir, que normalmente no ofrecen peligro. Los más peligrosos son los de "banda roja".
– La Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyó al glifosato en una lista de productos considerados cancerígenos…
– Sí, también lo hizo con el mate y el café.
– Luego aclaró que lo eran si se tomaban "demasiado calientes".
– Sí, así es.
– ¿Qué le generan las denuncias sobre el avance de enfermedades como el cáncer y su relación con el uso de agroquímicos?
– Si hay alguna evidencia de que el uso controlado del glifosato produce algún problema, los primeros que vamos a enfatizar y vamos a querer que se saque, obviamente vamos a ser nosotros que somos los que estamos en contacto con el producto. Pero no me digan que alguien que vive en la ciudad tiene problemas porque se fumigó un campo a 35 kilómetros de distancia. Nosotros proponemos que si hay problemas, la prohibición se aplique solamente sobre el casco urbano.
– Si la prohibición se aplica solo sobre el casco urbano quedaría afuera la población rural, que es la que está más expuesta. De hecho hubo muchísimas denuncias de escuelas que han sido fumigadas.
– Ha pasado, sin dudas. Pero nosotros no estamos para premiar a quien hace mal las cosas. La ley provincial de agroquímicos, que fue modificada hace dos años, está aprobada en el senado provincial y sigue sin aprobarse en diputados por problemas del partido que gobierna Entre Ríos. Esa ley pone penas sobre quien hace mal las cosas. Y ese es el punto.
– ¿Y quién controlaría ese mal uso? En el Senasa, uno de los organismos que debería hacerlo, hubo 213 despidos.
– Si van a prohibir porque no son capaces de controlar el uso, eso escapa a nosotros. Yo para aplicar un agroquímico necesito dos recetas avaladas por un profesional de la agronomía matriculado. Una para poder comprar el producto y otra para poder aplicarlo. Es más, uno puede seguir esas recetas en forma digital. No es que cualquiera va y compra agroquímicos. Lo que queremos es tener control.
– Un estudio científico del Conicet halló partículas de glifosato en el río Paraná. ¿Eso no implicaría una afectación a todo el departamento?
– ¿Que hayan encontrado moléculas de glifosato en el río es malo? ¿Está dentro de un umbral que provoca daño? ¿Qué otro tipo de moléculas encontraron? En el mundo hay seis mil millones de habitantes y todos los lugares en alguna proporción tienen productos químicos que se usan habitualmente en los hogares, como el veneno para ratas. ¿Es malo eso? La verdad que no lo sé.
– ¿Usted qué cree?
– Las cloacas en Gualeguaychú pasan directamente al río. No hay control tampoco sobre restos de combustible y otros productos tóxicos que son de venta libre y para uso doméstico.
– ¿Qué conclusiones se llevó de los debates en el Concejo Deliberante?
– Los concejales no entendían nada sobre nuestro trabajo. Necesitan asesoramiento técnico. Entonces, va a ser un grupo sin asesoramiento técnico el que termine definiendo cómo se debe producir en todo el ejido de Gualeguaychú.
– ¿En qué notó esa falta de sustento técnico?
– Cuando nos dicen que quieren cambiar el modelo productivo, que usamos muchos agroquímicos, nosotros decimos, perfecto. ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Usamos muchos agroquímicos en comparación con qué, con quiénes? El uso de agroquímicos en muchos casos es menor al que tienen varios países del primer mundo. Que hay que mejorar, seguramente. Pero no prohibiendo.
– ¿No es posible ir hacia un modelo agroecológico con apoyo del Estado?
– Es imposible volver a la agricultura de 70 años atrás. Nos parece más un argumento político que técnico. Nos dicen que hay que hacer un modelo agroecólógico. Bueno, yo y el 95% de los productores de Argentina vamos a decir que tenemos un modelo agroecológico, porque el concepto es tan amplio que es difícil decir dónde empieza y dónde termina la idea.
– ¿Un modelo agroecológico no implica justamente, entre otras cosas, el no uso de agroquímicos?
– No. Que se use glifosato no significa que no se esté aplicando un modelo agroecológico. Porque yo gracias a eso puedo hacer siembra directa, cultivos de cobertura, me permite hacer dos cultivos en el año, con lo que tengo más protegido el suelo.
– ¿Si avanza la prohibición del glifosato en el país, el modelo sojero actual tiene futuro?
– Durante todo estos años se relacionó el glifosato con la soja. Pero fue un modelo que en su momento el gobierno anterior empujó, porque restringió la exportación de trigo y de maíz. Llevó a los productores a trabajar soja sobre soja, y eso siempre lo criticamos porque nosotros queríamos rotar la siembra, cuidar el suelo.
– ¿Si la justicia no acompaña sus reclamos seguirán insistiendo con el uso de glifosato?
– Nosotros no defendemos el uso del glifosato, defendemos el uso de los productos que están aprobados. Somos permeables a la crítica para mejorar. Pero no a que nos obliguen a cambiar el modelo productivo de un día para otro. Sentémonos a discutir, analicemos si estamos haciendo mal las cosas, pero no prohibiendo.
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Fecha de Publicación: 10/05/2018
Fuente: El Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos
El director de la Sociedad Rural de Entre Ríos, Walter Feldkamp, adelantó que intentarán frenar la ordenanza por considerarla “inconstitucional”. Defendió el uso "controlado" de agroquímicos y aseguró que “no hay evidencias científicas” sobre su relación con enfermedades como el cáncer.
Hace tres semanas, el Concejo Deliberante de Gualeguaychú aprobó la ordenanza que prohíbe la aplicación, transporte, almacenamiento y comercialización del herbicida glifosato en el ejido de la ciudad, es decir, en las 33 mil hectáreas que componen el casco urbano y sus alrededores. En pocos días la iniciativa entrará en vigencia, pero organizaciones de ruralistas ya adelantaron que presentarán medidas de amparo y no descartan pedir su inconstitucionalidad.
El proyecto presentado por el intendente local Martín Piaggio (FpV) responde a la preocupación que generan desde hace años las cientos de denuncias por parte de pobladores, ONGs y organizaciones ambientalistas que alertan sobre un aumento de las enfermedades asociadas al uso de agrotóxicos, entre ellas el cáncer, con casos que, aseguran, se dan con cada vez mayor frecuencia y contemplan entre sus pacientes a numerosos niños.
Por otro lado, productores y entidades agropecuarias cuestionan la rigurosidad científica de quienes vinculan el glifosato con ese tipo de afecciones. Y califican la iniciativa como una respuesta "extrema" e "inconstitucional" que afectará gravemente al sector. Proponen, en cambio, una legislación que, sin prohibir el uso del producto que consideran "una herramienta de trabajo", exija una serie de controles para quienes lo aplican.
Durante los días que duró el debate, en el Concejo Deliberante se escucharon testimonios y datos aportados desde todos los sectores, a favor y en contra de la medida. Uno de los que se opuso fuertemente al proyecto fue el director del Distrito Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina, Walter Feldkamp.
En diálogo con el periodista Emmanuel Gentile, de Infobae, Feldkamp cuestionó la aprobación de la ordenanza y confirmó que los productores evalúan presentar amparos judiciales para frenarla.
– ¿Qué representará para la Sociedad Rural la aplicación de esta nueva ordenanza?
– Habrá un montón de gente afectada a la que se les quitará una herramienta importantísima para trabajar sin ningún sustento. Bueno, si no lo hemos podido cambiar mediante el diálogo, iremos a la justicia. Desde las entidades los estamos acompañando.
– ¿Cuáles son los argumentos que utilizarán ante la Justicia?
– Consideramos que prohibir un producto que está aprobado en Argentina por todas las leyes y todos los gobiernos desde principios de los 80, Senasa y ANMAT, sin evidencia científica que diga que produce cáncer, no es más que quitarle una herramienta de trabajo a los productores que nos ha permitido reemplazar el arado por la siembra directa. Contamos con el apoyo de abogados constitucionalistas y hay antecedentes de ciudades donde se ha prohibido el glifosato y luego la norma fue declarada inconstitucional.
– ¿Harán una presentación como entidad o irá cada productor por su cuenta?
– Lo estamos evaluando. Será como más convenga.
– Usted dijo en una de sus intervenciones en los debates que si se prohíbe el uso del glifosato los empresarios del agro se verán obligados a utilizar "productos peores". ¿Cuáles serían?
– Aclaro que no es una amenaza lo que dije. Me refiero a que hagamos énfasis en los productos menos nocivos. El glifosato lo es porque es de los considerados por el Senasa en su etiquetado de "banda verde", es decir, que normalmente no ofrecen peligro. Los más peligrosos son los de "banda roja".
– La Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyó al glifosato en una lista de productos considerados cancerígenos…
– Sí, también lo hizo con el mate y el café.
– Luego aclaró que lo eran si se tomaban "demasiado calientes".
– Sí, así es.
– ¿Qué le generan las denuncias sobre el avance de enfermedades como el cáncer y su relación con el uso de agroquímicos?
– Si hay alguna evidencia de que el uso controlado del glifosato produce algún problema, los primeros que vamos a enfatizar y vamos a querer que se saque, obviamente vamos a ser nosotros que somos los que estamos en contacto con el producto. Pero no me digan que alguien que vive en la ciudad tiene problemas porque se fumigó un campo a 35 kilómetros de distancia. Nosotros proponemos que si hay problemas, la prohibición se aplique solamente sobre el casco urbano.
– Si la prohibición se aplica solo sobre el casco urbano quedaría afuera la población rural, que es la que está más expuesta. De hecho hubo muchísimas denuncias de escuelas que han sido fumigadas.
– Ha pasado, sin dudas. Pero nosotros no estamos para premiar a quien hace mal las cosas. La ley provincial de agroquímicos, que fue modificada hace dos años, está aprobada en el senado provincial y sigue sin aprobarse en diputados por problemas del partido que gobierna Entre Ríos. Esa ley pone penas sobre quien hace mal las cosas. Y ese es el punto.
– ¿Y quién controlaría ese mal uso? En el Senasa, uno de los organismos que debería hacerlo, hubo 213 despidos.
– Si van a prohibir porque no son capaces de controlar el uso, eso escapa a nosotros. Yo para aplicar un agroquímico necesito dos recetas avaladas por un profesional de la agronomía matriculado. Una para poder comprar el producto y otra para poder aplicarlo. Es más, uno puede seguir esas recetas en forma digital. No es que cualquiera va y compra agroquímicos. Lo que queremos es tener control.
– Un estudio científico del Conicet halló partículas de glifosato en el río Paraná. ¿Eso no implicaría una afectación a todo el departamento?
– ¿Que hayan encontrado moléculas de glifosato en el río es malo? ¿Está dentro de un umbral que provoca daño? ¿Qué otro tipo de moléculas encontraron? En el mundo hay seis mil millones de habitantes y todos los lugares en alguna proporción tienen productos químicos que se usan habitualmente en los hogares, como el veneno para ratas. ¿Es malo eso? La verdad que no lo sé.
– ¿Usted qué cree?
– Las cloacas en Gualeguaychú pasan directamente al río. No hay control tampoco sobre restos de combustible y otros productos tóxicos que son de venta libre y para uso doméstico.
– ¿Qué conclusiones se llevó de los debates en el Concejo Deliberante?
– Los concejales no entendían nada sobre nuestro trabajo. Necesitan asesoramiento técnico. Entonces, va a ser un grupo sin asesoramiento técnico el que termine definiendo cómo se debe producir en todo el ejido de Gualeguaychú.
– ¿En qué notó esa falta de sustento técnico?
– Cuando nos dicen que quieren cambiar el modelo productivo, que usamos muchos agroquímicos, nosotros decimos, perfecto. ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Usamos muchos agroquímicos en comparación con qué, con quiénes? El uso de agroquímicos en muchos casos es menor al que tienen varios países del primer mundo. Que hay que mejorar, seguramente. Pero no prohibiendo.
– ¿No es posible ir hacia un modelo agroecológico con apoyo del Estado?
– Es imposible volver a la agricultura de 70 años atrás. Nos parece más un argumento político que técnico. Nos dicen que hay que hacer un modelo agroecólógico. Bueno, yo y el 95% de los productores de Argentina vamos a decir que tenemos un modelo agroecológico, porque el concepto es tan amplio que es difícil decir dónde empieza y dónde termina la idea.
– ¿Un modelo agroecológico no implica justamente, entre otras cosas, el no uso de agroquímicos?
– No. Que se use glifosato no significa que no se esté aplicando un modelo agroecológico. Porque yo gracias a eso puedo hacer siembra directa, cultivos de cobertura, me permite hacer dos cultivos en el año, con lo que tengo más protegido el suelo.
– ¿Si avanza la prohibición del glifosato en el país, el modelo sojero actual tiene futuro?
– Durante todo estos años se relacionó el glifosato con la soja. Pero fue un modelo que en su momento el gobierno anterior empujó, porque restringió la exportación de trigo y de maíz. Llevó a los productores a trabajar soja sobre soja, y eso siempre lo criticamos porque nosotros queríamos rotar la siembra, cuidar el suelo.
– ¿Si la justicia no acompaña sus reclamos seguirán insistiendo con el uso de glifosato?
– Nosotros no defendemos el uso del glifosato, defendemos el uso de los productos que están aprobados. Somos permeables a la crítica para mejorar. Pero no a que nos obliguen a cambiar el modelo productivo de un día para otro. Sentémonos a discutir, analicemos si estamos haciendo mal las cosas, pero no prohibiendo.
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20 mil personas afectadas laboralmente por la incineración
Fuentes de trabajo que van a incineración
Fecha de Publicación: 10/05/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: CABA
La ley que impulsó el gobierno porteño para desandar el camino de la Basura Cero afectará además a toda la industria vinculada al reciclaje: se calcula que en total estarán afectadas unas 20 mil personas. Críticas por el riesgo ambiental y el costo de las plantas incineradoras.
La decisión del gobierno porteño de reflotar la quema de basura, método impuesto por el ex intendente de la dictadura Osvaldo Cacciatore y defenestrado en democracia por su nocivo impacto ambiental, tendrá un efecto “desastroso” para los más de seis mil cartoneros registrados en la Ciudad de Buenos Aires. Las cifras de trabajadores afectados por la medida comprende a otros que trabajan por su cuenta, fuera del sistema oficial, y que suman entre cuatro y seis mil. Desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que nuclea a recuperadores urbanos de todo el país, advierten que la quema de papel, cartón y otros elementos combustibles tendrá a la vez un daño colateral sobre sectores de la industria vinculados al reciclaje, a punto que se estima que en total serán unos 20 mil las personas en riesgo de ver limitada o perdida su desde el vamos precaria fuente de trabajo.
Por su parte, el ingeniero Manuel Matheu, que forma parte del MTE, refutó las afirmaciones del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta sobre la generación de energía que produciría la quema de residuos en la ciudad. “Por un lado, la generación de energía no es tan importante como la que se pregona, pero además es un sistema muy caro que requiere fuertes inversiones que son amortizables a largo plazo, con contratos que se extienden a 25 o 30 años”.
La estimación para el costo de cada una de las siete plantas incineradoras que el gobierno porteño proyecta instalar en la ciudad es de unos 500 millones de dólares. Y se estima que la construcción demandará unos tres años.
Matheu señaló además que hay que tener en cuenta “el daño ambiental que el sistema de quema de basura provoca en la población y que es de alto riesgo porque son problemas de salud que no se manifiestan en el corto plazo, de manera que son daños que van avanzando en silencio y tienen efectos muy graves”.
Jacquelina Flores, que trabaja como cartonera y está enrolada en el MTE, puntualizó que se trata de “una política fundada en un pensamiento de clase, en la idea de una ciudad-empresa que favorece a los empresarios amigos del gobierno para que ganen mucho dinero” con el montaje de la infraestructura necesaria para desarrollar el modelo. “Me da un poco de risa cuando veo la propaganda televisiva de Rodríguez Larreta en la que se habla de una ciudad verde a la que se va a contaminar con la quema de basura, sin haber consultado a los habitantes de la ciudad. Tal vez hablan de una ciudad verde por el color del dólar”.
El jueves pasado, la Legislatura porteña aprobó, con el voto del oficialismo y sus aliados, la ley que habilita el regreso de la quema de basura en la ciudad. Se trata de una modificación a la ley de Basura Cero, considerada un ejemplo en la región por su planteo de promover el reciclado. Con la modificación, las metas previstas para la reducción de residuos se atemperaron: los plazos establecidos hace 13 años contemplaban una reducción de un 30 por ciento en la generación de basura destinada a relleno sanitario al 2010, de un 50 por ciento a 2012 y un 75 por ciento para 2017. Para el año 2020 directamente prohibía la disposición final de materiales tanto reciclables como aprovechables. Ahora, las nuevas metas fijadas son de un 50 por ciento para 2021, un 65 por ciento para 2025 y un 80 por ciento para 2030. Recién para 2028 se prohíbe la disposición final de residuos.
Al referirse al impacto de la quema de basura sobre las cartoneras y cartoneros, Jacquelina sostuvo que será “desastroso, totalmente negativo, para los seis mil reconocidos por el gobierno porteño y para otros seis mil (según algunos cálculos) que trabajan por su cuenta, fuera del sistema. La política oficial nunca fue buena para nosotros, para las cooperativas reconocidas en la Ciudad, pero con la nueva ley nos terminan de golpear, con mentiras, porque no se han agotado las instancias del reciclado porque nunca nos dieron todos los elementos necesarios para realizar nuestro trabajo, los camiones, la logística necesaria. Es todo una mentira, como cuando intentaron privatizar el sistema y que nosotros pudimos resistir, pero ahora cambian todo sin consultar a la población, que va a sufrir la contaminación que está probado que produce la quema de basura”.
La incineración de los residuos que impulsó el gobierno de la ciudad se hará mediante la termovalorización, un proceso para quemar basura y recuperar la energía de la combustión que es resistido por ambientalistas a nivel mundial. Funciona en algunos países de Europa, pero allí ya hay una recomendación oficial para que no se instalen nuevas plantas de ese tipo y que se vayan eliminando los que siguen en funcionamiento.
Jacquelina Flores cuestionó a la titular de la Comisión Legislativa de Ambiente y Espacio Público, Mercedes de Las Casas, que impulsó la ley aprobada en la Legislatura, porque “cuando la entrevistamos, ni siquiera supo responder nuestras preguntas, nunca discutió el tema con nosotros”. El gobierno porteño afirmó que el sistema de quema de residuos es el que se aplica en Europa y en otros países “pero mienten, porque el 75 por ciento de la basura es reciclada, pero ellos cambian el sistema y nos sacan la basura, que es nuestra fuente de trabajo, nos arrinconan, nos llevan de nuevo al abismo, pero están afectando a más de veinte mil personas, porque esto incluye a las empresas vinculadas al reciclado y por esa razón, la Cámara de empresarios del plástico expresó su rechazo a la ley”.
La integrante del MTE recordó que “nunca nos tuvieron en cuenta, cuando le pedimos información sobre lo que pensaban hacer, nos dieron un informe escrito en inglés, ni se molestaron en darnos una respuesta en forma personal porque para ellos nosotros valemos menos que la basura”. Insistió en que hasta ahora “todo lo que se hizo a favor del reciclado, lo hicimos nosotros porque el Estado nunca nos dio nada. Ahora lo que buscan es una empresa para pocos, pero el montaje del nuevo sistema es muy caro, no alcanza el presupuesto de la Ciudad, de manera que el país se va a endeudar con un sistema que, además, produce contaminación”.
En este punto, recordó que “ellos niegan que produzca daño en la salud, pero los incineradores van a ser instalados en los barrios del sur, Villa Soldati, Lugano, cerca de La Boca, nunca en Puerto Madero; de esa manera, además de dejarnos sin trabajo, están afectando nuestra calidad de vida, de manera que si tenemos que judicializar nuestra lucha, la vamos a judicializar”.
Manuel Matheu coincidió en que “a los seis mil quinientos recuperadores de calle reconocidos hay que sumarle otros cuatro mil o más que trabajan en forma independiente”. Respecto de los argumentos del gobierno porteño sobre las supuestas bondades de un modelo, el de la quema de basura, que se aplica en los países del Primer Mundo, aseguró que “en realidad, en esos países se está saliendo de ese sistema para potenciar el reciclado, de manera que las empresas que aportan los elementos para la quema de basura se están ahora trasladando a nuestros países”. Sobre la contaminación ambiental que produce este método, precisó que “hay diversos estudios que confirman los efectos nocivos para la salud, situación que se agrava en el caso de Argentina porque no tenemos capacidad técnica para poder controlar esas complicaciones cuyos daños no se ven en el corto plazo y que se hacen sentir ya en lugares como la Ceamse, con quemas a cielo abierto. Uno de los primeros lugares elegidos por el gobierno porteño para la quema es la zona de Villa Lugano, donde ya tenemos el problema de la contaminación del Riachuelo, que para hacer una comparación con el Primer Mundo, no es un curso de agua como el Danubio”.
Matheu definió la ley votada en la ley impulsada por el gobierno de Cambiemos es “un modelo pensado para los empresarios privados y para transferir recursos a esos sectores”.
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Fecha de Publicación: 10/05/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: CABA
La ley que impulsó el gobierno porteño para desandar el camino de la Basura Cero afectará además a toda la industria vinculada al reciclaje: se calcula que en total estarán afectadas unas 20 mil personas. Críticas por el riesgo ambiental y el costo de las plantas incineradoras.
La decisión del gobierno porteño de reflotar la quema de basura, método impuesto por el ex intendente de la dictadura Osvaldo Cacciatore y defenestrado en democracia por su nocivo impacto ambiental, tendrá un efecto “desastroso” para los más de seis mil cartoneros registrados en la Ciudad de Buenos Aires. Las cifras de trabajadores afectados por la medida comprende a otros que trabajan por su cuenta, fuera del sistema oficial, y que suman entre cuatro y seis mil. Desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que nuclea a recuperadores urbanos de todo el país, advierten que la quema de papel, cartón y otros elementos combustibles tendrá a la vez un daño colateral sobre sectores de la industria vinculados al reciclaje, a punto que se estima que en total serán unos 20 mil las personas en riesgo de ver limitada o perdida su desde el vamos precaria fuente de trabajo.
Por su parte, el ingeniero Manuel Matheu, que forma parte del MTE, refutó las afirmaciones del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta sobre la generación de energía que produciría la quema de residuos en la ciudad. “Por un lado, la generación de energía no es tan importante como la que se pregona, pero además es un sistema muy caro que requiere fuertes inversiones que son amortizables a largo plazo, con contratos que se extienden a 25 o 30 años”.
La estimación para el costo de cada una de las siete plantas incineradoras que el gobierno porteño proyecta instalar en la ciudad es de unos 500 millones de dólares. Y se estima que la construcción demandará unos tres años.
Matheu señaló además que hay que tener en cuenta “el daño ambiental que el sistema de quema de basura provoca en la población y que es de alto riesgo porque son problemas de salud que no se manifiestan en el corto plazo, de manera que son daños que van avanzando en silencio y tienen efectos muy graves”.
Jacquelina Flores, que trabaja como cartonera y está enrolada en el MTE, puntualizó que se trata de “una política fundada en un pensamiento de clase, en la idea de una ciudad-empresa que favorece a los empresarios amigos del gobierno para que ganen mucho dinero” con el montaje de la infraestructura necesaria para desarrollar el modelo. “Me da un poco de risa cuando veo la propaganda televisiva de Rodríguez Larreta en la que se habla de una ciudad verde a la que se va a contaminar con la quema de basura, sin haber consultado a los habitantes de la ciudad. Tal vez hablan de una ciudad verde por el color del dólar”.
El jueves pasado, la Legislatura porteña aprobó, con el voto del oficialismo y sus aliados, la ley que habilita el regreso de la quema de basura en la ciudad. Se trata de una modificación a la ley de Basura Cero, considerada un ejemplo en la región por su planteo de promover el reciclado. Con la modificación, las metas previstas para la reducción de residuos se atemperaron: los plazos establecidos hace 13 años contemplaban una reducción de un 30 por ciento en la generación de basura destinada a relleno sanitario al 2010, de un 50 por ciento a 2012 y un 75 por ciento para 2017. Para el año 2020 directamente prohibía la disposición final de materiales tanto reciclables como aprovechables. Ahora, las nuevas metas fijadas son de un 50 por ciento para 2021, un 65 por ciento para 2025 y un 80 por ciento para 2030. Recién para 2028 se prohíbe la disposición final de residuos.
Al referirse al impacto de la quema de basura sobre las cartoneras y cartoneros, Jacquelina sostuvo que será “desastroso, totalmente negativo, para los seis mil reconocidos por el gobierno porteño y para otros seis mil (según algunos cálculos) que trabajan por su cuenta, fuera del sistema. La política oficial nunca fue buena para nosotros, para las cooperativas reconocidas en la Ciudad, pero con la nueva ley nos terminan de golpear, con mentiras, porque no se han agotado las instancias del reciclado porque nunca nos dieron todos los elementos necesarios para realizar nuestro trabajo, los camiones, la logística necesaria. Es todo una mentira, como cuando intentaron privatizar el sistema y que nosotros pudimos resistir, pero ahora cambian todo sin consultar a la población, que va a sufrir la contaminación que está probado que produce la quema de basura”.
La incineración de los residuos que impulsó el gobierno de la ciudad se hará mediante la termovalorización, un proceso para quemar basura y recuperar la energía de la combustión que es resistido por ambientalistas a nivel mundial. Funciona en algunos países de Europa, pero allí ya hay una recomendación oficial para que no se instalen nuevas plantas de ese tipo y que se vayan eliminando los que siguen en funcionamiento.
Jacquelina Flores cuestionó a la titular de la Comisión Legislativa de Ambiente y Espacio Público, Mercedes de Las Casas, que impulsó la ley aprobada en la Legislatura, porque “cuando la entrevistamos, ni siquiera supo responder nuestras preguntas, nunca discutió el tema con nosotros”. El gobierno porteño afirmó que el sistema de quema de residuos es el que se aplica en Europa y en otros países “pero mienten, porque el 75 por ciento de la basura es reciclada, pero ellos cambian el sistema y nos sacan la basura, que es nuestra fuente de trabajo, nos arrinconan, nos llevan de nuevo al abismo, pero están afectando a más de veinte mil personas, porque esto incluye a las empresas vinculadas al reciclado y por esa razón, la Cámara de empresarios del plástico expresó su rechazo a la ley”.
La integrante del MTE recordó que “nunca nos tuvieron en cuenta, cuando le pedimos información sobre lo que pensaban hacer, nos dieron un informe escrito en inglés, ni se molestaron en darnos una respuesta en forma personal porque para ellos nosotros valemos menos que la basura”. Insistió en que hasta ahora “todo lo que se hizo a favor del reciclado, lo hicimos nosotros porque el Estado nunca nos dio nada. Ahora lo que buscan es una empresa para pocos, pero el montaje del nuevo sistema es muy caro, no alcanza el presupuesto de la Ciudad, de manera que el país se va a endeudar con un sistema que, además, produce contaminación”.
En este punto, recordó que “ellos niegan que produzca daño en la salud, pero los incineradores van a ser instalados en los barrios del sur, Villa Soldati, Lugano, cerca de La Boca, nunca en Puerto Madero; de esa manera, además de dejarnos sin trabajo, están afectando nuestra calidad de vida, de manera que si tenemos que judicializar nuestra lucha, la vamos a judicializar”.
Manuel Matheu coincidió en que “a los seis mil quinientos recuperadores de calle reconocidos hay que sumarle otros cuatro mil o más que trabajan en forma independiente”. Respecto de los argumentos del gobierno porteño sobre las supuestas bondades de un modelo, el de la quema de basura, que se aplica en los países del Primer Mundo, aseguró que “en realidad, en esos países se está saliendo de ese sistema para potenciar el reciclado, de manera que las empresas que aportan los elementos para la quema de basura se están ahora trasladando a nuestros países”. Sobre la contaminación ambiental que produce este método, precisó que “hay diversos estudios que confirman los efectos nocivos para la salud, situación que se agrava en el caso de Argentina porque no tenemos capacidad técnica para poder controlar esas complicaciones cuyos daños no se ven en el corto plazo y que se hacen sentir ya en lugares como la Ceamse, con quemas a cielo abierto. Uno de los primeros lugares elegidos por el gobierno porteño para la quema es la zona de Villa Lugano, donde ya tenemos el problema de la contaminación del Riachuelo, que para hacer una comparación con el Primer Mundo, no es un curso de agua como el Danubio”.
Matheu definió la ley votada en la ley impulsada por el gobierno de Cambiemos es “un modelo pensado para los empresarios privados y para transferir recursos a esos sectores”.
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Sanear el Riachuelo: mandato a cumplir
Sanear el Riachuelo: mandato a cumplir
Fecha de Publicación: 10/05/2018
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Riachuelo
Si se cambia el paradigma, se evitará la contaminación ambiental y el riesgo para la salud. Con urgencia se requiere la pronta evaluación de los proyectos e iniciación de obras con agenda monitoreada. Es decir, pasar del discurso a la acción. También, asumir la responsabilidad asignada para cumplir con el principio del derecho a la salud, que se basa en el derecho a una vida digna.
El llamado de la Corte a Audiencia Pública para avanzar en el cumplimiento de obras de saneamiento del Riachuelo vuelve a poner el eje en la relocalización de familias gravemente afectadas. La población que se ha ido asentando en una franja estrecha a orillas del Riachuelo hace tiempo que sufre problemas de salud que serán mayores si no es reubicada prontamente.
Ya la Corte había advertido sobre graves deficiencias en los informes presentados por la autoridad de cuenca ACUMAR entre 2006 y 2015. Entre otras cosas, dispuso que se brinde información sobre cuestiones relacionadas a la relocalización de los habitantes de esa ribera, y el seguimiento de las personas que sufren alguna enfermedad vinculadas con la contaminación.
Durante abril de 2018, el alto tribunal convocó a una nueva audiencia pública por la contaminación en el Riachuelo, que deberá realizarse en un plazo menor a los 30 días, para que las partes involucradas expongan sobre los avances en la recomposición del daño ambiental registrado en la cuenca.
Entre otros factores riesgosos para los habitantes del lugar están las industrias productoras de residuos contaminantes, que originan afecciones en la piel y las vías respiratorias. Es por ello que la aplicación adecuada del derecho penal puede ser una herramienta eficaz para proteger el derecho a un ambiente sano que establece nuestra Constitución.
El Foro Mundial del Agua, que tuvo lugar en Brasilia en marzo de este año, estuvo organizado por el Consejo Mundial del Agua, cuya misión es “crear un compromiso político que facilite el desarrollo, planificación, gestión y uso eficiente del agua sobre una base ambientalmente sostenible en beneficio de la vida en la Tierra”.
Algunos datos presentados durante la reunión resultan sorprendentes: en el mundo hay más personas con teléfonos móviles que con inodoros; solo dos de cada diez países destinan fondos suficientes para garantizar el acceso de sus poblaciones al agua potable y a servicios de cloacas y, sin embargo, se estima que por cada dólar que invierte un gobierno en el manejo del agua y el saneamiento ambiental, se ahorran cuatro dólares en gastos de salud y aumento de la productividad.
Lo que nos interesa a los sanitaristas es brindar a la población agua potable y cloacas, generar energía con menores emisiones de gases efecto invernadero, lograr comunidades sostenibles, y que sea delito atentar contra el ambiente. En Argentina, nuestros esfuerzos deben estar focalizados en la Cuenca Matanza Riachuelo, una de las más contaminadas del mundo, que alcanza niveles críticos en los cursos medio y bajo del río, y tiene consecuencias directas sobre la salud y la calidad de vida de los 5 millones de habitantes de la zona. Años de desidia han convertido al río y la zona en un ícono nacional de la contaminación e injusticia ambiental.
Es de esperar que con la nueva gestión, la puesta a punto de los proyectos y la renovada convocatoria de la Corte, muy pronto todas esas familias encuentren una solución que les permita vivir de una manera digna, sin riesgos de enfermarse por causa de la desaprensión y la falta de controles.
Norma Cadoppi - Presidenta del Foro Estratégico para el Desarrollo Nacional.
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Fecha de Publicación: 10/05/2018
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Riachuelo
Si se cambia el paradigma, se evitará la contaminación ambiental y el riesgo para la salud. Con urgencia se requiere la pronta evaluación de los proyectos e iniciación de obras con agenda monitoreada. Es decir, pasar del discurso a la acción. También, asumir la responsabilidad asignada para cumplir con el principio del derecho a la salud, que se basa en el derecho a una vida digna.
El llamado de la Corte a Audiencia Pública para avanzar en el cumplimiento de obras de saneamiento del Riachuelo vuelve a poner el eje en la relocalización de familias gravemente afectadas. La población que se ha ido asentando en una franja estrecha a orillas del Riachuelo hace tiempo que sufre problemas de salud que serán mayores si no es reubicada prontamente.
Ya la Corte había advertido sobre graves deficiencias en los informes presentados por la autoridad de cuenca ACUMAR entre 2006 y 2015. Entre otras cosas, dispuso que se brinde información sobre cuestiones relacionadas a la relocalización de los habitantes de esa ribera, y el seguimiento de las personas que sufren alguna enfermedad vinculadas con la contaminación.
Durante abril de 2018, el alto tribunal convocó a una nueva audiencia pública por la contaminación en el Riachuelo, que deberá realizarse en un plazo menor a los 30 días, para que las partes involucradas expongan sobre los avances en la recomposición del daño ambiental registrado en la cuenca.
Entre otros factores riesgosos para los habitantes del lugar están las industrias productoras de residuos contaminantes, que originan afecciones en la piel y las vías respiratorias. Es por ello que la aplicación adecuada del derecho penal puede ser una herramienta eficaz para proteger el derecho a un ambiente sano que establece nuestra Constitución.
El Foro Mundial del Agua, que tuvo lugar en Brasilia en marzo de este año, estuvo organizado por el Consejo Mundial del Agua, cuya misión es “crear un compromiso político que facilite el desarrollo, planificación, gestión y uso eficiente del agua sobre una base ambientalmente sostenible en beneficio de la vida en la Tierra”.
Algunos datos presentados durante la reunión resultan sorprendentes: en el mundo hay más personas con teléfonos móviles que con inodoros; solo dos de cada diez países destinan fondos suficientes para garantizar el acceso de sus poblaciones al agua potable y a servicios de cloacas y, sin embargo, se estima que por cada dólar que invierte un gobierno en el manejo del agua y el saneamiento ambiental, se ahorran cuatro dólares en gastos de salud y aumento de la productividad.
Lo que nos interesa a los sanitaristas es brindar a la población agua potable y cloacas, generar energía con menores emisiones de gases efecto invernadero, lograr comunidades sostenibles, y que sea delito atentar contra el ambiente. En Argentina, nuestros esfuerzos deben estar focalizados en la Cuenca Matanza Riachuelo, una de las más contaminadas del mundo, que alcanza niveles críticos en los cursos medio y bajo del río, y tiene consecuencias directas sobre la salud y la calidad de vida de los 5 millones de habitantes de la zona. Años de desidia han convertido al río y la zona en un ícono nacional de la contaminación e injusticia ambiental.
Es de esperar que con la nueva gestión, la puesta a punto de los proyectos y la renovada convocatoria de la Corte, muy pronto todas esas familias encuentren una solución que les permita vivir de una manera digna, sin riesgos de enfermarse por causa de la desaprensión y la falta de controles.
Norma Cadoppi - Presidenta del Foro Estratégico para el Desarrollo Nacional.
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Villa Riachuelo el lugar de sacrificio para los incineradores
Inquietud en Villa Riachuelo por la posible llegada de una planta de incineración de basura
Fecha de Publicación: 09/05/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: CABA
Con inquietud y desconfianza los vecinos de Villa Riachuelo recibieron la noticia de que allí podría instalarse una planta de incineración de basura mediante la técnica de termovalorización. Esta nueva forma de tratar los residuos en la ciudad se habilitó anteayer en la Legislatura al modificarse la ley de basura cero (N°1854) .
"Más allá de que esta nueva forma de incineración use unos filtros especiales, podría ser que igualmente se genere contaminación. No me deja tranquilo el hecho de que el humo no se vea", dice Gabriel Montiel, de 44 años, vecino del barrio. Y agrega que si el saneamiento del Riachuelo fuera una prioridad para el gobierno, no instalaría la planta junto a su cauce.
Nicolás Escroca, de 67 años, vive en el barrio desde 1970. Señala que cuando se instaló allí, se decía que Villa Riachuelo sería "el segundo Palermo" de Buenos Aires. Pero que, en cambio, hoy viven entre el ruido del Autódromo y el olor nauseabundo que el viento trae de Mataderos. "Encima ahora quieren instalar esta planta: ¡nos traen toda la porquería de la ciudad!", se queja.
Fuentes del gobierno porteño, sin embargo, afirman que la nueva tecnología no generará contaminación. Y aunque recién se precisará con exactitud dentro de dos meses el lugar de emplazamiento de la nueva planta, Eduardo Macchiavelli, ministro de Ambiente y Espacio Público porteño, ya adelantó que uno de los sitios posibles es un predio ubicado en la avenida Roca y General Paz, detrás del Autódromo Oscar y Juan Gálvez.
Villa Riachuelo es un barrio de clase trabajadora, de calles solitarias y casas sencillas de una sola planta que conviven con enormes galpones industriales. En una recorrida por allí, LA NACION comprobó que la mayoría de los vecinos desconocía por completo el proyecto oficial. Aunque luego de conocer sus detalles, lo rechazaron con vehemencia.
"Es una vuelta al siglo pasado", se queja María Alejandra Camiña, vecina del barrio, excomunera por Proyecto Sur e integrante del movimiento ambientalista 350.org. "No les creemos que la nueva maquinaria no contaminará", alerta. Agrega que se destruirá el espacio verde donde se emplazaría, aumentará la temperatura, se desvalorizará el barrio y se dañará un yacimiento de restos arqueológicos ubicado allí.
"Rechazamos y repudiamos la modificación de la ley", indica Julián Morinigo, del Consejo Consultivo de la Comuna 8. Explica que la posición del Consejo está basada en un informe técnico de Greenpeace. "El problema no es exclusivo de esta comuna sino de todo Buenos Aires y del Área Metropolitana", alerta.
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Fecha de Publicación: 09/05/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: CABA
Con inquietud y desconfianza los vecinos de Villa Riachuelo recibieron la noticia de que allí podría instalarse una planta de incineración de basura mediante la técnica de termovalorización. Esta nueva forma de tratar los residuos en la ciudad se habilitó anteayer en la Legislatura al modificarse la ley de basura cero (N°1854) .
"Más allá de que esta nueva forma de incineración use unos filtros especiales, podría ser que igualmente se genere contaminación. No me deja tranquilo el hecho de que el humo no se vea", dice Gabriel Montiel, de 44 años, vecino del barrio. Y agrega que si el saneamiento del Riachuelo fuera una prioridad para el gobierno, no instalaría la planta junto a su cauce.
Nicolás Escroca, de 67 años, vive en el barrio desde 1970. Señala que cuando se instaló allí, se decía que Villa Riachuelo sería "el segundo Palermo" de Buenos Aires. Pero que, en cambio, hoy viven entre el ruido del Autódromo y el olor nauseabundo que el viento trae de Mataderos. "Encima ahora quieren instalar esta planta: ¡nos traen toda la porquería de la ciudad!", se queja.
Fuentes del gobierno porteño, sin embargo, afirman que la nueva tecnología no generará contaminación. Y aunque recién se precisará con exactitud dentro de dos meses el lugar de emplazamiento de la nueva planta, Eduardo Macchiavelli, ministro de Ambiente y Espacio Público porteño, ya adelantó que uno de los sitios posibles es un predio ubicado en la avenida Roca y General Paz, detrás del Autódromo Oscar y Juan Gálvez.
Villa Riachuelo es un barrio de clase trabajadora, de calles solitarias y casas sencillas de una sola planta que conviven con enormes galpones industriales. En una recorrida por allí, LA NACION comprobó que la mayoría de los vecinos desconocía por completo el proyecto oficial. Aunque luego de conocer sus detalles, lo rechazaron con vehemencia.
"Es una vuelta al siglo pasado", se queja María Alejandra Camiña, vecina del barrio, excomunera por Proyecto Sur e integrante del movimiento ambientalista 350.org. "No les creemos que la nueva maquinaria no contaminará", alerta. Agrega que se destruirá el espacio verde donde se emplazaría, aumentará la temperatura, se desvalorizará el barrio y se dañará un yacimiento de restos arqueológicos ubicado allí.
"Rechazamos y repudiamos la modificación de la ley", indica Julián Morinigo, del Consejo Consultivo de la Comuna 8. Explica que la posición del Consejo está basada en un informe técnico de Greenpeace. "El problema no es exclusivo de esta comuna sino de todo Buenos Aires y del Área Metropolitana", alerta.
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100 erizos en una vivienda en La Paternal
Rescataron a más de 100 erizos del tráfico ilegal de fauna
Fecha de Publicación: 09/05/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Buenos Aires
Más de un centenar de erizos africanos (Atelerix albiventris) fueron rescatados del tráfico ilegal de fauna en un procedimiento realizado en una vivienda del barrio porteño de La Paternal.
El ministerio de Ambiente informó este jueves a través de un comunicado que los animales exóticos encontrados se hallaban en cajas plásticas para ser comercializados.
E indicó que los ejemplares no contaban con la documentación que acredite su procedencia y tenencia por lo cual se dispuso su incautación.
Luego, la cartera de Ambiente nacional, con la colaboración de la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, trasladó a los erizos africanos a un centro de rescate de fauna silvestre para su evaluación, de acuerdo a lo solicitado por la Justicia.
El operativo se realizó en conjunto con el Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal e intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 49, a cargo de Jimena Lambermon.
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Fecha de Publicación: 09/05/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Buenos Aires
Más de un centenar de erizos africanos (Atelerix albiventris) fueron rescatados del tráfico ilegal de fauna en un procedimiento realizado en una vivienda del barrio porteño de La Paternal.
El ministerio de Ambiente informó este jueves a través de un comunicado que los animales exóticos encontrados se hallaban en cajas plásticas para ser comercializados.
E indicó que los ejemplares no contaban con la documentación que acredite su procedencia y tenencia por lo cual se dispuso su incautación.
Luego, la cartera de Ambiente nacional, con la colaboración de la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, trasladó a los erizos africanos a un centro de rescate de fauna silvestre para su evaluación, de acuerdo a lo solicitado por la Justicia.
El operativo se realizó en conjunto con el Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal e intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 49, a cargo de Jimena Lambermon.
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Neuquén estudia minimizar los efectos del cambio climático
Buscan minimizar los efectos del cambio climático
Fecha de Publicación: 09/05/2018
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
La Municipalidad de Neuquén creó un área para luchar contra el cambio climático. Formará parte de la Secretaría de Modernización, a cargo de Rubén Etcheverry, y tendrá como objetivo coordinar estrategias para enfrentar los efectos del cambio climático y la preservación del medioambiente.
Luego de que la ciudad sufriera dos extraordinarios temporales de lluvia que ocasionaron importantes inundaciones (2014 y 2016) y vientos superiores a los 120 kilómetros por hora que provocaron grandes daños (2017), el intendente Horacio Quiroga decidió fundar el Programa de Adaptación al Cambio Climático (PACC).
Etcheverry explicó a este medio que el objetivo es coordinar acciones, programas, obras y proyectos para adaptar la ciudad de Neuquén y el área metropolitana de la Confluencia a los efectos de esta problemática global.
Para ello, la Municipalidad planea acentuar las medidas de eficiencia energética. Continuarán con la colocación de paneles solares en los edificios públicos y también apuntarán a reducir el consumo de resmas de papel y a utilizar luces led en la totalidad del alumbrado público.
La Secretaría comenzará a funcionar formalmente la próxima semana, pero Etcheverry aseguró que desde hace algún tiempo trabajan en varios proyectos que incluyen a los edificios sustentables y una estación de monitoreo ambiental, entre otros.
“También trabajamos con las otras secretarías. Por ejemplo, en este momento Obras Públicas realiza obras pluviales y pluvioaluvionales, mientras que también está haciendo trabajo de mantenimiento, reparación y limpieza de canales”, explicó.
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Fecha de Publicación: 09/05/2018
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
La Municipalidad de Neuquén creó un área para luchar contra el cambio climático. Formará parte de la Secretaría de Modernización, a cargo de Rubén Etcheverry, y tendrá como objetivo coordinar estrategias para enfrentar los efectos del cambio climático y la preservación del medioambiente.
Luego de que la ciudad sufriera dos extraordinarios temporales de lluvia que ocasionaron importantes inundaciones (2014 y 2016) y vientos superiores a los 120 kilómetros por hora que provocaron grandes daños (2017), el intendente Horacio Quiroga decidió fundar el Programa de Adaptación al Cambio Climático (PACC).
Etcheverry explicó a este medio que el objetivo es coordinar acciones, programas, obras y proyectos para adaptar la ciudad de Neuquén y el área metropolitana de la Confluencia a los efectos de esta problemática global.
Para ello, la Municipalidad planea acentuar las medidas de eficiencia energética. Continuarán con la colocación de paneles solares en los edificios públicos y también apuntarán a reducir el consumo de resmas de papel y a utilizar luces led en la totalidad del alumbrado público.
La Secretaría comenzará a funcionar formalmente la próxima semana, pero Etcheverry aseguró que desde hace algún tiempo trabajan en varios proyectos que incluyen a los edificios sustentables y una estación de monitoreo ambiental, entre otros.
“También trabajamos con las otras secretarías. Por ejemplo, en este momento Obras Públicas realiza obras pluviales y pluvioaluvionales, mientras que también está haciendo trabajo de mantenimiento, reparación y limpieza de canales”, explicó.
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La suerte de la minería en Chubut por una consulta popular
Legislatura: promueven zonificación para que la actividad minera se desarrolle en Chubut
Fecha de Publicación: 08/05/2018
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
Integrantes del bloque Convergencia presentaron ayer un proyecto de ley en la Legislatura que busca hacer posible la minería en más del 60% del territorio chubutense. El Partido Justicialista sostuvo que presentará hoy un proyecto con la finalidad de realizar una consulta popular vinculante en las elecciones de 2019 para que la ciudadanía decida sobre la actividad minera. Desde Chubut Somos Todos denunciaron que este proyecto fue elaborado en la Casa Rosada.
Los diputados Alfredo Di Filippo y Sergio Bruscoli, del Bloque Convergencia, presentaron ayer un proyecto de zonificación minera en la Legislatura. La iniciativa está referida “a la industria minera y los criterios de sustentabilidad a fin de promover su desarrollo armónico en el marco de la Ley XVII N° 68 (antes Ley 5001)”.
Es que este proyecto apunta a la zonificación de la actividad, con lo cual se podría habilitar su explotación en el 64% del suelo chubutense, y cuenta con el acompañamiento de un grupo de jefes comunales de la meseta chubutense y por la Cámara de Empresas Mineras.
Tanto Di Filippo como Bruscoli no estuvieron presentes ayer en la Legislatura, pero los vecinos vinculados a las asambleas permanentes en contra de la minería manifestaron su descontento por el proyecto presentado. En consecuencia, efectivos policiales mantuvieron un gran operativo de seguridad para evitar desmanes.
Consultado por el proyecto de zonificación minera, el presidente del bloque del Partido Justicialista (PJ), Javier Touriñan, remarcó que el mismo se encuentra sostenido y fue argumentado por los intereses que persigue la Cámara de Empresas Mineras. Frente a este panorama adelantó que se trabaja en un proyecto en el cual se garantice que sea el pueblo el que defina el futuro o no de la actividad.
“Nosotros vamos a presentar un proyecto también que tiene que ver con la misma temática pero de forma distinta”, aseguró el diputado en diálogo con radio Del Mar. “Queremos someter a consulta popular vinculante por el sí o por el no. El proyecto de iniciativa popular que llevó el aval de 13 mil firmas a la Legislatura, esto en conjunto con la elección de autoridades provinciales previsto para 2019, de manera que ningún candidato pueda hacerse el distraído y plantear su postura de manera firme”.
En este marco, Touriñan manifestó: “sería en toda la provincia, de este modo será la gente la que defina si se habilita o no la actividad minera, que no sean solo 27 diputados”.
El diputado provincial por Chubut Somos Todos, Alejandro Albaini, aseguró que “el proyecto que presentó Di Filippo viene de (presidente Mauricio) Macri. Viene de Nación. Ellos fueron y le dijeron a los intendentes que lo presentaran. Me consta que cada vez que vuelven de Buenos Aires, les ponen el tema minero arriba de la mesa, y las mineras tienen mucho dinero”.
En diálogo con FM Sol, el legislador manifestó que con la crisis que hay en la provincia “no hay espalda política para ir contra la minería, por eso necesitamos la espalda social. Si no le damos más fuerza a las firmas, a las marchas, a las acciones de la sociedad civil va a ser muy permeable la provincia a la minería. Necesitan catorce diputados, ¿sabés qué fácil es para una minera levantar catorce manos?”.
Hay que recordar que Albaini presentó hace quince días un proyecto que prohíbe la actividad minera en toda la provincia y apunta a derogar la Ley 5001. “Nosotros no pedimos la derogación de la 5001 sin haberlo pensado. La Ley 5001 es una trampa. Tiene dos artículos. En el primero prohíbe la megaminería y en el segundo la habilita, porque el proyecto de zonificación se para en ese artículo para comprometer el 65% del territorio de Chubut”, cuestionó.
“Nuestro proyecto tiene toda una historia: la gesta de Gastre, la gesta de Esquel, el pacto ambiental y las posiciones de los propios (Mario) Das Neves y (Mariano) Arcioni, la iniciativa popular. Este proyecto obliga a las empresas a remediar lo que han hecho y prohíbe los cateos. Pero además, la única forma de derogarlo sería mediante una consulta popular vinculante. No requiere de los diputados. Sino que debe haber elecciones en donde se debe tomar la decisión de hacer minería”, subrayó el legislador.
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Fecha de Publicación: 08/05/2018
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
Integrantes del bloque Convergencia presentaron ayer un proyecto de ley en la Legislatura que busca hacer posible la minería en más del 60% del territorio chubutense. El Partido Justicialista sostuvo que presentará hoy un proyecto con la finalidad de realizar una consulta popular vinculante en las elecciones de 2019 para que la ciudadanía decida sobre la actividad minera. Desde Chubut Somos Todos denunciaron que este proyecto fue elaborado en la Casa Rosada.
Los diputados Alfredo Di Filippo y Sergio Bruscoli, del Bloque Convergencia, presentaron ayer un proyecto de zonificación minera en la Legislatura. La iniciativa está referida “a la industria minera y los criterios de sustentabilidad a fin de promover su desarrollo armónico en el marco de la Ley XVII N° 68 (antes Ley 5001)”.
Es que este proyecto apunta a la zonificación de la actividad, con lo cual se podría habilitar su explotación en el 64% del suelo chubutense, y cuenta con el acompañamiento de un grupo de jefes comunales de la meseta chubutense y por la Cámara de Empresas Mineras.
Tanto Di Filippo como Bruscoli no estuvieron presentes ayer en la Legislatura, pero los vecinos vinculados a las asambleas permanentes en contra de la minería manifestaron su descontento por el proyecto presentado. En consecuencia, efectivos policiales mantuvieron un gran operativo de seguridad para evitar desmanes.
Consultado por el proyecto de zonificación minera, el presidente del bloque del Partido Justicialista (PJ), Javier Touriñan, remarcó que el mismo se encuentra sostenido y fue argumentado por los intereses que persigue la Cámara de Empresas Mineras. Frente a este panorama adelantó que se trabaja en un proyecto en el cual se garantice que sea el pueblo el que defina el futuro o no de la actividad.
“Nosotros vamos a presentar un proyecto también que tiene que ver con la misma temática pero de forma distinta”, aseguró el diputado en diálogo con radio Del Mar. “Queremos someter a consulta popular vinculante por el sí o por el no. El proyecto de iniciativa popular que llevó el aval de 13 mil firmas a la Legislatura, esto en conjunto con la elección de autoridades provinciales previsto para 2019, de manera que ningún candidato pueda hacerse el distraído y plantear su postura de manera firme”.
En este marco, Touriñan manifestó: “sería en toda la provincia, de este modo será la gente la que defina si se habilita o no la actividad minera, que no sean solo 27 diputados”.
El diputado provincial por Chubut Somos Todos, Alejandro Albaini, aseguró que “el proyecto que presentó Di Filippo viene de (presidente Mauricio) Macri. Viene de Nación. Ellos fueron y le dijeron a los intendentes que lo presentaran. Me consta que cada vez que vuelven de Buenos Aires, les ponen el tema minero arriba de la mesa, y las mineras tienen mucho dinero”.
En diálogo con FM Sol, el legislador manifestó que con la crisis que hay en la provincia “no hay espalda política para ir contra la minería, por eso necesitamos la espalda social. Si no le damos más fuerza a las firmas, a las marchas, a las acciones de la sociedad civil va a ser muy permeable la provincia a la minería. Necesitan catorce diputados, ¿sabés qué fácil es para una minera levantar catorce manos?”.
Hay que recordar que Albaini presentó hace quince días un proyecto que prohíbe la actividad minera en toda la provincia y apunta a derogar la Ley 5001. “Nosotros no pedimos la derogación de la 5001 sin haberlo pensado. La Ley 5001 es una trampa. Tiene dos artículos. En el primero prohíbe la megaminería y en el segundo la habilita, porque el proyecto de zonificación se para en ese artículo para comprometer el 65% del territorio de Chubut”, cuestionó.
“Nuestro proyecto tiene toda una historia: la gesta de Gastre, la gesta de Esquel, el pacto ambiental y las posiciones de los propios (Mario) Das Neves y (Mariano) Arcioni, la iniciativa popular. Este proyecto obliga a las empresas a remediar lo que han hecho y prohíbe los cateos. Pero además, la única forma de derogarlo sería mediante una consulta popular vinculante. No requiere de los diputados. Sino que debe haber elecciones en donde se debe tomar la decisión de hacer minería”, subrayó el legislador.
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Tierra del Fuego concluye otra etapa de remediación de costas
Bahía Encerrada: Finalizó la toma de muestras en la costa para avanzar en la remediación ambiental
Fecha de Publicación: 08/05/2018
Fuente: Sur54
Provincia/Región: Tierra del Fuego
En el marco de la Causa "Bahía Encerrada y contaminación difusa de la Bahía de Ushuaia", el Secretario de Medio Ambiente Damián de Marco, anunció que el miércoles último se terminó de concretar el muestreo de parámetros bacteriológicos de ambos cuerpos de agua. En esta oportunidad, el cronograma requirió la toma de cinco muestras extendidas a lo largo de cinco estaciones de muestreo costeras, iniciando el trayecto en aguas abiertas y culminando en un punto cercano al emblemático buque Saint Christopher.
De este modo, tanto la Municipalidad de Ushuaia como la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS) pudieron cumplir con uno de los requerimientos judiciales para avanzar en una solución integral a la problemática del daño ambiental costero de la ciudad de Ushuaia. Las autoridades de ambos organismos destacaron la importancia de estos trabajos e hicieron llegar su agradecimiento por el acompañamiento y participación a la Prefectura Naval, la Armada Argentina y la Universidad Nacional de Tierra del Fuego.
Al respecto, el Secretario de Medio Ambiente expresó que "con los resultados de este último muestreo se generará el análisis cuantitativo de los parámetros evaluados en su totalidad y se podrá dar inicio a la primera etapa del proyecto ejecutivo que nos hemos planteado para las obras necesarias de remediación y puesta en valor del área".
"Esta acción es el puntapié inicial del diagnóstico certero e histórico que era necesario establecer para la posterior toma de decisiones. Estamos muy conformes con el trabajo que se viene desarrollando desde hace un año en el marco del plan de muestreo de la causa", concluyó el funcionario.
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Fecha de Publicación: 08/05/2018
Fuente: Sur54
Provincia/Región: Tierra del Fuego
En el marco de la Causa "Bahía Encerrada y contaminación difusa de la Bahía de Ushuaia", el Secretario de Medio Ambiente Damián de Marco, anunció que el miércoles último se terminó de concretar el muestreo de parámetros bacteriológicos de ambos cuerpos de agua. En esta oportunidad, el cronograma requirió la toma de cinco muestras extendidas a lo largo de cinco estaciones de muestreo costeras, iniciando el trayecto en aguas abiertas y culminando en un punto cercano al emblemático buque Saint Christopher.
De este modo, tanto la Municipalidad de Ushuaia como la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS) pudieron cumplir con uno de los requerimientos judiciales para avanzar en una solución integral a la problemática del daño ambiental costero de la ciudad de Ushuaia. Las autoridades de ambos organismos destacaron la importancia de estos trabajos e hicieron llegar su agradecimiento por el acompañamiento y participación a la Prefectura Naval, la Armada Argentina y la Universidad Nacional de Tierra del Fuego.
Al respecto, el Secretario de Medio Ambiente expresó que "con los resultados de este último muestreo se generará el análisis cuantitativo de los parámetros evaluados en su totalidad y se podrá dar inicio a la primera etapa del proyecto ejecutivo que nos hemos planteado para las obras necesarias de remediación y puesta en valor del área".
"Esta acción es el puntapié inicial del diagnóstico certero e histórico que era necesario establecer para la posterior toma de decisiones. Estamos muy conformes con el trabajo que se viene desarrollando desde hace un año en el marco del plan de muestreo de la causa", concluyó el funcionario.
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Denunciarán al gobernador de Mendoza por el tema fracking
Denunciarán a Cornejo por autorizar "ilegalmente" el fracking
Fecha de Publicación: 08/05/2018
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: Mendoza
Organizaciones ambientales denunciarán "penalmente" al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y a los responsables del Departamento General de Irrigación de la provincia por "autorizar un decreto que permite la práctica del fracking que violenta la ley ambiental".
Así lo remarcó el científico Esteban Servat, que es magister en Biotecnología, al tiempo que sostuvo que la organización Oikos es la encargada de llevar adelante la demanda contra Cornejo por la disposición del decreto 248.
La Pampa ha pedido informes en el comité de cuenca del río Atuel por la posibilidad de que el fracking esté contaminando del cauce.
"En Mendoza, el gobernador Cornejo autorizó sigilosamente un decreto que violenta la ley ambiental. Es inconstitucional. Buscan que se concrete la explotación de fracking en el cerro Pencal en Malargüe. Ecoleaks, una organización ambiental a la que pertenezco y que es como WikiLeaks, difundió informes que fueron publicados por empresas en el área ambiental", precisó Servat.
En ese sentido, publicaron "un informe secreto del Departamento de Irrigación de Mendoza que analizó cinco muestras piloto del fracking y las mismas revelaron contaminación por hidrocarburos en napas de agua, ya que dos de ellas tenían cuatro veces más del límite establecido y una siete veces más de los permitido".
"Al revelar esto el 16 de marzo, el gobierno mendocino salió a negar esos resultados, a negar informes, dijo que eran falsos y que se había comprobado que el fracking no contaminaba. Pero los funcionarios tropezaron en sus propias mentiras hasta que admitieron que los informes eran reales, pero solo dijeron que estaban buscando al responsable por publicarlos", sostuvo.
En ese sentido, esta área también será "demandada por ocultar información publica", precisó Servat.
"Malargüe es la capital petrolera de la provincia y usan las mentiras del fracking con la excusa de que traen trabajo, desarrollo, pero por suerte esto llevó a una gran movilización creciente con una pueblada pacífica que sigue desde hace 10 días en el Departamento de General Alvear, a favor del agua y de la vida y que se fue extendiendo por toda la provincia".
El especialista señaló a Noticias Argentinas que mientras Mendoza se encuentra con que los regantes poseen un grave faltante de agua", mientras "se está dando agua de forma indiscriminada a las petroleras para el fracking, sin consultar por los regantes".
"Malargüe es altamente sísmica y el fracking fractura cualquier encamisado. Imaginen lo que puede provocar sobre una roca madre que está a 3.000 metros de profundidad".
El científico sostuvo que el gobierno de Mendoza "quiere criminalizar la protesta pacífica que encabezan ancianos, mujeres con hijos y familias en general contra el decreto" y agregó que los habitantes están "unidos en defensa del medioambiente".
¿Qué es el fracking?
Servat explicó que el fracking "es un técnica de extracción que se produce cuando se agota el petróleo en el mundo y en momentos en que es necesario impulsar energías renovables para evitar el desastree climático que se avecina".
"Es una técnica autodestructiva para extraer petróleo y gas desde yacimientos no convencionales, o sea reservas que están situadas a grandes profundidades y que se encuentran en la roca madre a unos 3.000 metros de profundidad", indicó.
Además, agregó: "Se hacen perforaciones a grandes distancias, con 30 millones de litros de agua por pozo y un coste altamente tóxico de más de 600 químicos tóxicos, abortivos, que genera deformaciones en fetos y enfermedades raras que son desconocidas para la medicina".
Servat detalló que "con esos químicos disuelven la roca madre para liberar burbujas de gas y petróleo que estén en ella" y precisó que es una técnica que está "prohibida en los países más desarrollados del mundo, porque hay graves consecuencias para personas, para el agua, el aire, el suelo y el medioambiente general".
"El fracking causa sismos y fue prohibido por eso mismo los químicos que usa en el agua son altamante irrecuperables y el agua mientras siga allí continúa trabajando, disolviendo rocas y contaminando acuíferos", indicó.
Asimismo, señaló que "la industria dice que el encamisado de cada pozo se hace con lámina de acero, pero el líquido contaminado entra en los acuíferos".
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Fecha de Publicación: 08/05/2018
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: Mendoza
Organizaciones ambientales denunciarán "penalmente" al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y a los responsables del Departamento General de Irrigación de la provincia por "autorizar un decreto que permite la práctica del fracking que violenta la ley ambiental".
Así lo remarcó el científico Esteban Servat, que es magister en Biotecnología, al tiempo que sostuvo que la organización Oikos es la encargada de llevar adelante la demanda contra Cornejo por la disposición del decreto 248.
La Pampa ha pedido informes en el comité de cuenca del río Atuel por la posibilidad de que el fracking esté contaminando del cauce.
"En Mendoza, el gobernador Cornejo autorizó sigilosamente un decreto que violenta la ley ambiental. Es inconstitucional. Buscan que se concrete la explotación de fracking en el cerro Pencal en Malargüe. Ecoleaks, una organización ambiental a la que pertenezco y que es como WikiLeaks, difundió informes que fueron publicados por empresas en el área ambiental", precisó Servat.
En ese sentido, publicaron "un informe secreto del Departamento de Irrigación de Mendoza que analizó cinco muestras piloto del fracking y las mismas revelaron contaminación por hidrocarburos en napas de agua, ya que dos de ellas tenían cuatro veces más del límite establecido y una siete veces más de los permitido".
"Al revelar esto el 16 de marzo, el gobierno mendocino salió a negar esos resultados, a negar informes, dijo que eran falsos y que se había comprobado que el fracking no contaminaba. Pero los funcionarios tropezaron en sus propias mentiras hasta que admitieron que los informes eran reales, pero solo dijeron que estaban buscando al responsable por publicarlos", sostuvo.
En ese sentido, esta área también será "demandada por ocultar información publica", precisó Servat.
"Malargüe es la capital petrolera de la provincia y usan las mentiras del fracking con la excusa de que traen trabajo, desarrollo, pero por suerte esto llevó a una gran movilización creciente con una pueblada pacífica que sigue desde hace 10 días en el Departamento de General Alvear, a favor del agua y de la vida y que se fue extendiendo por toda la provincia".
El especialista señaló a Noticias Argentinas que mientras Mendoza se encuentra con que los regantes poseen un grave faltante de agua", mientras "se está dando agua de forma indiscriminada a las petroleras para el fracking, sin consultar por los regantes".
"Malargüe es altamente sísmica y el fracking fractura cualquier encamisado. Imaginen lo que puede provocar sobre una roca madre que está a 3.000 metros de profundidad".
El científico sostuvo que el gobierno de Mendoza "quiere criminalizar la protesta pacífica que encabezan ancianos, mujeres con hijos y familias en general contra el decreto" y agregó que los habitantes están "unidos en defensa del medioambiente".
¿Qué es el fracking?
Servat explicó que el fracking "es un técnica de extracción que se produce cuando se agota el petróleo en el mundo y en momentos en que es necesario impulsar energías renovables para evitar el desastree climático que se avecina".
"Es una técnica autodestructiva para extraer petróleo y gas desde yacimientos no convencionales, o sea reservas que están situadas a grandes profundidades y que se encuentran en la roca madre a unos 3.000 metros de profundidad", indicó.
Además, agregó: "Se hacen perforaciones a grandes distancias, con 30 millones de litros de agua por pozo y un coste altamente tóxico de más de 600 químicos tóxicos, abortivos, que genera deformaciones en fetos y enfermedades raras que son desconocidas para la medicina".
Servat detalló que "con esos químicos disuelven la roca madre para liberar burbujas de gas y petróleo que estén en ella" y precisó que es una técnica que está "prohibida en los países más desarrollados del mundo, porque hay graves consecuencias para personas, para el agua, el aire, el suelo y el medioambiente general".
"El fracking causa sismos y fue prohibido por eso mismo los químicos que usa en el agua son altamante irrecuperables y el agua mientras siga allí continúa trabajando, disolviendo rocas y contaminando acuíferos", indicó.
Asimismo, señaló que "la industria dice que el encamisado de cada pozo se hace con lámina de acero, pero el líquido contaminado entra en los acuíferos".
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Fracking y negocios turbios
Fracking: conflicto de intereses, contaminación e informes secretos
Fecha de Publicación: 07/05/2018
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Mendoza
Los locales rechazan la práctica y ambientalistas denuncian el ocultamiento de informes que revelan la polución. Qué dice el Gobierno.
La cuestionada práctica del fracking sigue generando polémica y tensiones en Mendoza. A casi dos meses de ser aprobada, por decreto del gobernador Alfredo Cornejo, la explotación de hidrocarburos por fractura hidráulica no convence a un gran sector de los habitantes mendocinos ni a especialistas ambientalistas, que denuncian el ocultamiento de informes que comprueban la contaminación. Además, señalan un conflicto de intereses entre un representante del laboratorio que investiga el estado de agua que a la vez es consultor de la petrolera que explota el pozo de Malargüe.
Contaminación. Dos semanas atrás, el abogado ambientalista Enrique Viale criticó el fracking: "Está prohibida en Francia, en Alemania, en algunos estados de Estados Unidos, en Bulgaria, en Inglaterra. Hay muchas pruebas científicas que comprueban su contaminación", afirmó en diálogo con PERFIL.
"La traducción de fracking es fractura hidráulica: a través del agua —y de muchos químicos— se fractura la roca a miles de metros de profundidad, a diferencia de los hidrocarburos convencionales que uno pincha y por la propia presión obtienen los minerales. El proceso del fracking termina con todos esos centenares de miles de litros de químicos en las aguas subterráneas, generando contaminación. De hecho el agua que les vuelve ya contaminada la dejan en pozos, generando más contaminación", explicó el especialista.
El científico Esteban Servat (magister en Biotecnología que vivió diez años en la meca de la tecnología mundial, Silicon Valley) denunció en diáogo con este portal que "Malargüe es altamente sísmica y el fracking fractura cualquier encamisado". "Imaginen lo que puede provocar sobre una roca madre que está a 3.000 metros de profundidad", planteó.
Los informes ocultos. Un estudio del Departamento de Irrigación de Mendoza, designado para controlar la contaminación del agua, reveló días atrás que en la primera toma las napas de Malargüe estaban contaminadas. El informe fue difundido por Ecoleaks, una organización ambiental similar a WikiLeaks que denunció que el gobierno provincial ocultó esta información de orden público.
Servat, quien integra Ecoleaks, contó a PERFIL: "Un informe secreto del Departamento de Irrigación de Mendoza que analizó cinco muestras piloto del fracking y las mismas revelaron contaminación por hidrocarburos en napas de agua, ya que dos de ellas tenían cuatro veces más del límite establecido y una siete veces más de los permitido".
Conflicto de interés. Otro de los puntos que más polémica generaron es que, según reveló Servat, Ricardo Fuentes es a la vez consultor de la Petrolera El Trebol, que explota los recursos en Mendoza, y vicedecano de la Universidad Tecnológica Nacional de la Facultad Regional de Mendoza, donde se analizaron las muestras del agua contaminadas por esa petrolera.
En diálogo con PERFIL, Fuentes admitió ambos cargos, pero desmintió que los informes los realizara la UTN, que —sostuvo— dependen del Departamento de Irrigación. El propio decreto que autorizó el fracking establecía a esa oficina gubernamental como responsable efectiva de controlar la contaminación de las aguas. No obstante, un convenio del 2015 entre la universidad e Irrigación General resolvió que por 10 años se unificarían los laboratorios para estudiar las aguas de la región. Consultado ante esto, el vicedecano insistió en que los estudios se habían realizado en otros laboratorios.
¿Qué dice el Gobierno? Miriam Skalany, ingeniera química y directora de Protección Ambiental provincial, desmintió a este portal que exista contaminación: "Está reglamentado que se utilice agua de formación, que es agua que no es apta para ningún uso. El fluído de la estimulacion es 94,5% de agua, el 5% es arena y el 0,5% de aditivos. De esos aditivos, lo poco que puede quedar está a 2500 metros de profundidad, que es donde se realiza el proceso. Es muy improbable que afecte a las napas que están a 300 metros de profundidad", aseguró.
La funcionaria explicó a PERFIL que los estudios que dieron contaminación fueron la "primera prueba" y que los hidrocarburos detectados eran provenientes de "la perforación del pozo inicial, en donde no habían limpiado antes de hacer la prueba". "En las siguientes dos pruebas dio negativa la presencia de hidrocarburos, así como en la auditoría pública que realizamos. Se hizo una auditoria con investigadores del CONICET. Está todo probado", concluyó la funcionaria provincial.
Ante los dichos de Skalany, Servat dijo que "es mentira que la fractura inicial genere contaminación de hidrocarburos, es inherente". "Nosotros anticipamos desde Ecoleaks que el primer informe se hizo en la Universidad Nacional de Cuyo y los siguientes, que dieron negativos, estaban adulterados porque fueron realizados en la UTN de Fuentes", dijo a este medio.
Denuncias y movilizaciones. La propia Multisectorial de General Alvear —integrada por entidades empresariales, sindicales, educativas y políticas, entre otras— pidió que no se permita el fracking hasta que no haya pruebas científicas internacionales. Además, insistió con exigir estudios que excluyan el vínculo con Ricardo Fuentes.
Por otro lado, la organización Oikos llevará adelante una denuncia penal en nombre de diversas organizaciones ambientales contra el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y a los responsables del Departamento General de Irrigación de la provincia por "autorizar un decreto que permite la práctica del fracking que violenta la ley ambiental" y por "ocultar información pública".
Semanas atrás, miles de personas de General Alvear se concentraron para pedir que no se permita el fracking en su provincia.
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Fecha de Publicación: 07/05/2018
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Mendoza
Los locales rechazan la práctica y ambientalistas denuncian el ocultamiento de informes que revelan la polución. Qué dice el Gobierno.
La cuestionada práctica del fracking sigue generando polémica y tensiones en Mendoza. A casi dos meses de ser aprobada, por decreto del gobernador Alfredo Cornejo, la explotación de hidrocarburos por fractura hidráulica no convence a un gran sector de los habitantes mendocinos ni a especialistas ambientalistas, que denuncian el ocultamiento de informes que comprueban la contaminación. Además, señalan un conflicto de intereses entre un representante del laboratorio que investiga el estado de agua que a la vez es consultor de la petrolera que explota el pozo de Malargüe.
Contaminación. Dos semanas atrás, el abogado ambientalista Enrique Viale criticó el fracking: "Está prohibida en Francia, en Alemania, en algunos estados de Estados Unidos, en Bulgaria, en Inglaterra. Hay muchas pruebas científicas que comprueban su contaminación", afirmó en diálogo con PERFIL.
"La traducción de fracking es fractura hidráulica: a través del agua —y de muchos químicos— se fractura la roca a miles de metros de profundidad, a diferencia de los hidrocarburos convencionales que uno pincha y por la propia presión obtienen los minerales. El proceso del fracking termina con todos esos centenares de miles de litros de químicos en las aguas subterráneas, generando contaminación. De hecho el agua que les vuelve ya contaminada la dejan en pozos, generando más contaminación", explicó el especialista.
El científico Esteban Servat (magister en Biotecnología que vivió diez años en la meca de la tecnología mundial, Silicon Valley) denunció en diáogo con este portal que "Malargüe es altamente sísmica y el fracking fractura cualquier encamisado". "Imaginen lo que puede provocar sobre una roca madre que está a 3.000 metros de profundidad", planteó.
Los informes ocultos. Un estudio del Departamento de Irrigación de Mendoza, designado para controlar la contaminación del agua, reveló días atrás que en la primera toma las napas de Malargüe estaban contaminadas. El informe fue difundido por Ecoleaks, una organización ambiental similar a WikiLeaks que denunció que el gobierno provincial ocultó esta información de orden público.
Servat, quien integra Ecoleaks, contó a PERFIL: "Un informe secreto del Departamento de Irrigación de Mendoza que analizó cinco muestras piloto del fracking y las mismas revelaron contaminación por hidrocarburos en napas de agua, ya que dos de ellas tenían cuatro veces más del límite establecido y una siete veces más de los permitido".
Conflicto de interés. Otro de los puntos que más polémica generaron es que, según reveló Servat, Ricardo Fuentes es a la vez consultor de la Petrolera El Trebol, que explota los recursos en Mendoza, y vicedecano de la Universidad Tecnológica Nacional de la Facultad Regional de Mendoza, donde se analizaron las muestras del agua contaminadas por esa petrolera.
En diálogo con PERFIL, Fuentes admitió ambos cargos, pero desmintió que los informes los realizara la UTN, que —sostuvo— dependen del Departamento de Irrigación. El propio decreto que autorizó el fracking establecía a esa oficina gubernamental como responsable efectiva de controlar la contaminación de las aguas. No obstante, un convenio del 2015 entre la universidad e Irrigación General resolvió que por 10 años se unificarían los laboratorios para estudiar las aguas de la región. Consultado ante esto, el vicedecano insistió en que los estudios se habían realizado en otros laboratorios.
¿Qué dice el Gobierno? Miriam Skalany, ingeniera química y directora de Protección Ambiental provincial, desmintió a este portal que exista contaminación: "Está reglamentado que se utilice agua de formación, que es agua que no es apta para ningún uso. El fluído de la estimulacion es 94,5% de agua, el 5% es arena y el 0,5% de aditivos. De esos aditivos, lo poco que puede quedar está a 2500 metros de profundidad, que es donde se realiza el proceso. Es muy improbable que afecte a las napas que están a 300 metros de profundidad", aseguró.
La funcionaria explicó a PERFIL que los estudios que dieron contaminación fueron la "primera prueba" y que los hidrocarburos detectados eran provenientes de "la perforación del pozo inicial, en donde no habían limpiado antes de hacer la prueba". "En las siguientes dos pruebas dio negativa la presencia de hidrocarburos, así como en la auditoría pública que realizamos. Se hizo una auditoria con investigadores del CONICET. Está todo probado", concluyó la funcionaria provincial.
Ante los dichos de Skalany, Servat dijo que "es mentira que la fractura inicial genere contaminación de hidrocarburos, es inherente". "Nosotros anticipamos desde Ecoleaks que el primer informe se hizo en la Universidad Nacional de Cuyo y los siguientes, que dieron negativos, estaban adulterados porque fueron realizados en la UTN de Fuentes", dijo a este medio.
Denuncias y movilizaciones. La propia Multisectorial de General Alvear —integrada por entidades empresariales, sindicales, educativas y políticas, entre otras— pidió que no se permita el fracking hasta que no haya pruebas científicas internacionales. Además, insistió con exigir estudios que excluyan el vínculo con Ricardo Fuentes.
Por otro lado, la organización Oikos llevará adelante una denuncia penal en nombre de diversas organizaciones ambientales contra el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y a los responsables del Departamento General de Irrigación de la provincia por "autorizar un decreto que permite la práctica del fracking que violenta la ley ambiental" y por "ocultar información pública".
Semanas atrás, miles de personas de General Alvear se concentraron para pedir que no se permita el fracking en su provincia.
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Aclaran sobre el PN Patagonia
Flora y Fauna dijo que la ampliación a 500 mil hectáreas del Parque “es un número que se maneja erróneamente”
Fecha de Publicación: 07/05/2018
Fuente: El Nuevo Día
Provincia/Región: Patagonia
Carolina Marul, integrante de la Fundación Flora y Fauna aclaró en Radio Nuevo Día que sólo comprarán los campos que están en venta, y que la ampliación el Parque Nacional Patagonia – actualmente de 52 mil hectáreas- busca “salvar especies” en la meseta del Lago Buenos Aires.
La compra de tierras a productores del noroeste de Santa Cruz para la ampliación del Parque Nacional Patagonia busca “salvar especies”, ubicadas en la zona de la meseta del Lago Buenos Aires, según sostuvo Carolina Marul, integrante de la Fundación Flora y Fauna.
Un millonario suizo es quien aporta los fondos para adquirir las tierras que luego serán donadas al parque en cuestión, aunque la ampliación cuyo proyecto que sigue en comisiones de la diputada Roxana Reyes (Cambiemos)- debe ser aprobada por la Cámara de Diputados.
“Tenemos una mirada desde lo biológico”, indicó Marul y que originalmente se buscaba salvar al Macá Tobiano, pero luego “otras especies que no son tan conocidas como reptiles endémicos, que están en la meseta del lago Buenos Aires, y donde el Macá tobiano nidifica”.
“Sería buenísimo que (el parque) sea un poco más grande”, y explicó que cuando son más grandes los parques “generan un movimiento económico a través del turismos responsable”.
“Es una alternativa más proponer una nueva producción para el área, contó y que “lo biológico va de la mano de social y económico, sino no tendría sentido”.
“Compramos campos que están en venta, y los que no están venta, seremos vecinos, y trabajaremos puntos en común en conflicto que tiene que ver con la especies nativas que generan conflicto en el sistema ganadero”, aclaró en diálogo con Radio Nuevo Día. En esta línea, aclaró que “las 500 mil hectáreas (para ampliar) es un números que se maneja erróneamente”.
“No se pasa por encima de la propiedad privada”, marcó y que “si nadie vende, será solo eso, más 120 mil hectáreas que compro Flora y Fauna y que va ser donada y sea de todos los argentinos, no hay nada más que eso”.
Marul opinó que “cuando se habla de pérdida de soberanía, es todo lo contario-“, ya que el parque esta ubicado en zona de frontera “para cuidar esas zonas”.
Varios diputados no están de acuerdo con extender el parque por la pérdida de jurisdicción provincial. En este punto, indicó que “si no sale la ley, no saldrá”. “Los campos de Flora y Fauna están abiertos al público y trabajaremos hasta que se apoye, lo van y decidan que es mejor un parque nacional y no que esté en manos privadas”, vertió.
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Fecha de Publicación: 07/05/2018
Fuente: El Nuevo Día
Provincia/Región: Patagonia
Carolina Marul, integrante de la Fundación Flora y Fauna aclaró en Radio Nuevo Día que sólo comprarán los campos que están en venta, y que la ampliación el Parque Nacional Patagonia – actualmente de 52 mil hectáreas- busca “salvar especies” en la meseta del Lago Buenos Aires.
La compra de tierras a productores del noroeste de Santa Cruz para la ampliación del Parque Nacional Patagonia busca “salvar especies”, ubicadas en la zona de la meseta del Lago Buenos Aires, según sostuvo Carolina Marul, integrante de la Fundación Flora y Fauna.
Un millonario suizo es quien aporta los fondos para adquirir las tierras que luego serán donadas al parque en cuestión, aunque la ampliación cuyo proyecto que sigue en comisiones de la diputada Roxana Reyes (Cambiemos)- debe ser aprobada por la Cámara de Diputados.
“Tenemos una mirada desde lo biológico”, indicó Marul y que originalmente se buscaba salvar al Macá Tobiano, pero luego “otras especies que no son tan conocidas como reptiles endémicos, que están en la meseta del lago Buenos Aires, y donde el Macá tobiano nidifica”.
“Sería buenísimo que (el parque) sea un poco más grande”, y explicó que cuando son más grandes los parques “generan un movimiento económico a través del turismos responsable”.
“Es una alternativa más proponer una nueva producción para el área, contó y que “lo biológico va de la mano de social y económico, sino no tendría sentido”.
“Compramos campos que están en venta, y los que no están venta, seremos vecinos, y trabajaremos puntos en común en conflicto que tiene que ver con la especies nativas que generan conflicto en el sistema ganadero”, aclaró en diálogo con Radio Nuevo Día. En esta línea, aclaró que “las 500 mil hectáreas (para ampliar) es un números que se maneja erróneamente”.
“No se pasa por encima de la propiedad privada”, marcó y que “si nadie vende, será solo eso, más 120 mil hectáreas que compro Flora y Fauna y que va ser donada y sea de todos los argentinos, no hay nada más que eso”.
Marul opinó que “cuando se habla de pérdida de soberanía, es todo lo contario-“, ya que el parque esta ubicado en zona de frontera “para cuidar esas zonas”.
Varios diputados no están de acuerdo con extender el parque por la pérdida de jurisdicción provincial. En este punto, indicó que “si no sale la ley, no saldrá”. “Los campos de Flora y Fauna están abiertos al público y trabajaremos hasta que se apoye, lo van y decidan que es mejor un parque nacional y no que esté en manos privadas”, vertió.
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Es ley la incineración de basura en CABA
Escándalo y repudio ante la promulgación de la ley de incineración de basura en CABA
Fecha de Publicación: 07/05/2018
Fuente: InfoNews
Provincia/Región: CABA
“La ley de incineración viene a convalidar un negociado millonario que causará una grave contaminación", denunció el legislador Gabriel Solano. Se anticipó que varias organizaciones presentarán pedidos de inconstitucionalidad.
El diputado de la Ciudad Gabriel Solano, del Frente de Izquierda sostuvo durante la sesión que “con esta ley se está violando la Constitución de la Ciudad, en 11 años de gobierno nunca se aprobó el código ambiental que exige la Constitución, vamos a acompañar los pedidos de inconstitucionalidad que presentan varias organizaciones".
Agregó que la decisión tomada de incinerar la basura “constituye un retroceso enorme para la ciudad de Buenos Aires y tendrá consecuencias ambientales gravísimas como lo acaba de denunciar la Facultad de Agronomía de la UBA, así como para la salud".
"De acuerdo con la OMS (Organización Mundial de la Salud) más de 2 millones de personas mueren en el mundo como consecuencia de las partículas tóxicas y cancerígenas que se emiten como producto de la quema de basura", aseguró.
"La propia Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos ha abundado en estudios sobre las consecuencias catastróficas de los incineradores de residuos responsables de la mayor parte de la contaminación atmosférica por dioxinas e informan que gran cantidad de las mismas suelen ingresar a la cadena alimenticia”, detalló el legislador.
"No sólo eso, la incineración va a plantear un enorme negocio, es una tecnología carísima, y la generación de energía por esa vía es mucho más costosa que las energías renovables. Finalmente, este proyecto también implica una destrucción de miles de puestos de trabajo de recicladores. Se valen, para ocultarlo, de un manejo conspirativo del Estado porteño y la manipulación de la opinión pública, tal cual se denunció el día de ayer. Nuestro rechazo al mismo es total”, finalizó Solano.
Más tarde sostuvo que “el procedimiento irregular llevó a la protesta del público presente, que fue desalojado de las tribunas. En solidaridad con los trabajadores y ambientalistas que fueron desalojados y en repudio a la votación decidimos retirarnos de la sesión”.
“La ley de incineración viene a convalidar un negociado millonario que causará una grave contaminación. Esto lo hemos señalado con precisión apelando a estudios de organismos nacionales e internacionales”, explicó.
Por su parte, el bloque Unidad Ciudadana rechazó en la Legislatura porteña la aprobación de la modificación de la Ley de Basura Cero que habilita la incineración de residuos, impulsada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Con la presencia de organizaciones ambientales y cooperativas de recuperadores urbanos que se oponen a la incineración de la basura, Unidad Ciudadana rechazó el proyecto por las consecuencias extremadamente dañinas para la salud y el medio ambiente, por ser una política que compite con el reciclaje y la reutilización de residuos, poniendo en peligro miles puestos de trabajo y porque se trata de un proyecto costoso, en el que cada planta implicará un gasto 500 millones de dólares.
Durante su exposición el diputado Mariano Recalde ejemplificó que “con el 1% del presupuesto del proyecto se pueden hacer 40 centros de reciclado para toda la basura de la Ciudad, y con el 99% restante, 2.800 escuelas para resolver el problema de vacantes, 4.500 departamentos similares a los de la Villa Olímpica para solucionar el problema habitacional o 35 kilómetros de subte".
Recalde lamentó la falta de autocrítica del oficialismo por “los 10 años de fracaso en el cumplimiento de las metas de la ley Basura Cero que fue ejemplo para todo el mundo y un orgullo para los porteños”.
El legislador señaló que "ayer nos enteramos de lo que podemos denominar Basura Gate, una bochornosa campaña de manipulación y compra de voluntades a través de la pauta oficial. Y ni así pudieron lograr que alguien argumente a favor".
"No es falta de imaginación. Es un desprecio por el trabajo y por la vida y una voracidad desenfrenada por los negocios", concluyó Recalde.
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Fecha de Publicación: 07/05/2018
Fuente: InfoNews
Provincia/Región: CABA
“La ley de incineración viene a convalidar un negociado millonario que causará una grave contaminación", denunció el legislador Gabriel Solano. Se anticipó que varias organizaciones presentarán pedidos de inconstitucionalidad.
El diputado de la Ciudad Gabriel Solano, del Frente de Izquierda sostuvo durante la sesión que “con esta ley se está violando la Constitución de la Ciudad, en 11 años de gobierno nunca se aprobó el código ambiental que exige la Constitución, vamos a acompañar los pedidos de inconstitucionalidad que presentan varias organizaciones".
Agregó que la decisión tomada de incinerar la basura “constituye un retroceso enorme para la ciudad de Buenos Aires y tendrá consecuencias ambientales gravísimas como lo acaba de denunciar la Facultad de Agronomía de la UBA, así como para la salud".
"De acuerdo con la OMS (Organización Mundial de la Salud) más de 2 millones de personas mueren en el mundo como consecuencia de las partículas tóxicas y cancerígenas que se emiten como producto de la quema de basura", aseguró.
"La propia Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos ha abundado en estudios sobre las consecuencias catastróficas de los incineradores de residuos responsables de la mayor parte de la contaminación atmosférica por dioxinas e informan que gran cantidad de las mismas suelen ingresar a la cadena alimenticia”, detalló el legislador.
"No sólo eso, la incineración va a plantear un enorme negocio, es una tecnología carísima, y la generación de energía por esa vía es mucho más costosa que las energías renovables. Finalmente, este proyecto también implica una destrucción de miles de puestos de trabajo de recicladores. Se valen, para ocultarlo, de un manejo conspirativo del Estado porteño y la manipulación de la opinión pública, tal cual se denunció el día de ayer. Nuestro rechazo al mismo es total”, finalizó Solano.
Más tarde sostuvo que “el procedimiento irregular llevó a la protesta del público presente, que fue desalojado de las tribunas. En solidaridad con los trabajadores y ambientalistas que fueron desalojados y en repudio a la votación decidimos retirarnos de la sesión”.
“La ley de incineración viene a convalidar un negociado millonario que causará una grave contaminación. Esto lo hemos señalado con precisión apelando a estudios de organismos nacionales e internacionales”, explicó.
Por su parte, el bloque Unidad Ciudadana rechazó en la Legislatura porteña la aprobación de la modificación de la Ley de Basura Cero que habilita la incineración de residuos, impulsada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Con la presencia de organizaciones ambientales y cooperativas de recuperadores urbanos que se oponen a la incineración de la basura, Unidad Ciudadana rechazó el proyecto por las consecuencias extremadamente dañinas para la salud y el medio ambiente, por ser una política que compite con el reciclaje y la reutilización de residuos, poniendo en peligro miles puestos de trabajo y porque se trata de un proyecto costoso, en el que cada planta implicará un gasto 500 millones de dólares.
Durante su exposición el diputado Mariano Recalde ejemplificó que “con el 1% del presupuesto del proyecto se pueden hacer 40 centros de reciclado para toda la basura de la Ciudad, y con el 99% restante, 2.800 escuelas para resolver el problema de vacantes, 4.500 departamentos similares a los de la Villa Olímpica para solucionar el problema habitacional o 35 kilómetros de subte".
Recalde lamentó la falta de autocrítica del oficialismo por “los 10 años de fracaso en el cumplimiento de las metas de la ley Basura Cero que fue ejemplo para todo el mundo y un orgullo para los porteños”.
El legislador señaló que "ayer nos enteramos de lo que podemos denominar Basura Gate, una bochornosa campaña de manipulación y compra de voluntades a través de la pauta oficial. Y ni así pudieron lograr que alguien argumente a favor".
"No es falta de imaginación. Es un desprecio por el trabajo y por la vida y una voracidad desenfrenada por los negocios", concluyó Recalde.
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