Entre Ríos se libera de la pesadilla del fracking
08:00 | 
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Entre Ríos se convirtió en la primera provincia en prohibir el fracking
Fecha de Publicación: 28/04/2017
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Entre Ríos
Es una técnica usada en la exploración petrolera, especialmente en los combustibles no convencionales.
La Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos aprobó por unanimidad durante la noche del martes la ley que prohíbe la técnica de fracturación hidráulica, conocida como fracking, en toda su extensión. Con esta iniciativa, la provincia es la primera en el país a convertirse definitivamente en territorio libre de fracking. La medida se tomó en un momento clave de la actividad minera: no solo por la posible práctica del fracking en el yacimiento de neuquino de Vaca Muerta, sino también porque las mineras decidieron adherir a estándares internacionales de calidad a partir de los tres derrames producidos por la canadiense Barrick en el país.
“Este logro es resultado de la lucha de varias organizaciones, asambleas y movimientos sociales. Principalmente el trabajo de la Asamblea Ciudadana de Concordia, del Foro Regional Contra el Fracking, el Movimiento Argentina sin Fracking y de la Asamblea de Integración por Territorios Libres de Fracking.
Según Juan Pablo Olsson, integrante de Argentina sin Fracking. El trabajo también se extiende a la provincia de Río Negro, Neuquén, Santa Fe y Buenos Aires, donde se están discutiendo propuestas similares y la iniciativa debe ser replicada pronto. ”Esta aprobación debe ser un estímulo para una lucha mucho mayor, a nivel nacional y con el acompañamiento de otros países hermanos como Brasil, donde se ha prohibido el fracking en más de 300 ciudades, Uruguay, donde ya se prohibió en cinco departamentos, Chile, Paraguay, Bolivia, Colombia, México y otros”.
“Si queremos evitar los efectos más devastadores del cambio climático, que se están haciendo evidentes tanto en Argentina como en toda la región, con inéditas inundaciones, tenemos que detener cualquier tipo de inversión en combustibles fósiles y llevar a cabo definitivamente una transición hacia una matriz energética 100% renovable”, concluyó el ambientalista.
El proyecto aprobado en Entre Ríos une dos propuestas, una escrita por la ex diputada María Emma Barragán (Expte. 20.834), y otra del poder Ejecutivo (Expte. 21.206), y prohíbe la prospección, exploración y explotación de hidrocarburos por métodos no convencionales, incluyendo el fracking. Además, el proyecto destaca la importancia de la preservación del agua y el cuidado con el Acuífero Guaraní, la reserva de agua dulce más grande en el mundo.
El tema llegó a la legislatura provincial luego de que las acciones de las asambleas ambientales nucleadas en el Foro Regional contra el Fracking lograran que más de 30 concejos deliberantes establecieran la prohibición en sus localidades. La sesión llenó la sala de la Cámara de Representantes y la aprobación fue recibida con aplausos por los representantes de movimientos anti-fracking presentes. El despacho cuenta con la firma de diez diputados.
El mayor riesgo es cuando esta técnica se practica en lugares donde nunca hubo explotación petrolera. En las provincias como Santa Cruz, Neuquén o Chubut, donde ya hay explotación petrolera, las compañías se deshacen del agua utilizada para la actividad inyectándola en viejos yacimientos petroleros que están fuera de uso y esto es una técnica normal y segura.
Sin embargo, en otros lugares, como la provincia de Buenos Aires o Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, o Misiones donde nunca hubo explotación petrolera, se perfora un pozo hasta encontrar una formación geológica que permita admitir el agua. Esta inyección de agua, por ejemplo, en EE.UU generó movimientos sísmicos, desplazamientos de placas geológicas, y hasta terremotos que perfectamente puede tirar abajo una casa.
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Fecha de Publicación: 28/04/2017
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Entre Ríos
Es una técnica usada en la exploración petrolera, especialmente en los combustibles no convencionales.
La Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos aprobó por unanimidad durante la noche del martes la ley que prohíbe la técnica de fracturación hidráulica, conocida como fracking, en toda su extensión. Con esta iniciativa, la provincia es la primera en el país a convertirse definitivamente en territorio libre de fracking. La medida se tomó en un momento clave de la actividad minera: no solo por la posible práctica del fracking en el yacimiento de neuquino de Vaca Muerta, sino también porque las mineras decidieron adherir a estándares internacionales de calidad a partir de los tres derrames producidos por la canadiense Barrick en el país.
“Este logro es resultado de la lucha de varias organizaciones, asambleas y movimientos sociales. Principalmente el trabajo de la Asamblea Ciudadana de Concordia, del Foro Regional Contra el Fracking, el Movimiento Argentina sin Fracking y de la Asamblea de Integración por Territorios Libres de Fracking.
Según Juan Pablo Olsson, integrante de Argentina sin Fracking. El trabajo también se extiende a la provincia de Río Negro, Neuquén, Santa Fe y Buenos Aires, donde se están discutiendo propuestas similares y la iniciativa debe ser replicada pronto. ”Esta aprobación debe ser un estímulo para una lucha mucho mayor, a nivel nacional y con el acompañamiento de otros países hermanos como Brasil, donde se ha prohibido el fracking en más de 300 ciudades, Uruguay, donde ya se prohibió en cinco departamentos, Chile, Paraguay, Bolivia, Colombia, México y otros”.
“Si queremos evitar los efectos más devastadores del cambio climático, que se están haciendo evidentes tanto en Argentina como en toda la región, con inéditas inundaciones, tenemos que detener cualquier tipo de inversión en combustibles fósiles y llevar a cabo definitivamente una transición hacia una matriz energética 100% renovable”, concluyó el ambientalista.
El proyecto aprobado en Entre Ríos une dos propuestas, una escrita por la ex diputada María Emma Barragán (Expte. 20.834), y otra del poder Ejecutivo (Expte. 21.206), y prohíbe la prospección, exploración y explotación de hidrocarburos por métodos no convencionales, incluyendo el fracking. Además, el proyecto destaca la importancia de la preservación del agua y el cuidado con el Acuífero Guaraní, la reserva de agua dulce más grande en el mundo.
El tema llegó a la legislatura provincial luego de que las acciones de las asambleas ambientales nucleadas en el Foro Regional contra el Fracking lograran que más de 30 concejos deliberantes establecieran la prohibición en sus localidades. La sesión llenó la sala de la Cámara de Representantes y la aprobación fue recibida con aplausos por los representantes de movimientos anti-fracking presentes. El despacho cuenta con la firma de diez diputados.
El mayor riesgo es cuando esta técnica se practica en lugares donde nunca hubo explotación petrolera. En las provincias como Santa Cruz, Neuquén o Chubut, donde ya hay explotación petrolera, las compañías se deshacen del agua utilizada para la actividad inyectándola en viejos yacimientos petroleros que están fuera de uso y esto es una técnica normal y segura.
Sin embargo, en otros lugares, como la provincia de Buenos Aires o Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, o Misiones donde nunca hubo explotación petrolera, se perfora un pozo hasta encontrar una formación geológica que permita admitir el agua. Esta inyección de agua, por ejemplo, en EE.UU generó movimientos sísmicos, desplazamientos de placas geológicas, y hasta terremotos que perfectamente puede tirar abajo una casa.
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Desmonte en humedales, detienen dos personas
Detuvieron a dos hombres en Bernal por tala indiscriminada en humedales
Fecha de Publicación: 28/04/2017
Fuente: Radio FM Q
Provincia/Región: Buenos Aires
En el marco de un operativo encabezado por la Municipalidad de Quilmes, detuvieron al conductor y el acompañante de un camión que se encontraban realizando desmontes por lo que se labraron actas por infracción a la ley nacional 26.331 de Conservación de los bosques nativos.
Mediante un procedimiento, encabezado por Sebastián Barreiro, a cargo de la Dirección General de Promoción Ambiental dependiente de la secretaría de Medio Ambiente (interinamente a cargo de Guillermo Sanchez Sterli) junto a la Secretaría de Seguridad y la Policía Local, dieron con dos hombres que realizaban desmontes en humedales de Bernal.
En la zona de Espora y la Ribera, se pudo observar el faltante de árboles y que se encontraban para proseguir el desmonte. Luego se pudo observar que el camión trasladaba troncos.
En ese lugar fueron detenidos el conductor y el acompañante y se labraron actas por infracción a la ley nacional 26.331 de Conservación de los bosques nativos.
Por otra parte, ya se iniciaron las investigaciones para dar con la empresa que sin autorización violó la ley vigente-
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Fecha de Publicación: 28/04/2017
Fuente: Radio FM Q
Provincia/Región: Buenos Aires
En el marco de un operativo encabezado por la Municipalidad de Quilmes, detuvieron al conductor y el acompañante de un camión que se encontraban realizando desmontes por lo que se labraron actas por infracción a la ley nacional 26.331 de Conservación de los bosques nativos.
Mediante un procedimiento, encabezado por Sebastián Barreiro, a cargo de la Dirección General de Promoción Ambiental dependiente de la secretaría de Medio Ambiente (interinamente a cargo de Guillermo Sanchez Sterli) junto a la Secretaría de Seguridad y la Policía Local, dieron con dos hombres que realizaban desmontes en humedales de Bernal.
En la zona de Espora y la Ribera, se pudo observar el faltante de árboles y que se encontraban para proseguir el desmonte. Luego se pudo observar que el camión trasladaba troncos.
En ese lugar fueron detenidos el conductor y el acompañante y se labraron actas por infracción a la ley nacional 26.331 de Conservación de los bosques nativos.
Por otra parte, ya se iniciaron las investigaciones para dar con la empresa que sin autorización violó la ley vigente-
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El problema de la erosión hídrica en varias provincias
El 43 por ciento de la superficie provincial sufre erosión hídrica
Fecha de Publicación: 28/04/2017
Fuente: Sin Mordaza
Provincia/Región: Nacional
La erosión hídrica afecta a casi la mitad del territorio santafesino.
Casi la mitad de la superficie de Santa Fe —el 43 por ciento— sufre un problema de erosión de origen hídrico como consecuencia de los cambios en el uso del suelo introducidos en los últimos años por el modelo agroindustrial pampeano, según consigna el informe "Estado del ambiente" edición 2016 presentado la semana pasada por el Ministerio de Ambiente de la Nación.
Esa investigación detalla que, en total, existen más de cinco millones de hectáreas (5.672.782 con exactitud) en la provincia afectadas por algún tipo de erosión hídrica, la gran mayoría (5.381.136 hectáreas) en un grado "ligero a moderado" mientras que el resto (291.646 hectáreas), padece este problema en forma "severa a grave".
A la hora de explicar por qué ocurre esto, desde esa cartera del gobierno nacional señalaron que en las regiones con tierras húmedas y subhúmedas, este fenómeno se debe a un cambio en el modelo productivo "traducido en una mayor agriculturización y un cambio de uso del suelo, con una menor rotación".
También alertaron sobre las graves consecuencias económicas, ambientales y sociales que provoca la degradación de los suelos, cuyo empobrecimiento no sólo se traduce en una disminución de la rentabilidad agropecuaria, si no también en procesos de "migración de la población, abandono de tierras y situaciones de pobreza y marginalidad".
Provincias más afectadas
La provincia que más padece la erosión hídrica de sus suelos es Entre Ríos, con el 50 por ciento de su superficie afectada, seguida por La Rioja (49 por ciento) y Formosa (46 por ciento). Santa Fe es la cuarta provincia de ese listado.
En realidad, se trata de un problema que repercute en buena parte del territorio nacional de la República Argentina. De acuerdo a lo que se desprende del informe del Ministerio de Ambiente de la Nación, mientras que en 1956 había unos 34 millones de hectáreas en todo el país que estaban afectadas por algún fenómeno de erosión, esa cifra llegó el año pasado a los 105 millones.
"La creación de nuevos fertilizantes, el predominio de la siembra directa (90 por ciento del área sembrada), la presencia de la soja transgénica desde 1996, los maíces híbridos, la agricultura de precisión y el crecimiento de la agroindustria entre otros factores generaron problemas que aumentaron marcadamente dichos procesos a lo largo de los últimos 20 años", se explica en el trabajo.
Esta degradación de los suelos que padece "la mayoría del territorio argentino" provoca un desequilibrio territorial/ambiental que incluye "la pérdida de biodiversidad y de servicios ecosistémicos, suelos contaminados por agroquímicos, erosión hídrica y eólica, la disminución de la cobertura vegetal y/o de la productividad de la vegetación natural y la alteración del ciclo hidrológico, con consecuencias negativas sobre la población".
Efectos sociales
El informe "Estado del ambiente" destaca que el cambio estructural sufrido por los sistemas agropecuarios de la pampa en las últimos dos décadas genera —además de la degradación del suelo—, falta de trabajo rural, concentración de la tierra, especulación inmobiliaria y problemas de salud o de mala alimentación asociados a este modelo agroindustrial.
"En gran parte de estas regiones se evidencia un profundo fenómeno social: el envejecimiento de la población rural originado por la migración de los jóvenes que, empujados por falta de oportunidades, buscan un desarrollo personal en otros lugares".
En ese punto se mencionan estadísticas censales que muestran que la fracción de la población que habita en las zonas rurales es ampliamente menor a la que vive en las áreas urbanas, con una tendencia creciente a la concentración en estas últimas.
Análisis sistemático
El informe del estado del ambiente es un análisis sistemático sobre la situación ambiental del territorio argentino que considera sus dimensiones sociales, económicas, culturales y ecológicas.
El estudio contiene datos y estadísticas sobre los desafíos que la agenda ambiental impone: la situación del agua, la atmósfera, el suelo, la biodiversidad, los cambios climáticos, los residuos; un diagnóstico sobre grandes unidades biogeográficas (bosques, pastizales, zonas áridas, humedales, el mar Argentino y la Antártida) y un marco jurídico ambiental.
5 millones de hectáreas afectadas en la provincia. Santa Fe es el cuarto territorio en el país por la magnitud de suelos con erosión hídrica.
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Fecha de Publicación: 28/04/2017
Fuente: Sin Mordaza
Provincia/Región: Nacional
La erosión hídrica afecta a casi la mitad del territorio santafesino.
Casi la mitad de la superficie de Santa Fe —el 43 por ciento— sufre un problema de erosión de origen hídrico como consecuencia de los cambios en el uso del suelo introducidos en los últimos años por el modelo agroindustrial pampeano, según consigna el informe "Estado del ambiente" edición 2016 presentado la semana pasada por el Ministerio de Ambiente de la Nación.
Esa investigación detalla que, en total, existen más de cinco millones de hectáreas (5.672.782 con exactitud) en la provincia afectadas por algún tipo de erosión hídrica, la gran mayoría (5.381.136 hectáreas) en un grado "ligero a moderado" mientras que el resto (291.646 hectáreas), padece este problema en forma "severa a grave".
A la hora de explicar por qué ocurre esto, desde esa cartera del gobierno nacional señalaron que en las regiones con tierras húmedas y subhúmedas, este fenómeno se debe a un cambio en el modelo productivo "traducido en una mayor agriculturización y un cambio de uso del suelo, con una menor rotación".
También alertaron sobre las graves consecuencias económicas, ambientales y sociales que provoca la degradación de los suelos, cuyo empobrecimiento no sólo se traduce en una disminución de la rentabilidad agropecuaria, si no también en procesos de "migración de la población, abandono de tierras y situaciones de pobreza y marginalidad".
Provincias más afectadas
La provincia que más padece la erosión hídrica de sus suelos es Entre Ríos, con el 50 por ciento de su superficie afectada, seguida por La Rioja (49 por ciento) y Formosa (46 por ciento). Santa Fe es la cuarta provincia de ese listado.
En realidad, se trata de un problema que repercute en buena parte del territorio nacional de la República Argentina. De acuerdo a lo que se desprende del informe del Ministerio de Ambiente de la Nación, mientras que en 1956 había unos 34 millones de hectáreas en todo el país que estaban afectadas por algún fenómeno de erosión, esa cifra llegó el año pasado a los 105 millones.
"La creación de nuevos fertilizantes, el predominio de la siembra directa (90 por ciento del área sembrada), la presencia de la soja transgénica desde 1996, los maíces híbridos, la agricultura de precisión y el crecimiento de la agroindustria entre otros factores generaron problemas que aumentaron marcadamente dichos procesos a lo largo de los últimos 20 años", se explica en el trabajo.
Esta degradación de los suelos que padece "la mayoría del territorio argentino" provoca un desequilibrio territorial/ambiental que incluye "la pérdida de biodiversidad y de servicios ecosistémicos, suelos contaminados por agroquímicos, erosión hídrica y eólica, la disminución de la cobertura vegetal y/o de la productividad de la vegetación natural y la alteración del ciclo hidrológico, con consecuencias negativas sobre la población".
Efectos sociales
El informe "Estado del ambiente" destaca que el cambio estructural sufrido por los sistemas agropecuarios de la pampa en las últimos dos décadas genera —además de la degradación del suelo—, falta de trabajo rural, concentración de la tierra, especulación inmobiliaria y problemas de salud o de mala alimentación asociados a este modelo agroindustrial.
"En gran parte de estas regiones se evidencia un profundo fenómeno social: el envejecimiento de la población rural originado por la migración de los jóvenes que, empujados por falta de oportunidades, buscan un desarrollo personal en otros lugares".
En ese punto se mencionan estadísticas censales que muestran que la fracción de la población que habita en las zonas rurales es ampliamente menor a la que vive en las áreas urbanas, con una tendencia creciente a la concentración en estas últimas.
Análisis sistemático
El informe del estado del ambiente es un análisis sistemático sobre la situación ambiental del territorio argentino que considera sus dimensiones sociales, económicas, culturales y ecológicas.
El estudio contiene datos y estadísticas sobre los desafíos que la agenda ambiental impone: la situación del agua, la atmósfera, el suelo, la biodiversidad, los cambios climáticos, los residuos; un diagnóstico sobre grandes unidades biogeográficas (bosques, pastizales, zonas áridas, humedales, el mar Argentino y la Antártida) y un marco jurídico ambiental.
5 millones de hectáreas afectadas en la provincia. Santa Fe es el cuarto territorio en el país por la magnitud de suelos con erosión hídrica.
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El agro y la deforestación con gran incidencia en el CC
El agro y la deforestación, los que más contribuyen al efecto invernadero
Fecha de Publicación: 27/04/2017
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
Estos son los sectores que tienen mayor incidencia en las emisiones de gases en Argentina. Le siguen la energía (27%), el transporte (13%), la industria (12%) y los residuos (4%). Los datos surgen del Informe del Estado del Ambiente. El documento también revela que sólo hay 120 plantas de tratamiento de efluentes, y que corresponen a nueve provincias
Esta semana se dio a conocer una nueva edición del “Informe del Estado del Ambiente” en el Centro Cultural Kirchner (CCK). El documento se había difundido por última vez en 2012.
El informe alerta por el cambio climático y precisa que los principales sectores que contribuyen en el país a las emisiones de gases de efecto invernadero son el agro y la deforestación (44%), la energía (27%), el transporte (13%), la industria (12%) y los residuos (4%), y advierte sobre la contaminación del agua en el país, ya que se estima que sólo 12% de las aguas residuales son tratadas antes de su vuelco a mares, ríos o lagos.
El documento revela, además, que tan sólo hay 120 plantas de tratamiento de efluentes correspondientes a nueve provincias, por lo que el ministro de Ambiente, Sergio Bergman, pidió redoblar los esfuerzos por el cuidado del agua ya que “es un derecho humano”.
Números que alertan
Hasta 2015 se perdieron 4.150.000 hectáreas de bosques nativos por deforestación en el país, una tendencia que se redujo 16% en 2016, año que marcó la pérdida anual más baja de la última década, según el texto.
Al referirse a ese problema, el ministro comentó que la deforestación en el país “es muy preocupante” y que el objetivo es “llegar a la deforestación cero y fomentar la reforestación”, por lo que pidió el compromiso de las provincias para detectar a los infractores.
“Este informe es un punto de partida, queremos construir estadísticas ambientales confiables para poder trabajar”, aseveró el secretario de Política Ambiental, Diego Moreno, quien participó de la presentación.
El documento advierte que los humedales, que representan 23% del territorio nacional, son “uno de los ecosistemas más degradados y amenazados” y estima que cada persona genera diariamente 1,02 kilos de residuos, lo que representa unas 45 toneladas por día en todo el país.
Consumo en aumento
El informe asegura que existe un consumo creciente de energía por persona en Argentina, lo que reportó un incremento de 25% en dos décadas, mientras el petróleo representa 50% de la matriz energética contra menos de 8% de las energías renovables, porcentaje que se pretende aumentar a 20% para 2025.
Argentina ratificó su preocupación por el cambio climático al suscribir el histórico acuerdo mundial en 2015 en París, donde 195 naciones se comprometieron a reforzar las medidas para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
El documento presentado señala que la participación de Argentina en las emisiones globales es de 0,7%, las cuales tuvieron un aumento de 0,9% anual desde 1990 hasta 2014, y advierte por la situación de la Antártida, por tratarse de “una de las regiones del planeta más sensibles” al cambio climático, donde el aumento de temperatura fue el más pronunciado en los últimos 50 años. El gobierno creó el año pasado el Gabinete Nacional de Cambio Climático con la participación de 12 ministerios y, el último lunes, presentó el Observatorio Nacional de Cambio Climático (ONCC), cuyo objetivo es acercar reportes detallados a cada intendente del país con el fin de prevenir desastres naturales.
“Los desafíos son enormes, pero hay que poner como prioridad el cuidado de la Tierra”, resaltó el vicejefe de Gabinete Mario Quintana, quién aseveró que “es una tarea de cada persona, cada empresa, la humanidad toda” ser responsables en el uso de los recursos naturales.
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Fecha de Publicación: 27/04/2017
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
Estos son los sectores que tienen mayor incidencia en las emisiones de gases en Argentina. Le siguen la energía (27%), el transporte (13%), la industria (12%) y los residuos (4%). Los datos surgen del Informe del Estado del Ambiente. El documento también revela que sólo hay 120 plantas de tratamiento de efluentes, y que corresponen a nueve provincias
Esta semana se dio a conocer una nueva edición del “Informe del Estado del Ambiente” en el Centro Cultural Kirchner (CCK). El documento se había difundido por última vez en 2012.
El informe alerta por el cambio climático y precisa que los principales sectores que contribuyen en el país a las emisiones de gases de efecto invernadero son el agro y la deforestación (44%), la energía (27%), el transporte (13%), la industria (12%) y los residuos (4%), y advierte sobre la contaminación del agua en el país, ya que se estima que sólo 12% de las aguas residuales son tratadas antes de su vuelco a mares, ríos o lagos.
El documento revela, además, que tan sólo hay 120 plantas de tratamiento de efluentes correspondientes a nueve provincias, por lo que el ministro de Ambiente, Sergio Bergman, pidió redoblar los esfuerzos por el cuidado del agua ya que “es un derecho humano”.
Números que alertan
Hasta 2015 se perdieron 4.150.000 hectáreas de bosques nativos por deforestación en el país, una tendencia que se redujo 16% en 2016, año que marcó la pérdida anual más baja de la última década, según el texto.
Al referirse a ese problema, el ministro comentó que la deforestación en el país “es muy preocupante” y que el objetivo es “llegar a la deforestación cero y fomentar la reforestación”, por lo que pidió el compromiso de las provincias para detectar a los infractores.
“Este informe es un punto de partida, queremos construir estadísticas ambientales confiables para poder trabajar”, aseveró el secretario de Política Ambiental, Diego Moreno, quien participó de la presentación.
El documento advierte que los humedales, que representan 23% del territorio nacional, son “uno de los ecosistemas más degradados y amenazados” y estima que cada persona genera diariamente 1,02 kilos de residuos, lo que representa unas 45 toneladas por día en todo el país.
Consumo en aumento
El informe asegura que existe un consumo creciente de energía por persona en Argentina, lo que reportó un incremento de 25% en dos décadas, mientras el petróleo representa 50% de la matriz energética contra menos de 8% de las energías renovables, porcentaje que se pretende aumentar a 20% para 2025.
Argentina ratificó su preocupación por el cambio climático al suscribir el histórico acuerdo mundial en 2015 en París, donde 195 naciones se comprometieron a reforzar las medidas para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
El documento presentado señala que la participación de Argentina en las emisiones globales es de 0,7%, las cuales tuvieron un aumento de 0,9% anual desde 1990 hasta 2014, y advierte por la situación de la Antártida, por tratarse de “una de las regiones del planeta más sensibles” al cambio climático, donde el aumento de temperatura fue el más pronunciado en los últimos 50 años. El gobierno creó el año pasado el Gabinete Nacional de Cambio Climático con la participación de 12 ministerios y, el último lunes, presentó el Observatorio Nacional de Cambio Climático (ONCC), cuyo objetivo es acercar reportes detallados a cada intendente del país con el fin de prevenir desastres naturales.
“Los desafíos son enormes, pero hay que poner como prioridad el cuidado de la Tierra”, resaltó el vicejefe de Gabinete Mario Quintana, quién aseveró que “es una tarea de cada persona, cada empresa, la humanidad toda” ser responsables en el uso de los recursos naturales.
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Conicet trabajará en Santa Fe sobre ecosistemas
Convenio de cooperación entre CONICET y el Ministerio de Medio Ambiente de Santa Fe
Fecha de Publicación: 27/04/2017
Fuente: CONICET
Provincia/Región: Santa Fe
Para continuar trabajando en programas de conservación y manejo sustentable de los ecosistemas, tales como los proyectos Yacaré e Iguana.
En un acto realizado en el Instituto de Ciencias Veterinarias del Litoral, ciudad de Esperanza (Santa Fe), el presidente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Dr. Alejandro Ceccatto, junto al Ministro de Medio Ambiente (MMA) de Santa Fe, lng. Jacinto Speranza, y el Director del ICIVET Litoral (UNL-CONICET), Dr. Hugo Ortega; firmaron un convenio específico de colaboración mutua para establecer vínculos de cooperación científica y tecnológica.
Se establecen vínculos de cooperación para continuar con las acciones en programas de conservación y manejo sustentable de los ecosistemas, cubrir las áreas de vacancia del conocimiento y aplicar nuevas metodologías para el mantenimiento de las poblaciones de animales silvestres.
El Dr. Ceccatto recordó que este convenio “formaliza actividades de cooperación que se vienen llevando a cabo con cierta historia” y agregó que es un “privilegio que el Ministerio de Medio Ambiente de la provincia de Santa Fe nos reconozca como un socio importante en el trabajo de conservación de las cuestiones que hacen a la fauna silvestre, desarrollo sustentable y medio ambiente”.
Dentro de los objetivos específicos las partes acordaron que la sede de la Secretaría de Medio Ambiente del MMA y el ICIVET Litoral sean un ámbito de trabajo compartido para la concreción de estudios en el marco de proyectos y programas de investigación conjuntos relacionados con la fauna silvestre.
Por su parte, el Ing. Speranza destacó que este “nuevo convenio no solo refuerza lo que se venía haciendo sino que nos plantea nuevos desafíos; y en la cooperación entre organismos públicos, nos parece importante poder generar los mejores productos a favor de nuestra sociedad santafesina”.
Este acuerdo permitirá continuar la valiosa articulación entre las instituciones involucradas y los programas de conservación y manejo sustentable. Por ejemplo: los programas “Proyecto Yacaré” y “Proyecto Iguana”, que se desarrollan en el predio de la Dirección General de Manejo Sustentable de Fauna, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente provincial, son, además, objeto de numerosos estudios de investigadores del CONICET. Por ello, la mencionada Dirección pondrá a disposición laboratorios con equipamientos necesarios para la realización de estudios en la temática abordada. Por su parte, el CONICET aportará recursos humanos, equipamiento e insumos disponibles en el ICIVET Litoral para llevar adelante los ensayos necesarios; y disponiendo también de las publicaciones que realiza el equipo de trabajo del instituto.
En referencia al tema, el Dr. Ortega remarcó: “la importancia de la firma de este convenio es que reconoce el trabajo que se venía haciendo; reconoce y enmarca el trabajo de investigadores y becarios del instituto en la Estación Zoológica Experimental “Granja La Esmeralda”, lugar en donde se desarrollan los proyecto “Yacaré” e “Iguana”, junto a otros proyectos satélites.
Por todo ello, en el marco del convenio, se acuerda constituir un grupo integrado por representantes de ambas instituciones con el objetivo de coordinar las actividades, aprobar proyectos y supervisar las acciones.
Finalmente, Ceccatto agregó: “aquí no estamos haciendo una asistencia a la provincia sino enriqueciéndonos mutuamente. Además, la firma del convenio va en línea con la dirección que pretendemos en esta etapa del CONICET en la que buscamos complementar el éxito que la institución ha tenido en sus 59 años de vida, el éxito que ha tenido en su aporte al conocimiento universal, con una contribución concreta al sistema productivo y a la sociedad en general”.
Estuvieron presentes, además, Ulises Sedran, Director del CONICET Santa Fe; Pablo Collins, Vicedirector del CONICET Santa Fe; Juan Soria, Director de Vinculación Tecnológica del CONICET; Daniel Scacchi, Secretario de Vinculación Tecnológica de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Alejandro Larriera, Subsecretario de Recursos Naturales del MMA; Humberto Occhi, decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNL, junto a personal de ICIVET Litoral y CONICET Santa Fe.
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Fecha de Publicación: 27/04/2017
Fuente: CONICET
Provincia/Región: Santa Fe
Para continuar trabajando en programas de conservación y manejo sustentable de los ecosistemas, tales como los proyectos Yacaré e Iguana.
En un acto realizado en el Instituto de Ciencias Veterinarias del Litoral, ciudad de Esperanza (Santa Fe), el presidente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Dr. Alejandro Ceccatto, junto al Ministro de Medio Ambiente (MMA) de Santa Fe, lng. Jacinto Speranza, y el Director del ICIVET Litoral (UNL-CONICET), Dr. Hugo Ortega; firmaron un convenio específico de colaboración mutua para establecer vínculos de cooperación científica y tecnológica.
Se establecen vínculos de cooperación para continuar con las acciones en programas de conservación y manejo sustentable de los ecosistemas, cubrir las áreas de vacancia del conocimiento y aplicar nuevas metodologías para el mantenimiento de las poblaciones de animales silvestres.
El Dr. Ceccatto recordó que este convenio “formaliza actividades de cooperación que se vienen llevando a cabo con cierta historia” y agregó que es un “privilegio que el Ministerio de Medio Ambiente de la provincia de Santa Fe nos reconozca como un socio importante en el trabajo de conservación de las cuestiones que hacen a la fauna silvestre, desarrollo sustentable y medio ambiente”.
Dentro de los objetivos específicos las partes acordaron que la sede de la Secretaría de Medio Ambiente del MMA y el ICIVET Litoral sean un ámbito de trabajo compartido para la concreción de estudios en el marco de proyectos y programas de investigación conjuntos relacionados con la fauna silvestre.
Por su parte, el Ing. Speranza destacó que este “nuevo convenio no solo refuerza lo que se venía haciendo sino que nos plantea nuevos desafíos; y en la cooperación entre organismos públicos, nos parece importante poder generar los mejores productos a favor de nuestra sociedad santafesina”.
Este acuerdo permitirá continuar la valiosa articulación entre las instituciones involucradas y los programas de conservación y manejo sustentable. Por ejemplo: los programas “Proyecto Yacaré” y “Proyecto Iguana”, que se desarrollan en el predio de la Dirección General de Manejo Sustentable de Fauna, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente provincial, son, además, objeto de numerosos estudios de investigadores del CONICET. Por ello, la mencionada Dirección pondrá a disposición laboratorios con equipamientos necesarios para la realización de estudios en la temática abordada. Por su parte, el CONICET aportará recursos humanos, equipamiento e insumos disponibles en el ICIVET Litoral para llevar adelante los ensayos necesarios; y disponiendo también de las publicaciones que realiza el equipo de trabajo del instituto.
En referencia al tema, el Dr. Ortega remarcó: “la importancia de la firma de este convenio es que reconoce el trabajo que se venía haciendo; reconoce y enmarca el trabajo de investigadores y becarios del instituto en la Estación Zoológica Experimental “Granja La Esmeralda”, lugar en donde se desarrollan los proyecto “Yacaré” e “Iguana”, junto a otros proyectos satélites.
Por todo ello, en el marco del convenio, se acuerda constituir un grupo integrado por representantes de ambas instituciones con el objetivo de coordinar las actividades, aprobar proyectos y supervisar las acciones.
Finalmente, Ceccatto agregó: “aquí no estamos haciendo una asistencia a la provincia sino enriqueciéndonos mutuamente. Además, la firma del convenio va en línea con la dirección que pretendemos en esta etapa del CONICET en la que buscamos complementar el éxito que la institución ha tenido en sus 59 años de vida, el éxito que ha tenido en su aporte al conocimiento universal, con una contribución concreta al sistema productivo y a la sociedad en general”.
Estuvieron presentes, además, Ulises Sedran, Director del CONICET Santa Fe; Pablo Collins, Vicedirector del CONICET Santa Fe; Juan Soria, Director de Vinculación Tecnológica del CONICET; Daniel Scacchi, Secretario de Vinculación Tecnológica de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Alejandro Larriera, Subsecretario de Recursos Naturales del MMA; Humberto Occhi, decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNL, junto a personal de ICIVET Litoral y CONICET Santa Fe.
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Misiones: capturan puma y termina en una reserva
Capturan y trasladan al puma en Parque Nacional Iguazú
Fecha de Publicación: 27/04/2017
Fuente: La Voz de Cataratas
Provincia/Región: Misiones
El animal, un macho joven de 44 kilos, se encuentra en perfecto estado y fue trasladado a una reserva de la localidad de Candelaria, Misiones, quedando bajo el cargo del Ministerio de Ecología de la Provincia.
Luego de reiterados avistajes durante los últimos meses, esta madrugada se llevó a cabo la captura del ejemplar de puma que frecuentaba el área de Uso Público Intensivo del Parque Nacional Iguazú.
El animal, un macho joven de 44 kilos, se encuentra en perfecto estado y fue trasladado a una reserva de la localidad de Candelaria, Misiones, quedando bajo el cargo del Ministerio de Ecología de la Provincia.
Del operativo formaron parte personal técnico y guardaparques del Área Protegida y de la Dirección Regional NEA y especialistas del Instituto de Biología Subtropical y del Ministerio de Ecología.
La decisión se resolvió en función del comportamiento habituado a la presencia humana mostrado por el animal y a la prioridad que sostiene la Administración de Parques Nacionales, en estos casos, orientada a garantizar la seguridad de las personas y se enmarca en el protocolo resultante del “Manejo de Animales Problemas en las Áreas Protegidas”, aprobado por la Resolución 136/2001.
Todos los paseos del Parque Nacional se encuentran funcionando con total normalidad, mientras que continuarán las tareas de control y monitoreo de fauna a través de cámaras trampa del Área Cataratas.
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Fecha de Publicación: 27/04/2017
Fuente: La Voz de Cataratas
Provincia/Región: Misiones
El animal, un macho joven de 44 kilos, se encuentra en perfecto estado y fue trasladado a una reserva de la localidad de Candelaria, Misiones, quedando bajo el cargo del Ministerio de Ecología de la Provincia.
Luego de reiterados avistajes durante los últimos meses, esta madrugada se llevó a cabo la captura del ejemplar de puma que frecuentaba el área de Uso Público Intensivo del Parque Nacional Iguazú.
El animal, un macho joven de 44 kilos, se encuentra en perfecto estado y fue trasladado a una reserva de la localidad de Candelaria, Misiones, quedando bajo el cargo del Ministerio de Ecología de la Provincia.
Del operativo formaron parte personal técnico y guardaparques del Área Protegida y de la Dirección Regional NEA y especialistas del Instituto de Biología Subtropical y del Ministerio de Ecología.
La decisión se resolvió en función del comportamiento habituado a la presencia humana mostrado por el animal y a la prioridad que sostiene la Administración de Parques Nacionales, en estos casos, orientada a garantizar la seguridad de las personas y se enmarca en el protocolo resultante del “Manejo de Animales Problemas en las Áreas Protegidas”, aprobado por la Resolución 136/2001.
Todos los paseos del Parque Nacional se encuentran funcionando con total normalidad, mientras que continuarán las tareas de control y monitoreo de fauna a través de cámaras trampa del Área Cataratas.
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Agua y petróleo en viviendas, responsabilidad de YPF
Aflora petróleo y agua en una vivienda del Roque González
Fecha de Publicación: 26/04/2017
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Santa Cruz
A partir del temporal comenzó a brotar petróleo y también agua en el patio de una casa ubicada a pocos metros de la avenida Polonia y del camino Roque González. El terreno quedó inaccesible y el damnificado radicó la denuncia en la subsecretaría municipal de Medio Ambiente. Resta que YPF concurra al lugar para evaluar la contingencia. El caso se suma al de una vivienda de la extensión del Máximo Abásolo donde se registró el mismo problema.
Hace más de tres años que Sergio Saldivia y su joven familia residen en el loteo privado denominado Los Tres Pinos-Roque González, que se encuentra a escasos metros del mencionado camino –clausurado luego del temporal- que une los barrios San Cayetano y Saavedra.
Desde el año 2000 que muchos habitantes levantaron sus casas en el sector, a menos de 100 metros de la locación petrolera "CH 947".
Lo llamativo de ese loteo cercano al pozo de la empresa YPF es que todos los residentes tienen título de propiedad. La habilitación de la urbanización fue supervisada por un agrimensor que tenía conocimiento de la presencia del pozo petrolero.
Respecto al derrame, Saldivia contó a El Patagónico que después de la primera lluvia intensa "se empezaron a levantar las napas y a aflorar petróleo". Primero, "se hizo como una greda y después comenzó a salir petróleo y agua que no pertenece a la línea nueva ni vieja de la red", describió.
Mientras el agua potable estuvo cortada por más de una semana como consecuencia del temporal "seguía aflorando petróleo y agua incansablemente", subrayó el dueño de casa.
El damnificado agregó que la pérdida de agua recorre numerosas cuadras y llegó hasta la extensión del Máximo Abásolo. Por esa razón, ayer había máquinas viales trabajando para derivar ese cauce que desciende del cerro donde se encuentra el camino Roque González.
Según Saldivia el agua pasa por debajo de su terreno. "Puede ser una cañería vieja o nueva pero la cooperativa no se quiso hacer cargo de ninguna forma. Ni mirar la cañería vieja que era perteneciente a YPF ni la nueva porque dicen que ellos no pueden meter mano en eso", afirmó.
El damnificado aseguró: "hemos llamado a la cooperativa, han venido los jefes y dijeron: ´no queremos arreglarla´". Ante la situación de contaminación, el dueño de la vivienda denunció el incidente ante la subsecretaría municipal de Medio Ambiente, quien labró un acta y "van a notificar a YPF que hay una pérdida por un caño inyector que tienen adentro del barrio y está a 100 metros".
El damnificado no sabe en qué condiciones se encuentra ese pozo petrolero, si está acto o abandonado. Sin embargo, Saldivia presume: "al ser inyector está fluyendo agua por intermedio del caño que tendría que estar vacío".
El derrame "me afectó muy mal porque me no puedo entrar el auto, es todo greda y si metes algo se encaja directamente. Es peligroso para caminar y es tóxico porque es contaminación ambiental. Está brotando por la tierra y va a matar a todos los árboles", los cuales estaban regados por el líquido amarillento.
La cartera de Medio Ambiente el viernes "iba a notificarle a YPF para que viniera a hacer los exámenes pertinentes de la sustancia que está saliendo a través de la tierra si llega a ser hidrocarburo, y del agua para ver si es de manantial o contaminada".
Para Saldivia la cañería que atraviesa su lote tiene que ser sacada o anularla. Después la operadora tendría que "arreglar el patio porque es impenetrable la entrada. Parece que la misma temperatura y presión de las napas rompieron el caño por debajo", analizó el denunciante.
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Fecha de Publicación: 26/04/2017
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Santa Cruz
A partir del temporal comenzó a brotar petróleo y también agua en el patio de una casa ubicada a pocos metros de la avenida Polonia y del camino Roque González. El terreno quedó inaccesible y el damnificado radicó la denuncia en la subsecretaría municipal de Medio Ambiente. Resta que YPF concurra al lugar para evaluar la contingencia. El caso se suma al de una vivienda de la extensión del Máximo Abásolo donde se registró el mismo problema.
Hace más de tres años que Sergio Saldivia y su joven familia residen en el loteo privado denominado Los Tres Pinos-Roque González, que se encuentra a escasos metros del mencionado camino –clausurado luego del temporal- que une los barrios San Cayetano y Saavedra.
Desde el año 2000 que muchos habitantes levantaron sus casas en el sector, a menos de 100 metros de la locación petrolera "CH 947".
Lo llamativo de ese loteo cercano al pozo de la empresa YPF es que todos los residentes tienen título de propiedad. La habilitación de la urbanización fue supervisada por un agrimensor que tenía conocimiento de la presencia del pozo petrolero.
Respecto al derrame, Saldivia contó a El Patagónico que después de la primera lluvia intensa "se empezaron a levantar las napas y a aflorar petróleo". Primero, "se hizo como una greda y después comenzó a salir petróleo y agua que no pertenece a la línea nueva ni vieja de la red", describió.
Mientras el agua potable estuvo cortada por más de una semana como consecuencia del temporal "seguía aflorando petróleo y agua incansablemente", subrayó el dueño de casa.
El damnificado agregó que la pérdida de agua recorre numerosas cuadras y llegó hasta la extensión del Máximo Abásolo. Por esa razón, ayer había máquinas viales trabajando para derivar ese cauce que desciende del cerro donde se encuentra el camino Roque González.
Según Saldivia el agua pasa por debajo de su terreno. "Puede ser una cañería vieja o nueva pero la cooperativa no se quiso hacer cargo de ninguna forma. Ni mirar la cañería vieja que era perteneciente a YPF ni la nueva porque dicen que ellos no pueden meter mano en eso", afirmó.
El damnificado aseguró: "hemos llamado a la cooperativa, han venido los jefes y dijeron: ´no queremos arreglarla´". Ante la situación de contaminación, el dueño de la vivienda denunció el incidente ante la subsecretaría municipal de Medio Ambiente, quien labró un acta y "van a notificar a YPF que hay una pérdida por un caño inyector que tienen adentro del barrio y está a 100 metros".
El damnificado no sabe en qué condiciones se encuentra ese pozo petrolero, si está acto o abandonado. Sin embargo, Saldivia presume: "al ser inyector está fluyendo agua por intermedio del caño que tendría que estar vacío".
El derrame "me afectó muy mal porque me no puedo entrar el auto, es todo greda y si metes algo se encaja directamente. Es peligroso para caminar y es tóxico porque es contaminación ambiental. Está brotando por la tierra y va a matar a todos los árboles", los cuales estaban regados por el líquido amarillento.
La cartera de Medio Ambiente el viernes "iba a notificarle a YPF para que viniera a hacer los exámenes pertinentes de la sustancia que está saliendo a través de la tierra si llega a ser hidrocarburo, y del agua para ver si es de manantial o contaminada".
Para Saldivia la cañería que atraviesa su lote tiene que ser sacada o anularla. Después la operadora tendría que "arreglar el patio porque es impenetrable la entrada. Parece que la misma temperatura y presión de las napas rompieron el caño por debajo", analizó el denunciante.
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La ley antiminera de Mendoza declarada constitucional
La Corte ratificó la constitucionalidad de la ley antiminera
Fecha de Publicación: 26/04/2017
Fuente: Diario Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Los fallos por planteos de cinco empresas sostienen la prohibición de sustancias peligrosas. Fijan costas contra los que iniciaron la acción.
La Suprema Corte de Justicia de Mendoza ratificó la decisión que había tomado en 2015 al rechazar un planteo de inconstitucionalidad hecho por empresas mineras. La ratificación se da en un contexto en el que el Ejecutivo aún analiza qué política minera llevar adelante.
La ratificación salió desde la sala segunda de la Suprema Corte, integrada por los jueces Mario Adaro, Alejandro Palermo y José Valerio. El tercero no firmó la sentencia por pedir antes una licencia y, si bien a priori suena la cercanía de Valerio con el gobernador Alfredo Cornejo, algunos entienden que no quiso meterse en un tema que incluyó ocho años de expedientes en los que él no participó mientras que Adaro y Palermo sí lo hicieron.
Larga ha sido la discusión por la minería en Mendoza. La actual gestión armó una Mesa de Diálogo Minero para analizar el tema pero todavía no presenta conclusiones. Mientras, grupos ambientalistas piden declarar como reserva natural a zonas donde antes se proyectaban inversiones mineras.
En medio de la discusión, la Suprema Corte ratificó la sentencia de 2015 que declaró constitucional la ley 7722 e impuso las costas del proceso a la parte vencida. En concreto, ahora son cinco sentencias por separado: Minera San Jorge, Minera del Oeste y otros, Minera Río de la Plata, Portal de Oro y Minera Agaucu.
Los documentos son bastante similares entre sí, prácticamente idénticos cuando se repasan las acciones alrededor de la causa. Aquí se señalan los planteos por los que las empresas criticaron la 7722 y las defensas de ella que hicieron en su momento el Gobierno, Fiscalía de Estado y el entonces procurador general, Rodolfo González.
De los cinco fallos, tres los argumenta Adaro y dos Palermo. Vale aclarar que la costumbre es que la declaración de argumentos rote entre los integrantes de la sala. También son similares pero difieren un poco en la redacción de “la solución del caso”.
Ocurre que los principales artículos objetados eran los tres primeros: la prohibición de sustancias peligrosas que se utilizan en procesos de minería metalífera, la adaptación de las empresas que ya tenían la titularidad de concesiones y la ratificación por ley de las declaraciones de impacto ambiental. Adaro repitió observaciones que hizo en 2015 sobre el 1 y el 3.
En el texto del primero figuran “cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares”. Para el juez, “debe tomarse como ‘tóxicas’, y en efecto peligrosas, a las tres sustancias explícitamente determinadas” y la constitucionalidad debe ser conforme a ese alcance.
Sobre el tercer punto, Adaro se pregunta si el análisis legislativo no estaría “extralimitándose e interfiriendo en la órbita propia de la función administrativa del Poder Ejecutivo”, ya que las declaraciones de impacto ambiental vienen de allí.
Palermo no hace mención a las sustancias tóxicas pero sí habla a favor de la ratificación legislativa. “Mediante tal recaudo de eficacia se persigue un control del acto administrativo en vistas a asegurar su legitimidad democrática y lograr un consenso social”, escribió.
Litigios desde 2007
El inicio del reclamo se remonta a junio de 2007, cuando se aprobó la 7722. Al poco tiempo, 13 empresas iniciaron acciones legales para declararla inconstitucional, principalmente porque, según su visión, prohibía toda actividad minera metalífera. Las causas se unificaron con la carátula “Minera Del Oeste SRL y ots. c/ Gobierno de la Provincia p/acción de inconstitucionalidad”.
Pasaron ocho años con muchos informes y reclamos ambientalistas, hasta que en diciembre de 2015 la Suprema Corte definió que la norma era acorde a la Constitución y las leyes nacionales. La votación fue unánime: 7 jueces a favor y ninguno en contra.
En los fundamentos de aquel entonces se hicieron consideraciones en torno al derecho a la vida, la protección del ambiente y derechos consagrados por la Constitución Nacional. Las empresas no quedaron conformes pero ahora, un año y medio después, esa decisión se ratifica.
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Fecha de Publicación: 26/04/2017
Fuente: Diario Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Los fallos por planteos de cinco empresas sostienen la prohibición de sustancias peligrosas. Fijan costas contra los que iniciaron la acción.
La Suprema Corte de Justicia de Mendoza ratificó la decisión que había tomado en 2015 al rechazar un planteo de inconstitucionalidad hecho por empresas mineras. La ratificación se da en un contexto en el que el Ejecutivo aún analiza qué política minera llevar adelante.
La ratificación salió desde la sala segunda de la Suprema Corte, integrada por los jueces Mario Adaro, Alejandro Palermo y José Valerio. El tercero no firmó la sentencia por pedir antes una licencia y, si bien a priori suena la cercanía de Valerio con el gobernador Alfredo Cornejo, algunos entienden que no quiso meterse en un tema que incluyó ocho años de expedientes en los que él no participó mientras que Adaro y Palermo sí lo hicieron.
Larga ha sido la discusión por la minería en Mendoza. La actual gestión armó una Mesa de Diálogo Minero para analizar el tema pero todavía no presenta conclusiones. Mientras, grupos ambientalistas piden declarar como reserva natural a zonas donde antes se proyectaban inversiones mineras.
En medio de la discusión, la Suprema Corte ratificó la sentencia de 2015 que declaró constitucional la ley 7722 e impuso las costas del proceso a la parte vencida. En concreto, ahora son cinco sentencias por separado: Minera San Jorge, Minera del Oeste y otros, Minera Río de la Plata, Portal de Oro y Minera Agaucu.
Los documentos son bastante similares entre sí, prácticamente idénticos cuando se repasan las acciones alrededor de la causa. Aquí se señalan los planteos por los que las empresas criticaron la 7722 y las defensas de ella que hicieron en su momento el Gobierno, Fiscalía de Estado y el entonces procurador general, Rodolfo González.
De los cinco fallos, tres los argumenta Adaro y dos Palermo. Vale aclarar que la costumbre es que la declaración de argumentos rote entre los integrantes de la sala. También son similares pero difieren un poco en la redacción de “la solución del caso”.
Ocurre que los principales artículos objetados eran los tres primeros: la prohibición de sustancias peligrosas que se utilizan en procesos de minería metalífera, la adaptación de las empresas que ya tenían la titularidad de concesiones y la ratificación por ley de las declaraciones de impacto ambiental. Adaro repitió observaciones que hizo en 2015 sobre el 1 y el 3.
En el texto del primero figuran “cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares”. Para el juez, “debe tomarse como ‘tóxicas’, y en efecto peligrosas, a las tres sustancias explícitamente determinadas” y la constitucionalidad debe ser conforme a ese alcance.
Sobre el tercer punto, Adaro se pregunta si el análisis legislativo no estaría “extralimitándose e interfiriendo en la órbita propia de la función administrativa del Poder Ejecutivo”, ya que las declaraciones de impacto ambiental vienen de allí.
Palermo no hace mención a las sustancias tóxicas pero sí habla a favor de la ratificación legislativa. “Mediante tal recaudo de eficacia se persigue un control del acto administrativo en vistas a asegurar su legitimidad democrática y lograr un consenso social”, escribió.
Litigios desde 2007
El inicio del reclamo se remonta a junio de 2007, cuando se aprobó la 7722. Al poco tiempo, 13 empresas iniciaron acciones legales para declararla inconstitucional, principalmente porque, según su visión, prohibía toda actividad minera metalífera. Las causas se unificaron con la carátula “Minera Del Oeste SRL y ots. c/ Gobierno de la Provincia p/acción de inconstitucionalidad”.
Pasaron ocho años con muchos informes y reclamos ambientalistas, hasta que en diciembre de 2015 la Suprema Corte definió que la norma era acorde a la Constitución y las leyes nacionales. La votación fue unánime: 7 jueces a favor y ninguno en contra.
En los fundamentos de aquel entonces se hicieron consideraciones en torno al derecho a la vida, la protección del ambiente y derechos consagrados por la Constitución Nacional. Las empresas no quedaron conformes pero ahora, un año y medio después, esa decisión se ratifica.
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Reserva de Biosfera Laguna Blanca con minería?
Comunidades indígenas denuncian que una minera explora sin autorización una Reserva de Biósfera
Fecha de Publicación: 26/04/2017
Fuente: Telam
Provincia/Región: Catamarca
Señalan a la empresa Buena Vista Gold S.A. por explorar sin la autorización adecuada tierras de propiedad comunitaria y la Reserva de Biosfera Laguna Blanca, en el departamento de Belén.
Comunidades indígenas de Catamarca señalan a la empresa minera Buena Vista Gold S.A. por explorar sin la autorización adecuada tierras de propiedad comunitaria y la Reserva de Biosfera Laguna Blanca, en el departamento de Belén, un área natural protegida ubicada en el norte de provincia, aunque un senador local negó que eso ocurriera.
Virginia Cruz, integrante del Consejo de Participación Indígena (CPI) y la Asamblea Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita en Catamarca, dijo a Télam que en las primeras horas del jueves, mientras se desarrollaba una asamblea de 17 comunidades indígenas, vieron tres camionetas de Buena Vista Gold bajar desde la reserva de biosfera de Corral Blanco en Laguna Blanca con equipos de exploración y campamento.
"Mientras se desarrollaba la asamblea observamos tres camionetas bajar desde la reserva de biosfera y decidimos pararlas; si bien pudimos constatar que no llevaban nada, pedimos el permiso correspondiente que los habilitaba a transitar y explorar la zona y nos entregaron un papel impreso con una supuesta firma del secretario de minería de la provincia sin fecha de inicio ni finalización de exploración", explicó Cruz.
La asambleísta afirmó que la exploración sin el permiso correspondiente de la zona implica una violación a los derechos establecidos en la Constitución Nacional, en su Artículo 75, Inciso 17, que reconoce la personería jurídica de las comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan.
"Nosotros solamente hablamos con el equipo de mineros y pedimos que nos muestren el permiso. En ningún momento hubo un cruce de palabras, ni mucho menos", agregó.
Sin embargo, el senador provincial por el departamento Belén, Jorge Solá Jais (del Frente para la Victoria), sostuvo que "no hay ninguna exploración".
"Laguna Blanca es una zona protegida y si hay circulación de vehículos corresponde a intereses particulares, no hay exploración minera, todo eso sería posible con autorización de la Secretaría de Minería o el Juzgado de Minas", explicó el legislador.
Solá Jais aseguró que sí existe el conflicto por las tierras entre una comunidad originaria y los propietarios, pero "es una zona protegida y no creo que el juzgado de minas autorice algún tipo de actividad exploratoria".
Por su parte, Cruz denunció el estado de inseguridad que padecen las comunidades indígenas de Corral Blanco y Aguas Calientes por el avasallamiento de sus derechos por parte de las empresas mineras.
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Fecha de Publicación: 26/04/2017
Fuente: Telam
Provincia/Región: Catamarca
Señalan a la empresa Buena Vista Gold S.A. por explorar sin la autorización adecuada tierras de propiedad comunitaria y la Reserva de Biosfera Laguna Blanca, en el departamento de Belén.
Comunidades indígenas de Catamarca señalan a la empresa minera Buena Vista Gold S.A. por explorar sin la autorización adecuada tierras de propiedad comunitaria y la Reserva de Biosfera Laguna Blanca, en el departamento de Belén, un área natural protegida ubicada en el norte de provincia, aunque un senador local negó que eso ocurriera.
Virginia Cruz, integrante del Consejo de Participación Indígena (CPI) y la Asamblea Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita en Catamarca, dijo a Télam que en las primeras horas del jueves, mientras se desarrollaba una asamblea de 17 comunidades indígenas, vieron tres camionetas de Buena Vista Gold bajar desde la reserva de biosfera de Corral Blanco en Laguna Blanca con equipos de exploración y campamento.
"Mientras se desarrollaba la asamblea observamos tres camionetas bajar desde la reserva de biosfera y decidimos pararlas; si bien pudimos constatar que no llevaban nada, pedimos el permiso correspondiente que los habilitaba a transitar y explorar la zona y nos entregaron un papel impreso con una supuesta firma del secretario de minería de la provincia sin fecha de inicio ni finalización de exploración", explicó Cruz.
La asambleísta afirmó que la exploración sin el permiso correspondiente de la zona implica una violación a los derechos establecidos en la Constitución Nacional, en su Artículo 75, Inciso 17, que reconoce la personería jurídica de las comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan.
"Nosotros solamente hablamos con el equipo de mineros y pedimos que nos muestren el permiso. En ningún momento hubo un cruce de palabras, ni mucho menos", agregó.
Sin embargo, el senador provincial por el departamento Belén, Jorge Solá Jais (del Frente para la Victoria), sostuvo que "no hay ninguna exploración".
"Laguna Blanca es una zona protegida y si hay circulación de vehículos corresponde a intereses particulares, no hay exploración minera, todo eso sería posible con autorización de la Secretaría de Minería o el Juzgado de Minas", explicó el legislador.
Solá Jais aseguró que sí existe el conflicto por las tierras entre una comunidad originaria y los propietarios, pero "es una zona protegida y no creo que el juzgado de minas autorice algún tipo de actividad exploratoria".
Por su parte, Cruz denunció el estado de inseguridad que padecen las comunidades indígenas de Corral Blanco y Aguas Calientes por el avasallamiento de sus derechos por parte de las empresas mineras.
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Córdoba: conflictos socioambientales al por mayor
Conflictos socioambientales en Córdoba: Bien plantados
Fecha de Publicación: 25/04/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Como nunca antes, Córdoba está atravesada por desacuerdos sociales que parten de preocupaciones ambientales y constituyen un nuevo modo de participación política. Cuáles son las características comunes. Miradas sobre estos fenómenos.
El 1° de marzo más de 15 mil personas protestaron en Córdoba contra el desmonte: había gente de toda la provincia, organizada y movilizada a través de casi 80 asambleas ciudadanas y aglutinada en la Coordinadora de Defensa del Bosque Nativo. Había elencos artísticos enteros en esa marcha a la que convocó Doña Jovita, difundió Raly Barrionuevo y apoyó Piñón Fijo, entre tantos otros artistas locales. Se sumaron ONG ambientalistas, universidades, partidos políticos, gremios y movimientos estudiantiles. También marcharon familias que sólo quieren seguir tomando mates bajo árboles autóctonos cuando van a las sierras y que respondieron al llamado a "defender la vida" que les llegó por WhatsApp.
No fue una protesta espontánea. Detrás de esa manifestación había años de militancia ambiental y microconflictos en torno al bosque nativo, grupos de estudio, profesionales universitarios y vecinos mejor preparados que muchos funcionarios y legisladores a la hora de dar discusiones técnicas, legales y ecológicas.
Sobre todo, había visiones de la vida, de la producción y de la participación ciudadana muy diferentes a las que reflejaba el proyecto de ley que el oficialismo planeó aprobar a las apuradas en noviembre de 2016, luego de acordar con las entidades ruralistas una ampliación de zonas aptas para la producción ganadera.
El tratamiento del proyecto se pospuso y sigue en análisis, con la mediación de la Defensoría del Pueblo. La discusión continúa, pero ahora muy condicionada por un conflicto socioambiental extendido, que se suma a una larga lista de desacuerdos sociales que surgen de problemáticas ambientales y que, superpuestos, nos atraviesan como nunca antes y definen un nuevo modo de participación política.
Repasemos los conflictos que se hicieron visibles en Córdoba en las últimas semanas: sigue el acampe de un grupo de habitantes de Villa Parque Santa Ana contra la planta de tratamiento de basura que Cormecor aún no pudo comenzar por una cautelar interpuesta por vecinos; se sumó la conmoción que causó la inundación y posterior derrame de sustancias peligrosas en la planta de residuos industriales de Taym; desde Villa Carlos Paz un lago San Roque plagado de algas y con olor a podrido trajo a la mesa la contaminación que la falta de cloacas impone a media provincia; Villa El Libertador continúa movilizada porque se sigue hundiendo en napas de aguas servidas y en decenas de pueblos crece, silenciado pero siempre presente, el fantasma del impacto de los agroquímicos sobre la salud.
Puntos en común
Son todas situaciones particulares, pero con elementos comunes que la sociología estudia hace años y que tienen patrones muy similares en toda Latinoamérica. La inmensa mayoría de los conflictos socioambientales nace de la preocupación por la salud o la posible pérdida de la calidad de vida por un cambio productivo o por la transformación del medio a través de obras públicas o emprendimientos privados.
De inmediato se gesta la organización vecinal: grupos de WhatsApp, páginas en Facebook, búsqueda de antecedentes, afianzamiento con términos técnicos y legales, asesoramiento de organizaciones ambientalistas, reuniones, asambleas y marchas de reclamo son los pasos que suelen seguirle a esa preocupación inicial.
Las redes sociales, la enorme cantidad de información disponible –no siempre de calidad, ni avalada científicamente– y el rápido involucramiento de las ONG ambientalistas suele ser decisivo para la conformación del movimiento de resistencia vecinal. Después le siguen, muchas veces, acciones concretas: recursos judiciales o medidas directas. Acampes, escraches o manifestaciones son parte de ese repertorio. Así se pone en marcha otro conflicto.
Las controversias socioambientales más profundas en Córdoba incluyeron recursos judiciales, que muchas veces fueron receptados en Tribunales y fortalecieron los reclamos. Así fue en el caso Monsanto en Malvinas Argentinas, en la pelea de Ituzaingó Anexo contra las fumigaciones –que incluyó la primera condena del país por el uso indebido de agrotóxicos–, en la crisis sanitaria de Villa El Libertador y en el conflicto de Villa Parque Santa Ana contra Cormecor, entre tantos otros.
Federico Macciocchi, abogado especializado en derecho ambiental, presidente de Club de Derecho y miembro de Fundación Tercera Generación, intervino en varios de esos casos en representación de los vecinos y no duda en que los conflictos tienen como denominador común "el desprecio por las normas ambientales de buena parte de los funcionarios del Estado, la indolencia ante situaciones de riesgo y el incumplimiento de su deber de anticiparse a un posible daño ambiental". Y ejemplifica: "A Monsanto le autorizaron su fallida planta de Malvinas Argentinas antes de que presentara el estudio de impacto". Finalmente, ese estudio fue presentado y rechazado por Ambiente.
También considera que buena parte de los jueces desconoce el derecho ambiental, y que el Poder Judicial en su conjunto aún no concibe al ambiente como un bien colectivo, ni al derecho a un ambiente sano como derecho humano fundamental. Además, su experiencia litigando le indica que la Justicia sólo actúa si hay movilización popular: toda una invitación al conflicto.
La mirada desde el Estado
Fabián López, ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos comienza aclarando: "Los conflictos socioambientales no son negativos: son parte de una etapa de maduración de la sociedad en relación con el ambiente, y también son parte de los desafíos que incluye el desarrollo socioeconómico sustentable". Recalca que es positivo el involucramiento y la movilización de una sociedad preocupada por el ambiente, que la clave es que existan herramientas e instrumentos para arribar a soluciones, y que las partes logren establecer un piso mínimo de conocimiento científico-técnico que permita negociar con rigurosidad y opiniones fundadas.
Para López, la nueva ley de Política Ambiental –existe consenso respecto del avance que supone esa norma gestada en medio el conflicto de Malvinas Argentinas contra Monsanto– ofrece 16 herramientas concretas de intervención, establece que la opinión de los ciudadanos debe ser tenida en cuenta y pone a Córdoba a la vanguardia en materia de resolución de conflictos ambientales. Desde que esa norma está vigente ya hubo más de un centenar de audiciencias públicas ambientales.
El biólogo Federico Kopta, del Foro Ambiental Córdoba, coincide en la defensa de esa ley provincial (la 10.028). No obstante, considera que hace falta aplicarla con mayor convicción y que esa norma no logró que el Estado acepte por completo los procesos participativos. Sostiene que el temor de los funcionarios a los conflictos ambientales, el sigilo y la escasa información pública sobre algunos proyectos es lo que termina potenciando esos conflictos.
"Mediar es difícil siempre. Hacerlo en las controversias ambientales, en las que las posturas suelen ser a todo o nada, es más difícil. En especial porque una parte debe ceder, y casi siempre debe hacerlo sin garantías de instancias de control posteriores. El factor que sobrevuela todos los conflictos es la escasa credibilidad en los distintos organismos que deben controlar", insiste Kopta.
La clase y el conflicto
Kopta aporta otro elemento: los conflictos ambientales suelen ser la reacción de grupos conectados, informados y de posiciones sociales medias que pelean por mantener su calidad de vida. "Hay un sector de la población que padece los problemas ambientales más serios y que ni siquiera percibe el riesgo, por lo que tampoco reacciona. Los pobres por lo general no plantean conflictos ambientales, y existe el riesgo de que sean ellos los que terminen asumiendo lo que rechazan otros sectores sociales", señala.
El sociólogo y planificador urbano chileno Franscisco Sabattini, docente de la Pontificia Universidad Católica de ese país, agrega a todo esto un elemento clave: la incidencia de la mediatización de los conflictos socioambientales. "Se trata de conflictos de intereses, son conflictos porque hay razón en ambas posturas y en muchos casos la movilización impone una igualdad de fuerzas. Ese es el momento en que el conflicto suele ser definido por los periodistas. Ni siquiera digo por la línea editorial de los grandes medios, sino los periodistas", planteó semanas atrás en Buenos Aires.
Su explicación: es el discurso periodístico el define el problema ambiental –el conflicto de Parque Santa Ana, por ejemplo, suele mencionarse como "la pelea contra el basural de Mestre" o "contra el complejo ambiental de Cormecor, que incluye enterramiento y cinco plantas de valorización de residuos"–, legitima a los actores, denomina la razón de la controversia y estabiliza el conflicto, dándole continuidad en la discusión pública e incluyendo a toda la sociedad en ese debate. Sabattini considera que el modo en que esa discusión abre puertas a la negociación o clausura con intransigencia el debate suele influir mucho en el modo en que finalmente se resuelve la disputa.
Conflictos socioambientales: Monsanto en Malvinas, una insignia
Un grupo de vecinos, junto a activistas ambientales y militantes agroecológicos de varios lugares del país mantuvieron durante más de tres años en los accesos al predio.
Pronto hará cinco años desde que, primero la expresidenta Cristina Fernández y luego el exgobernador José Manuel de la Sota, anunciaron una megainversión de la multinacional Monsanto en Malvinas Argentinas: 1.500 millones de pesos para construir una de las plantas de acondicionamiento de semillas de maíz transgénicas más grandes del mundo. 800 puestos de trabajo cuando estuviera funcionando y la articulación de un cinturón maicero de relevancia internacional en Córdoba. Eso decía el anuncio.
Hoy ese predio de Malvinas está vacío. Monsanto se lo vendió a Regam/AMG, luego de desmontar la obra que quedó inconclusa debido al bloqueo que un grupo de vecinos, junto a activistas ambientales y militantes agroecológicos de varios lugares del país mantuvieron durante más de tres años en los accesos al predio. Fueron ellos los que decidieron que esa inversión no se concretaría: con 30 carpas frente a los accesos al predio, persistencia y reclamos judiciales impusieron esa determinación a la compañía de agronegocios más poderosa del mundo, al Estado que propició su desembarco y a todos los sectores empresarios que vieron azorados cómo caía un proyecto productivo gigantesco a manos de "un grupo de fanáticos". Tal vez sea ese error de diagnóstico sobre lo que supone un conflicto socioambiental lo que condenó al fracaso el proyecto de Monsanto.
Mientras los funcionarios desacreditaban el "acampe" de Malvinas por "marginal, trosko y minoritario", el impacto internacional de esa pelea desigual contra Monsanto crecía y llovían apoyos para los manifestantes: desde una foto del Papa con la bandera que decía "Asamblea Malvinas lucha por la vida", a la visita de Manu Chao entre muchos otros artistas, además respaldos locales que crecieron, derivaron en marchas en Córdoba e instalaron una lógica que ningún poder local pudo frenar: agitación a través de redes sociales y resistencia pacífica en los ingresos al predio.
Reflexión postergada
La reflexión política sobre lo que ocurrió en Malvinas Argentinas todavía no se produjo, pero ese conflicto insignia dejó mensajes alarmantes: todas las instituciones del Estado naufragaron ante un grupo que logró convencer a mucha gente de que su salud estaba en peligro. Ni el municipio ni la Provincia lograron explicarle nunca a los vecinos de Malvinas Argentinas lo contrario.
Tampoco acreditaron en base a qué estudios de impacto ambiental habían autorizado ese proyecto, y por esa razón la Justicia frenó las obras. Continúan imputados por abuso de autoridad el entonces intendente de Malvinas y actual secretario de la Municipalidad de Córdoba, Daniel Arzani; el exsecretario de Ambiente de la Provincia, Luis Bocco; el exfuncionario municipal Rubén García y siete exconcejales.
Muchas veces se evaluó la posibilidad de una consulta popular en Malvinas, pero nunca se concretó. Finalmente, la Provincia bajó los brazos en la defensa del proyecto en base a encuestas, y luego de la Justicia avanzara con las imputaciones. Pero en las elecciones municipales de 2015 ganó por estrecho margen Silvina González, también radical y secretaria de Gobierno de la gestión de Arzani, que autorizó el proyecto. Le ganó por casi 500 votos a Malvinas Despierta, expresión política de la asamblea anti-Monsanto.
Cinco años después, no tienen respuestas las principales preguntas sobre aquel proyecto: ¿Realmente esa planta era un peligro para la salud de Malvinas Argentinas o esa localidad perdió una gran oportunidad productiva y 800 puestos de trabajo? ¿La oposición a Monsanto realmente era mayoritaria en Malvinas? ¿Cómo pudo el Estado autorizar ese emprendimiento de esa magnitud y de esa sensibilidad antes de que estuvieran los estudios de impacto ambiental?
Conflictos socioambientales: Cinco fenómenos que generan controversia
Gentrificación, "No en mi patio", urbanizaciones en suelo rural y otros temas ecológicos que despiertan controversias sociales.
No en mi patio. "Not In My Back Yard" (Nimby) se denomina a la reacción que se produce entre vecinos que se organizan para enfrentarse a los riesgos que supone la instalación en su entorno inmediato de actividades o instalaciones que son percibidas como peligrosas, pero sin oponerse a las actividades en sí mismas. El ejemplo más cercano es el acampe de vecinos de Villa Parque Santa Ana en contra del complejo ambiental que planea construir Cormecor a pocos metros de esa localidad. Antes, el mismo emprendimiento fue rechazado en otras localidades: Lozada, Toledo y Bouwer. Las protestas barriales que por años rodearon la instalación de las antenas de telefonía son otro ejemplo.
Urbanización de suelo rural. En Córdoba, los conflictos socioambientales por esta causa se focalizan en las zonas serranas, ya que suponen alteraciones paisajísticas y desmontes. El más reciente fue por el country El Terrón en Mendiolaza. Hay muchos antecedentes: una década de conflicto y pelea judicial en Carlos Paz por el country Le Quartier de la Montagne (hoy View Lake), las protestas en contra de un emprendimiento inmobiliario en la zona de la histórica capilla de Candonga, la polémica por el megadesarrollo en torno a la Laguna Azul o, en su momento, la reacción contra la instalación de Dinosaurio en Salsipuedes.
Obras públicas con impacto ambiental. En 1996 la movilización en contra de la construcción de un dique en Cuesta Blanca que planeaba construir la Provincia fue un hito para el movimiento ecologista. En la actualidad, la resistencia al sistema de minidiques que la Provincia proyecta en la zona de Ascochinga para prevenir inundaciones incluyó la asistencia récord de vecinos a una audiencia pública ambiental, y el proyecto está frenado. La Municipalidad de Córdoba nunca pudo extender la avenida Costanera hacia el noroeste por la oposición de los vecinos que defienden la Reserva San Martín. La semana pasada, los vecinos de la comuna de San Roque salieron a protestar por el impacto que tendrá el anunciado puente sobre el lago que supone la Variante Costa Azul.
Convivencia residencial-industrial. Es una constante fuente de conflictos socioambientales, y en la ciudad de Córdoba hay cientos de industrias funcionando en zonas residenciales. Algunos de los conflictos más importantes vinculados a esta causa: el que rodea a la planta de Dioxitek en Alta Córdoba y la movilización de un grupo de vecinos de la zona sur contra la planta de Porta Hermanos.
Gentrificación. El término proviene del neologismo inglés gentrification, que se traduce como "elitización" de un espacio urbano. Supone la imposición de proyectos arquitectónicos para un sector social de mayor poder adquisitivo en barrios que fueron propios de sectores más humildes. El fenómeno casi siempre va acompañado del desplazamiento de los habitantes tradicionales del barrio, ya sea por el encarecimiento de la vida o por la presión que ejerce el sector inmobiliario, que termina adquiriendo las viviendas para levantar grandes desarrollos. Este tipo de conflicto se comenzó a observar en Córdoba: la reacción de varios barrios de la zona sur contra el megacomplejo que Corporación América hará en las tierras del ex Batallón 141 es un ejemplo.
Conflictos socioambientales: Otros hitos de las cruzadas locales
Además del reclamos de los vecinos de Santa Ana y del acampe contra Monsanto, hubo otras organizaciones sociales contra la extracción de uranio en las sierras, los agroquímicos o las fumigaciones.
Uranio en Los Gigantes, una pelea que lleva 25 años. Durante casi una década y hasta 1990 se extrajo uranio en Los Gigantes. La planta fue cerrada por las protestas ambientales, pero eso no significó el fin del conflicto: quedan allí, millones de toneladas desechos radiactivos y metales pesados que siguen contaminando ese lugar del que surge buena parte del agua que se toma en Córdoba. La Comisión Nacional de Enegía Atómica (Cnea) hace dos décadas que promete remediar Los Gigantes y no cumplió. La protesta social resurgió con fuerza el año pasado, cuando se conoció que se proyectaba trasladar a ese lugar las 58 mil toneladas de residuos radiactivos que se acumulan en la planta de Dioxitek en barrio Alta Córdoba.
Cuesta Blanca y otros diques que no fueron. En 1996 Gobierno provincial de Ramón Mestre se disponía a iniciar un gran dique de 100 hectómetros cúbicos en Cuesta Blanca para garantizar el agua a Villa Carlos Paz y alrededores. Fue inmediato el rechazo en las comunidades del sur de Punilla, por el costo ambiental que suponía el proyecto y luego de meses de conflicto, fue descartado. Luego serían rechazados por la misma causa otros proyectos de microembalses sobre el mismo río San Antonio. Otro conflicto similar estalló el año pasado en la zona de Ascochinga cuando la Provincia anunció un sistema de diques sobre el río Carapé para prevenir inundaciones.
Ituzaingó peleó por su vida. En 2002, un grupo de mujeres alarmadas por los casos de cáncer en este barrio de la zona sur de la ciudad de Córdoba inició una lucha que tuvo consecuencias inéditas: por caso, la primera condena en el país por fumigar con agrotóxicos y sin escrúpulos. En 2012, la Cámara 1ª del Crimen condenó a un aeroaplicador y a un productor a tres años de prisión por poner en riesgo la salud.
Al principio estas mujeres sólo reclamaban atención médica. Sofía Gatica perdió a su hija y fue quien realizó el primer censo sociosanitario para registrar a los enfermos. Luego se transformaron en las "Madres de Ituzaingó" y lograron generar conciencia, determinar de qué se componía el cóctel que los enfermaba, y hacer que el Estado tome en cuenta ese problema. Consiguieron mejoras para el barrio y por ellas se aprobó la ley que prohíbe las fumigaciones sobre zonas urbanizadas. Hace 15 años que mantienen su lucha.
Agroquímicos, el conflicto que sobrevuela media provincia. Las reacciones locales contra la fumigación con plaguicidas tal vez constituyan el conflicto más inquietante, más extendido y más ignorado a lo largo de la provincia y de buena parte del país: de un lado está la preocupación por la salud y del otro, la actividad productiva que más divisas aporta al país. Ese conflicto está liderado por la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, que advierte sobre los daños que –en especial– el glifosato produce sobre la salud humana. Esas consecuencias son negadas por los laboratorios de agroquímicos y por todas las entidades agrícolas. Pero hubo datos oficiales alarmantes sobre la incidencia de cáncer en los departamentos de la zona núcleo sojera.
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Fecha de Publicación: 25/04/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Como nunca antes, Córdoba está atravesada por desacuerdos sociales que parten de preocupaciones ambientales y constituyen un nuevo modo de participación política. Cuáles son las características comunes. Miradas sobre estos fenómenos.
El 1° de marzo más de 15 mil personas protestaron en Córdoba contra el desmonte: había gente de toda la provincia, organizada y movilizada a través de casi 80 asambleas ciudadanas y aglutinada en la Coordinadora de Defensa del Bosque Nativo. Había elencos artísticos enteros en esa marcha a la que convocó Doña Jovita, difundió Raly Barrionuevo y apoyó Piñón Fijo, entre tantos otros artistas locales. Se sumaron ONG ambientalistas, universidades, partidos políticos, gremios y movimientos estudiantiles. También marcharon familias que sólo quieren seguir tomando mates bajo árboles autóctonos cuando van a las sierras y que respondieron al llamado a "defender la vida" que les llegó por WhatsApp.
No fue una protesta espontánea. Detrás de esa manifestación había años de militancia ambiental y microconflictos en torno al bosque nativo, grupos de estudio, profesionales universitarios y vecinos mejor preparados que muchos funcionarios y legisladores a la hora de dar discusiones técnicas, legales y ecológicas.
Sobre todo, había visiones de la vida, de la producción y de la participación ciudadana muy diferentes a las que reflejaba el proyecto de ley que el oficialismo planeó aprobar a las apuradas en noviembre de 2016, luego de acordar con las entidades ruralistas una ampliación de zonas aptas para la producción ganadera.
El tratamiento del proyecto se pospuso y sigue en análisis, con la mediación de la Defensoría del Pueblo. La discusión continúa, pero ahora muy condicionada por un conflicto socioambiental extendido, que se suma a una larga lista de desacuerdos sociales que surgen de problemáticas ambientales y que, superpuestos, nos atraviesan como nunca antes y definen un nuevo modo de participación política.
Repasemos los conflictos que se hicieron visibles en Córdoba en las últimas semanas: sigue el acampe de un grupo de habitantes de Villa Parque Santa Ana contra la planta de tratamiento de basura que Cormecor aún no pudo comenzar por una cautelar interpuesta por vecinos; se sumó la conmoción que causó la inundación y posterior derrame de sustancias peligrosas en la planta de residuos industriales de Taym; desde Villa Carlos Paz un lago San Roque plagado de algas y con olor a podrido trajo a la mesa la contaminación que la falta de cloacas impone a media provincia; Villa El Libertador continúa movilizada porque se sigue hundiendo en napas de aguas servidas y en decenas de pueblos crece, silenciado pero siempre presente, el fantasma del impacto de los agroquímicos sobre la salud.
Puntos en común
Son todas situaciones particulares, pero con elementos comunes que la sociología estudia hace años y que tienen patrones muy similares en toda Latinoamérica. La inmensa mayoría de los conflictos socioambientales nace de la preocupación por la salud o la posible pérdida de la calidad de vida por un cambio productivo o por la transformación del medio a través de obras públicas o emprendimientos privados.
De inmediato se gesta la organización vecinal: grupos de WhatsApp, páginas en Facebook, búsqueda de antecedentes, afianzamiento con términos técnicos y legales, asesoramiento de organizaciones ambientalistas, reuniones, asambleas y marchas de reclamo son los pasos que suelen seguirle a esa preocupación inicial.
Las redes sociales, la enorme cantidad de información disponible –no siempre de calidad, ni avalada científicamente– y el rápido involucramiento de las ONG ambientalistas suele ser decisivo para la conformación del movimiento de resistencia vecinal. Después le siguen, muchas veces, acciones concretas: recursos judiciales o medidas directas. Acampes, escraches o manifestaciones son parte de ese repertorio. Así se pone en marcha otro conflicto.
Las controversias socioambientales más profundas en Córdoba incluyeron recursos judiciales, que muchas veces fueron receptados en Tribunales y fortalecieron los reclamos. Así fue en el caso Monsanto en Malvinas Argentinas, en la pelea de Ituzaingó Anexo contra las fumigaciones –que incluyó la primera condena del país por el uso indebido de agrotóxicos–, en la crisis sanitaria de Villa El Libertador y en el conflicto de Villa Parque Santa Ana contra Cormecor, entre tantos otros.
Federico Macciocchi, abogado especializado en derecho ambiental, presidente de Club de Derecho y miembro de Fundación Tercera Generación, intervino en varios de esos casos en representación de los vecinos y no duda en que los conflictos tienen como denominador común "el desprecio por las normas ambientales de buena parte de los funcionarios del Estado, la indolencia ante situaciones de riesgo y el incumplimiento de su deber de anticiparse a un posible daño ambiental". Y ejemplifica: "A Monsanto le autorizaron su fallida planta de Malvinas Argentinas antes de que presentara el estudio de impacto". Finalmente, ese estudio fue presentado y rechazado por Ambiente.
También considera que buena parte de los jueces desconoce el derecho ambiental, y que el Poder Judicial en su conjunto aún no concibe al ambiente como un bien colectivo, ni al derecho a un ambiente sano como derecho humano fundamental. Además, su experiencia litigando le indica que la Justicia sólo actúa si hay movilización popular: toda una invitación al conflicto.
La mirada desde el Estado
Fabián López, ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos comienza aclarando: "Los conflictos socioambientales no son negativos: son parte de una etapa de maduración de la sociedad en relación con el ambiente, y también son parte de los desafíos que incluye el desarrollo socioeconómico sustentable". Recalca que es positivo el involucramiento y la movilización de una sociedad preocupada por el ambiente, que la clave es que existan herramientas e instrumentos para arribar a soluciones, y que las partes logren establecer un piso mínimo de conocimiento científico-técnico que permita negociar con rigurosidad y opiniones fundadas.
Para López, la nueva ley de Política Ambiental –existe consenso respecto del avance que supone esa norma gestada en medio el conflicto de Malvinas Argentinas contra Monsanto– ofrece 16 herramientas concretas de intervención, establece que la opinión de los ciudadanos debe ser tenida en cuenta y pone a Córdoba a la vanguardia en materia de resolución de conflictos ambientales. Desde que esa norma está vigente ya hubo más de un centenar de audiciencias públicas ambientales.
El biólogo Federico Kopta, del Foro Ambiental Córdoba, coincide en la defensa de esa ley provincial (la 10.028). No obstante, considera que hace falta aplicarla con mayor convicción y que esa norma no logró que el Estado acepte por completo los procesos participativos. Sostiene que el temor de los funcionarios a los conflictos ambientales, el sigilo y la escasa información pública sobre algunos proyectos es lo que termina potenciando esos conflictos.
"Mediar es difícil siempre. Hacerlo en las controversias ambientales, en las que las posturas suelen ser a todo o nada, es más difícil. En especial porque una parte debe ceder, y casi siempre debe hacerlo sin garantías de instancias de control posteriores. El factor que sobrevuela todos los conflictos es la escasa credibilidad en los distintos organismos que deben controlar", insiste Kopta.
La clase y el conflicto
Kopta aporta otro elemento: los conflictos ambientales suelen ser la reacción de grupos conectados, informados y de posiciones sociales medias que pelean por mantener su calidad de vida. "Hay un sector de la población que padece los problemas ambientales más serios y que ni siquiera percibe el riesgo, por lo que tampoco reacciona. Los pobres por lo general no plantean conflictos ambientales, y existe el riesgo de que sean ellos los que terminen asumiendo lo que rechazan otros sectores sociales", señala.
El sociólogo y planificador urbano chileno Franscisco Sabattini, docente de la Pontificia Universidad Católica de ese país, agrega a todo esto un elemento clave: la incidencia de la mediatización de los conflictos socioambientales. "Se trata de conflictos de intereses, son conflictos porque hay razón en ambas posturas y en muchos casos la movilización impone una igualdad de fuerzas. Ese es el momento en que el conflicto suele ser definido por los periodistas. Ni siquiera digo por la línea editorial de los grandes medios, sino los periodistas", planteó semanas atrás en Buenos Aires.
Su explicación: es el discurso periodístico el define el problema ambiental –el conflicto de Parque Santa Ana, por ejemplo, suele mencionarse como "la pelea contra el basural de Mestre" o "contra el complejo ambiental de Cormecor, que incluye enterramiento y cinco plantas de valorización de residuos"–, legitima a los actores, denomina la razón de la controversia y estabiliza el conflicto, dándole continuidad en la discusión pública e incluyendo a toda la sociedad en ese debate. Sabattini considera que el modo en que esa discusión abre puertas a la negociación o clausura con intransigencia el debate suele influir mucho en el modo en que finalmente se resuelve la disputa.
Conflictos socioambientales: Monsanto en Malvinas, una insignia
Un grupo de vecinos, junto a activistas ambientales y militantes agroecológicos de varios lugares del país mantuvieron durante más de tres años en los accesos al predio.
Pronto hará cinco años desde que, primero la expresidenta Cristina Fernández y luego el exgobernador José Manuel de la Sota, anunciaron una megainversión de la multinacional Monsanto en Malvinas Argentinas: 1.500 millones de pesos para construir una de las plantas de acondicionamiento de semillas de maíz transgénicas más grandes del mundo. 800 puestos de trabajo cuando estuviera funcionando y la articulación de un cinturón maicero de relevancia internacional en Córdoba. Eso decía el anuncio.
Hoy ese predio de Malvinas está vacío. Monsanto se lo vendió a Regam/AMG, luego de desmontar la obra que quedó inconclusa debido al bloqueo que un grupo de vecinos, junto a activistas ambientales y militantes agroecológicos de varios lugares del país mantuvieron durante más de tres años en los accesos al predio. Fueron ellos los que decidieron que esa inversión no se concretaría: con 30 carpas frente a los accesos al predio, persistencia y reclamos judiciales impusieron esa determinación a la compañía de agronegocios más poderosa del mundo, al Estado que propició su desembarco y a todos los sectores empresarios que vieron azorados cómo caía un proyecto productivo gigantesco a manos de "un grupo de fanáticos". Tal vez sea ese error de diagnóstico sobre lo que supone un conflicto socioambiental lo que condenó al fracaso el proyecto de Monsanto.
Mientras los funcionarios desacreditaban el "acampe" de Malvinas por "marginal, trosko y minoritario", el impacto internacional de esa pelea desigual contra Monsanto crecía y llovían apoyos para los manifestantes: desde una foto del Papa con la bandera que decía "Asamblea Malvinas lucha por la vida", a la visita de Manu Chao entre muchos otros artistas, además respaldos locales que crecieron, derivaron en marchas en Córdoba e instalaron una lógica que ningún poder local pudo frenar: agitación a través de redes sociales y resistencia pacífica en los ingresos al predio.
Reflexión postergada
La reflexión política sobre lo que ocurrió en Malvinas Argentinas todavía no se produjo, pero ese conflicto insignia dejó mensajes alarmantes: todas las instituciones del Estado naufragaron ante un grupo que logró convencer a mucha gente de que su salud estaba en peligro. Ni el municipio ni la Provincia lograron explicarle nunca a los vecinos de Malvinas Argentinas lo contrario.
Tampoco acreditaron en base a qué estudios de impacto ambiental habían autorizado ese proyecto, y por esa razón la Justicia frenó las obras. Continúan imputados por abuso de autoridad el entonces intendente de Malvinas y actual secretario de la Municipalidad de Córdoba, Daniel Arzani; el exsecretario de Ambiente de la Provincia, Luis Bocco; el exfuncionario municipal Rubén García y siete exconcejales.
Muchas veces se evaluó la posibilidad de una consulta popular en Malvinas, pero nunca se concretó. Finalmente, la Provincia bajó los brazos en la defensa del proyecto en base a encuestas, y luego de la Justicia avanzara con las imputaciones. Pero en las elecciones municipales de 2015 ganó por estrecho margen Silvina González, también radical y secretaria de Gobierno de la gestión de Arzani, que autorizó el proyecto. Le ganó por casi 500 votos a Malvinas Despierta, expresión política de la asamblea anti-Monsanto.
Cinco años después, no tienen respuestas las principales preguntas sobre aquel proyecto: ¿Realmente esa planta era un peligro para la salud de Malvinas Argentinas o esa localidad perdió una gran oportunidad productiva y 800 puestos de trabajo? ¿La oposición a Monsanto realmente era mayoritaria en Malvinas? ¿Cómo pudo el Estado autorizar ese emprendimiento de esa magnitud y de esa sensibilidad antes de que estuvieran los estudios de impacto ambiental?
Conflictos socioambientales: Cinco fenómenos que generan controversia
Gentrificación, "No en mi patio", urbanizaciones en suelo rural y otros temas ecológicos que despiertan controversias sociales.
No en mi patio. "Not In My Back Yard" (Nimby) se denomina a la reacción que se produce entre vecinos que se organizan para enfrentarse a los riesgos que supone la instalación en su entorno inmediato de actividades o instalaciones que son percibidas como peligrosas, pero sin oponerse a las actividades en sí mismas. El ejemplo más cercano es el acampe de vecinos de Villa Parque Santa Ana en contra del complejo ambiental que planea construir Cormecor a pocos metros de esa localidad. Antes, el mismo emprendimiento fue rechazado en otras localidades: Lozada, Toledo y Bouwer. Las protestas barriales que por años rodearon la instalación de las antenas de telefonía son otro ejemplo.
Urbanización de suelo rural. En Córdoba, los conflictos socioambientales por esta causa se focalizan en las zonas serranas, ya que suponen alteraciones paisajísticas y desmontes. El más reciente fue por el country El Terrón en Mendiolaza. Hay muchos antecedentes: una década de conflicto y pelea judicial en Carlos Paz por el country Le Quartier de la Montagne (hoy View Lake), las protestas en contra de un emprendimiento inmobiliario en la zona de la histórica capilla de Candonga, la polémica por el megadesarrollo en torno a la Laguna Azul o, en su momento, la reacción contra la instalación de Dinosaurio en Salsipuedes.
Obras públicas con impacto ambiental. En 1996 la movilización en contra de la construcción de un dique en Cuesta Blanca que planeaba construir la Provincia fue un hito para el movimiento ecologista. En la actualidad, la resistencia al sistema de minidiques que la Provincia proyecta en la zona de Ascochinga para prevenir inundaciones incluyó la asistencia récord de vecinos a una audiencia pública ambiental, y el proyecto está frenado. La Municipalidad de Córdoba nunca pudo extender la avenida Costanera hacia el noroeste por la oposición de los vecinos que defienden la Reserva San Martín. La semana pasada, los vecinos de la comuna de San Roque salieron a protestar por el impacto que tendrá el anunciado puente sobre el lago que supone la Variante Costa Azul.
Convivencia residencial-industrial. Es una constante fuente de conflictos socioambientales, y en la ciudad de Córdoba hay cientos de industrias funcionando en zonas residenciales. Algunos de los conflictos más importantes vinculados a esta causa: el que rodea a la planta de Dioxitek en Alta Córdoba y la movilización de un grupo de vecinos de la zona sur contra la planta de Porta Hermanos.
Gentrificación. El término proviene del neologismo inglés gentrification, que se traduce como "elitización" de un espacio urbano. Supone la imposición de proyectos arquitectónicos para un sector social de mayor poder adquisitivo en barrios que fueron propios de sectores más humildes. El fenómeno casi siempre va acompañado del desplazamiento de los habitantes tradicionales del barrio, ya sea por el encarecimiento de la vida o por la presión que ejerce el sector inmobiliario, que termina adquiriendo las viviendas para levantar grandes desarrollos. Este tipo de conflicto se comenzó a observar en Córdoba: la reacción de varios barrios de la zona sur contra el megacomplejo que Corporación América hará en las tierras del ex Batallón 141 es un ejemplo.
Conflictos socioambientales: Otros hitos de las cruzadas locales
Además del reclamos de los vecinos de Santa Ana y del acampe contra Monsanto, hubo otras organizaciones sociales contra la extracción de uranio en las sierras, los agroquímicos o las fumigaciones.
Uranio en Los Gigantes, una pelea que lleva 25 años. Durante casi una década y hasta 1990 se extrajo uranio en Los Gigantes. La planta fue cerrada por las protestas ambientales, pero eso no significó el fin del conflicto: quedan allí, millones de toneladas desechos radiactivos y metales pesados que siguen contaminando ese lugar del que surge buena parte del agua que se toma en Córdoba. La Comisión Nacional de Enegía Atómica (Cnea) hace dos décadas que promete remediar Los Gigantes y no cumplió. La protesta social resurgió con fuerza el año pasado, cuando se conoció que se proyectaba trasladar a ese lugar las 58 mil toneladas de residuos radiactivos que se acumulan en la planta de Dioxitek en barrio Alta Córdoba.
Cuesta Blanca y otros diques que no fueron. En 1996 Gobierno provincial de Ramón Mestre se disponía a iniciar un gran dique de 100 hectómetros cúbicos en Cuesta Blanca para garantizar el agua a Villa Carlos Paz y alrededores. Fue inmediato el rechazo en las comunidades del sur de Punilla, por el costo ambiental que suponía el proyecto y luego de meses de conflicto, fue descartado. Luego serían rechazados por la misma causa otros proyectos de microembalses sobre el mismo río San Antonio. Otro conflicto similar estalló el año pasado en la zona de Ascochinga cuando la Provincia anunció un sistema de diques sobre el río Carapé para prevenir inundaciones.
Ituzaingó peleó por su vida. En 2002, un grupo de mujeres alarmadas por los casos de cáncer en este barrio de la zona sur de la ciudad de Córdoba inició una lucha que tuvo consecuencias inéditas: por caso, la primera condena en el país por fumigar con agrotóxicos y sin escrúpulos. En 2012, la Cámara 1ª del Crimen condenó a un aeroaplicador y a un productor a tres años de prisión por poner en riesgo la salud.
Al principio estas mujeres sólo reclamaban atención médica. Sofía Gatica perdió a su hija y fue quien realizó el primer censo sociosanitario para registrar a los enfermos. Luego se transformaron en las "Madres de Ituzaingó" y lograron generar conciencia, determinar de qué se componía el cóctel que los enfermaba, y hacer que el Estado tome en cuenta ese problema. Consiguieron mejoras para el barrio y por ellas se aprobó la ley que prohíbe las fumigaciones sobre zonas urbanizadas. Hace 15 años que mantienen su lucha.
Agroquímicos, el conflicto que sobrevuela media provincia. Las reacciones locales contra la fumigación con plaguicidas tal vez constituyan el conflicto más inquietante, más extendido y más ignorado a lo largo de la provincia y de buena parte del país: de un lado está la preocupación por la salud y del otro, la actividad productiva que más divisas aporta al país. Ese conflicto está liderado por la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, que advierte sobre los daños que –en especial– el glifosato produce sobre la salud humana. Esas consecuencias son negadas por los laboratorios de agroquímicos y por todas las entidades agrícolas. Pero hubo datos oficiales alarmantes sobre la incidencia de cáncer en los departamentos de la zona núcleo sojera.
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Tierras para el PN El Impenetrable en manos de Nación
La Nación tomó posesión de tierras destinadas al Parque Nacional El Impenetrable
Fecha de Publicación: 25/04/2017
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional - Chaco
El jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman; el presidente de la Administración de Parques Nacionales, Eugenio Bréard, y el gobernador del Chaco, Domingo Peppo, firmaron el documento para la toma de posesión, por parte de la Administración de Parques Nacionales, del predio de la ex Estancia La Fidelidad, en la provincia del Chaco, declarado Parque Nacional El Impenetrable por Ley 26.996 del Congreso Nacional. El documento fue firmado ante la presencia del escribano general de la Nación, Carlos D’Alessio, en un acto en el que también participó el ministro de Turismo de la Nación, Gustavo Santos.
El ministro Bergman destacó la cesión de las tierras de la ex estancia La Fidelidad por parte de la provincia del Chaco, en términos de la importancia del uso ambiental, para que adquiera status de protección y sea un parque nacional, tal como lo anunció el presidente Mauricio Macri. “El jefe de Estado planteó también que vamos a trabajar para duplicar a 2019 la superficie de hectáreas protegidas. Hoy lo que se está haciendo es un trabajo articulado, provincia por provincia, para las cesiones de áreas para parques nacionales”, dijo el titular de la cartera de Ambiente.
La decisión del traspaso permitirá, tras años de demoras, la toma de posesión del Parque Nacional El Impenetrable para poder instalar de manera permanente un centro operativo que garantizará la conservación de la biodiversidad en el área protegida nacional más grande del norte argentino.
El acto se realizó en Casa Rosada, en donde también estuvieron presentes el vicepresidente de Parques Nacionales, Emiliano Ezcurra; y representantes de Banco de Bosques, Wyss Foundation y Flora y Fauna.
Parque Nacional El Impenetrable
Creado por ley en octubre de 2014, sus aproximadas 130.000 hectáreas tienen valor especial por el buen estado de conservación de su flora y fauna y, además, el suficiente potencial como para convertirse en un importante atractivo turístico.
Hábitat natural de especies emblemáticas de la zona como el oso hormiguero, tapir, pecarí, tatú carreta y yaguareté, además de una enorme variedad de aves, es un área de gran relevancia para la conservación que permitirá investigar y resguardar el mayor remanente natural del bosque chaqueño.
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Fecha de Publicación: 25/04/2017
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional - Chaco
El jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman; el presidente de la Administración de Parques Nacionales, Eugenio Bréard, y el gobernador del Chaco, Domingo Peppo, firmaron el documento para la toma de posesión, por parte de la Administración de Parques Nacionales, del predio de la ex Estancia La Fidelidad, en la provincia del Chaco, declarado Parque Nacional El Impenetrable por Ley 26.996 del Congreso Nacional. El documento fue firmado ante la presencia del escribano general de la Nación, Carlos D’Alessio, en un acto en el que también participó el ministro de Turismo de la Nación, Gustavo Santos.
El ministro Bergman destacó la cesión de las tierras de la ex estancia La Fidelidad por parte de la provincia del Chaco, en términos de la importancia del uso ambiental, para que adquiera status de protección y sea un parque nacional, tal como lo anunció el presidente Mauricio Macri. “El jefe de Estado planteó también que vamos a trabajar para duplicar a 2019 la superficie de hectáreas protegidas. Hoy lo que se está haciendo es un trabajo articulado, provincia por provincia, para las cesiones de áreas para parques nacionales”, dijo el titular de la cartera de Ambiente.
La decisión del traspaso permitirá, tras años de demoras, la toma de posesión del Parque Nacional El Impenetrable para poder instalar de manera permanente un centro operativo que garantizará la conservación de la biodiversidad en el área protegida nacional más grande del norte argentino.
El acto se realizó en Casa Rosada, en donde también estuvieron presentes el vicepresidente de Parques Nacionales, Emiliano Ezcurra; y representantes de Banco de Bosques, Wyss Foundation y Flora y Fauna.
Parque Nacional El Impenetrable
Creado por ley en octubre de 2014, sus aproximadas 130.000 hectáreas tienen valor especial por el buen estado de conservación de su flora y fauna y, además, el suficiente potencial como para convertirse en un importante atractivo turístico.
Hábitat natural de especies emblemáticas de la zona como el oso hormiguero, tapir, pecarí, tatú carreta y yaguareté, además de una enorme variedad de aves, es un área de gran relevancia para la conservación que permitirá investigar y resguardar el mayor remanente natural del bosque chaqueño.
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Agroquímicos: “Ley Bertero” será historia en Santa Fe
Agroquímicos a foja cero
Fecha de Publicación: 25/04/2017
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Santa Fe
El Ejecutivo no envió a Senadores el proyecto con media sanción en Diputados para modificar la Ley 11.273 y la iniciativa perdió estado parlamentario. Para la autora influyeron la falta de información y el temor infundido en la población.
Para reformar la Ley 11.273, que regula el uso de agroquímicos en la provincia de Santa Fe, habrá que empezar de nuevo. Esta semana la iniciativa que contaba com media sanción de la Cámara de Diputados tuvo su última chance de tratarse para su aprobación en Senadores. Esto no ocurrió porque el Poder Ejecutivo -pese a impulsarlo- decidió no incluir el proyecto en sesiones extraordinarias, por lo que la iniciativa habrá perdido estado parlamentario cuando se retome la actividad legislativa, en un nuevo período ordinario de sesiones, a partir de Mayo. En cambio, seguirá en carrera el proyecto del ex diputado José María Tessa (FPV), relanzado el año pasado por Carlos Del Frade (FSP), que bajo el título “Ley de Fomento a la Agroecología” plantea hasta 1.000 metros libre de agroquímicos en torno a cascos urbanos, escuelas y cursos de agua, así como la prohibición lisa y llana de las pulverizaciones aéreas en la provincia.
La llamada “Ley Bertero”, proyecto ingresado en la Cámara Baja por la diputada Inés Bertero (FPCS) y elaborado en base al consenso de entidades públicas y privadas (INTA, SENASA, Ministerio de la Producción, UNL, aeroaplicadores, ingenieros agrónomos, contratistas rurales, proveedores de insumos e instituciones ruralistas), introducía un novedoso mecanismo de control con la figura del veedor, rol que cumpliría un agrónomo en cada distrito para autorizar y fiscalizar pulverizaciones. Además -a diferencia de la legislación vigente- establecía una zona de 100 a 200 metros libre de químicos, donde debía promoverse la agroecología. Incluso el proceso de debate alrededor de este proyecto tuvo otros efectos, como la conformación de la Mesa del Arco Productivo, que luego derivo en la CoProVeSa (Comisión de Protección Vegetal Santafesina).
El miedo manda
En diálogo con Campolitoral, la diputada Bertero dio por sentada la caída parlamentaria de la iniciativa. “Hubo una solicitud (al Ejecutivo) para que se enviara el proyecto con media sanción de Diputados al Senado para su tratamiento; esto no a ocurrido, de modo que recién el 1º de mayo -cuando empiecen las sesiones ordinarias- podría tratarse, pero como ya es el segundo año parlamentario caducaría a fines de abril, de modo que habría que presentar nuevamente otro proyecto”.
Las declaraciones fueron formuladas el miércoles 19, en la víspera de la última sesión de extraordinarias prevista para el jueves 20. “Yo creo que es prácticamente imposible, estoy pensando más en pedir una entrevista con el Ministro de la Producción para ver cómo retomamos esta tarea; el proyecto está y siempre hay posibilidades de hacer modificaciones y volver a conversar con todos los sectores para iniciar nuevamente su tratamiento”.
Bertero consideró que “son temas ríspidos sobre los que hay que tener un mínimo consenso, si no es muy difícil implementar esta ley”. Para explicar la reticencia del arco político a avanzar con el tratamiento, relató que “hoy en la prensa no existe una claridad respecto del tratamiento y manejo de fitosanitarios”. Esto, sumado a la falta de información “desde las esferas públicas” sobre los peligros, los controles y cuidados que tiene que haber en el manejo de estas sustancias, “ha generado que ciertos sectores, desde el área de la salud o grupos ambientalistas, trabajaran sobre estos aspectos, generando muchísimo temor en la población”. Por este motivo, consideró que falta “seguir dialogando” y eliminar esos miedos a través de entidades, como el Ministerio de Salud o las Universidades, “que salgan públicamente con estudios epidemiológicos serios a plantear cual es la realidad”.
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Fecha de Publicación: 25/04/2017
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Santa Fe
El Ejecutivo no envió a Senadores el proyecto con media sanción en Diputados para modificar la Ley 11.273 y la iniciativa perdió estado parlamentario. Para la autora influyeron la falta de información y el temor infundido en la población.
Para reformar la Ley 11.273, que regula el uso de agroquímicos en la provincia de Santa Fe, habrá que empezar de nuevo. Esta semana la iniciativa que contaba com media sanción de la Cámara de Diputados tuvo su última chance de tratarse para su aprobación en Senadores. Esto no ocurrió porque el Poder Ejecutivo -pese a impulsarlo- decidió no incluir el proyecto en sesiones extraordinarias, por lo que la iniciativa habrá perdido estado parlamentario cuando se retome la actividad legislativa, en un nuevo período ordinario de sesiones, a partir de Mayo. En cambio, seguirá en carrera el proyecto del ex diputado José María Tessa (FPV), relanzado el año pasado por Carlos Del Frade (FSP), que bajo el título “Ley de Fomento a la Agroecología” plantea hasta 1.000 metros libre de agroquímicos en torno a cascos urbanos, escuelas y cursos de agua, así como la prohibición lisa y llana de las pulverizaciones aéreas en la provincia.
La llamada “Ley Bertero”, proyecto ingresado en la Cámara Baja por la diputada Inés Bertero (FPCS) y elaborado en base al consenso de entidades públicas y privadas (INTA, SENASA, Ministerio de la Producción, UNL, aeroaplicadores, ingenieros agrónomos, contratistas rurales, proveedores de insumos e instituciones ruralistas), introducía un novedoso mecanismo de control con la figura del veedor, rol que cumpliría un agrónomo en cada distrito para autorizar y fiscalizar pulverizaciones. Además -a diferencia de la legislación vigente- establecía una zona de 100 a 200 metros libre de químicos, donde debía promoverse la agroecología. Incluso el proceso de debate alrededor de este proyecto tuvo otros efectos, como la conformación de la Mesa del Arco Productivo, que luego derivo en la CoProVeSa (Comisión de Protección Vegetal Santafesina).
El miedo manda
En diálogo con Campolitoral, la diputada Bertero dio por sentada la caída parlamentaria de la iniciativa. “Hubo una solicitud (al Ejecutivo) para que se enviara el proyecto con media sanción de Diputados al Senado para su tratamiento; esto no a ocurrido, de modo que recién el 1º de mayo -cuando empiecen las sesiones ordinarias- podría tratarse, pero como ya es el segundo año parlamentario caducaría a fines de abril, de modo que habría que presentar nuevamente otro proyecto”.
Las declaraciones fueron formuladas el miércoles 19, en la víspera de la última sesión de extraordinarias prevista para el jueves 20. “Yo creo que es prácticamente imposible, estoy pensando más en pedir una entrevista con el Ministro de la Producción para ver cómo retomamos esta tarea; el proyecto está y siempre hay posibilidades de hacer modificaciones y volver a conversar con todos los sectores para iniciar nuevamente su tratamiento”.
Bertero consideró que “son temas ríspidos sobre los que hay que tener un mínimo consenso, si no es muy difícil implementar esta ley”. Para explicar la reticencia del arco político a avanzar con el tratamiento, relató que “hoy en la prensa no existe una claridad respecto del tratamiento y manejo de fitosanitarios”. Esto, sumado a la falta de información “desde las esferas públicas” sobre los peligros, los controles y cuidados que tiene que haber en el manejo de estas sustancias, “ha generado que ciertos sectores, desde el área de la salud o grupos ambientalistas, trabajaran sobre estos aspectos, generando muchísimo temor en la población”. Por este motivo, consideró que falta “seguir dialogando” y eliminar esos miedos a través de entidades, como el Ministerio de Salud o las Universidades, “que salgan públicamente con estudios epidemiológicos serios a plantear cual es la realidad”.
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Informe del Estado del Ambiente 2016
Argentina vuelve a tener el Informe del Estado del Ambiente
Fecha de Publicación: 24/04/2017
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman; y el secretario de Coordinación Interministerial de Jefatura de Gabinete de Ministros, Mario Quintana, presentaron el “Informe del Estado del Ambiente” edición 2016, una de las principales herramientas de gestión de la política ambiental con la que el Poder Ejecutivo da cumplimiento a un compromiso asumido a través de la Ley General del Ambiente. Luego de sancionada la norma en 2002, el informe se publicó en una única oportunidad, en el año 2012, por lo que su actual realización inició un camino para la construcción de un sistema de información ambiental integrada y federal que permita cumplir con la demorada implementación de todos los instrumentos previstos en la normativa. También participaron del acto la jefa de Gabinete de Asesores de la cartera de Ambiente, Patricia Holzman; el secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Diego Moreno, junto a diputados, senadores y otra autoridades.
“Hay que dar el cambio cultural en la Argentina que es cumplir con la ley. Sin líneas de base, sin mediciones, sin la verdad, no se puede avanzar”, aseguró Bergman durante la presentación. “Todos somos protagonistas de este cambio cultural. Queremos enfatizar que el equipo de trabajo del presidente Mauricio Macri planteó desafíos fundantes que están en nuestra Constitución”, explicó. “No tenemos miedo ni en decir la verdad ni en evaluar, y lo hacemos porque tenemos máxima responsabilidad. Porque no queremos ir migrando de accidentes y de eventos coyunturales sin ir a la raíz estructural de lo que tiene que cambiar. No se puede hacer lo que hay que hacer si no conocemos la verdad, si no sabemos dónde estamos y si no lo hacemos juntos”, expresó el ministro de Ambiente. También aseguró sobre el informe: “Lo más importante es que es un espacio al que se tienen que sentir invitadas todas las organizaciones y agentes, todos los que producen información vinculada al ambiente. Queremos que sean parte, queremos sumarlos a este gran equipo. Nuestros principios son la participación, la verdad y la República”.
Por su parte, Quintana se refirió a la presentación del informe asegurando que “combina dos de los pilares de la presidencia del Ing. Macri. El primer pilar es reconstruir la confianza en base a la verdad”. “Así como empezamos a decirnos la verdad en hechos muy dolorosos, como la pobreza en Argentina, que venía siendo negada sistemáticamente, hoy, en este hito, empezamos a decirnos la verdad sobre cómo estamos tratando a la Madre Tierra”, explicó el funcionario. “No podemos ponernos a construir, no podemos ponernos a caminar, si tenemos los ojos cerrados”, agregó. También indicó que el segundo pilar marcado por el Presidente “es poner la prioridad en el cuidado de la Tierra. Desde el primer día, nuestro Presidente decidió subir a nivel de Ministerio el tema del ambiente y conformó un equipo que está liderado por nuestro amigo Sergio Bergman, un equipo con un compromiso como nunca ha habido en la Argentina”. “Llamarnos a poner en el tope de nuestras prioridades de gobierno el cuidado del ambiente hoy confluye en este hito que nos deja un montón de trabajo por delante pero que nos marca un punto de partida cierto”, finalizó Quintana.
Es importante señalar que la Ley General del Ambiente N.° 25675 establece que las autoridades son las responsables de informar sobre el estado del ambiente y los efectos que sobre él puedan provocar las actividades antrópicas actuales y proyectadas. Con ese objetivo, el Poder Ejecutivo, a través de los organismos competentes, debe elaborar un informe anual sobre la situación ambiental del país y debe presentarlo al Congreso de la Nación. Hoy, el Ministerio de Ambiente presenta de manera pública la información que da cumplimiento a lo establecido por la norma.
El Informe del Estado del Ambiente es un análisis sistemático sobre la situación ambiental del territorio argentino, que considera sus dimensiones sociales, económicas, culturales y ecológicas. El mismo contiene datos y estadísticas sobre los desafíos que la agenda ambiental impone: la situación del agua, la atmósfera, el suelo, la biodiversidad, los cambios climáticos, los residuos; un diagnóstico sobre grandes unidades biogeográficas (bosques, pastizales, zonas áridas, humedales, mar Argentino y Antártida) y un marco jurídico ambiental.
Además, explica la implementación de algunas de las principales leyes de presupuestos mínimos, como las de protección de los bosques nativos y de los glaciares. El trabajo muestra el fortalecimiento de la política forestal y el avance en la puesta en marcha de la Ley N.° 26639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y el Ambiente Periglacial, promulgada en octubre de 2010.
Finalmente, se destaca que el trabajo es producto de la colaboración de diversos organismos públicos, liderados por la Secretaría de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, a través de la Coordinación de Información Ambiental.
“Buscamos que no solo sea un raconto de información, sino una herramienta de gestión que permita diagnosticar y contrastar la efectividad y la eficiencia de nuestras políticas. Es la línea de base de este sistema de estadísticas ambientales, que vamos a trabajarlo con todos los organismos del Estado nacional”, aseguró el secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable. “Lo que nos queda por delante es institucionalizar este trabajo, que el informe ambiental no sea como en el 2012, cuando salió por única vez, sino que sea la piedra fundamental para transitar un camino en la construcción de una agenda ambiental para Argentina”, concluyó Moreno.
Datos destacados del informe
Agua. Se estima que sólo el 12 % de las aguas residuales son tratadas antes de su vuelco a cuerpos de agua. En este sentido, se relevaron 120 plantas de tratamiento de efluentes correspondientes a 9 provincias.
Aire. La mayoría de las ciudades argentinas no cuenta con monitoreos continuos de calidad de aire. Con el objetivo de facilitar el acceso a la información disponible, se inició la conformación de la Red Federal de Monitoreo Ambiental, para integrar estaciones de monitoreo de agua, aire y suelo.
Suelo. Argentina tiene 106 millones de hectáreas afectadas por diferentes procesos de erosión. A través del Observatorio Nacional de la Degradación de Tierras y Desertificación se busca alcanzar la neutralidad de la degradación de las tierras.
Bosques. Argentina cuenta con 27.290.000 hectáreas de bosques nativos. Entre 1998 y 2015 se perdieron 4.150.000 hectáreas por deforestación. Por su parte, en 2016 la deforestación se redujo un 16 % en relación a 2015. Se trata de la superficie de pérdida de bosque anual más baja en los últimos 10 años.
Humedales. Alrededor del 23 % del territorio de nuestro país está cubierto por humedales. Se trata de uno de los ecosistemas más degradados y amenazados. Asimismo, 5,6 millones de hectáreas de humedales están catalogadas como de importancia internacional (sitios RAMSAR). Por este motivo, se inició la elaboración del Inventario Nacional de Humedales.
Ambientes costero marinos. La plataforma continental argentina es una de las regiones marinas más productivas a nivel mundial. Argentina cuenta con 63 áreas protegidas costero marinas.
Antártida. La Antártida es una de las regiones del planeta más sensibles al cambio climático. Allí el aumento de temperatura fue más pronunciado en los últimos 50 años. Durante la campaña antártica del verano de 2015-2016 se realizaron 47 proyectos científicos, con la participación de 196 investigadores nacionales y del exterior.
Áreas naturales protegidas. Argentina cuenta con 437 áreas protegidas que cubren el 11,9 % de la superficie terrestre y el 4,9 % de la superficie marina. Durante 2016 y 2017 se crearon las reservas naturales silvestres Rincón e Islas de los Estados, se avanzó en la creación de los parques nacionales Iberá y Aconquija y se consolidó el Parque Nacional El Impenetrable.
Biodiversidad. Argentina es uno de los países con mayor número de ecorregiones del mundo. Es por esto que se lanzaron el Programa Extinción Cero, que busca conservar 6 especies nativas en estado crítico; y la Estrategia Nacional sobre la Biodiversidad 2015-2020, una política de Estado para conservar y hacer un uso racional de nuestros recursos naturales.
Agricultura, ganadería y pesca. Argentina cuenta con una superficie terrestre de 280 millones de hectáreas de las que 35 millones se encuentran cultivadas. En 2016, se otorgó financiamiento para la implementación de planes de manejo sustentable en 1,7 millones de hectáreas.
Energía. En 1970 el petróleo representaba el 70 % de la matriz energética; actualmente representa la mitad. Se observa un consumo creciente de energía por persona en Argentina, lo que representa un incremento del 25 % en dos décadas. La hidroeléctrica representa la tercera fuente de energía luego del gas y el petróleo. En relación a esto, el Ministerio de Energía y Minería lanzó el Plan RenovAr, que apunta a que las energías renovables representen el 8 % del consumo de energía eléctrica nacional para 2018 y el 20 % para 2025.
Residuos. El promedio de generación de residuos per cápita es de 1,02 kg. Ello representa unas 45.000 toneladas diarias para el total de la población. El Programa Basural Cero, de la cartera de Ambiente, propone pasar del 61 % de cobertura de relleno sanitario por habitante al 80 % en 2019.
Cambio climático. La participación de la Argentina en las emisiones globales es de 0,7 %. Las emisiones de gases de efecto invernadero en 1990-2014 tuvieron un aumento promedio anual de 0,9 %. Los principales sectores que contribuyen a las emisiones son: el agro y deforestación (44 %), la energía (27 %), el transporte (13 %), la industria (12 %), los residuos (4 %). Para avanzar en la temática, se creó el Gabinete Nacional de Cambio Climático con la participación de 12 ministerios y el Observatorio Nacional de Cambio Climático para fortalecer la lucha contra el calentamiento global como política de Estado. También se revisó el compromiso de Argentina en la reducción de emisiones.
Glaciares. La Argentina es el segundo país de América Latina con mayor cantidad de glaciares. En 2016 el Inventario Nacional de Glaciares avanzó del 10 % al 42 % de cuencas publicadas.
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Fecha de Publicación: 24/04/2017
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman; y el secretario de Coordinación Interministerial de Jefatura de Gabinete de Ministros, Mario Quintana, presentaron el “Informe del Estado del Ambiente” edición 2016, una de las principales herramientas de gestión de la política ambiental con la que el Poder Ejecutivo da cumplimiento a un compromiso asumido a través de la Ley General del Ambiente. Luego de sancionada la norma en 2002, el informe se publicó en una única oportunidad, en el año 2012, por lo que su actual realización inició un camino para la construcción de un sistema de información ambiental integrada y federal que permita cumplir con la demorada implementación de todos los instrumentos previstos en la normativa. También participaron del acto la jefa de Gabinete de Asesores de la cartera de Ambiente, Patricia Holzman; el secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Diego Moreno, junto a diputados, senadores y otra autoridades.
“Hay que dar el cambio cultural en la Argentina que es cumplir con la ley. Sin líneas de base, sin mediciones, sin la verdad, no se puede avanzar”, aseguró Bergman durante la presentación. “Todos somos protagonistas de este cambio cultural. Queremos enfatizar que el equipo de trabajo del presidente Mauricio Macri planteó desafíos fundantes que están en nuestra Constitución”, explicó. “No tenemos miedo ni en decir la verdad ni en evaluar, y lo hacemos porque tenemos máxima responsabilidad. Porque no queremos ir migrando de accidentes y de eventos coyunturales sin ir a la raíz estructural de lo que tiene que cambiar. No se puede hacer lo que hay que hacer si no conocemos la verdad, si no sabemos dónde estamos y si no lo hacemos juntos”, expresó el ministro de Ambiente. También aseguró sobre el informe: “Lo más importante es que es un espacio al que se tienen que sentir invitadas todas las organizaciones y agentes, todos los que producen información vinculada al ambiente. Queremos que sean parte, queremos sumarlos a este gran equipo. Nuestros principios son la participación, la verdad y la República”.
Por su parte, Quintana se refirió a la presentación del informe asegurando que “combina dos de los pilares de la presidencia del Ing. Macri. El primer pilar es reconstruir la confianza en base a la verdad”. “Así como empezamos a decirnos la verdad en hechos muy dolorosos, como la pobreza en Argentina, que venía siendo negada sistemáticamente, hoy, en este hito, empezamos a decirnos la verdad sobre cómo estamos tratando a la Madre Tierra”, explicó el funcionario. “No podemos ponernos a construir, no podemos ponernos a caminar, si tenemos los ojos cerrados”, agregó. También indicó que el segundo pilar marcado por el Presidente “es poner la prioridad en el cuidado de la Tierra. Desde el primer día, nuestro Presidente decidió subir a nivel de Ministerio el tema del ambiente y conformó un equipo que está liderado por nuestro amigo Sergio Bergman, un equipo con un compromiso como nunca ha habido en la Argentina”. “Llamarnos a poner en el tope de nuestras prioridades de gobierno el cuidado del ambiente hoy confluye en este hito que nos deja un montón de trabajo por delante pero que nos marca un punto de partida cierto”, finalizó Quintana.
Es importante señalar que la Ley General del Ambiente N.° 25675 establece que las autoridades son las responsables de informar sobre el estado del ambiente y los efectos que sobre él puedan provocar las actividades antrópicas actuales y proyectadas. Con ese objetivo, el Poder Ejecutivo, a través de los organismos competentes, debe elaborar un informe anual sobre la situación ambiental del país y debe presentarlo al Congreso de la Nación. Hoy, el Ministerio de Ambiente presenta de manera pública la información que da cumplimiento a lo establecido por la norma.
El Informe del Estado del Ambiente es un análisis sistemático sobre la situación ambiental del territorio argentino, que considera sus dimensiones sociales, económicas, culturales y ecológicas. El mismo contiene datos y estadísticas sobre los desafíos que la agenda ambiental impone: la situación del agua, la atmósfera, el suelo, la biodiversidad, los cambios climáticos, los residuos; un diagnóstico sobre grandes unidades biogeográficas (bosques, pastizales, zonas áridas, humedales, mar Argentino y Antártida) y un marco jurídico ambiental.
Además, explica la implementación de algunas de las principales leyes de presupuestos mínimos, como las de protección de los bosques nativos y de los glaciares. El trabajo muestra el fortalecimiento de la política forestal y el avance en la puesta en marcha de la Ley N.° 26639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y el Ambiente Periglacial, promulgada en octubre de 2010.
Finalmente, se destaca que el trabajo es producto de la colaboración de diversos organismos públicos, liderados por la Secretaría de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, a través de la Coordinación de Información Ambiental.
“Buscamos que no solo sea un raconto de información, sino una herramienta de gestión que permita diagnosticar y contrastar la efectividad y la eficiencia de nuestras políticas. Es la línea de base de este sistema de estadísticas ambientales, que vamos a trabajarlo con todos los organismos del Estado nacional”, aseguró el secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable. “Lo que nos queda por delante es institucionalizar este trabajo, que el informe ambiental no sea como en el 2012, cuando salió por única vez, sino que sea la piedra fundamental para transitar un camino en la construcción de una agenda ambiental para Argentina”, concluyó Moreno.
Datos destacados del informe
Agua. Se estima que sólo el 12 % de las aguas residuales son tratadas antes de su vuelco a cuerpos de agua. En este sentido, se relevaron 120 plantas de tratamiento de efluentes correspondientes a 9 provincias.
Aire. La mayoría de las ciudades argentinas no cuenta con monitoreos continuos de calidad de aire. Con el objetivo de facilitar el acceso a la información disponible, se inició la conformación de la Red Federal de Monitoreo Ambiental, para integrar estaciones de monitoreo de agua, aire y suelo.
Suelo. Argentina tiene 106 millones de hectáreas afectadas por diferentes procesos de erosión. A través del Observatorio Nacional de la Degradación de Tierras y Desertificación se busca alcanzar la neutralidad de la degradación de las tierras.
Bosques. Argentina cuenta con 27.290.000 hectáreas de bosques nativos. Entre 1998 y 2015 se perdieron 4.150.000 hectáreas por deforestación. Por su parte, en 2016 la deforestación se redujo un 16 % en relación a 2015. Se trata de la superficie de pérdida de bosque anual más baja en los últimos 10 años.
Humedales. Alrededor del 23 % del territorio de nuestro país está cubierto por humedales. Se trata de uno de los ecosistemas más degradados y amenazados. Asimismo, 5,6 millones de hectáreas de humedales están catalogadas como de importancia internacional (sitios RAMSAR). Por este motivo, se inició la elaboración del Inventario Nacional de Humedales.
Ambientes costero marinos. La plataforma continental argentina es una de las regiones marinas más productivas a nivel mundial. Argentina cuenta con 63 áreas protegidas costero marinas.
Antártida. La Antártida es una de las regiones del planeta más sensibles al cambio climático. Allí el aumento de temperatura fue más pronunciado en los últimos 50 años. Durante la campaña antártica del verano de 2015-2016 se realizaron 47 proyectos científicos, con la participación de 196 investigadores nacionales y del exterior.
Áreas naturales protegidas. Argentina cuenta con 437 áreas protegidas que cubren el 11,9 % de la superficie terrestre y el 4,9 % de la superficie marina. Durante 2016 y 2017 se crearon las reservas naturales silvestres Rincón e Islas de los Estados, se avanzó en la creación de los parques nacionales Iberá y Aconquija y se consolidó el Parque Nacional El Impenetrable.
Biodiversidad. Argentina es uno de los países con mayor número de ecorregiones del mundo. Es por esto que se lanzaron el Programa Extinción Cero, que busca conservar 6 especies nativas en estado crítico; y la Estrategia Nacional sobre la Biodiversidad 2015-2020, una política de Estado para conservar y hacer un uso racional de nuestros recursos naturales.
Agricultura, ganadería y pesca. Argentina cuenta con una superficie terrestre de 280 millones de hectáreas de las que 35 millones se encuentran cultivadas. En 2016, se otorgó financiamiento para la implementación de planes de manejo sustentable en 1,7 millones de hectáreas.
Energía. En 1970 el petróleo representaba el 70 % de la matriz energética; actualmente representa la mitad. Se observa un consumo creciente de energía por persona en Argentina, lo que representa un incremento del 25 % en dos décadas. La hidroeléctrica representa la tercera fuente de energía luego del gas y el petróleo. En relación a esto, el Ministerio de Energía y Minería lanzó el Plan RenovAr, que apunta a que las energías renovables representen el 8 % del consumo de energía eléctrica nacional para 2018 y el 20 % para 2025.
Residuos. El promedio de generación de residuos per cápita es de 1,02 kg. Ello representa unas 45.000 toneladas diarias para el total de la población. El Programa Basural Cero, de la cartera de Ambiente, propone pasar del 61 % de cobertura de relleno sanitario por habitante al 80 % en 2019.
Cambio climático. La participación de la Argentina en las emisiones globales es de 0,7 %. Las emisiones de gases de efecto invernadero en 1990-2014 tuvieron un aumento promedio anual de 0,9 %. Los principales sectores que contribuyen a las emisiones son: el agro y deforestación (44 %), la energía (27 %), el transporte (13 %), la industria (12 %), los residuos (4 %). Para avanzar en la temática, se creó el Gabinete Nacional de Cambio Climático con la participación de 12 ministerios y el Observatorio Nacional de Cambio Climático para fortalecer la lucha contra el calentamiento global como política de Estado. También se revisó el compromiso de Argentina en la reducción de emisiones.
Glaciares. La Argentina es el segundo país de América Latina con mayor cantidad de glaciares. En 2016 el Inventario Nacional de Glaciares avanzó del 10 % al 42 % de cuencas publicadas.
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Cuando el pino que tapa el bosque
El pino que tapa el bosque: estudian impacto de plantaciones y proponen manejo sustentable
Fecha de Publicación: 24/04/2017
Fuente: Conicet
Provincia/Región: Misiones
En Misiones, investigadores del Instituto de Biología Subtropical analizaron las prácticas de cultivo de productores forestales.
En Argentina, más de 700 mil hectáreas – el equivalente a unas 500 canchas de fútbol como la del estadio de River Plate – están cubiertas por plantaciones de pinos*, una especie que tiene gran rendimiento industrial para la producción de papel y de madera. De esa superficie total, más de 300 mil hectáreas corresponden a la provincia de Misiones, un territorio en el que las extraordinarias condiciones bioclimáticas permiten un crecimiento récord de los árboles, que no se registra en otros lugares del mundo.
Aunque la industria forestal representa una actividad productiva de gran importancia para toda la región del Nordeste – Corrientes también cuenta con más de 200 mil hectáreas cultivadas con pinos a las que se suman otras 100 mil con eucaliptos -, el impacto ambiental de esta práctica en territorios de gran biodiversidad genera preocupación. Para obtener evidencia local de los efectos de las plantaciones, investigadores del Instituto de Biología Subtropical (IBS, CONICET – UNaM) estudiaron dos tipos de manejos forestales que se realizan en la provincia de Misiones, mostrando cómo la alta densidad de cultivo afecta al ecosistema.
En el trabajo, que fue publicado en la revista Forest Ecology and Management, se caracterizan los manejos actuales y se evalúa una práctica alternativa intermedia, con el fin de determinar aquellas prácticas que contribuyan con la conservación de especies. Las recomendaciones incluyen la disminución de densidad de las plantaciones mediante la técnica de raleo, que consiste en la remoción de algunos de los árboles plantados –en distintos porcentajes-, a fin de incrementar los recursos para las plantas.
“En el trabajo pusimos a prueba los dos tipos de manejo que se realizan actualmente en la provincia de Misiones. Las prácticas varían de acuerdo al destino que se dará a los pinos, que corresponden a la especie Pinus taeda. Existe un método habitual para las plantaciones destinadas a pasta de papel y otro para las que tienen como fin la industria maderera”, explica Carolina Trentini, becaria doctoral del nodo de Puerto Iguazú del IBS y una de las autoras del artículo. El estudio, que es el primero en Misiones que aporta evidencia del efecto de estos manejos en la conservación de especies de plantas nativas que ofrecen refugio y alimento a especies animales, se extendió por dos años.
El equipo de trabajo, del que también participaron otros investigadores del IBS, del Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires (IEGEBA, CONICET – UBA) y de la Universidad de Arkansas, Estados Unidos, analizó el efecto de cada uno de estos manejos en el ecosistema. Según explica Trentini, en las plantaciones de pinos que tienen como destino final la industria papelera los árboles se plantan a muy poca distancia y se los deja crecer sin tocarlos durante aproximadamente 12 años, sin realizar ningún tipo de poda o recolección, ya que no importa el tamaño que puedan alcanzar, sino la cantidad de madera que pueda contener en su conjunto toda la plantación. De esta manera, aumenta la cantidad producida por área aunque los árboles sean pequeños.
“El problema con este tipo de manejo intensivo es que el espacio debajo de los pinos (sotobosque) recibe muy poca luz del sol y esto afecta el crecimiento y el establecimiento de especies vegetales nativas. A eso se suma que estos manejos generan condiciones de acidez más elevada que aquellos con de plantaciones destinadas a madera, que presentan valores equivalentes al bosque nativo. Estos resultados sugieren que el incremento de la vegetación estaría regulando el pH. Todos estos factores generan condiciones extremas para el ecosistema”, agrega Trentini, al tiempo que advierte que este manejo, de mayor intensidad, es el más extendido en Misiones.
En el otro tipo de manejo, que se aplica en plantaciones destinadas a la producción de madera, se remueve a los siete años el 50 por ciento de los árboles que se plantan, a fin de que los que quedan puedan alcanzar un mayor tamaño y optimizar su rendimiento. El proceso se repite a los 12 y 15 años. “Este manejo complejiza la estructura del sotobosque y diversifica la vegetación nativa y en consecuencia, aumentan los hábitats y el alimento para la fauna silvestre. Esto es fundamental si tenemos en cuenta que se trata de un lugar con muchas especies endémicas y nativas”, señala la autora del estudio.
Una de las recomendaciones de los científicos consiste en alejar este tipo de manejos intensivos de terrenos que limiten con bosques nativos, evitando generar cortes abruptos en el ecosistema. “Si bien con la aprobación de la Ley 26.331 en 2007 se establece el manejo sostenible de los bosques nativos, en la práctica vemos que la región de la Selva Misionera sigue siendo afectada de alguna u otra manera. Teniendo en cuenta que estamos trabajando en la zona que alberga la mayor biodiversidad del país, es importante que se genere un compromiso tanto por parte de las empresas como de los organismos del estado encargados de los controles,” opina Trentini.
Además, señaló que el trabajo puede ser una herramienta para que certificaciones como la de Forest Stewardship Council (FSC), que garantiza que los productos tengan su origen en plantaciones bien gestionadas permitiendo la apertura a nuevos mercados, tengan en cuenta al raleo como variable o requisito para certificar los productos provenientes de estos manejos y no de aquellos intensivos e incompatibles con la conservación.
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Fecha de Publicación: 24/04/2017
Fuente: Conicet
Provincia/Región: Misiones
En Misiones, investigadores del Instituto de Biología Subtropical analizaron las prácticas de cultivo de productores forestales.
En Argentina, más de 700 mil hectáreas – el equivalente a unas 500 canchas de fútbol como la del estadio de River Plate – están cubiertas por plantaciones de pinos*, una especie que tiene gran rendimiento industrial para la producción de papel y de madera. De esa superficie total, más de 300 mil hectáreas corresponden a la provincia de Misiones, un territorio en el que las extraordinarias condiciones bioclimáticas permiten un crecimiento récord de los árboles, que no se registra en otros lugares del mundo.
Aunque la industria forestal representa una actividad productiva de gran importancia para toda la región del Nordeste – Corrientes también cuenta con más de 200 mil hectáreas cultivadas con pinos a las que se suman otras 100 mil con eucaliptos -, el impacto ambiental de esta práctica en territorios de gran biodiversidad genera preocupación. Para obtener evidencia local de los efectos de las plantaciones, investigadores del Instituto de Biología Subtropical (IBS, CONICET – UNaM) estudiaron dos tipos de manejos forestales que se realizan en la provincia de Misiones, mostrando cómo la alta densidad de cultivo afecta al ecosistema.
En el trabajo, que fue publicado en la revista Forest Ecology and Management, se caracterizan los manejos actuales y se evalúa una práctica alternativa intermedia, con el fin de determinar aquellas prácticas que contribuyan con la conservación de especies. Las recomendaciones incluyen la disminución de densidad de las plantaciones mediante la técnica de raleo, que consiste en la remoción de algunos de los árboles plantados –en distintos porcentajes-, a fin de incrementar los recursos para las plantas.
“En el trabajo pusimos a prueba los dos tipos de manejo que se realizan actualmente en la provincia de Misiones. Las prácticas varían de acuerdo al destino que se dará a los pinos, que corresponden a la especie Pinus taeda. Existe un método habitual para las plantaciones destinadas a pasta de papel y otro para las que tienen como fin la industria maderera”, explica Carolina Trentini, becaria doctoral del nodo de Puerto Iguazú del IBS y una de las autoras del artículo. El estudio, que es el primero en Misiones que aporta evidencia del efecto de estos manejos en la conservación de especies de plantas nativas que ofrecen refugio y alimento a especies animales, se extendió por dos años.
El equipo de trabajo, del que también participaron otros investigadores del IBS, del Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires (IEGEBA, CONICET – UBA) y de la Universidad de Arkansas, Estados Unidos, analizó el efecto de cada uno de estos manejos en el ecosistema. Según explica Trentini, en las plantaciones de pinos que tienen como destino final la industria papelera los árboles se plantan a muy poca distancia y se los deja crecer sin tocarlos durante aproximadamente 12 años, sin realizar ningún tipo de poda o recolección, ya que no importa el tamaño que puedan alcanzar, sino la cantidad de madera que pueda contener en su conjunto toda la plantación. De esta manera, aumenta la cantidad producida por área aunque los árboles sean pequeños.
“El problema con este tipo de manejo intensivo es que el espacio debajo de los pinos (sotobosque) recibe muy poca luz del sol y esto afecta el crecimiento y el establecimiento de especies vegetales nativas. A eso se suma que estos manejos generan condiciones de acidez más elevada que aquellos con de plantaciones destinadas a madera, que presentan valores equivalentes al bosque nativo. Estos resultados sugieren que el incremento de la vegetación estaría regulando el pH. Todos estos factores generan condiciones extremas para el ecosistema”, agrega Trentini, al tiempo que advierte que este manejo, de mayor intensidad, es el más extendido en Misiones.
En el otro tipo de manejo, que se aplica en plantaciones destinadas a la producción de madera, se remueve a los siete años el 50 por ciento de los árboles que se plantan, a fin de que los que quedan puedan alcanzar un mayor tamaño y optimizar su rendimiento. El proceso se repite a los 12 y 15 años. “Este manejo complejiza la estructura del sotobosque y diversifica la vegetación nativa y en consecuencia, aumentan los hábitats y el alimento para la fauna silvestre. Esto es fundamental si tenemos en cuenta que se trata de un lugar con muchas especies endémicas y nativas”, señala la autora del estudio.
Una de las recomendaciones de los científicos consiste en alejar este tipo de manejos intensivos de terrenos que limiten con bosques nativos, evitando generar cortes abruptos en el ecosistema. “Si bien con la aprobación de la Ley 26.331 en 2007 se establece el manejo sostenible de los bosques nativos, en la práctica vemos que la región de la Selva Misionera sigue siendo afectada de alguna u otra manera. Teniendo en cuenta que estamos trabajando en la zona que alberga la mayor biodiversidad del país, es importante que se genere un compromiso tanto por parte de las empresas como de los organismos del estado encargados de los controles,” opina Trentini.
Además, señaló que el trabajo puede ser una herramienta para que certificaciones como la de Forest Stewardship Council (FSC), que garantiza que los productos tengan su origen en plantaciones bien gestionadas permitiendo la apertura a nuevos mercados, tengan en cuenta al raleo como variable o requisito para certificar los productos provenientes de estos manejos y no de aquellos intensivos e incompatibles con la conservación.
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Humedales amenazados y riesgos latentes
Los humedales, barreras contra las inundaciones, están amenazados
Fecha de Publicación: 24/04/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Así se desprende de un informe del Ministerio de Ambiente de la Nación; sostiene que la expansión inmobiliaria y la extensiónde las tierras para la agricultura son las principales causas
La presión sobre los humedales, la deforestación, el aumento de la temperatura y las lluvias provocadas por el cambio climático son los problemas ambientales más acuciantes que sufre la Argentina. Así se desprende de un extenso y detallado informe presentado ayer por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. El área potencial que ocupan los humedales es de cerca del 23% de la superficie del país y es uno de los ecosistemas más degradados. Estas extensiones de agua sirven como grandes amortiguadores ambientales, por ejemplo, para las inundaciones.
"En las últimas décadas, la principal causa de la pérdida de humedales continentales fue la conversión o el drenaje para el desarrollo de la agricultura, en tanto que para los humedales costeros, específicamente, la amenaza más grave es la conversión asociada a la expansión urbana y suburbana", se sostiene en el Informe del Estado del Ambiente, que debe ser presentado anualmente. Sin embargo, el último había sido presentado en 2012.
La región más afectada del país, según se desprende del diagnóstico oficial, es el corredor fluvial de los ríos Paraná y Paraguay, en donde se encuentran emplazadas grandes obras hidráulicas y viales y centros urbanos.
"Las intervenciones para la generación de electricidad, el abastecimiento de agua, el control de inundaciones y la construcción de vías de transporte pueden generar efectos como la fragmentación, la pérdida de conectividad, la destrucción de hábitats, cambios en la dinámica hidrológica, de flujos geoquímicos y la pérdida de especies, tanto en los sitios donde se emplazan las obras como en los que están aguas abajo", se lee en el trabajo.
Y detalla que el secado de humedales por la construcción de terraplenes, endicamiento y drenado, para su conversión en tierras agropecuarias o forestales, constituye un claro ejemplo de su transformación en sistemas con propiedades terrestres.
"Este verdadero incumplimiento de las obligaciones del Estado privó a la ciudadanía de información vital durante más de una década", explica el ministro Sergio Bergman en el prólogo del estudio. "Esta decisión estratégica dio inicio a una verdadera política de Estado en materia ambiental, inexistente hasta entonces, que posibilita hoy, en nuestro primer año de gestión, no sólo dar cumplimiento en tiempo y forma al mandato establecido por la ley marco de la política ambiental nacional, sino también para transparentar e informar debidamente a la sociedad sobre la situación del ambiente en la Argentina", agrega.
Críticas
En la presentación hubo referentes de la sociedad civil, representantes políticos y se destacó la presencia del vicejefe del gabinete nacional, Mario Quintana.
Varios ONG, como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), ante el incumplimiento del Estado, comenzaron a hacer sus propios relevamientos.
"Celebramos que se presente este informe. Pero en este año de gestión del nuevo gobierno uno de los principales obstáculos es la ausencia de un actor institucional que lidere la agenda ambiental. Vale decir que pueda obrar como garantía de control de aquellas políticas que puedan afectar al ambiente", dijo Andrés Nápoli, director ejecutivo de la FARN. La ONG se refiere a la tensión que existe entre las carteras productivas como Energía, Agricultura y Minería. Esos ministerios enviaron a funcionarios de segunda línea porque los titulares acompañaron al presidente Mauricio Macri en otra presentación, según la explicación oficial.
El trabajo hace hincapié en el estado del agua. Además de los humedales incluye el estado de las cuencas hídricas y los glaciares. "En la Argentina se registra una tendencia a un consumo creciente de agroquímicos, algunos de los que contienen sustancias químicas como los clorados y fosforados, nitritos, nitratos y fosfatos." Por primera vez hay un intento de comenzar a medir la cantidad de agroquímicos que se usan porque, hasta el momento, se desconoce.
"El uso indebido de agroquímicos puede generar efectos no deseados sobre diversos ecosistemas, los cursos de agua y la salud de la población. Por ello, desde hace ya muchos años, se reclamó la necesidad de contar con un marco regulatorio integral que considere la responsabilidad de los distintos actores que actúan en la cadena de producción, comercialización y aplicación de dichos productos", indicó Nápoli.
Respecto de la deforestación, el informe da cuenta de la emergencia. "El porcentaje de la superficie del país cubierto con bosque nativo (tierras forestales) era de 11,26% en 1998 y bajó al 9,77% en 2015. En términos de área absoluta, el país pasó de contar con 31,4 millones de hectáreas en 1998 a 27,3 millones en 2015. Esto representa una disminución de 4.150.000, a una tasa anual de deforestación de 0,83%." La buena noticia es que el año pasado la tasa de deforestación bajó un 16%, aunque no hay detalles de ese relevamiento.
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Fecha de Publicación: 24/04/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Así se desprende de un informe del Ministerio de Ambiente de la Nación; sostiene que la expansión inmobiliaria y la extensiónde las tierras para la agricultura son las principales causas
La presión sobre los humedales, la deforestación, el aumento de la temperatura y las lluvias provocadas por el cambio climático son los problemas ambientales más acuciantes que sufre la Argentina. Así se desprende de un extenso y detallado informe presentado ayer por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. El área potencial que ocupan los humedales es de cerca del 23% de la superficie del país y es uno de los ecosistemas más degradados. Estas extensiones de agua sirven como grandes amortiguadores ambientales, por ejemplo, para las inundaciones.
"En las últimas décadas, la principal causa de la pérdida de humedales continentales fue la conversión o el drenaje para el desarrollo de la agricultura, en tanto que para los humedales costeros, específicamente, la amenaza más grave es la conversión asociada a la expansión urbana y suburbana", se sostiene en el Informe del Estado del Ambiente, que debe ser presentado anualmente. Sin embargo, el último había sido presentado en 2012.
La región más afectada del país, según se desprende del diagnóstico oficial, es el corredor fluvial de los ríos Paraná y Paraguay, en donde se encuentran emplazadas grandes obras hidráulicas y viales y centros urbanos.
"Las intervenciones para la generación de electricidad, el abastecimiento de agua, el control de inundaciones y la construcción de vías de transporte pueden generar efectos como la fragmentación, la pérdida de conectividad, la destrucción de hábitats, cambios en la dinámica hidrológica, de flujos geoquímicos y la pérdida de especies, tanto en los sitios donde se emplazan las obras como en los que están aguas abajo", se lee en el trabajo.
Y detalla que el secado de humedales por la construcción de terraplenes, endicamiento y drenado, para su conversión en tierras agropecuarias o forestales, constituye un claro ejemplo de su transformación en sistemas con propiedades terrestres.
"Este verdadero incumplimiento de las obligaciones del Estado privó a la ciudadanía de información vital durante más de una década", explica el ministro Sergio Bergman en el prólogo del estudio. "Esta decisión estratégica dio inicio a una verdadera política de Estado en materia ambiental, inexistente hasta entonces, que posibilita hoy, en nuestro primer año de gestión, no sólo dar cumplimiento en tiempo y forma al mandato establecido por la ley marco de la política ambiental nacional, sino también para transparentar e informar debidamente a la sociedad sobre la situación del ambiente en la Argentina", agrega.
Críticas
En la presentación hubo referentes de la sociedad civil, representantes políticos y se destacó la presencia del vicejefe del gabinete nacional, Mario Quintana.
Varios ONG, como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), ante el incumplimiento del Estado, comenzaron a hacer sus propios relevamientos.
"Celebramos que se presente este informe. Pero en este año de gestión del nuevo gobierno uno de los principales obstáculos es la ausencia de un actor institucional que lidere la agenda ambiental. Vale decir que pueda obrar como garantía de control de aquellas políticas que puedan afectar al ambiente", dijo Andrés Nápoli, director ejecutivo de la FARN. La ONG se refiere a la tensión que existe entre las carteras productivas como Energía, Agricultura y Minería. Esos ministerios enviaron a funcionarios de segunda línea porque los titulares acompañaron al presidente Mauricio Macri en otra presentación, según la explicación oficial.
El trabajo hace hincapié en el estado del agua. Además de los humedales incluye el estado de las cuencas hídricas y los glaciares. "En la Argentina se registra una tendencia a un consumo creciente de agroquímicos, algunos de los que contienen sustancias químicas como los clorados y fosforados, nitritos, nitratos y fosfatos." Por primera vez hay un intento de comenzar a medir la cantidad de agroquímicos que se usan porque, hasta el momento, se desconoce.
"El uso indebido de agroquímicos puede generar efectos no deseados sobre diversos ecosistemas, los cursos de agua y la salud de la población. Por ello, desde hace ya muchos años, se reclamó la necesidad de contar con un marco regulatorio integral que considere la responsabilidad de los distintos actores que actúan en la cadena de producción, comercialización y aplicación de dichos productos", indicó Nápoli.
Respecto de la deforestación, el informe da cuenta de la emergencia. "El porcentaje de la superficie del país cubierto con bosque nativo (tierras forestales) era de 11,26% en 1998 y bajó al 9,77% en 2015. En términos de área absoluta, el país pasó de contar con 31,4 millones de hectáreas en 1998 a 27,3 millones en 2015. Esto representa una disminución de 4.150.000, a una tasa anual de deforestación de 0,83%." La buena noticia es que el año pasado la tasa de deforestación bajó un 16%, aunque no hay detalles de ese relevamiento.
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