El tráfico ilegal de animales sigue siendo altísimo
08:00 | 
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A la sombra de Internet crece el tráfico ilegal de animales
Fecha de Publicación: 02/05/2016
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional
La tortuga terrestre encabeza el triste ranking de los animales más traficados ilegalmente en la Argentina, una actividad que a nivel global mueve 180.000 millones de dólares por año y constituye el "el tercer negocio a nivel mundial", según informaron a Télam desde la Dirección de Fauna Silvestre, a un día de que se celebre el Día del Animal.
Le siguen el loro labrador, el tucán, el flamenco, los monos, y las pequeñas aves "Rey del Bosque" y "Siete Cuchillos", como dan cuenta los procedimientos que, entre 2012 y 2014, arrojaron un total de 8.000 animales decomisados, según informó la Fundación Temaikén en base a datos de esa dependencia del Ministerio de Ambiente.
Sin embargo, la cifra es mucho mayor ya que las provincias también decomisan y no existe una estadística a nivel nacional, mientras "la problemática del tráfico ilegal va creciendo y mutando de lo que eran las bocas de expendio tradicionales, porque se vende más a través de las redes sociales y la web", explicó a Télam Ricardo Negreira, coordinador de Fiscalización de la Dirección de Fauna Silvestre.
"El tráfico de animales es el tercer negocio a nivel mundial", aseguró el experto, en línea con el Fondo Mundial para la Naturaleza, que calcula que esta actividad ilegal mueve más de 180.000 millones de dólares por año y solo es menos rentable que la venta de armas y drogas.
Negrerira explicó que es muy difícil saber cuánto dinero hay en juego en el tráfico de animales en Argentina "porque como las especies no tienen valor de mercado, el valor se los da la demanda".
Del otro lado del negocio, las consecuencias son desastrosas: de cada 10 ejemplares capturados para su venta ilegal, sólo 1 sobrevive.
"Muchos animales se mueren en la captura o en el cautiverio para llegar a destino. Por ejemplo, muchas veces hay que matar a todo el grupo familiar de un mono para cazar un monito vivo", ya que los monos grandes no se adaptan al cautiverio, relató el funcionario.
La coordinadora de Programas de Conservación de Especies Amenazadas de Temaikén, Paula González, explicó a Télam que el 80 por ciento de los animales que se trafican en el país son autóctonos, y que la mayoría de ellos proviene de las provincias del norte, como Santiago del Estero, Chaco, Misiones y Formosa.
Además, "muchos ingresan por el norte pero provienen de Paraguay y de Brasil", transportados por vías terrestres de las más variadas formas: "desde cajas hasta termos, donde se suelen esconder las crías de los monos carayá", explicó la bióloga en diálogo con Télam.
Más allá de Internet, los ejemplares suelen venderse en ferias como la de Pompeya o Domínico, aunque también en las tiendas de mascotas.
El tráfico también tiene como destino la exportación: "Se venden las pieles para taxidermia, se venden animales para ornamentales o porque simplemente quieren tenerlos gente excéntrica porque están en peligro de extinción. Es puro egoísmo", sostuvo Negreira.
Actualmente 104 especies autóctonas están en riesgo de extinción, entre ellas el Huemul, los cauquenes, el yaguareté, y la tortuga. Además del tráfico ilegal, la pesca ilegal y la caza furtiva, entre las principales amenazas figuran la deforestación, las obras con impacto ambiental, la contaminación, el avance de la frontera agropecuaria y la introducción de especies exóticas, explicaron a Télam desde el Ministerio de Ambiente.
"Nosotros siempre vamos un paso atrás (de los traficantes), ellos siempre son más que nosotros; tienen más recursos, que financian con la cantidad de dinero que ganan", afirmó Negreira, quien aclaró que "no estamos hablando de confort animal sino de respeto por la vida".
"La problemática se subestima muchísimo porque siempre hablamos de la cifra que se decomisa, que es sólo una parte mínima del tráfico. El problema es mucho mayor de lo que podemos ver", coincidió González, quien consideró que "está en las manos de la gente reducir esta problemática".
Luego del decomiso, la mayoría de los animales no sobrevive, pese a que existen varias instituciones en el país que rehabilitan a los animales e intentan su liberación, como la Fundación Temaikèn, que desde 2004 rehabilitó 7.300 animales en su Centro de Recuperación de Especies, y logró liberar 3.000 ejemplares.
"Cada liberación implica un trabajo previo de extremo cuidado para que el animal pueda regresar a la vida silvestre. Muchas veces, cuando recibimos ejemplares que fueron víctimas del tráfico ilegal, y que han sido mantenidos como mascotas mucho tiempo, no podemos regresarlos a la vida silvestre porque adquieren una dependencia muy fuerte con el ser humano", explicó Carina Righi, responsable de Conservación e Investigación de la Fundación.
Y concluyó: "Están acostumbrados a acercarse a las personas para recibir comida y esto les impide tener conductas adecuadas para sobrevivir en la naturaleza nuevamente".
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Fecha de Publicación: 02/05/2016
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional
La tortuga terrestre encabeza el triste ranking de los animales más traficados ilegalmente en la Argentina, una actividad que a nivel global mueve 180.000 millones de dólares por año y constituye el "el tercer negocio a nivel mundial", según informaron a Télam desde la Dirección de Fauna Silvestre, a un día de que se celebre el Día del Animal.
Le siguen el loro labrador, el tucán, el flamenco, los monos, y las pequeñas aves "Rey del Bosque" y "Siete Cuchillos", como dan cuenta los procedimientos que, entre 2012 y 2014, arrojaron un total de 8.000 animales decomisados, según informó la Fundación Temaikén en base a datos de esa dependencia del Ministerio de Ambiente.
Sin embargo, la cifra es mucho mayor ya que las provincias también decomisan y no existe una estadística a nivel nacional, mientras "la problemática del tráfico ilegal va creciendo y mutando de lo que eran las bocas de expendio tradicionales, porque se vende más a través de las redes sociales y la web", explicó a Télam Ricardo Negreira, coordinador de Fiscalización de la Dirección de Fauna Silvestre.
"El tráfico de animales es el tercer negocio a nivel mundial", aseguró el experto, en línea con el Fondo Mundial para la Naturaleza, que calcula que esta actividad ilegal mueve más de 180.000 millones de dólares por año y solo es menos rentable que la venta de armas y drogas.
Negrerira explicó que es muy difícil saber cuánto dinero hay en juego en el tráfico de animales en Argentina "porque como las especies no tienen valor de mercado, el valor se los da la demanda".
Del otro lado del negocio, las consecuencias son desastrosas: de cada 10 ejemplares capturados para su venta ilegal, sólo 1 sobrevive.
"Muchos animales se mueren en la captura o en el cautiverio para llegar a destino. Por ejemplo, muchas veces hay que matar a todo el grupo familiar de un mono para cazar un monito vivo", ya que los monos grandes no se adaptan al cautiverio, relató el funcionario.
La coordinadora de Programas de Conservación de Especies Amenazadas de Temaikén, Paula González, explicó a Télam que el 80 por ciento de los animales que se trafican en el país son autóctonos, y que la mayoría de ellos proviene de las provincias del norte, como Santiago del Estero, Chaco, Misiones y Formosa.
Además, "muchos ingresan por el norte pero provienen de Paraguay y de Brasil", transportados por vías terrestres de las más variadas formas: "desde cajas hasta termos, donde se suelen esconder las crías de los monos carayá", explicó la bióloga en diálogo con Télam.
Más allá de Internet, los ejemplares suelen venderse en ferias como la de Pompeya o Domínico, aunque también en las tiendas de mascotas.
El tráfico también tiene como destino la exportación: "Se venden las pieles para taxidermia, se venden animales para ornamentales o porque simplemente quieren tenerlos gente excéntrica porque están en peligro de extinción. Es puro egoísmo", sostuvo Negreira.
Actualmente 104 especies autóctonas están en riesgo de extinción, entre ellas el Huemul, los cauquenes, el yaguareté, y la tortuga. Además del tráfico ilegal, la pesca ilegal y la caza furtiva, entre las principales amenazas figuran la deforestación, las obras con impacto ambiental, la contaminación, el avance de la frontera agropecuaria y la introducción de especies exóticas, explicaron a Télam desde el Ministerio de Ambiente.
"Nosotros siempre vamos un paso atrás (de los traficantes), ellos siempre son más que nosotros; tienen más recursos, que financian con la cantidad de dinero que ganan", afirmó Negreira, quien aclaró que "no estamos hablando de confort animal sino de respeto por la vida".
"La problemática se subestima muchísimo porque siempre hablamos de la cifra que se decomisa, que es sólo una parte mínima del tráfico. El problema es mucho mayor de lo que podemos ver", coincidió González, quien consideró que "está en las manos de la gente reducir esta problemática".
Luego del decomiso, la mayoría de los animales no sobrevive, pese a que existen varias instituciones en el país que rehabilitan a los animales e intentan su liberación, como la Fundación Temaikèn, que desde 2004 rehabilitó 7.300 animales en su Centro de Recuperación de Especies, y logró liberar 3.000 ejemplares.
"Cada liberación implica un trabajo previo de extremo cuidado para que el animal pueda regresar a la vida silvestre. Muchas veces, cuando recibimos ejemplares que fueron víctimas del tráfico ilegal, y que han sido mantenidos como mascotas mucho tiempo, no podemos regresarlos a la vida silvestre porque adquieren una dependencia muy fuerte con el ser humano", explicó Carina Righi, responsable de Conservación e Investigación de la Fundación.
Y concluyó: "Están acostumbrados a acercarse a las personas para recibir comida y esto les impide tener conductas adecuadas para sobrevivir en la naturaleza nuevamente".
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La nueva planta de la Ceamse tiene vía libre
Dan el visto bueno para construir la nueva planta de la Ceamse
Fecha de Publicación: 02/05/2016
Fuente: El Día (Buenos Aires)
Provincia/Región: Buenos Aires
La extensa trama de postergaciones que mantiene paralizada la construcción de la nueva planta de tratamiento de residuos para La Plata, Berisso y Ensenada parece haber llegado (otra vez) a su fin.
Ayer desde la Ceamse confirmaron que el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) aprobó finalmente el inicio de las obras en el predio de Punta Lara, al dar el visto bueno a la tecnología para el tratamiento mecánico-biológica de unas 800 toneladas de basura por día.
Como informó este medio en su anterior edición, los ambientalistas y los empresarios cuestionaron al OPDS por haber pedido “fuera de tiempo y forma”, una ampliación de estudios de impacto “que ya fueron presentados oportunamente”.
Ahora, con el aval del organismo provincial, la empresa constructora Arcillex S.A está en condiciones de comenzar con las tareas para levantar la nueva planta de tratamiento de residuos, en los terrenos escogidos para tal fin, en arroyo El Gato y diagonal 74.
Deberán trabajar a ritmo acelerado si quieren llegar a tiempo al plazo establecido por la Suprema Corte, que ordenó que el relleno sanitario de Punta Lara cierre a fin de año.
Voceros de la Ceamse adelantaron que hoy mismo “se retomarán los movimientos de suelo” y se prevé que para los primeros días de mayo, ya con el inicio de las obras, se haga una recorrida con representantes del OPDS, de la Suprema Corte, la Defensoría del Pueblo provincial, la ONG Nuevo Ambiente y de las gestiones comunales.
La planta TMB funcionará al lado del Aeroclub La Plata, y será tratamiento mecánico-biológica para unas 800 toneladas diarias, en función de las necesidades de la Región.
Tendrá una sistema mecánico para separar los residuos orgánicos e inorgánicos; uno manual para papel, plástico y cartón, y electromagnético para los materiales ferrosos.
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Fecha de Publicación: 02/05/2016
Fuente: El Día (Buenos Aires)
Provincia/Región: Buenos Aires
La extensa trama de postergaciones que mantiene paralizada la construcción de la nueva planta de tratamiento de residuos para La Plata, Berisso y Ensenada parece haber llegado (otra vez) a su fin.
Ayer desde la Ceamse confirmaron que el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) aprobó finalmente el inicio de las obras en el predio de Punta Lara, al dar el visto bueno a la tecnología para el tratamiento mecánico-biológica de unas 800 toneladas de basura por día.
Como informó este medio en su anterior edición, los ambientalistas y los empresarios cuestionaron al OPDS por haber pedido “fuera de tiempo y forma”, una ampliación de estudios de impacto “que ya fueron presentados oportunamente”.
Ahora, con el aval del organismo provincial, la empresa constructora Arcillex S.A está en condiciones de comenzar con las tareas para levantar la nueva planta de tratamiento de residuos, en los terrenos escogidos para tal fin, en arroyo El Gato y diagonal 74.
Deberán trabajar a ritmo acelerado si quieren llegar a tiempo al plazo establecido por la Suprema Corte, que ordenó que el relleno sanitario de Punta Lara cierre a fin de año.
Voceros de la Ceamse adelantaron que hoy mismo “se retomarán los movimientos de suelo” y se prevé que para los primeros días de mayo, ya con el inicio de las obras, se haga una recorrida con representantes del OPDS, de la Suprema Corte, la Defensoría del Pueblo provincial, la ONG Nuevo Ambiente y de las gestiones comunales.
La planta TMB funcionará al lado del Aeroclub La Plata, y será tratamiento mecánico-biológica para unas 800 toneladas diarias, en función de las necesidades de la Región.
Tendrá una sistema mecánico para separar los residuos orgánicos e inorgánicos; uno manual para papel, plástico y cartón, y electromagnético para los materiales ferrosos.
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Solo en Santa Fe el costo del Niño es altísimo
La ciudad necesita $698 millones para paliar el impacto de El Niño
Fecha de Publicación: 02/05/2016
Fuente: Diario Uno Santa Fe
Provincia/Región: Santa Fe
José Corral presentó un plan para iniciar la recuperación tras el fenómeno. Se trabajará sobre la red vial, viviendas para la reubicación de familias, el alumbrado y arbolado público
Con un plan que en algunos aspectos ya está en marcha y en otros comenzará a la brevedad, el intendente José Corral dio detalles sobre la reconstrucción que encarará el municipio para paliar el daño que provocó el fenómeno de El Niño en la ciudad. El proyecto se divide en cuatro aspectos esenciales: red vial que incluye calles, caminos, avenidas y acceso a la Santa Fe; viviendas para la reubicación de familias que se encuentran en sectores de vulnerabilidad hídrica; alumbrado y arbolado público, estos últimos se vieron más afectados por el temporal del pasado 19 de febrero. Todo este plan de trabajo demandará unos 698 millones de pesos. Esta millonaria inversión se financiará con aportes del municipio, provincia y Nación.
En relación a la recuperación de las calles y avenidas se refirió a la repavimentación de las de asfalto y hormigón, a la recuperación de las de tierra y arena; y al mantenimiento de las que tienen mejorado. En la ciudad hay aproximadamente 2.500 calles de asfalto, una superficie de 2.072.000 m². Se debe reparar una superficie de 66.000 m², de los cuales 40.000 m² corresponden a repavimentación y 26.000 m² a bacheo profundo. Además, 2.950 son de hormigón: una superficie total de 2.336.000 m². Se debe ejecutar una superficie de 17.625 m². Asimismo, unas 3.900 cuadras de tierra y unas 790 de arena –en barrios como Colastiné y La Guardia– que deberán ser intervenidas en su totalidad. Como también pasará con las 190 del distrito costero de Alto Verde.
Para esto el intendente José Corral dijo que se necesitará una inversión total de 162 millones de pesos. Para las calles pavimentadas se destinarán 60 millones de pesos para el bacheo de hormigón y el mismo monto para las tareas de asfalto; y 32 millones de pesos para repavimentación. Por otra parte, hay que sumarle las 4.480 cuadras de tierra, mejorado y arena que tendrán que ser repasadas, y rehacerse el ripiado en algunos lugares y mantener en otros.
Para afrontar estas tareas se informó que el municipio dispone de 15 millones de pesos previstos para el mantenimiento habitual, a lo que se le suman otros 15 millones de pesos “que son los que se resignarán desde distintas secretarías para volcarlo a las calle”, dijo Corral. De los 132 millones de pesos que faltan, 50 millones serán aportados por el gobierno provincial y, para completar con los 82 millones se analizarán distintas opciones como, por ejemplo, adquirir préstamos.
También se están proyectando intervenciones de pavimento nuevo para barrios como Alto Verde y otros ubicados en el norte y el oeste de la ciudad priorizando el recorrido del transporte público; y para lo que se invertirán 181 millones de pesos. Ya hay iniciativas que están en marcha a partir del Acuerdo Capital por 128 millones de pesos y fondos nacionales a través del Promeba por 53 millones de pesos.
Reubicación de familias
El segundo plan del programa de reconstrucción está vinculado a la construcción de viviendas y, para eso, el municipio tiene un proyecto de Relocalización de Familias en Riesgo Hídrico. El mismo se compone de tres iniciativas que fueron presentadas a la Nación y ya tienen su aprobación. Incluye 280 viviendas con una inversión total de 348 millones de pesos –220 millones de Nación y 128 millones de provincia y del municipio, en infraestructura y tierras.
Las familias de Playa Norte estarán en la nueva urbanización de Nueva Esperanza Este. Allí se harán 60 viviendas –65 millones de pesos. Ya tienen el cordón cuenta y un ripiado como así también agua potable, alumbrado público, entre otros servicios básicos. En la Vuelta del Paraguayo se harán 80 casas –132 millones de pesos– al costado de dos calles perpendiculares al ingreso principal, todos en una cota segura, de manera que siempre se pueda transitar aunque el río crezca y las familias no se verán nunca afectadas. El tercer plan es para las familias que están ubicadas en la Vieja Tablada y se relocalizarán en un terreno conocido como el de los Jesuitas. Se harán 140 unidades –151 millones de pesos.
Los dos últimos puntos del Programa están vinculados a espacios verdes y alumbrado. El Plan de Forestación comprende unos ocho mil ejemplares y se pretende llegar a 10 mil para reponer los dos mil que aproximadamente derribó la última tormenta fuerte. La inversión municipal será de unos tres millones de pesos y así se van a mejorar las plazas y parques que quedaron muy dañados.
En cuanto a alumbrado el mandatario local indicó que en la ciudad hay 35.000 puntos de luz. Luego del temporal, se vieron afectados 160 sectores que representan 6.000 de los cuales ya se repararon 5.000 y, por tanto, aún quedan mil puntos por recuperar. Se hicieron dos licitaciones extras de cuatro millones de pesos con fondos municipales para afrontar esto.
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Fecha de Publicación: 02/05/2016
Fuente: Diario Uno Santa Fe
Provincia/Región: Santa Fe
José Corral presentó un plan para iniciar la recuperación tras el fenómeno. Se trabajará sobre la red vial, viviendas para la reubicación de familias, el alumbrado y arbolado público
Con un plan que en algunos aspectos ya está en marcha y en otros comenzará a la brevedad, el intendente José Corral dio detalles sobre la reconstrucción que encarará el municipio para paliar el daño que provocó el fenómeno de El Niño en la ciudad. El proyecto se divide en cuatro aspectos esenciales: red vial que incluye calles, caminos, avenidas y acceso a la Santa Fe; viviendas para la reubicación de familias que se encuentran en sectores de vulnerabilidad hídrica; alumbrado y arbolado público, estos últimos se vieron más afectados por el temporal del pasado 19 de febrero. Todo este plan de trabajo demandará unos 698 millones de pesos. Esta millonaria inversión se financiará con aportes del municipio, provincia y Nación.
En relación a la recuperación de las calles y avenidas se refirió a la repavimentación de las de asfalto y hormigón, a la recuperación de las de tierra y arena; y al mantenimiento de las que tienen mejorado. En la ciudad hay aproximadamente 2.500 calles de asfalto, una superficie de 2.072.000 m². Se debe reparar una superficie de 66.000 m², de los cuales 40.000 m² corresponden a repavimentación y 26.000 m² a bacheo profundo. Además, 2.950 son de hormigón: una superficie total de 2.336.000 m². Se debe ejecutar una superficie de 17.625 m². Asimismo, unas 3.900 cuadras de tierra y unas 790 de arena –en barrios como Colastiné y La Guardia– que deberán ser intervenidas en su totalidad. Como también pasará con las 190 del distrito costero de Alto Verde.
Para esto el intendente José Corral dijo que se necesitará una inversión total de 162 millones de pesos. Para las calles pavimentadas se destinarán 60 millones de pesos para el bacheo de hormigón y el mismo monto para las tareas de asfalto; y 32 millones de pesos para repavimentación. Por otra parte, hay que sumarle las 4.480 cuadras de tierra, mejorado y arena que tendrán que ser repasadas, y rehacerse el ripiado en algunos lugares y mantener en otros.
Para afrontar estas tareas se informó que el municipio dispone de 15 millones de pesos previstos para el mantenimiento habitual, a lo que se le suman otros 15 millones de pesos “que son los que se resignarán desde distintas secretarías para volcarlo a las calle”, dijo Corral. De los 132 millones de pesos que faltan, 50 millones serán aportados por el gobierno provincial y, para completar con los 82 millones se analizarán distintas opciones como, por ejemplo, adquirir préstamos.
También se están proyectando intervenciones de pavimento nuevo para barrios como Alto Verde y otros ubicados en el norte y el oeste de la ciudad priorizando el recorrido del transporte público; y para lo que se invertirán 181 millones de pesos. Ya hay iniciativas que están en marcha a partir del Acuerdo Capital por 128 millones de pesos y fondos nacionales a través del Promeba por 53 millones de pesos.
Reubicación de familias
El segundo plan del programa de reconstrucción está vinculado a la construcción de viviendas y, para eso, el municipio tiene un proyecto de Relocalización de Familias en Riesgo Hídrico. El mismo se compone de tres iniciativas que fueron presentadas a la Nación y ya tienen su aprobación. Incluye 280 viviendas con una inversión total de 348 millones de pesos –220 millones de Nación y 128 millones de provincia y del municipio, en infraestructura y tierras.
Las familias de Playa Norte estarán en la nueva urbanización de Nueva Esperanza Este. Allí se harán 60 viviendas –65 millones de pesos. Ya tienen el cordón cuenta y un ripiado como así también agua potable, alumbrado público, entre otros servicios básicos. En la Vuelta del Paraguayo se harán 80 casas –132 millones de pesos– al costado de dos calles perpendiculares al ingreso principal, todos en una cota segura, de manera que siempre se pueda transitar aunque el río crezca y las familias no se verán nunca afectadas. El tercer plan es para las familias que están ubicadas en la Vieja Tablada y se relocalizarán en un terreno conocido como el de los Jesuitas. Se harán 140 unidades –151 millones de pesos.
Los dos últimos puntos del Programa están vinculados a espacios verdes y alumbrado. El Plan de Forestación comprende unos ocho mil ejemplares y se pretende llegar a 10 mil para reponer los dos mil que aproximadamente derribó la última tormenta fuerte. La inversión municipal será de unos tres millones de pesos y así se van a mejorar las plazas y parques que quedaron muy dañados.
En cuanto a alumbrado el mandatario local indicó que en la ciudad hay 35.000 puntos de luz. Luego del temporal, se vieron afectados 160 sectores que representan 6.000 de los cuales ya se repararon 5.000 y, por tanto, aún quedan mil puntos por recuperar. Se hicieron dos licitaciones extras de cuatro millones de pesos con fondos municipales para afrontar esto.
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El caso Nahuel Huapi todavía no está en la justicia federal
“El expediente del lago aún no ingresó al Juzgado Federal”
Fecha de Publicación: 01/05/2016
Fuente: AND
Provincia/Región: Río Negro
Lo señaló el juez competente en la causa por contaminación del Nahuel Huapi durante una reunión con la Defensora del Pueblo, Nadina Díaz.
La defensora del Pueblo Nadina Díaz, se reunió con el juez Federal Walter López Da Silva, a cargo del recurso de amparo ambiental que denuncia “vuelcos concurrentes de líquidos cloacales en el lago Nahuel Huapi por parte de la planta depuradora de Bariloche.
Durante el encuentro, el juez procedió a dar la información solicitada por Díaz con anterioridad al encuentro. El magistrado detalló que se inició una etapa “probatoria” y “una vez concluida la misma y de corresponder, se procederá a las actuaciones y sentencias”.
Uno de los datos que trascendieron de la reunión fue que desde el organismo judicial se señaló que hasta la fecha (28/04) no se registró el ingreso ni la recepción del expediente relativo al amparo presentado a fines de 2015.
Sin embargo el pasado martes 26 la Policía Federal procedió a tomar muetras de agua por solicitud de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental.
“En estos casos la remisión del expediente llega a tardar más de un mes” señaló a ANB Sebastián Giménez, delegado de la defensoría del pueblo en Bariloche y
El abogado también explicó que cuando el tribunal superior de justicia se declaró incompetente en la causa del amparo colectivo comenzaron a correr días hábiles para que las partes firmantes pudieran apelar. “Sin embargo la remisión de la causa a la Justicia federal ya debería estar en curso”, dijo.
La acción fue interpuesta por la senadora nacional Magdalena Odarda junto a la asociación ambientalista Árbol de Pie y contó con más de 6 mil firmas. La presentación legal solicita a la provincia y al municipio de Bariloche la contención necesaria en el sistema de saneamiento de la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales para evitar que dichos residuos sin tratamiento se sigan vertiendo en el lago Nahuel Huapi, menoscabando de esta forma “el derecho a un ambiente sano, a la vida, salud e integridad física de los ciudadanos”.
Actualmente, el recurso de amparo presentado a fines del 2015 coexiste con una acción interpuesta ante el Juzgado Federal de Bariloche por la ex Defensora del Pueblo, Ana Piccinini en 2011.
“Destacamos la buena predisposición de la autoridad judicial que aceptó en recibirnos y brindarnos un espacio para poder expresar una vez más, nuestro compromiso en un tema que preocupa a los vecinos de Bariloche desde hace muchos años y requiere de un planeamiento acorde a la realidad de la ciudad, y de una firme decisión del gobierno provincial y nacional para la realización de obras de infraestructura”, concluyó la defensora.
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Fecha de Publicación: 01/05/2016
Fuente: AND
Provincia/Región: Río Negro
Lo señaló el juez competente en la causa por contaminación del Nahuel Huapi durante una reunión con la Defensora del Pueblo, Nadina Díaz.
La defensora del Pueblo Nadina Díaz, se reunió con el juez Federal Walter López Da Silva, a cargo del recurso de amparo ambiental que denuncia “vuelcos concurrentes de líquidos cloacales en el lago Nahuel Huapi por parte de la planta depuradora de Bariloche.
Durante el encuentro, el juez procedió a dar la información solicitada por Díaz con anterioridad al encuentro. El magistrado detalló que se inició una etapa “probatoria” y “una vez concluida la misma y de corresponder, se procederá a las actuaciones y sentencias”.
Uno de los datos que trascendieron de la reunión fue que desde el organismo judicial se señaló que hasta la fecha (28/04) no se registró el ingreso ni la recepción del expediente relativo al amparo presentado a fines de 2015.
Sin embargo el pasado martes 26 la Policía Federal procedió a tomar muetras de agua por solicitud de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental.
“En estos casos la remisión del expediente llega a tardar más de un mes” señaló a ANB Sebastián Giménez, delegado de la defensoría del pueblo en Bariloche y
El abogado también explicó que cuando el tribunal superior de justicia se declaró incompetente en la causa del amparo colectivo comenzaron a correr días hábiles para que las partes firmantes pudieran apelar. “Sin embargo la remisión de la causa a la Justicia federal ya debería estar en curso”, dijo.
La acción fue interpuesta por la senadora nacional Magdalena Odarda junto a la asociación ambientalista Árbol de Pie y contó con más de 6 mil firmas. La presentación legal solicita a la provincia y al municipio de Bariloche la contención necesaria en el sistema de saneamiento de la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales para evitar que dichos residuos sin tratamiento se sigan vertiendo en el lago Nahuel Huapi, menoscabando de esta forma “el derecho a un ambiente sano, a la vida, salud e integridad física de los ciudadanos”.
Actualmente, el recurso de amparo presentado a fines del 2015 coexiste con una acción interpuesta ante el Juzgado Federal de Bariloche por la ex Defensora del Pueblo, Ana Piccinini en 2011.
“Destacamos la buena predisposición de la autoridad judicial que aceptó en recibirnos y brindarnos un espacio para poder expresar una vez más, nuestro compromiso en un tema que preocupa a los vecinos de Bariloche desde hace muchos años y requiere de un planeamiento acorde a la realidad de la ciudad, y de una firme decisión del gobierno provincial y nacional para la realización de obras de infraestructura”, concluyó la defensora.
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San Luis también busca tratar correctamente las pilas
San Luis, en busca de una correcta disposición final de las pilas
Fecha de Publicación: 01/05/2016
Fuente: ANSL
Provincia/Región: San Luis
Funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción viajaron a La Plata para conocer cómo trabaja la única Planta de Tratamiento de Pilas del país. El objetivo de la visita fue interiorizarse y conocer cada uno de los procedimientos utilizados en dicho establecimiento.
Según estudios realizados por Greenpeace una pila común puede llegar a contaminar hasta 3.000 litros de agua. La cifra, impactante por donde se la analice, se amplía de acuerdo al tipo de batería en cuestión, y los resultados son mucho más preocupantes. En esta dirección, una pila alcalina contamina 175.000 litros, mientras que una tipo botón (las que utilizan los relojes de pulsera) puede infectar hasta 600.000 litros.
Con el firme objetivo de bajar los niveles de contaminación y preservar el entorno natural puntano, funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción viajaron a La Plata para conocer el trabajo que se desarrolla en la Planta de Tratamiento de Pilas. La visita sirvió para que la Provincia se interiorice sobre el procedimiento que allí se lleva adelante y que se erige como único en el país a partir del nivel de técnicas utilizadas en el proceso de reciclado.
La Planta de Tratamiento de Pilas se constituye como uno de los proyectos enmarcados en la Planta Piloto Multipropósito (PlaPiMu) que posee la “Ciudad de las Diagonales”. La PlaPiMu se conforma como un laboratorio de plantas con diferentes objetivos específicos y que tienden a proveer servicios tecnológicos para el sector industrial.
El proceso de reciclado de pilas que desarrollan se basa en tres etapas:
- Clasificación, corte, separación y lavado de pilas.
- Biorreactor de producción biológica.
- Reactor de lixiviación y separación de metales.
Una vez que finalizan estos procesos y se recuperan los metales de las baterías, éstos pueden ser reinsertados en la industria para su reutilización sin contaminar el medioambiente.
La planta cuenta con una capacidad operativa de tratamiento de entre 100 y 200 kilogramos de pilas alcalinas por mes. El nivel de producción es consecuente del tamaño de la planta, sus recursos humanos, horarios de trabajo y el hecho de que sólo reciclan pilas que provienen de recolecciones voluntarias (no existen campañas de concientización sobre la importancia de la recolección). En esta dirección son cuatro las personas que se distribuyen todas las tareas (un químico, un bioquímico y dos operarios).
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Fecha de Publicación: 01/05/2016
Fuente: ANSL
Provincia/Región: San Luis
Funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción viajaron a La Plata para conocer cómo trabaja la única Planta de Tratamiento de Pilas del país. El objetivo de la visita fue interiorizarse y conocer cada uno de los procedimientos utilizados en dicho establecimiento.
Según estudios realizados por Greenpeace una pila común puede llegar a contaminar hasta 3.000 litros de agua. La cifra, impactante por donde se la analice, se amplía de acuerdo al tipo de batería en cuestión, y los resultados son mucho más preocupantes. En esta dirección, una pila alcalina contamina 175.000 litros, mientras que una tipo botón (las que utilizan los relojes de pulsera) puede infectar hasta 600.000 litros.
Con el firme objetivo de bajar los niveles de contaminación y preservar el entorno natural puntano, funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción viajaron a La Plata para conocer el trabajo que se desarrolla en la Planta de Tratamiento de Pilas. La visita sirvió para que la Provincia se interiorice sobre el procedimiento que allí se lleva adelante y que se erige como único en el país a partir del nivel de técnicas utilizadas en el proceso de reciclado.
La Planta de Tratamiento de Pilas se constituye como uno de los proyectos enmarcados en la Planta Piloto Multipropósito (PlaPiMu) que posee la “Ciudad de las Diagonales”. La PlaPiMu se conforma como un laboratorio de plantas con diferentes objetivos específicos y que tienden a proveer servicios tecnológicos para el sector industrial.
El proceso de reciclado de pilas que desarrollan se basa en tres etapas:
- Clasificación, corte, separación y lavado de pilas.
- Biorreactor de producción biológica.
- Reactor de lixiviación y separación de metales.
Una vez que finalizan estos procesos y se recuperan los metales de las baterías, éstos pueden ser reinsertados en la industria para su reutilización sin contaminar el medioambiente.
La planta cuenta con una capacidad operativa de tratamiento de entre 100 y 200 kilogramos de pilas alcalinas por mes. El nivel de producción es consecuente del tamaño de la planta, sus recursos humanos, horarios de trabajo y el hecho de que sólo reciclan pilas que provienen de recolecciones voluntarias (no existen campañas de concientización sobre la importancia de la recolección). En esta dirección son cuatro las personas que se distribuyen todas las tareas (un químico, un bioquímico y dos operarios).
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Concientizan sobre el tapir
El tapir es "vulnerable"
Fecha de Publicación: 01/05/2016
Fuente: El Tribuno (Jujuy)
Provincia/Región: Nacional
En el caso del tapir, considerado el mamífero terrestre más voluminoso de Sudamérica, en Salta, Chaco y en Misiones fue declarado "monumento natural provincial", prohibiendo su caza, tenencia y comercialización.
En Argentina su presencia constituye el 2 % de su distribución en Sudamérica y se encuentra actualmente en las provincias de Misiones, Chaco, Formosa, Jujuy y Salta; aunque hubo menciones de avistajes en el Noreste de Santiago del Estero pero se extinguió en Corrientes, Tucumán y Santa Fe.
Son considerados especies clave porque desempeñan un papel importante en la dispersión de semillas y porque modelan la estructura y composición del hábitat, y con ello la conservación de ecosistemas enteros.
La Uinc categoriza a esta especie como vulnerable con tendencia poblacional decreciente; y en Argentina, el tapir está categorizado como "en peligro de extinción por la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos (Sarem ) y especie amenazada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. En Salta y Jujuy, la probabilidad de pérdida de hábitat amenaza un 24 % de la superficie de distribución de la especie, mientras que la ganadería afecta un 64 % aproximadamente.
En torno al pecarí labiado pese a que su población antes era abundante, había piaras de hasta 300 individuos y actualmente son poco vistos, según los investigadores. Es una de las tres especies de pecaríes del Neotrópico y su distribución incluye desde el sur de México hasta el norte de Argentina, ya que habita las provincias de Salta, Jujuy, Formosa, Misiones, Chaco y Santiago del Estero y se habría extinguido en Tucumán y Corrientes recientemente. Ellos son animales gregarios, es decir con tendencia a agruparse y requieren extensas áreas para sobrevivir.
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Fecha de Publicación: 01/05/2016
Fuente: El Tribuno (Jujuy)
Provincia/Región: Nacional
En el caso del tapir, considerado el mamífero terrestre más voluminoso de Sudamérica, en Salta, Chaco y en Misiones fue declarado "monumento natural provincial", prohibiendo su caza, tenencia y comercialización.
En Argentina su presencia constituye el 2 % de su distribución en Sudamérica y se encuentra actualmente en las provincias de Misiones, Chaco, Formosa, Jujuy y Salta; aunque hubo menciones de avistajes en el Noreste de Santiago del Estero pero se extinguió en Corrientes, Tucumán y Santa Fe.
Son considerados especies clave porque desempeñan un papel importante en la dispersión de semillas y porque modelan la estructura y composición del hábitat, y con ello la conservación de ecosistemas enteros.
La Uinc categoriza a esta especie como vulnerable con tendencia poblacional decreciente; y en Argentina, el tapir está categorizado como "en peligro de extinción por la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos (Sarem ) y especie amenazada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. En Salta y Jujuy, la probabilidad de pérdida de hábitat amenaza un 24 % de la superficie de distribución de la especie, mientras que la ganadería afecta un 64 % aproximadamente.
En torno al pecarí labiado pese a que su población antes era abundante, había piaras de hasta 300 individuos y actualmente son poco vistos, según los investigadores. Es una de las tres especies de pecaríes del Neotrópico y su distribución incluye desde el sur de México hasta el norte de Argentina, ya que habita las provincias de Salta, Jujuy, Formosa, Misiones, Chaco y Santiago del Estero y se habría extinguido en Tucumán y Corrientes recientemente. Ellos son animales gregarios, es decir con tendencia a agruparse y requieren extensas áreas para sobrevivir.
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INTI trabaja para identificar las liberaciones de mercurio
Reducir los riesgos del mercurio en el ambiente
Fecha de Publicación: 30/04/2016
Fuente: INTI
Provincia/Región: Nacional
Como sede del Centro Regional Basilea para América del Sur (CRBAS), el INTI participa junto a entidades tales como Global Enviroment Facility, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y la Cancillería de Argentina, de la organización del proyecto que busca identificar las liberaciones de mercurio y evaluar las políticas gubernamentales para reducir la persistencia de este contaminante en el ambiente.
El proyecto se lleva a cabo a través del Programa de Capacitación y Transferencia de Tecnología en Materia de Residuos Peligros (convenio de Basilea). Los ejes a trabajar son el fortalecimiento de la línea de base y la identificación de las necesidades de información de los países participantes; conformar inventarios de mercurio en los países participantes; desarrollar planes de gestión de riesgo del mercurio a nivel nacional, mejorar la comprensión regional de los desafíos clave en materia de presencia del mercurio y evaluar las lecciones aprendidas.
A través del conocimiento de la situación se podrán evaluar prioridades, examinar el marco normativo existente, realizar recomendaciones, obtener información y dar inicio a planes de corto, mediano y largo plazo para tratar de minimizar y reducir las emisiones del mercurio al ambiente.
El mercurio es un componente que puede ser emitido en un punto y transportado por vía aérea en forma global, por lo que se debe disponer de forma tal que se logre evitar su diseminación; su persistencia en el ambiente y su imposibilidad de degradación lo tornan un elemento peligro para la salud. Dado que este metal pesado no se puede eliminar, es muy importante evaluar su utilización y reducir su presencia a la mínima expresión.
Para Alejandro Eiroa, coordinador del proyecto, los objetivos que se persiguen son fortalecer las capacidades de Argentina para identificar fuentes de contaminación del mercurio, las que pueden ser naturales y antropogénicas.
Las primeras tienen origen en la actividad volcánica y erosión de rocas, principalmente. Con respecto a la segunda fuente de contaminación, “este elemento se encuentra en artículos domésticos e industriales que tendrán un ciclo de vida y que a su término provocarán emisiones de mercurio que es necesario cuantificar”, sostuvo el especialista.
Su presencia en combustibles, agroquímicos, lámparas, termómetros y diversos elementos que van a tener un ciclo de vida (finito) implican un riesgo. Finalizado ese ciclo, los desechos en vez de ser dispuestos para su tratamiento suelen vertirse al ambiente con la desventaja de que el mercurio que contienen no se degrada, no puede eliminarse, y por ello es imprescindible analizar su correcta disposición. “Con el toolkit –quit de herramientas- buscamos identificar y cuantificar las emisiones de mercurio al ambiente”, sostuvo Eiroa.Fabiana Loguzzo, directora General de Asuntos Ambientales de la Cancillería argentina resaltó el rol del país para articular los distintos intereses que puede haber entre los actores técnicos competentes. “La idea es formar una posición nacional y llevarla a los foros internacionales donde existe otra función que es la de participar en los procesos de negociación de los nuevos estándares”, afirmó.
“Hemos realizado un trabajo muy bueno con el Convenio de Basilea pero sobre todo con el INTI ya que el Instituto representa la variable tecnológica dentro de la agenda que estamos planteando. Todos entendemos que no hay manera de avanzar en la agenda ambiental si no incorporamos el componente tecnológico en nuestras propuestas como país”, sostuvo la representante diplomática.
El ingeniero Monté durante la apertura junto al comité organizador
El licenciado Javier Ureta Sáenz Peña, secretario de Control y Monitoreo Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo sustentable de la Nación, comentó las políticas en materia ambiental que se están llevando a cabo en la Secretaría a su cargo, como la modificación de la ley 24051 de Residuos Peligrosos, el estudio de la aplicación del seguro ambiental y la modificación del decreto 181/92 sobre importación de residuos no peligrosos.
Por otra parte, Federico Gatti Lavisse, director Nacional de Desarrollo Industrial Sustentable, dependiente de la Secretaría de Industria, sostuvo que existe mucho interés en el gobierno de acompañar este proceso y anticipó que “estamos desarrollando programas para trabajar en la base del desarrollo industrial sustentable con miras a fortalecer lineamientos relacionados con la la creación de nuevas industrias que incorporen el reciclado, la economía circular y la transformación productiva en apoyo total a los lineamientos del Ministerio de Ambiente”. También, Gatti Lavisse aprovechó la ocasión para resaltar las políticas de financiamiento que se están comenzando a aplicar para la mejora contínua de los procesos productivos.
En concordancia con las políticas que lleva a cabo el Ministerio de Producción de la Nación, el vicepresidente de INTI, ingeniero Hugo Monté, destacó el papel del Instituto en esta temática, además del interés del sector industrial, y señaló que el objetivo de la Institución es la investigación, el desarrollo de tecnología y la transferencia de innovaciones al mercado.
“Es importante analizar los riesgos que existen en la temática que nos convoca y por ello resalto que nuestro Instituto cuenta con una Gerencia de Calidad y Ambiente y con un Centro INTI-Ambiente al servicio de la sociedad. El INTI es desarrollo y por ello piensa y convierte las ideas en acción”, sintetizó.
A su vez, la doctora Leila Devia directora del Centro Regional Basilea para América del Sur resaltó el objetivo del Proyecto Mercurio en Argentina que apunta a desarrollar herramientas para facilitar la preparación, en etapas tempranas, de un tratado legalmente vinculante para proteger la salud y el ambiente de la exposición a mercurio. Uno de los principales objetivos de este proyecto es comunicar e informar a los actores involucrados sobre los cambios que van a sucederse para que puedan contar con las herramientas necesarias de adaptación y mitigación tecnológica. Como parte de esa estrategia se ha reunido y se facilita la documentación e información vigentes para el uso de toda la ciudadanía, a través del portal: http://www.mercurioenargentina.com.ar/
Además de los especialistas nombrados, el doctor Eduardo Scarlato, de la Asociación Toxicológica Argentina realizó una exposición sobre la historia del mercurio y su vinculación con la toxicología. Asimismo participaron del taller la Consejera Cristina Briel de la Dirección General de Asuntos Ambientales, del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, que junto al ingeniero Juan Simonelli, expusieron sobre las actualizaciones del convenio de Minamata.
La presentación del toolkit estuvo a cargo del licenciado Carlos Martínez de la Subsecretaría de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación, Ministerio de Ambiente y Desarrollo sustentable de la Nación y de la doctora Micaela Bonafina, consultora del proyecto.
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Fecha de Publicación: 30/04/2016
Fuente: INTI
Provincia/Región: Nacional
Como sede del Centro Regional Basilea para América del Sur (CRBAS), el INTI participa junto a entidades tales como Global Enviroment Facility, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y la Cancillería de Argentina, de la organización del proyecto que busca identificar las liberaciones de mercurio y evaluar las políticas gubernamentales para reducir la persistencia de este contaminante en el ambiente.
El proyecto se lleva a cabo a través del Programa de Capacitación y Transferencia de Tecnología en Materia de Residuos Peligros (convenio de Basilea). Los ejes a trabajar son el fortalecimiento de la línea de base y la identificación de las necesidades de información de los países participantes; conformar inventarios de mercurio en los países participantes; desarrollar planes de gestión de riesgo del mercurio a nivel nacional, mejorar la comprensión regional de los desafíos clave en materia de presencia del mercurio y evaluar las lecciones aprendidas.
A través del conocimiento de la situación se podrán evaluar prioridades, examinar el marco normativo existente, realizar recomendaciones, obtener información y dar inicio a planes de corto, mediano y largo plazo para tratar de minimizar y reducir las emisiones del mercurio al ambiente.
El mercurio es un componente que puede ser emitido en un punto y transportado por vía aérea en forma global, por lo que se debe disponer de forma tal que se logre evitar su diseminación; su persistencia en el ambiente y su imposibilidad de degradación lo tornan un elemento peligro para la salud. Dado que este metal pesado no se puede eliminar, es muy importante evaluar su utilización y reducir su presencia a la mínima expresión.
Para Alejandro Eiroa, coordinador del proyecto, los objetivos que se persiguen son fortalecer las capacidades de Argentina para identificar fuentes de contaminación del mercurio, las que pueden ser naturales y antropogénicas.
Las primeras tienen origen en la actividad volcánica y erosión de rocas, principalmente. Con respecto a la segunda fuente de contaminación, “este elemento se encuentra en artículos domésticos e industriales que tendrán un ciclo de vida y que a su término provocarán emisiones de mercurio que es necesario cuantificar”, sostuvo el especialista.
Su presencia en combustibles, agroquímicos, lámparas, termómetros y diversos elementos que van a tener un ciclo de vida (finito) implican un riesgo. Finalizado ese ciclo, los desechos en vez de ser dispuestos para su tratamiento suelen vertirse al ambiente con la desventaja de que el mercurio que contienen no se degrada, no puede eliminarse, y por ello es imprescindible analizar su correcta disposición. “Con el toolkit –quit de herramientas- buscamos identificar y cuantificar las emisiones de mercurio al ambiente”, sostuvo Eiroa.Fabiana Loguzzo, directora General de Asuntos Ambientales de la Cancillería argentina resaltó el rol del país para articular los distintos intereses que puede haber entre los actores técnicos competentes. “La idea es formar una posición nacional y llevarla a los foros internacionales donde existe otra función que es la de participar en los procesos de negociación de los nuevos estándares”, afirmó.
“Hemos realizado un trabajo muy bueno con el Convenio de Basilea pero sobre todo con el INTI ya que el Instituto representa la variable tecnológica dentro de la agenda que estamos planteando. Todos entendemos que no hay manera de avanzar en la agenda ambiental si no incorporamos el componente tecnológico en nuestras propuestas como país”, sostuvo la representante diplomática.
El ingeniero Monté durante la apertura junto al comité organizador
El licenciado Javier Ureta Sáenz Peña, secretario de Control y Monitoreo Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo sustentable de la Nación, comentó las políticas en materia ambiental que se están llevando a cabo en la Secretaría a su cargo, como la modificación de la ley 24051 de Residuos Peligrosos, el estudio de la aplicación del seguro ambiental y la modificación del decreto 181/92 sobre importación de residuos no peligrosos.
Por otra parte, Federico Gatti Lavisse, director Nacional de Desarrollo Industrial Sustentable, dependiente de la Secretaría de Industria, sostuvo que existe mucho interés en el gobierno de acompañar este proceso y anticipó que “estamos desarrollando programas para trabajar en la base del desarrollo industrial sustentable con miras a fortalecer lineamientos relacionados con la la creación de nuevas industrias que incorporen el reciclado, la economía circular y la transformación productiva en apoyo total a los lineamientos del Ministerio de Ambiente”. También, Gatti Lavisse aprovechó la ocasión para resaltar las políticas de financiamiento que se están comenzando a aplicar para la mejora contínua de los procesos productivos.
En concordancia con las políticas que lleva a cabo el Ministerio de Producción de la Nación, el vicepresidente de INTI, ingeniero Hugo Monté, destacó el papel del Instituto en esta temática, además del interés del sector industrial, y señaló que el objetivo de la Institución es la investigación, el desarrollo de tecnología y la transferencia de innovaciones al mercado.
“Es importante analizar los riesgos que existen en la temática que nos convoca y por ello resalto que nuestro Instituto cuenta con una Gerencia de Calidad y Ambiente y con un Centro INTI-Ambiente al servicio de la sociedad. El INTI es desarrollo y por ello piensa y convierte las ideas en acción”, sintetizó.
A su vez, la doctora Leila Devia directora del Centro Regional Basilea para América del Sur resaltó el objetivo del Proyecto Mercurio en Argentina que apunta a desarrollar herramientas para facilitar la preparación, en etapas tempranas, de un tratado legalmente vinculante para proteger la salud y el ambiente de la exposición a mercurio. Uno de los principales objetivos de este proyecto es comunicar e informar a los actores involucrados sobre los cambios que van a sucederse para que puedan contar con las herramientas necesarias de adaptación y mitigación tecnológica. Como parte de esa estrategia se ha reunido y se facilita la documentación e información vigentes para el uso de toda la ciudadanía, a través del portal: http://www.mercurioenargentina.com.ar/
Además de los especialistas nombrados, el doctor Eduardo Scarlato, de la Asociación Toxicológica Argentina realizó una exposición sobre la historia del mercurio y su vinculación con la toxicología. Asimismo participaron del taller la Consejera Cristina Briel de la Dirección General de Asuntos Ambientales, del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, que junto al ingeniero Juan Simonelli, expusieron sobre las actualizaciones del convenio de Minamata.
La presentación del toolkit estuvo a cargo del licenciado Carlos Martínez de la Subsecretaría de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación, Ministerio de Ambiente y Desarrollo sustentable de la Nación y de la doctora Micaela Bonafina, consultora del proyecto.
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Ley prohibía desmontar en territorio indígena, la vetaron
Vetaron la ley que prohibió la explotación forestal en tierras de reservas indígenas
Fecha de Publicación: 30/04/2016
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
Funcionarios del gobierno del Chaco se reunieron con diputados de la comisión de Pueblos Indígenas donde explicaron los motivos del veto total del gobernador Domingo Peppo a la ley que prohibió por cuatro años la explotación forestal en tierras de reservas indígenas
En la sala 2 “Claudio Ramiro Mendoza” del Anexo Legislativo sesionó la comisión de Pueblos Indígenas del Poder Legislativo, con quórum de las diputadas Claudia González (pta), Mirta Tichy y Ana María Canata oportunidad en que recibieron al Subsecretario de Recursos Naturales Dr. Luciano Olivares, y al Director de Bosques Cdor. Emanuel Carrocino, respectivamente, quienes concurrieron para manifestar su postura acerca de la sanción de la ley 7775 autoría del diputado Orlando Charole que prohíbe en tierras reservadas a los pueblos indígenas la explotación forestal por 4 años y que fuera vetada por el Poder Ejecutivo.
Los funcionarios concurrieron para ampliar las explicaciones que habían elevado oportunamente a través de una nota dirigida a la presidencia de la Comisión donde explicaban los fundamentos del porqué no estaban de acuerdo con la sanción de la norma en cuestión, y daban respuestas a las explicaciones oportunamente solicitadas acerca de su postura por la ley, y en ese entonces - su posible veto – hoy materializado a través del expediente N° 137/16.
Entre la información aportada se detallaba la cantidad de permisos autorizados por predio de propiedad de comunidades aborígenes, fecha de vigencia, hectáreas autorizadas, ubicación del predio y responsable técnico del plan, cupo de stock de bosques nativos autorizados por comunidad, cantidad de productos forestales extraídos por predios, clasificados por año, además de aportar imagen satelital de los predios.
Los funcionarios explicaron, además, el procedimiento para otorgar los permisos, en tanto que agregaron que se realizan controles antes, durante y después de realizada la tala, como también detallaron que al momento de otorgar un permiso se limita el lugar donde se va a realizar la actividad y se dibuja y delimita la zona, todo lo que es sometido al contralor del organismo.
En particular, desde la comisión, al tratar el expediente 137/16 de veto total a la mencionada ley 7775, las legisladoras presentes adelantaron su “aceptación”, no obstante, continuará en tratamiento esta problemática pero de una “manera más inclusiva” manifestaron, “dando participación tanto a las comunidades como al Ejecutivo provincial, tal y como se lo manifestaron a los funcionarios” precisaron.
Finalizado el encuentro con los funcionarios, la presidente de Pueblos Indígenas Claudia González, se refirió a las visitas y expresó que “vinieron a presentar el veto que presentó el señor gobernador, sobre la ley impulsada por el diputado Orlando Charole y se acercaron a explicar el por qué del veto y también poder continuar conversando sobre esta situación” precisó.
Manifestó además que “tuvimos consenso para continuar dialogando sobre los recursos naturales que benefician a las comunidades originarias, y que podamos hacer una mesa de diálogo, y que todos seamos participes en este proceso que está pasando en nuestras comunidades originarias” aseveró y de esta manera “entablar la conversación con el Poder Ejecutivo y la propias comunidades y todas las instituciones que competen” detalló la presidenta de la comisión.
Para finalizar consideró que sobre la cuestión “vamos a seguir conversando para buscar la manera de crear esta mesa de diálogo y acompañar para que esto sea factible a nuestras comunidades originarias” concluyó la diputada Claudia González.
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Fecha de Publicación: 30/04/2016
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
Funcionarios del gobierno del Chaco se reunieron con diputados de la comisión de Pueblos Indígenas donde explicaron los motivos del veto total del gobernador Domingo Peppo a la ley que prohibió por cuatro años la explotación forestal en tierras de reservas indígenas
En la sala 2 “Claudio Ramiro Mendoza” del Anexo Legislativo sesionó la comisión de Pueblos Indígenas del Poder Legislativo, con quórum de las diputadas Claudia González (pta), Mirta Tichy y Ana María Canata oportunidad en que recibieron al Subsecretario de Recursos Naturales Dr. Luciano Olivares, y al Director de Bosques Cdor. Emanuel Carrocino, respectivamente, quienes concurrieron para manifestar su postura acerca de la sanción de la ley 7775 autoría del diputado Orlando Charole que prohíbe en tierras reservadas a los pueblos indígenas la explotación forestal por 4 años y que fuera vetada por el Poder Ejecutivo.
Los funcionarios concurrieron para ampliar las explicaciones que habían elevado oportunamente a través de una nota dirigida a la presidencia de la Comisión donde explicaban los fundamentos del porqué no estaban de acuerdo con la sanción de la norma en cuestión, y daban respuestas a las explicaciones oportunamente solicitadas acerca de su postura por la ley, y en ese entonces - su posible veto – hoy materializado a través del expediente N° 137/16.
Entre la información aportada se detallaba la cantidad de permisos autorizados por predio de propiedad de comunidades aborígenes, fecha de vigencia, hectáreas autorizadas, ubicación del predio y responsable técnico del plan, cupo de stock de bosques nativos autorizados por comunidad, cantidad de productos forestales extraídos por predios, clasificados por año, además de aportar imagen satelital de los predios.
Los funcionarios explicaron, además, el procedimiento para otorgar los permisos, en tanto que agregaron que se realizan controles antes, durante y después de realizada la tala, como también detallaron que al momento de otorgar un permiso se limita el lugar donde se va a realizar la actividad y se dibuja y delimita la zona, todo lo que es sometido al contralor del organismo.
En particular, desde la comisión, al tratar el expediente 137/16 de veto total a la mencionada ley 7775, las legisladoras presentes adelantaron su “aceptación”, no obstante, continuará en tratamiento esta problemática pero de una “manera más inclusiva” manifestaron, “dando participación tanto a las comunidades como al Ejecutivo provincial, tal y como se lo manifestaron a los funcionarios” precisaron.
Finalizado el encuentro con los funcionarios, la presidente de Pueblos Indígenas Claudia González, se refirió a las visitas y expresó que “vinieron a presentar el veto que presentó el señor gobernador, sobre la ley impulsada por el diputado Orlando Charole y se acercaron a explicar el por qué del veto y también poder continuar conversando sobre esta situación” precisó.
Manifestó además que “tuvimos consenso para continuar dialogando sobre los recursos naturales que benefician a las comunidades originarias, y que podamos hacer una mesa de diálogo, y que todos seamos participes en este proceso que está pasando en nuestras comunidades originarias” aseveró y de esta manera “entablar la conversación con el Poder Ejecutivo y la propias comunidades y todas las instituciones que competen” detalló la presidenta de la comisión.
Para finalizar consideró que sobre la cuestión “vamos a seguir conversando para buscar la manera de crear esta mesa de diálogo y acompañar para que esto sea factible a nuestras comunidades originarias” concluyó la diputada Claudia González.
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Piden ver los EsIA de las represas en Santa Cruz
La Corte ordenó al Estado informar si se estudió el impacto ambiental para la construcción de represas
Fecha de Publicación: 30/04/2016
Fuente: Telam
Provincia/Región: Santa Cruz
La decisión fue tomada este martes por el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y los ministros Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco en la habitual reunión de acuerdo que realizan cada martes en el Palacio de Tribunales.
Previo a la disposición vinculada con el impacto ambiental, la Corte requirió al Estado nacional que "en el plazo de treinta (30) días informe al Tribunal si han comenzado las obras correspondientes a los "Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz Presidente Néstor Carlos Kirchner - Gobernador Jorge Cepernic", de acuerdo a dos fallos publicados por el Centro de Información Judicial".
"En su caso, deberá informar el estado de avance en ambos proyectos" y "si se han realizado estudios de impacto ambiental en los términos de los artículos", sostuvieron los ministro de la Corte a través de los fallos.
También ordenó informar "si se han producido las consultas y audiencias públicas con la ciudadanía tal como lo prevé la Ley General del Ambiente (25.675)".
Los estudios solicitados deben determinar cuál podría ser el impacto ambiental que estas represas pueden causar en el Lago Argentino, en los Glaciares Perito Moreno, Spegazzini y Upsala y al Parque Nacional Los Glaciares.
La decisión del máximo tribunal judicial se dio a raíz de dos acciones iniciadas por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia y por la Fundación Banco de Bosques para el Manejo Sustentable de los Recursos Naturales.
Estas asociaciones solicitaron que se ordenara investigar y, en su caso, se impidiera el comienzo de las obras.
A principio de año, desde el gobierno se había deslizado la posibilidad de frenar las obras que se llevan a delante con financiamiento chino.
Sin embargo, el embajador argentino en China, Diego Guelar, aseguró el 1 de enero que no se frenará la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en la provincia de Santa Cruz, pero sí se realizarán modificaciones "razonables" que pueden ser revisadas entre ambos países.
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Fecha de Publicación: 30/04/2016
Fuente: Telam
Provincia/Región: Santa Cruz
La decisión fue tomada este martes por el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y los ministros Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco en la habitual reunión de acuerdo que realizan cada martes en el Palacio de Tribunales.
Previo a la disposición vinculada con el impacto ambiental, la Corte requirió al Estado nacional que "en el plazo de treinta (30) días informe al Tribunal si han comenzado las obras correspondientes a los "Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz Presidente Néstor Carlos Kirchner - Gobernador Jorge Cepernic", de acuerdo a dos fallos publicados por el Centro de Información Judicial".
"En su caso, deberá informar el estado de avance en ambos proyectos" y "si se han realizado estudios de impacto ambiental en los términos de los artículos", sostuvieron los ministro de la Corte a través de los fallos.
También ordenó informar "si se han producido las consultas y audiencias públicas con la ciudadanía tal como lo prevé la Ley General del Ambiente (25.675)".
Los estudios solicitados deben determinar cuál podría ser el impacto ambiental que estas represas pueden causar en el Lago Argentino, en los Glaciares Perito Moreno, Spegazzini y Upsala y al Parque Nacional Los Glaciares.
La decisión del máximo tribunal judicial se dio a raíz de dos acciones iniciadas por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia y por la Fundación Banco de Bosques para el Manejo Sustentable de los Recursos Naturales.
Estas asociaciones solicitaron que se ordenara investigar y, en su caso, se impidiera el comienzo de las obras.
A principio de año, desde el gobierno se había deslizado la posibilidad de frenar las obras que se llevan a delante con financiamiento chino.
Sin embargo, el embajador argentino en China, Diego Guelar, aseguró el 1 de enero que no se frenará la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en la provincia de Santa Cruz, pero sí se realizarán modificaciones "razonables" que pueden ser revisadas entre ambos países.
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Ahora quieren convencer de la "sustentabilidad del Dakar"
'Esta nueva edición será una carrera más sustentable', destacó el ministro Santos
Fecha de Publicación: 29/04/2016
Fuente: Terra
Provincia/Región: Nacional
El ministro de Turismo de la Nación, Gustavo Santos, resaltó hoy que la nueva edición del Rally Dakar, que se disputará del 2 al 14 de enero de 2017 y cuyo recorrido se conoció este martes en París, será "una carrera más sustentable, con énfasis en lo social".
"El Dakar 2017 volverá a ser una vidriera excepcional de promoción para nuestro país", destacó Santos, en referencia a la competencia que recorrerá la Argentina, con seis etapas antes del podio de llegada, en Buenos Aires, visitará nuevamente Bolivia y tendrá una inédita largada en Asunción del Paraguay.
El funcionario subrayó que "esta nueva edición -la número 39 del historial general de la competición- será una carrera más sustentable, con énfasis en lo social, optimizando los recursos y mejorando la promoción de los destinos".
"En línea con el apoyo brindado este año a los eventos de deporte motor como el propio Dakar, el MotoGP, el mundial de MotoCross MXGP, el Rally Argentina, nuestra estrategia sigue siendo fortalecer la alianza entre Turismo y eventos deportivos internacionales que permitan promocionar la Marca Argentina", enfatizó Santos en un comunicado de prensa.
Por noveno año consecutivo, Argentina será uno de los países que formarán parte del recorrido del Rally Dakar en 2017, según se anunció oficialmente este martes en el Aeroclub de Francia, a metros de la Torre Eiffel, en París.
El lanzamiento de la carrera estuvo a cargo del director del Dakar, Etienne Lavigne, directivos de Amaury Sport Organisation (ASO) empresa organizadora de la competencia, y representantes de las embajadas de Paraguay, Bolivia y Argentina en Francia.
En ese contexto, Lavigne destacó la inclusión de la ciudad de Buenos Aires al señalar que "para el Dakar, la capital argentina representa mucho: fue allí que todo comenzó en 2009", en alusión al año en el que la competencia comenzó a disputarse en América del Sur, tras abandonar África por motivos de seguridad.
"Buenos Aires, epicentro de largadas y llegadas en las tres primeras ediciones sudamericanas, será nuevamente el último objetivo por alcanzar en enero de 2017", agregó.
El recorrido completo del Rally Dakar del año próximo será anunciado a mediados de noviembre en la capital francesa, aunque está confirmado que esta novena edición sudamericana tendrá 12 etapas, de las cuales seis serán en territorio argentino.
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Fecha de Publicación: 29/04/2016
Fuente: Terra
Provincia/Región: Nacional
El ministro de Turismo de la Nación, Gustavo Santos, resaltó hoy que la nueva edición del Rally Dakar, que se disputará del 2 al 14 de enero de 2017 y cuyo recorrido se conoció este martes en París, será "una carrera más sustentable, con énfasis en lo social".
"El Dakar 2017 volverá a ser una vidriera excepcional de promoción para nuestro país", destacó Santos, en referencia a la competencia que recorrerá la Argentina, con seis etapas antes del podio de llegada, en Buenos Aires, visitará nuevamente Bolivia y tendrá una inédita largada en Asunción del Paraguay.
El funcionario subrayó que "esta nueva edición -la número 39 del historial general de la competición- será una carrera más sustentable, con énfasis en lo social, optimizando los recursos y mejorando la promoción de los destinos".
"En línea con el apoyo brindado este año a los eventos de deporte motor como el propio Dakar, el MotoGP, el mundial de MotoCross MXGP, el Rally Argentina, nuestra estrategia sigue siendo fortalecer la alianza entre Turismo y eventos deportivos internacionales que permitan promocionar la Marca Argentina", enfatizó Santos en un comunicado de prensa.
Por noveno año consecutivo, Argentina será uno de los países que formarán parte del recorrido del Rally Dakar en 2017, según se anunció oficialmente este martes en el Aeroclub de Francia, a metros de la Torre Eiffel, en París.
El lanzamiento de la carrera estuvo a cargo del director del Dakar, Etienne Lavigne, directivos de Amaury Sport Organisation (ASO) empresa organizadora de la competencia, y representantes de las embajadas de Paraguay, Bolivia y Argentina en Francia.
En ese contexto, Lavigne destacó la inclusión de la ciudad de Buenos Aires al señalar que "para el Dakar, la capital argentina representa mucho: fue allí que todo comenzó en 2009", en alusión al año en el que la competencia comenzó a disputarse en América del Sur, tras abandonar África por motivos de seguridad.
"Buenos Aires, epicentro de largadas y llegadas en las tres primeras ediciones sudamericanas, será nuevamente el último objetivo por alcanzar en enero de 2017", agregó.
El recorrido completo del Rally Dakar del año próximo será anunciado a mediados de noviembre en la capital francesa, aunque está confirmado que esta novena edición sudamericana tendrá 12 etapas, de las cuales seis serán en territorio argentino.
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Basurero nuclear en San Juan?
Sanjuaninos buscan reactivar un proyecto para residuos nucleares
Fecha de Publicación: 29/04/2016
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
Una nota publicada en CUYO MINERO encendió la mecha: Finlandia otorgó la primera licencia en el mundo para construir un almacén permanente de residuos nucleares que podría estar operativo en 2023. La edificación de la planta se ubicará a 450 metros por debajo de la superficie, en una estructura de granito con capacidad para almacenar hasta 6.500 toneladas de encapsulado de uranio.
Un proyecto similar se propuso hace más de treinta años para la Argentina cuyo emplazamiento, dadas las características geológicas y de seguridad, era en la Sierra del Medio, cercano a la localidad de Gastre, en Chubut. Conocido como “Proyecto Gastre” quedó paralizado en su momento por cuestiones políticas, y comienza a desactivarse en la época de Alfonsín y encuentra su baja definitiva en la administración de Menem a mediados de los ´90, y luego por la fuerte oposición de la población, ecologistas y activistas.
Actualmente en el país los residuos radioactivos se contienen en las propias centrales que los generan, enfriándolos mediante piletas de agua y contenedores en seco. A pesar de la gestión de estos residuos mediante el confinamiento y aislamiento, sólo hay que pensar en la ubicación geográfica de las centrales atómicas argentinas para saber el riesgo que conlleva no contar con una disposición definitiva. Las centrales nucleares Atucha I y Atucha II se encuentran sobre la ribera derecha del río Paraná, a 9 km al norte de la ciudad de Lima, y a unos 115 km al noroeste de la ciudad de Buenos Aires. También con inmediaciones pobladas, la Central Nuclear Embalse se sitúa en la costa sur del embalse del Río Tercero a 110 km. al sudoeste de la ciudad de Córdoba.
Este es el eje del planteo de los sanjuaninos Oscar León y Celso Acosta, ingeniero químico e ingeniero de minas respectivamente, a partir de la publicación en este medio. Los profesionales participaron en el estudio y diseño del “Proyecto Gastre” durante la década de los ´80, como parte del equipo técnico y multidisciplinar integrado por cerca de setenta personas pertenecientes a siete universidades del país, organismos internacionales y especialistas como geólogos, petrólogos y geofísicos, entre otros.
Puntualmente integraron el grupo a partir de un convenio entre la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la UNSJ, para sus áreas de geología y minería.
Según los expertos, reactivar el “Proyecto Gastre” permitiría terminar con el ciclo de los combustibles irradiados, es decir, que los residuos radioactivos o subproductos de las centrales tengan una disposición final en profundidad segura, con una barrera geológica que garantice puedan permanecer allí durante cientos de miles de años.
“Actualmente los residuos se mantienen en piletas de agua y depósitos en seco de las centrales, en cierto modo es como si estamos guardando la basura debajo de la alfombra y deberíamos pensar qué le dejamos a las generaciones futuras, por lo que tenemos un problema a resolver y sobre el que hay que tomar una decisión política”, dijo León.
“Si geográficamente y desde San Juan nos ubicamos de este a oeste, tenemos primero a la Central de Embalse Río Tercero, ubicado en una zona de falla geológica para tener en cuenta y casi desactivándose con todos los residuos que generó durante treinta años. Si ya consideramos a Atucha I y II que están cercanas al Río Paraná, están en una zona de riesgo poblacional que hoy llega a los 15 millones de habitantes, si consideramos el Delta y las zonas aledañas al río, más los cordones conurbanos y la Capital Federal. Si cruzamos la costa, tenemos Colonia, puertos, Montevideo; hay una cantidad de habitantes en riesgo impresionantes, por lo que la gente debería preguntarse qué pasa si no se hace una disposición final de residuos radioactivos”, agregó Celso Acosta.
El proyecto que no fue
De acuerdo a los ingenieros, el plan argentino contemplaba la construcción de un repositorio a 600 metros bajo tierra en el intrusivo granítico de Sierra del Medio en Chubut. A diferencia del de Finlandia cuyo diseño es con rampas inclinadas, este se iba a hacer por una única entrada vertical (lo que en minería se denomina “pique”) y desde allí a una galería principal tipo peine en cuyas galerías se iban a enterrar los canister o recipientes cilíndricos especiales contenedores del material radioactivo.
Para determinar el emplazamiento se hizo un relevamiento de 198 intrusivos graníticos a lo largo del país. Según recomendaciones del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) el granito, junto a los domos de sal y los basaltos, es una de las tres formaciones geológicas estables para instalar un repositorio. Tras estudios geológicos de los que participó el reconocido geólogo local Juan Carlos Peruca, se determinó que Sierra del Medio era el sitio adecuado. “Los estudios se iniciaron en diciembre del ´81 y el informe final se entregó en el ´84, se determinó el sitio adecuado y se hicieron recomendaciones. El proyecto está validado sísmicamente, hidrológicamente, morfológicamente, hidroquímicamente, tectónicamente, se hicieron perforaciones profundas, intermedias y bajas. Es decir, están los estudios para que si existe la voluntad política, pueda ser reactivado; sólo habría que reactualizar la ingeniería de detalle”, explicó León. “Yo participé dirigiendo la parte de ingeniería que inicialmente había realizado Guillermo Preisz. La ingeniería de detalle que se terminó entre el ´88 -´89, desde allí ya estábamos en condiciones de iniciar la construcción. Es decir, hoy se habla de Finlandia como el primer país del mundo en otorgar una licencia para construir un repositorio definitivo y la Argentina ya lo había resuelto hace más de treinta años atrás con un repositorio único en su tipo en ese momento en cuanto a su diseño en un granitoide. Finalmente no se construyó por lo que la inquietud ahora es qué hacemos con nuestros desechos radioactivos”, cerró Acosta.
Según León, junto a otros compañeros del equipo técnico de esa época, se han iniciado acercamientos al Ministerio de Energía y Minería del actual gobierno a fin de plantear esta necesidad. “Sabemos que es un tema sensible y como tal también es para reflexionar. Están los estudios hechos y también el marco legal, todo depende de la decisión política que exista porque algún día el país tendrá que hacer un tratamiento a sus residuos radiactivos”, concluyó León.
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Fecha de Publicación: 29/04/2016
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
Una nota publicada en CUYO MINERO encendió la mecha: Finlandia otorgó la primera licencia en el mundo para construir un almacén permanente de residuos nucleares que podría estar operativo en 2023. La edificación de la planta se ubicará a 450 metros por debajo de la superficie, en una estructura de granito con capacidad para almacenar hasta 6.500 toneladas de encapsulado de uranio.
Un proyecto similar se propuso hace más de treinta años para la Argentina cuyo emplazamiento, dadas las características geológicas y de seguridad, era en la Sierra del Medio, cercano a la localidad de Gastre, en Chubut. Conocido como “Proyecto Gastre” quedó paralizado en su momento por cuestiones políticas, y comienza a desactivarse en la época de Alfonsín y encuentra su baja definitiva en la administración de Menem a mediados de los ´90, y luego por la fuerte oposición de la población, ecologistas y activistas.
Actualmente en el país los residuos radioactivos se contienen en las propias centrales que los generan, enfriándolos mediante piletas de agua y contenedores en seco. A pesar de la gestión de estos residuos mediante el confinamiento y aislamiento, sólo hay que pensar en la ubicación geográfica de las centrales atómicas argentinas para saber el riesgo que conlleva no contar con una disposición definitiva. Las centrales nucleares Atucha I y Atucha II se encuentran sobre la ribera derecha del río Paraná, a 9 km al norte de la ciudad de Lima, y a unos 115 km al noroeste de la ciudad de Buenos Aires. También con inmediaciones pobladas, la Central Nuclear Embalse se sitúa en la costa sur del embalse del Río Tercero a 110 km. al sudoeste de la ciudad de Córdoba.
Este es el eje del planteo de los sanjuaninos Oscar León y Celso Acosta, ingeniero químico e ingeniero de minas respectivamente, a partir de la publicación en este medio. Los profesionales participaron en el estudio y diseño del “Proyecto Gastre” durante la década de los ´80, como parte del equipo técnico y multidisciplinar integrado por cerca de setenta personas pertenecientes a siete universidades del país, organismos internacionales y especialistas como geólogos, petrólogos y geofísicos, entre otros.
Puntualmente integraron el grupo a partir de un convenio entre la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la UNSJ, para sus áreas de geología y minería.
Según los expertos, reactivar el “Proyecto Gastre” permitiría terminar con el ciclo de los combustibles irradiados, es decir, que los residuos radioactivos o subproductos de las centrales tengan una disposición final en profundidad segura, con una barrera geológica que garantice puedan permanecer allí durante cientos de miles de años.
“Actualmente los residuos se mantienen en piletas de agua y depósitos en seco de las centrales, en cierto modo es como si estamos guardando la basura debajo de la alfombra y deberíamos pensar qué le dejamos a las generaciones futuras, por lo que tenemos un problema a resolver y sobre el que hay que tomar una decisión política”, dijo León.
“Si geográficamente y desde San Juan nos ubicamos de este a oeste, tenemos primero a la Central de Embalse Río Tercero, ubicado en una zona de falla geológica para tener en cuenta y casi desactivándose con todos los residuos que generó durante treinta años. Si ya consideramos a Atucha I y II que están cercanas al Río Paraná, están en una zona de riesgo poblacional que hoy llega a los 15 millones de habitantes, si consideramos el Delta y las zonas aledañas al río, más los cordones conurbanos y la Capital Federal. Si cruzamos la costa, tenemos Colonia, puertos, Montevideo; hay una cantidad de habitantes en riesgo impresionantes, por lo que la gente debería preguntarse qué pasa si no se hace una disposición final de residuos radioactivos”, agregó Celso Acosta.
El proyecto que no fue
De acuerdo a los ingenieros, el plan argentino contemplaba la construcción de un repositorio a 600 metros bajo tierra en el intrusivo granítico de Sierra del Medio en Chubut. A diferencia del de Finlandia cuyo diseño es con rampas inclinadas, este se iba a hacer por una única entrada vertical (lo que en minería se denomina “pique”) y desde allí a una galería principal tipo peine en cuyas galerías se iban a enterrar los canister o recipientes cilíndricos especiales contenedores del material radioactivo.
Para determinar el emplazamiento se hizo un relevamiento de 198 intrusivos graníticos a lo largo del país. Según recomendaciones del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) el granito, junto a los domos de sal y los basaltos, es una de las tres formaciones geológicas estables para instalar un repositorio. Tras estudios geológicos de los que participó el reconocido geólogo local Juan Carlos Peruca, se determinó que Sierra del Medio era el sitio adecuado. “Los estudios se iniciaron en diciembre del ´81 y el informe final se entregó en el ´84, se determinó el sitio adecuado y se hicieron recomendaciones. El proyecto está validado sísmicamente, hidrológicamente, morfológicamente, hidroquímicamente, tectónicamente, se hicieron perforaciones profundas, intermedias y bajas. Es decir, están los estudios para que si existe la voluntad política, pueda ser reactivado; sólo habría que reactualizar la ingeniería de detalle”, explicó León. “Yo participé dirigiendo la parte de ingeniería que inicialmente había realizado Guillermo Preisz. La ingeniería de detalle que se terminó entre el ´88 -´89, desde allí ya estábamos en condiciones de iniciar la construcción. Es decir, hoy se habla de Finlandia como el primer país del mundo en otorgar una licencia para construir un repositorio definitivo y la Argentina ya lo había resuelto hace más de treinta años atrás con un repositorio único en su tipo en ese momento en cuanto a su diseño en un granitoide. Finalmente no se construyó por lo que la inquietud ahora es qué hacemos con nuestros desechos radioactivos”, cerró Acosta.
Según León, junto a otros compañeros del equipo técnico de esa época, se han iniciado acercamientos al Ministerio de Energía y Minería del actual gobierno a fin de plantear esta necesidad. “Sabemos que es un tema sensible y como tal también es para reflexionar. Están los estudios hechos y también el marco legal, todo depende de la decisión política que exista porque algún día el país tendrá que hacer un tratamiento a sus residuos radiactivos”, concluyó León.
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Ahora parece que Potasio Río Colorado seguirá
La minera Vale reactivará Potasio Río Colorado
Fecha de Publicación: 29/04/2016
Fuente: El Sol
Provincia/Región: Mendoza
Así lo informó el Gobierno provincial sobre los planes de la compañía. El proyecto original se redujo a menos de la mitad
Tras conocerse la noticia del remate de 42.000 toneladas de rieles sin uso y de una máquina automática para la construcción de vías de la minera Vale, este martes desde el Gobierno confirmaron que la empresa brasileña realizará una reingeniería del proyecto Potasio Río Colorado, que quedó truncó en el 2012 durante el gobierno de Francisco Pérez. En no menos de 18 meses los trabajos en la mina podrían estar nuevamente en marcha aunque con algunos cambios al proyecto original.
La compañía se comprometió a completar una inversión que ronda entre los 1.500 millones de dólares que se suman a lo 2.600 millones de dólares que la minera brasileña declara haber invertido en su momento. A principio de enero, el CEO de Vale en Argentina, Edoardo Santana, se reunió con funcionarios del Gobierno provincial para analizar la situación y en ese momento dio a conocer la posibilidad de que la empresa podría abandonar ese proyecto.
Sin embargo ahora la minera confirmó oficialmente su intención de modificar el proyecto de extracción de sales de potasio en Malargüe reduciendo su capacidad significativamente; de 4,3 millones de toneladas de material a 1,3 millones de toneladas. Es por eso que se eliminará la traza del ferrocarril que estaba prevista y el material se transportará en camiones hasta la estación de transferencia en Río Negro.
Según lo que explicó el subsecretario de Energía y Minería, Emilio Guiñazú la minera presentó la documentación y el plan de trabajo de la primera etapa de la reingeniería que es la de la prefactibilidad donde se analizará todo desde el punto de visto técnico. Se espera que este primer análisis dure unos 90 días.
Luego viene la etapa de factibilidad donde se realizarán los estudios de precios y proveedores, que durará al menos un año y finalmente la última donde se reiniciará la construcción de la mina. “Vale está mostrando señales claras, es una buena noticia”, remarcó Guiñazú. Además el funcionario explicó que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) no debería contar con el aval de la Legislatura porque en definitiva no se cambia el proyecto, sino que se reduce: “En principio no va a la Legislatura porque el nuevo proyecto está incluido dentro del que estaba aprobado, es un tercio del proyecto original, incluso utiliza menos agua”, indicó. En esta ocasión la minera brasileña no estará sola sino que buscará inversores para reactivar el emprendimiento.
En cuanto a los tiempos, el Código Minero otorga un plazo de cinco años de inactividad que se cumplirían en marzo del 2017. Según explicó Guiñazú, una vez vencido el plazo la provincia debe realizar las acciones administrativas correspondientes. Sin embargo el funcionario del ministerio que conduce Enrique Vaquié, indicó que “mientras demuestren seriedad y que trabajan, acompañaremos en los plazos”.
En el sector de la construcción hay expectativas por los empleos que generará la reactivación de la mina. Si bien la mano de obra que utilizará en esta reingeniería será inferior a la del proyecto original, desde el gobierno harán hincapié en la contratación de mano de obra y proveedores locales, lo “que impactará positivamente” en la actividad económica de Mendoza.
En torno a esto el presidente de la Cámara de Servicios Mineros, Carlos Ferrer, señaló que están a la espera de la comunicación oficial y explicó que el gobierno tiene la “obligación en la DIA de mantener informada a la comunidad”.
Si bien el empresario se mostró expectante con la noticia se refirió a la falta de precisiones y recordó lo que sucedió en el 2012 cuando la minera tuvo que abandonar los trabajos. “Vale está en un proceso mundial de desinversión, es raro y difícil que vuelva. Espero que no sea un blooper nuevamente”, manifestó. De todas maneras consideró que “hoy todo suma” porque la provincia está “paradísima”. Además señaló que la reactivación podría generar unos 2.500 empleos directos.
Por su parte el secretario gremial de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), José Luis Lemos, también mostró su entusiasmo por la reingeniería que pretende hacer Vale en la mina. “Mientras sea trabajo para los compañeros es buena noticia”, señaló. En ese sentido recordó que actualmente hay 3.500 obreros que están desocupados y manifestó su preocupación por la situación “caótica” que atraviesan en medio del aumento de las tarifas y de la inflación.
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Fecha de Publicación: 29/04/2016
Fuente: El Sol
Provincia/Región: Mendoza
Así lo informó el Gobierno provincial sobre los planes de la compañía. El proyecto original se redujo a menos de la mitad
Tras conocerse la noticia del remate de 42.000 toneladas de rieles sin uso y de una máquina automática para la construcción de vías de la minera Vale, este martes desde el Gobierno confirmaron que la empresa brasileña realizará una reingeniería del proyecto Potasio Río Colorado, que quedó truncó en el 2012 durante el gobierno de Francisco Pérez. En no menos de 18 meses los trabajos en la mina podrían estar nuevamente en marcha aunque con algunos cambios al proyecto original.
La compañía se comprometió a completar una inversión que ronda entre los 1.500 millones de dólares que se suman a lo 2.600 millones de dólares que la minera brasileña declara haber invertido en su momento. A principio de enero, el CEO de Vale en Argentina, Edoardo Santana, se reunió con funcionarios del Gobierno provincial para analizar la situación y en ese momento dio a conocer la posibilidad de que la empresa podría abandonar ese proyecto.
Sin embargo ahora la minera confirmó oficialmente su intención de modificar el proyecto de extracción de sales de potasio en Malargüe reduciendo su capacidad significativamente; de 4,3 millones de toneladas de material a 1,3 millones de toneladas. Es por eso que se eliminará la traza del ferrocarril que estaba prevista y el material se transportará en camiones hasta la estación de transferencia en Río Negro.
Según lo que explicó el subsecretario de Energía y Minería, Emilio Guiñazú la minera presentó la documentación y el plan de trabajo de la primera etapa de la reingeniería que es la de la prefactibilidad donde se analizará todo desde el punto de visto técnico. Se espera que este primer análisis dure unos 90 días.
Luego viene la etapa de factibilidad donde se realizarán los estudios de precios y proveedores, que durará al menos un año y finalmente la última donde se reiniciará la construcción de la mina. “Vale está mostrando señales claras, es una buena noticia”, remarcó Guiñazú. Además el funcionario explicó que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) no debería contar con el aval de la Legislatura porque en definitiva no se cambia el proyecto, sino que se reduce: “En principio no va a la Legislatura porque el nuevo proyecto está incluido dentro del que estaba aprobado, es un tercio del proyecto original, incluso utiliza menos agua”, indicó. En esta ocasión la minera brasileña no estará sola sino que buscará inversores para reactivar el emprendimiento.
En cuanto a los tiempos, el Código Minero otorga un plazo de cinco años de inactividad que se cumplirían en marzo del 2017. Según explicó Guiñazú, una vez vencido el plazo la provincia debe realizar las acciones administrativas correspondientes. Sin embargo el funcionario del ministerio que conduce Enrique Vaquié, indicó que “mientras demuestren seriedad y que trabajan, acompañaremos en los plazos”.
En el sector de la construcción hay expectativas por los empleos que generará la reactivación de la mina. Si bien la mano de obra que utilizará en esta reingeniería será inferior a la del proyecto original, desde el gobierno harán hincapié en la contratación de mano de obra y proveedores locales, lo “que impactará positivamente” en la actividad económica de Mendoza.
En torno a esto el presidente de la Cámara de Servicios Mineros, Carlos Ferrer, señaló que están a la espera de la comunicación oficial y explicó que el gobierno tiene la “obligación en la DIA de mantener informada a la comunidad”.
Si bien el empresario se mostró expectante con la noticia se refirió a la falta de precisiones y recordó lo que sucedió en el 2012 cuando la minera tuvo que abandonar los trabajos. “Vale está en un proceso mundial de desinversión, es raro y difícil que vuelva. Espero que no sea un blooper nuevamente”, manifestó. De todas maneras consideró que “hoy todo suma” porque la provincia está “paradísima”. Además señaló que la reactivación podría generar unos 2.500 empleos directos.
Por su parte el secretario gremial de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), José Luis Lemos, también mostró su entusiasmo por la reingeniería que pretende hacer Vale en la mina. “Mientras sea trabajo para los compañeros es buena noticia”, señaló. En ese sentido recordó que actualmente hay 3.500 obreros que están desocupados y manifestó su preocupación por la situación “caótica” que atraviesan en medio del aumento de las tarifas y de la inflación.
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Activistas detenidos por protestar contra la Barrick
Detuvieron a 35 activistas de Greenpeace por una protesta frente a la Casa Rosada
Fecha de Publicación: 28/04/2016
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
La Policía Federal detuvo este miércoles a 35 activistas de la ONG Greenpeace durante una protesta en la Plaza de Mayo. La medida se adoptó cuando dos de los manifestantes se encontraban a 12 metros de altura, trepados a un mástil para colgar, frente a la Casa de Gobierno, una bandera que decía "Macri protegé los glaciares, cerrá Veladero".
Veladero es una yacimiento en san Juan explotado por la gigante minera Barrick Gold, que vio multiplicados los cuestionamientos a raíz de un derrame de cianuro que es investigado por la Justicia. Días atrás, el juez Sebastián Casanello convocó al hidrólogo estadounidense Robert Moran, quien indicó que la mina se encuentra sobre área periglaciar, lo que haría ilegales las operaciones extractivas en el lugar, si se cumpliese la Ley de Glaciares, sancionada en 2010.
"Vinimos a pedir que el gobierno nacional cumpla efectivamente con la ley, realice el inventario correspondiente para establecer dónde existen áreas glaciares y periglaciares y cierre la mina Veladero. Con sus últimas medidas, el Gobierno ha dejado en claro que privilegia la actividad minera por sobre la preservación de estos ecosistemas, que son fuentes hídricas sumamente importantes para nuestro país", indicó Gonzalo Strano, coordinador de la campaña de Glaciares.
Strano consideró, además, que "las autoridades policiales detuvieron a los activistas mientras realizaban un reclamo en forma pacífica" por lo que a su entender fue una "medida injustificada".
Según un comunicado de la ONG, Diego Seguí, abogado de la Asamblea Ambiental de Jáchal, la localidad afectada por el derrame, dijo que el derrame "no sólo se afectó el río, también la confianza".
"Barrick mantiene en su poder los resultados de laboratorio del área afectada. Lamentablemente, estos ocultamientos ya son repetidos: el proyecto Veladero se inició sin la audiencia pública que dispone la Ley General del Ambiente", agregó.
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Fecha de Publicación: 28/04/2016
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
La Policía Federal detuvo este miércoles a 35 activistas de la ONG Greenpeace durante una protesta en la Plaza de Mayo. La medida se adoptó cuando dos de los manifestantes se encontraban a 12 metros de altura, trepados a un mástil para colgar, frente a la Casa de Gobierno, una bandera que decía "Macri protegé los glaciares, cerrá Veladero".
Veladero es una yacimiento en san Juan explotado por la gigante minera Barrick Gold, que vio multiplicados los cuestionamientos a raíz de un derrame de cianuro que es investigado por la Justicia. Días atrás, el juez Sebastián Casanello convocó al hidrólogo estadounidense Robert Moran, quien indicó que la mina se encuentra sobre área periglaciar, lo que haría ilegales las operaciones extractivas en el lugar, si se cumpliese la Ley de Glaciares, sancionada en 2010.
"Vinimos a pedir que el gobierno nacional cumpla efectivamente con la ley, realice el inventario correspondiente para establecer dónde existen áreas glaciares y periglaciares y cierre la mina Veladero. Con sus últimas medidas, el Gobierno ha dejado en claro que privilegia la actividad minera por sobre la preservación de estos ecosistemas, que son fuentes hídricas sumamente importantes para nuestro país", indicó Gonzalo Strano, coordinador de la campaña de Glaciares.
Strano consideró, además, que "las autoridades policiales detuvieron a los activistas mientras realizaban un reclamo en forma pacífica" por lo que a su entender fue una "medida injustificada".
Según un comunicado de la ONG, Diego Seguí, abogado de la Asamblea Ambiental de Jáchal, la localidad afectada por el derrame, dijo que el derrame "no sólo se afectó el río, también la confianza".
"Barrick mantiene en su poder los resultados de laboratorio del área afectada. Lamentablemente, estos ocultamientos ya son repetidos: el proyecto Veladero se inició sin la audiencia pública que dispone la Ley General del Ambiente", agregó.
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Nacional,
San Juan
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Otra vez cambios en las autoridades del Acumar
Riachuelo: nuevo cambio de autoridades en la Acumar
Fecha de Publicación: 28/04/2016
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
Asumirá como vicepresidente ejecutivo el ingeniero Julio Torti, que ya era parte del directorio como representante de AySA; tendrá el mismo rango que la larretista Gabriela Seijo
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) tendrá un nuevo cambio de autoridades. En rigor, se trata de un enroque: el representante de la Nación, el ingeniero químico Julio Torti asumirá como vicepresidente ejecutivo y tendrá así el mismo rango que la larretista Gabriela Seijo.
El nombramiento oficial de Torti, experto en manejo y gestión de residuos, será el próximo jueves, según indicaron en el Ministerio de Ambiente de la Nación fuentes oficiales. Hoy, en tanto, se publicó en el Boletín Oficial su renuncia al cargo, que todavía no tiene suplente.
La Acumar completaría así su organigrama después de casi cinco meses de idas y venidas en el seno del Pro. En febrero, precisamente por el retraso para formar por los equipos, renunció como director ejecutivo del organismo el arquitecto Amílcar López, quien hoy quedó dentro del ente pero en un rol técnico. Por el momento seguirá vacante el cargo de presidente ejecutivo; el ministro de Ambiente, Sergio Bergman, ocupa la presidencia institucional en carácter de titular del área.
En lugar de Torti en el directorio suena el nombre de Pablo Bereciartúa, subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación, que depende del Ministerio del Interior y que actualmente lidera varios programas referidos a agua y producción, agua y saneamiento, adaptación del territorio al cambio climático y grandes infraestructuras hídricas multipropósito.
El Consejo Directivo está conformado por el abogado y ex Director del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, Iván Kerr; en representación de la provincia de Buenos Aires, el abogado, docente universitario y ex candidato a intente por La Matanza, Miguel Saredi, y, el arquitecto y ex asesor en la gestión del Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, Martín Renom. Por la Ciudad se nombró al ingeniero y ex Director General de Limpieza del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Alberto Términe; y la economista y ex diputada nacional de la Coalición Cívica, María Fernanda Reyes.También forma parte del Consejo Directivo de Acumar el biólogo y periodista Sergio Federovisky, que llegó allí tras el acuerdo político del macrismo con Sergio Massa.
Según pudo saber La Nacion, la Acumar trabaja actualmente en la readecuación del plan de saneamiento que debe presentar ante la justicia en julio, cuando se cumplen ocho años del fallo de la Corte que obligó a los estados nacional, boanerense y porteño a instrumentar un plan de limpieza en una de las cuencas más contaminadas de América del Sur.
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Fecha de Publicación: 28/04/2016
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
Asumirá como vicepresidente ejecutivo el ingeniero Julio Torti, que ya era parte del directorio como representante de AySA; tendrá el mismo rango que la larretista Gabriela Seijo
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) tendrá un nuevo cambio de autoridades. En rigor, se trata de un enroque: el representante de la Nación, el ingeniero químico Julio Torti asumirá como vicepresidente ejecutivo y tendrá así el mismo rango que la larretista Gabriela Seijo.
El nombramiento oficial de Torti, experto en manejo y gestión de residuos, será el próximo jueves, según indicaron en el Ministerio de Ambiente de la Nación fuentes oficiales. Hoy, en tanto, se publicó en el Boletín Oficial su renuncia al cargo, que todavía no tiene suplente.
La Acumar completaría así su organigrama después de casi cinco meses de idas y venidas en el seno del Pro. En febrero, precisamente por el retraso para formar por los equipos, renunció como director ejecutivo del organismo el arquitecto Amílcar López, quien hoy quedó dentro del ente pero en un rol técnico. Por el momento seguirá vacante el cargo de presidente ejecutivo; el ministro de Ambiente, Sergio Bergman, ocupa la presidencia institucional en carácter de titular del área.
En lugar de Torti en el directorio suena el nombre de Pablo Bereciartúa, subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación, que depende del Ministerio del Interior y que actualmente lidera varios programas referidos a agua y producción, agua y saneamiento, adaptación del territorio al cambio climático y grandes infraestructuras hídricas multipropósito.
El Consejo Directivo está conformado por el abogado y ex Director del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, Iván Kerr; en representación de la provincia de Buenos Aires, el abogado, docente universitario y ex candidato a intente por La Matanza, Miguel Saredi, y, el arquitecto y ex asesor en la gestión del Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, Martín Renom. Por la Ciudad se nombró al ingeniero y ex Director General de Limpieza del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Alberto Términe; y la economista y ex diputada nacional de la Coalición Cívica, María Fernanda Reyes.También forma parte del Consejo Directivo de Acumar el biólogo y periodista Sergio Federovisky, que llegó allí tras el acuerdo político del macrismo con Sergio Massa.
Según pudo saber La Nacion, la Acumar trabaja actualmente en la readecuación del plan de saneamiento que debe presentar ante la justicia en julio, cuando se cumplen ocho años del fallo de la Corte que obligó a los estados nacional, boanerense y porteño a instrumentar un plan de limpieza en una de las cuencas más contaminadas de América del Sur.
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Ayuí Grande se convierte en area de conservación
Crean el Corredor de Conservación del Arroyo Ayuí Grande
Fecha de Publicación: 28/04/2016
Fuente: El Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos
El Corredor de Conservación del Arroyo Ayuí Grande abarca los municipios de Concordia, La Criolla, Los Charrúas y Colonia Ayuí.
Es una alianza integrada por los municipios mencionados, el INTA Concordia, la empresa Masisa, la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, la Fundación Hábitat y Desarrollo y más de una docena de productores privados, con la coordinación de la Fundación.
El arroyo Ayuí Grande es un curso de agua de la provincia de Entre Ríos, que nace en las faldas de la cuchilla Grande, en el departamento Concordia, unos pocos kilómetros al noreste de Los Charrúas y fluye hacia el sureste, desarrollando todo su curso en ese departamento hasta desaguar en el río Uruguay, pocos km al sur de la represa de Salto Grande, dentro del ejido de la ciudad de Concordia.
Gracias al apoyo brindado por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, en el marco del programa "Cultivando Agua Buena", el proyecto obtuvo una coordinación local, función que ejercen la Ing. Alejandra Guido y la Lic. Verónica Cassels. Esta gestión permitió establecer vínculos con los propietarios de los predios por donde discurre el arroyo.
El resultado fue la ampliación del compromiso de conservación voluntario, que recientemente logró integrar los predios de Forestal Concordia, de Delia Leonardi, Claudia Cardozo e Higinia Ferrari, y de Esteban Dacunda, Jorge Díaz Vélez, Diego Stipicevich, Javier Stipicevich, José Antonio Stipicevich, Alcides Refchke, Jorge Albornoz, Jorge Medrano, Luis González, Javier Sáenz, Pablo Squarzon y Juan Pablo Castrignano.
La Fundación Hábitat y Desarrollo tiene a su cargo la coordinación general del proyecto.
Los problemas a resolver
Fruto de las interacciones con los vecinos del arroyo se generó una lista de problemáticas que es necesario atender: incorrecta disposición de residuos, caza furtiva, extracción de flora nativa -particularmente orquídeas "patito" y palmeras pindó-, invasión de árboles exóticos en la selva ribereña e intrusión de personas que ingresan por el arroyo hacia propiedades privadas; a todo lo mencionado se suma la escasa presencia de policía rural.
Si bien la solución a las inquietudes planteadas requiere esfuerzos de largo aliento, el conjunto de personas e instituciones que integran este Corredor de Conservación, ya conforma una mesa de trabajo capaz de compartir recursos, contactos y habilidades para afrontar los desafíos de conservación del Arroyo Ayuí grande.
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Fecha de Publicación: 28/04/2016
Fuente: El Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos
El Corredor de Conservación del Arroyo Ayuí Grande abarca los municipios de Concordia, La Criolla, Los Charrúas y Colonia Ayuí.
Es una alianza integrada por los municipios mencionados, el INTA Concordia, la empresa Masisa, la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, la Fundación Hábitat y Desarrollo y más de una docena de productores privados, con la coordinación de la Fundación.
El arroyo Ayuí Grande es un curso de agua de la provincia de Entre Ríos, que nace en las faldas de la cuchilla Grande, en el departamento Concordia, unos pocos kilómetros al noreste de Los Charrúas y fluye hacia el sureste, desarrollando todo su curso en ese departamento hasta desaguar en el río Uruguay, pocos km al sur de la represa de Salto Grande, dentro del ejido de la ciudad de Concordia.
Gracias al apoyo brindado por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, en el marco del programa "Cultivando Agua Buena", el proyecto obtuvo una coordinación local, función que ejercen la Ing. Alejandra Guido y la Lic. Verónica Cassels. Esta gestión permitió establecer vínculos con los propietarios de los predios por donde discurre el arroyo.
El resultado fue la ampliación del compromiso de conservación voluntario, que recientemente logró integrar los predios de Forestal Concordia, de Delia Leonardi, Claudia Cardozo e Higinia Ferrari, y de Esteban Dacunda, Jorge Díaz Vélez, Diego Stipicevich, Javier Stipicevich, José Antonio Stipicevich, Alcides Refchke, Jorge Albornoz, Jorge Medrano, Luis González, Javier Sáenz, Pablo Squarzon y Juan Pablo Castrignano.
La Fundación Hábitat y Desarrollo tiene a su cargo la coordinación general del proyecto.
Los problemas a resolver
Fruto de las interacciones con los vecinos del arroyo se generó una lista de problemáticas que es necesario atender: incorrecta disposición de residuos, caza furtiva, extracción de flora nativa -particularmente orquídeas "patito" y palmeras pindó-, invasión de árboles exóticos en la selva ribereña e intrusión de personas que ingresan por el arroyo hacia propiedades privadas; a todo lo mencionado se suma la escasa presencia de policía rural.
Si bien la solución a las inquietudes planteadas requiere esfuerzos de largo aliento, el conjunto de personas e instituciones que integran este Corredor de Conservación, ya conforma una mesa de trabajo capaz de compartir recursos, contactos y habilidades para afrontar los desafíos de conservación del Arroyo Ayuí grande.
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