Medio país bajo el agua por el cambio climático y...
08:00 | 
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El cambio climático y el factor humano, las causas de las inundaciones
Fecha de Publicación: 05/03/2015
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Medio país bajo el agua.Un especialista en climatología explica los motivos de las lluvias récords que caen en el centro del país.
“Las inundaciones son consecuencia de varios fenómenos. En principio hay dos grandes eventos: las lluvias concentradas ocurridas a mediados de febrero en el cordón serrano de la provincia de Córdoba; y en las últimas horas las precipitaciones extremas en la región llana del sureste de la provincia, a las que se sumó el gran caudal que los ríos venían acumulando. Y el mismo fenómeno se da en Santa Fe”, explica a Clarín, Diego Pons, especialista en cambio climático del INTA Manfredi, Córdoba.
Mucha lluvia en poco tiempo son las características de los eventos de precipitaciones extremas que hace tiempo afectan, sobre todo en verano, a distintas regiones de nuestro país y se atribuyen al cambio climático. Pons prefiere hablar de cambio global: “Incluye los cambios climáticos, las conexiones con la corriente del Niño, por caso, que provoca más lluvias en América del Sur, y también los efectos que provoca el hombre en el uso del suelo, es decir como crecen las ciudades y como se utilizan los recursos naturales”.
“En varias ciudades, como Córdoba y Jesús María -señala Pons- las lluvias registradas son récords históricos. Sólo en febrero cayeron 379 milímetros en Córdoba Capital cuando el registro histórico anual es de 269 milímetros. En un sólo día, por ejemplo, en Jesús María cayeron 100 milímetros”.
“A futuro -advierte Pons- será prioritario analizar si falta un ordenamiento territorial. Estudiar cuáles son las zonas más vulnerables y aplicar políticas de adaptación a partir de mapas de ordenamiento y modelos de riesgo; las construcciones urbanas, la protección de las cuencas y las zonas donde se cultiva, entre otros puntos importantes”.
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Fecha de Publicación: 05/03/2015
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Medio país bajo el agua.Un especialista en climatología explica los motivos de las lluvias récords que caen en el centro del país.
“Las inundaciones son consecuencia de varios fenómenos. En principio hay dos grandes eventos: las lluvias concentradas ocurridas a mediados de febrero en el cordón serrano de la provincia de Córdoba; y en las últimas horas las precipitaciones extremas en la región llana del sureste de la provincia, a las que se sumó el gran caudal que los ríos venían acumulando. Y el mismo fenómeno se da en Santa Fe”, explica a Clarín, Diego Pons, especialista en cambio climático del INTA Manfredi, Córdoba.
Mucha lluvia en poco tiempo son las características de los eventos de precipitaciones extremas que hace tiempo afectan, sobre todo en verano, a distintas regiones de nuestro país y se atribuyen al cambio climático. Pons prefiere hablar de cambio global: “Incluye los cambios climáticos, las conexiones con la corriente del Niño, por caso, que provoca más lluvias en América del Sur, y también los efectos que provoca el hombre en el uso del suelo, es decir como crecen las ciudades y como se utilizan los recursos naturales”.
“En varias ciudades, como Córdoba y Jesús María -señala Pons- las lluvias registradas son récords históricos. Sólo en febrero cayeron 379 milímetros en Córdoba Capital cuando el registro histórico anual es de 269 milímetros. En un sólo día, por ejemplo, en Jesús María cayeron 100 milímetros”.
“A futuro -advierte Pons- será prioritario analizar si falta un ordenamiento territorial. Estudiar cuáles son las zonas más vulnerables y aplicar políticas de adaptación a partir de mapas de ordenamiento y modelos de riesgo; las construcciones urbanas, la protección de las cuencas y las zonas donde se cultiva, entre otros puntos importantes”.
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Macri no quiere reciclaje con cartoneros
Cartoneros iniciaron huelga de hambre frente al Ministerio de Ambiente porteño
Fecha de Publicación: 05/03/2015
Fuente: notas.org.ar
Provincia/Región: CABA
La Federación Argentina de Cartoneros y Recicladores (FACyR) se concentró este martes frente al Ministerio de Ambiente y Espacio Público para exigir al Gobierno de la Ciudad políticas concretas que fortalezcan el sistema de Reciclado con Inclusión Social.
Con la intención de dialogar con el ministro de Medio Ambiente y visibilizar su situación, las distintas cooperativas que conforman la federación se nuclearon en el obelisco porteño y de allí marcharon a las puertas del Ministerio de Ambiente, en Roque Saenz Peña 570.
El reclamo se centra en que el Estado asuma su responsabilidad y acompañe el proyecto de las cooperativas cartoneras. Asimismo, denuncian la intención del Gobierno de la Ciudad de incorporar empresas privadas que reemplacen la tarea que hoy hacen los recuperadores urbanos y proponen establecer negociaciones paritarias entre las partes.
Concretamente, exigen un aumento en el incentivo percibido (hoy es de $2000 mensuales para algunos y $4500 para otros), mejoras en la estructura e infraestructura con la que se realiza el reciclado y la apertura de cupos para que otros recuperadores se sumen al sistema.
Los trabajadores fueron recibidos por el director de reciclado de la ciudad, que no dio respuesta a los reclamos planteados. “La respuesta que nos dieron es una cargada. Ofrecieron 500 pesos más para quienes cobran dos mil, nada para los que cobran 4500 y ofrecieron cien cupos por mes para las 12 cooperativas”, explicó en diálogo con Notas, Nicolás Caropresi del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), una de las cooperativas.
Caropresi recordó que “hace dos años empezamos a discutir un nuevo sistema de trabajo y hace dos años que no renuevan la flota de camiones (algunos tienen más de 20 años), no alcanzan, la infraestructura de los centros de clasificación de residuos es muy chica. Ellos dicen ‘si apostamos a ese sistema’, pero en los hechos hacen todo para que no funcione”.
Ante esto, ocho presidentes de cooperativas y dirigentes de la federación (entre ellos su presidente, Sergio Sánchez) se encadenaron al edificio y están realizando una huelga de hambre que, en principio, es por 24 horas. A su vez llamaron a una conferencia de prensa para las ocho de la mañana de este miércoles.
Reciclaje en la ciudad
El trabajo de las cooperativas se basa en un convenio firmado entre el Gobierno de la Ciudad y la FACyR. El acuerdo divide a la ciudad en 14 zonas donde los recuperadores desarrollan su actividad a partir de la separación que los vecinos hacen entre basura orgánica y residuos secos como cartón, vidrio, metales y plásticos.
La tarea de los recuperadores consiste en trasladar los residuos secos desde la vía pública hasta los establecimientos de la cooperativa. De esta manera, se favorece el medio ambiente ya que se evita que miles de desechos sean enterrados en terrenos del CEAMSE. Además, el Estado ahorra gastos tanto en transporte como el canon que conlleva el enterramiento.
Cooperativas o empresas
La cuestión de fondo es qué modelo implementar para los trabajadores de la economía informal. Los llamados “trapitos”, por caso, se encuentran fuera de toda regulación estatal, más allá de la persecución. La articulación entre recuperadores y Estado podía reglamentar la actividad y permitir el acceso de los primeros a una cobertura social.
Sin embargo, la intención del gobierno porteño parece ser otra. Poniendo el foco en el usufructo de un incipiente negocio.
En diálogo con Radio Sur, Carlos Mansilla, presidente de la Cooperativa Madre Selva, aseguró que: “El reclamo que hacemos es porque parte del gobierno porteño quiere incorporar empresas que hagan el reciclado que nosotros hacemos. Desde hace años venimos hablando con la población para que aprendan a reciclar. Ahora, están queriendo meter empresas para que ellas pueda retirar el material que nosotros retiramos día a día”.
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Fecha de Publicación: 05/03/2015
Fuente: notas.org.ar
Provincia/Región: CABA
La Federación Argentina de Cartoneros y Recicladores (FACyR) se concentró este martes frente al Ministerio de Ambiente y Espacio Público para exigir al Gobierno de la Ciudad políticas concretas que fortalezcan el sistema de Reciclado con Inclusión Social.
Con la intención de dialogar con el ministro de Medio Ambiente y visibilizar su situación, las distintas cooperativas que conforman la federación se nuclearon en el obelisco porteño y de allí marcharon a las puertas del Ministerio de Ambiente, en Roque Saenz Peña 570.
El reclamo se centra en que el Estado asuma su responsabilidad y acompañe el proyecto de las cooperativas cartoneras. Asimismo, denuncian la intención del Gobierno de la Ciudad de incorporar empresas privadas que reemplacen la tarea que hoy hacen los recuperadores urbanos y proponen establecer negociaciones paritarias entre las partes.
Concretamente, exigen un aumento en el incentivo percibido (hoy es de $2000 mensuales para algunos y $4500 para otros), mejoras en la estructura e infraestructura con la que se realiza el reciclado y la apertura de cupos para que otros recuperadores se sumen al sistema.
Los trabajadores fueron recibidos por el director de reciclado de la ciudad, que no dio respuesta a los reclamos planteados. “La respuesta que nos dieron es una cargada. Ofrecieron 500 pesos más para quienes cobran dos mil, nada para los que cobran 4500 y ofrecieron cien cupos por mes para las 12 cooperativas”, explicó en diálogo con Notas, Nicolás Caropresi del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), una de las cooperativas.
Caropresi recordó que “hace dos años empezamos a discutir un nuevo sistema de trabajo y hace dos años que no renuevan la flota de camiones (algunos tienen más de 20 años), no alcanzan, la infraestructura de los centros de clasificación de residuos es muy chica. Ellos dicen ‘si apostamos a ese sistema’, pero en los hechos hacen todo para que no funcione”.
Ante esto, ocho presidentes de cooperativas y dirigentes de la federación (entre ellos su presidente, Sergio Sánchez) se encadenaron al edificio y están realizando una huelga de hambre que, en principio, es por 24 horas. A su vez llamaron a una conferencia de prensa para las ocho de la mañana de este miércoles.
Reciclaje en la ciudad
El trabajo de las cooperativas se basa en un convenio firmado entre el Gobierno de la Ciudad y la FACyR. El acuerdo divide a la ciudad en 14 zonas donde los recuperadores desarrollan su actividad a partir de la separación que los vecinos hacen entre basura orgánica y residuos secos como cartón, vidrio, metales y plásticos.
La tarea de los recuperadores consiste en trasladar los residuos secos desde la vía pública hasta los establecimientos de la cooperativa. De esta manera, se favorece el medio ambiente ya que se evita que miles de desechos sean enterrados en terrenos del CEAMSE. Además, el Estado ahorra gastos tanto en transporte como el canon que conlleva el enterramiento.
Cooperativas o empresas
La cuestión de fondo es qué modelo implementar para los trabajadores de la economía informal. Los llamados “trapitos”, por caso, se encuentran fuera de toda regulación estatal, más allá de la persecución. La articulación entre recuperadores y Estado podía reglamentar la actividad y permitir el acceso de los primeros a una cobertura social.
Sin embargo, la intención del gobierno porteño parece ser otra. Poniendo el foco en el usufructo de un incipiente negocio.
En diálogo con Radio Sur, Carlos Mansilla, presidente de la Cooperativa Madre Selva, aseguró que: “El reclamo que hacemos es porque parte del gobierno porteño quiere incorporar empresas que hagan el reciclado que nosotros hacemos. Desde hace años venimos hablando con la población para que aprendan a reciclar. Ahora, están queriendo meter empresas para que ellas pueda retirar el material que nosotros retiramos día a día”.
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Enfática defensa de postura Mendocina por el Atuel
Atuel: si le dan la razón a La Pampa se afectará la “unidad nacional”, advirtió el diario Los Andes
Fecha de Publicación: 05/03/2015
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
El periódico afirmó que “un auténtico espíritu de unidad nacional nunca podría construirse sobre la base de la derogación del derecho que los mendocinos ya tienen adquiridos para usar las aguas del río Atuel, cuya realidad no admite soluciones salomónicas”.
De esta manera, el diario mendocino abre el paraguas ante un eventual fallo favorable a La Pampa. Además, toma distancia de la solución del conflicto a través de un trasvase del río Grande al Atuel, pero reivindica como un derecho de Mendoza ese trasvase para repotenciar el compleo hidroeléctrico Los Nihuiles.
Por otro lado, dice que el fallo de la Corte Suprema lo único que protege es la “riqueza” generada en territorio mendocino.
El diario señala que “con motivo de nuevos reclamos formulados por la provincia de La Pampa a Mendoza en torno a las reiteradas aspiraciones de acceso a las aguas del río Atuel por parte de la vecina provincia, han vuelto a agitarse especulaciones políticas, argumentos inexactos, la oscura versión de un Atuel de aguas compartidas y proclamas retóricas que invitan a ambas provincias a alcanzar soluciones pretendidamente salomónicas, que no solo quedan al margen de ley sino que resultan fácticamente imposibles”.
“Pero la realidad es que en 1940 el Congreso de la Nación dictó la ley nacional 12.650 que obligaba a la ex Dirección Nacional de Irrigación (luego AyEE) a que celebrase un contrato con Mendoza para la construcción del Complejo El Nihuil, que se forma con las aguas del Atuel, con el objeto de irrigar las tierras empadronadas por el Departamento General de Irrigación de la provincia de Mendoza, que en ese entonces alcanzaban a 132.636 ha, utilizando el dique para riego”, asegura.
“La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en una sentencia de 1987 y su aclaratoria de 1988, resguardó expresamente la validez de los derechos de riego de esa superficie de tierra mendocina y explicó su decisión por el derecho internacional público aplicado por analogía al derecho interprovincial”, afirma.
“Las pretensiones de La Pampa terminarían en la destrucción de la riqueza de un ambiente agrícola y urbano construido por Mendoza con el uso de las aguas del Atuel a lo largo de décadas en cumplimiento de una ley nacional”, agrega.
“Algunas voces se han levantado para formular exhortaciones, que suenan bien y parecen atractivas, con la idea de promover un diálogo entre ambas provincias y dar lugar a eventuales intervenciones dirimentes de la Corte de la Nación, pero el caso es que el único objeto de conversación y acuerdo posible gira alrededor de usos futuros, porque el agua que hoy provee el río Atuel ni siquiera alcanza para regar el oasis construido por Mendoza”, señala la editorial.
“Sólo circunstancias extraordinarias harían que el río, disminuido hoy en Mendoza, pudiera tener aguas en La Pampa, porque lo que debe protegerse, y efectivamente la Corte de la Nación ha protegido con su sentencia de 1987, es el ambiente artificial y la riqueza que generó Mendoza”, afirma.
“Cabe recordar que en 1989 Mendoza realizó un acueducto para llevar agua entubada de la surgente de Punta de Agua (que no es parte del Atuel) hasta La Pampa y que prevé el abastecimiento humano de hasta 6.000 habitantes”, explica. “Esta obra, por la cual Mendoza entrega parte de sus aguas propias a una provincia cuya mitad de su territorio goza de los beneficios climáticos de la pampa húmeda, no se realizó en cumplimiento de la sentencia de 1987, sino por un acto de verdadera cortesía interprovincial”, señala.
“Si las condiciones de la naturaleza han cambiado, lo han hecho produciendo mayor escasez de agua, por lo que resulta a todas luces irracional auspiciar la destrucción de la riqueza mendocina a cambio de una potencial producción en La Pampa”, remarca.
“Tampoco cabe, como también se ha insinuado, relacionar el régimen vigente para el Atuel, establecido por aquella sentencia de la Corte Nacional del año 87, con las posibilidades que ofrecen las aguas del río Colorado, que están reguladas por un modelo matemático aprobado por los tratados interprovinciales de octubre de 1976 y febrero de 1977”, advierte.
Finalmente, señala que “desde el Colorado, Mendoza tiene derecho a trasvasar inmediatamente al Atuel 34 m3 e incrementar su potencial hidroeléctrico en los Nihuiles, sin que La Pampa pueda aducir derechos adquiridos sobre dicho módulo”.
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Fecha de Publicación: 05/03/2015
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
El periódico afirmó que “un auténtico espíritu de unidad nacional nunca podría construirse sobre la base de la derogación del derecho que los mendocinos ya tienen adquiridos para usar las aguas del río Atuel, cuya realidad no admite soluciones salomónicas”.
De esta manera, el diario mendocino abre el paraguas ante un eventual fallo favorable a La Pampa. Además, toma distancia de la solución del conflicto a través de un trasvase del río Grande al Atuel, pero reivindica como un derecho de Mendoza ese trasvase para repotenciar el compleo hidroeléctrico Los Nihuiles.
Por otro lado, dice que el fallo de la Corte Suprema lo único que protege es la “riqueza” generada en territorio mendocino.
El diario señala que “con motivo de nuevos reclamos formulados por la provincia de La Pampa a Mendoza en torno a las reiteradas aspiraciones de acceso a las aguas del río Atuel por parte de la vecina provincia, han vuelto a agitarse especulaciones políticas, argumentos inexactos, la oscura versión de un Atuel de aguas compartidas y proclamas retóricas que invitan a ambas provincias a alcanzar soluciones pretendidamente salomónicas, que no solo quedan al margen de ley sino que resultan fácticamente imposibles”.
“Pero la realidad es que en 1940 el Congreso de la Nación dictó la ley nacional 12.650 que obligaba a la ex Dirección Nacional de Irrigación (luego AyEE) a que celebrase un contrato con Mendoza para la construcción del Complejo El Nihuil, que se forma con las aguas del Atuel, con el objeto de irrigar las tierras empadronadas por el Departamento General de Irrigación de la provincia de Mendoza, que en ese entonces alcanzaban a 132.636 ha, utilizando el dique para riego”, asegura.
“La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en una sentencia de 1987 y su aclaratoria de 1988, resguardó expresamente la validez de los derechos de riego de esa superficie de tierra mendocina y explicó su decisión por el derecho internacional público aplicado por analogía al derecho interprovincial”, afirma.
“Las pretensiones de La Pampa terminarían en la destrucción de la riqueza de un ambiente agrícola y urbano construido por Mendoza con el uso de las aguas del Atuel a lo largo de décadas en cumplimiento de una ley nacional”, agrega.
“Algunas voces se han levantado para formular exhortaciones, que suenan bien y parecen atractivas, con la idea de promover un diálogo entre ambas provincias y dar lugar a eventuales intervenciones dirimentes de la Corte de la Nación, pero el caso es que el único objeto de conversación y acuerdo posible gira alrededor de usos futuros, porque el agua que hoy provee el río Atuel ni siquiera alcanza para regar el oasis construido por Mendoza”, señala la editorial.
“Sólo circunstancias extraordinarias harían que el río, disminuido hoy en Mendoza, pudiera tener aguas en La Pampa, porque lo que debe protegerse, y efectivamente la Corte de la Nación ha protegido con su sentencia de 1987, es el ambiente artificial y la riqueza que generó Mendoza”, afirma.
“Cabe recordar que en 1989 Mendoza realizó un acueducto para llevar agua entubada de la surgente de Punta de Agua (que no es parte del Atuel) hasta La Pampa y que prevé el abastecimiento humano de hasta 6.000 habitantes”, explica. “Esta obra, por la cual Mendoza entrega parte de sus aguas propias a una provincia cuya mitad de su territorio goza de los beneficios climáticos de la pampa húmeda, no se realizó en cumplimiento de la sentencia de 1987, sino por un acto de verdadera cortesía interprovincial”, señala.
“Si las condiciones de la naturaleza han cambiado, lo han hecho produciendo mayor escasez de agua, por lo que resulta a todas luces irracional auspiciar la destrucción de la riqueza mendocina a cambio de una potencial producción en La Pampa”, remarca.
“Tampoco cabe, como también se ha insinuado, relacionar el régimen vigente para el Atuel, establecido por aquella sentencia de la Corte Nacional del año 87, con las posibilidades que ofrecen las aguas del río Colorado, que están reguladas por un modelo matemático aprobado por los tratados interprovinciales de octubre de 1976 y febrero de 1977”, advierte.
Finalmente, señala que “desde el Colorado, Mendoza tiene derecho a trasvasar inmediatamente al Atuel 34 m3 e incrementar su potencial hidroeléctrico en los Nihuiles, sin que La Pampa pueda aducir derechos adquiridos sobre dicho módulo”.
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Córdoba totalmente inundada y desbordada
Inundaciones: hay 2.000 evacuados y dividen la provincia en cinco zonas
Fecha de Publicación: 04/03/2015
Fuente: Día a Día Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
Mientras se siguen sumando los damnificados, buscan con el formato atender las demandas de la población afectada. Idiazábal y Balnearia, las más complicadas.
A la hora de atender la demanda de los afectados por el temporal, el Gobierno provincial dividió el territorio en cinco zonas. Cada una de ellas será atendida por un funcionario, indicó José Manuel de la Sota en conferencia de prensa.
Además, se informó que son 2.000 los evacuados en la provincia por la seguidilla de lluvias.
La división fue realizada de la siguiente manera:
1. Departamento Colón
Jesús María es la más afectada. Hay 150 evacuados y casas desbordadas. Los barrios Santa Elena, Quintas, 100 viviendas y Agua Mansa son los más complicados. La localidad quedó aislada con la caída de un puente Bailey, que unía con Sierras Chicas.
No hay clases. También hay afectaciones en Ascochinga, La Granja, Agua de Oro y Colonia Caroya. Coordina: Rodrigo Rufeil.
2. San Justo y Río Primero
Balnearia no tiene respiro. Los 160 milímetros registrados en pocas horas volvieron a complicar la situación. También Morteros quedó afectado, especialmente en los barrios Sucre, Islas Malvinas, Arsenal y Roca.
En Hubo siete familias evacuadas que fueron trasladas al salón parroquial. En San Francisco, hubo tensión entre los vecinos y los productores agropecuarios, porque el municipio colocó bombas para sacar el agua, lo que anegó producciones de campo.
“La prioridad es salvar vidas, incluso si esto supone inundar campos y producciones”, dijo De la Sota. Coordina: Manuel Calvo.
3. Punilla
La situación es crítica en Villa Carlos Paz porque el dique San Roque ya casi no tiene capacidad de retener el agua. Por los ríos San Antonio y Cosquín circula mucha más agua que la que se puede escurrir. Coordinan el intendente Esteban Avilés y Marcos Sestopal para el resto del departamento.
4. Ctalamochita
Todas las localidades que están próximas al dique Piedras Moras están en alerta. Villa María, Villa Nueva, Bell Ville (aquí hay 70 evacuados) y Ballesteros. Al frente de esta zona quedó Eduardo Acastello.
Sur y sudeste
Sin dudas, Idiazábal es la localidad más complicada. Le sigue también Ordoñez. Hay alerta para todo el departamento. Coordina: Dardo Iturria.
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Fecha de Publicación: 04/03/2015
Fuente: Día a Día Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
Mientras se siguen sumando los damnificados, buscan con el formato atender las demandas de la población afectada. Idiazábal y Balnearia, las más complicadas.
A la hora de atender la demanda de los afectados por el temporal, el Gobierno provincial dividió el territorio en cinco zonas. Cada una de ellas será atendida por un funcionario, indicó José Manuel de la Sota en conferencia de prensa.
Además, se informó que son 2.000 los evacuados en la provincia por la seguidilla de lluvias.
La división fue realizada de la siguiente manera:
1. Departamento Colón
Jesús María es la más afectada. Hay 150 evacuados y casas desbordadas. Los barrios Santa Elena, Quintas, 100 viviendas y Agua Mansa son los más complicados. La localidad quedó aislada con la caída de un puente Bailey, que unía con Sierras Chicas.
No hay clases. También hay afectaciones en Ascochinga, La Granja, Agua de Oro y Colonia Caroya. Coordina: Rodrigo Rufeil.
2. San Justo y Río Primero
Balnearia no tiene respiro. Los 160 milímetros registrados en pocas horas volvieron a complicar la situación. También Morteros quedó afectado, especialmente en los barrios Sucre, Islas Malvinas, Arsenal y Roca.
En Hubo siete familias evacuadas que fueron trasladas al salón parroquial. En San Francisco, hubo tensión entre los vecinos y los productores agropecuarios, porque el municipio colocó bombas para sacar el agua, lo que anegó producciones de campo.
“La prioridad es salvar vidas, incluso si esto supone inundar campos y producciones”, dijo De la Sota. Coordina: Manuel Calvo.
3. Punilla
La situación es crítica en Villa Carlos Paz porque el dique San Roque ya casi no tiene capacidad de retener el agua. Por los ríos San Antonio y Cosquín circula mucha más agua que la que se puede escurrir. Coordinan el intendente Esteban Avilés y Marcos Sestopal para el resto del departamento.
4. Ctalamochita
Todas las localidades que están próximas al dique Piedras Moras están en alerta. Villa María, Villa Nueva, Bell Ville (aquí hay 70 evacuados) y Ballesteros. Al frente de esta zona quedó Eduardo Acastello.
Sur y sudeste
Sin dudas, Idiazábal es la localidad más complicada. Le sigue también Ordoñez. Hay alerta para todo el departamento. Coordina: Dardo Iturria.
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Drones para cuidar los recursos naturales en Chaco
Drones Inteligentes y más vehículos 4x4 para la conservación de recursos naturales de la provincia
Fecha de Publicación: 04/03/2015
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
La Subsecretaría de Recursos adquirirá cuatro camionetas 4x4 y dos Drones Inteligentes, destinados a la Dirección de Bosques, Fauna y Suelo, para ayudar a la conservación de los recursos provinciales. Así lo aseguró el subsecretario Mauro Senger, quien destacó que esta dependencia del Ministerio de la Producción destinó fondos de recaudación propia de las distintas Direcciones correspondientes, para la compra los vehículos aptos para realizar inspecciones, auditorías ambientales y controles sobre el bosque nativo y la fauna autóctona.
Además, “permitirá a inspectores, técnicos y profesionales del Estado contar con la movilidad apropiada para ingresar y recorrer aquellos predios que cuenten con masa boscosa nativa que sean sujeto a la fiscalización de la Dirección de Bosques, además de los tres vehículos entregados recientemente para dicha Dirección”, ponderó Senger.
Así, comentó el funcionario provincial lo que se proyecta para 2015; período donde se realizarán todas las acciones necesarias para fortalecer las instituciones gubernamentales y dotar de herramientas a sus técnicos para proteger en forma efectiva a los recursos naturales. Al mismo tiempo, promocionar actividades sostenibles, como lo son las tareas que financia el fondo nacional de la 26.331.
Obtención de imágenes
Por otro lado, también se adquirirán dos drones inteligentes para poder obtener imágenes en tiempo real de los cambios de cobertura que pueda tener un lote o predio con bosque nativo y de esta manera contar con mayores elementos a la hora de realizar inspecciones, controles y auditorias.
El funcionario, expresó que estos fondos provienen de recaudación propia y genuina de la Dirección de Bosques y Fauna. “Hoy podemos decir que la recaudación de la Dirección de Bosques fue superior a los 60 millones de pesos en 2014, registrando así un aumento sistemático del 20 por ciento más que en 2013. Ante todo tipo de especulaciones y malos comentarios, realizados durante todo el 2014 y 2015”, precisó el subsecretario.
Fondos 2014
También se van a entregar los Fondos 2014 de los Bosques Nativos: “Estos fondos se mal intencionaron con comentarios falsos de una legisladora, donde decía que no se iban a entregar en dicho año”, argumentó Senger. Este fondo fue creado en el 2007 por la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos y se encuentra en ejecución en la provincia del Chaco desde el año 2010.
El fondo, consiste en montos que distribuye anualmente el Gobierno Nacional a las provincias con el objeto de financiar proyectos sostenibles que involucren a la conservación y preservación del bosque nativos, como ser proyectos de conservación, de aprovechamiento, de turismo, de investigación, etc. Este año se van asistir a 136 productores de la provincia del chaco, sean forestales, agrícolas y ganaderos por un monto aproximado de 12.043.562 millones de pesos.
Convenio con Vivienda
Resaltó también el subsecretario que se ésta pronto a firmar un convenio con el Instituto de Vivienda de la provincia para hacer las oficinas de la Dirección de Bosques, Dirección de Agencia y la Dirección de Fauna, dependientes ambas del Ministerio de la Producción, en las localidades de Pampa del Indio, Misión Nueva Pompeya, Castelli, Miraflores, Fuerte Esperanza y San Martín. La participación del Instituto es fundamental ya que se quiere trabajar con cooperativas de trabajos, así de esta manera se genera mano de obra de trabajo local.
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Fecha de Publicación: 04/03/2015
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
La Subsecretaría de Recursos adquirirá cuatro camionetas 4x4 y dos Drones Inteligentes, destinados a la Dirección de Bosques, Fauna y Suelo, para ayudar a la conservación de los recursos provinciales. Así lo aseguró el subsecretario Mauro Senger, quien destacó que esta dependencia del Ministerio de la Producción destinó fondos de recaudación propia de las distintas Direcciones correspondientes, para la compra los vehículos aptos para realizar inspecciones, auditorías ambientales y controles sobre el bosque nativo y la fauna autóctona.
Además, “permitirá a inspectores, técnicos y profesionales del Estado contar con la movilidad apropiada para ingresar y recorrer aquellos predios que cuenten con masa boscosa nativa que sean sujeto a la fiscalización de la Dirección de Bosques, además de los tres vehículos entregados recientemente para dicha Dirección”, ponderó Senger.
Así, comentó el funcionario provincial lo que se proyecta para 2015; período donde se realizarán todas las acciones necesarias para fortalecer las instituciones gubernamentales y dotar de herramientas a sus técnicos para proteger en forma efectiva a los recursos naturales. Al mismo tiempo, promocionar actividades sostenibles, como lo son las tareas que financia el fondo nacional de la 26.331.
Obtención de imágenes
Por otro lado, también se adquirirán dos drones inteligentes para poder obtener imágenes en tiempo real de los cambios de cobertura que pueda tener un lote o predio con bosque nativo y de esta manera contar con mayores elementos a la hora de realizar inspecciones, controles y auditorias.
El funcionario, expresó que estos fondos provienen de recaudación propia y genuina de la Dirección de Bosques y Fauna. “Hoy podemos decir que la recaudación de la Dirección de Bosques fue superior a los 60 millones de pesos en 2014, registrando así un aumento sistemático del 20 por ciento más que en 2013. Ante todo tipo de especulaciones y malos comentarios, realizados durante todo el 2014 y 2015”, precisó el subsecretario.
Fondos 2014
También se van a entregar los Fondos 2014 de los Bosques Nativos: “Estos fondos se mal intencionaron con comentarios falsos de una legisladora, donde decía que no se iban a entregar en dicho año”, argumentó Senger. Este fondo fue creado en el 2007 por la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos y se encuentra en ejecución en la provincia del Chaco desde el año 2010.
El fondo, consiste en montos que distribuye anualmente el Gobierno Nacional a las provincias con el objeto de financiar proyectos sostenibles que involucren a la conservación y preservación del bosque nativos, como ser proyectos de conservación, de aprovechamiento, de turismo, de investigación, etc. Este año se van asistir a 136 productores de la provincia del chaco, sean forestales, agrícolas y ganaderos por un monto aproximado de 12.043.562 millones de pesos.
Convenio con Vivienda
Resaltó también el subsecretario que se ésta pronto a firmar un convenio con el Instituto de Vivienda de la provincia para hacer las oficinas de la Dirección de Bosques, Dirección de Agencia y la Dirección de Fauna, dependientes ambas del Ministerio de la Producción, en las localidades de Pampa del Indio, Misión Nueva Pompeya, Castelli, Miraflores, Fuerte Esperanza y San Martín. La participación del Instituto es fundamental ya que se quiere trabajar con cooperativas de trabajos, así de esta manera se genera mano de obra de trabajo local.
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Sin Ley, piden controles de fumigaciones en Entre Ríos
Reclaman controles más rigurosos por las fumigaciones en Entre Ríos
Fecha de Publicación: 04/03/2015
Fuente: Notife
Provincia/Región: Entre Ríos
Afirman que se dilatan las discusiones por una nueva ley de agroquímicos. Se requiere un debate profundo y urgente. Escuelas rurales y localidades cerca de plantaciones, las más afectadas.Las denuncias por fumigaciones en escuelas rurales de Entre Ríos se volvieron una constante en buena parte de ese territorio. La falta de control a los aplicadores de productos químicos y una cadena de responsabilidades que nunca se cumplen impiden que se pueda resguardar el derecho a la salud de los trabajadores de la educación.
Con una ley que requiere de actualización y de un profundo debate entre legisladores y representantes de organizaciones ambientalistas, productores, y otros actores, la salud de la población se pone en juego ante una permanente amenaza en forma de fluidos dispersados por cielo y tierra. Y lo que sucede en instituciones educativas rurales es sólo una muestra de un problema mucho más profundo, que involucra a localidades cercanas a plantaciones de monocultivos, o como en la localidad de San Salvador, donde la cifra de enfermos de cáncer sube y aún no es posible explicar por qué.
En un reciente relevamiento realizado por la Red Universitaria de Ambiente y de Salud-Médicos de Pueblos Fumigados en esa ciudad del centro este de la provincia entrerriana se pudo comprobar que una de cada dos personas muere por esta enfermedad. Diario Uno de Entre Ríos ya se había ocupado del tema en 2014, dando cuenta del alarmante crecimiento de la patología según un estudio del grupo de vecinos autoconvocados Todos por Todos.
Archivada. Enrique Cresto, jefe del bloque de Senadores del PJ, uno de los impulsores de la nueva ley de agroquímicos que finalmente quedó archivada, desestimó que se vuelva a insistir con esa propuesta a raíz del fuerte rechazo que halló en organizaciones ambientalistas. El dirigente recordó que en 2013 hizo un encuentro en la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, donde concurrieron interesados en temas ambientalistas, productores y representantes gubernamentales. “Se presentó una ley de avanzada, comparado con lo que hay ahora, exigiendo la distancia desde la cual se podía fumigar”.
Cresto recordó que cuando se comenzó a deliberar ambientalistas argumentaron que se quería “beneficiar a los que venden los productos químicos”. En su lectura, el espíritu de la ley contemplaba totalmente lo contrario, porque en definitiva lo que resultaba más afectado era la cadena de comercialización de productos químicos. “Tal como lo ven los afectados por las fumigaciones y el uso indebido de agroquímicos, lo más difícil es controlar las aplicaciones y el mecanismo para realizar el procedimiento. “¿Cómo controlás cuando viene una avioneta, pasa y fumiga? El productor la contrata por hora y el aplicador ve que no están dadas las condiciones del viento, y para no perder el viento fumiga igual”, advirtió.
Otra iniciativa. Una idea que tenía el visto bueno de varios sectores fue impulsada por César Melchiori (PJ-Islas) aún no fue estudiada en comisión. En Entre Ríos rige la ley de plaguicidas 6.599, que data de 1980. En su artículo 13 indica: “Queda prohibida la aplicación aérea de plaguicidas agrícolas dentro del radio de tres kilómetros. A partir del perímetro de la planta urbana de los centros poblados”. Pero luego la distancia se redujo por resoluciones.
Hace unos días, el juez del Tribunal de Apelaciones de Gualeguaychú, Eduardo García Jurado, había evaluado que la norma “no se cumple y que el Estado provincial no ejerce ningún control y por ello es responsable indirecto de las consecuencias de no ejercer ese poder de policía que la ley vigente fija”, y además dijo que una ley nueva si no hay control estricto “no va a servir de nada”.
Prevenir
Organizaciones ambientalistas y dirigentes del gremio educativo resolvieron reunirse para diagramar el funcionamiento de un equipo de voluntarios abocados a la tarea de prevenir fumigaciones. Así lo informó a UNO la integrante de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, Gilda Bilinski. “Estamos trabajando en el tema con la Asamblea, el Foro Ambiental de Gualeguaychú, directivos de las escuelas, la Policía de Abigeato y gremialistas de Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos. La gravedad de la situación nos preocupa mucho”, precisó.
Si bien estimó que existen leyes tendientes a regular el uso de agroquímicos en zonas rurales, expresó que dejan de ser efectivas “porque no hay un órgano de control que las haga cumplir”. Entre los actores que apoyan esta causa, valoró la actuación del vocal del Consejo General de Educación Héctor De la Fuente. “Queremos convocar a todos los docentes previa realización de un mapeo de las zonas fumigadas con los dueños y arrendatarios de los campos”, acotó.
Hizo notar que son cinco los aviones patentados en Entre Ríos con autorización para pulverizar en la provincia. Como la docente Estela Lemes de Gualeguaychú, a quien se le detectó presencia de un insecticida en la sangre, la ambientalista contó que también padece igual problema. “A mí también me dio positivo el análisis promovido en la audiencia pública hecha en el Congreso de la Nación”, explicó.
“Todos los que vivimos en zonas rurales estamos afectados”, acotó, al tiempo que se esperanzó en que se hagan cumplir los protocolos de actuación ante las denuncias cada vez más comunes por aspersiones.
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Fecha de Publicación: 04/03/2015
Fuente: Notife
Provincia/Región: Entre Ríos
Afirman que se dilatan las discusiones por una nueva ley de agroquímicos. Se requiere un debate profundo y urgente. Escuelas rurales y localidades cerca de plantaciones, las más afectadas.Las denuncias por fumigaciones en escuelas rurales de Entre Ríos se volvieron una constante en buena parte de ese territorio. La falta de control a los aplicadores de productos químicos y una cadena de responsabilidades que nunca se cumplen impiden que se pueda resguardar el derecho a la salud de los trabajadores de la educación.
Con una ley que requiere de actualización y de un profundo debate entre legisladores y representantes de organizaciones ambientalistas, productores, y otros actores, la salud de la población se pone en juego ante una permanente amenaza en forma de fluidos dispersados por cielo y tierra. Y lo que sucede en instituciones educativas rurales es sólo una muestra de un problema mucho más profundo, que involucra a localidades cercanas a plantaciones de monocultivos, o como en la localidad de San Salvador, donde la cifra de enfermos de cáncer sube y aún no es posible explicar por qué.
En un reciente relevamiento realizado por la Red Universitaria de Ambiente y de Salud-Médicos de Pueblos Fumigados en esa ciudad del centro este de la provincia entrerriana se pudo comprobar que una de cada dos personas muere por esta enfermedad. Diario Uno de Entre Ríos ya se había ocupado del tema en 2014, dando cuenta del alarmante crecimiento de la patología según un estudio del grupo de vecinos autoconvocados Todos por Todos.
Archivada. Enrique Cresto, jefe del bloque de Senadores del PJ, uno de los impulsores de la nueva ley de agroquímicos que finalmente quedó archivada, desestimó que se vuelva a insistir con esa propuesta a raíz del fuerte rechazo que halló en organizaciones ambientalistas. El dirigente recordó que en 2013 hizo un encuentro en la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, donde concurrieron interesados en temas ambientalistas, productores y representantes gubernamentales. “Se presentó una ley de avanzada, comparado con lo que hay ahora, exigiendo la distancia desde la cual se podía fumigar”.
Cresto recordó que cuando se comenzó a deliberar ambientalistas argumentaron que se quería “beneficiar a los que venden los productos químicos”. En su lectura, el espíritu de la ley contemplaba totalmente lo contrario, porque en definitiva lo que resultaba más afectado era la cadena de comercialización de productos químicos. “Tal como lo ven los afectados por las fumigaciones y el uso indebido de agroquímicos, lo más difícil es controlar las aplicaciones y el mecanismo para realizar el procedimiento. “¿Cómo controlás cuando viene una avioneta, pasa y fumiga? El productor la contrata por hora y el aplicador ve que no están dadas las condiciones del viento, y para no perder el viento fumiga igual”, advirtió.
Otra iniciativa. Una idea que tenía el visto bueno de varios sectores fue impulsada por César Melchiori (PJ-Islas) aún no fue estudiada en comisión. En Entre Ríos rige la ley de plaguicidas 6.599, que data de 1980. En su artículo 13 indica: “Queda prohibida la aplicación aérea de plaguicidas agrícolas dentro del radio de tres kilómetros. A partir del perímetro de la planta urbana de los centros poblados”. Pero luego la distancia se redujo por resoluciones.
Hace unos días, el juez del Tribunal de Apelaciones de Gualeguaychú, Eduardo García Jurado, había evaluado que la norma “no se cumple y que el Estado provincial no ejerce ningún control y por ello es responsable indirecto de las consecuencias de no ejercer ese poder de policía que la ley vigente fija”, y además dijo que una ley nueva si no hay control estricto “no va a servir de nada”.
Prevenir
Organizaciones ambientalistas y dirigentes del gremio educativo resolvieron reunirse para diagramar el funcionamiento de un equipo de voluntarios abocados a la tarea de prevenir fumigaciones. Así lo informó a UNO la integrante de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, Gilda Bilinski. “Estamos trabajando en el tema con la Asamblea, el Foro Ambiental de Gualeguaychú, directivos de las escuelas, la Policía de Abigeato y gremialistas de Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos. La gravedad de la situación nos preocupa mucho”, precisó.
Si bien estimó que existen leyes tendientes a regular el uso de agroquímicos en zonas rurales, expresó que dejan de ser efectivas “porque no hay un órgano de control que las haga cumplir”. Entre los actores que apoyan esta causa, valoró la actuación del vocal del Consejo General de Educación Héctor De la Fuente. “Queremos convocar a todos los docentes previa realización de un mapeo de las zonas fumigadas con los dueños y arrendatarios de los campos”, acotó.
Hizo notar que son cinco los aviones patentados en Entre Ríos con autorización para pulverizar en la provincia. Como la docente Estela Lemes de Gualeguaychú, a quien se le detectó presencia de un insecticida en la sangre, la ambientalista contó que también padece igual problema. “A mí también me dio positivo el análisis promovido en la audiencia pública hecha en el Congreso de la Nación”, explicó.
“Todos los que vivimos en zonas rurales estamos afectados”, acotó, al tiempo que se esperanzó en que se hagan cumplir los protocolos de actuación ante las denuncias cada vez más comunes por aspersiones.
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Afirman que los plaguicidas deben ser reevaluados
Plaguicidas: 'Es necesario medir el impacto social y ambiental que provocan'
Fecha de Publicación: 03/03/2015
Fuente: Argentina Investiga
Provincia/Región: Nacional
Lo afirmó el docente e investigador Guillermo March, especialista en la problemática de los agroquímicos y plaguicidas, al advertir sobre los peligros que acarrea el uso de este tipo de sustancia tóxica. “Al aplicar de manera frecuente un plaguicida se puede producir un efecto gradual/acumulativo en el organismo humano y el ambiente, cuyos resultados pueden ser enfermedades (efectos diferidos, toxicidad crónica) y degradación ambiental a mediano y largo plazo” señaló March.
El ingeniero agrónomo Guillermo March, docente e investigador de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto, señaló a Argentina Investiga que “formamos parte de un sistema toxicológico donde el peligro es proporcional a las exposiciones que tenemos a las pulverizaciones”.
“Tenemos que pensar que las aplicaciones de plaguicidas van a pasar al medio ambiente; todo va al ambiente y no sólo a la plaga por lo tanto, contamina. El input plaguicida debe tener en cuenta los costos sociales y ambientales; esta consideración hace a un sistema sustentable, un sistema sin excesos de aplicaciones para no contaminar” agregó el investigador.
March explicó detalles de lo que se conoce como Coeficiente de Impacto Ambiental de los Plaguicidas (CIAP). Indicó que la clasificación según los riesgos se mide de acuerdo con el criterio de bandas de colores establecido: Rojo, Clase I a -Producto sumamente peligroso (muy tóxico); Rojo, Clase I b -Producto muy peligroso (tóxico); Amarillo, Clase II -Producto moderadamente peligroso (nocivo); Azul, Clase III -Producto poco peligroso; Verde, Clase IV -Producto que no ofrece peligro.
Agregó que, a la hora de medir los riesgos de impacto ambiental y social, existen indicadores que permiten evaluar la peligrosidad de los plaguicidas. En los indicadores de riesgo suele considerarse el criterio del impacto de los plaguicidas sobre los ecosistemas acuáticos, del suelo, del aire, los humanos, de movilidad del agua y de la persistencia.
March sostuvo que algunas veces “fumigamos con materiales orgánicos sin saber que al cuantificar los riesgos pueden ser más contaminantes que los sintéticos. Esto se ve en los laboratorios y el uso a campo, y reiteró que incide la variable del número de veces que el productor pulveriza; de ahí la sustancial importancia del profesional, el ingeniero agrónomo, que asesora a ese productor. Los productos con bandas verdes y azules son amigables con el medio ambiente pero debemos tener cuidado con el número de aplicaciones”, enfatizó.
Coeficiente de impacto ambiental
El ingeniero March destacó que se puede cuantificar el impacto ambiental de los plaguicidas y complementar de esta manera su clasificación toxicológica por medio del coeficiente de impacto ambiental-CIAP. Este coeficiente tiene en cuenta, primordialmente, el impacto de una aplicación (plaguicida-insecticida-fungicida) sobre el trabajador rural, el consumidor y el ambiente.
“Mediante este coeficiente -explicó el investigador- podemos cuantificar los niveles toxicológicos por nuestra intervención sobre el ambiente”. En este sentido, el profesional destacó que se pueden mejorar los valores, la baja del impacto ambiental, trabajando junto con los productores en un proceso de concientización, midiendo cuál tecnología es buena para adoptar pero con un trabajo de concientización del productor. “Los cambios son lentos pero deben ser para siempre”, enfatizó March y agregó que el CIAP “muchas veces permite lograr mejores rendimientos con menos contaminación”.
Cuantificar el riesgo
March insistió en la necesidad de cuantificar el riesgo producido por el uso de plaguicidas midiendo, sobre todo, su impacto social y ambiental con el propósito de evitar excesos y reducir su utilización para tener una producción sustentable y amigable con el ambiente. Según el especialista, los agroquímicos son utilizados masivamente por los productores porque resultan convenientes por su efectividad y su costo accesible, aunque en muchos casos se utilizan en forma exagerada y, por lo tanto, contaminante.
Remarcó que un plaguicida clase IV usado frecuentemente puede significar más riesgo para la salud y el ambiente que uno de clase I usado una sola vez. La mayoría de los plaguicidas agrícolas vendidos en Argentina pertenecen a los grupos III y IV, o sea, los menos peligrosos en cuanto a intoxicaciones agudas.
Los riesgos del uso de plaguicidas comprenden efectos negativos a mediano y largo plazo. "Como estos efectos sobre la salud y el ambiente no son inmediatos -son intangibles en el momento de los tratamientos- no dimensionamos el alcance del riesgo de usar los plaguicidas”.
Destacada trayectoria
El ingeniero agrónomo Guillermo March es docente e investigador de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, en el departamento de Biología Agrícola. También es investigador del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), y lleva una rica y extensa trayectoria profesional, en la que dedicó casi 30 años al estudio del cultivo de maní. Formó parte de distintos proyectos de investigación sobre el manejo de enfermedades en el cultivo de maní que se desarrollaron en varias localidades de la región, y también fue disertante en numerosos congresos y jornadas vinculados a la problemática de los agroquímicos y plaguicidas.
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Fecha de Publicación: 03/03/2015
Fuente: Argentina Investiga
Provincia/Región: Nacional
Lo afirmó el docente e investigador Guillermo March, especialista en la problemática de los agroquímicos y plaguicidas, al advertir sobre los peligros que acarrea el uso de este tipo de sustancia tóxica. “Al aplicar de manera frecuente un plaguicida se puede producir un efecto gradual/acumulativo en el organismo humano y el ambiente, cuyos resultados pueden ser enfermedades (efectos diferidos, toxicidad crónica) y degradación ambiental a mediano y largo plazo” señaló March.
El ingeniero agrónomo Guillermo March, docente e investigador de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto, señaló a Argentina Investiga que “formamos parte de un sistema toxicológico donde el peligro es proporcional a las exposiciones que tenemos a las pulverizaciones”.
“Tenemos que pensar que las aplicaciones de plaguicidas van a pasar al medio ambiente; todo va al ambiente y no sólo a la plaga por lo tanto, contamina. El input plaguicida debe tener en cuenta los costos sociales y ambientales; esta consideración hace a un sistema sustentable, un sistema sin excesos de aplicaciones para no contaminar” agregó el investigador.
March explicó detalles de lo que se conoce como Coeficiente de Impacto Ambiental de los Plaguicidas (CIAP). Indicó que la clasificación según los riesgos se mide de acuerdo con el criterio de bandas de colores establecido: Rojo, Clase I a -Producto sumamente peligroso (muy tóxico); Rojo, Clase I b -Producto muy peligroso (tóxico); Amarillo, Clase II -Producto moderadamente peligroso (nocivo); Azul, Clase III -Producto poco peligroso; Verde, Clase IV -Producto que no ofrece peligro.
Agregó que, a la hora de medir los riesgos de impacto ambiental y social, existen indicadores que permiten evaluar la peligrosidad de los plaguicidas. En los indicadores de riesgo suele considerarse el criterio del impacto de los plaguicidas sobre los ecosistemas acuáticos, del suelo, del aire, los humanos, de movilidad del agua y de la persistencia.
March sostuvo que algunas veces “fumigamos con materiales orgánicos sin saber que al cuantificar los riesgos pueden ser más contaminantes que los sintéticos. Esto se ve en los laboratorios y el uso a campo, y reiteró que incide la variable del número de veces que el productor pulveriza; de ahí la sustancial importancia del profesional, el ingeniero agrónomo, que asesora a ese productor. Los productos con bandas verdes y azules son amigables con el medio ambiente pero debemos tener cuidado con el número de aplicaciones”, enfatizó.
Coeficiente de impacto ambiental
El ingeniero March destacó que se puede cuantificar el impacto ambiental de los plaguicidas y complementar de esta manera su clasificación toxicológica por medio del coeficiente de impacto ambiental-CIAP. Este coeficiente tiene en cuenta, primordialmente, el impacto de una aplicación (plaguicida-insecticida-fungicida) sobre el trabajador rural, el consumidor y el ambiente.
“Mediante este coeficiente -explicó el investigador- podemos cuantificar los niveles toxicológicos por nuestra intervención sobre el ambiente”. En este sentido, el profesional destacó que se pueden mejorar los valores, la baja del impacto ambiental, trabajando junto con los productores en un proceso de concientización, midiendo cuál tecnología es buena para adoptar pero con un trabajo de concientización del productor. “Los cambios son lentos pero deben ser para siempre”, enfatizó March y agregó que el CIAP “muchas veces permite lograr mejores rendimientos con menos contaminación”.
Cuantificar el riesgo
March insistió en la necesidad de cuantificar el riesgo producido por el uso de plaguicidas midiendo, sobre todo, su impacto social y ambiental con el propósito de evitar excesos y reducir su utilización para tener una producción sustentable y amigable con el ambiente. Según el especialista, los agroquímicos son utilizados masivamente por los productores porque resultan convenientes por su efectividad y su costo accesible, aunque en muchos casos se utilizan en forma exagerada y, por lo tanto, contaminante.
Remarcó que un plaguicida clase IV usado frecuentemente puede significar más riesgo para la salud y el ambiente que uno de clase I usado una sola vez. La mayoría de los plaguicidas agrícolas vendidos en Argentina pertenecen a los grupos III y IV, o sea, los menos peligrosos en cuanto a intoxicaciones agudas.
Los riesgos del uso de plaguicidas comprenden efectos negativos a mediano y largo plazo. "Como estos efectos sobre la salud y el ambiente no son inmediatos -son intangibles en el momento de los tratamientos- no dimensionamos el alcance del riesgo de usar los plaguicidas”.
Destacada trayectoria
El ingeniero agrónomo Guillermo March es docente e investigador de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, en el departamento de Biología Agrícola. También es investigador del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), y lleva una rica y extensa trayectoria profesional, en la que dedicó casi 30 años al estudio del cultivo de maní. Formó parte de distintos proyectos de investigación sobre el manejo de enfermedades en el cultivo de maní que se desarrollaron en varias localidades de la región, y también fue disertante en numerosos congresos y jornadas vinculados a la problemática de los agroquímicos y plaguicidas.
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Allanamientos por los incendios de Chubut
Confirmaron que hubo allanamientos por los incendios intencionales en la Cordillera
Fecha de Publicación: 03/03/2015
Fuente: Ambito Sur
Provincia/Región: Chubut
En diálogo con medios nacionales, el Gobernador Martín Buzzi reveló que se secuestraron elementos relacionados con los incendios en el cerro Currumahuida y en Villa Lago Puelo. Apuntó a intereses vinculados con el negocio inmobiliario.
El gobernador confirmó este domingo que “los focos en el cerro Currumahuida y los incendios en Villa Lago Puelo tienen responsables y ya realizamos allanamientos con elementos secuestrados”.
Buzzi realizó estas declaraciones momentos antes de ingresar al recinto del Congreso de la Nación donde la presidenta Cristina Fernández de Kirchner abrió el período de sesiones ordinarias del Poder Legislativo.
El mandatario provincial indicó que “de los cinco incendios que hay en estos momentos podemos confirmar que tres son intencionales” y apuntó que los autores materiales de estos incendios están “atentando contra el patrimonio de la humanidad”.
“Lo que sucede es que hay gente que quema bosques nativos para fomentar el negocio, la intención es ampliar los terrenos privados mediante la quema de árboles, ya que el sector de bosques pertenece al Estado y no puede ser rentado”, explicó.
En relación al incendio que está teniendo lugar en la localidad de Cholila, Buzzi informó que en estos momentos están trabajando cerca de 300 brigadistas además de seis aviones hidrantes y 3 helicópteros.
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Fecha de Publicación: 03/03/2015
Fuente: Ambito Sur
Provincia/Región: Chubut
En diálogo con medios nacionales, el Gobernador Martín Buzzi reveló que se secuestraron elementos relacionados con los incendios en el cerro Currumahuida y en Villa Lago Puelo. Apuntó a intereses vinculados con el negocio inmobiliario.
El gobernador confirmó este domingo que “los focos en el cerro Currumahuida y los incendios en Villa Lago Puelo tienen responsables y ya realizamos allanamientos con elementos secuestrados”.
Buzzi realizó estas declaraciones momentos antes de ingresar al recinto del Congreso de la Nación donde la presidenta Cristina Fernández de Kirchner abrió el período de sesiones ordinarias del Poder Legislativo.
El mandatario provincial indicó que “de los cinco incendios que hay en estos momentos podemos confirmar que tres son intencionales” y apuntó que los autores materiales de estos incendios están “atentando contra el patrimonio de la humanidad”.
“Lo que sucede es que hay gente que quema bosques nativos para fomentar el negocio, la intención es ampliar los terrenos privados mediante la quema de árboles, ya que el sector de bosques pertenece al Estado y no puede ser rentado”, explicó.
En relación al incendio que está teniendo lugar en la localidad de Cholila, Buzzi informó que en estos momentos están trabajando cerca de 300 brigadistas además de seis aviones hidrantes y 3 helicópteros.
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Neuquén busca tener un “barrio ecológico”
Neuquén busca instalar un barrio sustentable
Fecha de Publicación: 03/03/2015
Fuente: AIM
Provincia/Región: Neuquén
Las casas serán de materiales alternativos y los vecinos cultivarán otro “modo de vida” y de generación de energía. El proyecto, denominado “barrios azules” y con “energía autosuficiente”, será presentado en el Concejo Deliberante.
Una agrupación propone que el Municipio reserve un espacio en la segunda meseta para hacer un “barrio ecológico”. Las casas serán de materiales alternativos y los vecinos cultivarán otro “modo de vida” y de generación de energía.
La novedad fue trasmitida por la agrupación Emancipación Sur, cuya referente es Marcela Escobar. A pesar de que impulsa actividades políticas, los referentes promocionan el desarrollo de viviendas alternativas, para ahorrar energía y fomentar otro tipo de cultura.
“Vemos que en la segunda meseta muchos esperan los servicios y tienen certificados de ocupante. Tenemos contactos con cooperativas que fabrican paneles con materiales y tenemos un proyecto para viviendas con energía solar”, explicó Escobar a LM Neuquén.
El proyecto, denominado “barrios azules” y con “energía autosuficiente”, será presentado en estos días en el Concejo Deliberante. Esperan que los ediles emitan una declaración, de manera que el grupo, a través de una cooperativa, pueda conseguir tierras para comenzar con el proyecto.
Costos y beneficios
Entre los beneficios de habitar este tipo de casas (que ya funcionan en otras partes del mundo como en los Países Bajos), está el de no producir ni desprender contaminantes y sustancias tóxicas. Además, aprovechar las fuentes de energía como la solar y las corrientes de aire.
En la ciudad ya existen modelos alternativos de casas cerca de la calle 0, a metros del río Neuquén.
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Fecha de Publicación: 03/03/2015
Fuente: AIM
Provincia/Región: Neuquén
Las casas serán de materiales alternativos y los vecinos cultivarán otro “modo de vida” y de generación de energía. El proyecto, denominado “barrios azules” y con “energía autosuficiente”, será presentado en el Concejo Deliberante.
Una agrupación propone que el Municipio reserve un espacio en la segunda meseta para hacer un “barrio ecológico”. Las casas serán de materiales alternativos y los vecinos cultivarán otro “modo de vida” y de generación de energía.
La novedad fue trasmitida por la agrupación Emancipación Sur, cuya referente es Marcela Escobar. A pesar de que impulsa actividades políticas, los referentes promocionan el desarrollo de viviendas alternativas, para ahorrar energía y fomentar otro tipo de cultura.
“Vemos que en la segunda meseta muchos esperan los servicios y tienen certificados de ocupante. Tenemos contactos con cooperativas que fabrican paneles con materiales y tenemos un proyecto para viviendas con energía solar”, explicó Escobar a LM Neuquén.
El proyecto, denominado “barrios azules” y con “energía autosuficiente”, será presentado en estos días en el Concejo Deliberante. Esperan que los ediles emitan una declaración, de manera que el grupo, a través de una cooperativa, pueda conseguir tierras para comenzar con el proyecto.
Costos y beneficios
Entre los beneficios de habitar este tipo de casas (que ya funcionan en otras partes del mundo como en los Países Bajos), está el de no producir ni desprender contaminantes y sustancias tóxicas. Además, aprovechar las fuentes de energía como la solar y las corrientes de aire.
En la ciudad ya existen modelos alternativos de casas cerca de la calle 0, a metros del río Neuquén.
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Demontes: cuatro provincias concentran el 80%
Chaco y otras tres provincias concentran 80% de los bosques arrasados del país
Fecha de Publicación: 02/03/2015
Fuente: Corrientes Hoy
Provincia/Región: Nacional
Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco concentran el 80 por ciento de las hectáreas arrasadas. En Salta, comunidades wichís reclamaron al gobernador Urtubey un freno al desmonte, pero no obtuvieron respuesta. Críticas de la Universidad de Salta.
En Argentina se produce el 4,3 por ciento del desmonte mundial y se arrasa una hectárea cada dos minutos. Salta es una de las principales provincias en las que el modelo agropecuario avanza sobre el monte nativo. “El bosque es nuestra vida. Sin él no somos nadie”, reclamaron comunidades wichí mediante una carta abierta al gobernador, Juan Manuel Urtubey. La Escuela de Antropología de la Universidad Nacional de Salta (UNSA) alertó sobre la “extinción” de los pueblos originarios y definió la grave situación diciendo que “bien podría calificarse como genocidio”.
El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, según sus siglas en inglés), donde participan más de 300 científicos de todo el mundo, alertó en marzo pasado que el 4,3 por ciento de la deforestación global ocurre en la Argentina. En el ámbito local, la Secretaría de Ambiente de la Nación publicó en noviembre el informe “Monitoreo de la superficie de bosque nativo de Argentina”. Precisa que entre noviembre de 2007 (cuando se sancionó la Ley de Bosques) hasta fines de 2013 se arrasaron 1,9 millón de hectáreas.
Un promedio de una hectáreas cada dos minutos. En cuatro provincias se concentra el 80 por ciento de los desmontes: Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco.
La primera semana de agosto, las comunidades wichí San José de Cuchuy, Laguna de Cuchuy, Chaguaral y El Duraznillo acamparon y frenaron topadoras en el municipio de Ballivián (departamento salteño de San Martín), para defender el único monte que les quedaba.
En septiembre, las mismas comunidades escribieron una carta pública al gobernador, Juan Manuel Urtubey. “El monte nos da comida, es nuestra farmacia a cielo abierto, también es nuestra fuente de trabajo, nos provee el chaguar para nuestras artesanías. Le solicitamos retire los permisos de desmonte que otorgó”, reclamaron y le recordaron la vigencia de la Ley de Bosques (que protege el monte) y la ley 26.160 (que prohíbe los desalojos indígenas y ordena relevar los territorios). No tuvieron respuesta.
La Escuela de Antropología de la Universidad Nacional de Salta reúne a docentes, egresados y estudiantes. Emitió una inusual y dura declaración pública (respaldada por el Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades): “Expresamos nuestra más profunda preocupación por los desmontes autorizados, que constituyen una violación a la Ley de Bosques y a los derechos de los pueblos originarios y familias criollas que habitan esos sectores, poniendo a los mismos en grave riesgo para su supervivencia en un corto plazo”, alerta.
Resalta que para indígenas y campesinos no es sólo bosque, sino que el monte hace a su vida. Los antropólogos de la UNSA precisan las consecuencias en la salud, el hambre, la desnutrición y la contaminación. Y cuestionan a los funcionarios: “Sus acciones no respetan los derechos indígenas reconocidos por la Constitución nacional y demuestra su funcionalidad y lealtad a los intereses de lucro a corto plazo de un puñado de empresarios, cuya codicia no repara en los costos ambientales y humanos”.
La Escuela de Antropología de la Universidad de Salta denuncia la violación de derechos humanos de los pueblos indígenas y destaca que “este accionar (desmontes y desalojos) bien podría calificarse como genocidio, delito de lesa humanidad que no prescribe”.
En Salta se desmontaron, desde 2006, 654.000 hectáreas. El principal motivo es el avance del modelo transgénico. En el 2000, en la provincia existían 210 mil hectáreas con soja. La última campaña aumentó a 600 mil hectáreas. El maíz transgénico pasó de 61 mil hectáreas (en el 2000) a 162 mil (en 2013).
Otro factor es el corrimiento de la frontera ganadera, expulsada (también por la soja) de las tierras que ocupaba, avanza sobre tierras campesinas, indígenas, de monte nativo. En el 2000 había en Salta 420 mil cabezas de ganado bovino. En 2010 (última estadística disponible) llegaba a un millón de cabezas. El gobierno de Salta anunció en 2013 que planea cuadruplicar el stock ganadero para 2030. “Este avance sobre los derechos de los pueblos indígenas implica su extinción”, alerta el documento de la Escuela de Antropología.
Catalina Buliubasich, de la Escuela de Antropología y codirectora de la Maestría de Derechos Humanos de la UNSA, destacó la necesidad de puntualizar en el “aspecto humano” del desmonte, evaluó la situación como “muy preocupante” e insistió en que “está en riesgo la supervivencia” de los pueblos originarios. “Soja, desmontes, desalojos, desnutrición, pérdida de cultura e identidad, enfermedades. Es una transformación compulsiva que pone en grave riesgo la vida indígena. No puede haber silencio ante esta situación que urge revertir”, instó Buliubasich.
En noviembre pasado, más de 100 organizaciones sociales y científicos enviaron un documento a la Secretaría de Ambiente de la Nación y al Consejo Federal de Medio Ambiente para que intervengan frente a los desmontes en Salta. El 18 de diciembre, el gobierno salteño derogó dos decretos (de 2010 y 2011) que permitían esquivar la Ley de Bosques y pasar topadoras en territorios protegidos. Según Greenpeace, con esa metodología se habían arrasado 130.000 hectáreas de monte nativo.
La derogación de los decretos fue bien recibida por las organizaciones sociales, académicos y comunidades campesinas e indígenas. Pero el 29 de diciembre volvieron a desmontar. El wichí Jhonatan Félix, de la comunidad Pastor Senillosa, denunció que diez topadoras arrasaron el monte de la finca Cuchuy, uno de los epicentros de conflicto entre empresarios y pueblos originarios.
Denuncia en la provincia de Chaco
En Chaco se desmontaron 218.034 hectáreas (entre 2007 y 2013). Comunidades indígenas de El Impenetrable presentaron una acción de amparo por los desmontes ilegales. Intervino el Juzgado Civil y Comercial 6 de Chaco, que ordenó monitorear la situación de los bosques nativos.
El tribunal designó a la antropóloga Graciela Elizabeth Bergallo para que realice un informe sobre la situación social en la zona. El documento, de 26 páginas, fue presentado ante el juzgado, y alerta: “La degradación y desaparición del bosque nativo pone en riesgo la sobrevivencia del territorio, de la comunidad wichí y de las personas que la integran”.
La acción judicial fue presentada por tres asociaciones indígenas (llamadas Nueva Pompeya, Comandancia Frías y Nueva Población) contra la provincia. La antropóloga, en su informe para el juzgado, afirma que se deben tomar medidas “urgentes” para proteger la vida del pueblo wichí que vive en El Impenetrable. En la zona se extraen los algarrobos y, al mismo tiempo, se arrasa todo el monte circundante. Siempre son personas ajenas a las comunidades, que presionan para hacerse de los árboles.
El Frente Nacional Campesino (FNC) denunció la violencia sobre familias campesinas e indígenas en los parajes Bolsa del Tigre y La Esmeralda. “El desmonte de miles de árboles es realizado en forma clandestina por personas vinculadas con las mafias de compraventa de madera. Dañan el ambiente y destruyen las tierras de las comunidades originarias y campesinas”, denunció el FNC.
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Fecha de Publicación: 02/03/2015
Fuente: Corrientes Hoy
Provincia/Región: Nacional
Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco concentran el 80 por ciento de las hectáreas arrasadas. En Salta, comunidades wichís reclamaron al gobernador Urtubey un freno al desmonte, pero no obtuvieron respuesta. Críticas de la Universidad de Salta.
En Argentina se produce el 4,3 por ciento del desmonte mundial y se arrasa una hectárea cada dos minutos. Salta es una de las principales provincias en las que el modelo agropecuario avanza sobre el monte nativo. “El bosque es nuestra vida. Sin él no somos nadie”, reclamaron comunidades wichí mediante una carta abierta al gobernador, Juan Manuel Urtubey. La Escuela de Antropología de la Universidad Nacional de Salta (UNSA) alertó sobre la “extinción” de los pueblos originarios y definió la grave situación diciendo que “bien podría calificarse como genocidio”.
El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, según sus siglas en inglés), donde participan más de 300 científicos de todo el mundo, alertó en marzo pasado que el 4,3 por ciento de la deforestación global ocurre en la Argentina. En el ámbito local, la Secretaría de Ambiente de la Nación publicó en noviembre el informe “Monitoreo de la superficie de bosque nativo de Argentina”. Precisa que entre noviembre de 2007 (cuando se sancionó la Ley de Bosques) hasta fines de 2013 se arrasaron 1,9 millón de hectáreas.
Un promedio de una hectáreas cada dos minutos. En cuatro provincias se concentra el 80 por ciento de los desmontes: Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco.
La primera semana de agosto, las comunidades wichí San José de Cuchuy, Laguna de Cuchuy, Chaguaral y El Duraznillo acamparon y frenaron topadoras en el municipio de Ballivián (departamento salteño de San Martín), para defender el único monte que les quedaba.
En septiembre, las mismas comunidades escribieron una carta pública al gobernador, Juan Manuel Urtubey. “El monte nos da comida, es nuestra farmacia a cielo abierto, también es nuestra fuente de trabajo, nos provee el chaguar para nuestras artesanías. Le solicitamos retire los permisos de desmonte que otorgó”, reclamaron y le recordaron la vigencia de la Ley de Bosques (que protege el monte) y la ley 26.160 (que prohíbe los desalojos indígenas y ordena relevar los territorios). No tuvieron respuesta.
La Escuela de Antropología de la Universidad Nacional de Salta reúne a docentes, egresados y estudiantes. Emitió una inusual y dura declaración pública (respaldada por el Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades): “Expresamos nuestra más profunda preocupación por los desmontes autorizados, que constituyen una violación a la Ley de Bosques y a los derechos de los pueblos originarios y familias criollas que habitan esos sectores, poniendo a los mismos en grave riesgo para su supervivencia en un corto plazo”, alerta.
Resalta que para indígenas y campesinos no es sólo bosque, sino que el monte hace a su vida. Los antropólogos de la UNSA precisan las consecuencias en la salud, el hambre, la desnutrición y la contaminación. Y cuestionan a los funcionarios: “Sus acciones no respetan los derechos indígenas reconocidos por la Constitución nacional y demuestra su funcionalidad y lealtad a los intereses de lucro a corto plazo de un puñado de empresarios, cuya codicia no repara en los costos ambientales y humanos”.
La Escuela de Antropología de la Universidad de Salta denuncia la violación de derechos humanos de los pueblos indígenas y destaca que “este accionar (desmontes y desalojos) bien podría calificarse como genocidio, delito de lesa humanidad que no prescribe”.
En Salta se desmontaron, desde 2006, 654.000 hectáreas. El principal motivo es el avance del modelo transgénico. En el 2000, en la provincia existían 210 mil hectáreas con soja. La última campaña aumentó a 600 mil hectáreas. El maíz transgénico pasó de 61 mil hectáreas (en el 2000) a 162 mil (en 2013).
Otro factor es el corrimiento de la frontera ganadera, expulsada (también por la soja) de las tierras que ocupaba, avanza sobre tierras campesinas, indígenas, de monte nativo. En el 2000 había en Salta 420 mil cabezas de ganado bovino. En 2010 (última estadística disponible) llegaba a un millón de cabezas. El gobierno de Salta anunció en 2013 que planea cuadruplicar el stock ganadero para 2030. “Este avance sobre los derechos de los pueblos indígenas implica su extinción”, alerta el documento de la Escuela de Antropología.
Catalina Buliubasich, de la Escuela de Antropología y codirectora de la Maestría de Derechos Humanos de la UNSA, destacó la necesidad de puntualizar en el “aspecto humano” del desmonte, evaluó la situación como “muy preocupante” e insistió en que “está en riesgo la supervivencia” de los pueblos originarios. “Soja, desmontes, desalojos, desnutrición, pérdida de cultura e identidad, enfermedades. Es una transformación compulsiva que pone en grave riesgo la vida indígena. No puede haber silencio ante esta situación que urge revertir”, instó Buliubasich.
En noviembre pasado, más de 100 organizaciones sociales y científicos enviaron un documento a la Secretaría de Ambiente de la Nación y al Consejo Federal de Medio Ambiente para que intervengan frente a los desmontes en Salta. El 18 de diciembre, el gobierno salteño derogó dos decretos (de 2010 y 2011) que permitían esquivar la Ley de Bosques y pasar topadoras en territorios protegidos. Según Greenpeace, con esa metodología se habían arrasado 130.000 hectáreas de monte nativo.
La derogación de los decretos fue bien recibida por las organizaciones sociales, académicos y comunidades campesinas e indígenas. Pero el 29 de diciembre volvieron a desmontar. El wichí Jhonatan Félix, de la comunidad Pastor Senillosa, denunció que diez topadoras arrasaron el monte de la finca Cuchuy, uno de los epicentros de conflicto entre empresarios y pueblos originarios.
Denuncia en la provincia de Chaco
En Chaco se desmontaron 218.034 hectáreas (entre 2007 y 2013). Comunidades indígenas de El Impenetrable presentaron una acción de amparo por los desmontes ilegales. Intervino el Juzgado Civil y Comercial 6 de Chaco, que ordenó monitorear la situación de los bosques nativos.
El tribunal designó a la antropóloga Graciela Elizabeth Bergallo para que realice un informe sobre la situación social en la zona. El documento, de 26 páginas, fue presentado ante el juzgado, y alerta: “La degradación y desaparición del bosque nativo pone en riesgo la sobrevivencia del territorio, de la comunidad wichí y de las personas que la integran”.
La acción judicial fue presentada por tres asociaciones indígenas (llamadas Nueva Pompeya, Comandancia Frías y Nueva Población) contra la provincia. La antropóloga, en su informe para el juzgado, afirma que se deben tomar medidas “urgentes” para proteger la vida del pueblo wichí que vive en El Impenetrable. En la zona se extraen los algarrobos y, al mismo tiempo, se arrasa todo el monte circundante. Siempre son personas ajenas a las comunidades, que presionan para hacerse de los árboles.
El Frente Nacional Campesino (FNC) denunció la violencia sobre familias campesinas e indígenas en los parajes Bolsa del Tigre y La Esmeralda. “El desmonte de miles de árboles es realizado en forma clandestina por personas vinculadas con las mafias de compraventa de madera. Dañan el ambiente y destruyen las tierras de las comunidades originarias y campesinas”, denunció el FNC.
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El 26 de abril habrá movilización contra UPM-Botnia
Ya tiene fecha la gran marcha contra UPM-Botnia
Fecha de Publicación: 02/03/2015
Fuente: AIM
Provincia/Región: Entre Ríos
La Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú le puso fecha a su abrazo al río Uruguay que se realiza todos los años al puente internacional “General San Martín” para mantener vigente la lucha contra la presencia de la contaminante UPM Botnia. Este año, será el 26 de abril.
Si bien todavía no se ha elegido el lema de la movilización, la fecha fue confirmada con antelación para que la sociedad se vaya organizando con sus compromisos, especialmente el sector vinculado con los deportes.
Este año será la undécima marcha. El año pasado, la movilización fue convocada bajo el lema “Sin fronteras por la vida”. No fue casualidad: sin fronteras porque la contaminación no distingue nacionalidades, la contaminación no sabe de fronteras solo contamina, corroe, destruye las simientes de esta tierra que nos da abrigo, que nos da vida; el lugar en que vivimos, tal como se anticipó esa vez en la proclama leída en el puente internacional.
Esta movilización tiene un antecedente histórico: el 30 de abril de 2005 cuando los ciudadanos de ambas orillas se comprometieron a defender el río Uruguay “que pertenece a todos”. Desde esta movilización siempre se ha expresado la firme convicción de los pueblos que se oponen a la presencia contaminante de Botnia-UPM.
Se trata de la expresión más cabal de la existencia de un conflicto que ya lleva once largos años y que lejos de haberse solucionado, se intensifica cada vez más, justamente porque la pastera UPM sigue contaminando el aire, el río, la tierra.
Demasiadas promesas y declaraciones de los gobernantes de ambos países que quedaron en la nada o en todo caso quedaron sujetos al poder económico de una empresa que no responde a ningún Estado.
El año pasado, la proclama sostuvo que “en Argentina como en Uruguay, se ha hecho un gran esfuerzo en materia de Derechos Humanos. Sin embargo, así como por un lado se han llevado a la Justicia a los genocidas, por otro se da amparo a quienes son ecocidas, como el caso de los directivos de Botnia-UPM”.
“En este sentido, los gobiernos están escribiendo sus nombres en la historia como los mayores promotores del ecocidio que se está produciendo en la región; y no solo por proteger a Botnia UPM, sino por permitir la minería a cielo abierto, el desmonte nativo, el uso indiscriminado de los agrotóxicos, el volcado de efluentes cloacales e industriales a nuestro río”, sostuvieron los asambleístas.
Este año, en la undécima marcha ese contenido sigue vigente y este 26 de abril se volverá a protestar por una de las contaminaciones más impune que se realizan en la región.
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Fecha de Publicación: 02/03/2015
Fuente: AIM
Provincia/Región: Entre Ríos
La Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú le puso fecha a su abrazo al río Uruguay que se realiza todos los años al puente internacional “General San Martín” para mantener vigente la lucha contra la presencia de la contaminante UPM Botnia. Este año, será el 26 de abril.
Si bien todavía no se ha elegido el lema de la movilización, la fecha fue confirmada con antelación para que la sociedad se vaya organizando con sus compromisos, especialmente el sector vinculado con los deportes.
Este año será la undécima marcha. El año pasado, la movilización fue convocada bajo el lema “Sin fronteras por la vida”. No fue casualidad: sin fronteras porque la contaminación no distingue nacionalidades, la contaminación no sabe de fronteras solo contamina, corroe, destruye las simientes de esta tierra que nos da abrigo, que nos da vida; el lugar en que vivimos, tal como se anticipó esa vez en la proclama leída en el puente internacional.
Esta movilización tiene un antecedente histórico: el 30 de abril de 2005 cuando los ciudadanos de ambas orillas se comprometieron a defender el río Uruguay “que pertenece a todos”. Desde esta movilización siempre se ha expresado la firme convicción de los pueblos que se oponen a la presencia contaminante de Botnia-UPM.
Se trata de la expresión más cabal de la existencia de un conflicto que ya lleva once largos años y que lejos de haberse solucionado, se intensifica cada vez más, justamente porque la pastera UPM sigue contaminando el aire, el río, la tierra.
Demasiadas promesas y declaraciones de los gobernantes de ambos países que quedaron en la nada o en todo caso quedaron sujetos al poder económico de una empresa que no responde a ningún Estado.
El año pasado, la proclama sostuvo que “en Argentina como en Uruguay, se ha hecho un gran esfuerzo en materia de Derechos Humanos. Sin embargo, así como por un lado se han llevado a la Justicia a los genocidas, por otro se da amparo a quienes son ecocidas, como el caso de los directivos de Botnia-UPM”.
“En este sentido, los gobiernos están escribiendo sus nombres en la historia como los mayores promotores del ecocidio que se está produciendo en la región; y no solo por proteger a Botnia UPM, sino por permitir la minería a cielo abierto, el desmonte nativo, el uso indiscriminado de los agrotóxicos, el volcado de efluentes cloacales e industriales a nuestro río”, sostuvieron los asambleístas.
Este año, en la undécima marcha ese contenido sigue vigente y este 26 de abril se volverá a protestar por una de las contaminaciones más impune que se realizan en la región.
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Los incendiosen Chubut serían intencionales
Incendio en Chubut: "Tiene características de ser intencional"
Fecha de Publicación: 02/03/2015
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Chubut
Las llamas llegaron hasta la zona de bosques "cordón Currumahuida" y ya son cuatro los incendios que afectan 20 mil hectáreas: uno en Río Pico, otro en el paraje El Turbio y el más importante en Cholila. El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, sobrevoló la zona, garantizó más recursos y la movilización de rescatistas, y desplazó por "inoperante" al coordinador del Servicio Nacional del Manejo del Fuego, Jorge Barrionuevo.
"El incendio tiene todas las características de ser intencional", dijo Fernández tras sobrevolar la zona afectada junto con el gobernador del Chubut, Martín Buzzi. Describió que "se trató de un recorrido lo mejor que se pudo" y valoró el trabajo de los efectivos que luchan contra el incendio y los líderes de grupo que "conocen el terreno como la palma de su mano, cosa que asombra porque hablan con precisión de montaña y cañadones certificando que conocen a la perfección el terreno y que no estamos en manos de chambones".
El funcionario confirmó además que "se dispondrán todos los recursos necesarios y las inversiones necesarias para que no quede ningún hueco sin cubrir y confirmó el desplazamiento de Barrionuevo, a quien calificó como "un ilustre trabajador de escritorio. Por eso lo eché".
A su vez, anunció que será reemplazado interinamente por Fernando Epele, quien quedará como segundo de esa cartera y se verá con el tiempo su situación institucional.
Respecto a la intencionalidad del incendio, Buzzi calificó como "muy sospechoso, por ejemplo, lo que pasó en el cordón Currumahuida, donde se quemó al lado del incendio anterior y ahí no hay duda que se está ante un negocio inmobiliario". "Deben acordarse que el propietario del suelo es dueño de la tierra pero no del 'vuelo' del árbol, que es patrimonio provincial y, como saben que están protegidos, la única forma que tienen de edificar allí es hacerlo desaparecer: el resto es para sacar conclusiones", añadió.
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Brigadistas y vecinos combaten un incendio forestal en El Bolsón
Fecha de Publicación: 02/03/2015
Fuente: Telam
Provincia/Región: Chubut
Un nuevo incendio forestal iniciado en la Patagonia afectaba esta tarde unas 40 hectáreas en cercanías de la localidad rionegrina, donde brigadistas, bomberos y vecinos procuraban contener las llamas.
El siniestro comenzó en el sector de la reserva del Cerrito Amigo, a unos 2 kilómetros del centro de El Bolsón, donde hasta esta tarde trabajaban brigadistas, bomberos voluntarios de El Hoyo y Lago Puelo, dos aviones hidrantes, Defensa Civil de Río Negro, personal del INTA y vecinos con equipos propios.
“Cuando recibimos la alarma nos dispusimos a convocar a algunas personas y trasladarnos al lugar y nos pusimos a trabajar”, dijo a Télam el intendente de la localidad, Ricardo García, quien destacó que “la sequía reinante y los vientos no ayudan para nada”.
García detalló que “la cabeza del incendio estaba en las inmediaciones de la Subida de Gatica y de Villa Turismo”, pidió "tranquilidad" a los pobladores y agradeció "la colaboración de la gente" ante la emergencia.
Incendios forestales sin control arrasaron ya más de 20.000 hectáreas de la Comarca Andina chubutense, en torno a la localidad de Cholila, mientras otro en Bariloche se acercó esta tarde al Centro Cívico, quemó al menos dos casas y obligó a evacuar varias manzanas.
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Fecha de Publicación: 02/03/2015
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Chubut
Las llamas llegaron hasta la zona de bosques "cordón Currumahuida" y ya son cuatro los incendios que afectan 20 mil hectáreas: uno en Río Pico, otro en el paraje El Turbio y el más importante en Cholila. El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, sobrevoló la zona, garantizó más recursos y la movilización de rescatistas, y desplazó por "inoperante" al coordinador del Servicio Nacional del Manejo del Fuego, Jorge Barrionuevo.
"El incendio tiene todas las características de ser intencional", dijo Fernández tras sobrevolar la zona afectada junto con el gobernador del Chubut, Martín Buzzi. Describió que "se trató de un recorrido lo mejor que se pudo" y valoró el trabajo de los efectivos que luchan contra el incendio y los líderes de grupo que "conocen el terreno como la palma de su mano, cosa que asombra porque hablan con precisión de montaña y cañadones certificando que conocen a la perfección el terreno y que no estamos en manos de chambones".
El funcionario confirmó además que "se dispondrán todos los recursos necesarios y las inversiones necesarias para que no quede ningún hueco sin cubrir y confirmó el desplazamiento de Barrionuevo, a quien calificó como "un ilustre trabajador de escritorio. Por eso lo eché".
A su vez, anunció que será reemplazado interinamente por Fernando Epele, quien quedará como segundo de esa cartera y se verá con el tiempo su situación institucional.
Respecto a la intencionalidad del incendio, Buzzi calificó como "muy sospechoso, por ejemplo, lo que pasó en el cordón Currumahuida, donde se quemó al lado del incendio anterior y ahí no hay duda que se está ante un negocio inmobiliario". "Deben acordarse que el propietario del suelo es dueño de la tierra pero no del 'vuelo' del árbol, que es patrimonio provincial y, como saben que están protegidos, la única forma que tienen de edificar allí es hacerlo desaparecer: el resto es para sacar conclusiones", añadió.
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Brigadistas y vecinos combaten un incendio forestal en El Bolsón
Fecha de Publicación: 02/03/2015
Fuente: Telam
Provincia/Región: Chubut
Un nuevo incendio forestal iniciado en la Patagonia afectaba esta tarde unas 40 hectáreas en cercanías de la localidad rionegrina, donde brigadistas, bomberos y vecinos procuraban contener las llamas.
El siniestro comenzó en el sector de la reserva del Cerrito Amigo, a unos 2 kilómetros del centro de El Bolsón, donde hasta esta tarde trabajaban brigadistas, bomberos voluntarios de El Hoyo y Lago Puelo, dos aviones hidrantes, Defensa Civil de Río Negro, personal del INTA y vecinos con equipos propios.
“Cuando recibimos la alarma nos dispusimos a convocar a algunas personas y trasladarnos al lugar y nos pusimos a trabajar”, dijo a Télam el intendente de la localidad, Ricardo García, quien destacó que “la sequía reinante y los vientos no ayudan para nada”.
García detalló que “la cabeza del incendio estaba en las inmediaciones de la Subida de Gatica y de Villa Turismo”, pidió "tranquilidad" a los pobladores y agradeció "la colaboración de la gente" ante la emergencia.
Incendios forestales sin control arrasaron ya más de 20.000 hectáreas de la Comarca Andina chubutense, en torno a la localidad de Cholila, mientras otro en Bariloche se acercó esta tarde al Centro Cívico, quemó al menos dos casas y obligó a evacuar varias manzanas.
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Advierten sobre el dragado del Riachuelo
Riachuelo: temen que el dragado contamine el Río de la Plata
Fecha de Publicación: 01/03/2015
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
La Facultad de Agronomía de la UBA advirtió sobre los riesgos de no dar un tratamiento adecuado a los barros que se sacan del lecho del río; las autoridades dicen que se cumple con las normas
a Facultad de Agronomía de la UBA (Fauba) advirtió ayer sobre el riesgo ambiental que supone el dragado de sedimentos del Riachuelo, que contienen altas concentraciones de metales pesados como cromo, cadmio y arsénico, y representan una amenaza para la salud.
Así lo indicaron ayer representantes de la Fauba en relación con los dragados en la zona de Cuatro Bocas, en la desembocadura del Riachuelo, que son volcados al Río de la Plata sin ningún tratamiento posterior.
La advertencia se basa en un estudio realizado por la cátedra de Química Analítica de la Fauba, que indica que los sedimentos están contaminados con metales pesados, como cromo, arsénico, zinc, plomo y cadmio, que son una amenaza a la salud de la población.
Estos resultados fueron descalificados por las autoridades encargadas del dragado, que indicaron que todos los trabajos que se realizaron en la zona de Cuatro Bocas cuentan con los estudios ambientales correspondientes y, de ningún modo, revisten un peligro para la salud ni para el ambiente.
Según el informe de laboratorio, estos barros deberían contar con un tratamiento especial luego de haber sido removidos y no ser tirados en el Río de la Plata, de donde se extrae el agua que luego consumen 17 millones de habitantes
"Estamos a favor de todas las actividades que se hagan para mejorar la competitividad del puerto, pero no se puede hacer de cualquier manera. Hay distintos métodos disponibles, aunque son más caros", indicó Hugo Cetrángolo, profesor titular de la facultad y coordinador del trabajo de análisis.
En la Argentina, no hay normas específicas para la operatoria del dragado, la calidad de los sedimentos y su posterior disposición. Sin embargo, el estudio de laboratorio realizado por Alicia Fabrizio de Iorio y Alicia Rendina comparó los resultados con los parámetros que se utilizan en otros países para decidir sobre el destino de los refulados.
Ese análisis indicó que las concentraciones de contaminantes de los sedimentos del Riachuelo corresponden a la clase 4, asignación que se aplica al nivel del metal más restrictivo. Por lo tanto, utilizando como referencia la normativa holandesa, el material dragado "no se puede relocalizar en aguas abiertas sin medidas de contención o tratamiento previo", dijo Cetrángolo.
"Cuando los elementos se trasladan a aguas abiertas, pasan de un medio anaeróbico [sin oxígeno], como es el Riachuelo, a uno aeróbico, como el Río de la Plata, y se vuelven peligrosos", agregó.
Miguel Ángel Lico, administrador del Puerto Dock Sud y miembro directivo del Consejo Directivo de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) por la provincia de Buenos Aires defendió el dragado. "Hace un mes se terminó la obra de dragado en profundidad del Puerto de Dock Sud y el estudio de la UBA no fue tenido en cuenta por el juez, ni por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible [OPDS], ni por Acumar", dijo.
El funcionario explicó a LA NACION que el dragado, que quitó 3 millones de metros cúbicos de sedimentos, se realizó con el control de las autoridades ambientales. "En la provincia de Buenos Aires, como en otros puertos de la Argentina se utiliza como parámetro la ley española y nunca ninguna muestra dio resultados que indicaran que fuera necesario confinar los sedimentos."
Lico detalló que las descargas se realizan entre los 25 y los 35 km de distancia en el Río de la Plata, en el área que establece la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Nación.
Raúl Estrada Oyuela, representante legal de la Asociación Vecinos de La Boca, opinó: "Tenemos reservas con el tema del dragado. Es necesario por los sedimentos que llegan del Riachuelo y lo que viene del río Paraná. Pero está contaminado con lo que llega del Riachuelo. Hay soluciones para este problema, pero no se están abordando. Y debería hacerse porque una situación similar va a ocurrir si se vuelve a habilitar el Riachuelo para navegar, tal como es el interés de las areneras".
La polémica vuelve a poner en duda el método de remoción de barros, a un costo millonario, que se analizó como una posibilidad de saneamiento del río tras el fallo de la Corte Suprema que obliga a su saneamiento.
Andrés Nápoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), indicó: "El de los barros es un debate que reclama un plano académico, uno técnico y uno público. Cualquier decisión que se tome sobre la cuestión deberá hacerse tras ese debate, que hasta ahora no ocurrió. Esa discusión es la que venimos reclamando desde hace años".
Debaten sobre los sedimentos. La semana próxima se reunirá el Cuerpo Colegiado en la Defensoría del Pueblo de la Nación para hacer un balance a seis años del dictado de la sentencia de la Corte Suprema que ordena sanear el Riachuelo. Entre los temas por debatir por las ONG que conforman el cuerpo se encuentra el debate sobre la remoción o no de los sedimentos del Riachuelo, que podrían ser contaminantes. El Cuerpo Colegiado vio debilitado su accionar desde que el cargo de defensor está vacante, hace ya dos años.
Los números del conflicto
9,75 metros de profundidad. Es lo que necesita el Puerto de Dock Sud para que los barcos de gran porte puedan ingresar.
3 millones de m3. Es la cantidad de material que se removió del lecho de Cuatro Bocas en la última temporada de dragado.
25 a 35. kilómetros
Posiciones enfrentadas
- De distancia de la costa del Río de la Plata es el área en donde se depositan los sedimentos que son removidos en el dragado. El lugar es establecido por la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables.Un estudio de la Facultad de Agronomía de la UBA detectó altos niveles de metales pesados, principalmente cromo, arsénico, zinc y cobre, en el sector de Cuatro Bocas. La concentración de metales es muy superior a la permitida por las normas internacionales para ser reubicada libremente.
- Según esos análisis, las concentraciones de cobre y plomo en todas las muestras de agua superan los niveles guía para la protección de la vida acuática.
- En cuanto al cromo y el cobre, los valores medidos superan los niveles guía teniendo en cuenta la protección para peces, fitoplancton y zooplancton.
- Según las autoridades, ninguna de las muestras tomadas arrojó estos resultados. Dicen que en todos los casos el nivel de contaminación hallado no violó la norma.
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Fecha de Publicación: 01/03/2015
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
La Facultad de Agronomía de la UBA advirtió sobre los riesgos de no dar un tratamiento adecuado a los barros que se sacan del lecho del río; las autoridades dicen que se cumple con las normas
a Facultad de Agronomía de la UBA (Fauba) advirtió ayer sobre el riesgo ambiental que supone el dragado de sedimentos del Riachuelo, que contienen altas concentraciones de metales pesados como cromo, cadmio y arsénico, y representan una amenaza para la salud.
Así lo indicaron ayer representantes de la Fauba en relación con los dragados en la zona de Cuatro Bocas, en la desembocadura del Riachuelo, que son volcados al Río de la Plata sin ningún tratamiento posterior.
La advertencia se basa en un estudio realizado por la cátedra de Química Analítica de la Fauba, que indica que los sedimentos están contaminados con metales pesados, como cromo, arsénico, zinc, plomo y cadmio, que son una amenaza a la salud de la población.
Estos resultados fueron descalificados por las autoridades encargadas del dragado, que indicaron que todos los trabajos que se realizaron en la zona de Cuatro Bocas cuentan con los estudios ambientales correspondientes y, de ningún modo, revisten un peligro para la salud ni para el ambiente.
Según el informe de laboratorio, estos barros deberían contar con un tratamiento especial luego de haber sido removidos y no ser tirados en el Río de la Plata, de donde se extrae el agua que luego consumen 17 millones de habitantes
"Estamos a favor de todas las actividades que se hagan para mejorar la competitividad del puerto, pero no se puede hacer de cualquier manera. Hay distintos métodos disponibles, aunque son más caros", indicó Hugo Cetrángolo, profesor titular de la facultad y coordinador del trabajo de análisis.
En la Argentina, no hay normas específicas para la operatoria del dragado, la calidad de los sedimentos y su posterior disposición. Sin embargo, el estudio de laboratorio realizado por Alicia Fabrizio de Iorio y Alicia Rendina comparó los resultados con los parámetros que se utilizan en otros países para decidir sobre el destino de los refulados.
Ese análisis indicó que las concentraciones de contaminantes de los sedimentos del Riachuelo corresponden a la clase 4, asignación que se aplica al nivel del metal más restrictivo. Por lo tanto, utilizando como referencia la normativa holandesa, el material dragado "no se puede relocalizar en aguas abiertas sin medidas de contención o tratamiento previo", dijo Cetrángolo.
"Cuando los elementos se trasladan a aguas abiertas, pasan de un medio anaeróbico [sin oxígeno], como es el Riachuelo, a uno aeróbico, como el Río de la Plata, y se vuelven peligrosos", agregó.
Miguel Ángel Lico, administrador del Puerto Dock Sud y miembro directivo del Consejo Directivo de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) por la provincia de Buenos Aires defendió el dragado. "Hace un mes se terminó la obra de dragado en profundidad del Puerto de Dock Sud y el estudio de la UBA no fue tenido en cuenta por el juez, ni por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible [OPDS], ni por Acumar", dijo.
El funcionario explicó a LA NACION que el dragado, que quitó 3 millones de metros cúbicos de sedimentos, se realizó con el control de las autoridades ambientales. "En la provincia de Buenos Aires, como en otros puertos de la Argentina se utiliza como parámetro la ley española y nunca ninguna muestra dio resultados que indicaran que fuera necesario confinar los sedimentos."
Lico detalló que las descargas se realizan entre los 25 y los 35 km de distancia en el Río de la Plata, en el área que establece la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Nación.
Raúl Estrada Oyuela, representante legal de la Asociación Vecinos de La Boca, opinó: "Tenemos reservas con el tema del dragado. Es necesario por los sedimentos que llegan del Riachuelo y lo que viene del río Paraná. Pero está contaminado con lo que llega del Riachuelo. Hay soluciones para este problema, pero no se están abordando. Y debería hacerse porque una situación similar va a ocurrir si se vuelve a habilitar el Riachuelo para navegar, tal como es el interés de las areneras".
La polémica vuelve a poner en duda el método de remoción de barros, a un costo millonario, que se analizó como una posibilidad de saneamiento del río tras el fallo de la Corte Suprema que obliga a su saneamiento.
Andrés Nápoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), indicó: "El de los barros es un debate que reclama un plano académico, uno técnico y uno público. Cualquier decisión que se tome sobre la cuestión deberá hacerse tras ese debate, que hasta ahora no ocurrió. Esa discusión es la que venimos reclamando desde hace años".
Debaten sobre los sedimentos. La semana próxima se reunirá el Cuerpo Colegiado en la Defensoría del Pueblo de la Nación para hacer un balance a seis años del dictado de la sentencia de la Corte Suprema que ordena sanear el Riachuelo. Entre los temas por debatir por las ONG que conforman el cuerpo se encuentra el debate sobre la remoción o no de los sedimentos del Riachuelo, que podrían ser contaminantes. El Cuerpo Colegiado vio debilitado su accionar desde que el cargo de defensor está vacante, hace ya dos años.
Los números del conflicto
9,75 metros de profundidad. Es lo que necesita el Puerto de Dock Sud para que los barcos de gran porte puedan ingresar.
3 millones de m3. Es la cantidad de material que se removió del lecho de Cuatro Bocas en la última temporada de dragado.
25 a 35. kilómetros
Posiciones enfrentadas
- De distancia de la costa del Río de la Plata es el área en donde se depositan los sedimentos que son removidos en el dragado. El lugar es establecido por la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables.Un estudio de la Facultad de Agronomía de la UBA detectó altos niveles de metales pesados, principalmente cromo, arsénico, zinc y cobre, en el sector de Cuatro Bocas. La concentración de metales es muy superior a la permitida por las normas internacionales para ser reubicada libremente.
- Según esos análisis, las concentraciones de cobre y plomo en todas las muestras de agua superan los niveles guía para la protección de la vida acuática.
- En cuanto al cromo y el cobre, los valores medidos superan los niveles guía teniendo en cuenta la protección para peces, fitoplancton y zooplancton.
- Según las autoridades, ninguna de las muestras tomadas arrojó estos resultados. Dicen que en todos los casos el nivel de contaminación hallado no violó la norma.
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Reunión del Comité de Gestión de la Laguna de Rocha
Se realizó una nueva reunión del Comité de Gestión de la Laguna de Rocha
Fecha de Publicación: 01/03/2015
Fuente: Acumar
Provincia/Región: Buenos Aires
Durante el encuentro, se desarrolló un informe de avance del Comité de Gestión y se detallaron los avances en el Plan de Manejo del humedal.
La Comisión de Participación Social y la Coordinación de Calidad Ambiental de ACUMAR participaron de una nueva reunión del Comité de Gestión de la Reserva Natural, Integral y Mixta Laguna de Rocha, en las instalaciones del Museo Histórico La Campana, en el Municipio de Esteban Echeverría.
Durante el encuentro, se desarrolló un informe de avance del Comité de Gestión y se detallaron los avances en el Plan de Manejo del humedal. Además, se realizó una propuesta de incremento de tasas y protección de parcelas aledañas a la reserva y se presentó una introducción a los sitios RAMSAR, a cargo de Sara Sverlij, de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS).
Junto a los representantes de la ACUMAR y la SAyDS, estuvieron presentes en el encuentro, el intendente Fernando Gray y autoridades del Municipio de Esteban Echeverría, miembros del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), representantes de organizaciones sociales y vecinos de la zona.
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Fecha de Publicación: 01/03/2015
Fuente: Acumar
Provincia/Región: Buenos Aires
Durante el encuentro, se desarrolló un informe de avance del Comité de Gestión y se detallaron los avances en el Plan de Manejo del humedal.
La Comisión de Participación Social y la Coordinación de Calidad Ambiental de ACUMAR participaron de una nueva reunión del Comité de Gestión de la Reserva Natural, Integral y Mixta Laguna de Rocha, en las instalaciones del Museo Histórico La Campana, en el Municipio de Esteban Echeverría.
Durante el encuentro, se desarrolló un informe de avance del Comité de Gestión y se detallaron los avances en el Plan de Manejo del humedal. Además, se realizó una propuesta de incremento de tasas y protección de parcelas aledañas a la reserva y se presentó una introducción a los sitios RAMSAR, a cargo de Sara Sverlij, de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS).
Junto a los representantes de la ACUMAR y la SAyDS, estuvieron presentes en el encuentro, el intendente Fernando Gray y autoridades del Municipio de Esteban Echeverría, miembros del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), representantes de organizaciones sociales y vecinos de la zona.
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Buscan uranio en Jáchal en un área protegida
Polémica en Jáchal: según Ambiente, había derechos adquiridos previo a la ley para explorar uranio
Fecha de Publicación: 01/03/2015
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
“Se trata de un estudio que no va a impactar en nada”, dijo el Jefe de Asesores de la Secretaría de Ambiente a la hora de aclarar porque la empresa comenzó a trabajar en el área protegida de La Ciénaga. Los vecinos se oponen a la explotación de Uranio en la zona y el intendente se mostró molesto por no ser informado.
La polémica está instalada en Jáchal por la exploración de uranio en la zona de La Ciénaga, que es área protegida por ley. Mientras los vecinos se oponen y el intendente Jorge Barifusa se queja porque desde Minería no fue informado; desde Ambiente aseguran que “hay derechos mineros adquiridos hace más de 30 años”.
José Luis Espinosa, Jefe de asesores de la Secretaría de Ambiente, expresó en Radio Sarmiento “hay derechos mineros adquiridos y tienen derecho a explorar. Uno no puede cercenar esto”.
Además, afirmó que se autorizaron los primeros estudios en la zona protegida porque “no va a dañarse nada”. “qué la gente se quede tranquila, sólo se aprobó este nivel de estudio”, agregó.
Según dijo el funcionario, tras los estudios la empresa realizará cuatro perforaciones con un “impacto mínimo”
Zona protegida por Ley
La Ciénaga está a unos 200 metros del busto de Buenaventura Luna en el Mirador de la Cuesta de Huaco y en al año 2005 fue declarada zona protegida por la ley 7.640. La misma establece que se debe “preservar el valor geológico y arqueológico, el equilibrio ecológico y patrimonio autóctono del lugar” y prohíbe actividades que pongan “en peligro la integridad o valor de las especies botánicas y zoológicas del lugar, así como su patrimonio geológico y arqueológico” y que alteren “la tranquilidad que debe imperar en el ambiente”. Por eso, algunos vecinos se vieron alertados cuando se enteraron de los trabajos de la compañía y llamaron a una asamblea popular a las 19 de mañana en la plaza departamental para analizar qué hacer.
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Fecha de Publicación: 01/03/2015
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
“Se trata de un estudio que no va a impactar en nada”, dijo el Jefe de Asesores de la Secretaría de Ambiente a la hora de aclarar porque la empresa comenzó a trabajar en el área protegida de La Ciénaga. Los vecinos se oponen a la explotación de Uranio en la zona y el intendente se mostró molesto por no ser informado.
La polémica está instalada en Jáchal por la exploración de uranio en la zona de La Ciénaga, que es área protegida por ley. Mientras los vecinos se oponen y el intendente Jorge Barifusa se queja porque desde Minería no fue informado; desde Ambiente aseguran que “hay derechos mineros adquiridos hace más de 30 años”.
José Luis Espinosa, Jefe de asesores de la Secretaría de Ambiente, expresó en Radio Sarmiento “hay derechos mineros adquiridos y tienen derecho a explorar. Uno no puede cercenar esto”.
Además, afirmó que se autorizaron los primeros estudios en la zona protegida porque “no va a dañarse nada”. “qué la gente se quede tranquila, sólo se aprobó este nivel de estudio”, agregó.
Según dijo el funcionario, tras los estudios la empresa realizará cuatro perforaciones con un “impacto mínimo”
Zona protegida por Ley
La Ciénaga está a unos 200 metros del busto de Buenaventura Luna en el Mirador de la Cuesta de Huaco y en al año 2005 fue declarada zona protegida por la ley 7.640. La misma establece que se debe “preservar el valor geológico y arqueológico, el equilibrio ecológico y patrimonio autóctono del lugar” y prohíbe actividades que pongan “en peligro la integridad o valor de las especies botánicas y zoológicas del lugar, así como su patrimonio geológico y arqueológico” y que alteren “la tranquilidad que debe imperar en el ambiente”. Por eso, algunos vecinos se vieron alertados cuando se enteraron de los trabajos de la compañía y llamaron a una asamblea popular a las 19 de mañana en la plaza departamental para analizar qué hacer.
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