Agroquímicos vinculados al cáncer en Córdoba
10:07 | 
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La inseguridad en el campo
Fecha de Publicación: 23/06/2014
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Córdoba
Un informe del Ministerio de Salud cordobés sobre muertes por tumores cancerígenos determinó que la mayor tasa de fallecimientos se produce en las zonas donde se utilizan transgénicos y agroquímicos. La tasa duplica el promedio nacional.
El Ministerio de Salud de Córdoba difundió un extenso informe sobre el cáncer en la provincia. Sistematizó cinco años de información y, entre otros parámetros, determinó geográficamente los casos. La particularidad que causó mayor alarma es una: la mayor tasa de fallecimientos se produce en la llamada “pampa gringa”, zona donde más transgénicos y agroquímicos se utilizan. Y donde la tasa de fallecimientos duplica a la media nacional. “Se confirmó una vez más lo que denunciamos desde hace años y sobre todo lo que denuncian los médicos de pueblos fumigados y los afectados de las zonas de la agricultura industrial. Los casos de cáncer se multiplican como nunca en la zonas con uso masivo de agrotóxicos”, afirmó el médico e integrante de la Red Universitaria de Ambiente y Salud (Reduas), Medardo Avila Vázquez. Exigen medidas inmediatas para proteger a la población.
La investigación oficial en formato libro se titula Informe sobre cáncer en Córdoba 2004-2009, elaborado por el Registro Provincial de Tumores y por la Dirección General de Estadística y Censos. Fue presentado en la Legislatura por el ministro de Salud, Francisco Fortuna, y el director del Instituto Oncológico Provincial, Martín Alonso.
El parámetro internacional es calcular fallecimientos por cada 100 mil habitantes. La media provincial es de 158 muertes por cada 100 mil habitantes, y en Córdoba Capital es de 134,8. Pero cuatro departamentos cordobeses están muy por arriba de esos índices: Marcos Juárez (229,8), Presidente Roque Sáenz Peña (228,4), Unión (217,4) y San Justo (216,8). Es la llamada “pampa gringa”, zona emblemática del agro de Córdoba.
Según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (dependiente de la Organización Mundial de la Salud), en su último dato de 2012 la mortalidad de Argentina es de 115,13. La mitad de lo que se padece en Marcos Juárez (229,8).
Fernando Mañas es doctor en Biología y forma parte del Grupo Genética y Mutagénesis Ambiental de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que investiga el efecto de los agroquímicos. No cree que sea una coincidencia el mapa del cáncer en zonas agrícolas: “Existe evidencia de elevados niveles de daño genético en habitantes de Marcos Juárez, que podrían deberse a una exposición involuntaria a agroquímicos”.
Los investigadores de Río Cuarto estudian desde hace ocho años pueblos de Córdoba y confirmaron, con quince publicaciones científicas, que las personas expuestas a agroquímicos padecen daño genético y son más propensas a sufrir cáncer. Mañas recordó que en Marcos Juárez se detectó glifosato (y su principal producto de degradación, AMPA) en lagunas, suelos e incluso en agua de lluvia.
La investigación del gobierno de Córdoba ordena el mapa del cáncer según grupos por nivel de fallecimientos. La “pampa gringa” (todo el este provincial) se ubica en el primer segmento. El segundo estrato le corresponde a los departamentos de Río Cuarto, General San Martín, Juárez Celman, Tercero Arriba y General Roca. Los fallecimientos van de 180 a 201 por cada 100 mil habitantes, tasas que superan la media provincial y nacional. Este segundo estrato también tiene la particularidad de dedicarse a la agricultura industrial.
El gobierno provincial hizo hincapié en las estadísticas globales de incidencia (nuevos casos) y las comparó con otros países (la provincia se mantiene en un promedio), la estratificación por edad y sexo, y localizaciones de los tumores. Dejó en un segundo plano la vinculación entre alta mortalidad y zonas agropecuarias. En Córdoba existe un gran debate por la instalación de Monsanto en la localidad de Malvinas Argentinas.
Damián Verzeñassi es médico y docente de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario. Es uno de los responsables del “Campamento Sanitario”, una instancia educativa que consiste en que decenas de estudiantes del último año de la carrera de Medicina se instalen en una localidad durante una semana y realicen un mapeo sanitario. “El estudio de Córdoba coincide con los dieciocho relevamientos que realizamos en localidades de agricultura industrial. El cáncer se ha disparado en los últimos quince años”, afirmó Verzeñassi.
El docente universitario cuestionó el discurso gubernamental y empresario. “Siguen exigiendo estudios sobre algo que ya está probado y no toman medidas urgentes de protección a la población. Hay sobradas evidencias de que el modelo agropecuario tiene consecuencias sanitarias, estamos hablando de un modelo de producción que es un enorme problema de salud pública”, reclamó.
Avila Vázquez, de la Red Universitaria de Ambiente y Salud, detalló una decena de estudios científicos que prueban la vinculación entre agroquímicos y cáncer, y también enumeró una treintena de pueblos en donde registros oficiales confirman el aumento de la enfermedad: Brinkmann, Noetinger, Hernando (Córdoba) y San Salvador (Entre Ríos), entre otros. “Las tabacaleras negaban la vinculación entre fumar y cáncer, llevó décadas que reconocieran la verdad. Las corporaciones de transgénicos y agroquímicos son iguales que las tabacaleras, mienten y privilegian sus negocios por sobre la salud de la población”, denunció Avila Vázquez y reclamó como medidas iniciales urgentes: prohibir las fumigaciones aéreas, que no se realicen aplicaciones terrestres a menos de 1000 metros de las viviendas y prohibir depósitos de agroquímicos y maquinarias fumigadoras en las zonas urbanas.
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Fecha de Publicación: 23/06/2014
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Córdoba
Un informe del Ministerio de Salud cordobés sobre muertes por tumores cancerígenos determinó que la mayor tasa de fallecimientos se produce en las zonas donde se utilizan transgénicos y agroquímicos. La tasa duplica el promedio nacional.
El Ministerio de Salud de Córdoba difundió un extenso informe sobre el cáncer en la provincia. Sistematizó cinco años de información y, entre otros parámetros, determinó geográficamente los casos. La particularidad que causó mayor alarma es una: la mayor tasa de fallecimientos se produce en la llamada “pampa gringa”, zona donde más transgénicos y agroquímicos se utilizan. Y donde la tasa de fallecimientos duplica a la media nacional. “Se confirmó una vez más lo que denunciamos desde hace años y sobre todo lo que denuncian los médicos de pueblos fumigados y los afectados de las zonas de la agricultura industrial. Los casos de cáncer se multiplican como nunca en la zonas con uso masivo de agrotóxicos”, afirmó el médico e integrante de la Red Universitaria de Ambiente y Salud (Reduas), Medardo Avila Vázquez. Exigen medidas inmediatas para proteger a la población.
La investigación oficial en formato libro se titula Informe sobre cáncer en Córdoba 2004-2009, elaborado por el Registro Provincial de Tumores y por la Dirección General de Estadística y Censos. Fue presentado en la Legislatura por el ministro de Salud, Francisco Fortuna, y el director del Instituto Oncológico Provincial, Martín Alonso.
El parámetro internacional es calcular fallecimientos por cada 100 mil habitantes. La media provincial es de 158 muertes por cada 100 mil habitantes, y en Córdoba Capital es de 134,8. Pero cuatro departamentos cordobeses están muy por arriba de esos índices: Marcos Juárez (229,8), Presidente Roque Sáenz Peña (228,4), Unión (217,4) y San Justo (216,8). Es la llamada “pampa gringa”, zona emblemática del agro de Córdoba.
Según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (dependiente de la Organización Mundial de la Salud), en su último dato de 2012 la mortalidad de Argentina es de 115,13. La mitad de lo que se padece en Marcos Juárez (229,8).
Fernando Mañas es doctor en Biología y forma parte del Grupo Genética y Mutagénesis Ambiental de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que investiga el efecto de los agroquímicos. No cree que sea una coincidencia el mapa del cáncer en zonas agrícolas: “Existe evidencia de elevados niveles de daño genético en habitantes de Marcos Juárez, que podrían deberse a una exposición involuntaria a agroquímicos”.
Los investigadores de Río Cuarto estudian desde hace ocho años pueblos de Córdoba y confirmaron, con quince publicaciones científicas, que las personas expuestas a agroquímicos padecen daño genético y son más propensas a sufrir cáncer. Mañas recordó que en Marcos Juárez se detectó glifosato (y su principal producto de degradación, AMPA) en lagunas, suelos e incluso en agua de lluvia.
La investigación del gobierno de Córdoba ordena el mapa del cáncer según grupos por nivel de fallecimientos. La “pampa gringa” (todo el este provincial) se ubica en el primer segmento. El segundo estrato le corresponde a los departamentos de Río Cuarto, General San Martín, Juárez Celman, Tercero Arriba y General Roca. Los fallecimientos van de 180 a 201 por cada 100 mil habitantes, tasas que superan la media provincial y nacional. Este segundo estrato también tiene la particularidad de dedicarse a la agricultura industrial.
El gobierno provincial hizo hincapié en las estadísticas globales de incidencia (nuevos casos) y las comparó con otros países (la provincia se mantiene en un promedio), la estratificación por edad y sexo, y localizaciones de los tumores. Dejó en un segundo plano la vinculación entre alta mortalidad y zonas agropecuarias. En Córdoba existe un gran debate por la instalación de Monsanto en la localidad de Malvinas Argentinas.
Damián Verzeñassi es médico y docente de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario. Es uno de los responsables del “Campamento Sanitario”, una instancia educativa que consiste en que decenas de estudiantes del último año de la carrera de Medicina se instalen en una localidad durante una semana y realicen un mapeo sanitario. “El estudio de Córdoba coincide con los dieciocho relevamientos que realizamos en localidades de agricultura industrial. El cáncer se ha disparado en los últimos quince años”, afirmó Verzeñassi.
El docente universitario cuestionó el discurso gubernamental y empresario. “Siguen exigiendo estudios sobre algo que ya está probado y no toman medidas urgentes de protección a la población. Hay sobradas evidencias de que el modelo agropecuario tiene consecuencias sanitarias, estamos hablando de un modelo de producción que es un enorme problema de salud pública”, reclamó.
Avila Vázquez, de la Red Universitaria de Ambiente y Salud, detalló una decena de estudios científicos que prueban la vinculación entre agroquímicos y cáncer, y también enumeró una treintena de pueblos en donde registros oficiales confirman el aumento de la enfermedad: Brinkmann, Noetinger, Hernando (Córdoba) y San Salvador (Entre Ríos), entre otros. “Las tabacaleras negaban la vinculación entre fumar y cáncer, llevó décadas que reconocieran la verdad. Las corporaciones de transgénicos y agroquímicos son iguales que las tabacaleras, mienten y privilegian sus negocios por sobre la salud de la población”, denunció Avila Vázquez y reclamó como medidas iniciales urgentes: prohibir las fumigaciones aéreas, que no se realicen aplicaciones terrestres a menos de 1000 metros de las viviendas y prohibir depósitos de agroquímicos y maquinarias fumigadoras en las zonas urbanas.
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Tráfico hormiga de leña preocupa en Catamarca
Preocupa la tala indiscriminada de árboles
Fecha de Publicación: 23/06/2014
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
Existe una preocupación por el impacto ambiental que podría generar la tala indiscriminada de árboles a raíz de los altos costos que presenta este año la leña, lo que obliga a muchos salir en su búsqueda.
Las fiscalizaciones desde la Dirección de Medio Ambiente tampoco están funcionando, y lo que se observa es el tráfico hormiga de leña proveniente de los campos adyacentes de la ciudad. El director de Recursos Naturales del municipio, Carlos Buslaiman, al ser consultado por la tala indiscriminada, aceptó que es lamentable, pero que está ocurriendo. En este sentido, explicó que a partir de la sanción de la Ley de bosques protegidos, este departamento quedó "con 3 zonas protegidas, de las cuales dos se están haciendo replanteo y una tercera que se la está protegiendo para que no se produzca una tala indiscriminada y es controlada por la secretaría de Medio Ambiente de la provincia.
El interesado en extraer leña de ese lugar tiene que inscribirse y va a obtener una hoja de ruta mediante la cual se controla que se extraiga la madera seca y no la verde”. De todas maneras remarcó que en Tinogasta, además de no existir la cultura del cuidado y protección de las plantas, "la dirección de Bosques de la provincia no está trabajando como debería ser, con Gendarmería en el control o fiscalización. Sí están haciendo un trabajo en reactivación de los bosques nativos que por ejemplo en Anillaco están haciendo un extraordinario trabajo”, comentó.
De todas maneras aclaró que la familia que "va a sacar leña seca que está a la vera de la ruta o hasta 150 metros hacia adentro de ambos lados de la ruta, no produce daño, pero sí lo hace el que corta para vender".
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Fecha de Publicación: 23/06/2014
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
Existe una preocupación por el impacto ambiental que podría generar la tala indiscriminada de árboles a raíz de los altos costos que presenta este año la leña, lo que obliga a muchos salir en su búsqueda.
Las fiscalizaciones desde la Dirección de Medio Ambiente tampoco están funcionando, y lo que se observa es el tráfico hormiga de leña proveniente de los campos adyacentes de la ciudad. El director de Recursos Naturales del municipio, Carlos Buslaiman, al ser consultado por la tala indiscriminada, aceptó que es lamentable, pero que está ocurriendo. En este sentido, explicó que a partir de la sanción de la Ley de bosques protegidos, este departamento quedó "con 3 zonas protegidas, de las cuales dos se están haciendo replanteo y una tercera que se la está protegiendo para que no se produzca una tala indiscriminada y es controlada por la secretaría de Medio Ambiente de la provincia.
El interesado en extraer leña de ese lugar tiene que inscribirse y va a obtener una hoja de ruta mediante la cual se controla que se extraiga la madera seca y no la verde”. De todas maneras remarcó que en Tinogasta, además de no existir la cultura del cuidado y protección de las plantas, "la dirección de Bosques de la provincia no está trabajando como debería ser, con Gendarmería en el control o fiscalización. Sí están haciendo un trabajo en reactivación de los bosques nativos que por ejemplo en Anillaco están haciendo un extraordinario trabajo”, comentó.
De todas maneras aclaró que la familia que "va a sacar leña seca que está a la vera de la ruta o hasta 150 metros hacia adentro de ambos lados de la ruta, no produce daño, pero sí lo hace el que corta para vender".
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bosques nativos,
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Riachuelo: promotores de salud que recorren la cuenca
ACUMAR capacita a los promotores de salud que recorren la cuenca
Fecha de Publicación: 23/06/2014
Fuente: iAgua
Provincia/Región: Riachuelo
La Coordinación de Inclusión con Equidad en Salud para la Población de la Cuenca dependiente de la Dirección de Salud Ambiental brindó una capacitación a más de 50 promotores que recorren la cuenca en los barrios designados para la instalación de las Unidades Sanitarias Móviles y para los estudios que lleva adelante el organismo.
Más de 50 promotores de salud de la Cuenca Matanza Riachuelo recibieron durante las últimas dos semanas una capacitación de 50 horas donde se abordaron distintos temas vinculados a su futura inserción en el territorio.
El curso comenzó el lunes 2 de junio con temas generales como el sistema de salud y atención sanitaria en el país y en la región hasta llegar, en la última semana, a las particularidades que tienen que enfrentarse los promotores en cada barrio de la cuenca, apuntando a dejar de lado viejas concepciones de la salud que se focalizan sólo en la cura de la enfermedad para abordarla en su integralidad como un proceso histórico social y un trabajo que se lleva a cabo a diario en el territorio.
Durante la capacitación, uno de los temas centrales presentados por el equipo de psicólogos de la Coordinación de Inclusión con Equidad fue la cuestión del juego como vehículo de análisis y diagnóstico en la población infantil de la cuenca.
Los promotores de salud mantienen un contacto directo con la población afectada.
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Fecha de Publicación: 23/06/2014
Fuente: iAgua
Provincia/Región: Riachuelo
La Coordinación de Inclusión con Equidad en Salud para la Población de la Cuenca dependiente de la Dirección de Salud Ambiental brindó una capacitación a más de 50 promotores que recorren la cuenca en los barrios designados para la instalación de las Unidades Sanitarias Móviles y para los estudios que lleva adelante el organismo.
Más de 50 promotores de salud de la Cuenca Matanza Riachuelo recibieron durante las últimas dos semanas una capacitación de 50 horas donde se abordaron distintos temas vinculados a su futura inserción en el territorio.
El curso comenzó el lunes 2 de junio con temas generales como el sistema de salud y atención sanitaria en el país y en la región hasta llegar, en la última semana, a las particularidades que tienen que enfrentarse los promotores en cada barrio de la cuenca, apuntando a dejar de lado viejas concepciones de la salud que se focalizan sólo en la cura de la enfermedad para abordarla en su integralidad como un proceso histórico social y un trabajo que se lleva a cabo a diario en el territorio.
Durante la capacitación, uno de los temas centrales presentados por el equipo de psicólogos de la Coordinación de Inclusión con Equidad fue la cuestión del juego como vehículo de análisis y diagnóstico en la población infantil de la cuenca.
Los promotores de salud mantienen un contacto directo con la población afectada.
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Entre Ríos: aprobarían ley de agroquímicos polémica
La Ley de agrotóxicos podría ser aprobada con un amplio horizonte para seguir envenenando los campos y la salud
Fecha de Publicación: 22/06/2014
Fuente: Diario El Argentino
Provincia/Región: Entre Ríos
Los senadores provinciales de la Comisión de Producción acordaron en la reunión del miércoles pasado avanzar con la media sanción de la ley de agroquímicos o ley de agrotóxicos. De esta manera, en quince días la propuesta legislativa que escribieron Oscar Arlettaz y Enrique Cresto sería aprobada en la sesión del 1º de julio.
Esta media sanción se logrará sobre un texto ingresado en 2012 y modificado en base a los aportes de entidades relacionadas con la materia, con excepción de las organizaciones ambientalistas que no fueron tenidas en cuenta.
La distancia de fumigación terrestre se fijó en 100 metros respecto a la zona urbana y de 200 metros para el caso de las pulverizaciones aéreas. Habrá una guía para la utilización de “fitosanitarios” cuya aplicación será responsabilidad del Colegio de Ingenieros Agrónomos. Además, un consejo asesor con representantes de la sociedad civil controlará que se cumpla la ley, a través del Ministerio de la Producción que encabeza Roberto Schunk.
Arlettaz adelantó que las distancias de fumigación quedaron establecidas en “100 metros” de áreas urbanas para las pulverizaciones terrestres y en “200 metros” para las aspersiones aéreas. En este último caso, originalmente el proyecto ingresado en 2012 establecía 500 metros.
A la vez “corregimos cuestiones formales” apuntó el legislador, al explicar que por “consejo” de los ingenieros agrónomos a los productos utilizados para la fumigación, hay que denominarlos “fitosanitarios”. Un eufemismo para no hablar de agrotóxicos. ¿Qué parte de la palabra tóxicos no se entendió que es un veneno?
El Colegio que nuclea a esos facultativos precisamente, deberá ser responsable de “extender las recetas”, “habilitar” las máquinas usadas para estas tareas y controlar las pulverizaciones. Esto último fue resistido por la entidad profesional.
“Ellos no querían que sus matriculados sean responsables de las fumigaciones. Pero si ellos son los médicos de las plantas, tienen que hacer el diagnóstico, la receta y el control de la medicación. Se tienen que hacer cargo de lo bueno y de lo malo”, se explayó Arlettaz.
Tras señalar que la futura norma instala al Ministerio de Producción como autoridad de aplicación, el legislador anticipó que se ordena la creación de un “consejo asesor” conformado por “18 instituciones”, que por el momento no se han revelado quiénes son esas instituciones ni cómo fueron elegidas ni por qué son 18 y no diez o veinte o treinta.
Los productos “fitosanitarios” deberán ser comercializados “en su envase original” con “receta archivada”, indicó Arlettaz como otro de los puntos destacados del texto que reemplazará la ley Nº 6.599 (1980) si finalmente avanza en Diputados.
Federación Agraria
Por su parte, la delegación provincial de la Federación Agraria Argentina (FAA) mostró reserva sobre la ley de agrotóxicos. El director de la entidad, Elvio Guía, dijo que buscan conocer el texto final antes de manifestar su apoyo, y recordó que participaron de su elaboración junto a otras organizaciones, en el inicio del debate. “El problema más grave es que nadie controla”, aseguró.
Guía dijo que “están tratando de conseguir el proyecto final”, pero hasta ahora nadie lo ha podido mostrar.
“Si es el mismo proyecto que habíamos consensuado al principio, no tendríamos inconveniente. Hay que ver si no se hicieron modificaciones en estos últimos días”, hizo notar el gremialista agrario.
La organización agraria había hecho hincapié en las distancias restrictivas para las aspersiones y había solicitado que la autoridad de aplicación no fuera la cartera de Medio Ambiente sino de Producción. Este pedido tiene sus razones obvias y para nada inocentes porque desnudan que en rigor no quieren prácticas amigables con el medio ambiente.
Asimismo, como “un pedido expreso” habían requerido que “esta ley madre derogue las normas de los municipios”, mencionó Guía tras ejemplificar que en algunos lugares "ni siquiera podés pasar con la fumigadora por adentro de la ciudad”. Este es el caso de Gualeguaychú. Otro pedido que habla a las claras que en Entre Ríos se rociará con veneno por un puñado de billetes aunque ello luego haya que contabilizarlo en vidas humanas. Tampoco hay demasiados “dramas” en los funcionarios entrerrianos, dado que el Ministerio de Salud no aborda esta problemática ni la quiere abordar. La peor luz verde para que los campos sigan envenenándose.
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Fecha de Publicación: 22/06/2014
Fuente: Diario El Argentino
Provincia/Región: Entre Ríos
Los senadores provinciales de la Comisión de Producción acordaron en la reunión del miércoles pasado avanzar con la media sanción de la ley de agroquímicos o ley de agrotóxicos. De esta manera, en quince días la propuesta legislativa que escribieron Oscar Arlettaz y Enrique Cresto sería aprobada en la sesión del 1º de julio.
Esta media sanción se logrará sobre un texto ingresado en 2012 y modificado en base a los aportes de entidades relacionadas con la materia, con excepción de las organizaciones ambientalistas que no fueron tenidas en cuenta.
La distancia de fumigación terrestre se fijó en 100 metros respecto a la zona urbana y de 200 metros para el caso de las pulverizaciones aéreas. Habrá una guía para la utilización de “fitosanitarios” cuya aplicación será responsabilidad del Colegio de Ingenieros Agrónomos. Además, un consejo asesor con representantes de la sociedad civil controlará que se cumpla la ley, a través del Ministerio de la Producción que encabeza Roberto Schunk.
Arlettaz adelantó que las distancias de fumigación quedaron establecidas en “100 metros” de áreas urbanas para las pulverizaciones terrestres y en “200 metros” para las aspersiones aéreas. En este último caso, originalmente el proyecto ingresado en 2012 establecía 500 metros.
A la vez “corregimos cuestiones formales” apuntó el legislador, al explicar que por “consejo” de los ingenieros agrónomos a los productos utilizados para la fumigación, hay que denominarlos “fitosanitarios”. Un eufemismo para no hablar de agrotóxicos. ¿Qué parte de la palabra tóxicos no se entendió que es un veneno?
El Colegio que nuclea a esos facultativos precisamente, deberá ser responsable de “extender las recetas”, “habilitar” las máquinas usadas para estas tareas y controlar las pulverizaciones. Esto último fue resistido por la entidad profesional.
“Ellos no querían que sus matriculados sean responsables de las fumigaciones. Pero si ellos son los médicos de las plantas, tienen que hacer el diagnóstico, la receta y el control de la medicación. Se tienen que hacer cargo de lo bueno y de lo malo”, se explayó Arlettaz.
Tras señalar que la futura norma instala al Ministerio de Producción como autoridad de aplicación, el legislador anticipó que se ordena la creación de un “consejo asesor” conformado por “18 instituciones”, que por el momento no se han revelado quiénes son esas instituciones ni cómo fueron elegidas ni por qué son 18 y no diez o veinte o treinta.
Los productos “fitosanitarios” deberán ser comercializados “en su envase original” con “receta archivada”, indicó Arlettaz como otro de los puntos destacados del texto que reemplazará la ley Nº 6.599 (1980) si finalmente avanza en Diputados.
Federación Agraria
Por su parte, la delegación provincial de la Federación Agraria Argentina (FAA) mostró reserva sobre la ley de agrotóxicos. El director de la entidad, Elvio Guía, dijo que buscan conocer el texto final antes de manifestar su apoyo, y recordó que participaron de su elaboración junto a otras organizaciones, en el inicio del debate. “El problema más grave es que nadie controla”, aseguró.
Guía dijo que “están tratando de conseguir el proyecto final”, pero hasta ahora nadie lo ha podido mostrar.
“Si es el mismo proyecto que habíamos consensuado al principio, no tendríamos inconveniente. Hay que ver si no se hicieron modificaciones en estos últimos días”, hizo notar el gremialista agrario.
La organización agraria había hecho hincapié en las distancias restrictivas para las aspersiones y había solicitado que la autoridad de aplicación no fuera la cartera de Medio Ambiente sino de Producción. Este pedido tiene sus razones obvias y para nada inocentes porque desnudan que en rigor no quieren prácticas amigables con el medio ambiente.
Asimismo, como “un pedido expreso” habían requerido que “esta ley madre derogue las normas de los municipios”, mencionó Guía tras ejemplificar que en algunos lugares "ni siquiera podés pasar con la fumigadora por adentro de la ciudad”. Este es el caso de Gualeguaychú. Otro pedido que habla a las claras que en Entre Ríos se rociará con veneno por un puñado de billetes aunque ello luego haya que contabilizarlo en vidas humanas. Tampoco hay demasiados “dramas” en los funcionarios entrerrianos, dado que el Ministerio de Salud no aborda esta problemática ni la quiere abordar. La peor luz verde para que los campos sigan envenenándose.
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Controlan a ingenios tucumanos
Controlan el tratamiento que los ingenios hacen de la vinaza
Fecha de Publicación: 22/06/2014
Fuente: 7 a las Siete
Provincia/Región: Tucumán
Funcionarios provinciales y nacionales del área de Medio Ambiente y de la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero recorrieron ingenios para inspeccionar el tratamiento que se realiza con la vinaza, derivada del proceso de la caña de azúcar.
El secretario de Medio Ambiente de la provincia (SEMA), Alfredo Montalván, encabezó las inspecciones a industrias de la provincia, conjuntamente con funcionarios de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero.
La recorrida por las instalaciones se realiza en el marco del Acta Acuerdo suscripta entre la SEMA y los organismos mencionados, con el objeto de tomar conocimiento del estado y situación actual de las mismas en cuestiones referidas al tratamiento y disposición final de vinaza, ceniza y lavado de caña, entre otras acciones.
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Fecha de Publicación: 22/06/2014
Fuente: 7 a las Siete
Provincia/Región: Tucumán
Funcionarios provinciales y nacionales del área de Medio Ambiente y de la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero recorrieron ingenios para inspeccionar el tratamiento que se realiza con la vinaza, derivada del proceso de la caña de azúcar.
El secretario de Medio Ambiente de la provincia (SEMA), Alfredo Montalván, encabezó las inspecciones a industrias de la provincia, conjuntamente con funcionarios de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero.
La recorrida por las instalaciones se realiza en el marco del Acta Acuerdo suscripta entre la SEMA y los organismos mencionados, con el objeto de tomar conocimiento del estado y situación actual de las mismas en cuestiones referidas al tratamiento y disposición final de vinaza, ceniza y lavado de caña, entre otras acciones.
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Atucha II sigue avanzando en operatividad
La central nuclear va entrando en calor
Fecha de Publicación: 21/06/2014
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Cuando opere a pleno, algo previsto para fin de año, Atucha II sumará 745 megavatios de potencia, cerca del 4 por ciento de la energía que se consume en el país.
“Nos habíamos reunido todos los directivos en el quinto piso de la planta para verlo por televisión, porque en la sala de control quedaron sólo los que trabajan ahí. Estaba mirando el graficador y cuando el reactor alcanzó la puesta a crítico pegué un salto y fui el primero que grité ¡¡vaaamosss!!” Así recuerda ante Página/12 el gerente general de Nucleoeléctrica Argentina (NASA), Jorge Sidelnik, el momento en que Atucha II comenzó a funcionar y se vuelve a emocionar. Fue el martes 3 de junio a las 9.02 de la mañana. “Estuve en la primera puesta a crítico de Embalse, hace 30 años y en la que se llevó adelante después de la reparación de Atucha I, a principios de los ‘90, cuando nadie creía en nosotros. En realidad estuve en muchas, pero esas fueron las más significativas. Ahora estuve en ésta y la verdad es que estoy muy contento”, agrega. El reactor está funcionando actualmente al 5 por ciento de su potencia y el mes próximo comenzará a brindar energía eléctrica al sistema (ver aparte). Cuando opere a pleno, algo previsto para fin de año, Atucha II sumará 745 megavatios de potencia, cerca del 4 por ciento de la energía que se consume en el país.
El contrato para la construcción de Atucha II se firmó en mayo de 1980. La obra debía terminar en 1987, pero durante el transcurso de esa década la energía nuclear fue dejada de lado y el proyecto se retrasó. En la década del ‘90, la actividad ingresó en una etapa aún más crítica, cuando el entonces presidente Carlos Menem redujo drásticamente el presupuesto de la Comisión Nacional de Energía Atómica, mientras intentaba privatizar las centrales existentes. La construcción de Atucha II quedó interrumpida en 1994 y recién se retomó en octubre de 2006, ya como parte del Plan Nuclear Argentino, que lanzó el gobierno de Néstor Kirchner.
El reactor fue diseñado por la empresa Kraftwerk Union (KWU), controlada por Siemens, pero cuando la obra se retomó la multinacional alemana ya estaba con un pie afuera del negocio nuclear y la empresa estatal Nucleoeléctrica fue designada para terminar la central, sin la asistencia del contratista original. El objetivo era ponerla en funcionamiento a mediados de 2010, pero diversas demoras en la construcción y en las pruebas de puesta en marcha extendieron ese plazo casi cuatro años. “Algunos problemas demoraron la puesta en marcha nuclear, pero fueron corregidos. Esa es la mejor demostración de que se hicieron todas las pruebas necesarias”, remarcó Sidelnik a este diario.
Cuando los técnicos retomaron la construcción de la central en 2006, las obras civiles estaban avanzadas, pero en las electromecánicas no se había hecho prácticamente nada. Había 40 mil toneladas de materiales depositados en 85 depósitos distribuidos por el predio de Zárate. Lo primero que se decidió fue crear una unidad de gestión encargada de la ingeniería y la construcción y se comenzó a reclutar a profesionales que habían participado en etapas anteriores y a jóvenes recién recibidos. NASA se ocupó del montaje del reactor, el sistema de combustibles, el sistema eléctrico y de instrumentos y los sistemas de ventilación y aire acondicionado. El resto de las tareas se le adjudicó a un grupo de empresas argentinas que fueron capacitadas por la propia NASA para cumplir con el decreto 1085/06 de Néstor Kirchner que remarcó la necesidad de maximizar los recursos nacionales.
La experiencia del sector fue clave en la recuperación. Argentina tiene más de seis décadas en la actividad nuclear durante las cuales alcanzó un grado de desarrollo considerable en los distintos eslabones de la cadena productiva. En lo que refiere al ciclo del combustible, tiene conocimiento en la prospección, exploración y extracción de uranio, aunque en la actualidad no esté extrayendo. También en la fabricación de los tubos de Zircaloy y las pastillas de dióxido de uranio, que dan forma a los elementos combustibles para reactores de potencia. Además, posee una planta de producción de agua pesada, tiene antecedentes en la elaboración y aplicación de radioisótopos e incluso incursionó en el desarrollo de tecnología de enriquecimiento de uranio a escala experimental en Pilcaniyeu, provincia de Río Negro.
Esos antecedentes los adquirió a partir de capacidades científicas y tecnológicas propias y la firma de contratos con empresas extranjeras para la construcción de obras, en los que siempre se reservó un papel activo. Por ejemplo, en Atucha I la participación nacional fue equivalente al 40 por ciento del valor de la central y en Embalse no sólo hubo participación de proveedores locales sino que la CNEA formó parte de la dirección de la obra. A diferencia de otras industrias donde se compraron procesos industriales “llave en mano”, en el sector nuclear la estrategia siempre consistió en impulsar desarrollos propios, que incluso luego permitieron incursionar en otras áreas, como la fabricación de satélites o radares.
Los elementos combustibles para Atucha II se produjeron en el país. Lo que se importa es el uranio, que suele provenir de Kazajistán. Con ese insumo, Dioxitek, una firma estatal controlada por la CNEA con sede en Córdoba, produce dióxido de uranio en base a la purificación de diuranato de amonio (yellow cake o torta amarilla). El dióxido de uranio se utiliza luego para preparar pastillas. Esas pastillas las produce Conuar en el Centro Atómico de Ezeiza, mientras que los tubos de Zircaloy están a cargo de Fabricación de Aleaciones Especiales, una firma integrada por CNEA (32 por ciento) y Conuar (68 por ciento), que está instalada en el Centro Atómico de Ezeiza.
El agua pesada la aporta la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP), un establecimiento ubicado en Arroyito, propiedad de la CNEA, que es operado por la Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería (ENSI), sociedad estatal cuyas acciones se reparten entre la provincia de Neuquén (51 por ciento) y la propia CNEA (49 por ciento). PIAP, construida por la firma suiza Sulzer Brothers e inaugurada en 1994, garantiza una producción anual de 200 toneladas de agua pesada.
Por último, en lo que se refiere a la obra civil y el montaje mecánico hubo varios proveedores calificados que participaron de la construcción, entre los que sobresalieron Electroingeniería, Techint, Iecsa (Grupo Macri), Contreras Hermanos y Dycasa, una firma de capitales españoles radicada en el país. Electroingeniería trabajó en soldar las cañerías del sistema primario y del moderador del reactor, Techint se ocupó de la soldadura y soportería del edificio auxiliar del reactor y del montaje de válvulas, Contreras montó la red de cañerías contra incendios, Iecsa montó las cañerías de agua inoxidable para el agua desmineralizada y soldó las placas de acero de las piletas de almacenamiento de combustible, mientras que Dycasa, que ya había trabajado en la etapa previa a la paralización de la obra, se ocupó ahora de la obra hidráulica.
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Fecha de Publicación: 21/06/2014
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Cuando opere a pleno, algo previsto para fin de año, Atucha II sumará 745 megavatios de potencia, cerca del 4 por ciento de la energía que se consume en el país.
“Nos habíamos reunido todos los directivos en el quinto piso de la planta para verlo por televisión, porque en la sala de control quedaron sólo los que trabajan ahí. Estaba mirando el graficador y cuando el reactor alcanzó la puesta a crítico pegué un salto y fui el primero que grité ¡¡vaaamosss!!” Así recuerda ante Página/12 el gerente general de Nucleoeléctrica Argentina (NASA), Jorge Sidelnik, el momento en que Atucha II comenzó a funcionar y se vuelve a emocionar. Fue el martes 3 de junio a las 9.02 de la mañana. “Estuve en la primera puesta a crítico de Embalse, hace 30 años y en la que se llevó adelante después de la reparación de Atucha I, a principios de los ‘90, cuando nadie creía en nosotros. En realidad estuve en muchas, pero esas fueron las más significativas. Ahora estuve en ésta y la verdad es que estoy muy contento”, agrega. El reactor está funcionando actualmente al 5 por ciento de su potencia y el mes próximo comenzará a brindar energía eléctrica al sistema (ver aparte). Cuando opere a pleno, algo previsto para fin de año, Atucha II sumará 745 megavatios de potencia, cerca del 4 por ciento de la energía que se consume en el país.
El contrato para la construcción de Atucha II se firmó en mayo de 1980. La obra debía terminar en 1987, pero durante el transcurso de esa década la energía nuclear fue dejada de lado y el proyecto se retrasó. En la década del ‘90, la actividad ingresó en una etapa aún más crítica, cuando el entonces presidente Carlos Menem redujo drásticamente el presupuesto de la Comisión Nacional de Energía Atómica, mientras intentaba privatizar las centrales existentes. La construcción de Atucha II quedó interrumpida en 1994 y recién se retomó en octubre de 2006, ya como parte del Plan Nuclear Argentino, que lanzó el gobierno de Néstor Kirchner.
El reactor fue diseñado por la empresa Kraftwerk Union (KWU), controlada por Siemens, pero cuando la obra se retomó la multinacional alemana ya estaba con un pie afuera del negocio nuclear y la empresa estatal Nucleoeléctrica fue designada para terminar la central, sin la asistencia del contratista original. El objetivo era ponerla en funcionamiento a mediados de 2010, pero diversas demoras en la construcción y en las pruebas de puesta en marcha extendieron ese plazo casi cuatro años. “Algunos problemas demoraron la puesta en marcha nuclear, pero fueron corregidos. Esa es la mejor demostración de que se hicieron todas las pruebas necesarias”, remarcó Sidelnik a este diario.
Cuando los técnicos retomaron la construcción de la central en 2006, las obras civiles estaban avanzadas, pero en las electromecánicas no se había hecho prácticamente nada. Había 40 mil toneladas de materiales depositados en 85 depósitos distribuidos por el predio de Zárate. Lo primero que se decidió fue crear una unidad de gestión encargada de la ingeniería y la construcción y se comenzó a reclutar a profesionales que habían participado en etapas anteriores y a jóvenes recién recibidos. NASA se ocupó del montaje del reactor, el sistema de combustibles, el sistema eléctrico y de instrumentos y los sistemas de ventilación y aire acondicionado. El resto de las tareas se le adjudicó a un grupo de empresas argentinas que fueron capacitadas por la propia NASA para cumplir con el decreto 1085/06 de Néstor Kirchner que remarcó la necesidad de maximizar los recursos nacionales.
La experiencia del sector fue clave en la recuperación. Argentina tiene más de seis décadas en la actividad nuclear durante las cuales alcanzó un grado de desarrollo considerable en los distintos eslabones de la cadena productiva. En lo que refiere al ciclo del combustible, tiene conocimiento en la prospección, exploración y extracción de uranio, aunque en la actualidad no esté extrayendo. También en la fabricación de los tubos de Zircaloy y las pastillas de dióxido de uranio, que dan forma a los elementos combustibles para reactores de potencia. Además, posee una planta de producción de agua pesada, tiene antecedentes en la elaboración y aplicación de radioisótopos e incluso incursionó en el desarrollo de tecnología de enriquecimiento de uranio a escala experimental en Pilcaniyeu, provincia de Río Negro.
Esos antecedentes los adquirió a partir de capacidades científicas y tecnológicas propias y la firma de contratos con empresas extranjeras para la construcción de obras, en los que siempre se reservó un papel activo. Por ejemplo, en Atucha I la participación nacional fue equivalente al 40 por ciento del valor de la central y en Embalse no sólo hubo participación de proveedores locales sino que la CNEA formó parte de la dirección de la obra. A diferencia de otras industrias donde se compraron procesos industriales “llave en mano”, en el sector nuclear la estrategia siempre consistió en impulsar desarrollos propios, que incluso luego permitieron incursionar en otras áreas, como la fabricación de satélites o radares.
Los elementos combustibles para Atucha II se produjeron en el país. Lo que se importa es el uranio, que suele provenir de Kazajistán. Con ese insumo, Dioxitek, una firma estatal controlada por la CNEA con sede en Córdoba, produce dióxido de uranio en base a la purificación de diuranato de amonio (yellow cake o torta amarilla). El dióxido de uranio se utiliza luego para preparar pastillas. Esas pastillas las produce Conuar en el Centro Atómico de Ezeiza, mientras que los tubos de Zircaloy están a cargo de Fabricación de Aleaciones Especiales, una firma integrada por CNEA (32 por ciento) y Conuar (68 por ciento), que está instalada en el Centro Atómico de Ezeiza.
El agua pesada la aporta la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP), un establecimiento ubicado en Arroyito, propiedad de la CNEA, que es operado por la Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería (ENSI), sociedad estatal cuyas acciones se reparten entre la provincia de Neuquén (51 por ciento) y la propia CNEA (49 por ciento). PIAP, construida por la firma suiza Sulzer Brothers e inaugurada en 1994, garantiza una producción anual de 200 toneladas de agua pesada.
Por último, en lo que se refiere a la obra civil y el montaje mecánico hubo varios proveedores calificados que participaron de la construcción, entre los que sobresalieron Electroingeniería, Techint, Iecsa (Grupo Macri), Contreras Hermanos y Dycasa, una firma de capitales españoles radicada en el país. Electroingeniería trabajó en soldar las cañerías del sistema primario y del moderador del reactor, Techint se ocupó de la soldadura y soportería del edificio auxiliar del reactor y del montaje de válvulas, Contreras montó la red de cañerías contra incendios, Iecsa montó las cañerías de agua inoxidable para el agua desmineralizada y soldó las placas de acero de las piletas de almacenamiento de combustible, mientras que Dycasa, que ya había trabajado en la etapa previa a la paralización de la obra, se ocupó ahora de la obra hidráulica.
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La Asamblea vuelve a marchar
La Asamblea vuelve a marchar el domingo contra Botnia
Fecha de Publicación: 21/06/2014
Fuente: Máxima On Line
Provincia/Región: Entre Ríos
Habrá una concentración a las tres de la tarde en Arroyo Verde para luego marchar hasta el puente internacional. Al regreso realizarán una asamblea ampliada para definir próximas acciones.
La convocatoria es para este domingo en el km 28 de la ruta internacional 136, lugar donde se sitúa el Paraje Histórico y Cultural de Arroyo Verde. A las tres de la tarde se realizará la concentración para luego marchar en caravana hasta el puente internacional General San Martín. De regreso, habrá una asamblea ampliada en Arroyo Verde.
En diálogo con RADIO MÁXIMA, el asambleísta Juan Veronesi dijo que “desde que supo la noticia que Uruguay había aprobado un aumento de la producción, tenemos más indignación porque más producción es más contaminación y en este sentido estamos de acuerdo con la decisión del gobierno de volver a La Haya, pero esperamos que nuestro gobierno ahora pueda demostrar la contaminación que no pudo probar antes el Tribunal, porque ahora hay pruebas, queremos que se ratifique el pedido de desmantelamiento de la planta porque hay pruebas de que es contaminante, es decir vamos a protestar por el aumento pero también por lo que dijimos siempre. Por esto es que invitamos a toda la ciudadanía a hacer una demostración externa este domingo donde nos vamos a concentrar a las tres de la tarde en Arroyo Verde para marchar en caravana hasta el puente, seguramente allí se leerá una proclama y luego al regreso vamos a hacer una asamblea ampliada en Arroyo Verde para decidir los pasos a seguir y que otras acciones encararemos. Revisaremos también algunas cuestiones que tienen que ver con solicitudes que hemos hecho y no hemos obtenido, como por ejemplo al intendente Bahillo, que si bien sabemos su postura frente a esta problemática, también pertenece al gobierno nacional y algunas respuestas nunca llegaron”, expresó Veronesi.
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Fecha de Publicación: 21/06/2014
Fuente: Máxima On Line
Provincia/Región: Entre Ríos
Habrá una concentración a las tres de la tarde en Arroyo Verde para luego marchar hasta el puente internacional. Al regreso realizarán una asamblea ampliada para definir próximas acciones.
La convocatoria es para este domingo en el km 28 de la ruta internacional 136, lugar donde se sitúa el Paraje Histórico y Cultural de Arroyo Verde. A las tres de la tarde se realizará la concentración para luego marchar en caravana hasta el puente internacional General San Martín. De regreso, habrá una asamblea ampliada en Arroyo Verde.
En diálogo con RADIO MÁXIMA, el asambleísta Juan Veronesi dijo que “desde que supo la noticia que Uruguay había aprobado un aumento de la producción, tenemos más indignación porque más producción es más contaminación y en este sentido estamos de acuerdo con la decisión del gobierno de volver a La Haya, pero esperamos que nuestro gobierno ahora pueda demostrar la contaminación que no pudo probar antes el Tribunal, porque ahora hay pruebas, queremos que se ratifique el pedido de desmantelamiento de la planta porque hay pruebas de que es contaminante, es decir vamos a protestar por el aumento pero también por lo que dijimos siempre. Por esto es que invitamos a toda la ciudadanía a hacer una demostración externa este domingo donde nos vamos a concentrar a las tres de la tarde en Arroyo Verde para marchar en caravana hasta el puente, seguramente allí se leerá una proclama y luego al regreso vamos a hacer una asamblea ampliada en Arroyo Verde para decidir los pasos a seguir y que otras acciones encararemos. Revisaremos también algunas cuestiones que tienen que ver con solicitudes que hemos hecho y no hemos obtenido, como por ejemplo al intendente Bahillo, que si bien sabemos su postura frente a esta problemática, también pertenece al gobierno nacional y algunas respuestas nunca llegaron”, expresó Veronesi.
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Cambio Climático: articulación de acciones entre provincias
Provincias y nación articulan proyecto sobre Cambio Climático
Fecha de Publicación: 20/06/2014
Fuente: ICAA
Provincia/Región: Nacional
Equipo técnico del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA) participó de las Jornadas de Capacitación para Puntos Focales Provinciales del proyecto Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático, organizada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) de la Nación y a la que asistieron cerca de 20 representantes de distintas provincias.
En representación del organismo provincial asistieron de la gerencia de Gestión Ambiental el gerente de área, ingeniero químico Jorge Morel y del equipo de profesionales la licenciada en química Ceres Andisco.
Al ratificar la República Argentina la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) a través de la Ley Nº 24.295, en el año 1994 nuestro país asumió una serie de obligaciones. Entre ellas se encuentra informar sus inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, programas nacionales que contengan medidas para mitigar y facilitar la adecuada adaptación al cambio climático, como así también cualquier otra información relevante para el logro del objetivo de la CMNUCC. Todo ello se resume en la elaboración y presentación de una comunicación nacional, como fuere establecido en los artículos 4 y 12 de la CMNUCC.
La capacitación para Puntos Focales Provinciales de la Tercera Comunicación Nacional (TCN), tuvo como objetivo servir como nexo y facilitar el desarrollo de los estudios. Las jornadas sirvieron para articular conocimientos, definir prioridades y responder consultas e inquietudes; los expertos a cargo de las componentes mitigación y adaptación brindaron detalles del desarrollo del proyecto y resultados esperados.
Durante las jornadas se trataron diversos temas como estado de situación del proyecto; aprovechamiento del potencial nacional para la mitigación; fortalecimiento de la Agenda Nacional de adaptación; fortalecimiento institucional; desarrollo de capacidades y gestión de la información; puesta en común en grupos de trabajo y articulación con otras iniciativas y proyectos.
Datos de la comunicación
La información incluida en las comunicaciones nacionales consiste en: i) un inventario nacional de las emisiones de gases de efecto invernadero; b) una descripción general de las medidas que se hayan adoptado o se prevea adoptar para implementar la CMNUCC; y c) cualquier otra información que se considere adecuada para el logro del objetivo de la CMNUCC.
El gobierno de Argentina elevó su Primera Comunicación en 1997, una versión revisada de la misma en 1999 y la Segunda Comunicación Nacional en el año 2007. La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS), a través de la Dirección de Cambio Climático, en cumplimiento con los compromisos asumidos por la República Argentina ante la CMNUCC, ha comenzado el proceso correspondiente a la elaboración de la Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático.
Esta Tercera Comunicación Nacional informará a la CMNUCC el estado de situación del país respecto del cambio climático. El objetivo central del proyecto consiste en desarrollar estrategias de adaptación y mitigación del cambio climático integradas a los planes de desarrollo sectoriales y elaboradas a partir de la participación y el consenso de actores de la vida social, económica y productiva del país, incluyendo a los organismos del Estado, instituciones científicas y técnicas, organizaciones no gubernamentales, sindicales y otras de la sociedad civil, e instituciones empresariales.
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Fecha de Publicación: 20/06/2014
Fuente: ICAA
Provincia/Región: Nacional
Equipo técnico del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA) participó de las Jornadas de Capacitación para Puntos Focales Provinciales del proyecto Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático, organizada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) de la Nación y a la que asistieron cerca de 20 representantes de distintas provincias.
En representación del organismo provincial asistieron de la gerencia de Gestión Ambiental el gerente de área, ingeniero químico Jorge Morel y del equipo de profesionales la licenciada en química Ceres Andisco.
Al ratificar la República Argentina la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) a través de la Ley Nº 24.295, en el año 1994 nuestro país asumió una serie de obligaciones. Entre ellas se encuentra informar sus inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, programas nacionales que contengan medidas para mitigar y facilitar la adecuada adaptación al cambio climático, como así también cualquier otra información relevante para el logro del objetivo de la CMNUCC. Todo ello se resume en la elaboración y presentación de una comunicación nacional, como fuere establecido en los artículos 4 y 12 de la CMNUCC.
La capacitación para Puntos Focales Provinciales de la Tercera Comunicación Nacional (TCN), tuvo como objetivo servir como nexo y facilitar el desarrollo de los estudios. Las jornadas sirvieron para articular conocimientos, definir prioridades y responder consultas e inquietudes; los expertos a cargo de las componentes mitigación y adaptación brindaron detalles del desarrollo del proyecto y resultados esperados.
Durante las jornadas se trataron diversos temas como estado de situación del proyecto; aprovechamiento del potencial nacional para la mitigación; fortalecimiento de la Agenda Nacional de adaptación; fortalecimiento institucional; desarrollo de capacidades y gestión de la información; puesta en común en grupos de trabajo y articulación con otras iniciativas y proyectos.
Datos de la comunicación
La información incluida en las comunicaciones nacionales consiste en: i) un inventario nacional de las emisiones de gases de efecto invernadero; b) una descripción general de las medidas que se hayan adoptado o se prevea adoptar para implementar la CMNUCC; y c) cualquier otra información que se considere adecuada para el logro del objetivo de la CMNUCC.
El gobierno de Argentina elevó su Primera Comunicación en 1997, una versión revisada de la misma en 1999 y la Segunda Comunicación Nacional en el año 2007. La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS), a través de la Dirección de Cambio Climático, en cumplimiento con los compromisos asumidos por la República Argentina ante la CMNUCC, ha comenzado el proceso correspondiente a la elaboración de la Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático.
Esta Tercera Comunicación Nacional informará a la CMNUCC el estado de situación del país respecto del cambio climático. El objetivo central del proyecto consiste en desarrollar estrategias de adaptación y mitigación del cambio climático integradas a los planes de desarrollo sectoriales y elaboradas a partir de la participación y el consenso de actores de la vida social, económica y productiva del país, incluyendo a los organismos del Estado, instituciones científicas y técnicas, organizaciones no gubernamentales, sindicales y otras de la sociedad civil, e instituciones empresariales.
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ONGs ambientalistas contra el plan de Macri
Ambientalistas se oponen a utilizar un espacio de la Reserva Ecológica para el tratamiento de residuos
Fecha de Publicación: 20/06/2014
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: CABA
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA), Amigos de la Tierra, Aves Argentinas y Greenpeace expresan su profunda preocupación por los recientes proyectos de ley enviados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) a la Legislatura porteña, que proponen desafectar parte de la Reserva Ecológica Costanera Sur (RECS) para “instalar y operar una base de recolección de residuos sólidos urbanos” para ser “un depósito de vehículos livianos y pesados, maquinarias y enseres destinados a la guarda, mantenimiento y limpieza de los vehículos utilizados para realizar el servicio de recolección de residuos”. También se permitiría allí “el almacenamiento del material recuperado final que, en razón de sus características voluminosas, necesite un acopio mayor debido a que no pueda ser compactado”.
Estas nuevas zonificaciones requerirían de su inclusión en el Código de Planeamiento Urbano catalogados como terrenos aptos para higiene urbana, lo cual supondría la ejecución de un proceso especial.
Pero estas iniciativas, y otras como la construcción de la autopista ribereña, colisionan de lleno con los fines de la RECS como reserva natural y a los objetivos de su Plan de Manejo (Ordenanza 45676/91). Asimismo, la desafectación planteada atenta, por un lado, con lo señalado por la Constitución porteña que establece en su artículo 27. 4 que la Ciudad promoverá "la preservación e incremento de los espacios verdes, las áreas forestadas y parquizadas, parques naturales y zonas de reserva ecológica, y la preservación de su diversidad biológica”. Por otro, desconoce el principio de no regresión en materia ambiental, reconocido en el orden internacional , que indica que la normativa y la jurisprudencia ambiental no deberían ser revisadas si esto implicare retroceder respecto a los niveles de protección alcanzados con anterioridad.
La Reserva Ecológica Costanera Sur tiene características únicas y es el sitio con mayor biodiversidad en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), jurisdicción que adolece de un fuerte déficit en espacios verdes. En este sentido, con 2 o 3 m2 de espacio verde por habitante, la Ciudad está lejos de alcanzar la recomendación de la O.M.S (Organización Mundial de la Salud) que establece, por lo menos, 10m2. La RECS brinda la posibilidad de ponerse en contacto con la naturaleza agreste en la ciudad más importante del país y, por ende, es esencial para desarrollar actividades de educación ambiental. Los cuerpos de agua y los bañados son sus ambientes más representativos y ricos por la diversidad biológica que sustentan.
Pero la RECS no es un simple espacio verde, es una reserva natural y como tal debe preservársela en la práctica de manera eficiente y participativa. Es reconocida además como Área de Importancia para la Conservación de Aves (AICA) de acuerdo a los criterios de la organización global Birdlife International y en 2005 fue declarada Sitio Ramsar reconociéndola como humedal de importancia internacional . Esto supone también una intervención activa de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS), autoridad de aplicación de la Convención que da origen a tal distinción .
Por lo tanto, es clave que tanto Nación como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires impulsen distintas medidas que apunten a conservar sus humedales, controlar las especies invasoras, restaurar ecosistemas degradados y desarrollar actividades de educación ambiental.
En los últimos meses la RECS había sido objeto de un necesario y postergado plan de mejoras lo cual incluyó una puesta en valor de sus lagunas y otros sectores. Las organizaciones firmantes lamentan que tras el reciente anuncio de una propuesta del Gobierno porteño dirigida a aumentar en veinte años el número de espacios verdes públicos en la Ciudad se pretenda ejecutar iniciativas como las referidas y otros descuidos que ya alertaron a organizaciones y vecinos, y que motivaron un pedido de información pública que la Dirección General de Espacios Verdes respondió de manera escueta y pobre . Por lo tanto, requerimos al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desista de la desafectación pretendida y acate la legislación vigente.
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Fecha de Publicación: 20/06/2014
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: CABA
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA), Amigos de la Tierra, Aves Argentinas y Greenpeace expresan su profunda preocupación por los recientes proyectos de ley enviados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) a la Legislatura porteña, que proponen desafectar parte de la Reserva Ecológica Costanera Sur (RECS) para “instalar y operar una base de recolección de residuos sólidos urbanos” para ser “un depósito de vehículos livianos y pesados, maquinarias y enseres destinados a la guarda, mantenimiento y limpieza de los vehículos utilizados para realizar el servicio de recolección de residuos”. También se permitiría allí “el almacenamiento del material recuperado final que, en razón de sus características voluminosas, necesite un acopio mayor debido a que no pueda ser compactado”.
Estas nuevas zonificaciones requerirían de su inclusión en el Código de Planeamiento Urbano catalogados como terrenos aptos para higiene urbana, lo cual supondría la ejecución de un proceso especial.
Pero estas iniciativas, y otras como la construcción de la autopista ribereña, colisionan de lleno con los fines de la RECS como reserva natural y a los objetivos de su Plan de Manejo (Ordenanza 45676/91). Asimismo, la desafectación planteada atenta, por un lado, con lo señalado por la Constitución porteña que establece en su artículo 27. 4 que la Ciudad promoverá "la preservación e incremento de los espacios verdes, las áreas forestadas y parquizadas, parques naturales y zonas de reserva ecológica, y la preservación de su diversidad biológica”. Por otro, desconoce el principio de no regresión en materia ambiental, reconocido en el orden internacional , que indica que la normativa y la jurisprudencia ambiental no deberían ser revisadas si esto implicare retroceder respecto a los niveles de protección alcanzados con anterioridad.
La Reserva Ecológica Costanera Sur tiene características únicas y es el sitio con mayor biodiversidad en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), jurisdicción que adolece de un fuerte déficit en espacios verdes. En este sentido, con 2 o 3 m2 de espacio verde por habitante, la Ciudad está lejos de alcanzar la recomendación de la O.M.S (Organización Mundial de la Salud) que establece, por lo menos, 10m2. La RECS brinda la posibilidad de ponerse en contacto con la naturaleza agreste en la ciudad más importante del país y, por ende, es esencial para desarrollar actividades de educación ambiental. Los cuerpos de agua y los bañados son sus ambientes más representativos y ricos por la diversidad biológica que sustentan.
Pero la RECS no es un simple espacio verde, es una reserva natural y como tal debe preservársela en la práctica de manera eficiente y participativa. Es reconocida además como Área de Importancia para la Conservación de Aves (AICA) de acuerdo a los criterios de la organización global Birdlife International y en 2005 fue declarada Sitio Ramsar reconociéndola como humedal de importancia internacional . Esto supone también una intervención activa de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS), autoridad de aplicación de la Convención que da origen a tal distinción .
Por lo tanto, es clave que tanto Nación como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires impulsen distintas medidas que apunten a conservar sus humedales, controlar las especies invasoras, restaurar ecosistemas degradados y desarrollar actividades de educación ambiental.
En los últimos meses la RECS había sido objeto de un necesario y postergado plan de mejoras lo cual incluyó una puesta en valor de sus lagunas y otros sectores. Las organizaciones firmantes lamentan que tras el reciente anuncio de una propuesta del Gobierno porteño dirigida a aumentar en veinte años el número de espacios verdes públicos en la Ciudad se pretenda ejecutar iniciativas como las referidas y otros descuidos que ya alertaron a organizaciones y vecinos, y que motivaron un pedido de información pública que la Dirección General de Espacios Verdes respondió de manera escueta y pobre . Por lo tanto, requerimos al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desista de la desafectación pretendida y acate la legislación vigente.
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Derrame en Caleta Córdova, acuerdo poco claro
Antares Naviera pagará U$S5 millones por el derrame de petróleo en Caleta Córdova
Fecha de Publicación: 19/06/2014
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
Por decreto provincial, el gobernador aprobó el acuerdo entre partes y el desistimiento del proceso tras el impacto ambiental. El dinero será destinado a obras de infraestructura.
La empresa Antares Naviera SA, responsable del derrame de petróleo que en diciembre de 2007 afectó a las costas de Caleta Córdova, deberá pagar al Estado provincial una suma total de cinco millones de dólares por los daños ambientales originados en la zona.
Desde Provincia indicaron que el monto se destinará exclusivamente a la ejecución de obras de infraestructura en Comodoro Rivadavia. “Hemos llegado a un acuerdo con Antares Naviera para la indemnización por los daños ambientales causados por el buque Arturo Illia en Caleta Córdova en el año 2007”, explicó el fiscal de Estado, Miguel Montoya.
El funcionario del gobierno de Martín Buzzi recordó que esta demanda se inició por parte del Estado provincial, el municipio de Comodoro Rivadavia y pescadores que se dedicaban a la extracción de moluscos en ese barrio.
“En primer lugar, el seguro indemnizó al municipio comodorense, al igual que a todos los actores individuales, y luego de un arduo trabajo hemos acordado un monto de cinco millones de dólares a favor de la Provincia una vez que esté homologado el acuerdo que hemos firmado el pasado 10 de junio”, explicó.
El fiscal de Estado de Chubut consideró que el monto recibido es significativo y que abarca un “daño ambiental genérico”. Para el Gobierno, es una satisfacción porque la ciudad de Comodoro Rivadavia es la que está expuesta a problemas similares, por lo que en próximos casos esto es un precedente.
Montoya adelantó que el ingreso del dinero a las arcas provinciales se producirá luego de diez días después de homologado por parte de la jueza federal de Comodoro, Eva Parcio, el acuerdo que presentarán con la abogada del seguro. El dinero depositado será al valor oficial del dólar del día anterior.
Luego de varias negociaciones entre el Estado provincial y representantes de la empresa propietaria del buque, se suscribió entre ambas partes un acuerdo transaccional con el objeto de finalizar la controversia causada por la contaminación ambiental denunciada.
Mediante el decreto provincial 701 firmado por el gobernador Martín Buzzi y refrendado por el ministro Coordinador de Gabinete, Juan Garitano, se aprobó el acuerdo celebrado el pasado 10 de junio entre el fiscal de Estado, Miguel Angel Montoya, y la apoderada de Antares Naviera, así como el desistimiento del proceso.
De acuerdo a lo acordado, el monto a abonar por parte de la empresa cancela total y definitivamente todos los rubros del reclamo en relación al derrame, dando por finalizada la controversia.
Según consta en el instrumento legal, el acuerdo significa “una solución adecuada y satisfactoria a la controversia suscitada a partir de los daños causados por la contaminación”.
“Los fondos provenientes del mismo serán destinados a la realización de obras de infraestructura en la ciudad de Comodoro Rivadavia, lo cual redundará en un beneficio directo para los habitantes de las zonas afectadas”, dice.
El derrame de los hidrocarburos se produjo el 26 de diciembre de 2007 en la zona de Caleta Córdova, afectando el ambiente y bienes de dominio público provincial. El origen y las causas de la contaminación fueron investigados por el Juzgado Penal de Primera Instancia de Comodoro Rivadavia y luego elevados al Tribunal Oral Federal de la ciudad.
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Fecha de Publicación: 19/06/2014
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
Por decreto provincial, el gobernador aprobó el acuerdo entre partes y el desistimiento del proceso tras el impacto ambiental. El dinero será destinado a obras de infraestructura.
La empresa Antares Naviera SA, responsable del derrame de petróleo que en diciembre de 2007 afectó a las costas de Caleta Córdova, deberá pagar al Estado provincial una suma total de cinco millones de dólares por los daños ambientales originados en la zona.
Desde Provincia indicaron que el monto se destinará exclusivamente a la ejecución de obras de infraestructura en Comodoro Rivadavia. “Hemos llegado a un acuerdo con Antares Naviera para la indemnización por los daños ambientales causados por el buque Arturo Illia en Caleta Córdova en el año 2007”, explicó el fiscal de Estado, Miguel Montoya.
El funcionario del gobierno de Martín Buzzi recordó que esta demanda se inició por parte del Estado provincial, el municipio de Comodoro Rivadavia y pescadores que se dedicaban a la extracción de moluscos en ese barrio.
“En primer lugar, el seguro indemnizó al municipio comodorense, al igual que a todos los actores individuales, y luego de un arduo trabajo hemos acordado un monto de cinco millones de dólares a favor de la Provincia una vez que esté homologado el acuerdo que hemos firmado el pasado 10 de junio”, explicó.
El fiscal de Estado de Chubut consideró que el monto recibido es significativo y que abarca un “daño ambiental genérico”. Para el Gobierno, es una satisfacción porque la ciudad de Comodoro Rivadavia es la que está expuesta a problemas similares, por lo que en próximos casos esto es un precedente.
Montoya adelantó que el ingreso del dinero a las arcas provinciales se producirá luego de diez días después de homologado por parte de la jueza federal de Comodoro, Eva Parcio, el acuerdo que presentarán con la abogada del seguro. El dinero depositado será al valor oficial del dólar del día anterior.
Luego de varias negociaciones entre el Estado provincial y representantes de la empresa propietaria del buque, se suscribió entre ambas partes un acuerdo transaccional con el objeto de finalizar la controversia causada por la contaminación ambiental denunciada.
Mediante el decreto provincial 701 firmado por el gobernador Martín Buzzi y refrendado por el ministro Coordinador de Gabinete, Juan Garitano, se aprobó el acuerdo celebrado el pasado 10 de junio entre el fiscal de Estado, Miguel Angel Montoya, y la apoderada de Antares Naviera, así como el desistimiento del proceso.
De acuerdo a lo acordado, el monto a abonar por parte de la empresa cancela total y definitivamente todos los rubros del reclamo en relación al derrame, dando por finalizada la controversia.
Según consta en el instrumento legal, el acuerdo significa “una solución adecuada y satisfactoria a la controversia suscitada a partir de los daños causados por la contaminación”.
“Los fondos provenientes del mismo serán destinados a la realización de obras de infraestructura en la ciudad de Comodoro Rivadavia, lo cual redundará en un beneficio directo para los habitantes de las zonas afectadas”, dice.
El derrame de los hidrocarburos se produjo el 26 de diciembre de 2007 en la zona de Caleta Córdova, afectando el ambiente y bienes de dominio público provincial. El origen y las causas de la contaminación fueron investigados por el Juzgado Penal de Primera Instancia de Comodoro Rivadavia y luego elevados al Tribunal Oral Federal de la ciudad.
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En operativo recuperan fauna en peligro
Personal de la Secretaría de Ambiente recuperó ejemplares en peligro de extinción
Fecha de Publicación: 19/06/2014
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Santiago del Estero
Durante el mes de Junio, personal de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, que encabeza el Ing. Omar Judis, recuperó en la provincia de Santiago del Estero dos ejemplares de fauna silvestre, uno de ellos en peligro de extinción.
Personal del Grupo de Control y Fiscalización de Fauna y Flora Silvestres, dependiente de la Dirección Nacional de Ordenamiento Ambiental y Conservación de la Biodiversidad, rescató un ejemplar hembra de Corzuela (Mazama gouazoubira) y un ejemplar macho de Oso Hormiguero (Myrmecophaga tridactyla), que habían sido entregados por un particular a personal de esta Secretaria de Ambiente y que luego fueron trasladados a la Fundación Temaiken, a fin de que realicen la cuarentena sanitaria correspondiente.
Se estima que ambos animales, que rondan los dos meses de edad, una vez cumplidos todos los pasos sanitarios y de rehabilitación, podrán ser reinsertados en su ambiente natural.
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Fecha de Publicación: 19/06/2014
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Santiago del Estero
Durante el mes de Junio, personal de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, que encabeza el Ing. Omar Judis, recuperó en la provincia de Santiago del Estero dos ejemplares de fauna silvestre, uno de ellos en peligro de extinción.
Personal del Grupo de Control y Fiscalización de Fauna y Flora Silvestres, dependiente de la Dirección Nacional de Ordenamiento Ambiental y Conservación de la Biodiversidad, rescató un ejemplar hembra de Corzuela (Mazama gouazoubira) y un ejemplar macho de Oso Hormiguero (Myrmecophaga tridactyla), que habían sido entregados por un particular a personal de esta Secretaria de Ambiente y que luego fueron trasladados a la Fundación Temaiken, a fin de que realicen la cuarentena sanitaria correspondiente.
Se estima que ambos animales, que rondan los dos meses de edad, una vez cumplidos todos los pasos sanitarios y de rehabilitación, podrán ser reinsertados en su ambiente natural.
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Macri: de una reserva a depósito de camiones
El colmo de la Ciudad Verde de Macri
Fecha de Publicación: 19/06/2014
Fuente: Página/12
Provincia/Región: CABA
Dos iniciativas del jefe de Gobierno proponen desafectar parte de la emblemática Reserva, incluida en la Lista de Humedales de Importancia Internacional. También afecta un sector del Parque Avellaneda y otro junto al Autódromo.
Un día después de anunciar un plan para construir nuevos espacios verdes en la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de Gobierno envió a la Legislatura un proyecto para construir un depósito de camiones en la mismísima Reserva Ecológica. El audaz proyecto del PRO impulsa desafectar cinco hectáreas del pulmón verde para destinarlas a una “base primaria de recolección de residuos”, que consistiría en un depósito de camiones y de basura. No conforme con esto, tres días después, se presentó otra iniciativa con la propuesta de restarles a la Reserva otras 2,5 hectáreas para el mismo fin. La denuncia fue formulada ayer por los legisladores porteños Alejandro Bodart (MST) y Pablo Bergel (Verde Alameda). Los proyectos también avanzan sobre otros espacios verdes, como el Parque Avellaneda, al que se propone quitarle 2,5 hectáreas, siempre con el fin de destinarlos a actividades de higiene urbana.
La llamada Reserva Costanera Sur está incluida desde 2005 en la Lista Ramsar de Humedales de Importancia Internacional, lo que le otorga un alto grado de protección: la Ciudad y el país están obligados a protegerlos. Un humedal es una formación de terreno vinculada con el río, un ecosistema híbrido entre el terrestre y el acuático, como por ejemplo, el Delta del Paraná. La importancia de su conservación radica en que “cumple funciones fundamentales, como la regulación del ciclo hídrico, la estabilización del clima, la mitigación de los cambios climáticos globales y la conservación de la biodiversidad”, además de los “valores turísticos y recreativos”, según explica el propio sitio del Gobierno de la Ciudad, que los redactores del proyecto no leyeron o ignoraron.
“Hace pocos días, Macri usó la Reserva Ecológica para lanzar su mentiroso plan Ciudad Verde y ahora quiere quitarle siete hectáreas para instalar una playa de estacionamiento de camiones de basura, dañando un patrimonio natural protegido por convenios internacionales”, dijo el diputado Bodart. “La Reserva Ecológica es un área intocable”, enfatizó ante Página/12.
Macri presentó, el 9 de junio último, en ese escenario, un plan para construir 78 nuevos parques en los próximos veinte años, aunque no precisó dónde van a estar ubicados. Tampoco dio detalles de los espacios verdes que piensa destruir en lo que queda de su gestión, entre ellos, parte de la emblemática Reserva Ecológica. Pero al día siguiente envió el primer proyecto a la Legislatura.
“Demoró sólo un día en mostrar cómo implementará su marketinero plan Buenos Aires Verde”, ironizó Bergel. “Estos proyectos pasaron todos los límites. Además, violan el artículo 27 de la Constitución de la Ciudad”, enfatizó Enrique Viale, de la Asociación de Abogados Ambientalistas, ante una consulta de este diario.
Ningún funcionario porteño salió ayer a explicar estos proyectos. De acuerdo con las copias, a las que accedió Página/12, ambos están firmados por Macri, el ministro de Ambiente, Edgardo Cenzón; su par de Desarrollo Urbano, Daniel Chain, y el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta.
Uno de los proyectos desafecta del Distrito de Zonificación ARE DE4 (Reserva Ecológica) “una superficie de cinco (5) hectáreas correspondientes a la Manzana 63, Parcela I, Sección 98, Circunscripción 21”. La otra iniciativa, presentada tres días después (el 13 de junio), desafecta “una superficie de dos (2) hectáreas” correspondientes a la misma nomenclatura. Un croquis ubica ese espacio sobre la avenida Costanera, entre las prolongaciones virtuales de las calles Estados Unidos y Carlos Calvo.
En ambos casos, la finalidad de la desafectación es “instalar y operar una base de recolección de residuos sólidos urbanos”. Esa base no es más que “un depósito de vehículos livianos y pesados, maquinarias y enseres destinados a la guarda, mantenimiento y limpieza de los vehículos utilizados para realizar el servicio de recolección de residuos”. También se permitirá allí “el almacenamiento del material recuperado final que, en razón de sus características voluminosas, necesite un acopio mayor debido a que no pueda ser compactado”. Es decir, allí habrá también un basural.
Otros espacios verdes que el gobierno porteño quiere afectar como bases de recolección del servicio de higiene urbana (o playas de camiones recolectores) son:
- 2,5 hectáreas del Parque Avellaneda, ubicadas entre la autopista Perito Moreno y la prolongación de la calle Eugenio Garzón.
- Un predio ubicado detrás del Autódromo, sobre la avenida 27 de Febrero, ribereña del Riachuelo.
- Un predio bajo la autopista AU7 Héctor Cámpora, desde la avenida 27 de Febrero (ribereña del Riachuelo) hasta Coronel Roca.
“El Parque Avellaneda es un Area de Protección Histórica que además está gestionado por una mesa de trabajo integrada por asociaciones vecinales”, advirtió Bodart, adelantando las objeciones que va a tener el proyecto en ese barrio.
“Macri, su ministro Edgardo Cenzón y el presidente de la Agencia de Protección Ambiental, el ex ambientalista Juan Carlos Villalonga, deberán dar cuenta a la ciudadanía, sin sonrojarse, cómo se atreven a vender ese invento de su agente de marketing Duran Barba llamado Buenos Aires Verde”, concluyó Bergel.
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Fecha de Publicación: 19/06/2014
Fuente: Página/12
Provincia/Región: CABA
Dos iniciativas del jefe de Gobierno proponen desafectar parte de la emblemática Reserva, incluida en la Lista de Humedales de Importancia Internacional. También afecta un sector del Parque Avellaneda y otro junto al Autódromo.
Un día después de anunciar un plan para construir nuevos espacios verdes en la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de Gobierno envió a la Legislatura un proyecto para construir un depósito de camiones en la mismísima Reserva Ecológica. El audaz proyecto del PRO impulsa desafectar cinco hectáreas del pulmón verde para destinarlas a una “base primaria de recolección de residuos”, que consistiría en un depósito de camiones y de basura. No conforme con esto, tres días después, se presentó otra iniciativa con la propuesta de restarles a la Reserva otras 2,5 hectáreas para el mismo fin. La denuncia fue formulada ayer por los legisladores porteños Alejandro Bodart (MST) y Pablo Bergel (Verde Alameda). Los proyectos también avanzan sobre otros espacios verdes, como el Parque Avellaneda, al que se propone quitarle 2,5 hectáreas, siempre con el fin de destinarlos a actividades de higiene urbana.
La llamada Reserva Costanera Sur está incluida desde 2005 en la Lista Ramsar de Humedales de Importancia Internacional, lo que le otorga un alto grado de protección: la Ciudad y el país están obligados a protegerlos. Un humedal es una formación de terreno vinculada con el río, un ecosistema híbrido entre el terrestre y el acuático, como por ejemplo, el Delta del Paraná. La importancia de su conservación radica en que “cumple funciones fundamentales, como la regulación del ciclo hídrico, la estabilización del clima, la mitigación de los cambios climáticos globales y la conservación de la biodiversidad”, además de los “valores turísticos y recreativos”, según explica el propio sitio del Gobierno de la Ciudad, que los redactores del proyecto no leyeron o ignoraron.
“Hace pocos días, Macri usó la Reserva Ecológica para lanzar su mentiroso plan Ciudad Verde y ahora quiere quitarle siete hectáreas para instalar una playa de estacionamiento de camiones de basura, dañando un patrimonio natural protegido por convenios internacionales”, dijo el diputado Bodart. “La Reserva Ecológica es un área intocable”, enfatizó ante Página/12.
Macri presentó, el 9 de junio último, en ese escenario, un plan para construir 78 nuevos parques en los próximos veinte años, aunque no precisó dónde van a estar ubicados. Tampoco dio detalles de los espacios verdes que piensa destruir en lo que queda de su gestión, entre ellos, parte de la emblemática Reserva Ecológica. Pero al día siguiente envió el primer proyecto a la Legislatura.
“Demoró sólo un día en mostrar cómo implementará su marketinero plan Buenos Aires Verde”, ironizó Bergel. “Estos proyectos pasaron todos los límites. Además, violan el artículo 27 de la Constitución de la Ciudad”, enfatizó Enrique Viale, de la Asociación de Abogados Ambientalistas, ante una consulta de este diario.
Ningún funcionario porteño salió ayer a explicar estos proyectos. De acuerdo con las copias, a las que accedió Página/12, ambos están firmados por Macri, el ministro de Ambiente, Edgardo Cenzón; su par de Desarrollo Urbano, Daniel Chain, y el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta.
Uno de los proyectos desafecta del Distrito de Zonificación ARE DE4 (Reserva Ecológica) “una superficie de cinco (5) hectáreas correspondientes a la Manzana 63, Parcela I, Sección 98, Circunscripción 21”. La otra iniciativa, presentada tres días después (el 13 de junio), desafecta “una superficie de dos (2) hectáreas” correspondientes a la misma nomenclatura. Un croquis ubica ese espacio sobre la avenida Costanera, entre las prolongaciones virtuales de las calles Estados Unidos y Carlos Calvo.
En ambos casos, la finalidad de la desafectación es “instalar y operar una base de recolección de residuos sólidos urbanos”. Esa base no es más que “un depósito de vehículos livianos y pesados, maquinarias y enseres destinados a la guarda, mantenimiento y limpieza de los vehículos utilizados para realizar el servicio de recolección de residuos”. También se permitirá allí “el almacenamiento del material recuperado final que, en razón de sus características voluminosas, necesite un acopio mayor debido a que no pueda ser compactado”. Es decir, allí habrá también un basural.
Otros espacios verdes que el gobierno porteño quiere afectar como bases de recolección del servicio de higiene urbana (o playas de camiones recolectores) son:
- 2,5 hectáreas del Parque Avellaneda, ubicadas entre la autopista Perito Moreno y la prolongación de la calle Eugenio Garzón.
- Un predio ubicado detrás del Autódromo, sobre la avenida 27 de Febrero, ribereña del Riachuelo.
- Un predio bajo la autopista AU7 Héctor Cámpora, desde la avenida 27 de Febrero (ribereña del Riachuelo) hasta Coronel Roca.
“El Parque Avellaneda es un Area de Protección Histórica que además está gestionado por una mesa de trabajo integrada por asociaciones vecinales”, advirtió Bodart, adelantando las objeciones que va a tener el proyecto en ese barrio.
“Macri, su ministro Edgardo Cenzón y el presidente de la Agencia de Protección Ambiental, el ex ambientalista Juan Carlos Villalonga, deberán dar cuenta a la ciudadanía, sin sonrojarse, cómo se atreven a vender ese invento de su agente de marketing Duran Barba llamado Buenos Aires Verde”, concluyó Bergel.
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Mendoza: parece que no se cambiaría la ley de minería
No hay eco para cambiar la ley antiminera en Mendoza
Fecha de Publicación: 18/06/2014
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza
Diez días atrás se encendió nuevamente la polémica sobre minería metalífera en la provincia. Fue en el ámbito de la Legislatura provincial, a propósito de un proyecto presentado por un diputado justicialista (José Muñoz) de Malargüe, que cuenta con el respaldo del intendente Juan Antonio Agulles.
Si bien el proyecto que pretende acotar los alcances de la protección ambiental que brinda la 7.722 (también conocida como “ley antiminera”) no ha hecho demasiados avances legislativos, Diario UNO consultó a los parlamentarios de las diferentes líneas políticas que se sientan cada miércoles en el recinto, a fin de vislumbrar qué destino puede tener esta iniciativa.
Por ahora, la recepción del proyecto de cambio no es buena, ni siquiera dentro del mismo PJ. Tampoco la postura del Ejecutivo está del todo clara. Lo cierto es que si el proyecto se tratara hoy, perdería la votación en Diputados. Sin embargo, debe pasar por dos comisiones antes de llegar al recinto para su tratamiento y en ese tiempo, las opiniones pueden cambiar.
Rechazo general
Con excepción del bloque del PJ – dentro del cual las opiniones también están divididas– el proyecto no ha sido bien recibido. Así, Omar Sorroche, radical y presidente de la Comisión de Ambiente, adelantó que no les parece serio el proyecto. Explicó que lo que a los radicales les preocupa es que el gobierno de Francisco Pérez propone cuestiones como ésta y no tiene nada para discutir, no tiene contenidos. “Si hay una posibilidad de hablar sobre un proyecto en el que esté incluida la minería estamos dispuestos a discutir, pero no en la soledad de una idea de un diputado y un intendente”, aseguró el radical. También agregó que él mismo ha hablado con legisladores peronistas a los que “les cayó por sorpresa” la idea de modificar la ley de prohibición de minería metalífera. También opinó que no pueden estar discutiendo un cambio tan amplio con el fin de atraer nuevos inversores, si ni siquiera pudieron reactivar el proyecto de Vale. “Todas las semanas tenemos ex trabajadores acá en Legislatura reclamando, y nadie les da una respuesta”, destacó.
En cuanto al PD, desde este partido también adelantaron que no apoyarán la idea. “Nosotros estamos en contra de cualquier tipo de contaminación, más si tiene que ver con el agua, que es vital, tanto para el consumo como para la producción. No vamos a votar nada que pueda perjudicar al ambiente”, afirmó el diputado.
Desde el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, opinó Héctor Fresina. El diputado de izquierda aseguró que “defendemos tal cual está la 7.722, cualquier modificación, tiende a introducir la megaminería contaminante. La defendemos tal cual está, la consigna es que el agua de Mendoza no se negocia”.
Dentro del Frente Renovador todavía no han decidido la postura. Es que hay que tener en cuenta la defensa acérrima de la 7.722 del intendente de San Carlos, Jorge Difonso, que integra el massismo. El punto es que, como este partido está integrado por distintas fuerzas, es probable que haya libertad de conciencia de tener que votar. Pero según explicó Daniel Cassia, aún es muy pronto para definiciones.
Defensa
Dentro del bloque justicialista, las posturas no están unificadas. Según dijo Silvia Ramos, diputada sanrafaelina y coautora del proyecto, hay que tener en cuenta que “la propuesta no es negarse a los controles y cuidados del agua, sino zonificar el alcance de la prohibición”. Es decir, que se puedan realizar procesos de cateo, exploración y explotación, en las zonas que permite el Código Minero de la Nación y a diez kilómetros de distancia de cualquier centro urbano. La iniciativa, empero, le devuelve la autonomía de decisión a los municipios, en algunos aspectos relacionados con iniciativas mineras. Si bien Ramos explicó que hay acuerdo en el PJ, reconoció que hay diputados de Alvear que no están a favor de los cambios.
Para la Asociación Geológica la actual ley es discriminatoria
Desde la Asociación Geológica de Mendoza opinaron acerca de la ley 7.722, que hoy prohíbe cualquier trabajo de minería contaminante en la provincia. Para la AGM, la ley es un acto de discriminación que se ejerce sobre técnicos, operarios y profesionales del sector. “Con el argumento de tutelar el recurso hídrico, la ley prohíbe a los profesionales de la minería usar tres elementos químicos de uso común en muchas industrias (cianuro, mercurio y ácido sulfúrico).
Tal y como aseguran, cualquier geólogo que sea contratado para hacer observaciones y obtener muestras de suelo, está obligado a gestionar una Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Una vez obtenida, deben esperar que la Legislatura de Mendoza la ratifique por ley.
Por último, agregan que para reforzar y hacer más evidente la discriminación, existe hasta una confusión de términos. Esto es que, mencionan bajo la denominación de “sustancias tóxicas”, algunos químicos que son insumos comunes en otras industrias, tales como disolventes o reactivos. “No queda ninguna duda: la 7.722 es un claro acto de discriminación para los trabajadores mineros”.
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Fecha de Publicación: 18/06/2014
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza
Diez días atrás se encendió nuevamente la polémica sobre minería metalífera en la provincia. Fue en el ámbito de la Legislatura provincial, a propósito de un proyecto presentado por un diputado justicialista (José Muñoz) de Malargüe, que cuenta con el respaldo del intendente Juan Antonio Agulles.
Si bien el proyecto que pretende acotar los alcances de la protección ambiental que brinda la 7.722 (también conocida como “ley antiminera”) no ha hecho demasiados avances legislativos, Diario UNO consultó a los parlamentarios de las diferentes líneas políticas que se sientan cada miércoles en el recinto, a fin de vislumbrar qué destino puede tener esta iniciativa.
Por ahora, la recepción del proyecto de cambio no es buena, ni siquiera dentro del mismo PJ. Tampoco la postura del Ejecutivo está del todo clara. Lo cierto es que si el proyecto se tratara hoy, perdería la votación en Diputados. Sin embargo, debe pasar por dos comisiones antes de llegar al recinto para su tratamiento y en ese tiempo, las opiniones pueden cambiar.
Rechazo general
Con excepción del bloque del PJ – dentro del cual las opiniones también están divididas– el proyecto no ha sido bien recibido. Así, Omar Sorroche, radical y presidente de la Comisión de Ambiente, adelantó que no les parece serio el proyecto. Explicó que lo que a los radicales les preocupa es que el gobierno de Francisco Pérez propone cuestiones como ésta y no tiene nada para discutir, no tiene contenidos. “Si hay una posibilidad de hablar sobre un proyecto en el que esté incluida la minería estamos dispuestos a discutir, pero no en la soledad de una idea de un diputado y un intendente”, aseguró el radical. También agregó que él mismo ha hablado con legisladores peronistas a los que “les cayó por sorpresa” la idea de modificar la ley de prohibición de minería metalífera. También opinó que no pueden estar discutiendo un cambio tan amplio con el fin de atraer nuevos inversores, si ni siquiera pudieron reactivar el proyecto de Vale. “Todas las semanas tenemos ex trabajadores acá en Legislatura reclamando, y nadie les da una respuesta”, destacó.
En cuanto al PD, desde este partido también adelantaron que no apoyarán la idea. “Nosotros estamos en contra de cualquier tipo de contaminación, más si tiene que ver con el agua, que es vital, tanto para el consumo como para la producción. No vamos a votar nada que pueda perjudicar al ambiente”, afirmó el diputado.
Desde el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, opinó Héctor Fresina. El diputado de izquierda aseguró que “defendemos tal cual está la 7.722, cualquier modificación, tiende a introducir la megaminería contaminante. La defendemos tal cual está, la consigna es que el agua de Mendoza no se negocia”.
Dentro del Frente Renovador todavía no han decidido la postura. Es que hay que tener en cuenta la defensa acérrima de la 7.722 del intendente de San Carlos, Jorge Difonso, que integra el massismo. El punto es que, como este partido está integrado por distintas fuerzas, es probable que haya libertad de conciencia de tener que votar. Pero según explicó Daniel Cassia, aún es muy pronto para definiciones.
Defensa
Dentro del bloque justicialista, las posturas no están unificadas. Según dijo Silvia Ramos, diputada sanrafaelina y coautora del proyecto, hay que tener en cuenta que “la propuesta no es negarse a los controles y cuidados del agua, sino zonificar el alcance de la prohibición”. Es decir, que se puedan realizar procesos de cateo, exploración y explotación, en las zonas que permite el Código Minero de la Nación y a diez kilómetros de distancia de cualquier centro urbano. La iniciativa, empero, le devuelve la autonomía de decisión a los municipios, en algunos aspectos relacionados con iniciativas mineras. Si bien Ramos explicó que hay acuerdo en el PJ, reconoció que hay diputados de Alvear que no están a favor de los cambios.
Para la Asociación Geológica la actual ley es discriminatoria
Desde la Asociación Geológica de Mendoza opinaron acerca de la ley 7.722, que hoy prohíbe cualquier trabajo de minería contaminante en la provincia. Para la AGM, la ley es un acto de discriminación que se ejerce sobre técnicos, operarios y profesionales del sector. “Con el argumento de tutelar el recurso hídrico, la ley prohíbe a los profesionales de la minería usar tres elementos químicos de uso común en muchas industrias (cianuro, mercurio y ácido sulfúrico).
Tal y como aseguran, cualquier geólogo que sea contratado para hacer observaciones y obtener muestras de suelo, está obligado a gestionar una Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Una vez obtenida, deben esperar que la Legislatura de Mendoza la ratifique por ley.
Por último, agregan que para reforzar y hacer más evidente la discriminación, existe hasta una confusión de términos. Esto es que, mencionan bajo la denominación de “sustancias tóxicas”, algunos químicos que son insumos comunes en otras industrias, tales como disolventes o reactivos. “No queda ninguna duda: la 7.722 es un claro acto de discriminación para los trabajadores mineros”.
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Península Valdés ya es reserva de la UNESCO
UNESCO aprobó la creación de la Reserva de Biósfera Península Valdés
Fecha de Publicación: 18/06/2014
Fuente: El Chubut
Provincia/Región: Chubut
El área comprende alrededor de 2 millones de hectáreas que estarán bajo la figura de conservación
En el marco de la 26º reunión del Consejo Internacional de Coordinación de la UNESCO, desarrollada en Suecia, hubo consenso para aprobar el proyecto presentado por la Secretaría de Medio Ambiente de Nación a través del Gobierno de la Provincia del Chubut para crear la Reserva de Biósfera Península Valdés. Así lo informó el diario El Chubut.
“Se trata de un nuevo sello internacional de conservación que nos permite posicionarnos a nivel mundial como grandes referentes de la naturaleza y la conservación y potencializar la industria del turismo”, indicó Zonza Nigro.
Al respecto, el secretario de Turismo del Chubut, Carlos Zonza Nigro, señaló que “es una muy buena noticia que ya está difundiendo la UNESCO. Sólo 9 países obtuvieron esta distinción y ser los únicos del país nos posiciona como una provincia con un gran patrimonio natural pero también que apuesta a la conservación y al factor humano como parte del desarrollo sostenible”.
Destacó que “el proyecto de crear la Reserva de la Biósfera Península Valdés surge de nuestro Plan Integral de Conservación que tiene que ver mucho con la historia de nuestra provincia, con retomar nuestra filosofía de pioneros que nos permita posicionar la conservación como un gran atractor turístico y de desarrollo económico”.
El área comprende alrededor de 2 millones de hectáreas que estarán bajo la figura de conservación, que a su vez están subdivididas en zonas núcleo, de amortiguación y de transición, que permiten determinadas actividades tales como el turismo, la ganadería, los asentamientos humanos, entre otras, garantizando el desarrollo sostenible.
La nueva delimitación incluiría la parte territorial de Península Valdés, los golfos San José y Nuevo en su totalidad y la zona de Punta Ninfas.
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Fecha de Publicación: 18/06/2014
Fuente: El Chubut
Provincia/Región: Chubut
El área comprende alrededor de 2 millones de hectáreas que estarán bajo la figura de conservación
En el marco de la 26º reunión del Consejo Internacional de Coordinación de la UNESCO, desarrollada en Suecia, hubo consenso para aprobar el proyecto presentado por la Secretaría de Medio Ambiente de Nación a través del Gobierno de la Provincia del Chubut para crear la Reserva de Biósfera Península Valdés. Así lo informó el diario El Chubut.
“Se trata de un nuevo sello internacional de conservación que nos permite posicionarnos a nivel mundial como grandes referentes de la naturaleza y la conservación y potencializar la industria del turismo”, indicó Zonza Nigro.
Al respecto, el secretario de Turismo del Chubut, Carlos Zonza Nigro, señaló que “es una muy buena noticia que ya está difundiendo la UNESCO. Sólo 9 países obtuvieron esta distinción y ser los únicos del país nos posiciona como una provincia con un gran patrimonio natural pero también que apuesta a la conservación y al factor humano como parte del desarrollo sostenible”.
Destacó que “el proyecto de crear la Reserva de la Biósfera Península Valdés surge de nuestro Plan Integral de Conservación que tiene que ver mucho con la historia de nuestra provincia, con retomar nuestra filosofía de pioneros que nos permita posicionar la conservación como un gran atractor turístico y de desarrollo económico”.
El área comprende alrededor de 2 millones de hectáreas que estarán bajo la figura de conservación, que a su vez están subdivididas en zonas núcleo, de amortiguación y de transición, que permiten determinadas actividades tales como el turismo, la ganadería, los asentamientos humanos, entre otras, garantizando el desarrollo sostenible.
La nueva delimitación incluiría la parte territorial de Península Valdés, los golfos San José y Nuevo en su totalidad y la zona de Punta Ninfas.
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A más soja, más inundación. La deforestación brutal
“El 92% de la selva ha sido deforestada para hacer monocultivo de soja”
Fecha de Publicación: 17/06/2014
Fuente: ANR
Provincia/Región: Nacional
Las inundaciones en Chaco, Corrientes, Misiones, Santa Fe y Entre Ríos podrían producir el anegamiento de sus zonas ribereñas, dado que sus costas se encuentran casi al mismo nivel del río Paraná, cuyas aguas experimentaron una fuerte crecida a la altura de la ciudad de Posadas. Enredando las mañanas dialogó el pasado jueves con Marcelo Giraud, geógrafo, docente universitario y activista, quién explicó éste es solo un fenómeno climático por las lluvias o si los grandes desmontes a favor de políticas de monocultivo de soja favorecen las grandes crecidas de las cuencas del río.
Marcelo Giraud: Creo que la deforestación es una causal sin lugar a dudas y es esencial para comprender cabalmente el fenómeno que está ocurriendo. Por supuesto que crecidas ha habido desde hace siglos y milenios en la cuenca del Paraná-Plata, pero este fenómeno se ha agravado mucho en las últimas décadas y cada vez más a medida que avanza la deforestación de los diferentes bosques y selvas tropicales del norte de nuestro país y en los países vecinos. En este caso en particular lo que estamos viendo es sobre todo una crecida, no solo por el aumento en el caudal del Paraná, a partir de su cuenca de alimentación superior en Brasil, sino una de sus importantes afluentes como es el río Iguazú, en la cuenca de éste del lado brasileño, recordemos que tiene más de 800 kilómetros de largo, que nace cerca del Océano Atlántico y a partir de allí corre hacia el oeste. Ha habido lluvias muy fuertes, intensas en los últimos días, pero no podemos decir que son lluvias récord y sin embargo esas fuertes lluvias han generado que el río Iguazú llegue a tener un caudal de 46.000 m3 por segundo. Para darnos una idea, es más del doble del caudal medio del Rio de la Plata, casi el triple del Paraná, para solo un afluente, una cifra levemente superior al caudal medio del río Hongo el segundo más caudaloso del mundo.
Ese pico de crecida que va a durar pocos días, se está transmitiendo aguas abajo, está fluyendo, llegando a Yacyretá y a partir de allí va a generar problemas severos para algunas poblaciones de Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos. En este caso la lluvia cayó sobre el estado de Paraná de la cuenca del Iguazú, donde queda apenas el 8% de la superficie de la selva originaria, el 92% ha sido deforestada para ser reemplazada para hacer monocultivo de soja con fuerte presencia de los agro negocios.
Evidentemente en esta época donde la soja ha sido cosechada, los suelos de ninguna manera pueden actuar reteniendo una buena parte de las lluvias caídas como ocurriría en un ecosistema de la selva paranaense originaria, eso hace que el agua llegue mucho más rápidamente en los ríos y los picos de crecida sean mucho más cortos pero mucho mayores y más repentinos. Este mismo fenómeno vivió Santa Fé en la cuenca del rio Salado por mayo del 2003, relacionado con la deforestación en toda la cuenca del rio, en Santiago del Estero y en Salta.
Lamentablemente en tanto no se revierta o se detenga el avance de las deforestaciones estos fenómenos se van a seguir repitiendo y ojalá no sigan acentuándose aun más a futuro.
Debemos cuidarnos muy bien en calificar a estos fenómenos como catástrofes naturales, porque sin duda es natural como la lluvia pero interactuando fuertemente con las transformaciones en el uso del suelo, generados por la sociedad y por algunos empresarios avalados por los poderes políticos.
Enredando las mañanas: Sobre eso quería consultarte, porque la producción de soja au incentivo por sobre de otro tipo de cultivos, no es puntual de alguna provincia sino que es nacional.
M. G. : Justamente en la medida en que el Gobierno nacional está impulsando a través del Plan Estratégico Agro alimentario, Agro industrial al 2020, una expansión de la frontera agropecuaria, la incorporación de unos 9.000.000 de hectáreas a la superficie ya cultivada de las cuales 4.000.000, según dice ese plan estarían destinadas a la soja. Uno se pregunta, de dónde saldrían esas hectáreas, no de la región pampeana precisamente, sino hablamos de una continuidad de la expansión hacia las provincias del noroeste y noreste argentino. En la medida que el gobierno nacional tenga este tipo de política, con qué autoridad podría plantearles a los otros países de la cuenca del Plata, como Paraguay y Brasil, que observen un poco las consecuencias que está sufriendo nuestra población, nuestro territorio, estas inundaciones, estas crecidas extraordinarias en función de la deforestación que está ocurriendo en esos países, como en la cuenca de Iguazú, en el estado de Paraná brasileño. Mal se podría plantear o reclamar a los brasileños que tengan otro tipo de política. No es solo nacional sino inclusive en algún momento se vio una publicidad de una de las transnacionales semilleras y de agroquímicos Syngenta, ese mapa como una enorme mancha verde cubriendo una parte importante de nuestro cono sur, con la leyenda República Unida de la Soja.
Estamos viendo en la cuenca del Plata y del Paraná-Plata, las consecuencias de un fenómeno puntual en el tiempo que no cubre un área demasiado extensa en Brasil, pero que aguas abajo por supuesto va a generar en los próximos días muchos miles de perjudicados y probablemente evacuados.
ELM: Además son las comunidades que históricamente han sido olvidadas por los Estados.
M. G. : Generalmente los evacuados por inundaciones, por crecidas de los ríos a lo largo de la cuenca del Paraná, suelen ser las poblaciones de menores recursos, que de instalan donde se sabe que el río cada tanto produce crecidas, ero van y lo hacen porque no les queda otra, no porque les gusta ser periódicamente inundados. Ante esta política, a medida que se favorece la expulsión de una parte de la población rural en función de la adopción de otro modelo agropecuario, tecnológico intensivo en capital, con menos requerimiento de mano de obra, muchos habitantes del campo terminan migrando a las grandes ciudades del litoral argentino y al no tener donde establecerse, se terminan instalando en los lugares más propensos, más riesgosos a peligros como las inundaciones.
Es todo un entramado de problemas que afectan a las poblaciones urbanas como a las rurales y forman parte de un mismo sistema social y político.
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Fecha de Publicación: 17/06/2014
Fuente: ANR
Provincia/Región: Nacional
Las inundaciones en Chaco, Corrientes, Misiones, Santa Fe y Entre Ríos podrían producir el anegamiento de sus zonas ribereñas, dado que sus costas se encuentran casi al mismo nivel del río Paraná, cuyas aguas experimentaron una fuerte crecida a la altura de la ciudad de Posadas. Enredando las mañanas dialogó el pasado jueves con Marcelo Giraud, geógrafo, docente universitario y activista, quién explicó éste es solo un fenómeno climático por las lluvias o si los grandes desmontes a favor de políticas de monocultivo de soja favorecen las grandes crecidas de las cuencas del río.
Marcelo Giraud: Creo que la deforestación es una causal sin lugar a dudas y es esencial para comprender cabalmente el fenómeno que está ocurriendo. Por supuesto que crecidas ha habido desde hace siglos y milenios en la cuenca del Paraná-Plata, pero este fenómeno se ha agravado mucho en las últimas décadas y cada vez más a medida que avanza la deforestación de los diferentes bosques y selvas tropicales del norte de nuestro país y en los países vecinos. En este caso en particular lo que estamos viendo es sobre todo una crecida, no solo por el aumento en el caudal del Paraná, a partir de su cuenca de alimentación superior en Brasil, sino una de sus importantes afluentes como es el río Iguazú, en la cuenca de éste del lado brasileño, recordemos que tiene más de 800 kilómetros de largo, que nace cerca del Océano Atlántico y a partir de allí corre hacia el oeste. Ha habido lluvias muy fuertes, intensas en los últimos días, pero no podemos decir que son lluvias récord y sin embargo esas fuertes lluvias han generado que el río Iguazú llegue a tener un caudal de 46.000 m3 por segundo. Para darnos una idea, es más del doble del caudal medio del Rio de la Plata, casi el triple del Paraná, para solo un afluente, una cifra levemente superior al caudal medio del río Hongo el segundo más caudaloso del mundo.
Ese pico de crecida que va a durar pocos días, se está transmitiendo aguas abajo, está fluyendo, llegando a Yacyretá y a partir de allí va a generar problemas severos para algunas poblaciones de Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos. En este caso la lluvia cayó sobre el estado de Paraná de la cuenca del Iguazú, donde queda apenas el 8% de la superficie de la selva originaria, el 92% ha sido deforestada para ser reemplazada para hacer monocultivo de soja con fuerte presencia de los agro negocios.
Evidentemente en esta época donde la soja ha sido cosechada, los suelos de ninguna manera pueden actuar reteniendo una buena parte de las lluvias caídas como ocurriría en un ecosistema de la selva paranaense originaria, eso hace que el agua llegue mucho más rápidamente en los ríos y los picos de crecida sean mucho más cortos pero mucho mayores y más repentinos. Este mismo fenómeno vivió Santa Fé en la cuenca del rio Salado por mayo del 2003, relacionado con la deforestación en toda la cuenca del rio, en Santiago del Estero y en Salta.
Lamentablemente en tanto no se revierta o se detenga el avance de las deforestaciones estos fenómenos se van a seguir repitiendo y ojalá no sigan acentuándose aun más a futuro.
Debemos cuidarnos muy bien en calificar a estos fenómenos como catástrofes naturales, porque sin duda es natural como la lluvia pero interactuando fuertemente con las transformaciones en el uso del suelo, generados por la sociedad y por algunos empresarios avalados por los poderes políticos.
Enredando las mañanas: Sobre eso quería consultarte, porque la producción de soja au incentivo por sobre de otro tipo de cultivos, no es puntual de alguna provincia sino que es nacional.
M. G. : Justamente en la medida en que el Gobierno nacional está impulsando a través del Plan Estratégico Agro alimentario, Agro industrial al 2020, una expansión de la frontera agropecuaria, la incorporación de unos 9.000.000 de hectáreas a la superficie ya cultivada de las cuales 4.000.000, según dice ese plan estarían destinadas a la soja. Uno se pregunta, de dónde saldrían esas hectáreas, no de la región pampeana precisamente, sino hablamos de una continuidad de la expansión hacia las provincias del noroeste y noreste argentino. En la medida que el gobierno nacional tenga este tipo de política, con qué autoridad podría plantearles a los otros países de la cuenca del Plata, como Paraguay y Brasil, que observen un poco las consecuencias que está sufriendo nuestra población, nuestro territorio, estas inundaciones, estas crecidas extraordinarias en función de la deforestación que está ocurriendo en esos países, como en la cuenca de Iguazú, en el estado de Paraná brasileño. Mal se podría plantear o reclamar a los brasileños que tengan otro tipo de política. No es solo nacional sino inclusive en algún momento se vio una publicidad de una de las transnacionales semilleras y de agroquímicos Syngenta, ese mapa como una enorme mancha verde cubriendo una parte importante de nuestro cono sur, con la leyenda República Unida de la Soja.
Estamos viendo en la cuenca del Plata y del Paraná-Plata, las consecuencias de un fenómeno puntual en el tiempo que no cubre un área demasiado extensa en Brasil, pero que aguas abajo por supuesto va a generar en los próximos días muchos miles de perjudicados y probablemente evacuados.
ELM: Además son las comunidades que históricamente han sido olvidadas por los Estados.
M. G. : Generalmente los evacuados por inundaciones, por crecidas de los ríos a lo largo de la cuenca del Paraná, suelen ser las poblaciones de menores recursos, que de instalan donde se sabe que el río cada tanto produce crecidas, ero van y lo hacen porque no les queda otra, no porque les gusta ser periódicamente inundados. Ante esta política, a medida que se favorece la expulsión de una parte de la población rural en función de la adopción de otro modelo agropecuario, tecnológico intensivo en capital, con menos requerimiento de mano de obra, muchos habitantes del campo terminan migrando a las grandes ciudades del litoral argentino y al no tener donde establecerse, se terminan instalando en los lugares más propensos, más riesgosos a peligros como las inundaciones.
Es todo un entramado de problemas que afectan a las poblaciones urbanas como a las rurales y forman parte de un mismo sistema social y político.
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