Los dueños de la semilla en Argentina, próximo debate
08:48 | 
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La batalla por las semillas se intensifica en Argentina
Fecha de Publicación: 16/07/2013
Fuente: IPS Noticias
Provincia/Región: Nacional
El debate por la reforma de la ley de semillas en Argentina enfrenta a las firmas transnacionales productoras de especies transgénicas con organizaciones sociales, académicas y rurales que se resisten al avance del monocultivo en defensa de la biodiversidad y de la soberanía alimentaria.
El Ministerio de Agricultura insiste desde hace más de un año en que enviará un proyecto de reforma al parlamento a fin de reemplazar una ley sobre la materia que data de 1973, modificada varias veces al compás de la expansión de los monocultivos genéticamente modificados, como la soja, iniciada en los años 90.
Pero el proyecto aún no se presenta, aunque hay dos borradores. La Asociación de Semilleros de Argentina, que reúne a las empresas de biotecnología, avala el contenido de los textos, pero es cuestionado por quienes ven en esas iniciativas intentos de restringir al máximo el uso propio –o la resiembra- por parte de los productores.
Las empresas argumentan que el mundo exige un mayor rendimiento por hectárea de los cultivos para satisfacer una demanda creciente de alimentos y añaden que una norma que regule y controle el mercado de semillas garantizará la recuperación de la inversión en investigación y desarrollo de las variedades modificadas.
En cambio, los críticos rechazan la expansión de este tipo de cultivos, aduciendo que impactan negativamente en la biodiversidad, incrementan la vulnerabilidad de la actividad agrícola frente a la variabilidad del clima y amenazan la supervivencia de familias rurales, que seleccionan las mejores semillas, las guardan y las utilizan para la resiembra.
En Argentina, uno de los principales productores mundiales de soja, alrededor de 98 por ciento de las plantaciones de esa oleaginosa son de semillas transgénicas, una variedad desarrollada en los laboratorios de Monsanto que resiste la aplicación del herbicida glifosato, de la misma firma. Asimismo, 80 por ciento de las tierras cultivadas con maíz son también con semillas transgénicas.
Para 2014, esta transnacional estadounidense prevé inaugurar una planta de acondicionamiento de semillas de este tipo en la central provincia de Córdoba, que producirá 60.000 toneladas por año.
La idea, dicen los responsables de la empresa en su sitio de Internet, es contribuir a la meta de duplicar la producción de alimentos para 2050. Pero junto con esta promesa, Monsanto también prevé una mayor fiscalización de las semillas que produce, que la que hubo hasta ahora.
Carlos Carballo, coordinador de la cátedra de soberanía alimentaria de la Facultad de Agronomía de la estatal Universidad de Buenos Aires, advirtió que esta expansión amenaza la diversidad de semillas nativas y criollas adaptadas a las condiciones del suelo y el clima de cada región.
“La semilla no es una mercancía, sino parte de un patrimonio de la humanidad”, subrayó Carballo ante la consulta de IPS.
Con el avance del monocultivo de soja y maíz transgénico, que está previsto en los planes del gobierno de aumento de la producción de alimentos, “habrá una expulsión masiva de pequeños productores”.
Los conflictos por la tierra ya son una realidad. Un estudio del Ministerio de Agricultura y de la estatal Universidad Nacional de San Martín dio cuenta en 2012 de que eran 830 las controversias que involucraban a 60.000 familias, en su mayoría productoras de subsistencia.
Las pujas se incrementaron con el avance de la frontera agrícola liderado por los cultivos transgénicos.
Para Carballo, más allá de la ley que se apruebe, las empresas ya lanzaron su estrategia de protección de los nuevos conflictos. Monsanto comunicó en 2012 que ya no entregaría más semillas a productores que no hubieran firmado un compromiso que, entre otras cláusulas, permitiera a la firma fiscalizar su uso.
Apenas unos meses después de esa advertencia, Monsanto informó que entre 70 y 80 por ciento de los productores de soja ya habían firmado ese contrato, es decir que estaban obligados no solo a pagar regalías, sino a abstenerse de reutilizar las semillas patentadas bajo amenaza de acciones legales.
Monsanto, la principal productora de transgénicos en Argentina, fue la gran responsable de la expansión en los años 90 de la soja de este origen con su estrategia de resignar el cobro de regalías, señaló a IPS el ingeniero agrónomo Javier Souza Casadinho, coordinación regional de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAP-AL).
“Eso le permitió ampliarse a todos los países del Cono Sur” de América, dijo este académico de vasta trayectoria en la materia, responsable de producir actualmente 47 por ciento de la soja y 28 por ciento del maíz que se venden en el mundo, según datos del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura.
Ahora la estrategia es exigir la firma de contratos. “El productor no tiene escapatoria ni posibilidad de volver a usar la semilla”, remarcó Souza.
Alertó, además, que en la norteña provincia de Salta está avanzando la soja transgénica en pequeñas comunidades, lo cual pone en riesgo a las semillas nativas.
“Necesitamos una ley que promueva el respeto de los modos de producción de las comunidades para conservar, mejorar y multiplicar las semillas, y permitir que haya intercambio”, dijo.
Los actores de este movimiento que busca participar en el debate señalan que el modelo de ley de semillas de Argentina podría ser el de Brasil o de Bolivia, donde se permite el cultivo transgénico a la vez que se fomenta y se protege la existencia de variedades de semillas nativas y criollas.
Carballo dijo que con apoyo estatal o de organizaciones no gubernamentales internacionales, en Colombia, Bolivia, Perú y Paraguay hay “guardianes de semillas”, que seleccionan y custodian esos bienes naturales en bancos o casas de semillas, que son de disponibilidad pública.
Argentina también tiene programas locales de protección de semillas como el que funciona desde hace dos décadas en la occidental provincia de Misiones. Mediante el “Programa de los maíces criollos”, el estado provincial y el nacional apoyan con asistencia técnica y recursos la selección, preservación y multiplicación de semillas de maíz criollas y nativas.
“Se producen allí semillas de muy buena calidad que luego el Estado compra y distribuye, porque el maíz es la base de la producción de proteínas para economías rurales pequeñas, que producen aves y cerdos”, destacó Carballo.
“Este modelo favorece el empleo rural y mejora la calidad de la alimentación”, añadió.
Para el experto, el caso de Misiones muestra que hay una alternativa posible y no muy cara de preservar esos recursos naturales… y de hacerlo también desde el marco legal.
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Fecha de Publicación: 16/07/2013
Fuente: IPS Noticias
Provincia/Región: Nacional
El debate por la reforma de la ley de semillas en Argentina enfrenta a las firmas transnacionales productoras de especies transgénicas con organizaciones sociales, académicas y rurales que se resisten al avance del monocultivo en defensa de la biodiversidad y de la soberanía alimentaria.El Ministerio de Agricultura insiste desde hace más de un año en que enviará un proyecto de reforma al parlamento a fin de reemplazar una ley sobre la materia que data de 1973, modificada varias veces al compás de la expansión de los monocultivos genéticamente modificados, como la soja, iniciada en los años 90.
Pero el proyecto aún no se presenta, aunque hay dos borradores. La Asociación de Semilleros de Argentina, que reúne a las empresas de biotecnología, avala el contenido de los textos, pero es cuestionado por quienes ven en esas iniciativas intentos de restringir al máximo el uso propio –o la resiembra- por parte de los productores.
Las empresas argumentan que el mundo exige un mayor rendimiento por hectárea de los cultivos para satisfacer una demanda creciente de alimentos y añaden que una norma que regule y controle el mercado de semillas garantizará la recuperación de la inversión en investigación y desarrollo de las variedades modificadas.
En cambio, los críticos rechazan la expansión de este tipo de cultivos, aduciendo que impactan negativamente en la biodiversidad, incrementan la vulnerabilidad de la actividad agrícola frente a la variabilidad del clima y amenazan la supervivencia de familias rurales, que seleccionan las mejores semillas, las guardan y las utilizan para la resiembra.
En Argentina, uno de los principales productores mundiales de soja, alrededor de 98 por ciento de las plantaciones de esa oleaginosa son de semillas transgénicas, una variedad desarrollada en los laboratorios de Monsanto que resiste la aplicación del herbicida glifosato, de la misma firma. Asimismo, 80 por ciento de las tierras cultivadas con maíz son también con semillas transgénicas.
Para 2014, esta transnacional estadounidense prevé inaugurar una planta de acondicionamiento de semillas de este tipo en la central provincia de Córdoba, que producirá 60.000 toneladas por año.
La idea, dicen los responsables de la empresa en su sitio de Internet, es contribuir a la meta de duplicar la producción de alimentos para 2050. Pero junto con esta promesa, Monsanto también prevé una mayor fiscalización de las semillas que produce, que la que hubo hasta ahora.
Carlos Carballo, coordinador de la cátedra de soberanía alimentaria de la Facultad de Agronomía de la estatal Universidad de Buenos Aires, advirtió que esta expansión amenaza la diversidad de semillas nativas y criollas adaptadas a las condiciones del suelo y el clima de cada región.
“La semilla no es una mercancía, sino parte de un patrimonio de la humanidad”, subrayó Carballo ante la consulta de IPS.
Con el avance del monocultivo de soja y maíz transgénico, que está previsto en los planes del gobierno de aumento de la producción de alimentos, “habrá una expulsión masiva de pequeños productores”.
Los conflictos por la tierra ya son una realidad. Un estudio del Ministerio de Agricultura y de la estatal Universidad Nacional de San Martín dio cuenta en 2012 de que eran 830 las controversias que involucraban a 60.000 familias, en su mayoría productoras de subsistencia.
Las pujas se incrementaron con el avance de la frontera agrícola liderado por los cultivos transgénicos.
Para Carballo, más allá de la ley que se apruebe, las empresas ya lanzaron su estrategia de protección de los nuevos conflictos. Monsanto comunicó en 2012 que ya no entregaría más semillas a productores que no hubieran firmado un compromiso que, entre otras cláusulas, permitiera a la firma fiscalizar su uso.
Apenas unos meses después de esa advertencia, Monsanto informó que entre 70 y 80 por ciento de los productores de soja ya habían firmado ese contrato, es decir que estaban obligados no solo a pagar regalías, sino a abstenerse de reutilizar las semillas patentadas bajo amenaza de acciones legales.
Monsanto, la principal productora de transgénicos en Argentina, fue la gran responsable de la expansión en los años 90 de la soja de este origen con su estrategia de resignar el cobro de regalías, señaló a IPS el ingeniero agrónomo Javier Souza Casadinho, coordinación regional de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAP-AL).
“Eso le permitió ampliarse a todos los países del Cono Sur” de América, dijo este académico de vasta trayectoria en la materia, responsable de producir actualmente 47 por ciento de la soja y 28 por ciento del maíz que se venden en el mundo, según datos del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura.
Ahora la estrategia es exigir la firma de contratos. “El productor no tiene escapatoria ni posibilidad de volver a usar la semilla”, remarcó Souza.
Alertó, además, que en la norteña provincia de Salta está avanzando la soja transgénica en pequeñas comunidades, lo cual pone en riesgo a las semillas nativas.
“Necesitamos una ley que promueva el respeto de los modos de producción de las comunidades para conservar, mejorar y multiplicar las semillas, y permitir que haya intercambio”, dijo.
Los actores de este movimiento que busca participar en el debate señalan que el modelo de ley de semillas de Argentina podría ser el de Brasil o de Bolivia, donde se permite el cultivo transgénico a la vez que se fomenta y se protege la existencia de variedades de semillas nativas y criollas.
Carballo dijo que con apoyo estatal o de organizaciones no gubernamentales internacionales, en Colombia, Bolivia, Perú y Paraguay hay “guardianes de semillas”, que seleccionan y custodian esos bienes naturales en bancos o casas de semillas, que son de disponibilidad pública.
Argentina también tiene programas locales de protección de semillas como el que funciona desde hace dos décadas en la occidental provincia de Misiones. Mediante el “Programa de los maíces criollos”, el estado provincial y el nacional apoyan con asistencia técnica y recursos la selección, preservación y multiplicación de semillas de maíz criollas y nativas.
“Se producen allí semillas de muy buena calidad que luego el Estado compra y distribuye, porque el maíz es la base de la producción de proteínas para economías rurales pequeñas, que producen aves y cerdos”, destacó Carballo.
“Este modelo favorece el empleo rural y mejora la calidad de la alimentación”, añadió.
Para el experto, el caso de Misiones muestra que hay una alternativa posible y no muy cara de preservar esos recursos naturales… y de hacerlo también desde el marco legal.
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Chubut sigue trabajando en la Ley de Bosques Nativos
Chubut y Nación avanzan en la Ley de Bosques Nativos
Fecha de Publicación: 16/07/2013
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
El subsecretario de Bosques del Chubut, Pablo Delgado, participó durante la semana pasada de un Taller Jurídico-Contable en Buenos Aires, organizado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación para coordinar en forma conjunta entre el Gobierno Federal y las administraciones provinciales la implementación efectiva de la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.
El encuentro fue coordinado por la directora nacional de Bosques, Inés Gómez, y contó con la participación de todas las autoridades del área de las provincias argentinas. También estuvo presente en el evento la subsecretaria de Planificación y Política Ambiental de la Nación, Silvia Révora.
En diálogo con el periodismo, Delgado, dijo: “en este taller estamos participando todas las autoridades de las áreas de Bosques del país, estamos incorporando herramientas de gestión jurídicas y contables que serán muy útiles para avanzar en la implementación efectiva de la Ley Nacional de Bosques Nativos en todos los distritos y jurisdicciones”.
“Esta ley es muy importante porque tiene como objetivo central preservar todos los bosques nativos del país, como así también asistir en materia técnica y financiera a los productores que tienen masas boscosas dentro de sus predios para que puedan operar económicamente de una manera adecuada, desarrollando sus actividades específicas sin dañar el equilibrio medioambiental característico de sus respectivos entornos”, agregó.
El funcionario provincial dijo que “para que el cumplimiento de la Ley de Bosques Nativos se haga efectiva es necesario el compromiso de todos los actores involucrados, estamos trabajando muy bien en forma conjunta con las autoridades nacionales y también con los referentes de las áreas de Bosques de las demás provincias”, concluyó.
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Fecha de Publicación: 16/07/2013
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
El subsecretario de Bosques del Chubut, Pablo Delgado, participó durante la semana pasada de un Taller Jurídico-Contable en Buenos Aires, organizado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación para coordinar en forma conjunta entre el Gobierno Federal y las administraciones provinciales la implementación efectiva de la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.
El encuentro fue coordinado por la directora nacional de Bosques, Inés Gómez, y contó con la participación de todas las autoridades del área de las provincias argentinas. También estuvo presente en el evento la subsecretaria de Planificación y Política Ambiental de la Nación, Silvia Révora.
En diálogo con el periodismo, Delgado, dijo: “en este taller estamos participando todas las autoridades de las áreas de Bosques del país, estamos incorporando herramientas de gestión jurídicas y contables que serán muy útiles para avanzar en la implementación efectiva de la Ley Nacional de Bosques Nativos en todos los distritos y jurisdicciones”.
“Esta ley es muy importante porque tiene como objetivo central preservar todos los bosques nativos del país, como así también asistir en materia técnica y financiera a los productores que tienen masas boscosas dentro de sus predios para que puedan operar económicamente de una manera adecuada, desarrollando sus actividades específicas sin dañar el equilibrio medioambiental característico de sus respectivos entornos”, agregó.
El funcionario provincial dijo que “para que el cumplimiento de la Ley de Bosques Nativos se haga efectiva es necesario el compromiso de todos los actores involucrados, estamos trabajando muy bien en forma conjunta con las autoridades nacionales y también con los referentes de las áreas de Bosques de las demás provincias”, concluyó.
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Agrotóxicos fuera de control
No hay control sobre los pesticidas
Fecha de Publicación: 15/07/2013
Fuente: Diario La Prensa
Provincia/Región: Nacional
Los médicos que ejercen su profesión en zonas rurales lo ratifican: crecen los casos de cáncer y deformaciones debido a las fumigaciones con agroquímicos. Por su parte, el Ministerio de Salud elaboró un informe que también confirma que en las poblaciones expuestas a estos productos tóxicos hay un 30 por ciento más de gente afectada con tumores que en las que no lo están.
Médicos que ejercen su profesión en diferentes provincias del país reportaron, durante un encuentro realizado en Rosario en 2011, los datos acerca de la “acumulación de nuevos casos de malformaciones congénitas y cáncer” en pueblos y regiones agrarias fumigadas con agroquímicos.
Los profesionales de la salud destacaron el aumento de enfermedades de este tipo en Chaco, Santa Fe, Tucumán, Córdoba y Misiones, y expresaron “mucha preocupación por la irresponsabilidad del uso continuo” de glifosato para fumigar vías férreas en lugares poblados del Gran Buenos Aires.
Las conclusiones surgieron del primer Congreso Latinoamericano de Salud Socio Ambiental y del segundo Encuentro Nacional de Médicos de Pueblos Fumigados, organizado por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. “Los agrotóxicos nos están enfermando, por lo menos hay que restringir su uso aéreo y alrededor de los pueblos”, explicó el pediatra Medardo Avila Vázquez, de la Red de Médicos de
Pueblos Fumigados de la Universidad Nacional de Córdoba.
En las disertaciones, más de 350 asistentes presentaron, a nivel científico, “evidencias y nuevos descubrimientos sobre los mecanismos”de que las sustancias químicas utilizadas en la agricultura “generan enfermedad en los humanos”.
En ese ámbito, reclamaron la implementación de resguardos públicos para evitar o disminuir la contaminación.
Al respecto, pidieron que sean prohibidas las fumigaciones aéreas, alejar las aspersiones terrestres de las cercanías de los pueblos y reclasificar los agrotóxicos con criterios sanitarios.
El médico Alejandro Oliva resaltó que en el sur de Santa Fe la exposición de los agrotóxicos disminuye las capacidades sexuales y reproductivas en los varones, datos que fueron publicados en revistas científicas internacionales.
El aumento del monocultivo de soja ha dado como resultado un uso excesivo de agroquímicos, especialmente del herbicida conocido como glifosato. De acuerdo a estudios de varios organismos e instituciones, este producto es peligroso y dañino para la salud, y durante años ha estado rociándose desde avionetas en zonas aledañas a pueblos.
En Chaco
En la provincia del Chaco, vecinos de Paraje Buena Vista de la zona de General San Martín, denunciaron que el 26 de enero se realizaron nuevas fumigaciones ilegales con agroquímicos a menos de cien metros de sus viviendas y en cercanías de la escuela EFA Nº 141.
Los vecinos recordaron que las fumigaciones ya habían sido denunciadas en diciembre de 2012 y durante enero de 2013, situación que motivó la presencia en el lugar de funcionarios de la Dirección de Calidad Ambiental del Gobierno provincial, el 17 de enero último.
Los pobladores de Paraje Buena Vista, a través de la Red de Salud Popular ‘Dr. Ramón Carrillo’, reclamaron
la urgente intervención de las autoridades del Ministerio de Planificación y Ambiente del Chaco para evitar mayores daños a la salud de la población.
"Riesgo inminente de óbito’’, dice el último parte médico de Gonzalo, eufemismo que indicaba que el bebé, con dos meses y 27 días, podía morir en cualquier momento. En su diagnóstico se puede leer ‘malformación craneoencefálica’.
Las estadísticas dirán más tarde que es uno de los siete entre mil casos que nacen así, pero su padre, Pedro Mores, cree otra cosa. El pequeño Gonzalo se gestó en uno de los tantos pueblos chaqueños expuestos a las fumigaciones con agroquímicos. La familia Mores vive en el límite de las provincias de Chaco y Santiago del Estero.
"Por ahí andan fumigando constantemente con los aviones y con los tractores que llaman ‘mosquitos’ -cuenta Pedro-. En el pueblo hay más casos como el de Gonzalo, unos cuatro, y es un lugar chico de unos siete mil habitantes’’.
Un informe del Ministerio de Salud de mayo de 2012 confirma su sospecha. En las poblaciones expuestas a los agroquímicos hay un 30 por ciento más de casos de cáncer que en las que no lo están. Aun así, las denuncias
sobre los efectos de los agroquímicos, utilizados en la explotación de cosechas de alta rentabilidad, suelen perderse entre la polémica.
Las grandes empresas niegan los efectos tóxicos de las sustancias y piden el ‘uso responsable’ de lo que la gente del campo llama, sin rodeos, ‘venenos’.
Sin control
En el año 2012, una investigación realizada por la Auditoría General de la Nación (AGN) detectó graves falencias en el control de la aplicación de agroquímicos por parte del Senasa. En un informe que sus propios autores caracterizaron como ‘lapidario’ se afirma que el ente no puede cumplir con sus atribuciones.
Según el informe elaborado por la Auditoría, los cultivos transgénicos sujetos a fumigación sistemática cubren 22 millones de hectáreas en la Argentina, donde habitan alrededor de 12 millones de personas.
Sin embargo, la Comisión creada para prevenir daños en la salud de la población afectada por agroquímicos no trabaja desde el año 2010. Tampoco se realizan las evaluaciones pertinentes para determinar la peligrosidad de los productos autorizados.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) es el organismo encargado de registrar y autorizar los agroquímicos utilizados en la actividad agropecuaria. Así, el ente se ocupa de clasificar los plaguicidas según su toxicidad y lleva registros de las empresas productoras y aplicadoras de los mismos.
"Nada de esto está cumplimentado de acuerdo a lo que debería ser; el organismo no cumple eficiente ni eficazmente con su obligación de autorizar y con su obligación de registrar y tampoco cumple debidamente con los análisis de las muestras de los agroquímicos”, afirmó el auditor general Vicente Brusca en base a una investigación que analizó el trabajo del organismo nacional entre 2008 y 2011.
En tanto, la Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos (CNIA) fue creada por decreto presidencial en 2009 para dar respuesta a los reclamos de pueblos afectados por fumigaciones -especialmente las Madres de barrio Ituzaingó Anexo (ver recuadro)- así como ante la información que en los últimos años se ha producido sobre esta problemática desde diversas instituciones y organizaciones.
Sin embargo, según lo auditado, “no se tuvo evidencia de avances de la CNIA posteriores a 2010”. Al respecto, la investigación realizada explica que se conformaron tres grupos de trabajo entre la comisión mencionada y direcciones del Senasa. En base a esta situación, los miembros de la Auditoría General de la Nación concluyen: “No se han extremado las medidas de control en la aplicación de los agroquímicos para garantizar el buen uso de los mismos y que no afecten a los habitantes de las zonas colindantes a los cultivos”.
Generaciones
Las investigaciones médicas señalan que el daño más intenso del glifosato se manifestará en los hijos de quienes viven en zonas cultivadas.
Sin embargo, la Justicia sólo actúa sobre el presente. El glifosato es un veneno bioacumulativo‘‘que cuando
ingresa en un ser vivo se transmite de generación en generación”, asegura la abogada santafesina Graciela Gómez, quien ha presentado varias denuncias judiciales de víctimas del uso de los agrotóxicos.
“Una persona no lo podrá padecer pero sus hijos tal vez sí; al ser bioacumulativo en algún momento la enfermedad estalla, por la suma de pequeñas fumigaciones”, agrega.
Con la introducción de los agrotóxicos en los ámbitos rurales durante las últimas décadas, han surgido los reclamos por malformaciones, enfermedades incurables, muertes de niños y abortos espontáneos.
Sin embargo, los fallos obtenidos tienen corto alcance. “Toda nuestra legislación se basa en analizar las fumigaciones cuando mata automáticamente, pero desconoce el envenenamiento masivo en pequeñas dosis”, explica Gómez.
Misiones
En la provincia de Misiones, las malformaciones por contacto con agrotóxicos superan diez veces la media: “El 87% de los casos se registra en personas que habitan en zonas rurales y que interactúan con plaguicidas”, afirma el Jefe de Cirugía de Pediatría del Hospital de Posadas, Hugo Gómez Demaio.
“La malformación se detecta ya a partir de la cuarta semana de gestación”, señala el doctor, mientras explica que esa patología es producida por ‘mielomeningoceles’, que impide el normal cerramiento del tubo neural, que está a la altura del cerebro y de la médula espinal del bebé en gestación.
“En el Hospital Garrahan, ante un cuadro de leucemia, los médicos consultan si ese chico vive en zona de cultivos”, cuenta la abogada Gómez.
En diferentes casos se ha demostrado la existencia de casos de cáncer con pacientes que no habían estado expuestos directamente a los agroquímicos, pero sí lo habían sido sus padres o sus abuelos.
“Eso se produce cuando el químico impacta en la trama genética y se va reproduciendo de generación en generación. O bien pasa a través del útero de la madre”, afirma el doctor Alejandro Oliva, andrólogo de Rosario.
Las pruebas que la doctora Gómez recolectó junto a su equipo llegaron a tribunales europeos y estadounidenses.
“En la Argentina se fumiga a cualquier distancia, sobre escuelas rurales, cursos de agua, animales y humanos de forma criminal y aérea cuando la Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo prohibió esas prácticas el 21 de octubre de 2009”, asegura Gómez en los textos que envió al exterior.
En Santiago del Estero, más concretamente en Quimil, al noreste de la provincia, un avión amarillo termina de
realizar la tercera pasada sobre el campo de girasoles que rodea a una casa baja y rosada sobre la que cuelga un cartel que dice: Escuela 146 La Pampa. Las 110 familias que viven en la zona se cansaron de denunciar las fumigaciones. Afirman que se les secaron los árboles frutales y que sus chicos terminan con los ojos irritados, pero nadie parece escucharlos.
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Fecha de Publicación: 15/07/2013
Fuente: Diario La Prensa
Provincia/Región: Nacional
Los médicos que ejercen su profesión en zonas rurales lo ratifican: crecen los casos de cáncer y deformaciones debido a las fumigaciones con agroquímicos. Por su parte, el Ministerio de Salud elaboró un informe que también confirma que en las poblaciones expuestas a estos productos tóxicos hay un 30 por ciento más de gente afectada con tumores que en las que no lo están.Médicos que ejercen su profesión en diferentes provincias del país reportaron, durante un encuentro realizado en Rosario en 2011, los datos acerca de la “acumulación de nuevos casos de malformaciones congénitas y cáncer” en pueblos y regiones agrarias fumigadas con agroquímicos.
Los profesionales de la salud destacaron el aumento de enfermedades de este tipo en Chaco, Santa Fe, Tucumán, Córdoba y Misiones, y expresaron “mucha preocupación por la irresponsabilidad del uso continuo” de glifosato para fumigar vías férreas en lugares poblados del Gran Buenos Aires.
Las conclusiones surgieron del primer Congreso Latinoamericano de Salud Socio Ambiental y del segundo Encuentro Nacional de Médicos de Pueblos Fumigados, organizado por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. “Los agrotóxicos nos están enfermando, por lo menos hay que restringir su uso aéreo y alrededor de los pueblos”, explicó el pediatra Medardo Avila Vázquez, de la Red de Médicos de
Pueblos Fumigados de la Universidad Nacional de Córdoba.
En las disertaciones, más de 350 asistentes presentaron, a nivel científico, “evidencias y nuevos descubrimientos sobre los mecanismos”de que las sustancias químicas utilizadas en la agricultura “generan enfermedad en los humanos”.
En ese ámbito, reclamaron la implementación de resguardos públicos para evitar o disminuir la contaminación.
Al respecto, pidieron que sean prohibidas las fumigaciones aéreas, alejar las aspersiones terrestres de las cercanías de los pueblos y reclasificar los agrotóxicos con criterios sanitarios.
El médico Alejandro Oliva resaltó que en el sur de Santa Fe la exposición de los agrotóxicos disminuye las capacidades sexuales y reproductivas en los varones, datos que fueron publicados en revistas científicas internacionales.
El aumento del monocultivo de soja ha dado como resultado un uso excesivo de agroquímicos, especialmente del herbicida conocido como glifosato. De acuerdo a estudios de varios organismos e instituciones, este producto es peligroso y dañino para la salud, y durante años ha estado rociándose desde avionetas en zonas aledañas a pueblos.
En Chaco
En la provincia del Chaco, vecinos de Paraje Buena Vista de la zona de General San Martín, denunciaron que el 26 de enero se realizaron nuevas fumigaciones ilegales con agroquímicos a menos de cien metros de sus viviendas y en cercanías de la escuela EFA Nº 141.
Los vecinos recordaron que las fumigaciones ya habían sido denunciadas en diciembre de 2012 y durante enero de 2013, situación que motivó la presencia en el lugar de funcionarios de la Dirección de Calidad Ambiental del Gobierno provincial, el 17 de enero último.
Los pobladores de Paraje Buena Vista, a través de la Red de Salud Popular ‘Dr. Ramón Carrillo’, reclamaron
la urgente intervención de las autoridades del Ministerio de Planificación y Ambiente del Chaco para evitar mayores daños a la salud de la población.
"Riesgo inminente de óbito’’, dice el último parte médico de Gonzalo, eufemismo que indicaba que el bebé, con dos meses y 27 días, podía morir en cualquier momento. En su diagnóstico se puede leer ‘malformación craneoencefálica’.
Las estadísticas dirán más tarde que es uno de los siete entre mil casos que nacen así, pero su padre, Pedro Mores, cree otra cosa. El pequeño Gonzalo se gestó en uno de los tantos pueblos chaqueños expuestos a las fumigaciones con agroquímicos. La familia Mores vive en el límite de las provincias de Chaco y Santiago del Estero.
"Por ahí andan fumigando constantemente con los aviones y con los tractores que llaman ‘mosquitos’ -cuenta Pedro-. En el pueblo hay más casos como el de Gonzalo, unos cuatro, y es un lugar chico de unos siete mil habitantes’’.
Un informe del Ministerio de Salud de mayo de 2012 confirma su sospecha. En las poblaciones expuestas a los agroquímicos hay un 30 por ciento más de casos de cáncer que en las que no lo están. Aun así, las denuncias
sobre los efectos de los agroquímicos, utilizados en la explotación de cosechas de alta rentabilidad, suelen perderse entre la polémica.
Las grandes empresas niegan los efectos tóxicos de las sustancias y piden el ‘uso responsable’ de lo que la gente del campo llama, sin rodeos, ‘venenos’.
Sin control
En el año 2012, una investigación realizada por la Auditoría General de la Nación (AGN) detectó graves falencias en el control de la aplicación de agroquímicos por parte del Senasa. En un informe que sus propios autores caracterizaron como ‘lapidario’ se afirma que el ente no puede cumplir con sus atribuciones.
Según el informe elaborado por la Auditoría, los cultivos transgénicos sujetos a fumigación sistemática cubren 22 millones de hectáreas en la Argentina, donde habitan alrededor de 12 millones de personas.
Sin embargo, la Comisión creada para prevenir daños en la salud de la población afectada por agroquímicos no trabaja desde el año 2010. Tampoco se realizan las evaluaciones pertinentes para determinar la peligrosidad de los productos autorizados.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) es el organismo encargado de registrar y autorizar los agroquímicos utilizados en la actividad agropecuaria. Así, el ente se ocupa de clasificar los plaguicidas según su toxicidad y lleva registros de las empresas productoras y aplicadoras de los mismos.
"Nada de esto está cumplimentado de acuerdo a lo que debería ser; el organismo no cumple eficiente ni eficazmente con su obligación de autorizar y con su obligación de registrar y tampoco cumple debidamente con los análisis de las muestras de los agroquímicos”, afirmó el auditor general Vicente Brusca en base a una investigación que analizó el trabajo del organismo nacional entre 2008 y 2011.
En tanto, la Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos (CNIA) fue creada por decreto presidencial en 2009 para dar respuesta a los reclamos de pueblos afectados por fumigaciones -especialmente las Madres de barrio Ituzaingó Anexo (ver recuadro)- así como ante la información que en los últimos años se ha producido sobre esta problemática desde diversas instituciones y organizaciones.
Sin embargo, según lo auditado, “no se tuvo evidencia de avances de la CNIA posteriores a 2010”. Al respecto, la investigación realizada explica que se conformaron tres grupos de trabajo entre la comisión mencionada y direcciones del Senasa. En base a esta situación, los miembros de la Auditoría General de la Nación concluyen: “No se han extremado las medidas de control en la aplicación de los agroquímicos para garantizar el buen uso de los mismos y que no afecten a los habitantes de las zonas colindantes a los cultivos”.
Generaciones
Las investigaciones médicas señalan que el daño más intenso del glifosato se manifestará en los hijos de quienes viven en zonas cultivadas.
Sin embargo, la Justicia sólo actúa sobre el presente. El glifosato es un veneno bioacumulativo‘‘que cuando
ingresa en un ser vivo se transmite de generación en generación”, asegura la abogada santafesina Graciela Gómez, quien ha presentado varias denuncias judiciales de víctimas del uso de los agrotóxicos.
“Una persona no lo podrá padecer pero sus hijos tal vez sí; al ser bioacumulativo en algún momento la enfermedad estalla, por la suma de pequeñas fumigaciones”, agrega.
Con la introducción de los agrotóxicos en los ámbitos rurales durante las últimas décadas, han surgido los reclamos por malformaciones, enfermedades incurables, muertes de niños y abortos espontáneos.
Sin embargo, los fallos obtenidos tienen corto alcance. “Toda nuestra legislación se basa en analizar las fumigaciones cuando mata automáticamente, pero desconoce el envenenamiento masivo en pequeñas dosis”, explica Gómez.
Misiones
En la provincia de Misiones, las malformaciones por contacto con agrotóxicos superan diez veces la media: “El 87% de los casos se registra en personas que habitan en zonas rurales y que interactúan con plaguicidas”, afirma el Jefe de Cirugía de Pediatría del Hospital de Posadas, Hugo Gómez Demaio.
“La malformación se detecta ya a partir de la cuarta semana de gestación”, señala el doctor, mientras explica que esa patología es producida por ‘mielomeningoceles’, que impide el normal cerramiento del tubo neural, que está a la altura del cerebro y de la médula espinal del bebé en gestación.
“En el Hospital Garrahan, ante un cuadro de leucemia, los médicos consultan si ese chico vive en zona de cultivos”, cuenta la abogada Gómez.
En diferentes casos se ha demostrado la existencia de casos de cáncer con pacientes que no habían estado expuestos directamente a los agroquímicos, pero sí lo habían sido sus padres o sus abuelos.
“Eso se produce cuando el químico impacta en la trama genética y se va reproduciendo de generación en generación. O bien pasa a través del útero de la madre”, afirma el doctor Alejandro Oliva, andrólogo de Rosario.
Las pruebas que la doctora Gómez recolectó junto a su equipo llegaron a tribunales europeos y estadounidenses.
“En la Argentina se fumiga a cualquier distancia, sobre escuelas rurales, cursos de agua, animales y humanos de forma criminal y aérea cuando la Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo prohibió esas prácticas el 21 de octubre de 2009”, asegura Gómez en los textos que envió al exterior.
En Santiago del Estero, más concretamente en Quimil, al noreste de la provincia, un avión amarillo termina de
realizar la tercera pasada sobre el campo de girasoles que rodea a una casa baja y rosada sobre la que cuelga un cartel que dice: Escuela 146 La Pampa. Las 110 familias que viven en la zona se cansaron de denunciar las fumigaciones. Afirman que se les secaron los árboles frutales y que sus chicos terminan con los ojos irritados, pero nadie parece escucharlos.
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Salta quiere seguir desmontando
Greenpeace no autorizó un desmonte
Fecha de Publicación: 15/07/2013
Fuente: Radio Salta
Provincia/Región: Salta
Noemí Cruz, responsable de la Campaña de Bosques de Greenpeace, le solicitó a través de una nota al secretario de Ambiente, Gustavo Paul, que "arbitre urgentes medidas para no autorizar más desmontes de bosques nativos.
Según expresó Cruz, conforme a la ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Argentina, los categorizados para ser conservados, no pueden seguir sufriendo desmontes.
Por lo cual, en particular referencia a la solicitud de cambio de uso de suelo, con fines de ganadería, solicitado por la Finca "Establecimiento Ganadero La Peregrina", del departamento Rivadavia decidió tomar cartas en el asunto y elevar una misiva.
La audiencia pública por este desmonte se realizó el viernes pasado en Joaquín V. González, con el objeto de tratar la iniciativa de desmonte de siete mil hectáreas aproximadamente de una zona que en principio estaba categorizada en el área amarilla.
Desde la ONG, se indicó que "no es aceptable que esta zona boscosa, excelente muestra de Chaco Seco, que fue categorizada como zona amarilla, de manera inadvertida se convierta de la noche a la mañana en zona verde al único fin de permitirse su destrucción", indica la nota.
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Fecha de Publicación: 15/07/2013
Fuente: Radio Salta
Provincia/Región: Salta
Noemí Cruz, responsable de la Campaña de Bosques de Greenpeace, le solicitó a través de una nota al secretario de Ambiente, Gustavo Paul, que "arbitre urgentes medidas para no autorizar más desmontes de bosques nativos.Según expresó Cruz, conforme a la ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Argentina, los categorizados para ser conservados, no pueden seguir sufriendo desmontes.
Por lo cual, en particular referencia a la solicitud de cambio de uso de suelo, con fines de ganadería, solicitado por la Finca "Establecimiento Ganadero La Peregrina", del departamento Rivadavia decidió tomar cartas en el asunto y elevar una misiva.
La audiencia pública por este desmonte se realizó el viernes pasado en Joaquín V. González, con el objeto de tratar la iniciativa de desmonte de siete mil hectáreas aproximadamente de una zona que en principio estaba categorizada en el área amarilla.
Desde la ONG, se indicó que "no es aceptable que esta zona boscosa, excelente muestra de Chaco Seco, que fue categorizada como zona amarilla, de manera inadvertida se convierta de la noche a la mañana en zona verde al único fin de permitirse su destrucción", indica la nota.
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Riachuelo y control on line
Ciudadanos de Buenos Aires controlan la contaminación con plataforma virtual
Fecha de Publicación: 15/07/2013
Fuente: La Gran Época
Provincia/Región: Riachuelo
Un mapa online permite a los vecinos de Riachuelo, una comunidad de Buenos Aires, controlar la contaminación ambiental al subir fotos, ubicar basureros ilegales y denunciar a las empresas.
Esta iniciativa disponible online en la plataforma virtual “¿Qué pasa Riachuelo?” denuncia los asentamientos precarios, las empresas que continúan volcando sus desechos y autoridades que no cumplen con programas de obras públicas.
Se trata del “Monitoreo Social del Saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo”, un proyecto para que los vecinos controlen uno de los ríos más contaminados del mundo. El programa es desarrollado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
“Estamos viviendo un ciclo donde hemos llegado a las autoridades más altas”, dijo a La Gran Época, Alfredo Alberti, Presidente de la Asociación de Vecinos de La Boca. “En esta época que estamos viviendo, si bien es susceptible de observaciones y críticas, es la primera vez en que se avanza, lentamente pero se está avanzando”.
Los vecinos, a través de un sistema de “alertas” de saneamiento y contaminación, suben las fotos, videos, documentos de denuncia o meras observaciones que son compiladas en la web y complementadas por FARN.
Justamente, Alberti destaca el papel que desempeña el proyecto para fomentar la participación social. “El mismo vecino siente que sus reclamos están asentados y (las autoridades) ya no pueden alegar que eso no fue denunciado. Además (el programa) se ocupa de hacer un seguimiento a las autoridades. Realmente es interesante”. Posteriormente, las denuncias derivan en reclamos a funcionarios públicos, pedidos de informes u otras acciones que los vecinos y FARN consideran pertinentes.
El Riachuelo marca el límite Sur de la Ciudad de Buenos Aires. Desechos industriales a lo largo de décadas han forjado su historial de contaminación. Hoy el estado del río afecta a aproximadamente 5 millones de personas y los vecinos lo califican como “colapsado“.
“La participación de los vecinos es muy buena y la gente está entusiasmada”, destacó a su vez Dolores Duverger, coordinadora del proyecto. En referencia a los cursos de capacitación que sirven de complemento para la web, la miembro de FARN señaló además que “salen muchas cosas en los talleres. Tienen la posibilidad de decir básicamente qué es con lo que tienen que vivir y cuáles son sus preocupaciones. Entonces, digamos que para lo que sirve también el proyecto, es para expandir un poco la voz de esas personas, hacerlas visibles y darles más impacto por medio de la pagina web”.
Para Duverger, el rol de la FARN es la canalización de las distintas demandas que, al presentarse conjuntamente, lo hace “con una fuerza distinta a la que sería a nivel particular donde el vecino está mucho más segmentado”.
Arenera en cuestión
Los vecinos se muestran esperanzados ante las primeras repercusiones que está generando la página “¿Qué pasa Riachuelo?”, sin embargo manifiestan sus dudas respecto a lo que las autoridades gubernamentales finalmente decidan hacer.
“Justamente lo que falta es la ejecutividad”, declara Alberti , y cita como ejemplo el caso de la empresa Silos Areneros Buenos Aires S.A., que ocupa tres cuadras de la Av. Pedro de Mendoza. “No tiene certificado de aptitud ambiental, ni habilitación municipal, está en un lugar donde realmente no está permitido que exista una arenera en la ciudad”. .
“Lo que estamos esperando es que el Gobierno de la Ciudad y ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo) se hagan cargo de esta denuncia y generen el cambio, porque es una empresa que está en un estado absolutamente irregular”.
“Le da una identidad negativa a la cuenca, en cuanto a la contaminación y al daño que hace al tejido urbano. Si quedamos en palabras y promesas, esto con el tiempo se puede transformar en algo infructuoso nuevamente. Y es lo que no queremos, estamos trabajando. Queremos que exista una productividad positiva”, finalizó Alberti.
El programa de Monitoreo Social estará vigente hasta el año 2015. Allí se hará un balance de la participación ciudadana y se expondrá un informe con los seguimientos de las denuncias y las correspondientes respuestas de las autoridades gubernamentales involucradas.
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Fecha de Publicación: 15/07/2013
Fuente: La Gran Época
Provincia/Región: Riachuelo
Un mapa online permite a los vecinos de Riachuelo, una comunidad de Buenos Aires, controlar la contaminación ambiental al subir fotos, ubicar basureros ilegales y denunciar a las empresas.Esta iniciativa disponible online en la plataforma virtual “¿Qué pasa Riachuelo?” denuncia los asentamientos precarios, las empresas que continúan volcando sus desechos y autoridades que no cumplen con programas de obras públicas.
Se trata del “Monitoreo Social del Saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo”, un proyecto para que los vecinos controlen uno de los ríos más contaminados del mundo. El programa es desarrollado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
“Estamos viviendo un ciclo donde hemos llegado a las autoridades más altas”, dijo a La Gran Época, Alfredo Alberti, Presidente de la Asociación de Vecinos de La Boca. “En esta época que estamos viviendo, si bien es susceptible de observaciones y críticas, es la primera vez en que se avanza, lentamente pero se está avanzando”.
Los vecinos, a través de un sistema de “alertas” de saneamiento y contaminación, suben las fotos, videos, documentos de denuncia o meras observaciones que son compiladas en la web y complementadas por FARN.
Justamente, Alberti destaca el papel que desempeña el proyecto para fomentar la participación social. “El mismo vecino siente que sus reclamos están asentados y (las autoridades) ya no pueden alegar que eso no fue denunciado. Además (el programa) se ocupa de hacer un seguimiento a las autoridades. Realmente es interesante”. Posteriormente, las denuncias derivan en reclamos a funcionarios públicos, pedidos de informes u otras acciones que los vecinos y FARN consideran pertinentes.
El Riachuelo marca el límite Sur de la Ciudad de Buenos Aires. Desechos industriales a lo largo de décadas han forjado su historial de contaminación. Hoy el estado del río afecta a aproximadamente 5 millones de personas y los vecinos lo califican como “colapsado“.
“La participación de los vecinos es muy buena y la gente está entusiasmada”, destacó a su vez Dolores Duverger, coordinadora del proyecto. En referencia a los cursos de capacitación que sirven de complemento para la web, la miembro de FARN señaló además que “salen muchas cosas en los talleres. Tienen la posibilidad de decir básicamente qué es con lo que tienen que vivir y cuáles son sus preocupaciones. Entonces, digamos que para lo que sirve también el proyecto, es para expandir un poco la voz de esas personas, hacerlas visibles y darles más impacto por medio de la pagina web”.
Para Duverger, el rol de la FARN es la canalización de las distintas demandas que, al presentarse conjuntamente, lo hace “con una fuerza distinta a la que sería a nivel particular donde el vecino está mucho más segmentado”.
Arenera en cuestión
Los vecinos se muestran esperanzados ante las primeras repercusiones que está generando la página “¿Qué pasa Riachuelo?”, sin embargo manifiestan sus dudas respecto a lo que las autoridades gubernamentales finalmente decidan hacer.
“Justamente lo que falta es la ejecutividad”, declara Alberti , y cita como ejemplo el caso de la empresa Silos Areneros Buenos Aires S.A., que ocupa tres cuadras de la Av. Pedro de Mendoza. “No tiene certificado de aptitud ambiental, ni habilitación municipal, está en un lugar donde realmente no está permitido que exista una arenera en la ciudad”. .
“Lo que estamos esperando es que el Gobierno de la Ciudad y ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo) se hagan cargo de esta denuncia y generen el cambio, porque es una empresa que está en un estado absolutamente irregular”.
“Le da una identidad negativa a la cuenca, en cuanto a la contaminación y al daño que hace al tejido urbano. Si quedamos en palabras y promesas, esto con el tiempo se puede transformar en algo infructuoso nuevamente. Y es lo que no queremos, estamos trabajando. Queremos que exista una productividad positiva”, finalizó Alberti.
El programa de Monitoreo Social estará vigente hasta el año 2015. Allí se hará un balance de la participación ciudadana y se expondrá un informe con los seguimientos de las denuncias y las correspondientes respuestas de las autoridades gubernamentales involucradas.
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Gioja se enojó con Greenpeace, le hará juicio
Gioja va contra Greenpeace por un fotomontaje
Fecha de Publicación: 14/07/2013
Fuente: MDZ
Provincia/Región: San Juan
Por una solicitada que publicó Greenpeace contra el gobernador de San Juan, José Luis Gioja, relacionándolo con la minera Barrick, el mandatario prepara una demanda por daños y perjuicios contra la organización ambientalista.
Luego de la polémica solicitada que publicó Greenpeace contra el gobernador de San Juan, José Luis Gioja, en la que se lo caricaturiza y relaciona con la empresa minera Barrick, el mandatario prepara una demanda por daños y perjuicios contra la organización ambientalista, según adelantó agencia NA.
"Para escuchar las burlas del gusano no detienen las águilas su vuelo", fue la frase elegida por el gobernador cuando se le preguntó el último viernes sobre la solicitada que Greenpeace publicó en el diario Clarín, donde sale una figura suya vestido con gorra, camisa a rayas verticales rojas y blancas, un cartel el premio de "empleado del mes".
La demanda podría terminar con una condena contra la ONG para que repare el daño con una suma de dinero, la que Gioja adelantó que donará a "organizaciones que se dedican al cuidado del medioambiente en serio".
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Fecha de Publicación: 14/07/2013
Fuente: MDZ
Provincia/Región: San Juan
Por una solicitada que publicó Greenpeace contra el gobernador de San Juan, José Luis Gioja, relacionándolo con la minera Barrick, el mandatario prepara una demanda por daños y perjuicios contra la organización ambientalista.Luego de la polémica solicitada que publicó Greenpeace contra el gobernador de San Juan, José Luis Gioja, en la que se lo caricaturiza y relaciona con la empresa minera Barrick, el mandatario prepara una demanda por daños y perjuicios contra la organización ambientalista, según adelantó agencia NA.
"Para escuchar las burlas del gusano no detienen las águilas su vuelo", fue la frase elegida por el gobernador cuando se le preguntó el último viernes sobre la solicitada que Greenpeace publicó en el diario Clarín, donde sale una figura suya vestido con gorra, camisa a rayas verticales rojas y blancas, un cartel el premio de "empleado del mes".
La demanda podría terminar con una condena contra la ONG para que repare el daño con una suma de dinero, la que Gioja adelantó que donará a "organizaciones que se dedican al cuidado del medioambiente en serio".
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La generación eólica aumento un 80% el año pasado
Anuncian que en el país la eólica creció un 80% en 2012
Fecha de Publicación: 14/07/2013
Fuente: Eoc2Site
Provincia/Región: Nacional
En el marco de las conferencias Eólica Argentina y Solar Argentina 2013, que se desarrollaron en Buenos Aires, los expertos anunciaron que la energía eólica argentina creció un 80% en el 2012.
El representante de Artenergy Publishing, la compaña italiana organizadora de los dos eventos, Angelo Altamura, destacó en la apertura que además el año pasado se registró el récord eólico mundial.
Según Altamura, el territorio argentino también es favorable para otras fuentes energéticas como el biogás, los biocombustibles y las energías térmicas.
Por su parte, la consultora independiente Graciela Misa destacó la importancia de contar con políticas públicas que fomenten el desarrollo de las energías renovables. Señaló que este trabajo permitirá “dar confianza al inversor y acceder a la gran cantidad de fondos internacionales”.
A su turno, Candela Zilberberg, de la Agencia de protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dijo que el gobierno local ha puesto en funcionamiento un edificio público, la Casa Ambiental de la Ciudad, abastecido en un 8% de fuentes limpias. Según aseguró, el plan es que a mediados del próximo año sea autosuficiente y pueda mantenerse desconectado de la red eléctrica.
La necesidad de generar mayores instrumentos de financiación que permitan llevar adelante proyectos de energía eólica fue el foco abordado por Federico Musante, de Genneia; Ismael Jadur, de IMPSA; e Ismael Retuerto; de NRG Patagonia.
Musante comentó que en 2012 hubo un incremento de la demanda de energía eléctrica del orden del 4 al 5%, y planteó que, de acuerdo a la matriz energética argentina, todavía existe gran dependencia del sistema de los combustibles fósiles. En ese sentido, resaltó que tanto en potencia instalada como en energía generada, las fuentes renovables están por debajo del uno por ciento. En total, los parques eólicos argentinos aportan 110 MW al sistema interconectado nacional, aunque existe un potencial de generación de 1.000 MW.
Jadur, en tanto, planteó la necesidad de aprovechar el uso de energías limpias para generar un plan industrial que implique inversión, generación de empleo y desarrollo socioeconómico. Destacó también que hoy en día todos los insumos necesarios para fabricar los equipos eólicos tienen aranceles de importación, mientras que los aerogeneradores producidos en el extranjero son importados con arancel cero. “Es una asimetría que debemos mejorar”, dijo.
Finalmente, Ismael Retuerto, apuntó que no sólo la Patagonia es un lugar valioso "para la energía eólica, sino también parte del centro y norte del país”. También apuntó a desarmar mitos tradicionales de la industria, como el de ser una tecnología cara o que su inserción en el sistema eléctrico es difícil.
El presidente de la Asociación Argentina de Energía Eólica (AAEE), Erico Spinadel, hizo un recorrido de la jornada y cerró las primeras conferencias de la jornada con una reflexión sobre la necesidad de invertir en educación, con el objetivo de generar fuentes de trabajo legítimas.
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Fecha de Publicación: 14/07/2013
Fuente: Eoc2Site
Provincia/Región: Nacional
En el marco de las conferencias Eólica Argentina y Solar Argentina 2013, que se desarrollaron en Buenos Aires, los expertos anunciaron que la energía eólica argentina creció un 80% en el 2012.El representante de Artenergy Publishing, la compaña italiana organizadora de los dos eventos, Angelo Altamura, destacó en la apertura que además el año pasado se registró el récord eólico mundial.
Según Altamura, el territorio argentino también es favorable para otras fuentes energéticas como el biogás, los biocombustibles y las energías térmicas.
Por su parte, la consultora independiente Graciela Misa destacó la importancia de contar con políticas públicas que fomenten el desarrollo de las energías renovables. Señaló que este trabajo permitirá “dar confianza al inversor y acceder a la gran cantidad de fondos internacionales”.
A su turno, Candela Zilberberg, de la Agencia de protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dijo que el gobierno local ha puesto en funcionamiento un edificio público, la Casa Ambiental de la Ciudad, abastecido en un 8% de fuentes limpias. Según aseguró, el plan es que a mediados del próximo año sea autosuficiente y pueda mantenerse desconectado de la red eléctrica.
La necesidad de generar mayores instrumentos de financiación que permitan llevar adelante proyectos de energía eólica fue el foco abordado por Federico Musante, de Genneia; Ismael Jadur, de IMPSA; e Ismael Retuerto; de NRG Patagonia.
Musante comentó que en 2012 hubo un incremento de la demanda de energía eléctrica del orden del 4 al 5%, y planteó que, de acuerdo a la matriz energética argentina, todavía existe gran dependencia del sistema de los combustibles fósiles. En ese sentido, resaltó que tanto en potencia instalada como en energía generada, las fuentes renovables están por debajo del uno por ciento. En total, los parques eólicos argentinos aportan 110 MW al sistema interconectado nacional, aunque existe un potencial de generación de 1.000 MW.
Jadur, en tanto, planteó la necesidad de aprovechar el uso de energías limpias para generar un plan industrial que implique inversión, generación de empleo y desarrollo socioeconómico. Destacó también que hoy en día todos los insumos necesarios para fabricar los equipos eólicos tienen aranceles de importación, mientras que los aerogeneradores producidos en el extranjero son importados con arancel cero. “Es una asimetría que debemos mejorar”, dijo.
Finalmente, Ismael Retuerto, apuntó que no sólo la Patagonia es un lugar valioso "para la energía eólica, sino también parte del centro y norte del país”. También apuntó a desarmar mitos tradicionales de la industria, como el de ser una tecnología cara o que su inserción en el sistema eléctrico es difícil.
El presidente de la Asociación Argentina de Energía Eólica (AAEE), Erico Spinadel, hizo un recorrido de la jornada y cerró las primeras conferencias de la jornada con una reflexión sobre la necesidad de invertir en educación, con el objetivo de generar fuentes de trabajo legítimas.
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Secuestran inspectores de desmontes en Salta
Tres técnicos de Medioambiente fueron secuestrados anoche
Fecha de Publicación: 13/07/2013
Fuente: El Tribuno (Salta)
Provincia/Región: Salta
Se estaba realizando un desmonte ilegal en una finca ubicada en Cabeza de Buey. Recién pudieron salir a las 23
Tres empleados del Ministerio de Medioambiente fueron secuestrados y encerrados en una finca cercana a Cabeza de Buey situada sobre la ruta Nacional 34.
Los técnicos se presentaron en dicho lugar debido a que se estaba realizando un desmonte en forma ilegal, y sorprendieron a los empleados de la finca en plena tarea. Al darse a conocer y pedirles que los individuos depongan la actitud de talar árboles, se presentó un supuesto ingeniero, quien les comunicó que tenía autorización para llevar esa tarea a cabo, pero debía venir hasta Salta Capital para buscarla.
El hombre se retiró del lugar y dejó encerrados a los profesionales dentro de la finca para evitar cualquier intervención de la policía, pero los empleados del Ministerio de Medioambiente se comunicaron con su jefe y éste dio aviso a las autoridades policiales, quienes rescataron a los tres empleados gubernamentales. Luego se procedió a la clausura del lugar.
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Fecha de Publicación: 13/07/2013
Fuente: El Tribuno (Salta)
Provincia/Región: Salta
Se estaba realizando un desmonte ilegal en una finca ubicada en Cabeza de Buey. Recién pudieron salir a las 23 Tres empleados del Ministerio de Medioambiente fueron secuestrados y encerrados en una finca cercana a Cabeza de Buey situada sobre la ruta Nacional 34.
Los técnicos se presentaron en dicho lugar debido a que se estaba realizando un desmonte en forma ilegal, y sorprendieron a los empleados de la finca en plena tarea. Al darse a conocer y pedirles que los individuos depongan la actitud de talar árboles, se presentó un supuesto ingeniero, quien les comunicó que tenía autorización para llevar esa tarea a cabo, pero debía venir hasta Salta Capital para buscarla.
El hombre se retiró del lugar y dejó encerrados a los profesionales dentro de la finca para evitar cualquier intervención de la policía, pero los empleados del Ministerio de Medioambiente se comunicaron con su jefe y éste dio aviso a las autoridades policiales, quienes rescataron a los tres empleados gubernamentales. Luego se procedió a la clausura del lugar.
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Entierro de contaminantes ilegal en Tierra del Fuego
Inspeccionan predio de empresa por denuncia de entierro de material contaminante
Fecha de Publicación: 13/07/2013
Fuente: Sur54
Provincia/Región: Tierra del Fuego
El secretario de Desarrollo y Gestión Urbana, Jorge Cófreces, confirmó que por estas horas el Municipio desarrolla un operativo para determinar la veracidad de una denuncia por entierro de material contaminante en el predio de una empresa en la zona sur de la ciudad.
"Ayer tomamos conocimiento de esta novedad, a través de una denuncia -entiendo anónima- respecto de algún enterramiento de baterías", explicó el funcionario en Radio Nacional.
"No tengo aún la información porque en este momento están los inspectores allí. Nosotros dispusimos que la gente de Gestión Ambiental se apersonara en el lugar. Estamos esperando a que ellos regresen para ver los resultados", precisó.
Explicó que "primero debemos verificar que haya ocurrido y qué es lo que se ha enterrado y si es contaminante o no. Si me hubiesen dicho que era basura hubiese ido Gestión Urbana. En función de los resultados se labrarán las actuaciones que corresponde".
"Ahí hay una planta de hormigón en la que intervenimos por el lavado de áridos, junto con Recursos Hídricos, ya que el recurso de agua lo manejan ellos", indicó.
Sobre casos similares que hayan ocurrido en el pasado, indicó que "el antecedente que tenemos es un predio que recuperamos en Perito Moreno donde habíamos levantado residuos industriales. Pero quien había sido el propietario era quien había hecho el depósito de estos elementos. No conozco otro antecedente al respecto".
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Fecha de Publicación: 13/07/2013
Fuente: Sur54
Provincia/Región: Tierra del Fuego
El secretario de Desarrollo y Gestión Urbana, Jorge Cófreces, confirmó que por estas horas el Municipio desarrolla un operativo para determinar la veracidad de una denuncia por entierro de material contaminante en el predio de una empresa en la zona sur de la ciudad.
"Ayer tomamos conocimiento de esta novedad, a través de una denuncia -entiendo anónima- respecto de algún enterramiento de baterías", explicó el funcionario en Radio Nacional.
"No tengo aún la información porque en este momento están los inspectores allí. Nosotros dispusimos que la gente de Gestión Ambiental se apersonara en el lugar. Estamos esperando a que ellos regresen para ver los resultados", precisó.
Explicó que "primero debemos verificar que haya ocurrido y qué es lo que se ha enterrado y si es contaminante o no. Si me hubiesen dicho que era basura hubiese ido Gestión Urbana. En función de los resultados se labrarán las actuaciones que corresponde".
"Ahí hay una planta de hormigón en la que intervenimos por el lavado de áridos, junto con Recursos Hídricos, ya que el recurso de agua lo manejan ellos", indicó.
Sobre casos similares que hayan ocurrido en el pasado, indicó que "el antecedente que tenemos es un predio que recuperamos en Perito Moreno donde habíamos levantado residuos industriales. Pero quien había sido el propietario era quien había hecho el depósito de estos elementos. No conozco otro antecedente al respecto".
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La CSJ falla a favor de los Qom y los Mapuches
Prolegómenos
Fecha de Publicación: 12/07/2013
Fuente: Página 12 / Biodiversidad en América Latina y el Caribe
Provincia/Región: Nacional
Los derechos de los pueblos originarios fueron un taparrabo de la Convención de 1994, que constitucionalizó los principios del liberalismo privatizador, pero aún hoy no tienen plena vigencia. Legitimada ante la corporación judicial, la Corte debe decidir ahora la ley audiovisual y la propiedad del predio de Palermo, que enfrentan al sistema institucional con los poderes fácticos. La economía en año electoral.
El fallo que la Corte Suprema de Justicia preparaba respecto de un pueblo originario no era uno sino dos. Uno le dio la razón a la comunidad Qom La Primavera en el litigio por la medición de sus tierras, contra la provincia de Formosa, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y una fracción indígena respaldada por la administración de Gildo Insfrán. El otro suspendió el desalojo de un inmueble propiedad de la comunidad mapuche Las Huaytekas dispuesto por los tribunales de la provincia de Río Negro, para lo cual tomó en cuenta un dictamen del INAI. En los dos casos formaron la mayoría Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Raúl Zaffaroni y Juan Carlos Maqueda, a quienes se sumaron Carlos Fayt en el fallo de los Qom y Carmen Argibay en el de los mapuches. En ninguno votó Enrique Petracchi. Ambos se firmaron en el acuerdo del martes 2 de julio.
La visibilidad mayor corresponde a la comunidad toba Qom, porque su cacique Félix Díaz posee una especial aptitud comunicativa y ha desarrollado una intensa actividad pública, dentro y fuera del país, con apoyo de diversas organizaciones políticas a derecha e izquierda, que incluyó una audiencia con el papa Francisco en el Vaticano. Pero los mapuches constituyen la mayor entidad del Consejo Plurinacional Indígena y del Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (ENOTPO). En cualquier caso, la firma simultánea de las dos decisiones, sumada a los fallos recientes que reconocen capacidad para representar a los trabajadores a organizaciones que no cuenten con la personería gremial, no ocurre por azar y ejemplifica el rechazo de la Corte a ser caracterizada como defensora de intereses oligárquicos o antipopulares. Estos fallos forman parte implícita del debate sobre la democratización de la Justicia, y preceden a la decisión que la Corte debe tomar acerca de la constitucionalidad de la ley audiovisual, sancionada por una amplia mayoría del Congreso hace cuatro años, pero que aún no ha podido ser aplicada por medidas cautelares y planteos de fondo presentados por el Grupo Clarín, que cuestiona su constitucionalidad. Una vez que la Cámara Federal de Apelaciones en lo Civil y Comercial satisfizo la pretensión del Grupo Clarín y elevó el expediente, la Corte dio traslado a la Procuración General de la Nación, que podría emitir su dictamen la semana próxima, antes del comienzo de la feria judicial de invierno (simpático nombre de las vacaciones pagas extra de que gozan durante dos semanas los jueces, mientras el resto de las profesiones y oficios continúan con sus labores).
Las tierras indígenas
Los casos de los pueblos originarios son importantes en sí, porque se refieren a derechos reconocidos en la Constitución reformada en 1994 y reglamentados en la ley de emergencia sobre tierras indígenas 26.160, de 2006. Ante el avance de la frontera agropecuaria sobre los pueblos originarios esa ley, promovida por la actual ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, suspendió la ejecución de desalojos de territorios de posesión o propiedad comunitaria y ordenó que el INAI realizara el relevamiento técnico jurídico catastral de esas tierras y la titulación comunitaria de su propiedad. Pero la tarea ha avanzado con suma lentitud. La ley fue prorrogada al vencer en noviembre de 2009 y deberá serlo otra vez en noviembre de este año, lo cual ratifica tanto la voluntad de cumplir con su propósito como las dificultades para su implementación, que desde el gobierno nacional se atribuyen a reticencia de las provincias. En mayo, la Corte había citado a una audiencia en la que Formosa y el INAI se comprometieron a que el relevamiento de tierras en el territorio provincial comenzara por la comunidad La Primavera, para lo cual debían elaborar un cronograma. Pero cuando lo presentaron a la Corte, contemplaba que comenzara por otros departamentos de la provincia (Ramón Lista, Bermejo y Matacos), y recién entonces llegará al departamento Pilcomayo, donde está la Comunidad Toba La Primavera, en la Colonia Laguna Blanca. La Corte no aceptó esa alteración del calendario de trabajo y además sostuvo que la propuesta respecto de La Primavera era imprecisa acerca de las fechas de realización de cada tarea y estimaba un plazo de ejecución de seis meses, que “no responde a la gravedad de los conflictos existentes”. Como considera que se necesitan “medidas inmediatas, la concentración de actividades y una propuesta de una fecha limite razonable”, el tribunal intimó a que en diez días hábiles (que vencen dentro de una semana) Formosa y el INAI reformulen el cronograma de tareas y cumplan con la decisión de la Corte Suprema de comenzar por La Primavera. En otra resolución del mismo día, la Corte Suprema dispuso suspender el desalojo de lo que los mapuches llaman “territorio recuperado”, una propiedad a 30 kilómetros de El Bolsón, que la comunidad ocupó en 2011 para impedir la construcción de un barrio privado del sindicato de petroleros de Comodoro Rivadavia que colocaría en terrenos del bosque sagrado Las Huaytekas, considerado único en el mundo, 60 cabañas, confitería, clínica de reposo y cancha de golf. En ese bosque milenario, en el que sin consentimiento de la comunidad cincuenta personas introdujeron maquinaria y vehículos con materiales y tambores de combustible, los mapuches realizan sus ceremonias ancestrales. Por eso decidieron impedir la realización de ese proyecto y defender el territorio de quienes atacan la naturaleza, “queriendo cambiar ríos, tirando árboles, contaminando, destrozando, usando en provecho propio lo que es bien de todos”, para lo cual cuentan por apoyo policial y de patotas. El INAI dictaminó que el terreno en disputa formaba parte del territorio tradicional de la comunidad indígena. Pese a ello, un juez de primera instancia, una Cámara de Apelaciones Civil y Comercial y el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro rechazaron con distintos argumentos las presentaciones de la comunidad Las Huaytekas, incluyendo su recurso extraordinario. Por eso, con el patrocinio del abogado Fernando Kosovsky, Coordinador del Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra en la Patagonia (GAJAT), debió llegar en queja a la Corte Suprema, que detuvo el desalojo. Ese Grupo Jurídico, junto con el CELS, el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas y la Asociación de Abogados/as de Derecho Indígena cuestionó el año pasado los puntos del proyecto de reforma del Código Civil elaborado por Lorenzetti y Highton referidos a las comunidades indígenas, porque “reiteran los vicios de la visión liberal que en el siglo XIX despojó a esas comunidades de casi todos sus derechos”. La reforma propuesta sólo considera el derecho a la posesión y la propiedad comunitaria de las tierras y a participar en la gestión de los recursos naturales, a aquellas comunidades que tengan personería jurídica reconocida. También objetaron que el proyecto considere a las comunidades indígenas personas jurídicas de derecho privado, como las asociaciones civiles, las fundaciones y las sociedades comerciales, en lugar de personas de derecho público. Esto “implica olvidar que la Constitución Nacional reconoce a estas comunidades como preexistentes al Estado Nacional”. La propia incorporación de las comunidades indígenas al Código Civil no toma en cuenta la relación especial que tienen con sus tierras ni los estándares mínimos reconocidos por los órganos internacionales de derechos humanos. Una tercera resolución de la Corte, también del 2 de julio, conminó a la provincia de Formosa para que le informe quién ejerce la autoridad en la asociación civil Comunidad Aborigen La Primavera. En su nombre pretende participar de las negociaciones el cacique Cristino Sanabria, pese a que en las elecciones celebradas con control del gobierno nacional, por voto secreto y con padrones, fue derrotado en proporción 2 a 1 por Félix Díaz.
Señales
Estas resoluciones son señales emitidas por la Corte hacia los sectores más vulnerables de la sociedad, que tienden a complejizar el debate por la democratización de la Justicia que planteó el gobierno nacional. La mayor ironía de las últimas reformas constitucionales fue que consagraron en la letra derechos sin correlato alguno en la realidad política y social del país. El gobierno militar surgido del golpe de 1955 convocó en forma ilegal a una convención reformadora, que en 1957 sancionó como única enmienda el artículo 14 bis, donde se enumeran todos los derechos imaginables, incluyendo aquellos conquistados por los trabajadores en la década previa, que la dictadura que fusiló obreros había abolido por la fuerza. El objetivo central de esa reforma fue suplantar la Constitución de 1949, que a los derechos y garantías del texto del siglo XIX había sumado los principios del constitucionalismo social (con los Derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad y de la educación y la cultura) y declarado los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas propiedades imprescriptibles e inalienables de la Nación, y los servicios públicos como propiedad del Estado, cuya explotación no podría ser enajenada o concedida. El artículo 14 bis fue un cínico taparrabos para disimular ese despojo. Algo equivalente ocurrió con la reforma constitucional pactada entre Carlos Menem y Raúl Alfonsín en 1993. La Convención de 1994 adobó los principios del neoliberalismo privatizador con el reconocimiento de los derechos humanos, los del consumidor y los de los pueblos originarios. Sólo la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos ha tenido una aplicación significativa, porque organizaciones previas a la reforma, creadas en la resistencia a la dictadura, los reivindican como instrumento propio y han recurrido a las instancias internacionales para asegurar su vigencia. Los derechos de los pueblos originarios son desconocidos por diversos gobiernos provinciales, a menudo vinculados en forma más o menos directa con los agronegocios o con los emprendimientos mineros más contaminantes, como el que la semana pasada debió retroceder en La Rioja ante la sostenida impugnación social. Con timidez y aún sin definir su propia competencia en el proceso, la Corte comienza a hacerse cargo de esta problemática.
La prueba ácida
El tribunal también tiene para resolver la constitucionalidad de una ley y de un decreto que apuntan al núcleo de la confrontación entre las autoridades constitucionales representantes de la voluntad popular y los poderes fácticos, que no reconocen restricción legal alguna a sus prácticas e intereses. La ley audiovisual fue sancionada por una amplia mayoría de las dos cámaras del Congreso en 2009, luego de intensos debates en cada una de ellas y de una serie de foros regionales en los diversos puntos del país, con un grado de participación de la sociedad sin precedentes. Pero medidas cautelares dispuestas por el juez suplente jubilado Edmundo Carbone, que había sido funcionario político en las dictaduras de 1966 y 1976, frenaron su aplicación durante tres años, hasta que la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, integrada por jueces que el Estado denunció porque habían realizado viajes por cuenta de una entidad de lobby financiada por el Grupo Clarín (Ricardo Guarinoni, María Najurieta y Francisco de las Carreras), declaró inconstitucionales varios de sus artículos que obligan al Grupo a reducir el grado de concentración que alcanzó en el mercado de la televisión, violando incluso los topes que fijaba el decreto de la dictadura vigente hasta 2009. La Corte Suprema recibió el expediente el mes pasado con los recursos de las partes y lo remitió a la Procuración General para que dictamine. La Procuradora Alejandra Gils Carbó había iniciado el estudio del caso mucho antes de que le llegara el expediente, ya que todas las resoluciones eran públicas, por lo cual podría firmar su presentación antes de que comiencen las dos semanas de vacaciones de invierno del Poder Judicial. La Corte también recibió la medida cautelar por la que la misma Cámara impidió la ejecución del decreto 2552/12 del Poder Ejecutivo que anuló la venta de los terrenos que la Sociedad Rural ocupa en Palermo. Los jueces Ricardo Guarinoni, Graciela Medina y Francisco de las Carreras entendieron que “resulta verosímil” que el predio de Palermo sea propiedad de la Sociedad Rural y que el Estado Nacional no podría “recuperar un bien que vendió hace más de veinte años”. Según cuál sea el pronunciamiento de la Corte, el desenlace será recordado como parte crucial de un proceso profundo de redistribución del poder o como la declaración de impotencia de la democracia republicana ante algunos de los sectores particulares más poderosos, que han acompañado a todos los procesos de facto. Con la nulidad de la reforma del Consejo de la Magistratura, la Corte se legitimó ante la corporación judicial. Lo que está en juego ahora es la reconciliación de la justicia y de todo el sistema institucional con los intereses populares.
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Fecha de Publicación: 12/07/2013
Fuente: Página 12 / Biodiversidad en América Latina y el Caribe
Provincia/Región: Nacional
Los derechos de los pueblos originarios fueron un taparrabo de la Convención de 1994, que constitucionalizó los principios del liberalismo privatizador, pero aún hoy no tienen plena vigencia. Legitimada ante la corporación judicial, la Corte debe decidir ahora la ley audiovisual y la propiedad del predio de Palermo, que enfrentan al sistema institucional con los poderes fácticos. La economía en año electoral.
El fallo que la Corte Suprema de Justicia preparaba respecto de un pueblo originario no era uno sino dos. Uno le dio la razón a la comunidad Qom La Primavera en el litigio por la medición de sus tierras, contra la provincia de Formosa, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y una fracción indígena respaldada por la administración de Gildo Insfrán. El otro suspendió el desalojo de un inmueble propiedad de la comunidad mapuche Las Huaytekas dispuesto por los tribunales de la provincia de Río Negro, para lo cual tomó en cuenta un dictamen del INAI. En los dos casos formaron la mayoría Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Raúl Zaffaroni y Juan Carlos Maqueda, a quienes se sumaron Carlos Fayt en el fallo de los Qom y Carmen Argibay en el de los mapuches. En ninguno votó Enrique Petracchi. Ambos se firmaron en el acuerdo del martes 2 de julio.
La visibilidad mayor corresponde a la comunidad toba Qom, porque su cacique Félix Díaz posee una especial aptitud comunicativa y ha desarrollado una intensa actividad pública, dentro y fuera del país, con apoyo de diversas organizaciones políticas a derecha e izquierda, que incluyó una audiencia con el papa Francisco en el Vaticano. Pero los mapuches constituyen la mayor entidad del Consejo Plurinacional Indígena y del Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (ENOTPO). En cualquier caso, la firma simultánea de las dos decisiones, sumada a los fallos recientes que reconocen capacidad para representar a los trabajadores a organizaciones que no cuenten con la personería gremial, no ocurre por azar y ejemplifica el rechazo de la Corte a ser caracterizada como defensora de intereses oligárquicos o antipopulares. Estos fallos forman parte implícita del debate sobre la democratización de la Justicia, y preceden a la decisión que la Corte debe tomar acerca de la constitucionalidad de la ley audiovisual, sancionada por una amplia mayoría del Congreso hace cuatro años, pero que aún no ha podido ser aplicada por medidas cautelares y planteos de fondo presentados por el Grupo Clarín, que cuestiona su constitucionalidad. Una vez que la Cámara Federal de Apelaciones en lo Civil y Comercial satisfizo la pretensión del Grupo Clarín y elevó el expediente, la Corte dio traslado a la Procuración General de la Nación, que podría emitir su dictamen la semana próxima, antes del comienzo de la feria judicial de invierno (simpático nombre de las vacaciones pagas extra de que gozan durante dos semanas los jueces, mientras el resto de las profesiones y oficios continúan con sus labores).
Las tierras indígenas
Los casos de los pueblos originarios son importantes en sí, porque se refieren a derechos reconocidos en la Constitución reformada en 1994 y reglamentados en la ley de emergencia sobre tierras indígenas 26.160, de 2006. Ante el avance de la frontera agropecuaria sobre los pueblos originarios esa ley, promovida por la actual ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, suspendió la ejecución de desalojos de territorios de posesión o propiedad comunitaria y ordenó que el INAI realizara el relevamiento técnico jurídico catastral de esas tierras y la titulación comunitaria de su propiedad. Pero la tarea ha avanzado con suma lentitud. La ley fue prorrogada al vencer en noviembre de 2009 y deberá serlo otra vez en noviembre de este año, lo cual ratifica tanto la voluntad de cumplir con su propósito como las dificultades para su implementación, que desde el gobierno nacional se atribuyen a reticencia de las provincias. En mayo, la Corte había citado a una audiencia en la que Formosa y el INAI se comprometieron a que el relevamiento de tierras en el territorio provincial comenzara por la comunidad La Primavera, para lo cual debían elaborar un cronograma. Pero cuando lo presentaron a la Corte, contemplaba que comenzara por otros departamentos de la provincia (Ramón Lista, Bermejo y Matacos), y recién entonces llegará al departamento Pilcomayo, donde está la Comunidad Toba La Primavera, en la Colonia Laguna Blanca. La Corte no aceptó esa alteración del calendario de trabajo y además sostuvo que la propuesta respecto de La Primavera era imprecisa acerca de las fechas de realización de cada tarea y estimaba un plazo de ejecución de seis meses, que “no responde a la gravedad de los conflictos existentes”. Como considera que se necesitan “medidas inmediatas, la concentración de actividades y una propuesta de una fecha limite razonable”, el tribunal intimó a que en diez días hábiles (que vencen dentro de una semana) Formosa y el INAI reformulen el cronograma de tareas y cumplan con la decisión de la Corte Suprema de comenzar por La Primavera. En otra resolución del mismo día, la Corte Suprema dispuso suspender el desalojo de lo que los mapuches llaman “territorio recuperado”, una propiedad a 30 kilómetros de El Bolsón, que la comunidad ocupó en 2011 para impedir la construcción de un barrio privado del sindicato de petroleros de Comodoro Rivadavia que colocaría en terrenos del bosque sagrado Las Huaytekas, considerado único en el mundo, 60 cabañas, confitería, clínica de reposo y cancha de golf. En ese bosque milenario, en el que sin consentimiento de la comunidad cincuenta personas introdujeron maquinaria y vehículos con materiales y tambores de combustible, los mapuches realizan sus ceremonias ancestrales. Por eso decidieron impedir la realización de ese proyecto y defender el territorio de quienes atacan la naturaleza, “queriendo cambiar ríos, tirando árboles, contaminando, destrozando, usando en provecho propio lo que es bien de todos”, para lo cual cuentan por apoyo policial y de patotas. El INAI dictaminó que el terreno en disputa formaba parte del territorio tradicional de la comunidad indígena. Pese a ello, un juez de primera instancia, una Cámara de Apelaciones Civil y Comercial y el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro rechazaron con distintos argumentos las presentaciones de la comunidad Las Huaytekas, incluyendo su recurso extraordinario. Por eso, con el patrocinio del abogado Fernando Kosovsky, Coordinador del Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra en la Patagonia (GAJAT), debió llegar en queja a la Corte Suprema, que detuvo el desalojo. Ese Grupo Jurídico, junto con el CELS, el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas y la Asociación de Abogados/as de Derecho Indígena cuestionó el año pasado los puntos del proyecto de reforma del Código Civil elaborado por Lorenzetti y Highton referidos a las comunidades indígenas, porque “reiteran los vicios de la visión liberal que en el siglo XIX despojó a esas comunidades de casi todos sus derechos”. La reforma propuesta sólo considera el derecho a la posesión y la propiedad comunitaria de las tierras y a participar en la gestión de los recursos naturales, a aquellas comunidades que tengan personería jurídica reconocida. También objetaron que el proyecto considere a las comunidades indígenas personas jurídicas de derecho privado, como las asociaciones civiles, las fundaciones y las sociedades comerciales, en lugar de personas de derecho público. Esto “implica olvidar que la Constitución Nacional reconoce a estas comunidades como preexistentes al Estado Nacional”. La propia incorporación de las comunidades indígenas al Código Civil no toma en cuenta la relación especial que tienen con sus tierras ni los estándares mínimos reconocidos por los órganos internacionales de derechos humanos. Una tercera resolución de la Corte, también del 2 de julio, conminó a la provincia de Formosa para que le informe quién ejerce la autoridad en la asociación civil Comunidad Aborigen La Primavera. En su nombre pretende participar de las negociaciones el cacique Cristino Sanabria, pese a que en las elecciones celebradas con control del gobierno nacional, por voto secreto y con padrones, fue derrotado en proporción 2 a 1 por Félix Díaz.
Señales
Estas resoluciones son señales emitidas por la Corte hacia los sectores más vulnerables de la sociedad, que tienden a complejizar el debate por la democratización de la Justicia que planteó el gobierno nacional. La mayor ironía de las últimas reformas constitucionales fue que consagraron en la letra derechos sin correlato alguno en la realidad política y social del país. El gobierno militar surgido del golpe de 1955 convocó en forma ilegal a una convención reformadora, que en 1957 sancionó como única enmienda el artículo 14 bis, donde se enumeran todos los derechos imaginables, incluyendo aquellos conquistados por los trabajadores en la década previa, que la dictadura que fusiló obreros había abolido por la fuerza. El objetivo central de esa reforma fue suplantar la Constitución de 1949, que a los derechos y garantías del texto del siglo XIX había sumado los principios del constitucionalismo social (con los Derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad y de la educación y la cultura) y declarado los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas propiedades imprescriptibles e inalienables de la Nación, y los servicios públicos como propiedad del Estado, cuya explotación no podría ser enajenada o concedida. El artículo 14 bis fue un cínico taparrabos para disimular ese despojo. Algo equivalente ocurrió con la reforma constitucional pactada entre Carlos Menem y Raúl Alfonsín en 1993. La Convención de 1994 adobó los principios del neoliberalismo privatizador con el reconocimiento de los derechos humanos, los del consumidor y los de los pueblos originarios. Sólo la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos ha tenido una aplicación significativa, porque organizaciones previas a la reforma, creadas en la resistencia a la dictadura, los reivindican como instrumento propio y han recurrido a las instancias internacionales para asegurar su vigencia. Los derechos de los pueblos originarios son desconocidos por diversos gobiernos provinciales, a menudo vinculados en forma más o menos directa con los agronegocios o con los emprendimientos mineros más contaminantes, como el que la semana pasada debió retroceder en La Rioja ante la sostenida impugnación social. Con timidez y aún sin definir su propia competencia en el proceso, la Corte comienza a hacerse cargo de esta problemática.
La prueba ácida
El tribunal también tiene para resolver la constitucionalidad de una ley y de un decreto que apuntan al núcleo de la confrontación entre las autoridades constitucionales representantes de la voluntad popular y los poderes fácticos, que no reconocen restricción legal alguna a sus prácticas e intereses. La ley audiovisual fue sancionada por una amplia mayoría de las dos cámaras del Congreso en 2009, luego de intensos debates en cada una de ellas y de una serie de foros regionales en los diversos puntos del país, con un grado de participación de la sociedad sin precedentes. Pero medidas cautelares dispuestas por el juez suplente jubilado Edmundo Carbone, que había sido funcionario político en las dictaduras de 1966 y 1976, frenaron su aplicación durante tres años, hasta que la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, integrada por jueces que el Estado denunció porque habían realizado viajes por cuenta de una entidad de lobby financiada por el Grupo Clarín (Ricardo Guarinoni, María Najurieta y Francisco de las Carreras), declaró inconstitucionales varios de sus artículos que obligan al Grupo a reducir el grado de concentración que alcanzó en el mercado de la televisión, violando incluso los topes que fijaba el decreto de la dictadura vigente hasta 2009. La Corte Suprema recibió el expediente el mes pasado con los recursos de las partes y lo remitió a la Procuración General para que dictamine. La Procuradora Alejandra Gils Carbó había iniciado el estudio del caso mucho antes de que le llegara el expediente, ya que todas las resoluciones eran públicas, por lo cual podría firmar su presentación antes de que comiencen las dos semanas de vacaciones de invierno del Poder Judicial. La Corte también recibió la medida cautelar por la que la misma Cámara impidió la ejecución del decreto 2552/12 del Poder Ejecutivo que anuló la venta de los terrenos que la Sociedad Rural ocupa en Palermo. Los jueces Ricardo Guarinoni, Graciela Medina y Francisco de las Carreras entendieron que “resulta verosímil” que el predio de Palermo sea propiedad de la Sociedad Rural y que el Estado Nacional no podría “recuperar un bien que vendió hace más de veinte años”. Según cuál sea el pronunciamiento de la Corte, el desenlace será recordado como parte crucial de un proceso profundo de redistribución del poder o como la declaración de impotencia de la democracia republicana ante algunos de los sectores particulares más poderosos, que han acompañado a todos los procesos de facto. Con la nulidad de la reforma del Consejo de la Magistratura, la Corte se legitimó ante la corporación judicial. Lo que está en juego ahora es la reconciliación de la justicia y de todo el sistema institucional con los intereses populares.
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Nombran a Gioja el empleado del mes de la Barrick
Para Greenpeace, Gioja es el empleado del mes... de la Barrick Gold
Fecha de Publicación: 12/07/2013
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: San Juan
La organización reclamó este jueves al gobernador de San Juan, José Luis Gioja, que deje de ser cómplice del incumplimiento de la Ley de Glaciares en su provincia.
En la solicitada publicada el gobernardo José Luis Gioja está caracterizado como “empleado del mes” de la minera Barrick Gold.
“En lugar de defender los glaciares y hacer cumplir la Ley, el Gobernador avala como si fuera vocero de la empresa el accionar de Barrick Gold que está afectando glaciares en San Juan”, señaló Gonzalo Strano de la unidad de campaña de Greenpeace.
En la solicitadaGioja está caracterizado como “empleado del mes” de la minera Barrick Gold, a la que Greenpeace denuncia por afectar los glaciares y el ambiente periglacial en la Reserva San Guillermo, con sus emprendimientos Veladero y Pascua Lama.
La organización lleva adelante la campaña "Salvá la Reserva San Guillermo" para exigir al mandatario que prohíba la actividad minera de Barrick Gold dentro de la Reserva.
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Fecha de Publicación: 12/07/2013
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: San Juan
La organización reclamó este jueves al gobernador de San Juan, José Luis Gioja, que deje de ser cómplice del incumplimiento de la Ley de Glaciares en su provincia.En la solicitada publicada el gobernardo José Luis Gioja está caracterizado como “empleado del mes” de la minera Barrick Gold.
“En lugar de defender los glaciares y hacer cumplir la Ley, el Gobernador avala como si fuera vocero de la empresa el accionar de Barrick Gold que está afectando glaciares en San Juan”, señaló Gonzalo Strano de la unidad de campaña de Greenpeace.
En la solicitadaGioja está caracterizado como “empleado del mes” de la minera Barrick Gold, a la que Greenpeace denuncia por afectar los glaciares y el ambiente periglacial en la Reserva San Guillermo, con sus emprendimientos Veladero y Pascua Lama.
La organización lleva adelante la campaña "Salvá la Reserva San Guillermo" para exigir al mandatario que prohíba la actividad minera de Barrick Gold dentro de la Reserva.
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Más investigación sobre contrataciones en el Riachuelo
Riachuelo: amplían la investigación por irregularidades a las empresas contratadas para sanear la cuenca
Fecha de Publicación: 12/07/2013
Fuente: Telam
Provincia/Región: Riachuelo
El juez federal Sebastián Casanello ordenó ampliar la investigación por las supuestas irregularidades cometidas por el juez federal de Quilmes Luis Armella, mientras estuvo a cargo de ejecutar el fallo de la Corte que ordenó limpiar ese curso de agua.
Además de las firmas mencionadas en la denuncia inicial, el juez federal Sebastián Casanello pidió informes a organismos públicos sobre la constitución de todas las empresas contratadas en el período en el que Armella estuvo en el caso, hasta que fue separado por el máximo tribunal tras recibir un informe que detallaba vínculos entre contratistas y el magistrado.
Según informaron fuentes judiciales, se requirió a la Auditoría General de la Nación que amplíe un informe inicial presentado en la causa e incluya a las empresas con contratos firmados mientras Armella estuvo a cargo de hacer cumplir el fallo.
Hasta el momento, en la causa están demostrados los vínculos societarios entre el grupo de empresas que formaron parte de la denuncia original, como Gildin y Kartonsec.
"Ahora se avanza para acreditar los vínculos de todas con el juez Armella", explicaron las fuentes.
En la causa declaró como testigo el autor del informe de la AGN donde se denunciaron las irregularidades a raíz de los vínculos encontrados entre los integrantes de las empresas contratadas y el juez.
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Fecha de Publicación: 12/07/2013
Fuente: Telam
Provincia/Región: Riachuelo
El juez federal Sebastián Casanello ordenó ampliar la investigación por las supuestas irregularidades cometidas por el juez federal de Quilmes Luis Armella, mientras estuvo a cargo de ejecutar el fallo de la Corte que ordenó limpiar ese curso de agua.
Además de las firmas mencionadas en la denuncia inicial, el juez federal Sebastián Casanello pidió informes a organismos públicos sobre la constitución de todas las empresas contratadas en el período en el que Armella estuvo en el caso, hasta que fue separado por el máximo tribunal tras recibir un informe que detallaba vínculos entre contratistas y el magistrado.
Según informaron fuentes judiciales, se requirió a la Auditoría General de la Nación que amplíe un informe inicial presentado en la causa e incluya a las empresas con contratos firmados mientras Armella estuvo a cargo de hacer cumplir el fallo.
Hasta el momento, en la causa están demostrados los vínculos societarios entre el grupo de empresas que formaron parte de la denuncia original, como Gildin y Kartonsec.
"Ahora se avanza para acreditar los vínculos de todas con el juez Armella", explicaron las fuentes.
En la causa declaró como testigo el autor del informe de la AGN donde se denunciaron las irregularidades a raíz de los vínculos encontrados entre los integrantes de las empresas contratadas y el juez.
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Mapuches no dejarán pasar a Chevron en Vaca Muerta
Mapuches anuncian que cerrarán el paso a Chevron
Fecha de Publicación: 11/07/2013
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Río Negro
La Confederación Mapuche y las comunidades originarias asentadas en la zona de Vaca Muerta aseguraron que no permitirán el ingreso de la empresa Chevron a su territorio e impugnarán el acuerdo que se firmará el lunes con YPF por violar el derecho de consulta previa.
"No son tierras mapuches", dijo anoche un vocero de la compañía petrolera en la única declaración que hubo sobre el tema.
En una conferencia de prensa, Jorge Nahuel integrante de la Confederación explicó que "no se puede realizar ningún tipo de proyecto de desarrollo o emprendimiento en nuestro territorio si no se cumple con un procedimiento legal. El estado está obligado a consultar, si no lo hace está violando la ley", en referencia a la convención 169 de la OIT. En este sentido explicó que en ningún momento se consultó a las comunidades que viven en toda en la formación Vaca Muerta y que ante la firma de un convenio que permitirá a Chevron explotar más de 1.000 pozos para extraer gas y petróleo no convencional, tomarán "todas las medidas necesarias", para evitarlo. "Además hemos acordado con los pueblos afectados por Chevron en Ecuador, los kofan, siona, sarayaco, que no podemos permitir que Chevron entre al territorio mapuche, porque ya sabemos que va a traer contaminación", indicó Nahuel, al recordar el juicio que ganaron las comunidades ecuatorianas contra al empresa por contaminar 480.000 hectáreas de selva amazónica.
La Confederación presentará una impugnación al convenio que se firmará el lunes por incumplir con el derecho internacional de consulta previa. Además, las comunidades del lugar analizarán manifestarse ese día en el lugar.
El lonco Albino Campos, del lof Campo Maripe ubicado en el centro de Vaca Muerta, aseguró que los trabajos comenzaron hace tiempo, que hay cerca de 600 pozos en producción, y la mayoría está a entre dos y diez kilómetros de sus casas. "Esos lugares también son campos de pastoreo", alertó Campos. "Ya no queremos pagar más el precio de este desarrollo, que promueve un crecimiento sin límites, desvinculado de la naturaleza y de la cultura que le da soporte y sentido, que avanza destruyendo la biodiversidad, contaminando, el aire, las aguas, los lagos, dijeron en un comunicado. Cuestionaron al gobierno local por desconocer las características del acuerdo.
"Sorprende que Nación y Provincia abran las puertas a una empresa que es reconocida a nivel mundial como contaminante y extorsionadora", dijeron en la rueda de prensa.
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Fecha de Publicación: 11/07/2013
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Río Negro
La Confederación Mapuche y las comunidades originarias asentadas en la zona de Vaca Muerta aseguraron que no permitirán el ingreso de la empresa Chevron a su territorio e impugnarán el acuerdo que se firmará el lunes con YPF por violar el derecho de consulta previa."No son tierras mapuches", dijo anoche un vocero de la compañía petrolera en la única declaración que hubo sobre el tema.
En una conferencia de prensa, Jorge Nahuel integrante de la Confederación explicó que "no se puede realizar ningún tipo de proyecto de desarrollo o emprendimiento en nuestro territorio si no se cumple con un procedimiento legal. El estado está obligado a consultar, si no lo hace está violando la ley", en referencia a la convención 169 de la OIT. En este sentido explicó que en ningún momento se consultó a las comunidades que viven en toda en la formación Vaca Muerta y que ante la firma de un convenio que permitirá a Chevron explotar más de 1.000 pozos para extraer gas y petróleo no convencional, tomarán "todas las medidas necesarias", para evitarlo. "Además hemos acordado con los pueblos afectados por Chevron en Ecuador, los kofan, siona, sarayaco, que no podemos permitir que Chevron entre al territorio mapuche, porque ya sabemos que va a traer contaminación", indicó Nahuel, al recordar el juicio que ganaron las comunidades ecuatorianas contra al empresa por contaminar 480.000 hectáreas de selva amazónica.
La Confederación presentará una impugnación al convenio que se firmará el lunes por incumplir con el derecho internacional de consulta previa. Además, las comunidades del lugar analizarán manifestarse ese día en el lugar.
El lonco Albino Campos, del lof Campo Maripe ubicado en el centro de Vaca Muerta, aseguró que los trabajos comenzaron hace tiempo, que hay cerca de 600 pozos en producción, y la mayoría está a entre dos y diez kilómetros de sus casas. "Esos lugares también son campos de pastoreo", alertó Campos. "Ya no queremos pagar más el precio de este desarrollo, que promueve un crecimiento sin límites, desvinculado de la naturaleza y de la cultura que le da soporte y sentido, que avanza destruyendo la biodiversidad, contaminando, el aire, las aguas, los lagos, dijeron en un comunicado. Cuestionaron al gobierno local por desconocer las características del acuerdo.
"Sorprende que Nación y Provincia abran las puertas a una empresa que es reconocida a nivel mundial como contaminante y extorsionadora", dijeron en la rueda de prensa.
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Las mineras de Santa Cruz no quieren pagar más
Mineras nombraron abogados para iniciar juicio a la provincia de Kirchner
Fecha de Publicación: 11/07/2013
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: Santa Cruz
Pretenden frenar el nuevo impuesto amparándose en la estabilidad fiscal de la Ley de Inversiones Mineras. "Lo que se pone en cuestión es la estabilidad fiscal y esto no se puede discutir." Ésa es la línea política y legal con la que está trabajando el equipo de abogados de las principales mineras que operan en la Argentina y que harán una presentación judicial para frenar el nuevo impuesto minero no bien lo promulgue el gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta.
Y según confiaron fuentes del sector, fundamentarán la presentación en que "todo el andamiaje de inversiones tiene buena parte de sus bases apoyadas" en ese beneficio que garantiza un bloque inmodificable de impuestos durante treinta años.
El equipo legal que coordina el abogado Carlos Saravia Frías, socio del estudio Saravia Frías-Mazzinghi, está integrado por los especialistas de Pan American Silver, Patagonia Gold y Yamana Gold, entre otros. Todos ellos están evaluando los pasos a seguir no bien se promulgue la ley, que Peralta logró tener desde hace quince días, detalló a BAE Negocios una fuente minera.
Más allá de que todas las empresas mineras de Santa Cruz cerraron filas ante el avance de Peralta, la situación no es la misma para cada una de ellas. Por ejemplo, Cerro Vanguardia –que opera la sudafricana AngloGold Ashanti– es socia de una empresa estatal (Fomento Minero de Santa Cruz) y no podría accionar contra su socio. Distinta es la situación de Cerro Negro –de Gold Corp.–, que tendría que pagar unos $400 millones y aún no está produciendo, pero ya declaró sus reservas.
Según la ley votada en la Cámara de Diputados santacruceña, todas las mineras que tengan el plan de factibilidad aprobado quedan alcanzadas por el nuevo "impuesto al derecho real de propiedad inmobiliaria minera", que se determinará mediante una alícuota del 1% sobre el valor de las reservas que posea la mina. Según un estudio de la consultora Abeceb, elaborado a pedido de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), las mineras tienen una presión impositiva del 53% de su producto bruto en la Argentina. Subrayan que es superior a la de Chile o Perú.
"Esto coincide con la curva descendente del precio de los metales y cuando eso ocurre los empresarios piensan en mantener la rentabilidad", se quejó ante este diario un empresario que conoce el sector. Aunque no lo diga abiertamente, la frase está ligada al empleo y la posibilidad de que la rentabilidad se mantenga recortando por allí. Lo que ocurre con esto no será menor porque el 14,2% del empleo privado de Santa Cruz está ligado a la minería de gran escala. Esa situación, que generó el alerta de todo el sector y comenzó a ser evaluada por la Organización Federal de Estados Mineros (Ofemi), no tuvo aún repercusiones públicas.
Para dar una idea del peso que tendrá esa alícuota del 1% en sus finanzas, las mineras señalan que se paga hasta el 3% de regalías a las provincias por el mineral –en varios casos es menos del 3%– en boca de mina. En ese lugar, el mineral tiene el precio más bajo de la cadena de valor.
Según indicaron fuentes privadas, el tema fue abordado por las provincias y por el secretario de Minería, Jorge Mayoral, pero la decisión fue no hablar en voz alta y esperar a que se sucedan los hechos: quieren ver hasta dónde llega Peralta, que consiguió la aprobación del impuesto, pero con la abstención de todos los legisladores que responden a La Cámpora. El artículo principal fue aprobado por 10 votos a favor (8 del PJ y 2 de la UCR) pero tuvo 14 abstenciones.
Es que la decisión de Peralta pega de lleno en la instancia que el Gobierno imaginó para tener una mesa de negociación permanente con las diez provincias mineras y, además, con las empresas: la Ofemi, que se creó en febrero del 2012 y preside Eduardo Fellner, tras el conflicto social que estalló en Famatina, La Rioja. Ese enfrentamiento con los pobladores locales sepultó, al menos por ahora, la posibilidad de explorar el cerro, y la semana pasada se firmó el convenio de rescisión de contrato con la canadiense Osisko Mining Corp.
País de oportunidades
El titular del Grosso Group Management, Joseph Grosso, sostuvo que la Argentina es "un país que siempre ofrece oportunidades". El empresario anunció que iniciará la etapa exploratoria de los proyectos Chinchilla y Chinchilla I en el departamento de Rinconada, en Jujuy, como parte de las iniciativas.
Ajuste en Vanguardia. Cerro Vanguardia, una de las principales productoras de oro del país, acaba de anunciar que iniciará un proceso de ajuste. Lo hizo el viernes pasado durante una reunión con sus empleados, al analizar la caída internacional del precio de los metales y "el contexto inflacionario argentino".
Según dijo el gerente general de Cerro Vanguardia, Jorge Sanguin, se vienen tiempos de "hacer más con menos", y señaló que tendrán que "tomar algunas decisiones difíciles, y que habrá sectores que deberán ser más austeros".
Un estudio especializado en el sector
El estudio jurídico Saravia Frías-Mazzinghi es uno de los más especializados en el derecho minero. No sólo porque entre sus clientes tiene a varias empresas como Mega Uranium, OroCobre, Argentina Mining, Batavia Mining, Patagonia Gold, Minera Mariana y Osisko Mining Company, sino porque dedica tiempo y esfuerzo a construir la fundamentación política para evitar que se eleve la presión tributaria sobre el sector.
Ante el creciente debate sobre la posibilidad de elevar la presión tributaria, el estudio que encabeza Carlos Saravia Frías planteó que el problema no era aumentar la carga impositiva sino lograr "una redistribución más directa, eficaz y equitativa de lo recaudado en concepto de impuestos para la Nación y las provincias". Fue durante un seminario organizado el 26 de octubre de 2011, en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral con el patrocinio exclusivo de la canadiense Barrick Gold.
"Resulta válido preguntarse si la intención de aumentar la regalía minera no deviene de un problema de distribución y administración de la renta total, más que de un problema de lo que realmente percibe el Gobierno en concepto de minería. Prueba de lo antedicho, constituye el desarrollo económico alcanzado por algunas provincias que ha defendido el sistema implementado en los '90, tomando así la minería como base fundamental de su desarrollo económico", indicó el abogado Hugo Emilio Bastías, del estudio Saravia Frías-Mazzinghi, en el primer párrafo de las conclusiones del documento "Reflexiones ante un posible cambio en la regalía minera argentina", según detalló la revista Crisis.
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Fecha de Publicación: 11/07/2013
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: Santa Cruz
Pretenden frenar el nuevo impuesto amparándose en la estabilidad fiscal de la Ley de Inversiones Mineras. "Lo que se pone en cuestión es la estabilidad fiscal y esto no se puede discutir." Ésa es la línea política y legal con la que está trabajando el equipo de abogados de las principales mineras que operan en la Argentina y que harán una presentación judicial para frenar el nuevo impuesto minero no bien lo promulgue el gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta.
Y según confiaron fuentes del sector, fundamentarán la presentación en que "todo el andamiaje de inversiones tiene buena parte de sus bases apoyadas" en ese beneficio que garantiza un bloque inmodificable de impuestos durante treinta años.
El equipo legal que coordina el abogado Carlos Saravia Frías, socio del estudio Saravia Frías-Mazzinghi, está integrado por los especialistas de Pan American Silver, Patagonia Gold y Yamana Gold, entre otros. Todos ellos están evaluando los pasos a seguir no bien se promulgue la ley, que Peralta logró tener desde hace quince días, detalló a BAE Negocios una fuente minera.
Más allá de que todas las empresas mineras de Santa Cruz cerraron filas ante el avance de Peralta, la situación no es la misma para cada una de ellas. Por ejemplo, Cerro Vanguardia –que opera la sudafricana AngloGold Ashanti– es socia de una empresa estatal (Fomento Minero de Santa Cruz) y no podría accionar contra su socio. Distinta es la situación de Cerro Negro –de Gold Corp.–, que tendría que pagar unos $400 millones y aún no está produciendo, pero ya declaró sus reservas.
Según la ley votada en la Cámara de Diputados santacruceña, todas las mineras que tengan el plan de factibilidad aprobado quedan alcanzadas por el nuevo "impuesto al derecho real de propiedad inmobiliaria minera", que se determinará mediante una alícuota del 1% sobre el valor de las reservas que posea la mina. Según un estudio de la consultora Abeceb, elaborado a pedido de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), las mineras tienen una presión impositiva del 53% de su producto bruto en la Argentina. Subrayan que es superior a la de Chile o Perú.
"Esto coincide con la curva descendente del precio de los metales y cuando eso ocurre los empresarios piensan en mantener la rentabilidad", se quejó ante este diario un empresario que conoce el sector. Aunque no lo diga abiertamente, la frase está ligada al empleo y la posibilidad de que la rentabilidad se mantenga recortando por allí. Lo que ocurre con esto no será menor porque el 14,2% del empleo privado de Santa Cruz está ligado a la minería de gran escala. Esa situación, que generó el alerta de todo el sector y comenzó a ser evaluada por la Organización Federal de Estados Mineros (Ofemi), no tuvo aún repercusiones públicas.
Para dar una idea del peso que tendrá esa alícuota del 1% en sus finanzas, las mineras señalan que se paga hasta el 3% de regalías a las provincias por el mineral –en varios casos es menos del 3%– en boca de mina. En ese lugar, el mineral tiene el precio más bajo de la cadena de valor.
Según indicaron fuentes privadas, el tema fue abordado por las provincias y por el secretario de Minería, Jorge Mayoral, pero la decisión fue no hablar en voz alta y esperar a que se sucedan los hechos: quieren ver hasta dónde llega Peralta, que consiguió la aprobación del impuesto, pero con la abstención de todos los legisladores que responden a La Cámpora. El artículo principal fue aprobado por 10 votos a favor (8 del PJ y 2 de la UCR) pero tuvo 14 abstenciones.
Es que la decisión de Peralta pega de lleno en la instancia que el Gobierno imaginó para tener una mesa de negociación permanente con las diez provincias mineras y, además, con las empresas: la Ofemi, que se creó en febrero del 2012 y preside Eduardo Fellner, tras el conflicto social que estalló en Famatina, La Rioja. Ese enfrentamiento con los pobladores locales sepultó, al menos por ahora, la posibilidad de explorar el cerro, y la semana pasada se firmó el convenio de rescisión de contrato con la canadiense Osisko Mining Corp.
País de oportunidades
El titular del Grosso Group Management, Joseph Grosso, sostuvo que la Argentina es "un país que siempre ofrece oportunidades". El empresario anunció que iniciará la etapa exploratoria de los proyectos Chinchilla y Chinchilla I en el departamento de Rinconada, en Jujuy, como parte de las iniciativas.
Ajuste en Vanguardia. Cerro Vanguardia, una de las principales productoras de oro del país, acaba de anunciar que iniciará un proceso de ajuste. Lo hizo el viernes pasado durante una reunión con sus empleados, al analizar la caída internacional del precio de los metales y "el contexto inflacionario argentino".
Según dijo el gerente general de Cerro Vanguardia, Jorge Sanguin, se vienen tiempos de "hacer más con menos", y señaló que tendrán que "tomar algunas decisiones difíciles, y que habrá sectores que deberán ser más austeros".
Un estudio especializado en el sector
El estudio jurídico Saravia Frías-Mazzinghi es uno de los más especializados en el derecho minero. No sólo porque entre sus clientes tiene a varias empresas como Mega Uranium, OroCobre, Argentina Mining, Batavia Mining, Patagonia Gold, Minera Mariana y Osisko Mining Company, sino porque dedica tiempo y esfuerzo a construir la fundamentación política para evitar que se eleve la presión tributaria sobre el sector.
Ante el creciente debate sobre la posibilidad de elevar la presión tributaria, el estudio que encabeza Carlos Saravia Frías planteó que el problema no era aumentar la carga impositiva sino lograr "una redistribución más directa, eficaz y equitativa de lo recaudado en concepto de impuestos para la Nación y las provincias". Fue durante un seminario organizado el 26 de octubre de 2011, en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral con el patrocinio exclusivo de la canadiense Barrick Gold.
"Resulta válido preguntarse si la intención de aumentar la regalía minera no deviene de un problema de distribución y administración de la renta total, más que de un problema de lo que realmente percibe el Gobierno en concepto de minería. Prueba de lo antedicho, constituye el desarrollo económico alcanzado por algunas provincias que ha defendido el sistema implementado en los '90, tomando así la minería como base fundamental de su desarrollo económico", indicó el abogado Hugo Emilio Bastías, del estudio Saravia Frías-Mazzinghi, en el primer párrafo de las conclusiones del documento "Reflexiones ante un posible cambio en la regalía minera argentina", según detalló la revista Crisis.
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Córdoba: campesinos buscan ayuda para evitar remates
Campesinos cordobeses buscan ayuda en Buenos Aires para evitar remate de terrenos
Fecha de Publicación: 11/07/2013
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
Campesinos cordobeses se entrevistarán con funcionarios nacionales y organismos de Derechos Humanos, con la esperanza de frenar el remate de un campo que ocupan, tras fracasar en esas negociaciones con la provincia. Acusan a José Manuel de la Sota de “neoliberal e indiferente”.
Las reuniones se concretarán desde el miércoles y hasta el viernes de la semana próxima con el titular de la secretaría de Derechos Humanos, Martín Fresneda y con el subsecretario de Agricultura Familiar, Emilio Pérsico, entre otros, según adelantó Horacio Britos del Movimiento Campesino de Córdoba, integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Vía Campesina).
Los campesinos quieren que el campo La Libertad, ubicado en el Departamento Ischilín en el noroeste cordobés y actualmente con bandera de remate, sea expropiado. Habitado y poseído por familias de campesinos el terreno de 13 mil hectáreas comprende la suma de los lotes que componen la quiebra de la firma Feigin Hnos. Ltda.
“Estamos muy preocupados, muy mal, desde que De la Sota se hizo cargo del gobierno dejó caer todo, archivaron el trámite y nos dejaron sin alternativas, el campo va a remate, los acreedores quieren cobrar”, explicó Britos, quien detalló que también llevarán su caso a organismos de Derechos Humanos y a la Comisión Nacional de Tierras.
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Fecha de Publicación: 11/07/2013
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
Campesinos cordobeses se entrevistarán con funcionarios nacionales y organismos de Derechos Humanos, con la esperanza de frenar el remate de un campo que ocupan, tras fracasar en esas negociaciones con la provincia. Acusan a José Manuel de la Sota de “neoliberal e indiferente”.
Las reuniones se concretarán desde el miércoles y hasta el viernes de la semana próxima con el titular de la secretaría de Derechos Humanos, Martín Fresneda y con el subsecretario de Agricultura Familiar, Emilio Pérsico, entre otros, según adelantó Horacio Britos del Movimiento Campesino de Córdoba, integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Vía Campesina).
Los campesinos quieren que el campo La Libertad, ubicado en el Departamento Ischilín en el noroeste cordobés y actualmente con bandera de remate, sea expropiado. Habitado y poseído por familias de campesinos el terreno de 13 mil hectáreas comprende la suma de los lotes que componen la quiebra de la firma Feigin Hnos. Ltda.
“Estamos muy preocupados, muy mal, desde que De la Sota se hizo cargo del gobierno dejó caer todo, archivaron el trámite y nos dejaron sin alternativas, el campo va a remate, los acreedores quieren cobrar”, explicó Britos, quien detalló que también llevarán su caso a organismos de Derechos Humanos y a la Comisión Nacional de Tierras.
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