El problema de los agronegocios
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Dos modelos
Fecha de Publicación: 08/04/2012
Fuente: Página/12 - Suplemento Cash
Provincia/Región: Nacional
Un grupo de investigación de la UBA da cuenta, a través de dos investigaciones, de la resistencia que surgió en los últimos años a un modelo agropecuario que otorga divisas al Estado, pero expulsa campesinos de sus tierras y daña el ecosistema.
El Grupo de Estudios sobre Ecología Política, Comunidades y Derechos (Gepcyd), conformado por quince investigadores del Instituto Gino Germani (UBA), estudia la problemática del mundo rural. A través de distintas investigaciones pueden dar cuenta de cambios en esta disputa que se expresa en la posesión de la tierra y en modelos agropecuarios. Por un lado, la dinámica del agronegocio y, por el otro, la producción para el mercado interno.
Durante 2006/7 el equipo del Gepcyd estudió lo que había ocurrido con la producción agrícola en la zona de San Pedro, tradicionalmente dedicada a la pequeña producción frutihortícola, sobre todo para el consumo interno. Encontraron un fenómeno de “territorialidad excluyente vehiculizada por el agronegocio como nueva configuración de la ruralidad”, como describen el proceso por el que se cambia la relación que tienen los productores con sus propias tierras. Como explican esos investigadores, “lo que ocurre en San Pedro es sintomático. Durante los ’90 se va destruyendo un andamiaje institucional, sobre todo gracias a la desregulación, que permitía el desarrollo de una producción orientada al mercado interno. En el 2003, con el precio más bajo para la soja en dos décadas, se inicia un proceso muy distinto, de tipo agrícola-industrial, que se realiza con grandes inversiones y maquinaria. Pero no fue exclusivamente una decisión racional del homo economicus sino que tuvo que ver con decisiones político-institucionales desde el Estado. Se instala un sistema agroalimentario donde se ponen la tecnología, las tierras, la mano de obra en función de la producción de bienes para el mercado internacional y se desmonta un circuito que tiene que ver con la producción de bienes de consumo interno”. A partir de allí los pequeños productores no encuentran lugar en la cadena productiva agrícola y en general arriendan o venden sus tierras. En algunos pocos casos consiguen otras tierras para hacer producción a escala y abandonar los frutales con los que proveían al mercado de Rosario o Buenos Aires. Los peones, por su lado, quedan directamente sin trabajo porque el paquete agroindustrial prácticamente no necesita mano de obra.
Los efectos colaterales de este modelo pueden verse en San Pedro. Además de la mencionada desocupación o la desaparición de frutales, la forma particular con la que se produce la soja transgénica, con grandes cantidades de agrotóxicos, daña el medio ambiente y, por ejemplo, mata las abejas de la zona. “Lo extraño de todo esto es que los apicultores no se resistieron: veían la situación como una fatalidad y pensaban en cambiar de actividad o irse a otra parte”, lo que habla de lo profundo que caló el discurso neoliberal aun entre los perdedores del modelo.
Hasta la ganadería de la zona se vio desplazada hacia las islas en un comienzo, hasta que allí también comenzó a plantarse soja transportando las maquinarias con balsas. Parte de los incendios del 2008, cuyo humo llegó a la ciudad de Buenos Aires, fueron para desmontar esas islas.
Los investigadores también encontraron un fenómeno particular dentro del nuevo modelo de agronegocios al que denominan “supermercadismo”, que se caracteriza por la intervención directa de las grandes cadenas en todos los eslabones que llevan a la venta, incluida la producción.
En el Chaco
En 2007 al Gepcyd inició otra investigación en el Chaco (que continúa hasta hoy) y que les permitió ver cómo el fenómeno percibido en San Pedro tenía similitudes y diferencias con lo que ocurre en otros puntos del país. El avance agroindustrial continúa en la actualidad gracias al fortalecimiento de un paquete tecnológico que ahora permite llegar a suelos menos ricos que anteriormente se consideraban, al menos desde ese modelo, como improductivos. Es por eso que la frontera productiva de los pooles de siembra avanza junto con intereses económicos muy fuertes que, obviamente, permean a los poderes políticos. Es que ningún gobierno regional resigna fácilmente los ingresos que pueden generar commodities con precios elevados.
“En el Chaco pasó algo particular”, explican desde el colectivo de investigadores. En el Chaco hay organizaciones campesinas que dijeron: “No, ése no es el único camino, tenemos que pensar no cómo nos integramos sino cuál es nuestro camino”, lo que llevó a una disputa por la tierra. Estas organizaciones provienen de los años ’80 y ’90, cuando los campesinos que se dedicaban mayoritariamente a la producción de algodón tuvieron que reconvertirse en pequeños ganaderos por la caída del precio de sus productos. Para ellos necesitaron avanzar sobre otras tierras. Varias ONG capacitaron a los campesinos en esa transición, lo que permitió, entre otras cosas, una producción que no hiciera necesario el desmonte, por lo que se preservaba el medio ambiente local. Con estos campesinos organizados, que además producían alimentos para los locales y ellos mismos, chocó la lógica agroindustrial en una disputa que tuvo muchas batallas.
“El caso del Chaco es distinto al de San Pedro, porque allí los campesinos no se resignaron a ser un excedente de población e irse a las ciudades, sino que lucharon para preservar sus formas de vida.” En los últimos años la Unión de Pequeños Productores de Chaco logró que el gobierno provincial diera a esos campesinos la posesión de la tierra bajos diferentes figuras que trajeron tranquilidad a los productores. Se logró la figura de Reservas Campesinas, una suerte de tenencia comunitaria que permite recibir tierras del gobierno en comodato. Bajo estas modalidades en 2010 los campesinos habían recuperado su derecho sobre más de 20.000 hectáreas.
En resumen lo que está en disputa son dos modelos: uno volcado al mercado externo, fundamentado en la rentabilidad y la productividad a base de tecnología y capital intensivo, que genera divisas y cuyo costo es la expulsión de campesinos a las ciudades, la reducción de la cantidad, calidad y diversidad de los alimentos, la destrucción del ecosistema. Por el otro lado hay un modelo regional de pequeños productores autosustentables que ocupan a la población, que mantiene la biodiversidad, y que desconcentra la producción, pero que no genera divisas.
El Estado parece debatirse entre estos dos modelos: por un lado, se creó en 2008 la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, pero por el otro depende de las divisas de la producción sojera
Fecha de Publicación: 08/04/2012
Fuente: Página/12 - Suplemento Cash
Provincia/Región: Nacional
Un grupo de investigación de la UBA da cuenta, a través de dos investigaciones, de la resistencia que surgió en los últimos años a un modelo agropecuario que otorga divisas al Estado, pero expulsa campesinos de sus tierras y daña el ecosistema.
El Grupo de Estudios sobre Ecología Política, Comunidades y Derechos (Gepcyd), conformado por quince investigadores del Instituto Gino Germani (UBA), estudia la problemática del mundo rural. A través de distintas investigaciones pueden dar cuenta de cambios en esta disputa que se expresa en la posesión de la tierra y en modelos agropecuarios. Por un lado, la dinámica del agronegocio y, por el otro, la producción para el mercado interno.
Durante 2006/7 el equipo del Gepcyd estudió lo que había ocurrido con la producción agrícola en la zona de San Pedro, tradicionalmente dedicada a la pequeña producción frutihortícola, sobre todo para el consumo interno. Encontraron un fenómeno de “territorialidad excluyente vehiculizada por el agronegocio como nueva configuración de la ruralidad”, como describen el proceso por el que se cambia la relación que tienen los productores con sus propias tierras. Como explican esos investigadores, “lo que ocurre en San Pedro es sintomático. Durante los ’90 se va destruyendo un andamiaje institucional, sobre todo gracias a la desregulación, que permitía el desarrollo de una producción orientada al mercado interno. En el 2003, con el precio más bajo para la soja en dos décadas, se inicia un proceso muy distinto, de tipo agrícola-industrial, que se realiza con grandes inversiones y maquinaria. Pero no fue exclusivamente una decisión racional del homo economicus sino que tuvo que ver con decisiones político-institucionales desde el Estado. Se instala un sistema agroalimentario donde se ponen la tecnología, las tierras, la mano de obra en función de la producción de bienes para el mercado internacional y se desmonta un circuito que tiene que ver con la producción de bienes de consumo interno”. A partir de allí los pequeños productores no encuentran lugar en la cadena productiva agrícola y en general arriendan o venden sus tierras. En algunos pocos casos consiguen otras tierras para hacer producción a escala y abandonar los frutales con los que proveían al mercado de Rosario o Buenos Aires. Los peones, por su lado, quedan directamente sin trabajo porque el paquete agroindustrial prácticamente no necesita mano de obra.
Los efectos colaterales de este modelo pueden verse en San Pedro. Además de la mencionada desocupación o la desaparición de frutales, la forma particular con la que se produce la soja transgénica, con grandes cantidades de agrotóxicos, daña el medio ambiente y, por ejemplo, mata las abejas de la zona. “Lo extraño de todo esto es que los apicultores no se resistieron: veían la situación como una fatalidad y pensaban en cambiar de actividad o irse a otra parte”, lo que habla de lo profundo que caló el discurso neoliberal aun entre los perdedores del modelo.
Hasta la ganadería de la zona se vio desplazada hacia las islas en un comienzo, hasta que allí también comenzó a plantarse soja transportando las maquinarias con balsas. Parte de los incendios del 2008, cuyo humo llegó a la ciudad de Buenos Aires, fueron para desmontar esas islas.
Los investigadores también encontraron un fenómeno particular dentro del nuevo modelo de agronegocios al que denominan “supermercadismo”, que se caracteriza por la intervención directa de las grandes cadenas en todos los eslabones que llevan a la venta, incluida la producción.
En el Chaco
En 2007 al Gepcyd inició otra investigación en el Chaco (que continúa hasta hoy) y que les permitió ver cómo el fenómeno percibido en San Pedro tenía similitudes y diferencias con lo que ocurre en otros puntos del país. El avance agroindustrial continúa en la actualidad gracias al fortalecimiento de un paquete tecnológico que ahora permite llegar a suelos menos ricos que anteriormente se consideraban, al menos desde ese modelo, como improductivos. Es por eso que la frontera productiva de los pooles de siembra avanza junto con intereses económicos muy fuertes que, obviamente, permean a los poderes políticos. Es que ningún gobierno regional resigna fácilmente los ingresos que pueden generar commodities con precios elevados.
“En el Chaco pasó algo particular”, explican desde el colectivo de investigadores. En el Chaco hay organizaciones campesinas que dijeron: “No, ése no es el único camino, tenemos que pensar no cómo nos integramos sino cuál es nuestro camino”, lo que llevó a una disputa por la tierra. Estas organizaciones provienen de los años ’80 y ’90, cuando los campesinos que se dedicaban mayoritariamente a la producción de algodón tuvieron que reconvertirse en pequeños ganaderos por la caída del precio de sus productos. Para ellos necesitaron avanzar sobre otras tierras. Varias ONG capacitaron a los campesinos en esa transición, lo que permitió, entre otras cosas, una producción que no hiciera necesario el desmonte, por lo que se preservaba el medio ambiente local. Con estos campesinos organizados, que además producían alimentos para los locales y ellos mismos, chocó la lógica agroindustrial en una disputa que tuvo muchas batallas.
“El caso del Chaco es distinto al de San Pedro, porque allí los campesinos no se resignaron a ser un excedente de población e irse a las ciudades, sino que lucharon para preservar sus formas de vida.” En los últimos años la Unión de Pequeños Productores de Chaco logró que el gobierno provincial diera a esos campesinos la posesión de la tierra bajos diferentes figuras que trajeron tranquilidad a los productores. Se logró la figura de Reservas Campesinas, una suerte de tenencia comunitaria que permite recibir tierras del gobierno en comodato. Bajo estas modalidades en 2010 los campesinos habían recuperado su derecho sobre más de 20.000 hectáreas.
En resumen lo que está en disputa son dos modelos: uno volcado al mercado externo, fundamentado en la rentabilidad y la productividad a base de tecnología y capital intensivo, que genera divisas y cuyo costo es la expulsión de campesinos a las ciudades, la reducción de la cantidad, calidad y diversidad de los alimentos, la destrucción del ecosistema. Por el otro lado hay un modelo regional de pequeños productores autosustentables que ocupan a la población, que mantiene la biodiversidad, y que desconcentra la producción, pero que no genera divisas.
El Estado parece debatirse entre estos dos modelos: por un lado, se creó en 2008 la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, pero por el otro depende de las divisas de la producción sojera
Santa Fe, tras la energía eólica
Santa Fe, tras la energía eólica
Fecha de Publicación: 07/04/2012
Fuente: IEco de Clarín
Provincia/Región: Santa Fe
El gobierno de Santa Fe comenzó a medir las condiciones del viento en distintos puntos del territorio provincial, con el objetivo de producir energía eólica en un futuro próximo.
El puntapié inicial fue la semana pasada, cuando el gobierno santafesino oficialmente puso en marcha el primer equipo de medición del viento en Las Rosas. En esa ocasión, el gobernador Antonio Bonfatti dijo: “Esta investigación significa que si tenemos los vientos suficientes los 365 días del año, podemos tener un parque eólico”. Además de Las Rosas, Rufino y San Jorge ya cuentan con equipos similares de prospección del viento, y Venado Tuerto se incorporará a las mediciones. Es fruto de un acuerdo entre el Gobierno, la empresa provincial de energía y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), sede Rosario.
Fecha de Publicación: 07/04/2012
Fuente: IEco de Clarín
Provincia/Región: Santa Fe
El gobierno de Santa Fe comenzó a medir las condiciones del viento en distintos puntos del territorio provincial, con el objetivo de producir energía eólica en un futuro próximo.
El puntapié inicial fue la semana pasada, cuando el gobierno santafesino oficialmente puso en marcha el primer equipo de medición del viento en Las Rosas. En esa ocasión, el gobernador Antonio Bonfatti dijo: “Esta investigación significa que si tenemos los vientos suficientes los 365 días del año, podemos tener un parque eólico”. Además de Las Rosas, Rufino y San Jorge ya cuentan con equipos similares de prospección del viento, y Venado Tuerto se incorporará a las mediciones. Es fruto de un acuerdo entre el Gobierno, la empresa provincial de energía y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), sede Rosario.
Paro total en la mina Veladero de Barrick Gold
Paro total en la mina Veladero de Barrick Gold
Fecha de Publicación: 06/04/2012
Fuente: No a la Mina - Prensa OSMA
Provincia/Región: San Juan
Durante el pasado 2 de abril se llevó a cabo un paro total en el emprendimiento minero de Veladero con motivo del rechazo al aumento salarial del 12 por ciento en discusión paritaria. La medida de fuerza es por tiempo indeterminado. Los compañeros trabajadores amanecieron en el corte sobre el Río Las Taguas que separa el hotel del campamento soportando una noche muy fria de 10 grados bajo cero. La empresa ordenó que no se les de alimentos.
Siendo las 18 horas en la mina Veladero de la empresa Barrick Gold de San Juan, los trabajadores iniciaron una medida de fuerza parando totalmente la producción de ese establecimiento.
Los compañeros trabajadores amanecieron en el corte sobre el Río Las Taguas que separa el hotel del campamento soportando una noche muy fria de 10 grados bajo cero. La empresa ordenó que no se les de alimentos. "Queremos denunciar ante quienes corresponda la actitud despiadada por parte de Barrick Gold, solicitamos vuestra solidaridad yque se difunda para que se conozca la difícil situacion que se vive en Veladero", dijo el secretario general de OSMA-CTA, José Leiva.
La medida de fuerza es en reclamo de salarios dignos, acorde a la zona en la cual desempeñan sus actividades los trabajadores mineros en ese lugar de la Cordillera Andina.
La medida de fuerza fue impulsada por los mismos obreros, de manera autoconvocante, y ha sido apoyada por la Organización Sindical Mineros Argentinos (OSMA), que se encuentra adherida a la CTA. En tanto que la Asociación Obrera Minera de Argentina (AOMA-CGT) no se ha pronunciado al respecto.
Los trabajadores mineros rechazan el aumento propuesto por la empresa Barrick de un 12 por ciento en discusión paritaria. Además, exigen un aumento de haberes del orden del 40 por ciento y en consonancia con las súper ganancias, reclaman también aumento del premio anual equivalente a dos sueldos promedio.
Según explicaron, las medidas de paro son por tiempo indeterminado y las operaciones de la mina se encuentran totalmente paralizadas.
"Esta es una clara evidencia de la situación extrema en la cual se encuentran quienes desarrollan esta actividad a mas de 4.000 metros de altura que da por tierra con las declaraciones vertidas por el gobernador de San Juan, José Luis Gioja, quien dijo que los trabajadores de la mina Veladero eran los mejores pagos en esta actividad", indica un comunicado de prensa firmado por el secretario general de OSMA-CTA, José Leiva.
Y agrega: "Después de tres semanas de negociaciones llevadas a cabo por la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA-CGT) y no habiendo ninguna respuesta en favor de los reclamos salariales, el conjunto de los trabajadores decidió parar sus actividades en reclamo de una recomposición salarial".
"Cabe acotar que los directivos del gremio negociador enrolado en la CGT no se hicieron presentes para apoyar esta medida, demostrando una vez más la funcionalidad para con la empresa y el Gobierno. La Organización Sindical Mineros Argentinos (OSMA-CTA), apoya totalmente la decisión tomada por los compañeros trabajadores", finaliza el comunicado gremial.
Fecha de Publicación: 06/04/2012
Fuente: No a la Mina - Prensa OSMA
Provincia/Región: San Juan
Durante el pasado 2 de abril se llevó a cabo un paro total en el emprendimiento minero de Veladero con motivo del rechazo al aumento salarial del 12 por ciento en discusión paritaria. La medida de fuerza es por tiempo indeterminado. Los compañeros trabajadores amanecieron en el corte sobre el Río Las Taguas que separa el hotel del campamento soportando una noche muy fria de 10 grados bajo cero. La empresa ordenó que no se les de alimentos.
Siendo las 18 horas en la mina Veladero de la empresa Barrick Gold de San Juan, los trabajadores iniciaron una medida de fuerza parando totalmente la producción de ese establecimiento.
Los compañeros trabajadores amanecieron en el corte sobre el Río Las Taguas que separa el hotel del campamento soportando una noche muy fria de 10 grados bajo cero. La empresa ordenó que no se les de alimentos. "Queremos denunciar ante quienes corresponda la actitud despiadada por parte de Barrick Gold, solicitamos vuestra solidaridad yque se difunda para que se conozca la difícil situacion que se vive en Veladero", dijo el secretario general de OSMA-CTA, José Leiva.
La medida de fuerza es en reclamo de salarios dignos, acorde a la zona en la cual desempeñan sus actividades los trabajadores mineros en ese lugar de la Cordillera Andina.
La medida de fuerza fue impulsada por los mismos obreros, de manera autoconvocante, y ha sido apoyada por la Organización Sindical Mineros Argentinos (OSMA), que se encuentra adherida a la CTA. En tanto que la Asociación Obrera Minera de Argentina (AOMA-CGT) no se ha pronunciado al respecto.
Los trabajadores mineros rechazan el aumento propuesto por la empresa Barrick de un 12 por ciento en discusión paritaria. Además, exigen un aumento de haberes del orden del 40 por ciento y en consonancia con las súper ganancias, reclaman también aumento del premio anual equivalente a dos sueldos promedio.
Según explicaron, las medidas de paro son por tiempo indeterminado y las operaciones de la mina se encuentran totalmente paralizadas.
"Esta es una clara evidencia de la situación extrema en la cual se encuentran quienes desarrollan esta actividad a mas de 4.000 metros de altura que da por tierra con las declaraciones vertidas por el gobernador de San Juan, José Luis Gioja, quien dijo que los trabajadores de la mina Veladero eran los mejores pagos en esta actividad", indica un comunicado de prensa firmado por el secretario general de OSMA-CTA, José Leiva.
Y agrega: "Después de tres semanas de negociaciones llevadas a cabo por la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA-CGT) y no habiendo ninguna respuesta en favor de los reclamos salariales, el conjunto de los trabajadores decidió parar sus actividades en reclamo de una recomposición salarial".
"Cabe acotar que los directivos del gremio negociador enrolado en la CGT no se hicieron presentes para apoyar esta medida, demostrando una vez más la funcionalidad para con la empresa y el Gobierno. La Organización Sindical Mineros Argentinos (OSMA-CTA), apoya totalmente la decisión tomada por los compañeros trabajadores", finaliza el comunicado gremial.
Se aprueba la Ley de Bosques fueguina
Ley de ordenamiento del bosque fueguino: se aprueba antes que venza la prórroga otorgada por Nación
Fecha de Publicación: 05/04/2012
Fuente: Tres Líneas
Provincia/Región: Tierra del Fuego
Legisladores adelantaron que existe consenso para que la iniciativa se transforme en ley en la sesión del 19 de abril o en una especial. La provincia accedería de esta manera a los 8 millones de pesos que integrarán un fondo, que servirá para el manejo sustentable de bosques.
El proyecto de Ley de Ordenamiento de Bosques Nativos, impulsado por el Ejecutivo provincial, continúa su debate en la Comisión de Obras Públicas que preside el legislador Jorge Lechman (MPF).
Al último encuentro asistió el secretario de Desarrollo Sustentable, Ariel Martínez, junto al equipo técnico del área y representantes de las administraciones municipales de Ushuaia y de Tolhuin. La próxima reunión se desarrollará el jueves 12 de abril a las 15.00.
Al inicio del encuentro, Lechman aclaró que existe el consenso parlamentario para que la iniciativa se transforme en ley antes que venza la prórroga otorgada por Nación, para que la Provincia acceda a los 8 millones de pesos que integrarán un fondo, que servirá para el manejo sustentable de bosques.
Distintas organizaciones ambientalistas vienen colaborando en la redacción del proyecto original que impulsa la Secretaría de Desarrollo Sustentable de la provincia. Se destacó la presencia de ABE y Autoconvocados por el Bosque TDF.
Los parlamentarios que participaron fueron: Eduardo Barrientos y Susana Siracusa (PJ), Héctor Tapia y Juan Carlos Arcando (FPV), Juan Rodríguez y Pablo Blanco (UCR), Laura Rojo (PPP), Jorge Lechman y Claudia Andrade (MPF).
Dos fueron los temas centrales que recibieron mayor tiempo de debates y cruces de opiniones: por un lado la forma en que se conformará la Comisión Consultiva de Bosques Nativos y por otro, el manejo de fondos.
El actual escrito del proyecto propone que dicha Comisión esté representada por 19 integrantes, tanto del Gobierno como de organizaciones ambientalistas, representantes de cámaras y cooperativas afines, pero ello generó controversia, puesto que desde el Parlamento expusieron que sería difícil alcanzar el consenso dada la multiplicidad de voces.
En ese sentido, los Legisladores plantearon que se reglamente el funcionamiento de ese espacio y que se establezca similar manejo del quórum al que posee el Parlamento provincial. Por otro lado, también desde las distintas bancadas políticas propusieron que la comisión evaluadora de los fondos esté integrada por dos miembros del Poder Legislativo y de las comunas.
«Hemos decidido que si no llegamos a tiempo para la sesión del 19 de abril, haremos una sesión especial, pura y exclusivamente para sancionar esta ley que saldrá antes del vencimiento de la prórroga otorgada por Nación», anunció Jorge Lechman.
Según indicó, «el tema de los fondos es fundamental porque no queremos crear un organismo que se convierta en un ente divino, que tenga tanta discrecionalidad y que los fondos no lleguen a quien tienen que llegar», opinó.
Fecha de Publicación: 05/04/2012
Fuente: Tres Líneas
Provincia/Región: Tierra del Fuego
Legisladores adelantaron que existe consenso para que la iniciativa se transforme en ley en la sesión del 19 de abril o en una especial. La provincia accedería de esta manera a los 8 millones de pesos que integrarán un fondo, que servirá para el manejo sustentable de bosques.
El proyecto de Ley de Ordenamiento de Bosques Nativos, impulsado por el Ejecutivo provincial, continúa su debate en la Comisión de Obras Públicas que preside el legislador Jorge Lechman (MPF).
Al último encuentro asistió el secretario de Desarrollo Sustentable, Ariel Martínez, junto al equipo técnico del área y representantes de las administraciones municipales de Ushuaia y de Tolhuin. La próxima reunión se desarrollará el jueves 12 de abril a las 15.00.
Al inicio del encuentro, Lechman aclaró que existe el consenso parlamentario para que la iniciativa se transforme en ley antes que venza la prórroga otorgada por Nación, para que la Provincia acceda a los 8 millones de pesos que integrarán un fondo, que servirá para el manejo sustentable de bosques.
Distintas organizaciones ambientalistas vienen colaborando en la redacción del proyecto original que impulsa la Secretaría de Desarrollo Sustentable de la provincia. Se destacó la presencia de ABE y Autoconvocados por el Bosque TDF.
Los parlamentarios que participaron fueron: Eduardo Barrientos y Susana Siracusa (PJ), Héctor Tapia y Juan Carlos Arcando (FPV), Juan Rodríguez y Pablo Blanco (UCR), Laura Rojo (PPP), Jorge Lechman y Claudia Andrade (MPF).
Dos fueron los temas centrales que recibieron mayor tiempo de debates y cruces de opiniones: por un lado la forma en que se conformará la Comisión Consultiva de Bosques Nativos y por otro, el manejo de fondos.
El actual escrito del proyecto propone que dicha Comisión esté representada por 19 integrantes, tanto del Gobierno como de organizaciones ambientalistas, representantes de cámaras y cooperativas afines, pero ello generó controversia, puesto que desde el Parlamento expusieron que sería difícil alcanzar el consenso dada la multiplicidad de voces.
En ese sentido, los Legisladores plantearon que se reglamente el funcionamiento de ese espacio y que se establezca similar manejo del quórum al que posee el Parlamento provincial. Por otro lado, también desde las distintas bancadas políticas propusieron que la comisión evaluadora de los fondos esté integrada por dos miembros del Poder Legislativo y de las comunas.
«Hemos decidido que si no llegamos a tiempo para la sesión del 19 de abril, haremos una sesión especial, pura y exclusivamente para sancionar esta ley que saldrá antes del vencimiento de la prórroga otorgada por Nación», anunció Jorge Lechman.
Según indicó, «el tema de los fondos es fundamental porque no queremos crear un organismo que se convierta en un ente divino, que tenga tanta discrecionalidad y que los fondos no lleguen a quien tienen que llegar», opinó.
Siguen los desmontes clandestinos en Chaco
Siguen los desmontes clandestinos: esta vez en parajes Tres Naciones, Lote 60 y Pampa Solís
Fecha de Publicación: 05/04/2012
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
El Centro Mandela de Derechos Humanos Centro de Estudios e Investigación Social difundió un nuevo documento en el que denuncia que se multiplican los desmontes en el Chaco y mencionó como casos nuevos lo ocurrido en los Parajes Tres naciones, el Lote 60 y Pampa Solís. Insiste en que “las mafias de la madera” siguen “en un alto nivel de funcionamiento operativo”.
El texto señala que “realizamos un amplio recorrido que arrancó en Avia Terai, que es uno de los epicentros del tráfico de madera, legal e ilegal, en el Chaco. Es extraordinario el nivel de funcionamiento operativo de las mafias de la madera integradas por explotadores forestales, pequeños y grandes productores y agentes y funcionarios del Estado, de la administración pública centralizada y local. Por sus notables influencias se destacan nítidamente algunos explotadores y funcionarios del Ministerio de la Producción. Hasta organizan operativos e intervenciones combinadas para generar la falsa idea de que los organismos públicos actúan eficientemente en la tarea de controlar las explotaciones forestales, el tráfico de madera y su trazabilidad. Sin embargo, todo es un gran engaño.
A las graves consecuencias sociales, sanitarias y ambientales que derivan -en forma directa e indirecta- de la explotación irracional del monte nativo chaqueño para extraer madera, se agrega el efecto devastador de los desmontes legales que son autorizados a través de procedimientos muy tramposos de cambio de uso de suelos y de los silvospastoriles. En todos los casos, estos mecanismos llevan directamente a “hacer campo”, que se destina al cultivo de la soja transgénica rotada con girasol. De este modo están logrando la expansión de la frontera agropecuaria con tanta intensidad y aceleración que expone al ambiente y a la comunidad a mayores riesgos y daños concretos.
Las chacras clandestinas
Por si fuera insuficiente la decisión institucional del gobierno provincial de autorizar desmontes para “hacer campo”, aumentó notablemente la tala raza clandestina con la misma finalidad, a propósito del evidente guiño político que prospera en gran parte del territorio chaqueño, aún bajo el riesgo de que se infraccione al productor o a la empresa dado que finalmente todo -o casi todo- se arregla, formal o informalmente por vía del dinero. De esta manera vienen derribando montes centenarios, extinguiendo especies de la flora y de la fauna del saldo de la cuña boscosa chaqueña que aún queda en pie.
En el Paraje Tres Naciones, a 20 kilómetros de Tres Isletas, encontramos un “topado” clandestino de más de 35 hectáreas, fácilmente detectable porque se encuentra a tres kilómetros del cruce de la Escuela EGB 411 Soldados Malvinenses. El campo viene precedido de una sucesión que derivó en la partición del predio, con deslindes que encubrieron la tala clandestina.
En la Legua 60 se autorizó un desmonte por un plan de aprovechamiento del cambio de uso del suelo. El propietario es la firma Cuatro Niños SA, supuestamente vinculada a la empresa y a la familia megraproductora que se destaca en la zona porque compró miles de hectáreas en los últimos años en el departamento Maipú. El técnico responsable fue Diego Kalbermatter, a su vez propietario de la empresa que derribó el monte. Se autorizó el desmonte de 568 hectáreas. Además de que se habría derribado una superficie mayor, sobresale que la autorización fue dada por la Oficina Forestal de Pampa del Infierno.
En dos tramos detectamos desmontes de 400 y de 300 hectáreas, aproximadamente. El primero de ellos fue intencionalmente quemado y será chacra en la próxima campaña, mientras que en el segundo ya se sembró el pasto combustible (gatton panic) para el incendio que se provocará después de las primeras heladas. Se agregó otro desmonte, realizado hace pocas semanas utilizándose una topadora que contó con silenciador, con un alcance de 50 hectáreas.
Este campo, del mismo propietario, se ubica en Pampa Solís, frente a la pista de aterrizaje de una mega empresa sojera, que es la única que cuenta con balanza en el lugar”.
Fecha de Publicación: 05/04/2012
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
El Centro Mandela de Derechos Humanos Centro de Estudios e Investigación Social difundió un nuevo documento en el que denuncia que se multiplican los desmontes en el Chaco y mencionó como casos nuevos lo ocurrido en los Parajes Tres naciones, el Lote 60 y Pampa Solís. Insiste en que “las mafias de la madera” siguen “en un alto nivel de funcionamiento operativo”.
El texto señala que “realizamos un amplio recorrido que arrancó en Avia Terai, que es uno de los epicentros del tráfico de madera, legal e ilegal, en el Chaco. Es extraordinario el nivel de funcionamiento operativo de las mafias de la madera integradas por explotadores forestales, pequeños y grandes productores y agentes y funcionarios del Estado, de la administración pública centralizada y local. Por sus notables influencias se destacan nítidamente algunos explotadores y funcionarios del Ministerio de la Producción. Hasta organizan operativos e intervenciones combinadas para generar la falsa idea de que los organismos públicos actúan eficientemente en la tarea de controlar las explotaciones forestales, el tráfico de madera y su trazabilidad. Sin embargo, todo es un gran engaño.
A las graves consecuencias sociales, sanitarias y ambientales que derivan -en forma directa e indirecta- de la explotación irracional del monte nativo chaqueño para extraer madera, se agrega el efecto devastador de los desmontes legales que son autorizados a través de procedimientos muy tramposos de cambio de uso de suelos y de los silvospastoriles. En todos los casos, estos mecanismos llevan directamente a “hacer campo”, que se destina al cultivo de la soja transgénica rotada con girasol. De este modo están logrando la expansión de la frontera agropecuaria con tanta intensidad y aceleración que expone al ambiente y a la comunidad a mayores riesgos y daños concretos.
Las chacras clandestinas
Por si fuera insuficiente la decisión institucional del gobierno provincial de autorizar desmontes para “hacer campo”, aumentó notablemente la tala raza clandestina con la misma finalidad, a propósito del evidente guiño político que prospera en gran parte del territorio chaqueño, aún bajo el riesgo de que se infraccione al productor o a la empresa dado que finalmente todo -o casi todo- se arregla, formal o informalmente por vía del dinero. De esta manera vienen derribando montes centenarios, extinguiendo especies de la flora y de la fauna del saldo de la cuña boscosa chaqueña que aún queda en pie.
En el Paraje Tres Naciones, a 20 kilómetros de Tres Isletas, encontramos un “topado” clandestino de más de 35 hectáreas, fácilmente detectable porque se encuentra a tres kilómetros del cruce de la Escuela EGB 411 Soldados Malvinenses. El campo viene precedido de una sucesión que derivó en la partición del predio, con deslindes que encubrieron la tala clandestina.
En la Legua 60 se autorizó un desmonte por un plan de aprovechamiento del cambio de uso del suelo. El propietario es la firma Cuatro Niños SA, supuestamente vinculada a la empresa y a la familia megraproductora que se destaca en la zona porque compró miles de hectáreas en los últimos años en el departamento Maipú. El técnico responsable fue Diego Kalbermatter, a su vez propietario de la empresa que derribó el monte. Se autorizó el desmonte de 568 hectáreas. Además de que se habría derribado una superficie mayor, sobresale que la autorización fue dada por la Oficina Forestal de Pampa del Infierno.
En dos tramos detectamos desmontes de 400 y de 300 hectáreas, aproximadamente. El primero de ellos fue intencionalmente quemado y será chacra en la próxima campaña, mientras que en el segundo ya se sembró el pasto combustible (gatton panic) para el incendio que se provocará después de las primeras heladas. Se agregó otro desmonte, realizado hace pocas semanas utilizándose una topadora que contó con silenciador, con un alcance de 50 hectáreas.
Este campo, del mismo propietario, se ubica en Pampa Solís, frente a la pista de aterrizaje de una mega empresa sojera, que es la única que cuenta con balanza en el lugar”.
Corrientes: el gobernador insiste con Ayuí
Corrientes: el gobernador Colombi insiste con Ayuí
Fecha de Publicación: 04/04/2012
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Corrientes
Colombi decidió recurrir a la Corte Suprema de Justicia, con el argumento de que si el emprendimiento arrocero no se concreta producirá “severos perjuicios a la Provincia y a los potenciales inversores que quieran radicarse en ella”
El gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, volvió a insistir con la construcción de la represa Ayuí Grande, un proyecto millonario que encabeza el vicepresidente del Grupo Clarín, José Antonio Aranda. Ahora, Colombi decidió recurrir a la Corte Suprema de Justicia, con el argumento de que si el emprendimiento arrocero no se concreta producirá “severos perjuicios a la Provincia y a los potenciales inversores que quieran radicarse en ella”. Así lo expresó el gobernador en el Decreto Nº 459, publicado el 29 de marzo de 2012 en el Boletín Oficial correntino. Allí se le indicó a la Fiscalía de Estado local “interponer la demanda que considere necesaria a fin de ejercer la defensa de los intereses y derechos de la Provincia, impugnando la resolución Nº1238, de fecha 24 de agosto de 2011, emitida por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación”. Ese organismo había concluido que las obras del “Proyecto Productivo Ayuí Grande” resultarían incompatibles con las obligaciones asumidas por la Argentina en el Estatuto del Río Uruguay y en otros acuerdos internacionales. Además, la secretaría sostuvo que la represa podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado Nacional porque traerá un perjuicio sensible al Río Uruguay, al afectar la calidad de sus aguas. Por último, las autoridades concluyeron que también se violaría la Ley General de Ambientes N° 25.675 y la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos N° 26.331.
El proyecto de Aranda, que pretendía adueñarse de un río, inundar 8000 hectáreas y eliminar 130 kilómetros de bosques en galería, contó desde un principio con el aval de Colombi. “No nos vamos a dejar llevar por falsos ambientalistas que lo único que quieren es que nuestra provincia tenga más del 60% de tierras improductivas”, repetía el gobernador cada vez que era consultado sobre el tema.
Enrique Lacour, presidente de la Fundación Iberá, una de las primeras ONG que levantaron su voz para advertir sobre la represa, le dijo a Tiempo Argentino que “es asombroso el lobby explícito que hace Colombi sobre estos proyectos, cuando la Corte ya dijo que la Secretaría de Medio Ambiente tiene competencia en el tema”. Para Lacour, “es inadmisible que un representante del Estado esté a favor de la enajenación del patrimonio público al fomentar la apropiación por parte de privados de un curso de agua que es de todos”.
Fecha de Publicación: 04/04/2012
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Corrientes
Colombi decidió recurrir a la Corte Suprema de Justicia, con el argumento de que si el emprendimiento arrocero no se concreta producirá “severos perjuicios a la Provincia y a los potenciales inversores que quieran radicarse en ella”
El gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, volvió a insistir con la construcción de la represa Ayuí Grande, un proyecto millonario que encabeza el vicepresidente del Grupo Clarín, José Antonio Aranda. Ahora, Colombi decidió recurrir a la Corte Suprema de Justicia, con el argumento de que si el emprendimiento arrocero no se concreta producirá “severos perjuicios a la Provincia y a los potenciales inversores que quieran radicarse en ella”. Así lo expresó el gobernador en el Decreto Nº 459, publicado el 29 de marzo de 2012 en el Boletín Oficial correntino. Allí se le indicó a la Fiscalía de Estado local “interponer la demanda que considere necesaria a fin de ejercer la defensa de los intereses y derechos de la Provincia, impugnando la resolución Nº1238, de fecha 24 de agosto de 2011, emitida por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación”. Ese organismo había concluido que las obras del “Proyecto Productivo Ayuí Grande” resultarían incompatibles con las obligaciones asumidas por la Argentina en el Estatuto del Río Uruguay y en otros acuerdos internacionales. Además, la secretaría sostuvo que la represa podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado Nacional porque traerá un perjuicio sensible al Río Uruguay, al afectar la calidad de sus aguas. Por último, las autoridades concluyeron que también se violaría la Ley General de Ambientes N° 25.675 y la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos N° 26.331.
El proyecto de Aranda, que pretendía adueñarse de un río, inundar 8000 hectáreas y eliminar 130 kilómetros de bosques en galería, contó desde un principio con el aval de Colombi. “No nos vamos a dejar llevar por falsos ambientalistas que lo único que quieren es que nuestra provincia tenga más del 60% de tierras improductivas”, repetía el gobernador cada vez que era consultado sobre el tema.
Enrique Lacour, presidente de la Fundación Iberá, una de las primeras ONG que levantaron su voz para advertir sobre la represa, le dijo a Tiempo Argentino que “es asombroso el lobby explícito que hace Colombi sobre estos proyectos, cuando la Corte ya dijo que la Secretaría de Medio Ambiente tiene competencia en el tema”. Para Lacour, “es inadmisible que un representante del Estado esté a favor de la enajenación del patrimonio público al fomentar la apropiación por parte de privados de un curso de agua que es de todos”.
Acuerdan creación de polo para curtiembres
Acuerdan creación de polo para curtiembres sureñas
Fecha de Publicación: 03/04/2012
Fuente: Diario Popular
Provincia/Región: Buenos Aires
La Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), firmó junto a 27 curtiembres de la zona sur del Gran Buenos Aires un convenio para la creación de un polo donde se concentren las empresas de ese sector, en un predio de Lanús Oeste ya pactado el año pasado, dentro de un proyecto de reconversión industrial.
Una de las condiciones fue que las empresas reconviertan sus sistemas de tratamiento de residuos líquidos y sólidos según las normas ambientales. Las curtidoras involucradas contarán con 36 meses a partir de la finalización de las obras de infraestructura, para trasladar su producción al nuevo Parque Industrial.
Objeción ambientalista
La creación de un Parque Industrial Curtidor en Lanús, discutida en el Concejo Deliberante y objetada por ambientalistas en cuanto a que se pagará por tierras que ya estaban asignadas hace 20 años para los curtidores sureños, tiene el objetivo concentrar la producción en un predio alejado de los barrios.
En el mismo se prevé un sistema de reconversión y tratamiento de los efluentes industriales sirva para eliminar viejos males a la vera del Riachuelo a la altura del barrio Sadop.
Por su parte, La ACUMAR deberá adecuar el predio para el trabajo de las curtiembres y entregarles la cantidad de metros cuadrados necesarios para funcionar de acuerdo con las normas ambientales.
Avellaneda y Lanús
Asimismo, se realizaron reuniones con la Asociación de Curtidores de Buenos Aires (Acuba) y con funcionarios de Avellaneda y Lanús con el fin de agrupar por actividad a las pequeñas y medianas empresas de cada localidad y trabajar en conjunto en el proceso de recolección del cromo y separación del pelo de los cueros de animales utilizados. También, se encuentra en desarrollo un instrumento que permitirá subsidiar parte de las inversiones para acelerar los procesos del plan de acción.
La iniciativa pretende una solución para el tratamiento de efluentes de las curtiembres. Además, está previsto que con el traslado de curtiembres al Parque Industrial Curtidor y la división entre la zona industrial y el barrio a través la plantación de un bosque se solucione el problema de la convivencia de las empresas con las zonas residenciales.
Fecha de Publicación: 03/04/2012
Fuente: Diario Popular
Provincia/Región: Buenos Aires
La Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), firmó junto a 27 curtiembres de la zona sur del Gran Buenos Aires un convenio para la creación de un polo donde se concentren las empresas de ese sector, en un predio de Lanús Oeste ya pactado el año pasado, dentro de un proyecto de reconversión industrial.
Una de las condiciones fue que las empresas reconviertan sus sistemas de tratamiento de residuos líquidos y sólidos según las normas ambientales. Las curtidoras involucradas contarán con 36 meses a partir de la finalización de las obras de infraestructura, para trasladar su producción al nuevo Parque Industrial.
Objeción ambientalista
La creación de un Parque Industrial Curtidor en Lanús, discutida en el Concejo Deliberante y objetada por ambientalistas en cuanto a que se pagará por tierras que ya estaban asignadas hace 20 años para los curtidores sureños, tiene el objetivo concentrar la producción en un predio alejado de los barrios.
En el mismo se prevé un sistema de reconversión y tratamiento de los efluentes industriales sirva para eliminar viejos males a la vera del Riachuelo a la altura del barrio Sadop.
Por su parte, La ACUMAR deberá adecuar el predio para el trabajo de las curtiembres y entregarles la cantidad de metros cuadrados necesarios para funcionar de acuerdo con las normas ambientales.
Avellaneda y Lanús
Asimismo, se realizaron reuniones con la Asociación de Curtidores de Buenos Aires (Acuba) y con funcionarios de Avellaneda y Lanús con el fin de agrupar por actividad a las pequeñas y medianas empresas de cada localidad y trabajar en conjunto en el proceso de recolección del cromo y separación del pelo de los cueros de animales utilizados. También, se encuentra en desarrollo un instrumento que permitirá subsidiar parte de las inversiones para acelerar los procesos del plan de acción.
La iniciativa pretende una solución para el tratamiento de efluentes de las curtiembres. Además, está previsto que con el traslado de curtiembres al Parque Industrial Curtidor y la división entre la zona industrial y el barrio a través la plantación de un bosque se solucione el problema de la convivencia de las empresas con las zonas residenciales.
El INTA protege a las vicuñas de la extinción
El INTA protege a las vicuñas de la extinción
Fecha de Publicación: 02/04/2012
Fuente: Jujuy al Día
Provincia/Región: Jujuy
Amparado en leyes nacionales de conservación, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) fomenta el aumento de la población de vicuñas y difunde prácticas de manejo mediante un criadero experimental en Jujuy.
Sus fibras, suaves y muy finas, son codiciadas a escala internacional para la confección de prendas.
Fueron esas exquisitas fibras las que pusieron a la vicuña en peligro de extinción y es el INTA que, mediante un criadero experimental en Abra Pampa, Jujuy, fomenta el aumento sensible de su población de 16 a 1300 animales, con técnicas de manejo y conservación.
Francisco Rigalt, técnico especialista en camélidos del INTA Catamarca, afirmó que “hace 40 años que desde el organismo estudiamos a la especie, se trabaja para aumentar y conservar su población y difundimos técnicas que permitan una producción sustentable y legal de fibras y la disminución de la caza furtiva, que aún existe, a pesar de los controles”.
El técnico destacó la importancia del aporte institucional y se refirió al aumento de la población en el criadero experimental.
“Con gran esfuerzo y dedicación en las últimas décadas pasamos de tener 16 animales a 1300, dijo.
Se trata de un espacio de 400 hectáreas de extensión en el que los animales conservan su hábitat originario, se alimentan a base de especies forrajeras naturales y tienen un manejo mínimo.
Para garantizar el bienestar animal y la consecuente disminución de la tasa de mortandad, los especialistas realizan monitoreo y ajuste permanente de las técnicas aplicadas.
“Los sistemas de producción, tanto en silvestría como en criadero son sustentables en materia económica, ambiental y cultural”, detalló Rigalt y aseguró que es viable el aprovechamiento de la especie mediante su conservación.
En esta línea, Joaquín Müeller, coordinador del programa nacional de fibras animales del INTA, explicó que en los últimos años, el concepto de calidad evolucionó y “el consumidor ya no sólo valora el producto terminado sino que se preocupa por conceptos tales como el bienestar animal, el patrimonio cultural y el impacto ambiental”.
Por su parte, Raúl Orell, coordinador del sendero Valles áridos, quebrada y puna de INTA Expone Región NOA y jefe de la experimental de los Valles Calchaquíes destacó la importancia de esta producción para los habitantes de la Puna.
“Aquí se comercializan directamente las prendas ya confeccionadas, lo que tiene un valor agregado inmejorable ya que además de tratarse de tejidos artesanales, provienen de un animal único en el mundo”, sostuvo.
En este sentido, Müeller avizoró un futuro optimista para el sector: “Hay una tendencia mundial a la revalorización de lo natural frente a lo sintético y artificial, por lo que podemos estimar un panorama positivo para la producción de fibras animales”.
El INTA trabaja con criaderos privados administrados por pequeños productores en Jujuy y Salta que replican las técnicas de manejo difundidas por el organismo.
En Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan y La Rioja habitan más de 130 mil vicuñas, de las cuales, por razones de conservación, sólo las ubicadas en Jujuy y Catamarca están autorizadas a escala internacional para producir fibras.
Fecha de Publicación: 02/04/2012
Fuente: Jujuy al Día
Provincia/Región: Jujuy
Amparado en leyes nacionales de conservación, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) fomenta el aumento de la población de vicuñas y difunde prácticas de manejo mediante un criadero experimental en Jujuy.
Sus fibras, suaves y muy finas, son codiciadas a escala internacional para la confección de prendas.
Fueron esas exquisitas fibras las que pusieron a la vicuña en peligro de extinción y es el INTA que, mediante un criadero experimental en Abra Pampa, Jujuy, fomenta el aumento sensible de su población de 16 a 1300 animales, con técnicas de manejo y conservación.
Francisco Rigalt, técnico especialista en camélidos del INTA Catamarca, afirmó que “hace 40 años que desde el organismo estudiamos a la especie, se trabaja para aumentar y conservar su población y difundimos técnicas que permitan una producción sustentable y legal de fibras y la disminución de la caza furtiva, que aún existe, a pesar de los controles”.
El técnico destacó la importancia del aporte institucional y se refirió al aumento de la población en el criadero experimental.
“Con gran esfuerzo y dedicación en las últimas décadas pasamos de tener 16 animales a 1300, dijo.
Se trata de un espacio de 400 hectáreas de extensión en el que los animales conservan su hábitat originario, se alimentan a base de especies forrajeras naturales y tienen un manejo mínimo.
Para garantizar el bienestar animal y la consecuente disminución de la tasa de mortandad, los especialistas realizan monitoreo y ajuste permanente de las técnicas aplicadas.
“Los sistemas de producción, tanto en silvestría como en criadero son sustentables en materia económica, ambiental y cultural”, detalló Rigalt y aseguró que es viable el aprovechamiento de la especie mediante su conservación.
En esta línea, Joaquín Müeller, coordinador del programa nacional de fibras animales del INTA, explicó que en los últimos años, el concepto de calidad evolucionó y “el consumidor ya no sólo valora el producto terminado sino que se preocupa por conceptos tales como el bienestar animal, el patrimonio cultural y el impacto ambiental”.
Por su parte, Raúl Orell, coordinador del sendero Valles áridos, quebrada y puna de INTA Expone Región NOA y jefe de la experimental de los Valles Calchaquíes destacó la importancia de esta producción para los habitantes de la Puna.
“Aquí se comercializan directamente las prendas ya confeccionadas, lo que tiene un valor agregado inmejorable ya que además de tratarse de tejidos artesanales, provienen de un animal único en el mundo”, sostuvo.
En este sentido, Müeller avizoró un futuro optimista para el sector: “Hay una tendencia mundial a la revalorización de lo natural frente a lo sintético y artificial, por lo que podemos estimar un panorama positivo para la producción de fibras animales”.
El INTA trabaja con criaderos privados administrados por pequeños productores en Jujuy y Salta que replican las técnicas de manejo difundidas por el organismo.
En Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan y La Rioja habitan más de 130 mil vicuñas, de las cuales, por razones de conservación, sólo las ubicadas en Jujuy y Catamarca están autorizadas a escala internacional para producir fibras.
Catamarca quiere modificar la Ley de Minería
Catamarca insistirá en la modificación de la Ley de Inversiones Mineras
Fecha de Publicación: 02/04/2012
Fuente: El Siglo
Provincia/Región: Catamarca
La próxima edición del Parlamento del NOA se realizará entre los días 19 y 20 de abril del corriente año con sede en la provincia de Tucumán. Para la oportunidad los representantes de los parlamentos provinciales tienen establecido, dentro de la agenda de temas la minería, el medio ambiente, Malvinas, bicentenarios (del Exodo y de las batallas de Tucumán y Salta) y una mayor integración a través de la red vial.
La próxima edición del Parlamento del NOA se realizará entre los días 19 y 20 de abril del corriente año con sede en la provincia de Tucumán.
Para la oportunidad los representantes de los parlamentos provinciales tienen establecido, dentro de la agenda de temas la minería, el medio ambiente, Malvinas, bicentenarios (del Exodo y de las batallas de Tucumán y Salta) y una mayor integración a través de la red vial.
Desde la provincia de Catamarca, los representantes del legislativos en el Parlamento del NOA anticiparon que insitirán con el pedido de modificación del artículo 23 de la Ley Nº 24.196 de Inversiones Mineras.
El presidente del bloque de Senadores del Frente Cívico y Social e integrante del plenario que reúne a seis provincias del norte argentino, Jorge Agüero, elevó al presidente del mismo, el vicegobernador santiagueño Ángel Nicolai, un proyecto de resolución para ser tratado en esta nueva sesión.
En éste se insta a los legisladores nacionales representantes de las provincias de Catamarca, Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero y La Rioja, a promover la modificación del artículo antes mencionado a fin de establecer la obligatoriedad de inversión y ejecución de la previsión especial determinada por dicha norma, en el año que ésta previsión sea fijada.
La iniciativa reitera lo aprobado por el Parlamento del NOA el 10 de junio del año pasado, precisamente durante el plenario efectuado en Catamarca. Agüero sostiene en la fundamentación que en virtud de “los actuales sucesos acecidos en torno a la actividad minera a lo largo y ancho del país, que en algunos casos ha tenido expresiones y actos de violencia, se hace necesario y urgente la intervención de las provincias que integran el parlamento”. Promueve además el diálogo en este sentido entre el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, con sus pares provinciales.
Fecha de Publicación: 02/04/2012
Fuente: El Siglo
Provincia/Región: Catamarca
La próxima edición del Parlamento del NOA se realizará entre los días 19 y 20 de abril del corriente año con sede en la provincia de Tucumán. Para la oportunidad los representantes de los parlamentos provinciales tienen establecido, dentro de la agenda de temas la minería, el medio ambiente, Malvinas, bicentenarios (del Exodo y de las batallas de Tucumán y Salta) y una mayor integración a través de la red vial.
La próxima edición del Parlamento del NOA se realizará entre los días 19 y 20 de abril del corriente año con sede en la provincia de Tucumán.
Para la oportunidad los representantes de los parlamentos provinciales tienen establecido, dentro de la agenda de temas la minería, el medio ambiente, Malvinas, bicentenarios (del Exodo y de las batallas de Tucumán y Salta) y una mayor integración a través de la red vial.
Desde la provincia de Catamarca, los representantes del legislativos en el Parlamento del NOA anticiparon que insitirán con el pedido de modificación del artículo 23 de la Ley Nº 24.196 de Inversiones Mineras.
El presidente del bloque de Senadores del Frente Cívico y Social e integrante del plenario que reúne a seis provincias del norte argentino, Jorge Agüero, elevó al presidente del mismo, el vicegobernador santiagueño Ángel Nicolai, un proyecto de resolución para ser tratado en esta nueva sesión.
En éste se insta a los legisladores nacionales representantes de las provincias de Catamarca, Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero y La Rioja, a promover la modificación del artículo antes mencionado a fin de establecer la obligatoriedad de inversión y ejecución de la previsión especial determinada por dicha norma, en el año que ésta previsión sea fijada.
La iniciativa reitera lo aprobado por el Parlamento del NOA el 10 de junio del año pasado, precisamente durante el plenario efectuado en Catamarca. Agüero sostiene en la fundamentación que en virtud de “los actuales sucesos acecidos en torno a la actividad minera a lo largo y ancho del país, que en algunos casos ha tenido expresiones y actos de violencia, se hace necesario y urgente la intervención de las provincias que integran el parlamento”. Promueve además el diálogo en este sentido entre el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, con sus pares provinciales.
Los recursos son de todos
Los recursos son de todos
Fecha de Publicación: 01/04/2012
Fuente: Página/12 - Por Marcos Rebasa - Especialista en servicios públicos y energía
Provincia/Región: Nacional
Se atribuye a las provincias la propiedad de los recursos naturales en base al artículo 124 de la Constitución Nacional. El especialista Marcos Rebasa argumenta que esa idea es un error de interpretación.
Una afirmación constante ante la opinión pública, difundida además por funcionarios y comentaristas de diversas disciplinas, atribuye a las provincias la propiedad de los recursos naturales. Como ratificación de la idea se recurre a la Constitución nacional para respaldar ese aserto. Pues bien, eso es un error, un equívoco de buena fe en la mayor parte de los casos, producto de una lectura parcial y simplista de un texto constitucional que es rico en novedades y afirmaciones sobre los recursos naturales, a partir de la reforma del ’94. Texto nuevo que en ningún momento establece esa propiedad en cabeza de las provincias. Aparte del absurdo que supondría la propiedad de esos recursos fragmentada en 25 soberanías, nuestra Constitución no dice eso.
El gran aporte sobre los recursos naturales de la reforma reside en el artículo 41, del capítulo “Nuevos derechos y garantías”, que ha sido uno de los principales logros de los constituyentes. Dicha norma sienta dos principios centrales, que condicionan el aprovechamiento de los recursos naturales, y que corresponden a los nuevos derechos y garantías de los habitantes de la nación: 1) El respeto a un uso sustentable de las actividades productivas, y 2) el uso racional de esos recursos. La facultad para legislar sobre estas dos calidades en el tratamiento de esos recursos corresponde al Congreso nacional, es una facultad federal respecto de los presupuestos mínimos para resguardar la sustentabilidad y la racionalidad en su explotación, que las provincias pueden complementar, siendo más exigentes en los requisitos, nunca más permisivos.
Luego tenemos la mención complementaria del artículo 75 inciso 17 y las definiciones de los incisos 18 y 19 de ese mismo artículo constitucional. El 17 exige la consulta de los pueblos originarios en la gestión de los recursos naturales. El 18 establece las facultades nacionales para proveer al progreso y ha sido considerado habitualmente como el que habilita a la Nación a promover el bienestar general. La reforma ha agregado a esa facultad federal para intervenir en el desarrollo de la economía, el nuevo inciso 19, que promueve la redistribución de los beneficios de esos recursos, de todos ellos, entre las regiones del país, es decir entre todos los habitantes. Esta cláusula también es de una novedad central, ya que alienta el reparto equitativo de las riquezas. Y finalmente, en el capítulo dedicado a las provincias, en el artículo 124 y al término del mismo, la frase que ha sido mal interpretada: ... “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”.
El dominio originario, concepto que proviene del derecho minero, también conocido como dominio eminente, está referido a la soberanía estatal sobre el territorio. No está vinculado con la propiedad de los recursos. Es la facultad para gestionarlos en beneficio de la comunidad, del conjunto social, dictando la legislación particular para cada provincia que se considere conveniente, en forma complementaria y supeditada a la legislación nacional que compete al Congreso nacional sobre el conjunto de los recursos, y a las facultades de la Nación para ejercer la jurisdicción sobre los mismos, cuando así también corresponda. Observemos que el texto constitucional dice “corresponde” a las provincias. No dice “pertenece” a las provincias. El dominio originario no atribuye propiedad, sino derechos a ejercer la legislación y regulación particular y específica. Si no fuera así el recurso natural suelo sería hoy propiedad de cada una de las provincias, lo cual es un absurdo con sólo enunciarlo.
Esas facultades federales mencionadas son válidas en relación con todos los recursos naturales en general. Pero con respecto a la minería y a los hidrocarburos en particular, la Constitución nacional es terminante: las provincias delegan la legislación sobre esos recursos en la Nación, en el Congreso nacional, por el artículo 75 inciso 12. Por ello la interpretación lógica y coherente de estas cláusulas de la norma fundamental implica facultades federales para legislar en general sobre los recursos naturales, y la jurisdicción para controlar su cumplimiento, con los límites del artículo 41 mencionado.
Esto dice nuestra Constitución, a la cual deben remitirse las leyes tanto nacionales como provinciales, así como las autoridades en sus respectivas responsabilidades. Podríamos interrogarnos entonces a quién pertenece la propiedad de los recursos naturales. Si bien la Constitución no se expide al respecto, depende del carácter y condiciones de cada recurso, y con la excepción mencionada no queda duda de que a todos los habitantes de la Nación argentina. Conclusión que está avalada por la doctrina sobre estos recursos que los incluye en el concepto de dominio colectivo, como un nuevo paradigma entre lo público y lo privado, sobre aquellos bienes que pertenecen al común, a la sociedad, y que hoy plantea también la doctrina internacional sobre los bienes comunes
Fecha de Publicación: 01/04/2012
Fuente: Página/12 - Por Marcos Rebasa - Especialista en servicios públicos y energía
Provincia/Región: Nacional
Se atribuye a las provincias la propiedad de los recursos naturales en base al artículo 124 de la Constitución Nacional. El especialista Marcos Rebasa argumenta que esa idea es un error de interpretación.
Una afirmación constante ante la opinión pública, difundida además por funcionarios y comentaristas de diversas disciplinas, atribuye a las provincias la propiedad de los recursos naturales. Como ratificación de la idea se recurre a la Constitución nacional para respaldar ese aserto. Pues bien, eso es un error, un equívoco de buena fe en la mayor parte de los casos, producto de una lectura parcial y simplista de un texto constitucional que es rico en novedades y afirmaciones sobre los recursos naturales, a partir de la reforma del ’94. Texto nuevo que en ningún momento establece esa propiedad en cabeza de las provincias. Aparte del absurdo que supondría la propiedad de esos recursos fragmentada en 25 soberanías, nuestra Constitución no dice eso.
El gran aporte sobre los recursos naturales de la reforma reside en el artículo 41, del capítulo “Nuevos derechos y garantías”, que ha sido uno de los principales logros de los constituyentes. Dicha norma sienta dos principios centrales, que condicionan el aprovechamiento de los recursos naturales, y que corresponden a los nuevos derechos y garantías de los habitantes de la nación: 1) El respeto a un uso sustentable de las actividades productivas, y 2) el uso racional de esos recursos. La facultad para legislar sobre estas dos calidades en el tratamiento de esos recursos corresponde al Congreso nacional, es una facultad federal respecto de los presupuestos mínimos para resguardar la sustentabilidad y la racionalidad en su explotación, que las provincias pueden complementar, siendo más exigentes en los requisitos, nunca más permisivos.
Luego tenemos la mención complementaria del artículo 75 inciso 17 y las definiciones de los incisos 18 y 19 de ese mismo artículo constitucional. El 17 exige la consulta de los pueblos originarios en la gestión de los recursos naturales. El 18 establece las facultades nacionales para proveer al progreso y ha sido considerado habitualmente como el que habilita a la Nación a promover el bienestar general. La reforma ha agregado a esa facultad federal para intervenir en el desarrollo de la economía, el nuevo inciso 19, que promueve la redistribución de los beneficios de esos recursos, de todos ellos, entre las regiones del país, es decir entre todos los habitantes. Esta cláusula también es de una novedad central, ya que alienta el reparto equitativo de las riquezas. Y finalmente, en el capítulo dedicado a las provincias, en el artículo 124 y al término del mismo, la frase que ha sido mal interpretada: ... “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”.
El dominio originario, concepto que proviene del derecho minero, también conocido como dominio eminente, está referido a la soberanía estatal sobre el territorio. No está vinculado con la propiedad de los recursos. Es la facultad para gestionarlos en beneficio de la comunidad, del conjunto social, dictando la legislación particular para cada provincia que se considere conveniente, en forma complementaria y supeditada a la legislación nacional que compete al Congreso nacional sobre el conjunto de los recursos, y a las facultades de la Nación para ejercer la jurisdicción sobre los mismos, cuando así también corresponda. Observemos que el texto constitucional dice “corresponde” a las provincias. No dice “pertenece” a las provincias. El dominio originario no atribuye propiedad, sino derechos a ejercer la legislación y regulación particular y específica. Si no fuera así el recurso natural suelo sería hoy propiedad de cada una de las provincias, lo cual es un absurdo con sólo enunciarlo.
Esas facultades federales mencionadas son válidas en relación con todos los recursos naturales en general. Pero con respecto a la minería y a los hidrocarburos en particular, la Constitución nacional es terminante: las provincias delegan la legislación sobre esos recursos en la Nación, en el Congreso nacional, por el artículo 75 inciso 12. Por ello la interpretación lógica y coherente de estas cláusulas de la norma fundamental implica facultades federales para legislar en general sobre los recursos naturales, y la jurisdicción para controlar su cumplimiento, con los límites del artículo 41 mencionado.
Esto dice nuestra Constitución, a la cual deben remitirse las leyes tanto nacionales como provinciales, así como las autoridades en sus respectivas responsabilidades. Podríamos interrogarnos entonces a quién pertenece la propiedad de los recursos naturales. Si bien la Constitución no se expide al respecto, depende del carácter y condiciones de cada recurso, y con la excepción mencionada no queda duda de que a todos los habitantes de la Nación argentina. Conclusión que está avalada por la doctrina sobre estos recursos que los incluye en el concepto de dominio colectivo, como un nuevo paradigma entre lo público y lo privado, sobre aquellos bienes que pertenecen al común, a la sociedad, y que hoy plantea también la doctrina internacional sobre los bienes comunes
¿Tucumán sin pulmones verdes en manzanas?
Buscan saber cómo será la ciudad sin pulmones
Fecha de Publicación: 01/04/2012
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
La Defensoría del Pueblo les requirió informes a arquitectos por la polémica ordenanza que permite edificar en los centros de manzana. El Colegio de Arquitectos, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y la Secretaría de Medio Ambiente deben hacer un análisis técnico
¿Qué consecuencias tendrá en el medio ambiente de San Miguel de Tucumán la eliminación de los pulmones de manzana? ¿Y en el funcionamiento de la ciudad? Esos dos interrogantes pretende dilucidar, cuanto antes, la Defensoría del Pueblo. Y su titular, Hugo Cabral, les requirió informes técnicos a tres organismos especializados en la materia: el Colegio de Arquitectos de Tucumán (CAT), la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, y la Secretaria de Medio Ambiente de la Provincia. Además, les envió a los expertos una copia de la polémica ordenanza, que habilita la edificación de cocheras en los corazones de manzana de los edificios de altura ubicados dentro de las cuatro avenidas.
La respuesta de los organismos será clave para que el defensor del pueblo pueda intervenir en el asunto. "Con esa evaluación, realizada con rigor técnico y muy bien sustentada, podremos conocer el impacto que producirá en la ciudad esta ordenanza que se ha sancionado. Sobre la base de esos informes vamos a realizar un pronunciamiento", le explicó Cabral a LA GACETA.
El proyecto para quitarles la protección a los espacios verdes que deben quedar libres de construcciones fue impulsado desde Ejecutivo Municipal. En octubre del año pasado, el intendente, Domingo Amaya, le había enviado al cuerpo una iniciativa para que los centros de manzana del microcentro puedan ser ocupados por galerías comerciales. En diciembre, la propuesta fue modificada por concejales oficialistas. Así, además de ampliar la zona de influencia, se contempló que los pulmones pudieran ser transformados en estacionamientos, dentro de las cuatro avenidas.
Más opciones para autos
En el recinto, el bloque oficialista argumentó que la cuestión ayudaría a resolver la contaminación vehicular, ya que habría más opciones para guardar autos.
Así, pese al rechazo del bloque opositor, la norma fue aprobada.
Luego, la ordenanza fue promulgada por el concejal Ramón Santiago Cano (PJ), titular del cuerpo, ya que Amaya se encontraba de viaje en Chile.
La cuestión generó el rechazo de los expertos, quienes señalaron las consecuencias negativas que podría tener este cambio en el medio ambiente de la ciudad. Entre otros aspectos, remarcaron que se contaminará el aire, y que la temperatura se incrementará.
Ahora, Cabral intervino en la cuestión. Sin embargo, para poder emitir una postura, deberá aguardar qué dicen la CAT, los profesionales de la Facultad y la Secretaría de Medio Ambiente. Y, en ese sentido, eligió prudencia a la hora de analizar qué repercusiones pueden tener las palabras de los expertos en la materia. "Como Defensoría vamos a hacer un pronunciamiento bien sustentado, y entonces vamos a contemplar las medidas a seguir. Más allá de la opinión que pueda tener uno como arquitecto y especialista en planificación, desde este lugar corresponde contar con todos los elementos técnicos antes de realizar alguna manifestación. Por eso, requerimos que la respuesta sea a la mayor brevedad. Estamos a la espera", indicó Cabral, preocupado.
Fecha de Publicación: 01/04/2012
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
La Defensoría del Pueblo les requirió informes a arquitectos por la polémica ordenanza que permite edificar en los centros de manzana. El Colegio de Arquitectos, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y la Secretaría de Medio Ambiente deben hacer un análisis técnico
¿Qué consecuencias tendrá en el medio ambiente de San Miguel de Tucumán la eliminación de los pulmones de manzana? ¿Y en el funcionamiento de la ciudad? Esos dos interrogantes pretende dilucidar, cuanto antes, la Defensoría del Pueblo. Y su titular, Hugo Cabral, les requirió informes técnicos a tres organismos especializados en la materia: el Colegio de Arquitectos de Tucumán (CAT), la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, y la Secretaria de Medio Ambiente de la Provincia. Además, les envió a los expertos una copia de la polémica ordenanza, que habilita la edificación de cocheras en los corazones de manzana de los edificios de altura ubicados dentro de las cuatro avenidas.
La respuesta de los organismos será clave para que el defensor del pueblo pueda intervenir en el asunto. "Con esa evaluación, realizada con rigor técnico y muy bien sustentada, podremos conocer el impacto que producirá en la ciudad esta ordenanza que se ha sancionado. Sobre la base de esos informes vamos a realizar un pronunciamiento", le explicó Cabral a LA GACETA.
El proyecto para quitarles la protección a los espacios verdes que deben quedar libres de construcciones fue impulsado desde Ejecutivo Municipal. En octubre del año pasado, el intendente, Domingo Amaya, le había enviado al cuerpo una iniciativa para que los centros de manzana del microcentro puedan ser ocupados por galerías comerciales. En diciembre, la propuesta fue modificada por concejales oficialistas. Así, además de ampliar la zona de influencia, se contempló que los pulmones pudieran ser transformados en estacionamientos, dentro de las cuatro avenidas.
Más opciones para autos
En el recinto, el bloque oficialista argumentó que la cuestión ayudaría a resolver la contaminación vehicular, ya que habría más opciones para guardar autos.
Así, pese al rechazo del bloque opositor, la norma fue aprobada.
Luego, la ordenanza fue promulgada por el concejal Ramón Santiago Cano (PJ), titular del cuerpo, ya que Amaya se encontraba de viaje en Chile.
La cuestión generó el rechazo de los expertos, quienes señalaron las consecuencias negativas que podría tener este cambio en el medio ambiente de la ciudad. Entre otros aspectos, remarcaron que se contaminará el aire, y que la temperatura se incrementará.
Ahora, Cabral intervino en la cuestión. Sin embargo, para poder emitir una postura, deberá aguardar qué dicen la CAT, los profesionales de la Facultad y la Secretaría de Medio Ambiente. Y, en ese sentido, eligió prudencia a la hora de analizar qué repercusiones pueden tener las palabras de los expertos en la materia. "Como Defensoría vamos a hacer un pronunciamiento bien sustentado, y entonces vamos a contemplar las medidas a seguir. Más allá de la opinión que pueda tener uno como arquitecto y especialista en planificación, desde este lugar corresponde contar con todos los elementos técnicos antes de realizar alguna manifestación. Por eso, requerimos que la respuesta sea a la mayor brevedad. Estamos a la espera", indicó Cabral, preocupado.
BA apagará sus luces por la "Hora del Planeta"
Buenos Aires apagará sus luces por la "Hora del Planeta"
Fecha de Publicación: 31/03/2012
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional
Será el sábado a la noche: la iniciativa busca alertar sobre los efectos del cambio climático en el medio ambiente.
Buenos Aires participará el sábado de una nueva edición de la "Hora del Planeta", la iniciativa global que promueve apagar las luces de viviendas, edificios públicos y monumentos durante una hora para alertar sobre los efectos del cambio climático en el medio ambiente.
La acción se hará por quinto año consecutivo entre las 20.30 y 21.30, y será coordinada por la Organización Mundial de Conservación (WWF), a nivel internacional, y la Fundación Vida Silvestre en la Argentina. En esta ciudad, la iniciativa tendrá como punto neurálgico al Planetario, donde se desarrollarán actividades ligadas al reciclaje y al medio ambiente.
Además, el músico Kevin Johansen y su banda The Nada ofrecerá un concierto. La actividad empezará a las 19 y los asistentes podrán contribuir con la ecología llevando materiales reciclables como botellas de plástico, cartón o diarios.
Estos productos, según indicó el ministro porteño de Ambiente y Espacio Público, se convertirán en más de 5 mil árboles plantados, aseguró un comunicado. La "Hora del Planeta" surgió en 2007 en Sydney, Australia, y con el correr de los años se sumaron otras metrópolis. En 2011, unas 19 ciudades de 13 provincias argentinas participaron oficialmente de la convocatoria y apagaron las luces de sus edificios emblemáticos.
Fecha de Publicación: 31/03/2012
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional
Será el sábado a la noche: la iniciativa busca alertar sobre los efectos del cambio climático en el medio ambiente.
Buenos Aires participará el sábado de una nueva edición de la "Hora del Planeta", la iniciativa global que promueve apagar las luces de viviendas, edificios públicos y monumentos durante una hora para alertar sobre los efectos del cambio climático en el medio ambiente.
La acción se hará por quinto año consecutivo entre las 20.30 y 21.30, y será coordinada por la Organización Mundial de Conservación (WWF), a nivel internacional, y la Fundación Vida Silvestre en la Argentina. En esta ciudad, la iniciativa tendrá como punto neurálgico al Planetario, donde se desarrollarán actividades ligadas al reciclaje y al medio ambiente.
Además, el músico Kevin Johansen y su banda The Nada ofrecerá un concierto. La actividad empezará a las 19 y los asistentes podrán contribuir con la ecología llevando materiales reciclables como botellas de plástico, cartón o diarios.
Estos productos, según indicó el ministro porteño de Ambiente y Espacio Público, se convertirán en más de 5 mil árboles plantados, aseguró un comunicado. La "Hora del Planeta" surgió en 2007 en Sydney, Australia, y con el correr de los años se sumaron otras metrópolis. En 2011, unas 19 ciudades de 13 provincias argentinas participaron oficialmente de la convocatoria y apagaron las luces de sus edificios emblemáticos.
Cuestionan la reforma de la ley de biocidas
Cuestionan la reforma de la ley de biocidas
Fecha de Publicación: 30/03/2012
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Chaco
La Red de Salud Popular advierte sobre la falta de controles respecto al uso de agrotóxicos
Mediante un documento titulado “Ley de Biocidas: señor gobernador, vuelva a ser senador”, la Red de Salud Popular "Doctor Ramón Carillo" indicó que la propuesta remitida por el Ejecutivo a la Legislatura en cuanto al uso de agroquímicos presenta contradicciones y falta de controles respecto al uso de biocidas, poniendo en riesgo el biniestar de cultivos y salud de la gente.
Como publica el Diario Norte de Chaco, el 14 de marzo, el Poder Ejecutivo Provincial presentó en la Legislatura el Proyecto de Ley Nº 498 por el cual propicia la ley de Agroquímicos, modificatoria de la Ley 3378 de Biocidas. En tanto que el artículo 44 del proyecto establece la derogación de ley 3378.
“Este proyecto, en su artículo 34, fija las distancias mínimas de aplicación de agroquímicos: 500 metros para las terrestres (no previstas en la normativa vigente) y 1.000 metros para las aéreas, igual a las que fija el decreto Nº 454/89 (reglamentario de la Ley de Biocidas). Las distancias estipuladas limitan su alcance a centros urbanos, establecimientos educativos y sanitarios. Por lo que la protección no incluye a los caseríos rurales, a parques nacionales, parques provinciales, fuentes y cursos de agua, riachos, lagunas, etcétera”, indica la Red Popular.
Fecha de Publicación: 30/03/2012
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Chaco
La Red de Salud Popular advierte sobre la falta de controles respecto al uso de agrotóxicos
Mediante un documento titulado “Ley de Biocidas: señor gobernador, vuelva a ser senador”, la Red de Salud Popular "Doctor Ramón Carillo" indicó que la propuesta remitida por el Ejecutivo a la Legislatura en cuanto al uso de agroquímicos presenta contradicciones y falta de controles respecto al uso de biocidas, poniendo en riesgo el biniestar de cultivos y salud de la gente.
Como publica el Diario Norte de Chaco, el 14 de marzo, el Poder Ejecutivo Provincial presentó en la Legislatura el Proyecto de Ley Nº 498 por el cual propicia la ley de Agroquímicos, modificatoria de la Ley 3378 de Biocidas. En tanto que el artículo 44 del proyecto establece la derogación de ley 3378.
“Este proyecto, en su artículo 34, fija las distancias mínimas de aplicación de agroquímicos: 500 metros para las terrestres (no previstas en la normativa vigente) y 1.000 metros para las aéreas, igual a las que fija el decreto Nº 454/89 (reglamentario de la Ley de Biocidas). Las distancias estipuladas limitan su alcance a centros urbanos, establecimientos educativos y sanitarios. Por lo que la protección no incluye a los caseríos rurales, a parques nacionales, parques provinciales, fuentes y cursos de agua, riachos, lagunas, etcétera”, indica la Red Popular.
Contundente respaldo de CFK a la minería
“No prescindir de la minería”
Fecha de Publicación: 30/03/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Santa Cruz - Nacional
Cristina Kirchner participó en Santa Cruz de la puesta en marcha de la explotación subterránea de Cerro Vanguardia. Allí reclamó no “hablar con slogans” y aprovechar las riquezas bajo el suelo, como lo hacen países como Australia y Canadá.
”No debemos negarnos a una gran oportunidad, que en nuestro país está subexplotada. La minería es una actividad de gran importancia.” Con estas palabras, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner inauguró ayer la explotación subterránea de Cerro Vanguardia, ubicada a 70 kilómetros de Puerto San Julián, en la provincia de Santa Cruz. La mandataria aprovechó el encuentro para destacar el potencial de esta actividad y remarcó la necesidad de que los estados provinciales comiencen a tener un rol más protagónico en el sector. De hecho, esta semana los estados provinciales mineros, nucleados en la Ofemi, firmaron un documento donde se comprometieron a alcanzar una mayor participación en la renta minera. A su vez, el documento establece las bases para que los distintos actores sociales (pueblos originarios, académicos, empresarios, sindicatos) participen del debate sobre la extracción de minerales.
“Muchas veces se habla a través de slogans, pero no se puede prescindir de la minería por su aporte en todos los ámbitos del quehacer diario. Necesitamos una reflexión madura”, manifestó Fernández de Kirchner, quien agregó: “No está bien que la gente se muera de hambre en la superficie cuando uno está parado sobre grandes riquezas”. Estas últimas palabras fueron pronunciadas previamente por el presidente de Ecuador, Rafael Correa. La jefa de Estado también mencionó que países que se ponen muchas veces como modelo, como Australia y Canadá, tienen sectores mineros muy desarrollados.
Cerro Vanguardia está integrada por las empresas Anglo Gold Ashanti (con sede en Johannesburgo, Sudáfrica) y Fomento Minero Santa Cruz SE (Fomicruz), con el 7,5 por ciento de las acciones. La compañía provincial santacruceña fue una de las primeras en constituirse en el país.
Al igual que en el sector de los hidrocarburos, las provincias están jugando un rol cada vez más fuerte en la definición de las políticas mineras. El documento que firmaron las jurisdicciones que integran la Ofemi marca este rumbo. “Se reconoce al Estado nacional y a las provincias la facultad de participar de la actividad minera, a través de entidades estatales debidamente facultadas para la exploración o producción de minas”, sostiene el Acuerdo. En los últimos nueve años, esta industria pasó de representar el 0,2 por ciento del PBI al 1,2 por ciento, según datos de la Secretaría de Minería.
En 2010 hubo un record de producción, aproximadamente 27.000 millones de pesos, mientras que las exportaciones representaron 13.800 millones. Las retenciones que aplica el Gobierno se ubican entre el 5 y 10 por ciento, de acuerdo al nivel del valor agregado de lo que se vende. Es decir que la mayor parte de esta renta fue para las empresas extractivas.
“Es necesario que las corporaciones sepan que no hay cambio de reglas, sino que hay mayores exigencias frente a la sociedad en el cuidado del medio ambiente”, agregó la Presidenta. El acuerdo también fijó un marco para el cuidado ambiental y una amplia participación social. En este sentido, la iniciativa de los gobernadores promueve la “presencia de representantes sociales, del mundo del trabajo, del quehacer económico, de la cultura, del campo académico, de las organizaciones no gubernamentales y de la actividad pública”. Esto no es un dato menor, si se tiene en cuenta la conflictividad social registrada en varias zonas del país (Famatina y Andalgalá).
Más Información:
- Diario Popular - Cristina hizo una enfática defensa de la minería
- La Nación - La Presidenta tildó de "esnobs" a los que cuestionan la minería
- La Voz - Cristina defendió la minería en inauguración de una empresa del sector
- Los Andes - Cristina hizo una defensa de la minería en el país
Fecha de Publicación: 30/03/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Santa Cruz - Nacional
Cristina Kirchner participó en Santa Cruz de la puesta en marcha de la explotación subterránea de Cerro Vanguardia. Allí reclamó no “hablar con slogans” y aprovechar las riquezas bajo el suelo, como lo hacen países como Australia y Canadá.
”No debemos negarnos a una gran oportunidad, que en nuestro país está subexplotada. La minería es una actividad de gran importancia.” Con estas palabras, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner inauguró ayer la explotación subterránea de Cerro Vanguardia, ubicada a 70 kilómetros de Puerto San Julián, en la provincia de Santa Cruz. La mandataria aprovechó el encuentro para destacar el potencial de esta actividad y remarcó la necesidad de que los estados provinciales comiencen a tener un rol más protagónico en el sector. De hecho, esta semana los estados provinciales mineros, nucleados en la Ofemi, firmaron un documento donde se comprometieron a alcanzar una mayor participación en la renta minera. A su vez, el documento establece las bases para que los distintos actores sociales (pueblos originarios, académicos, empresarios, sindicatos) participen del debate sobre la extracción de minerales.
“Muchas veces se habla a través de slogans, pero no se puede prescindir de la minería por su aporte en todos los ámbitos del quehacer diario. Necesitamos una reflexión madura”, manifestó Fernández de Kirchner, quien agregó: “No está bien que la gente se muera de hambre en la superficie cuando uno está parado sobre grandes riquezas”. Estas últimas palabras fueron pronunciadas previamente por el presidente de Ecuador, Rafael Correa. La jefa de Estado también mencionó que países que se ponen muchas veces como modelo, como Australia y Canadá, tienen sectores mineros muy desarrollados.
Cerro Vanguardia está integrada por las empresas Anglo Gold Ashanti (con sede en Johannesburgo, Sudáfrica) y Fomento Minero Santa Cruz SE (Fomicruz), con el 7,5 por ciento de las acciones. La compañía provincial santacruceña fue una de las primeras en constituirse en el país.
Al igual que en el sector de los hidrocarburos, las provincias están jugando un rol cada vez más fuerte en la definición de las políticas mineras. El documento que firmaron las jurisdicciones que integran la Ofemi marca este rumbo. “Se reconoce al Estado nacional y a las provincias la facultad de participar de la actividad minera, a través de entidades estatales debidamente facultadas para la exploración o producción de minas”, sostiene el Acuerdo. En los últimos nueve años, esta industria pasó de representar el 0,2 por ciento del PBI al 1,2 por ciento, según datos de la Secretaría de Minería.
En 2010 hubo un record de producción, aproximadamente 27.000 millones de pesos, mientras que las exportaciones representaron 13.800 millones. Las retenciones que aplica el Gobierno se ubican entre el 5 y 10 por ciento, de acuerdo al nivel del valor agregado de lo que se vende. Es decir que la mayor parte de esta renta fue para las empresas extractivas.
“Es necesario que las corporaciones sepan que no hay cambio de reglas, sino que hay mayores exigencias frente a la sociedad en el cuidado del medio ambiente”, agregó la Presidenta. El acuerdo también fijó un marco para el cuidado ambiental y una amplia participación social. En este sentido, la iniciativa de los gobernadores promueve la “presencia de representantes sociales, del mundo del trabajo, del quehacer económico, de la cultura, del campo académico, de las organizaciones no gubernamentales y de la actividad pública”. Esto no es un dato menor, si se tiene en cuenta la conflictividad social registrada en varias zonas del país (Famatina y Andalgalá).
Más Información:
- Diario Popular - Cristina hizo una enfática defensa de la minería
- La Nación - La Presidenta tildó de "esnobs" a los que cuestionan la minería
- La Voz - Cristina defendió la minería en inauguración de una empresa del sector
- Los Andes - Cristina hizo una defensa de la minería en el país
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Mussi recorrerá los ingenios antes de la zafra
Mussi recorrerá los ingenios antes de la zafra para verificar la inversión en saneamiento
Fecha de Publicación: 29/03/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán
El funcionario nacional reiteró su compromiso de trabajar para cesar la polución industrial en la cuenca Salí Dulce.
El secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable (Sayds) de la Nación, Juan José Mussi, reafirmó su compromiso para hacer cesar la contaminación de la actividad industrial en el embalse Río Hondo, en sendas reuniones que mantuvo con los defensores de la Nación, Santiago del Estero, y Tucumán; y por otra parte, con el Comité de Cuenca Salí Dulce. Ambos encuentros se desarrollaron en la sede de la Sayds en horas de la tarde.
El funcionario nacional que es el garante del acuerdo firmado entre ambas provincias, adelantó que estará recorriendo los ingenios tucumanos a fines de abril, para supervisar que se hayan realizado las obras para el tratamiento de los efluentes industriales. En tal sentido, reiteró que no se dejará destilar a aquellas plantas que no hayan concluido los trabajos.
Así lo dio a conocer el defensor del Pueblo de Santiago del Estero, Martín Díaz Achával, quien estuvo junto con Mussi, y con los ombudsman de la Nación, Anselmo Sella; y de Tucumán, Hugo Cabral. “Fue una reunión muy positiva, interesante en la cual se han planteado muchos temas. Se ha entregado el informe de las visitas que realizaron los equipos de la defensoría y se hizo un reconocimiento al secretario de Ambiente, porque en los controles participamos con técnicos de la secretaría y el trato fue excelente de parte de ellos”, comentó Díaz Achával.
El funcionario contó que en ese marco, la Defensoría de Santiago “entregamos nuestra visión y las comentamos. Estuvieron los defensores de Nación y de Tucumán que también hicieron aportes acerca del control participativo”. En este aspecto, Díaz Achával comentó que anteayer mantuvo otra reunión con Sella y Cabral, y las ONG nacionales, que van a ver “cómo participan de acuerdo con el ámbito en el que trabajan, una desde el ambiente, otra desde la salud, otra de la defensa del hábitat de los animales, lo cual enriquece el trabajo”, dijo.
El ombudsman santiagueño manifestó que le provocó satisfacción ver “el compromiso que tiene Mussi en la causa, es muy importante, a tal punto que había una reunión paralela del Comité de Cuenca. El Dr. Mussi le dedica mucho tiempo, incluso hablamos de que la Presidenta incluyó en la agenda nacional este tema, así que nos provoca alegría el compromiso”, expresó.
Firmeza
Rescató que Mussi se mantuvo en la postura de que “las industrias que estén en condiciones van a seguir trabajando y las que no, serán suspendidas, que es lo que esperamos oír Santiago y Tucumán, y también la Corte. El secretario recalcó que va a cumplir con la ley a rajatabla; ha reiterado su compromiso, su palabra y la del Gobierno nacional de hacer cumplir la ley y que aquella planta que llegue a arrojar vinaza, no va a poder producir. O realizan las obras para evitar los vuelcos o van a encontrarse con la paralización de la destilación”, rescató.
Consejo Consultivo
Acerca de las reuniones del Consejo Consultivo que conforman las defensorías de la Nación, Santiago y Tucumán, Díaz Achával dijo que no está establecida todavía la fecha, pero que será dentro de 30 días, tal como establece la carta de creación del órgano consultivo.
Fecha de Publicación: 29/03/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán
El funcionario nacional reiteró su compromiso de trabajar para cesar la polución industrial en la cuenca Salí Dulce.
El secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable (Sayds) de la Nación, Juan José Mussi, reafirmó su compromiso para hacer cesar la contaminación de la actividad industrial en el embalse Río Hondo, en sendas reuniones que mantuvo con los defensores de la Nación, Santiago del Estero, y Tucumán; y por otra parte, con el Comité de Cuenca Salí Dulce. Ambos encuentros se desarrollaron en la sede de la Sayds en horas de la tarde.
El funcionario nacional que es el garante del acuerdo firmado entre ambas provincias, adelantó que estará recorriendo los ingenios tucumanos a fines de abril, para supervisar que se hayan realizado las obras para el tratamiento de los efluentes industriales. En tal sentido, reiteró que no se dejará destilar a aquellas plantas que no hayan concluido los trabajos.
Así lo dio a conocer el defensor del Pueblo de Santiago del Estero, Martín Díaz Achával, quien estuvo junto con Mussi, y con los ombudsman de la Nación, Anselmo Sella; y de Tucumán, Hugo Cabral. “Fue una reunión muy positiva, interesante en la cual se han planteado muchos temas. Se ha entregado el informe de las visitas que realizaron los equipos de la defensoría y se hizo un reconocimiento al secretario de Ambiente, porque en los controles participamos con técnicos de la secretaría y el trato fue excelente de parte de ellos”, comentó Díaz Achával.
El funcionario contó que en ese marco, la Defensoría de Santiago “entregamos nuestra visión y las comentamos. Estuvieron los defensores de Nación y de Tucumán que también hicieron aportes acerca del control participativo”. En este aspecto, Díaz Achával comentó que anteayer mantuvo otra reunión con Sella y Cabral, y las ONG nacionales, que van a ver “cómo participan de acuerdo con el ámbito en el que trabajan, una desde el ambiente, otra desde la salud, otra de la defensa del hábitat de los animales, lo cual enriquece el trabajo”, dijo.
El ombudsman santiagueño manifestó que le provocó satisfacción ver “el compromiso que tiene Mussi en la causa, es muy importante, a tal punto que había una reunión paralela del Comité de Cuenca. El Dr. Mussi le dedica mucho tiempo, incluso hablamos de que la Presidenta incluyó en la agenda nacional este tema, así que nos provoca alegría el compromiso”, expresó.
Firmeza
Rescató que Mussi se mantuvo en la postura de que “las industrias que estén en condiciones van a seguir trabajando y las que no, serán suspendidas, que es lo que esperamos oír Santiago y Tucumán, y también la Corte. El secretario recalcó que va a cumplir con la ley a rajatabla; ha reiterado su compromiso, su palabra y la del Gobierno nacional de hacer cumplir la ley y que aquella planta que llegue a arrojar vinaza, no va a poder producir. O realizan las obras para evitar los vuelcos o van a encontrarse con la paralización de la destilación”, rescató.
Consejo Consultivo
Acerca de las reuniones del Consejo Consultivo que conforman las defensorías de la Nación, Santiago y Tucumán, Díaz Achával dijo que no está establecida todavía la fecha, pero que será dentro de 30 días, tal como establece la carta de creación del órgano consultivo.
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