Usina de Río Turbio: Críticas y descargos
19:16 | 
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Greenpeace: “La usina de Río Turbio es un error económico y ambiental”
Fecha de Publicación: 23/07/2011
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Santa Cruz - Nacional
La organización ambientalista Greenpeace criticó que el Gobierno Nacional insista con apostar al carbón para producir energía, tras la visita en el día de hoy de la presidente Cristina Fernández de Kirchner a la construcción de la usina de carbón de 240 MW en Río Turbio, Santa Cruz, cuya puesta en marcha se estima para mediados de 2012.
La usina de Río Turbio es una decisión desacertada desde lo económico, lo energético y lo ambiental. Con el dinero que se va a gastar se podría producir el doble de energía eólica, que es limpia, renovable y segura”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Cambio Climático de Greenpeace.
“Nuestro país depende en un 90% de combustibles fósiles y el Gobierno Nacional sigue profundizando esa dependencia. El carbón es la peor opción energética, la más contaminante, la más costosa y la que más contribuye a acentuar el cambio climático”, afirmó Giardini.
Notas:
1) Informe de Greenpeace “Carbón, combustible para el cambio climático. Proyecto Central Térmica Río Turbio”
2) Informe de Greenpeace “El disparate económico del carbón”
Río Turbio: para Cristina, la megausina no afectará a glaciares
Fecha de Publicación: 23/07/2011
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Santa Cruz - Nacional
"Si se derriten afectan mi casa", dijo sobre la construcción de la megausina en Río Turbio.
La presidenta Cristina Fernández aclaró hoy que la construcción de la megausina de Río Turbio no iba a afectar a los glaciares y remarcó que por la cercanía de su casa en El Calafate "si se derriten los glaciares a la que tapan es a mí, a mi casa, a mis rosas, a mi jardín".
"Jamás podríamos estar construyendo una usina que afectara a los glaciares", remarcó la jefa de estado y recordó que su "casa y lugar en el mundo está a 80 kilómetros de los glaciares, con lo cual se imaginan que si alguien exigió que esta mega-obra tuviera todas las condiciones de tecnología para evitar cualquier grado de afectación al medio ambiente fue yo".
Y, en tono coloquial, señaló: "Si se derriten los glaciares a la que tapan los glaciares es a mí, a mi casa, a mis rosas, a mi jardín".
Central. La presidenta recorrió la central termoléctrica de 240 megavatios que se construye en Río Trubio, para la cual ya llegaron las turbinas.
El inicio del acto se transmitió en directo mediante una teleconferencia con la megamuestra de ciencia Tecnópolis, donde estaban el ministro de Economía, Amado Boudou, el candidato a jefe de Gobierno porteño Daniel Filmus y otros funcionarios.
"Hola, Tecnópolis", fue el saludo de la presidenta luego de recibir de manos del intendente, Claudio Adolfo, un escudo de Río Turbio realizado en madera de lenga, representativa de la región, y un ramo de flores.
Nevizca. La Presidenta comentó luego cómo fue su llegada a la cuenca carbonífera, en medio de una "nevizca antártica que rodeó el helicóptero" que la trasladó, por lo que "no se veía nada. Es una señal para que no me olvide de donde soy", dijo y felicitó a pilotos "por su pericia".
Industria. La presidenta afirmó hoy que el estimador mensual industrial (EMI) de junio creció 8,5% con respecto al mismo mes de 2010.
Fecha de Publicación: 23/07/2011
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Santa Cruz - Nacional
La organización ambientalista Greenpeace criticó que el Gobierno Nacional insista con apostar al carbón para producir energía, tras la visita en el día de hoy de la presidente Cristina Fernández de Kirchner a la construcción de la usina de carbón de 240 MW en Río Turbio, Santa Cruz, cuya puesta en marcha se estima para mediados de 2012.
La usina de Río Turbio es una decisión desacertada desde lo económico, lo energético y lo ambiental. Con el dinero que se va a gastar se podría producir el doble de energía eólica, que es limpia, renovable y segura”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Cambio Climático de Greenpeace.
“Nuestro país depende en un 90% de combustibles fósiles y el Gobierno Nacional sigue profundizando esa dependencia. El carbón es la peor opción energética, la más contaminante, la más costosa y la que más contribuye a acentuar el cambio climático”, afirmó Giardini.
Notas:
1) Informe de Greenpeace “Carbón, combustible para el cambio climático. Proyecto Central Térmica Río Turbio”
2) Informe de Greenpeace “El disparate económico del carbón”
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Río Turbio: para Cristina, la megausina no afectará a glaciares
Fecha de Publicación: 23/07/2011
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Santa Cruz - Nacional
"Si se derriten afectan mi casa", dijo sobre la construcción de la megausina en Río Turbio.
La presidenta Cristina Fernández aclaró hoy que la construcción de la megausina de Río Turbio no iba a afectar a los glaciares y remarcó que por la cercanía de su casa en El Calafate "si se derriten los glaciares a la que tapan es a mí, a mi casa, a mis rosas, a mi jardín".
"Jamás podríamos estar construyendo una usina que afectara a los glaciares", remarcó la jefa de estado y recordó que su "casa y lugar en el mundo está a 80 kilómetros de los glaciares, con lo cual se imaginan que si alguien exigió que esta mega-obra tuviera todas las condiciones de tecnología para evitar cualquier grado de afectación al medio ambiente fue yo".
Y, en tono coloquial, señaló: "Si se derriten los glaciares a la que tapan los glaciares es a mí, a mi casa, a mis rosas, a mi jardín".
Central. La presidenta recorrió la central termoléctrica de 240 megavatios que se construye en Río Trubio, para la cual ya llegaron las turbinas.
El inicio del acto se transmitió en directo mediante una teleconferencia con la megamuestra de ciencia Tecnópolis, donde estaban el ministro de Economía, Amado Boudou, el candidato a jefe de Gobierno porteño Daniel Filmus y otros funcionarios.
"Hola, Tecnópolis", fue el saludo de la presidenta luego de recibir de manos del intendente, Claudio Adolfo, un escudo de Río Turbio realizado en madera de lenga, representativa de la región, y un ramo de flores.
Nevizca. La Presidenta comentó luego cómo fue su llegada a la cuenca carbonífera, en medio de una "nevizca antártica que rodeó el helicóptero" que la trasladó, por lo que "no se veía nada. Es una señal para que no me olvide de donde soy", dijo y felicitó a pilotos "por su pericia".
Industria. La presidenta afirmó hoy que el estimador mensual industrial (EMI) de junio creció 8,5% con respecto al mismo mes de 2010.
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Piquete contra la megaminería
Piquete contra la megaminería
Fecha de Publicación: 22/07/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Salta y Jujuy
Indígenas de Salta y Jujuy cortaron la ruta 52 en rechazo a la actividad minera. Reclaman participación en las decisiones sobre los proyectos que afectan sus territorios. El caso llegó a la Corte Suprema de la Nación y a las Naciones Unidas.
“El oro del futuro”, lo llaman las empresas mineras. “Un recurso estratégico”, definen los funcionarios. “Nuestra vida”, resumen las 86 comunidades indígenas, que ayer cortaron la Ruta Nacional 52 en rechazo a la minería de litio, que avanza sobre territorio ancestral a pesar de la vigencia de leyes nacionales e internacionales que explicitan el derecho al territorio de los pueblos originarios. El litio es un mineral codiciado, utilizado en baterías de celulares y computadoras, y requerido por la industria automotriz, que experimenta el gradual reemplazo de los hidrocarburos por vehículos eléctricos. “Expresamos nuestro rechazo a los proyectos de minería de litio y exigimos la entrega de los títulos comunitarios de las tierras que nos pertenecen”, explicaron las comunidades. El avance minero llegó en noviembre pasado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, la semana pasada, a la Organización de Naciones Unidas.
Las Salinas Grandes de la Laguna de Guayatayoc abarcan superficies de Salta y Jujuy. Son planicies blancas que suelen ser visitadas por turistas y, también, es el lugar de trabajo, vida, cultura e historia de los pueblos originarios kolla y atacama de la Puna. Junto a la sal, se encuentra el litio. Y los gobiernos provinciales ya otorgaron en concesión la región a empresas mineras de Canadá, Australia y Estados Unidos, y a las automotrices Toyota y Mitsubishi. En marzo pasado, por decreto, el gobierno de Jujuy calificó el litio como “recurso estratégico provincial”.
El corte de ruta, entre Susques y Purmamarca, comenzó a las 10.30 y finalizó a las 16. “Informamos a los automovilistas, muchos de ellos turistas, y liberamos el paso en varios momentos. Recibimos mucha solidaridad, saben que no estamos jugando, que está en juego nuestra vida”, afirmó Clemente Flores, de la comunidad aborigen El Angosto.
La minería del litio requiere de enormes volúmenes de agua, en una región de extrema sequía. Del agua dependen todas las comunidades para el pastoreo y cría de ovejas, llamas y pequeñas chacras. El agua fue uno de los ejes del amparo que en noviembre pasado presentó ante la Corte Suprema la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes, conformada por 33 comunidades.
Otro cuestionamiento presente en la demanda es la falta de “consulta previa, información y participación” que la legislación nacional ordena en toda acción que pudiera afectar los territorios indígenas. Recuerda que las Salinas Grandes “constituyen un ecosistema único que se encuentra dentro de sus propios territorios, el cual les provee de los recursos naturales de uso común que son necesarios para su subsistencia, como el agua y la sal que les permite la vida, el trabajo y la producción”. Solicitan la suspensión inmediata de actividades en ejecución y no otorgar nuevos permisos hasta tanto se expida la Corte. También pide aplicar la Ley 25.675 (General del Ambiente), que dispone aplicar el “principio precautorio”: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”.
El corte de ruta ayer también fue protagonizada por el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), el Consejo de Participación indígena del Pueblo Kolla Región Puna y el IV Tinku Juvenil Plurinacional. “Como en muchos otros territorios de Latinoamérica, las salinas y nuestra forma de vida están amenazadas por la ambición y el intento de saqueo de la minería, en manos de empresas multinacionales y en complicidad con gobiernos”, denunciaron.
La semana pasada el caso llegó hasta el relator especial de Naciones Unidas sobre derechos indígenas, James Anaya, máxima autoridad de la ONU en la materia. Anaya solicitó copia del expediente judicial y el detalle de los derechos que se vulneraron. Se comprometió a visitar la Argentina en noviembre próximo.
Además de Salta y Jujuy, los conflictos por la megaminería se repiten en Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Mendoza, Catamarca, La Rioja y San Juan. La Red de Asistencia Jurídica contra la Megaminería (Redaj) denunció que existe una directa relación entre conflictos y el aumento del “900 por ciento” en exploración minera, en la última década, por parte de empresas trasnacionales.
Fecha de Publicación: 22/07/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Salta y Jujuy
Indígenas de Salta y Jujuy cortaron la ruta 52 en rechazo a la actividad minera. Reclaman participación en las decisiones sobre los proyectos que afectan sus territorios. El caso llegó a la Corte Suprema de la Nación y a las Naciones Unidas.
“El oro del futuro”, lo llaman las empresas mineras. “Un recurso estratégico”, definen los funcionarios. “Nuestra vida”, resumen las 86 comunidades indígenas, que ayer cortaron la Ruta Nacional 52 en rechazo a la minería de litio, que avanza sobre territorio ancestral a pesar de la vigencia de leyes nacionales e internacionales que explicitan el derecho al territorio de los pueblos originarios. El litio es un mineral codiciado, utilizado en baterías de celulares y computadoras, y requerido por la industria automotriz, que experimenta el gradual reemplazo de los hidrocarburos por vehículos eléctricos. “Expresamos nuestro rechazo a los proyectos de minería de litio y exigimos la entrega de los títulos comunitarios de las tierras que nos pertenecen”, explicaron las comunidades. El avance minero llegó en noviembre pasado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, la semana pasada, a la Organización de Naciones Unidas.
Las Salinas Grandes de la Laguna de Guayatayoc abarcan superficies de Salta y Jujuy. Son planicies blancas que suelen ser visitadas por turistas y, también, es el lugar de trabajo, vida, cultura e historia de los pueblos originarios kolla y atacama de la Puna. Junto a la sal, se encuentra el litio. Y los gobiernos provinciales ya otorgaron en concesión la región a empresas mineras de Canadá, Australia y Estados Unidos, y a las automotrices Toyota y Mitsubishi. En marzo pasado, por decreto, el gobierno de Jujuy calificó el litio como “recurso estratégico provincial”.
El corte de ruta, entre Susques y Purmamarca, comenzó a las 10.30 y finalizó a las 16. “Informamos a los automovilistas, muchos de ellos turistas, y liberamos el paso en varios momentos. Recibimos mucha solidaridad, saben que no estamos jugando, que está en juego nuestra vida”, afirmó Clemente Flores, de la comunidad aborigen El Angosto.
La minería del litio requiere de enormes volúmenes de agua, en una región de extrema sequía. Del agua dependen todas las comunidades para el pastoreo y cría de ovejas, llamas y pequeñas chacras. El agua fue uno de los ejes del amparo que en noviembre pasado presentó ante la Corte Suprema la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes, conformada por 33 comunidades.
Otro cuestionamiento presente en la demanda es la falta de “consulta previa, información y participación” que la legislación nacional ordena en toda acción que pudiera afectar los territorios indígenas. Recuerda que las Salinas Grandes “constituyen un ecosistema único que se encuentra dentro de sus propios territorios, el cual les provee de los recursos naturales de uso común que son necesarios para su subsistencia, como el agua y la sal que les permite la vida, el trabajo y la producción”. Solicitan la suspensión inmediata de actividades en ejecución y no otorgar nuevos permisos hasta tanto se expida la Corte. También pide aplicar la Ley 25.675 (General del Ambiente), que dispone aplicar el “principio precautorio”: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”.
El corte de ruta ayer también fue protagonizada por el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), el Consejo de Participación indígena del Pueblo Kolla Región Puna y el IV Tinku Juvenil Plurinacional. “Como en muchos otros territorios de Latinoamérica, las salinas y nuestra forma de vida están amenazadas por la ambición y el intento de saqueo de la minería, en manos de empresas multinacionales y en complicidad con gobiernos”, denunciaron.
La semana pasada el caso llegó hasta el relator especial de Naciones Unidas sobre derechos indígenas, James Anaya, máxima autoridad de la ONU en la materia. Anaya solicitó copia del expediente judicial y el detalle de los derechos que se vulneraron. Se comprometió a visitar la Argentina en noviembre próximo.
Además de Salta y Jujuy, los conflictos por la megaminería se repiten en Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Mendoza, Catamarca, La Rioja y San Juan. La Red de Asistencia Jurídica contra la Megaminería (Redaj) denunció que existe una directa relación entre conflictos y el aumento del “900 por ciento” en exploración minera, en la última década, por parte de empresas trasnacionales.
Barrick Gold ya afectó glaciares
Informe de Greenpeace revela que la minera Barrick Gold afectó glaciares
Fecha de Publicación: 21/07/2011
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: San Juan
Greenpeace publicó un informe titulado “Barrick: Minería responsable de destruir los glaciares” en el que denuncia que la empresa canadiense ya afectó seriamente glaciares tanto en Chile como en Argentina, y advierte que sus dos proyectos, Veladero y Pascua Lama, están incumpliendo la Ley de Glaciares. (1)
“El proyecto Pascua Lama incluía el traslado de tres glaciares del lado chileno (Toro 1, Toro 2 y Esperanza), pero dicho plan fue prohibido y se obligó a la empresa a cambiar el proyecto para no intervenirlos. Sin embargo, en un informe técnico del año 2005 se advierte que la superficie de los mismos disminuyó entre un 56% y un 70% por las actividades realizadas por Barrick. En febrero de este año se sancionó a la empresa por continuar afectándolos”, detalla el informe.
El documento advierte que en Argentina la empresa fue varias veces denunciada por afectar el glaciar Conconta mediante la apertura de caminos, y que sus emprendimientos Pascua Lama y Veladero están ubicados dentro de la Reserva de Biósfera San Guillermo de la UNESCO y “se encuentran emplazados en ambiente periglacial, algo prohibido por la Ley de Glaciares”.
“Barrick goza de total impunidad para destruir los glaciares. Lo más grave es que tanto el gobierno de San Juan como el Gobierno Nacional actúan de manera cómplice al no avanzar con el inventario y las auditorías ambientales a las empresas. Es fundamental que la aplicación de la norma comience por la región cuyana, donde las actividades mineras pueden estar afectando glaciares”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Cambio Climático de Greenpeace
El informe señala que cerca del 75% del territorio argentino es árido o semiárido, y se estima que el cambio climático afectará la disponibilidad de agua potable en la región de Cuyo, que depende en gran medida de los deshielos de los Andes.
En ese sentido, Greenpeace advierte que “la minería afecta a los glaciares en su etapa de exploración y explotación, con su remoción, la construcción de caminos, la perforación y uso de explosivos, el levantamiento de polvo que acelera su derretimiento, y la cobertura de los mismos por materiales de descarte. Con más de 200 nuevos proyectos mineros en la zona andina central de Argentina (solamente San Juan tiene más de 150), el impacto acumulativo sobre glaciares y ambiente periglacial puede ser catastrófico si antes no se realiza el inventario estipulado por la Ley de Glaciares”.
La organización ambientalista señaló que los recursos judiciales presentados por Barrick contra la Ley de Glaciares son un acto de “autoincriminación”, ya que están impidiendo que se realice el inventario de glaciares y ambiente periglacial en sus emprendimientos y que se le efectúe una auditoría ambiental para corroborar si está afectando glaciares (artículo 15 de la ley).
“Esperamos que la Corte Suprema resuelva rápidamente el bloqueo judicial que está realizando esta empresa para evitar que se le aplique la Ley de Glaciares”, afirmó Giardini.
Fecha de Publicación: 21/07/2011
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: San Juan
Greenpeace publicó un informe titulado “Barrick: Minería responsable de destruir los glaciares” en el que denuncia que la empresa canadiense ya afectó seriamente glaciares tanto en Chile como en Argentina, y advierte que sus dos proyectos, Veladero y Pascua Lama, están incumpliendo la Ley de Glaciares. (1)
“El proyecto Pascua Lama incluía el traslado de tres glaciares del lado chileno (Toro 1, Toro 2 y Esperanza), pero dicho plan fue prohibido y se obligó a la empresa a cambiar el proyecto para no intervenirlos. Sin embargo, en un informe técnico del año 2005 se advierte que la superficie de los mismos disminuyó entre un 56% y un 70% por las actividades realizadas por Barrick. En febrero de este año se sancionó a la empresa por continuar afectándolos”, detalla el informe.
El documento advierte que en Argentina la empresa fue varias veces denunciada por afectar el glaciar Conconta mediante la apertura de caminos, y que sus emprendimientos Pascua Lama y Veladero están ubicados dentro de la Reserva de Biósfera San Guillermo de la UNESCO y “se encuentran emplazados en ambiente periglacial, algo prohibido por la Ley de Glaciares”.
“Barrick goza de total impunidad para destruir los glaciares. Lo más grave es que tanto el gobierno de San Juan como el Gobierno Nacional actúan de manera cómplice al no avanzar con el inventario y las auditorías ambientales a las empresas. Es fundamental que la aplicación de la norma comience por la región cuyana, donde las actividades mineras pueden estar afectando glaciares”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Cambio Climático de Greenpeace
El informe señala que cerca del 75% del territorio argentino es árido o semiárido, y se estima que el cambio climático afectará la disponibilidad de agua potable en la región de Cuyo, que depende en gran medida de los deshielos de los Andes.
En ese sentido, Greenpeace advierte que “la minería afecta a los glaciares en su etapa de exploración y explotación, con su remoción, la construcción de caminos, la perforación y uso de explosivos, el levantamiento de polvo que acelera su derretimiento, y la cobertura de los mismos por materiales de descarte. Con más de 200 nuevos proyectos mineros en la zona andina central de Argentina (solamente San Juan tiene más de 150), el impacto acumulativo sobre glaciares y ambiente periglacial puede ser catastrófico si antes no se realiza el inventario estipulado por la Ley de Glaciares”.
La organización ambientalista señaló que los recursos judiciales presentados por Barrick contra la Ley de Glaciares son un acto de “autoincriminación”, ya que están impidiendo que se realice el inventario de glaciares y ambiente periglacial en sus emprendimientos y que se le efectúe una auditoría ambiental para corroborar si está afectando glaciares (artículo 15 de la ley).
“Esperamos que la Corte Suprema resuelva rápidamente el bloqueo judicial que está realizando esta empresa para evitar que se le aplique la Ley de Glaciares”, afirmó Giardini.
Paro obrero en La Alumbrera
Paro obrero en La Alumbrera y la realidad del trabajo minero
Fecha de Publicación: 21/07/2011
Fuente: No a la Mina - ANRed
Provincia/Región: Catamarca - Nacional
En Catamarca, a partir del martes 19, empleados de la minera La Alumbrera comenzaron un paro por 72 horas para exigir mejoras en el salario y en las condiciones laborales y luego aceptaron la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo. Juan José Cervantes, de la Asamblea del Departamento de Belén, afirmó: "Sabíamos que iba a suceder porque en realidad el tema del progreso es sólo para las megaempresas, sin límite y sin medida". Asimismo, en un comunicado de prensa, la Asamblea El Algarrobo señaló que "ojalá el paro fuera para exigir la protección de la tierra. De todos modos, esta medida deja a la vista la mentira sostenida por la empresas mineras durante años".
En diálogo con Radio Voces, Juan José Cervantes, integrante de la Asamblea del Departamento de Belén, Catamarca, quien afirmó que "sabemos que hay 800 empleados que prácticamente pararon el trabajo y 30 coparon la planta de ingreso. Tenemos información que el repudio es contra la baja de salarios, el tema de los despidos y el maltrato. Estaría bueno que la comunidad se entere. Esto es para nosotros, digamos, un momento histórico. Sabíamos que en un momento iba a suceder porque en realidad el tema del progreso es sólo para las megaempresas, sin límite y sin medida, pero la naturaleza siempre tiene un mensaje contra la gente que quiere destruir el mundo"
Respecto a la oferta laboral de la empresa minera La Alumbrera, Cervantes señaló: "Es una fachada porque el Departamento de Belén tiene 28, 30 mil habitantes, la vía de Belén tiene 12 mil habitantes, y tiene 45 empleados la Mina, empleados calificados. Porque los que quedaron tienen título universitario o son técnicos". Asimismo, aseguró que "todo lo que se incorporó hace 15 años se incorporó cuando les mostraron espejitos de colores, y 200 personas se quedaron sin trabajo después".
Por último, aseveró: "El tema de los camiones en Belén es tremendo: son de 40 a 60 cargas diariamente con contaminantes y ningún político se hace cargo de la situación. O sea que la ruta 40, que es la boca de entrada a la extractiva, es un tema que no para".
Fecha de Publicación: 21/07/2011
Fuente: No a la Mina - ANRed
Provincia/Región: Catamarca - Nacional
En Catamarca, a partir del martes 19, empleados de la minera La Alumbrera comenzaron un paro por 72 horas para exigir mejoras en el salario y en las condiciones laborales y luego aceptaron la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo. Juan José Cervantes, de la Asamblea del Departamento de Belén, afirmó: "Sabíamos que iba a suceder porque en realidad el tema del progreso es sólo para las megaempresas, sin límite y sin medida". Asimismo, en un comunicado de prensa, la Asamblea El Algarrobo señaló que "ojalá el paro fuera para exigir la protección de la tierra. De todos modos, esta medida deja a la vista la mentira sostenida por la empresas mineras durante años".
En diálogo con Radio Voces, Juan José Cervantes, integrante de la Asamblea del Departamento de Belén, Catamarca, quien afirmó que "sabemos que hay 800 empleados que prácticamente pararon el trabajo y 30 coparon la planta de ingreso. Tenemos información que el repudio es contra la baja de salarios, el tema de los despidos y el maltrato. Estaría bueno que la comunidad se entere. Esto es para nosotros, digamos, un momento histórico. Sabíamos que en un momento iba a suceder porque en realidad el tema del progreso es sólo para las megaempresas, sin límite y sin medida, pero la naturaleza siempre tiene un mensaje contra la gente que quiere destruir el mundo"
Respecto a la oferta laboral de la empresa minera La Alumbrera, Cervantes señaló: "Es una fachada porque el Departamento de Belén tiene 28, 30 mil habitantes, la vía de Belén tiene 12 mil habitantes, y tiene 45 empleados la Mina, empleados calificados. Porque los que quedaron tienen título universitario o son técnicos". Asimismo, aseguró que "todo lo que se incorporó hace 15 años se incorporó cuando les mostraron espejitos de colores, y 200 personas se quedaron sin trabajo después".
Por último, aseveró: "El tema de los camiones en Belén es tremendo: son de 40 a 60 cargas diariamente con contaminantes y ningún político se hace cargo de la situación. O sea que la ruta 40, que es la boca de entrada a la extractiva, es un tema que no para".
Explican los riesgos del proyecto de potasio
Explican sobre los riesgos del proyecto de potasio
Fecha de Publicación: 20/07/2011
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Ambientalistas de Neuquén sostienen que la iniciativa genera riesgo ambiental y social.
El Foro Permanente por el Medio Ambiente en Neuquén (Foperma) dio a conocer algunas de las implicancias para el medio ambiente y la sociedad del emprendimiento megaminero Potasio Río Colorado, que llevará adelante la empresa Vale S.A.
Foperma adhiere a la resolución 108/10 de la Defensoría del Pueblo de la Nación, emitida en 2010 en relación a este proyecto. Además, el Foro ratificó las medidas tomadas por el juez de faltas de Rincón de Los Sauces, José Luis Miranda, que suspendió las obras en el ejido de esa localidad del tren que transportaría el potasio.
"Las características e implicancias sociales y ambientales de este mega emprendimiento dados sus requerimientos de recursos ponen en riesgo la provisión de agua potable, gas y energía en varias zonas u obligan a realizar obras solamente para el negocio de esta empresa que se las pagaremos todos", manifestó Andrés Rebassa, del Foperma.
En 2010 la Defensoría del Pueblo de la Nación resolvió recomendar a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación que "expida en el análisis de los impactos ambientales integrales, acumulativos e interjurisdiccionales del emprendimiento minero Potasio Río Colorado". Además, en la resolución se resuelve que se intervenga en las evaluaciones de impacto ambiental de aquellos emprendimientos de similares efectos ambientales, interjurisdiccionales, y que para ello se establezca un Comité de Impactos Interjurisdiccionales con las autoridades ambientales de las provincias y el Cofema.
"Hay riesgos concretos ambientales sobre el subsistema natural y el subsistema social económico", dijo Silvia Leanza, integrante del Foperma.
En tanto que el proyecto requeriría un millón de metros cúbicos de gas, lo que "equivale a todo el consumo de la provincia de Mendoza y representa un tercio de las importaciones desde Bolivia", explica la Defensoría.
Otra de las incidencias es que la explotación de potasio producirá millones de toneladas de sal residual que se acumularán en la cuenca del río Colorado.
"Esto provocaría la salinización del curso de agua y de las napas que abastecen a las poblaciones aguas abajo del emprendimiento, como pueden ser 300 mil personas de Bahía Blanca que toman el agua del río Colorado por convenio", manifestó Rebassa.
La opinión pública
Potasio Río Colorado es un proyecto de explotación minera no convencional, de cloruro de potasio, que va desarrollarse en la localidad de Malargüe (Mendoza), y sus impactos se expanden a Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires. La investigación que realizó la Defensoría del Pueblo de la Nación se materializó en pedidos de información a la Secretaría de Minería de Mendoza, a las autoridades ambientales de las cinco provincias involucradas, al Comité Interjurisdiccional del Río Colorado, y a autoridades nacionales de ambiente, energía y minería.
"Trabajamos con organizaciones de todo el país porque el problema se ve en varias jurisdicciones. El problema afecta a cinco provincias. El tema hay que ponerlo en la opinión pública porque sino nadie se entera", concluyó Leanza.
Fecha de Publicación: 20/07/2011
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Ambientalistas de Neuquén sostienen que la iniciativa genera riesgo ambiental y social.
El Foro Permanente por el Medio Ambiente en Neuquén (Foperma) dio a conocer algunas de las implicancias para el medio ambiente y la sociedad del emprendimiento megaminero Potasio Río Colorado, que llevará adelante la empresa Vale S.A.
Foperma adhiere a la resolución 108/10 de la Defensoría del Pueblo de la Nación, emitida en 2010 en relación a este proyecto. Además, el Foro ratificó las medidas tomadas por el juez de faltas de Rincón de Los Sauces, José Luis Miranda, que suspendió las obras en el ejido de esa localidad del tren que transportaría el potasio.
"Las características e implicancias sociales y ambientales de este mega emprendimiento dados sus requerimientos de recursos ponen en riesgo la provisión de agua potable, gas y energía en varias zonas u obligan a realizar obras solamente para el negocio de esta empresa que se las pagaremos todos", manifestó Andrés Rebassa, del Foperma.
En 2010 la Defensoría del Pueblo de la Nación resolvió recomendar a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación que "expida en el análisis de los impactos ambientales integrales, acumulativos e interjurisdiccionales del emprendimiento minero Potasio Río Colorado". Además, en la resolución se resuelve que se intervenga en las evaluaciones de impacto ambiental de aquellos emprendimientos de similares efectos ambientales, interjurisdiccionales, y que para ello se establezca un Comité de Impactos Interjurisdiccionales con las autoridades ambientales de las provincias y el Cofema.
"Hay riesgos concretos ambientales sobre el subsistema natural y el subsistema social económico", dijo Silvia Leanza, integrante del Foperma.
En tanto que el proyecto requeriría un millón de metros cúbicos de gas, lo que "equivale a todo el consumo de la provincia de Mendoza y representa un tercio de las importaciones desde Bolivia", explica la Defensoría.
Otra de las incidencias es que la explotación de potasio producirá millones de toneladas de sal residual que se acumularán en la cuenca del río Colorado.
"Esto provocaría la salinización del curso de agua y de las napas que abastecen a las poblaciones aguas abajo del emprendimiento, como pueden ser 300 mil personas de Bahía Blanca que toman el agua del río Colorado por convenio", manifestó Rebassa.
La opinión pública
Potasio Río Colorado es un proyecto de explotación minera no convencional, de cloruro de potasio, que va desarrollarse en la localidad de Malargüe (Mendoza), y sus impactos se expanden a Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires. La investigación que realizó la Defensoría del Pueblo de la Nación se materializó en pedidos de información a la Secretaría de Minería de Mendoza, a las autoridades ambientales de las cinco provincias involucradas, al Comité Interjurisdiccional del Río Colorado, y a autoridades nacionales de ambiente, energía y minería.
"Trabajamos con organizaciones de todo el país porque el problema se ve en varias jurisdicciones. El problema afecta a cinco provincias. El tema hay que ponerlo en la opinión pública porque sino nadie se entera", concluyó Leanza.
Se realizará la segunda inspección a la ex Botnia
El lunes se realizará la segunda inspección a la papelera ex Botnia
Fecha de Publicación: 20/07/2011
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
Así lo informó el presidente de la CARU, Hernán Orduna, en una conferencia de prensa realizada en el Salón Azul dela Municipalidad de Gualeguaychú, donde precisó que el Comité Científico de esa entidad estará a cargo de esta segunda inspección.
Sin embargo, Orduna reconoció que no es el mejor escenario que la CARU informe a la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) cada vez que el Comité Científico quiere ingresar a la planta de Botnia, porque se pierde el efecto sorpresa de toda inspección.
No obstante, subrayó que ese fue el acuerdo que sellaron la presidenta Cristina Kirchner y su par uruguayo José Mugica y estimó que "tal vez en un futuro haya que mejorar ese procedimiento".
Por otra parte, en declaraciones a Noticias Argentinas, Orduna aseguró que en los próximos días se conocerá el informe completo de los análisis remitidos a los laboratorios canadienses, correspondientes a las primeras muestras que se tomaron en junio.
Respecto a esto, Orduna recordó que es orden de la presidenta Cristina Kirchner "que todo se sepa y todo se difunda" e informó que por eso ya se remitió a los intendentes de Gualeguaychú y de Fray Bentos un pedido de autorización para instalar pantallas en lugares públicos que darán información sobre los análisis las 24 horas.
Por otra parte, reconoció que Uruguay todavía adeuda el aporte económico comprometido para el monitoreo, de 300 mil dólares para los trabajos específicos, más otros 200 mil dólares que anualmente cada Estado se compromete a aportar ala CARU.
Luego de la conferencia de prensa en el Salón Azul, Orduna mantuvo un encuentro con representantes dela Asamblea CiudadanaAmbiental de Gualeguaychú, a quienes les trasmitió las novedades vinculadas con el monitoreo y la compra de los equipos para la vigilancia ambiental.
Además, les confirmó a los asambleístas que el objetivo final del monitoreo es poder reunir elementos para que se relocalice la planta de Botnia.
En tanto, este miércoles Orduna se reunirá con el secretario de Ambiente dela Nación, Juan José Mussi, y a pedido de los asambleístas le planteará la necesidad de que se determine qué calidad de aire se está respirando en Gualeguaychú.
Fecha de Publicación: 20/07/2011
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
Así lo informó el presidente de la CARU, Hernán Orduna, en una conferencia de prensa realizada en el Salón Azul dela Municipalidad de Gualeguaychú, donde precisó que el Comité Científico de esa entidad estará a cargo de esta segunda inspección.
Sin embargo, Orduna reconoció que no es el mejor escenario que la CARU informe a la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) cada vez que el Comité Científico quiere ingresar a la planta de Botnia, porque se pierde el efecto sorpresa de toda inspección.
No obstante, subrayó que ese fue el acuerdo que sellaron la presidenta Cristina Kirchner y su par uruguayo José Mugica y estimó que "tal vez en un futuro haya que mejorar ese procedimiento".
Por otra parte, en declaraciones a Noticias Argentinas, Orduna aseguró que en los próximos días se conocerá el informe completo de los análisis remitidos a los laboratorios canadienses, correspondientes a las primeras muestras que se tomaron en junio.
Respecto a esto, Orduna recordó que es orden de la presidenta Cristina Kirchner "que todo se sepa y todo se difunda" e informó que por eso ya se remitió a los intendentes de Gualeguaychú y de Fray Bentos un pedido de autorización para instalar pantallas en lugares públicos que darán información sobre los análisis las 24 horas.
Por otra parte, reconoció que Uruguay todavía adeuda el aporte económico comprometido para el monitoreo, de 300 mil dólares para los trabajos específicos, más otros 200 mil dólares que anualmente cada Estado se compromete a aportar ala CARU.
Luego de la conferencia de prensa en el Salón Azul, Orduna mantuvo un encuentro con representantes dela Asamblea CiudadanaAmbiental de Gualeguaychú, a quienes les trasmitió las novedades vinculadas con el monitoreo y la compra de los equipos para la vigilancia ambiental.
Además, les confirmó a los asambleístas que el objetivo final del monitoreo es poder reunir elementos para que se relocalice la planta de Botnia.
En tanto, este miércoles Orduna se reunirá con el secretario de Ambiente dela Nación, Juan José Mussi, y a pedido de los asambleístas le planteará la necesidad de que se determine qué calidad de aire se está respirando en Gualeguaychú.
Salí-Dulce: Sin fecha confirmada para la reunión
Sin fecha confirmada para la reunión del Comité con Mussi
Fecha de Publicación: 19/07/2011
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero - Tucumán
La convocatoria realizada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (Sayds), para que el Comité de Cuenca Salí-Dulce tenga una reunión extraordinaria en Capital Federal esta semana, aún no tiene fecha confirmada. La invitación había sido extendida por el subsecretario de Coordinación y Políticas Ambientales de la Sayds, Armando Gandía.
Las autoridades nacionales, con el secretario Juan José Mussi a la cabeza, quieren informarse por boca de los propios miembros de la Comisión Técnica, qué es lo que está pasando en la cuenca y cuáles pueden ser las soluciones para la situación generada por la contaminación de las industrias tucumanas. Es de recordar que durante el último encuentro, el pasado miércoles 13, hubo una fuerte discusión entre Santiago del Estero y Tucumán.
Aparecieron peces muertos en piletones del dique de Río Hondo
Personas que llegaron hasta el lugar donde se produce la caída de agua del Dique Frontal, se dieron con una de-sagradable sorpresa: bagres sin vida y otras especies moribundas.
El peor de los escenarios que describieron los funcionarios santiagueños del Comité de Cuenca Salí-Dulce por la contaminación del lago del embalse Río Hondo, se va cumpliendo y el pronóstico es muy pesimista sobre lo que se avecina por el impacto ambiental de los desechos industriales que provienen de Tucumán. Ayer, técnicos del órgano interjurisdiccional descubrieron una importante cantidad de bagres muertos en el sector denominado los piletones, donde cae el agua del Dique Frontal.
El diagnóstico es que murieron por falta de oxígeno y las previsiones de los profesionales es que están dadas las condiciones para que se repita una mortandad masiva de peces como la del año pasado. Ello obedece a dos razones: la gran cantidad de residuos industriales, principalmente la vinaza, que vuelcan empresas tucumanas en la cuenca y porque ha comenzado a bajar la cota del embalse.
Es la primera vez, desde los primeros descubrimientos en tributarios tucumanos, que se observan peces muertos en la zona baja del embalse Río Hondo. La semana pasada, técnicos del Comité de Cuenca hallaron una mancha negra y con olor nauseabundo en cuya superficie flotaban animales sin vida, y la alarma era que la mancha seguía avanzando hacia el embalse desde la de-sembocadura del río Salí.
Preanuncio
Esta situación fue puesta en conocimiento por Santiago del Estero a las autoridades de Tucumán en la última reunión del órgano, la semana pasada, advirtiendo que los efectos nocivos de los efluentes industriales serían más dañinos con el paso de los días. Los tucumanos aseguraron que iban a ser más severos con los controles y las sanciones; también remarcaron que la situación ambiental había mejorado.
Sin embargo, un grupo de pescadores que incursionó ayer por el Salí, señaló que en la desembocadura hacia el lago, el aire se tornaba irrespirable por el fétido olor que provenía del curso de agua tucumano. La crítica situación también fue advertida por el personal de Prefectura Naval, a lo largo de un kilómetro y medio de recorrido.
Las condiciones actuales del ecosistema, hacen temer a los profesionales que una nueva mortandad masiva se produzca en las próximas semanas. “No va a mejorar la situación”, lamentaron fuentes del organismo a EL LIBERAL, y señalaron que si no aparece la misma cantidad de peces muertos como la del año pasado, será porque el efecto degradante de las industrias tucumanas –en particular las azucareras- viene diezmando la fauna ictícola.
En las próximas horas es posible que se realice un monitoreo y según la gravedad de la contaminación, no se descarta que se declare una alerta roja.
Fecha de Publicación: 19/07/2011
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero - Tucumán
La convocatoria realizada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (Sayds), para que el Comité de Cuenca Salí-Dulce tenga una reunión extraordinaria en Capital Federal esta semana, aún no tiene fecha confirmada. La invitación había sido extendida por el subsecretario de Coordinación y Políticas Ambientales de la Sayds, Armando Gandía.
Las autoridades nacionales, con el secretario Juan José Mussi a la cabeza, quieren informarse por boca de los propios miembros de la Comisión Técnica, qué es lo que está pasando en la cuenca y cuáles pueden ser las soluciones para la situación generada por la contaminación de las industrias tucumanas. Es de recordar que durante el último encuentro, el pasado miércoles 13, hubo una fuerte discusión entre Santiago del Estero y Tucumán.
Aparecieron peces muertos en piletones del dique de Río Hondo
Personas que llegaron hasta el lugar donde se produce la caída de agua del Dique Frontal, se dieron con una de-sagradable sorpresa: bagres sin vida y otras especies moribundas.
El peor de los escenarios que describieron los funcionarios santiagueños del Comité de Cuenca Salí-Dulce por la contaminación del lago del embalse Río Hondo, se va cumpliendo y el pronóstico es muy pesimista sobre lo que se avecina por el impacto ambiental de los desechos industriales que provienen de Tucumán. Ayer, técnicos del órgano interjurisdiccional descubrieron una importante cantidad de bagres muertos en el sector denominado los piletones, donde cae el agua del Dique Frontal.
El diagnóstico es que murieron por falta de oxígeno y las previsiones de los profesionales es que están dadas las condiciones para que se repita una mortandad masiva de peces como la del año pasado. Ello obedece a dos razones: la gran cantidad de residuos industriales, principalmente la vinaza, que vuelcan empresas tucumanas en la cuenca y porque ha comenzado a bajar la cota del embalse.
Es la primera vez, desde los primeros descubrimientos en tributarios tucumanos, que se observan peces muertos en la zona baja del embalse Río Hondo. La semana pasada, técnicos del Comité de Cuenca hallaron una mancha negra y con olor nauseabundo en cuya superficie flotaban animales sin vida, y la alarma era que la mancha seguía avanzando hacia el embalse desde la de-sembocadura del río Salí.
Preanuncio
Esta situación fue puesta en conocimiento por Santiago del Estero a las autoridades de Tucumán en la última reunión del órgano, la semana pasada, advirtiendo que los efectos nocivos de los efluentes industriales serían más dañinos con el paso de los días. Los tucumanos aseguraron que iban a ser más severos con los controles y las sanciones; también remarcaron que la situación ambiental había mejorado.
Sin embargo, un grupo de pescadores que incursionó ayer por el Salí, señaló que en la desembocadura hacia el lago, el aire se tornaba irrespirable por el fétido olor que provenía del curso de agua tucumano. La crítica situación también fue advertida por el personal de Prefectura Naval, a lo largo de un kilómetro y medio de recorrido.
Las condiciones actuales del ecosistema, hacen temer a los profesionales que una nueva mortandad masiva se produzca en las próximas semanas. “No va a mejorar la situación”, lamentaron fuentes del organismo a EL LIBERAL, y señalaron que si no aparece la misma cantidad de peces muertos como la del año pasado, será porque el efecto degradante de las industrias tucumanas –en particular las azucareras- viene diezmando la fauna ictícola.
En las próximas horas es posible que se realice un monitoreo y según la gravedad de la contaminación, no se descarta que se declare una alerta roja.
Los riesgos de la utilización de plaguicidas
Los riesgos de la utilización local de plaguicidas en los cultivos
Fecha de Publicación: 18/07/2011
Fuente: Diario El Argentino
Provincia/Región: Nacional
Si una plaga es cada vez más resistente, se necesitará más pesticida que la elimine. La ecuación que existe para alcanzar la sustentabilidad de los cultivos de hoy en día es categórica: cuanto más rentable, se necesitan cada vez más dosis de plaguicidas para que el cultivo subsista. Directamente proporcional a la mayor cantidad de aplicación de agroquímicos es el número de afecciones a la salud de la población que está expuesta a la manipulación de esos tóxicos: los riesgos son tanto para los aplicadores como para los consumidores, a quienes los alimentos les llegan cada vez con más residuos tóxicos. La Plata, como el cinturón frutihortícola más importante de la región, no escapa a esos números. Hablan los especialistas.
La peste
Los agroquímicos –herbicidas, fertilizantes, insecticidas– son sustancias destinadas a matar, repeler, atraer, regular o interrumpir el crecimiento de los seres vivos que se consideran plagas para los cultivos. Pero hacer rentables las plantaciones con su uso tiene cada vez un costo más alto, y son los números los que lo indican: mientras en 1993 se utilizaban 30 millones de litros/kilos de agroquímicos en el país, hoy ese número aumentó un 1.000%: los cultivos nacionales requieren 300 millones de litros/kilos anuales.
“El grave problema comenzó con la expansión de los monocultivos de soja, que no son sustentables porque interrumpen el ciclo natural de la materia orgánica y no se nutren de parásitos o de organismos biológicos, entonces necesitan de plaguicidas para subsistir”, explicó a Diagonales Javier Souza Casadinho, ingeniero agrónomo y coordinador regional de RAPAL (Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina).
Según el último censo frutihortícola de la Provincia, que data del 2005, el cinturón productivo de La Plata abarca alrededor de 3.700 hectáreas dedicadas a la producción de hortalizas, en varias hectáreas de las cuales, tal como apuntó Casadinho, se utilizan alrededor de doce aplicaciones de agroquímicos por cosecha (entre herbicidas como glifosato, insecticidas como endosulfán y fungicidas).
En La Plata, la intoxicación por plaguicidas es la segunda causa de consultas según el Hospital de Niños Sor Ludovica, referente provincial en el área de Toxicología. Allí se presentan tanto los casos agudos como los crónicos; los últimos, más difíciles de diagnosticar por su falta de síntomas urgentes.
El Hospital Alejandro Korn, de la localidad Melchor Romero, es la institución platense que recibe la mayoría de esos casos de urgencia de intoxicación por plaguicidas, ya que se emplaza en la zona con más prevalencia de este tipo de casos: en el corazón del cinturón frutihortícola, entre Romero, Abasto, Olmos. “Esta es una zona ruralizada, hay horticultores y productores que trabajan específicamente con plaguicidas, herbicidas, raticidas. Este hospital es el que más casos recibe de La Plata”, explicó a Diagonales la Jefa de Guardia de dicha institución, Marcela Ripullone: por año, el servicio contabiliza 50 casos de intoxicación aguda por plaguicidas.
Los casos crónicos, en tanto, que son los que pasan por consultorio y no por la guardia, “son pacientes que están crónicamente expuestos y, por alguna razón, si fumigan según para dónde sople el viento afecta a quienes estén alrededor. Otros viven en contacto con el veneno: entonces, siempre tienen una base de veneno en el organismo hasta que se descompensan por algún factor. Después están los que se intoxicaron porque no cuentan con los equipos de seguridad –guantes, botas, máscaras–, que en esta zona ninguno tiene”, afirmó la médica. “Los trabajadores rurales de esta zona son muy pobres, y ninguno sigue las normas de aplicación”, señaló por su parte Leda Gianuzzi, titular de la Cátedra de Toxicología de la Facultad de Ciencias Exactas, y continuó: “por eso queremos hacer acciones conjuntas con el INTA para dar charlas sobre los riesgos, los peligros del agua, y ver algunas prácticas de manejos de agroquímicos para que su manipulación no sea tan riesgosa. El uso es muy desacertado, se usa muy mal”.
Riesgos a la salud
¿Cuántos y cuáles son los plaguicidas que pueden estar afectando la salud de las poblaciones platenses de manera crónica? Para los especialistas en el tema, calcularlo es muy difícil. “Si bien desde hace años existe un proyecto para que se haga un screening que permita detectar y evaluar los casos de intoxicación crónica por plaguicidas en los lugares cercanos a los campos, y permita conocer qué nivel de incidencia tienen los plaguicidas en las poblaciones de la zona, nunca se llevó a cabo. Sería la mejor manera de medir crónicamente la contaminación de la salud por plaguicidas: haciéndole el estudio a todo aquel que ingrese al hospital por cualquier causa.
Pero ahora no tenemos idea de la problemática, si bien sabemos que tiene prevalencia en la zona, no podemos medirlo de ninguna manera. No existen las mediciones sobre casos crónicos”, indicó María Cecilia Chiodi, jefa del servicio de laboratorio central del Hospital Alejandro Korn.
“El problema más grave que vemos ahora es la mezcla de plaguicidas. Están mezclados: clorados con fosforados, por ejemplo. Además, hay oleadas que ingresan al país determinados tipos de plaguicidas, que están prohibidos. El año pasado sucedió con el ingreso al país de clorpirifos, un insecticida sumamente utilizado en la zona para las plagas”, señaló Repullone. Según apuntó la médica, la sustancia que más hallan en los sujetos intoxicados es el hormiguicida “Hortal”.
En el consumo
Aunque el imaginario social relacione que ingerir frutas y verduras es sinónimo de buena salud, no todo lo que sale de la huerta es oro. La alta cantidad de agroquímicos en las cosechas no se desintegran por arte de magia, sino que permanecen en forma residual y llegan en dosis más bajas a la mesa del consumidor. Por las investigaciones de restos de pesticidas órganoclorados que realizó de papas años atrás, Leda Gianuzzi dijo a este medio que “en la producción local hay valores detectables de plaguicidas aunque en niveles menores a los máximos permitidos. Sin embargo, desde mi punto de vista, los niveles permitidos son muy altos”, opina.
Según definió Gianuzzi, las condiciones en las que se utilizan los pesticidas en la ciudad son “terribles”. Citó varios ejemplos en la Ruta 36, adonde los productores viven en una zona adonde la casa está al lado del invernadero, adonde sus niños duermen al lado de las bolsas de pesticidas. Manifestó que el cultivo que más riesgos guarda por esta situación son las frutillas, en las que se registra un uso abusivo de bromuro de metilo, un pesticida altamente tóxico.
Los análisis nacionales sobre los niveles de pesticidas permitidos están en manos de la Dirección Nacional de Agroquímicos, Productos Veterinarios y Alimentos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). El organismo estatal sólo toma para su análisis a porciones limitadas de los productos que ingresan al Mercado Central Argentino, que “por eso no son representativas del estado en que están los productos que consumimos”, señaló Gianuzzi.
Diagonales intentó consultar al SENASA sobre los monitoreos que se estarían haciendo en el Mercado Regional de La Plata, pero no obtuvo respuesta oficial sobre el tema.
Los números
30 millones de litros/kilos de plaguicidas se utilizaban en el país en 1993.
300 millones de litros/kilos de plaguicidas son los que requieren hoy anualmente los cultivos del país.
3.700 hectáreas componen al Frutihortícola platense. El total de hectáreas cultivadas en el país es de 20 millones.
Fecha de Publicación: 18/07/2011
Fuente: Diario El Argentino
Provincia/Región: Nacional
Si una plaga es cada vez más resistente, se necesitará más pesticida que la elimine. La ecuación que existe para alcanzar la sustentabilidad de los cultivos de hoy en día es categórica: cuanto más rentable, se necesitan cada vez más dosis de plaguicidas para que el cultivo subsista. Directamente proporcional a la mayor cantidad de aplicación de agroquímicos es el número de afecciones a la salud de la población que está expuesta a la manipulación de esos tóxicos: los riesgos son tanto para los aplicadores como para los consumidores, a quienes los alimentos les llegan cada vez con más residuos tóxicos. La Plata, como el cinturón frutihortícola más importante de la región, no escapa a esos números. Hablan los especialistas.
La peste
Los agroquímicos –herbicidas, fertilizantes, insecticidas– son sustancias destinadas a matar, repeler, atraer, regular o interrumpir el crecimiento de los seres vivos que se consideran plagas para los cultivos. Pero hacer rentables las plantaciones con su uso tiene cada vez un costo más alto, y son los números los que lo indican: mientras en 1993 se utilizaban 30 millones de litros/kilos de agroquímicos en el país, hoy ese número aumentó un 1.000%: los cultivos nacionales requieren 300 millones de litros/kilos anuales.
“El grave problema comenzó con la expansión de los monocultivos de soja, que no son sustentables porque interrumpen el ciclo natural de la materia orgánica y no se nutren de parásitos o de organismos biológicos, entonces necesitan de plaguicidas para subsistir”, explicó a Diagonales Javier Souza Casadinho, ingeniero agrónomo y coordinador regional de RAPAL (Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina).
Según el último censo frutihortícola de la Provincia, que data del 2005, el cinturón productivo de La Plata abarca alrededor de 3.700 hectáreas dedicadas a la producción de hortalizas, en varias hectáreas de las cuales, tal como apuntó Casadinho, se utilizan alrededor de doce aplicaciones de agroquímicos por cosecha (entre herbicidas como glifosato, insecticidas como endosulfán y fungicidas).
En La Plata, la intoxicación por plaguicidas es la segunda causa de consultas según el Hospital de Niños Sor Ludovica, referente provincial en el área de Toxicología. Allí se presentan tanto los casos agudos como los crónicos; los últimos, más difíciles de diagnosticar por su falta de síntomas urgentes.
El Hospital Alejandro Korn, de la localidad Melchor Romero, es la institución platense que recibe la mayoría de esos casos de urgencia de intoxicación por plaguicidas, ya que se emplaza en la zona con más prevalencia de este tipo de casos: en el corazón del cinturón frutihortícola, entre Romero, Abasto, Olmos. “Esta es una zona ruralizada, hay horticultores y productores que trabajan específicamente con plaguicidas, herbicidas, raticidas. Este hospital es el que más casos recibe de La Plata”, explicó a Diagonales la Jefa de Guardia de dicha institución, Marcela Ripullone: por año, el servicio contabiliza 50 casos de intoxicación aguda por plaguicidas.
Los casos crónicos, en tanto, que son los que pasan por consultorio y no por la guardia, “son pacientes que están crónicamente expuestos y, por alguna razón, si fumigan según para dónde sople el viento afecta a quienes estén alrededor. Otros viven en contacto con el veneno: entonces, siempre tienen una base de veneno en el organismo hasta que se descompensan por algún factor. Después están los que se intoxicaron porque no cuentan con los equipos de seguridad –guantes, botas, máscaras–, que en esta zona ninguno tiene”, afirmó la médica. “Los trabajadores rurales de esta zona son muy pobres, y ninguno sigue las normas de aplicación”, señaló por su parte Leda Gianuzzi, titular de la Cátedra de Toxicología de la Facultad de Ciencias Exactas, y continuó: “por eso queremos hacer acciones conjuntas con el INTA para dar charlas sobre los riesgos, los peligros del agua, y ver algunas prácticas de manejos de agroquímicos para que su manipulación no sea tan riesgosa. El uso es muy desacertado, se usa muy mal”.
Riesgos a la salud
¿Cuántos y cuáles son los plaguicidas que pueden estar afectando la salud de las poblaciones platenses de manera crónica? Para los especialistas en el tema, calcularlo es muy difícil. “Si bien desde hace años existe un proyecto para que se haga un screening que permita detectar y evaluar los casos de intoxicación crónica por plaguicidas en los lugares cercanos a los campos, y permita conocer qué nivel de incidencia tienen los plaguicidas en las poblaciones de la zona, nunca se llevó a cabo. Sería la mejor manera de medir crónicamente la contaminación de la salud por plaguicidas: haciéndole el estudio a todo aquel que ingrese al hospital por cualquier causa.
Pero ahora no tenemos idea de la problemática, si bien sabemos que tiene prevalencia en la zona, no podemos medirlo de ninguna manera. No existen las mediciones sobre casos crónicos”, indicó María Cecilia Chiodi, jefa del servicio de laboratorio central del Hospital Alejandro Korn.
“El problema más grave que vemos ahora es la mezcla de plaguicidas. Están mezclados: clorados con fosforados, por ejemplo. Además, hay oleadas que ingresan al país determinados tipos de plaguicidas, que están prohibidos. El año pasado sucedió con el ingreso al país de clorpirifos, un insecticida sumamente utilizado en la zona para las plagas”, señaló Repullone. Según apuntó la médica, la sustancia que más hallan en los sujetos intoxicados es el hormiguicida “Hortal”.
En el consumo
Aunque el imaginario social relacione que ingerir frutas y verduras es sinónimo de buena salud, no todo lo que sale de la huerta es oro. La alta cantidad de agroquímicos en las cosechas no se desintegran por arte de magia, sino que permanecen en forma residual y llegan en dosis más bajas a la mesa del consumidor. Por las investigaciones de restos de pesticidas órganoclorados que realizó de papas años atrás, Leda Gianuzzi dijo a este medio que “en la producción local hay valores detectables de plaguicidas aunque en niveles menores a los máximos permitidos. Sin embargo, desde mi punto de vista, los niveles permitidos son muy altos”, opina.
Según definió Gianuzzi, las condiciones en las que se utilizan los pesticidas en la ciudad son “terribles”. Citó varios ejemplos en la Ruta 36, adonde los productores viven en una zona adonde la casa está al lado del invernadero, adonde sus niños duermen al lado de las bolsas de pesticidas. Manifestó que el cultivo que más riesgos guarda por esta situación son las frutillas, en las que se registra un uso abusivo de bromuro de metilo, un pesticida altamente tóxico.
Los análisis nacionales sobre los niveles de pesticidas permitidos están en manos de la Dirección Nacional de Agroquímicos, Productos Veterinarios y Alimentos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). El organismo estatal sólo toma para su análisis a porciones limitadas de los productos que ingresan al Mercado Central Argentino, que “por eso no son representativas del estado en que están los productos que consumimos”, señaló Gianuzzi.
Diagonales intentó consultar al SENASA sobre los monitoreos que se estarían haciendo en el Mercado Regional de La Plata, pero no obtuvo respuesta oficial sobre el tema.
Los números
30 millones de litros/kilos de plaguicidas se utilizaban en el país en 1993.
300 millones de litros/kilos de plaguicidas son los que requieren hoy anualmente los cultivos del país.
3.700 hectáreas componen al Frutihortícola platense. El total de hectáreas cultivadas en el país es de 20 millones.
Soja en Río Negro: INTA cuestiona el proyecto
El INTA de Río Negro cuestiona la venta de tierras a una empresa china
Fecha de Publicación: 18/07/2011
Fuente: INTA
Provincia/Región: Río Negro
Sus técnicos consideraron que la firma extranjera es un “monstruo” que impondrá condiciones de comercialización.
Un experto de la Estación Experimental Agropecuaria del Valle Inferior del Río Negro, ubicado en la provincia homónima y que pertenece al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), se manifestó en contra de la idea de que cualquier proyecto de cultivo sojero o de una única especie agrícola pueda ser la llave del desarrollo regional, tal como las autoridades de Río Negro han señalado a la hora de “promover” su acuerdo de venta de tierras fiscales a una empresa china para que produzca soja.
El jueves pasado, técnicos del INTA de esta estación experimental expusieron sus reparos ante funcionarios provinciales y autoridades de entidades intermedias y cuestionaron abiertamente los acuerdos del Poder Ejecutivo provincial con la empresa china Heilongjang Beidahuang State Farm Business, que propone financiar las obras de irrigación de valles para la producción de alimentos producidos por esa misma firma, en particular soja. Como contrapartida, Río Negro otorgaría una serie de facilidades, entre las que se encuentra la concesión del puerto de San Antonio Este por 50 años.
Oscar Lascano, técnico de la Estación Experimental, dijo en una entrevista con Radio Nacional que se ha presentado un “proyecto de desarrollo adecuado para la región” porque “es importante poner en valor las tierras con procesos de irrigación”, lo cual fue considerado “estratégico para el desarrollo de la zona”. Además resaltó que las obras de irrigación “implican un gran avance, somos partidarios de los procesos de irrigación, pero tienen que darse en un marco de desarrollo, con la participación de muchos actores, con procesos de colonización, producciones pequeñas con procesos transformadores y agregado de valor posteriores”.
Lascano fustigó la idea de que “no vamos a tener clientes para estas producciones cuando hay un mundo ávido de alimentos”.
En ese sentido, el técnico del INTA resaltó que “lo opuesto” a ese proyecto alternativo que plantearon “es desarrollar un valle o varios valles, como se piensa, con proyectos sojeros tratando de producir commodities en competencia con la pampa húmeda”.
El experto describió a la empresa china como un “monstruo” que impondrá las condiciones de comercialización y “negociaría en condiciones inequitativas”. En el documento elaborado por el INTA, los técnicos manifestaron que “es técnicamente inviable” desarrollar áreas irrigadas “a través de un modelo de monocultivo basado en la soja o en cualquier otro producto a gran escala”.
Un convenio Cuestionado
El cuestionado acuerdo sojero firmado el año pasado con la mayor productora de alimentos de China generó una fuerte polémica en Río negro.
El pacto le otorga a la estatal Heilongjiang Farms la concesión por hasta 50 años de 320 mil hectáreas en el valle inferior de Río Negro. Por sólo U$S 1500 millones de inversión, los chinos plantarán soja, colza y otros cultivos, con la particularidad de que no pagarán un solo peso de impuestos y tasas, a pesar del daño al suelo que generan.
La preocupación apunta a indagar acerca de cómo depredará económica y medioambientalmente a la provincia este acuerdo. Según las ONG ambientalistas, se perderán las empresas familiares y pymes del agro, y se contaminarán los ríos.
En ese contexto, la legisladora del Movimiento Evita- FPV Silvia Horne, presentó un proyecto de ley para rechazar el acuerdo. Otros diputados locales opinan que el acuerdo es incostitucional.
Fecha de Publicación: 18/07/2011
Fuente: INTA
Provincia/Región: Río Negro
Sus técnicos consideraron que la firma extranjera es un “monstruo” que impondrá condiciones de comercialización.
Un experto de la Estación Experimental Agropecuaria del Valle Inferior del Río Negro, ubicado en la provincia homónima y que pertenece al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), se manifestó en contra de la idea de que cualquier proyecto de cultivo sojero o de una única especie agrícola pueda ser la llave del desarrollo regional, tal como las autoridades de Río Negro han señalado a la hora de “promover” su acuerdo de venta de tierras fiscales a una empresa china para que produzca soja.
El jueves pasado, técnicos del INTA de esta estación experimental expusieron sus reparos ante funcionarios provinciales y autoridades de entidades intermedias y cuestionaron abiertamente los acuerdos del Poder Ejecutivo provincial con la empresa china Heilongjang Beidahuang State Farm Business, que propone financiar las obras de irrigación de valles para la producción de alimentos producidos por esa misma firma, en particular soja. Como contrapartida, Río Negro otorgaría una serie de facilidades, entre las que se encuentra la concesión del puerto de San Antonio Este por 50 años.
Oscar Lascano, técnico de la Estación Experimental, dijo en una entrevista con Radio Nacional que se ha presentado un “proyecto de desarrollo adecuado para la región” porque “es importante poner en valor las tierras con procesos de irrigación”, lo cual fue considerado “estratégico para el desarrollo de la zona”. Además resaltó que las obras de irrigación “implican un gran avance, somos partidarios de los procesos de irrigación, pero tienen que darse en un marco de desarrollo, con la participación de muchos actores, con procesos de colonización, producciones pequeñas con procesos transformadores y agregado de valor posteriores”.
Lascano fustigó la idea de que “no vamos a tener clientes para estas producciones cuando hay un mundo ávido de alimentos”.
En ese sentido, el técnico del INTA resaltó que “lo opuesto” a ese proyecto alternativo que plantearon “es desarrollar un valle o varios valles, como se piensa, con proyectos sojeros tratando de producir commodities en competencia con la pampa húmeda”.
El experto describió a la empresa china como un “monstruo” que impondrá las condiciones de comercialización y “negociaría en condiciones inequitativas”. En el documento elaborado por el INTA, los técnicos manifestaron que “es técnicamente inviable” desarrollar áreas irrigadas “a través de un modelo de monocultivo basado en la soja o en cualquier otro producto a gran escala”.
Un convenio Cuestionado
El cuestionado acuerdo sojero firmado el año pasado con la mayor productora de alimentos de China generó una fuerte polémica en Río negro.
El pacto le otorga a la estatal Heilongjiang Farms la concesión por hasta 50 años de 320 mil hectáreas en el valle inferior de Río Negro. Por sólo U$S 1500 millones de inversión, los chinos plantarán soja, colza y otros cultivos, con la particularidad de que no pagarán un solo peso de impuestos y tasas, a pesar del daño al suelo que generan.
La preocupación apunta a indagar acerca de cómo depredará económica y medioambientalmente a la provincia este acuerdo. Según las ONG ambientalistas, se perderán las empresas familiares y pymes del agro, y se contaminarán los ríos.
En ese contexto, la legisladora del Movimiento Evita- FPV Silvia Horne, presentó un proyecto de ley para rechazar el acuerdo. Otros diputados locales opinan que el acuerdo es incostitucional.
Minería: donde la riqueza divide a la sociedad
La historia de una región en donde la riqueza divide a la sociedad
Fecha de Publicación: 17/07/2011
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: La Rioja - Nacional
La más cruda de las exclusiones impera en una zona en la que se extraen minerales y metales "preciosos" valuados en millones de dólares. ¿Por qué no hay pueblos mineros ricos en la Argentina?
Andalgalá, su controvertida situación y su intendente electo, Alejandro Páez, no son una casualidad. Todo ocurre en la primera provincia argentina en donde se produjo el desembarco de los megaproyectos de la minería a cielo abierto, que hoy también se instalaron o planean instalarse en las zonas montañosas de distritos como San Juan, Salta y La Rioja.
Sin pueblos ricos. Una frase común de quienes critican la actual situación en que se desenvuelve la megaminería en Argentina dice que en el país no hay pueblos mineros ricos. Esto es verdad al menos en el caso de Catamarca, provincia que demoró años en dar un ordenamiento de distribución de regalías, favoreciendo así que continúe la desigualdad entre sus diferentes regiones.
Los dos más grandes emprendimientos mineros catamarqueños, la mina de oro y cobre La Alumbrera, en funciones desde la década pasada, y la mina de cobre, molibdeno y oro Agua Rica, que todavía no comenzó a producir, están ubicados en dos de los departamentos más pobres de la provincia.
Los ranchos, las enfermedades de la pobreza, el desempleo, los caminos destruidos, la falta de infraestructura, de servicios mínimos y de oportunidades son una imagen repetida en una zona de la que se extraen metales preciosos por valor de miles de millones de dólares, que acaban engalanando vidrieras o alimentando tesoros bancarios en destinos remotos.
La injusticia es muy evidente para pasar inadvertida. Y la sufren más los habitantes de los pueblos argentinos cercanos a estos grandes emprendimientos, que no tienen un marco legal ni político que los favorezca y que les reconozca algo que merecen: una devolución especial a sus distritos, ya que son los que poseen el recurso natural y serán los afectados por el agotamiento del recurso y sus consecuencias ambientales.
La cena de la megaminería quedó servida de esta manera y las reacciones de los grupos ambientalistas o directamente antimineros, aunque más de una vez destempladas y exageradas, han sido una consecuencia lógica de la manera en que el país desarrolló su nuevo marco minero durante la administración del presidente Carlos Menem .
Hoy, la megaminería a cielo abierto es una política de Estado para la Argentina. Política que comparte con el resto de las naciones sudamericanas, con las que recientemente firmó un acuerdo favorable a este tipo de explotación. Se trata de una política ampliamente criticada por ser muy favorable desde lo económico para las grandes compañías mineras internacionales (Argentina no tiene ninguna empresa que pueda desarrollar un emprendimiento de estas dimensiones) y por dejar dividendos directos casi inexistentes para el país.
Las autoridades nacionales que recalcan los enormes beneficios que dejaría la actividad (miles de empleos directos e indirectos, alto nivel de sueldos, creación de redes de proveedores en cada provincia, tecnologización, etcétera) deben lidiar de manera permanente con los cuestionamientos al marco legal actual y no han respondido la pregunta que se hacen Andalgalá y otros distritos mineros: si la megaminería genera riqueza, ¿por qué Argentina no tiene pueblos mineros ricos?
Negociación cerrada. Las grandes compañías, que obtuvieron un marco legal acorde a sus expectativas gananciales, realizan sus acuerdos primarios en Buenos Aires y luego no prestan más que una atención subsidiaria a las realidades locales donde deben efectuar su actividad extractiva.
En algunos casos, acaban actuando como modestas organizaciones de caridad, donando dineros para un club deportivo local, apoyando iglesias o institutos educativos. Las expectativas de los pueblos mineros hacia ellas son desproporcionadas respecto de lo que finalmente obtienen.
Para Agua Rica, uno de los emprendimientos que genera la división popular en Andalgalá, se suscribió un convenio de cooperación con el municipio en 2006, con el objetivo de “comprometerse con el desarrollo de la comunidad andalgalense y por extensión de toda la provincia a través de distintos programas relacionados con el ambiente, la seguridad social, los proyectos productivos, la capacitación y los proveedores locales”.
Alejandro, contra las mineras
El intendente electo de Andalgalá denuncia que su pueblo vive sumido en la miseria, al lado de minas de oro que producen ganancias de miles de millones de dólares.
Vive en una casa de adobe y techo de chapa que perteneció a su abuela materna. Su vehículo es una moto Gilera de 200 centímetros cúbicos. Alejandro Páez es maestro de matemáticas, tiene 37 años y fue una sorpresa en las últimas elecciones en la provincia de Catamarca. Contra todos los pronósticos, ganó la intendencia de Andalgalá, una ciudad antigua, pequeña y hermosa, ubicada 250 kilómetros al noroeste de la capital.
Páez empuñó un discurso beligerante hacia las autoridades provinciales y las compañías mineras internacionales que, dice, permiten que su pueblo continúe sumido en la pobreza mientras, a pocos kilómetros de ahí, se extraen miles de millones de dólares en metales preciosos.
Andalgalá está ubicada en uno de los ombligos mineros de la Argentina.
En las cercanías de la ciudad funciona la mina de oro La Alumbrera, el más grande emprendimiento minero a cielo abierto del país hasta tanto alcance su desarrollo mayor el proyecto áureo de Pascua Lama, que se construye entre la provincia de San Juan y Chile. Y a muy pocos kilómetros de la plaza principal de los andalgalenses está prevista la apertura de otra mina de oro y cobre gigante: Agua Rica.
Como todo el oeste catamarqueño, Andalgalá vivió una época de sueños dorados. Fue cuando autoridades locales y nacionales les prometieron un futuro de desarrollo a la vuelta de la esquina gracias a los beneficios económicos que les traería la minería en gran escala. Las promesas se vertieron sobre la mejor caja de resonancia: Andalgalá está en la región con mayor índice de necesidades básicas insatisfechas de Catamarca.
Pero como lo sabe cualquiera que haya recorrido recientemente esa zona del país, la megaminería no la ha conducido hacia el desarrollo. El sueño de los miles de habitantes con empleo en la actividad es hoy una recatada realidad de 50 habitantes con trabajo directo en las compañías mineras. Andalgalá no ve claro su futuro y tiene complicado su presente: la ciudad está profundamente dividida entre quienes apoyan y quienes condenan los emprendimientos a cielo abierto.
–¿Cómo se puede estar en contra de la megaminería y ganar las elecciones en una de las zonas mineras más importantes de la Argentina?
–El tema mío con la problemática minera es que tengo una visión escéptica sobre lo que ha dejado hasta hoy la minería a gran escala que se da en mi departamento y en otras zonas de la provincia. Esto no ha dejado certeza en lo económico ni en lo ambiental. Por eso, aun teniendo un superemprendimiento como Bajo La Alumbrera, que ha aportado una ganancia sustancial a la Provincia y sobre todo a la Nación, y que dio ganancias excepcionales a las empresas a las que hasta les permiten evadir cuestiones fiscales, a nosotros y al oeste de la provincia no nos dejó nada.
–¿Cómo cree que deberían cambiar las cosas?
–Mire, tenemos una población de casi 20 mil habitantes y no contamos siquiera con un centro de salud adecuado para la gente; hay que viajar más de 200 kilómetros por cualquier enfermedad. Existe un hospital, pero no tiene profesionales. No hay oftalmólogo, no hay nefrólogo, no hay traumatólogo, no hay un oncólogo, pese a que tenemos una proliferación de casos de cáncer de mama. Justamente ayer, cuando usted me llamó para esta entrevista, no lo pude atender porque estaba en el velorio de una familiar que murió por cáncer de mama. Estuvimos a gritos pidiendo un mamógrafo, por la gran cantidad de decesos que tenemos; nos enviaron uno y hace más de un año que lo tenemos empaquetado y sin funcionar porque no hay personal que lo sepa manejar. Imagínese, si hasta la sala de rayos X está toda partida, por una falla estructural de los cimientos. Lo único que hay es una ambulancia que, cuando llega un caso grave, carga al paciente y lo lleva a la capital por una ruta provincial que está en un estado desastroso. Ni eso tenemos; estamos marginados hasta por las rutas.
–¿Cómo se supera eso?
–Tenemos un solo instituto de estudios superiores, que es la única salida educativa para gente de escasos recursos, y hoy ni siquiera tiene edificio propio: alquila. Esas son cosas que deberían cambiar, para darnos la posibilidad de ir accediendo a un mejor nivel de vida, para no depender siempre del Estado y poder emanciparnos, dentro de nuestras posibilidades. Hoy, una chica que sale del secundario en Andalgalá no tiene el mismo apoyo ni estímulo que un chico que vive en la ciudad. Y si ese adolescente tiene múltiples inconvenientes para acceder al estudio superior y no cuenta con estímulo familiar, porque los padres económicamente por ahí no tienen para pagarle un libro, termina sin estudiar en un tercer nivel y es una persona que en poco tiempo se convierte en mamá o papá muy joven, con dificultades económicas. Eso genera falta de salida laboral, de capacitación, y los deja en manos de las presiones de los políticos de turno. Yo quiero una rama de la universidad de la capital, una oferta laboral más amplia, para que los chicos tengan otras opciones. Si no, siempre emigran a estudiar a La Rioja, Tucumán o Córdoba, si sus padres pueden pagarlo. Tenemos cuatro escuelas secundarias de las que egresan unos 200 alumnos por año, y de los estudios terciarios ninguno está relacionado con la minería.
–¿Los dirigentes anteriores a usted no levantaron esos reclamos?
–Creo que soy parte de una camada de dirigentes que tiene una diferencia generacional clara respecto de los anteriores. Mi partido, el radicalismo provincial, ha estado dominado por una clase económica alta, integrada por comerciantes que usaron la estructura política en favor de sus intereses económicos. Nosotros queremos resguardar los lugares donde vivimos contra el saqueo y el avasallamiento que han sufrido siempre los pobladores de menores recursos. Los viejos políticos entregaron nuestro patrimonio.
-¿Por qué van a creer que usted no va a hacer lo mismo?
-¡Ja, ja! Yo busco mi bienestar personal, pero también el de mis semejantes. Vivo en una casa humilde, soy docente. Ni auto tengo; mi patrimonio personal es una moto común. No soy un potentado. Antes, los candidatos tenían que tener un buen patrimonio; era como que la sociedad veía que si uno había sido exitoso en el manejo de cuestiones económicas, iba a ser buen administrador del municipio. Yo llevo cuatro años ejerciendo de concejal; se dice que la clase política pacta y hace arreglos, pero yo los arreglos los tengo que hacer en la casa de mis abuelos, donde vivo...
–¿La llegada de las grandes mineras les ha solucionado algún problema?
–De empleo, no. Habrá 50 personas de Andalgalá trabajando en la minera, entre más de mil empleados. El municipio tiene 10 veces más empleados: 500. En el caso de la minera Agua Rica, tiene una oficina para cuestiones administrativas en la que está a cargo un ciudadano chileno. Es como si a mí me pusieran a manejar las relaciones sociales en un lugar de Chile del que no conozco sus costumbres. Las mineras sólo hacen acuerdos con nuestra comunidad para dar pequeños beneficios o contribuciones subsidiarias y casi que terminan cogobernando con el municipio. Es como una oficina de caridad grande; no hay programas. La Provincia debería aportar a estos municipios, porque tenemos derechos propios. Es esta la jurisdicción extractiva del recurso no renovable. Agua Rica quiere explotar la montaña a escasos 16 kilómetros del casco céntrico, sobre nuestra cuenca hídrica. Y ambientalmente aquí nadie ha hecho una demostración clara de que la explotación no va a generar contaminación.
–¿Qué respuesta han recibido ante ese temor por una posible contaminación?
–¿Quién va a dar explicaciones? ¡Nadie! Nadie del gobierno actual vino nunca desde que se suscitó esta problemática social. Nunca nadie dio la cara, menos el gobierno. Y la gobernadora electa de Catamarca (la kirchnerista Lucía Corpacci), en vez de venir a conversar a Andalgalá y hablar con los sectores en pugna, para decir “vamos a tener una relación cordial entre quienes defienden y quienes objetan la minería”, lo primero que hizo fue ir a San Juan a reunirse con el gobernador (José Luis) Gioja y luego decir desde la capital que va a instalar un modelo minero similar al de San Juan. Es una estrategia incomprensible; primero debería haber venido a hablar acá.
–¿Ya tuvo contactos con miembros de las mineras?
–Cero contacto. Conmigo nunca se reunieron, porque subestimaron mis posibilidades. Pensaron que no iba a ser elegido. Además, las empresas tienden a ayudar económicamente al candidato afín a sus intereses, no a quienes tienen una visión escéptica del tema.
–¿Sus rivales recibieron ayuda de las mineras?
–Mire, no en los papeles, pero se sobreentiende. Los otros dos candidatos estaban vinculados al poder. Uno era el actual intendente y el otro es proveedor de las mineras. Por eso, jamás pensaron que un joven que hacía campaña en una moto iba a ganar la elección.
–¿Esa división se ve también en la calle?
–Claro. Acá en Andalgalá hay una disyuntiva muy grande, que afectó las relaciones, caló en el seno mismo de las familias. Estamos divididos, porque unos están a favor y otros en contra. Hasta los bares que hay en el casco céntrico están divididos: a uno van los que están a favor de las mineras y a otro los que están en contra. Eso también llévelo al plano educativo. En las escuelas se produce esta disyuntiva que nos ha destruido como sociedad y, mientras le prestamos atención a esto, se nos pasan de largo problemas como el alcoholismo y las drogas, porque focalizamos la atención sólo en esto otro.
–¿Cómo piensa gobernar con esa división?
–Sé que cuando asuma tengo que gobernar para todos, promineros y antimineros. Nuestra estrategia será de cordura. Respecto de la minería, hay cuestiones que puedo trabajar y operar, pero en los grandes problemas la potestad no la tiene el municipio, sino la Provincia o la Nación. A mí me queda ser alcalde de la ciudad y mantener limpias las calles y usar los fondos que lleguen para volcarlos en beneficios productivos para el departamento. Hay que sanear este divisionismo y buscar una sociedad más pujante, defendiendo nuestro territorio.
–¿Se definiría como un intendente antiminero?
–No. No puedo definirme como antiminero, porque acá tenemos otros intereses en la pequeña minería, tenemos otras actividades extractivas, como la de la rodocrosita. El problema es la minería a cielo abierto; soy escéptico respecto de lo que produce esa minería.
–¿Cree incompatible la minería a cielo abierto con el desarrollo de Andalgalá?
–Simplemente, no voy a poder cambiar el contexto nacional e internacional, la política capitalista de la mayor parte del mundo occidental favorece esta actividad. Yo soy simplemente el intendente elegido del pueblo, con una visión determinada. Me han dado la facultad de gobernar para el bien de mi comunidad. No voy a hacer como el intendente actual, que tomó partida por una opinión y se metió en una máquina de picar carne. Tengo que ver cuáles son mis posibilidades; no puedo cambiar la política internacional.
–Pero eso no le impide tener una opinión sobre el problema...
–Este marco es muy malo, muy malo. Cuestiono el marco legal nacional por sus excepcionalidades grandiosas a favor de las mineras y los capitales internacionales.
–Si cambiara el marco legal, ¿aceptaría la megaminería?
–Primero tendrían que demostrarle a mi pueblo que no nos van a contaminar luego de agotar un recurso natural. Como esa demostración nunca se produjo, soy escéptico.
–¿Está en marcha algún estudio para darles esa tranquilidad?
–Si es así, lo desconozco.
–¿Qué le ha respondido el Gobierno provincial?
–Todavía no tengo vinculación alguna con las autoridades provinciales.
–¿Guarda algún recuerdo de las promesas vinculadas a la minería que recibió la región?
–Uh... había una expectativa generalizada, un sueño tan grande... Creíamos que la minería nos iba a cambiar el panorama al ciento por ciento, que íbamos a tener un buen futuro. Cuando vimos las camionetas cuatro por cuatro en que se movían los de las empresas, creímos cuando nos decían que íbamos a tener un sistema de salud grandioso, que íbamos a expandir las rutas, a conectarnos con otras urbes, que habría más de 1.500 empleados en la minera... Era una expectativa grandiosa.
–¿Con qué sueñan ahora en Andalgalá?
–Con las cosas que ya le dije: nada vinculado con el oro.
Fecha de Publicación: 17/07/2011
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: La Rioja - Nacional
La más cruda de las exclusiones impera en una zona en la que se extraen minerales y metales "preciosos" valuados en millones de dólares. ¿Por qué no hay pueblos mineros ricos en la Argentina?
Andalgalá, su controvertida situación y su intendente electo, Alejandro Páez, no son una casualidad. Todo ocurre en la primera provincia argentina en donde se produjo el desembarco de los megaproyectos de la minería a cielo abierto, que hoy también se instalaron o planean instalarse en las zonas montañosas de distritos como San Juan, Salta y La Rioja.
Sin pueblos ricos. Una frase común de quienes critican la actual situación en que se desenvuelve la megaminería en Argentina dice que en el país no hay pueblos mineros ricos. Esto es verdad al menos en el caso de Catamarca, provincia que demoró años en dar un ordenamiento de distribución de regalías, favoreciendo así que continúe la desigualdad entre sus diferentes regiones.
Los dos más grandes emprendimientos mineros catamarqueños, la mina de oro y cobre La Alumbrera, en funciones desde la década pasada, y la mina de cobre, molibdeno y oro Agua Rica, que todavía no comenzó a producir, están ubicados en dos de los departamentos más pobres de la provincia.
Los ranchos, las enfermedades de la pobreza, el desempleo, los caminos destruidos, la falta de infraestructura, de servicios mínimos y de oportunidades son una imagen repetida en una zona de la que se extraen metales preciosos por valor de miles de millones de dólares, que acaban engalanando vidrieras o alimentando tesoros bancarios en destinos remotos.
La injusticia es muy evidente para pasar inadvertida. Y la sufren más los habitantes de los pueblos argentinos cercanos a estos grandes emprendimientos, que no tienen un marco legal ni político que los favorezca y que les reconozca algo que merecen: una devolución especial a sus distritos, ya que son los que poseen el recurso natural y serán los afectados por el agotamiento del recurso y sus consecuencias ambientales.
La cena de la megaminería quedó servida de esta manera y las reacciones de los grupos ambientalistas o directamente antimineros, aunque más de una vez destempladas y exageradas, han sido una consecuencia lógica de la manera en que el país desarrolló su nuevo marco minero durante la administración del presidente Carlos Menem .
Hoy, la megaminería a cielo abierto es una política de Estado para la Argentina. Política que comparte con el resto de las naciones sudamericanas, con las que recientemente firmó un acuerdo favorable a este tipo de explotación. Se trata de una política ampliamente criticada por ser muy favorable desde lo económico para las grandes compañías mineras internacionales (Argentina no tiene ninguna empresa que pueda desarrollar un emprendimiento de estas dimensiones) y por dejar dividendos directos casi inexistentes para el país.
Las autoridades nacionales que recalcan los enormes beneficios que dejaría la actividad (miles de empleos directos e indirectos, alto nivel de sueldos, creación de redes de proveedores en cada provincia, tecnologización, etcétera) deben lidiar de manera permanente con los cuestionamientos al marco legal actual y no han respondido la pregunta que se hacen Andalgalá y otros distritos mineros: si la megaminería genera riqueza, ¿por qué Argentina no tiene pueblos mineros ricos?
Negociación cerrada. Las grandes compañías, que obtuvieron un marco legal acorde a sus expectativas gananciales, realizan sus acuerdos primarios en Buenos Aires y luego no prestan más que una atención subsidiaria a las realidades locales donde deben efectuar su actividad extractiva.
En algunos casos, acaban actuando como modestas organizaciones de caridad, donando dineros para un club deportivo local, apoyando iglesias o institutos educativos. Las expectativas de los pueblos mineros hacia ellas son desproporcionadas respecto de lo que finalmente obtienen.
Para Agua Rica, uno de los emprendimientos que genera la división popular en Andalgalá, se suscribió un convenio de cooperación con el municipio en 2006, con el objetivo de “comprometerse con el desarrollo de la comunidad andalgalense y por extensión de toda la provincia a través de distintos programas relacionados con el ambiente, la seguridad social, los proyectos productivos, la capacitación y los proveedores locales”.
Alejandro, contra las mineras
El intendente electo de Andalgalá denuncia que su pueblo vive sumido en la miseria, al lado de minas de oro que producen ganancias de miles de millones de dólares.
Vive en una casa de adobe y techo de chapa que perteneció a su abuela materna. Su vehículo es una moto Gilera de 200 centímetros cúbicos. Alejandro Páez es maestro de matemáticas, tiene 37 años y fue una sorpresa en las últimas elecciones en la provincia de Catamarca. Contra todos los pronósticos, ganó la intendencia de Andalgalá, una ciudad antigua, pequeña y hermosa, ubicada 250 kilómetros al noroeste de la capital.
Páez empuñó un discurso beligerante hacia las autoridades provinciales y las compañías mineras internacionales que, dice, permiten que su pueblo continúe sumido en la pobreza mientras, a pocos kilómetros de ahí, se extraen miles de millones de dólares en metales preciosos.
Andalgalá está ubicada en uno de los ombligos mineros de la Argentina.
En las cercanías de la ciudad funciona la mina de oro La Alumbrera, el más grande emprendimiento minero a cielo abierto del país hasta tanto alcance su desarrollo mayor el proyecto áureo de Pascua Lama, que se construye entre la provincia de San Juan y Chile. Y a muy pocos kilómetros de la plaza principal de los andalgalenses está prevista la apertura de otra mina de oro y cobre gigante: Agua Rica.
Como todo el oeste catamarqueño, Andalgalá vivió una época de sueños dorados. Fue cuando autoridades locales y nacionales les prometieron un futuro de desarrollo a la vuelta de la esquina gracias a los beneficios económicos que les traería la minería en gran escala. Las promesas se vertieron sobre la mejor caja de resonancia: Andalgalá está en la región con mayor índice de necesidades básicas insatisfechas de Catamarca.
Pero como lo sabe cualquiera que haya recorrido recientemente esa zona del país, la megaminería no la ha conducido hacia el desarrollo. El sueño de los miles de habitantes con empleo en la actividad es hoy una recatada realidad de 50 habitantes con trabajo directo en las compañías mineras. Andalgalá no ve claro su futuro y tiene complicado su presente: la ciudad está profundamente dividida entre quienes apoyan y quienes condenan los emprendimientos a cielo abierto.
–¿Cómo se puede estar en contra de la megaminería y ganar las elecciones en una de las zonas mineras más importantes de la Argentina?
–El tema mío con la problemática minera es que tengo una visión escéptica sobre lo que ha dejado hasta hoy la minería a gran escala que se da en mi departamento y en otras zonas de la provincia. Esto no ha dejado certeza en lo económico ni en lo ambiental. Por eso, aun teniendo un superemprendimiento como Bajo La Alumbrera, que ha aportado una ganancia sustancial a la Provincia y sobre todo a la Nación, y que dio ganancias excepcionales a las empresas a las que hasta les permiten evadir cuestiones fiscales, a nosotros y al oeste de la provincia no nos dejó nada.
–¿Cómo cree que deberían cambiar las cosas?
–Mire, tenemos una población de casi 20 mil habitantes y no contamos siquiera con un centro de salud adecuado para la gente; hay que viajar más de 200 kilómetros por cualquier enfermedad. Existe un hospital, pero no tiene profesionales. No hay oftalmólogo, no hay nefrólogo, no hay traumatólogo, no hay un oncólogo, pese a que tenemos una proliferación de casos de cáncer de mama. Justamente ayer, cuando usted me llamó para esta entrevista, no lo pude atender porque estaba en el velorio de una familiar que murió por cáncer de mama. Estuvimos a gritos pidiendo un mamógrafo, por la gran cantidad de decesos que tenemos; nos enviaron uno y hace más de un año que lo tenemos empaquetado y sin funcionar porque no hay personal que lo sepa manejar. Imagínese, si hasta la sala de rayos X está toda partida, por una falla estructural de los cimientos. Lo único que hay es una ambulancia que, cuando llega un caso grave, carga al paciente y lo lleva a la capital por una ruta provincial que está en un estado desastroso. Ni eso tenemos; estamos marginados hasta por las rutas.
–¿Cómo se supera eso?
–Tenemos un solo instituto de estudios superiores, que es la única salida educativa para gente de escasos recursos, y hoy ni siquiera tiene edificio propio: alquila. Esas son cosas que deberían cambiar, para darnos la posibilidad de ir accediendo a un mejor nivel de vida, para no depender siempre del Estado y poder emanciparnos, dentro de nuestras posibilidades. Hoy, una chica que sale del secundario en Andalgalá no tiene el mismo apoyo ni estímulo que un chico que vive en la ciudad. Y si ese adolescente tiene múltiples inconvenientes para acceder al estudio superior y no cuenta con estímulo familiar, porque los padres económicamente por ahí no tienen para pagarle un libro, termina sin estudiar en un tercer nivel y es una persona que en poco tiempo se convierte en mamá o papá muy joven, con dificultades económicas. Eso genera falta de salida laboral, de capacitación, y los deja en manos de las presiones de los políticos de turno. Yo quiero una rama de la universidad de la capital, una oferta laboral más amplia, para que los chicos tengan otras opciones. Si no, siempre emigran a estudiar a La Rioja, Tucumán o Córdoba, si sus padres pueden pagarlo. Tenemos cuatro escuelas secundarias de las que egresan unos 200 alumnos por año, y de los estudios terciarios ninguno está relacionado con la minería.
–¿Los dirigentes anteriores a usted no levantaron esos reclamos?
–Creo que soy parte de una camada de dirigentes que tiene una diferencia generacional clara respecto de los anteriores. Mi partido, el radicalismo provincial, ha estado dominado por una clase económica alta, integrada por comerciantes que usaron la estructura política en favor de sus intereses económicos. Nosotros queremos resguardar los lugares donde vivimos contra el saqueo y el avasallamiento que han sufrido siempre los pobladores de menores recursos. Los viejos políticos entregaron nuestro patrimonio.
-¿Por qué van a creer que usted no va a hacer lo mismo?
-¡Ja, ja! Yo busco mi bienestar personal, pero también el de mis semejantes. Vivo en una casa humilde, soy docente. Ni auto tengo; mi patrimonio personal es una moto común. No soy un potentado. Antes, los candidatos tenían que tener un buen patrimonio; era como que la sociedad veía que si uno había sido exitoso en el manejo de cuestiones económicas, iba a ser buen administrador del municipio. Yo llevo cuatro años ejerciendo de concejal; se dice que la clase política pacta y hace arreglos, pero yo los arreglos los tengo que hacer en la casa de mis abuelos, donde vivo...
–¿La llegada de las grandes mineras les ha solucionado algún problema?
–De empleo, no. Habrá 50 personas de Andalgalá trabajando en la minera, entre más de mil empleados. El municipio tiene 10 veces más empleados: 500. En el caso de la minera Agua Rica, tiene una oficina para cuestiones administrativas en la que está a cargo un ciudadano chileno. Es como si a mí me pusieran a manejar las relaciones sociales en un lugar de Chile del que no conozco sus costumbres. Las mineras sólo hacen acuerdos con nuestra comunidad para dar pequeños beneficios o contribuciones subsidiarias y casi que terminan cogobernando con el municipio. Es como una oficina de caridad grande; no hay programas. La Provincia debería aportar a estos municipios, porque tenemos derechos propios. Es esta la jurisdicción extractiva del recurso no renovable. Agua Rica quiere explotar la montaña a escasos 16 kilómetros del casco céntrico, sobre nuestra cuenca hídrica. Y ambientalmente aquí nadie ha hecho una demostración clara de que la explotación no va a generar contaminación.
–¿Qué respuesta han recibido ante ese temor por una posible contaminación?
–¿Quién va a dar explicaciones? ¡Nadie! Nadie del gobierno actual vino nunca desde que se suscitó esta problemática social. Nunca nadie dio la cara, menos el gobierno. Y la gobernadora electa de Catamarca (la kirchnerista Lucía Corpacci), en vez de venir a conversar a Andalgalá y hablar con los sectores en pugna, para decir “vamos a tener una relación cordial entre quienes defienden y quienes objetan la minería”, lo primero que hizo fue ir a San Juan a reunirse con el gobernador (José Luis) Gioja y luego decir desde la capital que va a instalar un modelo minero similar al de San Juan. Es una estrategia incomprensible; primero debería haber venido a hablar acá.
–¿Ya tuvo contactos con miembros de las mineras?
–Cero contacto. Conmigo nunca se reunieron, porque subestimaron mis posibilidades. Pensaron que no iba a ser elegido. Además, las empresas tienden a ayudar económicamente al candidato afín a sus intereses, no a quienes tienen una visión escéptica del tema.
–¿Sus rivales recibieron ayuda de las mineras?
–Mire, no en los papeles, pero se sobreentiende. Los otros dos candidatos estaban vinculados al poder. Uno era el actual intendente y el otro es proveedor de las mineras. Por eso, jamás pensaron que un joven que hacía campaña en una moto iba a ganar la elección.
–¿Esa división se ve también en la calle?
–Claro. Acá en Andalgalá hay una disyuntiva muy grande, que afectó las relaciones, caló en el seno mismo de las familias. Estamos divididos, porque unos están a favor y otros en contra. Hasta los bares que hay en el casco céntrico están divididos: a uno van los que están a favor de las mineras y a otro los que están en contra. Eso también llévelo al plano educativo. En las escuelas se produce esta disyuntiva que nos ha destruido como sociedad y, mientras le prestamos atención a esto, se nos pasan de largo problemas como el alcoholismo y las drogas, porque focalizamos la atención sólo en esto otro.
–¿Cómo piensa gobernar con esa división?
–Sé que cuando asuma tengo que gobernar para todos, promineros y antimineros. Nuestra estrategia será de cordura. Respecto de la minería, hay cuestiones que puedo trabajar y operar, pero en los grandes problemas la potestad no la tiene el municipio, sino la Provincia o la Nación. A mí me queda ser alcalde de la ciudad y mantener limpias las calles y usar los fondos que lleguen para volcarlos en beneficios productivos para el departamento. Hay que sanear este divisionismo y buscar una sociedad más pujante, defendiendo nuestro territorio.
–¿Se definiría como un intendente antiminero?
–No. No puedo definirme como antiminero, porque acá tenemos otros intereses en la pequeña minería, tenemos otras actividades extractivas, como la de la rodocrosita. El problema es la minería a cielo abierto; soy escéptico respecto de lo que produce esa minería.
–¿Cree incompatible la minería a cielo abierto con el desarrollo de Andalgalá?
–Simplemente, no voy a poder cambiar el contexto nacional e internacional, la política capitalista de la mayor parte del mundo occidental favorece esta actividad. Yo soy simplemente el intendente elegido del pueblo, con una visión determinada. Me han dado la facultad de gobernar para el bien de mi comunidad. No voy a hacer como el intendente actual, que tomó partida por una opinión y se metió en una máquina de picar carne. Tengo que ver cuáles son mis posibilidades; no puedo cambiar la política internacional.
–Pero eso no le impide tener una opinión sobre el problema...
–Este marco es muy malo, muy malo. Cuestiono el marco legal nacional por sus excepcionalidades grandiosas a favor de las mineras y los capitales internacionales.
–Si cambiara el marco legal, ¿aceptaría la megaminería?
–Primero tendrían que demostrarle a mi pueblo que no nos van a contaminar luego de agotar un recurso natural. Como esa demostración nunca se produjo, soy escéptico.
–¿Está en marcha algún estudio para darles esa tranquilidad?
–Si es así, lo desconozco.
–¿Qué le ha respondido el Gobierno provincial?
–Todavía no tengo vinculación alguna con las autoridades provinciales.
–¿Guarda algún recuerdo de las promesas vinculadas a la minería que recibió la región?
–Uh... había una expectativa generalizada, un sueño tan grande... Creíamos que la minería nos iba a cambiar el panorama al ciento por ciento, que íbamos a tener un buen futuro. Cuando vimos las camionetas cuatro por cuatro en que se movían los de las empresas, creímos cuando nos decían que íbamos a tener un sistema de salud grandioso, que íbamos a expandir las rutas, a conectarnos con otras urbes, que habría más de 1.500 empleados en la minera... Era una expectativa grandiosa.
–¿Con qué sueñan ahora en Andalgalá?
–Con las cosas que ya le dije: nada vinculado con el oro.
Salí-Dulce: a juicio dos causas por contaminación
El juez Racedo eleva a juicio oral dos causas por contaminación de la cuenca Salí-Dulce
Fecha de Publicación: 16/07/2011
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Las resoluciones del magistrado federal subrogante involucran a tres directivos: dos de la citrícola Cota y uno del frigorífico La Barraca. El juez consideró probado que los establecimientos contaminan los cauces de agua por medio del vertido de residuos industriales La unidad judicial a cargo del juez subrogante Mario Racedo investiga a 22 establecimientos fabriles tucumanos por supuesta contaminación de la Cuenca Salí-Dulce.
Tras al menos seis años de discusión judicial, Mario Racedo, magistrado subrogante del Juzgado Federal Nº2, ha decidido elevar a juicio oral dos expedientes por contaminación del río Salí iniciados a raíz de una denuncia genérica que el Gobierno de Santiago del Estero presentó a mediados de la década pasada. Las resoluciones han recaído en procesos que involucran a directivos de la citrícola Cota (José Antonio Trujillo y Miguel Paz Posse) y del frigorífico La Barraca (Manuel Aarón Bliman), todos ellos con procesamientos confirmados por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.
Racedo consideró que las instrucciones a cargo del fiscal Carlos Brito prueban que los establecimientos mencionados alteran nocivamente -mediante el vertido de efluentes industriales- los cursos de agua de la provincia que desembocan en la cuenca Salí-Dulce. El magistrado ha encuadrado las conductas delictivas de los procesados en el artículo 55 de la Ley de Desechos Peligrosos (Nº24.051), que reprime con reclusión o prisión de tres a diez años al que, utilizando los residuos a los que hace referencia la norma, envenenare, adulterare o contaminare -con riesgo para la salud- el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general.
Aunque el auto de elevación a juicio oral es inapelable en virtud del artículo 352 del Código Procesal Penal de la Nación, ambas causas tienen excepciones, nulidades y otros planteos pendientes de resolución en el tribunal de alzada. En paralelo, los procesados pueden solicitar el beneficio de la suspensión del proceso a prueba (ver "Analizan una ’probation"...) hasta antes de la apertura del debate en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán.
Vida acuática reducida
Diferentes peritajes practicados con control de parte determinaron que los residuos fabriles de la citrícola Cota contaminaban las aguas del canal a cielo abierto denominado arroyo "Tafí". Emitido en mayo de este año, el auto de elevación a juicio oral estableció la ruta de este cauce, que cruza la ciudad de Tafí Viejo, atraviesa la zona este de la Capital, se conecta con el canal Norte y, por fin, desemboca en el río que, a su vez, es tributario del dique Frontal de Las Termas de Río Hondo (Santiago del Estero).
Los imputados Trujillo y Paz Posse negaron que los desechos que Cota vierte en el arroyo Tafí sean peligrosos: "estos provienen del lavado de la cáscara del limón, proceso que los convierte en aguas con azúcares disueltos... que se van decantando en el trayecto hacia el Salí". Sin embargo, el juez advirtió que una sustancia que no es tóxica en sí misma se transforma en peligrosa cuando es arrojada en grandes cantidades a un arroyo: "como consecuencia de ello, el Tafí presenta parámetros elevados de demanda biológica y química de oxígeno (DBO y DQO), lo que deriva en el agotamiento considerable de las reservas de oxígeno y, por ende, en la reducción de la vida acuática".
El auto de Racedo recuerda que el propio Paz Posse admitió que Cota había intentado bajar los niveles de DBO y DQO, y alegó que los parámetros que fija la ley son de imposible cumplimiento para este tipo de industria. Dicho reconocimiento ha autorizado al magistrado a considerar que los imputados conocían las deficiencias de la planta en materia de tratamiento de residuos industriales y, sin embargo, no dispusieron las acciones útiles para reducir la contaminación del arroyo.
Delito de peligro
Diversas inspecciones ejecutadas en el frigorífico La Barraca, situado en el Municipio de Banda del Río Salí, concluyeron que este establecimiento descarga sus efluentes por un conducto subterráneo que llega hasta el río. Al igual que en el caso "Cota", las muestras de desechos fabriles estudiadas en el laboratorio de la División Medio Ambiente de Gendarmería Nacional permitieron constatar un exceso en los niveles de DBO y DQO, y en otros valores analizados según los parámetros de la Ley 24.051.
En la indagatoria, Bliman, propietario del frigorífico, afirmó que la planta no vierte los residuos directamente sobre el Salí, sino que aquellos entran en el sistema cloacal de responsabilidad de la Sociedad Aguas del Tucumán y que, por ende, esta empresa está obligada aplicar un tratamiento secundario de los efluentes. Bliman explicó además que el conducto fue creado antes de que allí se instalaran familias que, con el tiempo, incluso rompieron las tuberías para volcar sus desechos cloacales a la red que usa La Barraca.
Pese a esos y otros argumentos, nuevos peritajes técnicos confirmaron que los efluentes del frigorífico alteraban el suelo, el agua y la atmósfera. En el auto firmado en junio de 2011, Racedo aseveró que el ilícito discutido es un delito de peligro: "por lo que no se requiere una efectiva lesión del bien jurídico protegido (la salud pública), sino que resulta suficiente colocar en riesgo dicho bien".
"Pantanal putrefacto"
Cota y La Barraca integran el grupo de 22 empresas tucumanas investigadas por el Juzgado Federal Nº2 a instancias de la denuncia "madre" que el Gobierno de Santiago del Estero presentó en 2005, después de una serie de acciones, reclamos y gestiones inconducentes en la Justicia local, el Poder Ejecutivo tucumano y la Nación. Durante aquel año, las autoridades de la provincia vecina hicieron público un informe técnico que afirmaba que el vertido de desechos cloacales e industriales en los ríos Salí (Tucumán) y Dulce (Santiago) habían transformado al dique Frontal de Las Termas de Río Hondo en un "pantanal putrefacto".
Este diagnóstico no ha mejorado pese a los anuncios de inversiones, los programas de reconversión industrial (el último de ellos fue anunciado este 7 de julio, en la Casa de Gobierno de Tucumán) y los compromisos contraídos por empresarios y el Estado. Por el contrario, a finales de mayo, un equipo del Comité de la Cuenca Salí-Dulce (órgano creado en marzo de 2007 a instancias del entonces presidente Néstor Kirchner) constató que la contaminación es aún más grave que la observada en años anteriores.
Los procesos sustanciados en la Justicia Federal atacan el origen de ese problema interjurisdiccional (atañe a cinco provincias argentinas: Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba). Pero los Tribunales no pueden resolver -en soledad- este viejo y complejo conflicto cultural, económico y social: los avances significativos y consistentes dependen de una política de Estado que permita superar la frustrante dicotomía entre producción -es decir, generación y sostenimiento de fuentes de trabajo- y protección del ambiente actualmente implícita en las acciones judiciales dirigidas al saneamiento de la cuenca Salí-Dulce.
Fecha de Publicación: 16/07/2011
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Las resoluciones del magistrado federal subrogante involucran a tres directivos: dos de la citrícola Cota y uno del frigorífico La Barraca. El juez consideró probado que los establecimientos contaminan los cauces de agua por medio del vertido de residuos industriales La unidad judicial a cargo del juez subrogante Mario Racedo investiga a 22 establecimientos fabriles tucumanos por supuesta contaminación de la Cuenca Salí-Dulce.
Tras al menos seis años de discusión judicial, Mario Racedo, magistrado subrogante del Juzgado Federal Nº2, ha decidido elevar a juicio oral dos expedientes por contaminación del río Salí iniciados a raíz de una denuncia genérica que el Gobierno de Santiago del Estero presentó a mediados de la década pasada. Las resoluciones han recaído en procesos que involucran a directivos de la citrícola Cota (José Antonio Trujillo y Miguel Paz Posse) y del frigorífico La Barraca (Manuel Aarón Bliman), todos ellos con procesamientos confirmados por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.
Racedo consideró que las instrucciones a cargo del fiscal Carlos Brito prueban que los establecimientos mencionados alteran nocivamente -mediante el vertido de efluentes industriales- los cursos de agua de la provincia que desembocan en la cuenca Salí-Dulce. El magistrado ha encuadrado las conductas delictivas de los procesados en el artículo 55 de la Ley de Desechos Peligrosos (Nº24.051), que reprime con reclusión o prisión de tres a diez años al que, utilizando los residuos a los que hace referencia la norma, envenenare, adulterare o contaminare -con riesgo para la salud- el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general.
Aunque el auto de elevación a juicio oral es inapelable en virtud del artículo 352 del Código Procesal Penal de la Nación, ambas causas tienen excepciones, nulidades y otros planteos pendientes de resolución en el tribunal de alzada. En paralelo, los procesados pueden solicitar el beneficio de la suspensión del proceso a prueba (ver "Analizan una ’probation"...) hasta antes de la apertura del debate en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán.
Vida acuática reducida
Diferentes peritajes practicados con control de parte determinaron que los residuos fabriles de la citrícola Cota contaminaban las aguas del canal a cielo abierto denominado arroyo "Tafí". Emitido en mayo de este año, el auto de elevación a juicio oral estableció la ruta de este cauce, que cruza la ciudad de Tafí Viejo, atraviesa la zona este de la Capital, se conecta con el canal Norte y, por fin, desemboca en el río que, a su vez, es tributario del dique Frontal de Las Termas de Río Hondo (Santiago del Estero).
Los imputados Trujillo y Paz Posse negaron que los desechos que Cota vierte en el arroyo Tafí sean peligrosos: "estos provienen del lavado de la cáscara del limón, proceso que los convierte en aguas con azúcares disueltos... que se van decantando en el trayecto hacia el Salí". Sin embargo, el juez advirtió que una sustancia que no es tóxica en sí misma se transforma en peligrosa cuando es arrojada en grandes cantidades a un arroyo: "como consecuencia de ello, el Tafí presenta parámetros elevados de demanda biológica y química de oxígeno (DBO y DQO), lo que deriva en el agotamiento considerable de las reservas de oxígeno y, por ende, en la reducción de la vida acuática".
El auto de Racedo recuerda que el propio Paz Posse admitió que Cota había intentado bajar los niveles de DBO y DQO, y alegó que los parámetros que fija la ley son de imposible cumplimiento para este tipo de industria. Dicho reconocimiento ha autorizado al magistrado a considerar que los imputados conocían las deficiencias de la planta en materia de tratamiento de residuos industriales y, sin embargo, no dispusieron las acciones útiles para reducir la contaminación del arroyo.
Delito de peligro
Diversas inspecciones ejecutadas en el frigorífico La Barraca, situado en el Municipio de Banda del Río Salí, concluyeron que este establecimiento descarga sus efluentes por un conducto subterráneo que llega hasta el río. Al igual que en el caso "Cota", las muestras de desechos fabriles estudiadas en el laboratorio de la División Medio Ambiente de Gendarmería Nacional permitieron constatar un exceso en los niveles de DBO y DQO, y en otros valores analizados según los parámetros de la Ley 24.051.
En la indagatoria, Bliman, propietario del frigorífico, afirmó que la planta no vierte los residuos directamente sobre el Salí, sino que aquellos entran en el sistema cloacal de responsabilidad de la Sociedad Aguas del Tucumán y que, por ende, esta empresa está obligada aplicar un tratamiento secundario de los efluentes. Bliman explicó además que el conducto fue creado antes de que allí se instalaran familias que, con el tiempo, incluso rompieron las tuberías para volcar sus desechos cloacales a la red que usa La Barraca.
Pese a esos y otros argumentos, nuevos peritajes técnicos confirmaron que los efluentes del frigorífico alteraban el suelo, el agua y la atmósfera. En el auto firmado en junio de 2011, Racedo aseveró que el ilícito discutido es un delito de peligro: "por lo que no se requiere una efectiva lesión del bien jurídico protegido (la salud pública), sino que resulta suficiente colocar en riesgo dicho bien".
"Pantanal putrefacto"
Cota y La Barraca integran el grupo de 22 empresas tucumanas investigadas por el Juzgado Federal Nº2 a instancias de la denuncia "madre" que el Gobierno de Santiago del Estero presentó en 2005, después de una serie de acciones, reclamos y gestiones inconducentes en la Justicia local, el Poder Ejecutivo tucumano y la Nación. Durante aquel año, las autoridades de la provincia vecina hicieron público un informe técnico que afirmaba que el vertido de desechos cloacales e industriales en los ríos Salí (Tucumán) y Dulce (Santiago) habían transformado al dique Frontal de Las Termas de Río Hondo en un "pantanal putrefacto".
Este diagnóstico no ha mejorado pese a los anuncios de inversiones, los programas de reconversión industrial (el último de ellos fue anunciado este 7 de julio, en la Casa de Gobierno de Tucumán) y los compromisos contraídos por empresarios y el Estado. Por el contrario, a finales de mayo, un equipo del Comité de la Cuenca Salí-Dulce (órgano creado en marzo de 2007 a instancias del entonces presidente Néstor Kirchner) constató que la contaminación es aún más grave que la observada en años anteriores.
Los procesos sustanciados en la Justicia Federal atacan el origen de ese problema interjurisdiccional (atañe a cinco provincias argentinas: Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba). Pero los Tribunales no pueden resolver -en soledad- este viejo y complejo conflicto cultural, económico y social: los avances significativos y consistentes dependen de una política de Estado que permita superar la frustrante dicotomía entre producción -es decir, generación y sostenimiento de fuentes de trabajo- y protección del ambiente actualmente implícita en las acciones judiciales dirigidas al saneamiento de la cuenca Salí-Dulce.
Reacciones por la caída de la ley de fitosanitarios
Reacciones por la caída de la ley de fitosanitarios
Fecha de Publicación: 15/07/2011
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
El ministro de Gobierno de la provincia, Antonio Bonfatti, calificó de "lamentable" que la ley de fitosanitarios 11.273, una iniciativa que intentaba limitar el abundante uso de químicos aplicados al agro cerca de comunidades santafesinas, haya perdido estado parlamentario en la Cámara de Senadores, y atribuyó esa situación a que "en ese ámbito los temas trascendentes se bloquean pese a que en la de Diputados fue aprobado. Los senadores tienen que ponerse los pantalones largos y si no acuerdan con ese proyecto, por lo menos que traten otro consensuado", disparó.
Desde hace cinco años hay proyectos para limitar el uso de agroquímicos en la Legislatura, los que no fueron tratados por los senadores, en su mayoría reutemista y obeidistas. "Hay que buscar una solución justa entre lo que significa la producción y la salud de la población. Pero desde Senadores es sistemática la oposición para tratar este tema, como sucedió también con la reforma tributaria", dijo Bonfatti.
A su juicio, "habrá que volver a enviar un proyecto a la Legislatura para que sea debatido y se busque un consenso. El Senado tendría que abordar este tema, al menos para decir que no están de acuerdo con lo que se aprobó en Diputados y hay que cambiarlo. Pero ni siquiera eso se da".
En sintonía con Bonfatti se expresó el diputado firmatense por el Frente Progresista, Gabriel Real, quien resaltó que "fue una vergüenza que la ley haya perdido estado parlamentario. Estas son cosas que no deben volver a suceder y por eso es necesario que el próximo gobierno cuente con mayoría en Diputados y Senadores".
Fecha de Publicación: 15/07/2011
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
El ministro de Gobierno de la provincia, Antonio Bonfatti, calificó de "lamentable" que la ley de fitosanitarios 11.273, una iniciativa que intentaba limitar el abundante uso de químicos aplicados al agro cerca de comunidades santafesinas, haya perdido estado parlamentario en la Cámara de Senadores, y atribuyó esa situación a que "en ese ámbito los temas trascendentes se bloquean pese a que en la de Diputados fue aprobado. Los senadores tienen que ponerse los pantalones largos y si no acuerdan con ese proyecto, por lo menos que traten otro consensuado", disparó.
Desde hace cinco años hay proyectos para limitar el uso de agroquímicos en la Legislatura, los que no fueron tratados por los senadores, en su mayoría reutemista y obeidistas. "Hay que buscar una solución justa entre lo que significa la producción y la salud de la población. Pero desde Senadores es sistemática la oposición para tratar este tema, como sucedió también con la reforma tributaria", dijo Bonfatti.
A su juicio, "habrá que volver a enviar un proyecto a la Legislatura para que sea debatido y se busque un consenso. El Senado tendría que abordar este tema, al menos para decir que no están de acuerdo con lo que se aprobó en Diputados y hay que cambiarlo. Pero ni siquiera eso se da".
En sintonía con Bonfatti se expresó el diputado firmatense por el Frente Progresista, Gabriel Real, quien resaltó que "fue una vergüenza que la ley haya perdido estado parlamentario. Estas son cosas que no deben volver a suceder y por eso es necesario que el próximo gobierno cuente con mayoría en Diputados y Senadores".
Central nuclear de Embalse: Postergan la parada
Postergan un año la parada de la central nuclear de Embalse
Fecha de Publicación: 15/07/2011
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Lo admitió el ministro Julio De Vido en Córdoba. El proceso es necesario para que la planta energética tenga mayor vida útil.
Autoridades nacionales admitieron que la central nuclear de Embalse continuará en servicio hasta que se ponga en marcha la usina de Atucha II. De este modo, confirmaron el anticipo de La Voz del Interior , en marzo pasado, de que no sería en 2011 la parada de la planta cordobesa, tal como se había programado al anunciarse el proyecto de extensión de su vida útil.
La central de Embalse, con su reactor ya envejecido, debe salir de servicio tras 26 años de actividad. En lugar de desmantelarla, el Gobierno nacional eligió la otra opción posible: reciclar la planta renovando sus equipamientos vitales, para que genere energía por 25 años más. Para esas obras debería estar al menos un año y medio parada.
En su visita a Río Tercero, el miércoles último, para inaugurar una usina termoeléctrica de la empresa Gecor, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, ratificó la continuidad del proyecto de extensión de vida útil de la atómica de Calamuchita y reconoció que la fecha de su salida de servicio depende de la puesta en marcha de la tercera central atómica, en construcción.
“Estamos combinando lo de Embalse con el arranque de Atucha II, generando con menor potencia que es lo que está permitido dentro de la norma. Y la vamos a ir apagando de a poco, a medida que vayamos poniendo también de a poco en marcha Atucha II”, señaló el ministro.
De Vido calculó que “en el primer trimestre de 2012” estaría en marcha la nueva usina bonaerense, pegada a otra atómica ya existente. Según anunció, en octubre próximo sería inaugurada.
La planta cordobesa genera alrededor del cuatro por ciento del total de la energía que consume hoy el país. Su salida de servicio, sin el ingreso de otra fuente, representaría un problema dado que la oferta de energía está en el límite de la demanda.
Mientras, directivos de Nucleoeléctrica Argentina, la empresa estatal que administra las centrales nucleares, admitieron que por razones de seguridad la salida de servicio no se puede prorrogar indefinidamente, aunque aclararon que la situación se va “relevando permanentemente” para tener garantías sobre el estado de funcionamiento.
El proyecto de extensión de vida útil fue iniciado hace tres años y aprobado por el Congreso. Demandaría unos mil millones de dólares. En la empresa, señalan que ese costo sería la mitad del de una central nueva.
Hace un mes, el diario Perfil publicó que tras el accidente en la central japonesa de Fukushima, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) resolvió introducir una modificación al diseño original de Atucha II, para permitir una parada rápida del reactor en caso de accidente severo, y adaptarlo a las nuevas normas de seguridad internacional. Esa modificación, si efectivamente se aplica, generaría una demora adicional en la puesta en marcha.
Tras el accidente en Japón, provocado por el terremoto, algunos países europeos anunciaron revisiones a sus planes de generación nuclear. En Argentina, se ratificó la continuidad de los proyectos previstos.
Fecha de Publicación: 15/07/2011
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Lo admitió el ministro Julio De Vido en Córdoba. El proceso es necesario para que la planta energética tenga mayor vida útil.
Autoridades nacionales admitieron que la central nuclear de Embalse continuará en servicio hasta que se ponga en marcha la usina de Atucha II. De este modo, confirmaron el anticipo de La Voz del Interior , en marzo pasado, de que no sería en 2011 la parada de la planta cordobesa, tal como se había programado al anunciarse el proyecto de extensión de su vida útil.
La central de Embalse, con su reactor ya envejecido, debe salir de servicio tras 26 años de actividad. En lugar de desmantelarla, el Gobierno nacional eligió la otra opción posible: reciclar la planta renovando sus equipamientos vitales, para que genere energía por 25 años más. Para esas obras debería estar al menos un año y medio parada.
En su visita a Río Tercero, el miércoles último, para inaugurar una usina termoeléctrica de la empresa Gecor, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, ratificó la continuidad del proyecto de extensión de vida útil de la atómica de Calamuchita y reconoció que la fecha de su salida de servicio depende de la puesta en marcha de la tercera central atómica, en construcción.
“Estamos combinando lo de Embalse con el arranque de Atucha II, generando con menor potencia que es lo que está permitido dentro de la norma. Y la vamos a ir apagando de a poco, a medida que vayamos poniendo también de a poco en marcha Atucha II”, señaló el ministro.
De Vido calculó que “en el primer trimestre de 2012” estaría en marcha la nueva usina bonaerense, pegada a otra atómica ya existente. Según anunció, en octubre próximo sería inaugurada.
La planta cordobesa genera alrededor del cuatro por ciento del total de la energía que consume hoy el país. Su salida de servicio, sin el ingreso de otra fuente, representaría un problema dado que la oferta de energía está en el límite de la demanda.
Mientras, directivos de Nucleoeléctrica Argentina, la empresa estatal que administra las centrales nucleares, admitieron que por razones de seguridad la salida de servicio no se puede prorrogar indefinidamente, aunque aclararon que la situación se va “relevando permanentemente” para tener garantías sobre el estado de funcionamiento.
El proyecto de extensión de vida útil fue iniciado hace tres años y aprobado por el Congreso. Demandaría unos mil millones de dólares. En la empresa, señalan que ese costo sería la mitad del de una central nueva.
Hace un mes, el diario Perfil publicó que tras el accidente en la central japonesa de Fukushima, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) resolvió introducir una modificación al diseño original de Atucha II, para permitir una parada rápida del reactor en caso de accidente severo, y adaptarlo a las nuevas normas de seguridad internacional. Esa modificación, si efectivamente se aplica, generaría una demora adicional en la puesta en marcha.
Tras el accidente en Japón, provocado por el terremoto, algunos países europeos anunciaron revisiones a sus planes de generación nuclear. En Argentina, se ratificó la continuidad de los proyectos previstos.
Santa Catalina ya es reserva natural en Lomas
El predio Santa Catalina ya es reserva natural en Lomas
Fecha de Publicación: 14/07/2011
Fuente: El Día
Provincia/Región: Buenos Aires
Fue convertido en ley por la Legislatura. La empresa Covelia había empezado una obra en ese lugar, que pertenece a la UNLP
La Legislatura bonaerense convirtió hoy en ley el proyecto que convierte al predio de la UNLP Santa Catalina, en Lomas de Zamora, en una reserva natural, frenando una obra que la empresa Covelia había empezado a realizar en ese lugar y que la Justicia ya había frenado semanas antes.
Con la sanción definitiva que este miércoles dio la Cámara de Diputados de la Provincia, la iniciativa se convirtió en ley y Santa Catalina ya es reserva natural. Pero días atrás un juez federal de Quilmes ordenó a la firma -cuya vinculación presunta con el titular de la CGT Hugo Moyano es investigada por la Justicia- frenar las obras que había iniciado allí.
Covelia, que también es investigada por la Justicia bonaerense por presunta extorsión a intendentes por la contratación de sus servicios, adquirió 300 hectáreas de ese predio a la Universidad platense con la intención de construir allí una "base operativa" para el traslado de basura. El proyecto generó la inmediata reacción de organizaciones ambientalistas y vecinos de Lomas de Zamora.
El predio es considerado "el último pulmón verde del Conurbano", y alberga una diversidad de ambientes, con una gran variedad de especias autóctonas de flora y fauna, de acuerdo a la demanda de los ambientalistas Y en ese marco, la empresa, en una misma jornada y por vías distintas, recibió un duro revés para ese proyecto.
Que Santa Catalina sea declarada reserva natural implica que será considerada un paisaje protegido y deja sin efecto cualquier emprendimiento que pueda generar impacto ambiental, un temor que se acentuó luego de que la casa de altos estudios vendiera parte de esas tierras a la firma Covelia.
"Teníamos algunas dudas y temores con respecto a declarar todo el predio como reserva natural. Por eso pedimos informes al Organismo de Promoción del Desarrollo Sustentable (OPDS) y resolvimos que una parte del predio, las hectáreas que son propiedad del Estado nacional, sean declaradas paisaje protegido", explicó la senadora Viviana Arcidiácono (FpV) oriunda de Lomas de Zamora.
Días atrás el juez Luis Armella, a cargo del Juzgado Federal de Quilmes, ordenó a la empresa la inmediata paralización de toda obra, construcción o actividad en el Predio y Laguna Santa Catalina y la remoción de todo vehículo, maquinaria y material constructivo que se encuentre en el mismo, así como también la prohibición del ingreso de cualquier vehículo, maquinaria y material.
Así, el magistrado hizo lugar a una medida cautelar en el marco de la causa "Mendoza", donde la Corte Suprema de Justicia ordenara en 2008 la puesta en marcha de un plan integral de saneamiento de esa zona hídrica.
Fecha de Publicación: 14/07/2011
Fuente: El Día
Provincia/Región: Buenos Aires
Fue convertido en ley por la Legislatura. La empresa Covelia había empezado una obra en ese lugar, que pertenece a la UNLP
La Legislatura bonaerense convirtió hoy en ley el proyecto que convierte al predio de la UNLP Santa Catalina, en Lomas de Zamora, en una reserva natural, frenando una obra que la empresa Covelia había empezado a realizar en ese lugar y que la Justicia ya había frenado semanas antes.
Con la sanción definitiva que este miércoles dio la Cámara de Diputados de la Provincia, la iniciativa se convirtió en ley y Santa Catalina ya es reserva natural. Pero días atrás un juez federal de Quilmes ordenó a la firma -cuya vinculación presunta con el titular de la CGT Hugo Moyano es investigada por la Justicia- frenar las obras que había iniciado allí.
Covelia, que también es investigada por la Justicia bonaerense por presunta extorsión a intendentes por la contratación de sus servicios, adquirió 300 hectáreas de ese predio a la Universidad platense con la intención de construir allí una "base operativa" para el traslado de basura. El proyecto generó la inmediata reacción de organizaciones ambientalistas y vecinos de Lomas de Zamora.
El predio es considerado "el último pulmón verde del Conurbano", y alberga una diversidad de ambientes, con una gran variedad de especias autóctonas de flora y fauna, de acuerdo a la demanda de los ambientalistas Y en ese marco, la empresa, en una misma jornada y por vías distintas, recibió un duro revés para ese proyecto.
Que Santa Catalina sea declarada reserva natural implica que será considerada un paisaje protegido y deja sin efecto cualquier emprendimiento que pueda generar impacto ambiental, un temor que se acentuó luego de que la casa de altos estudios vendiera parte de esas tierras a la firma Covelia.
"Teníamos algunas dudas y temores con respecto a declarar todo el predio como reserva natural. Por eso pedimos informes al Organismo de Promoción del Desarrollo Sustentable (OPDS) y resolvimos que una parte del predio, las hectáreas que son propiedad del Estado nacional, sean declaradas paisaje protegido", explicó la senadora Viviana Arcidiácono (FpV) oriunda de Lomas de Zamora.
Días atrás el juez Luis Armella, a cargo del Juzgado Federal de Quilmes, ordenó a la empresa la inmediata paralización de toda obra, construcción o actividad en el Predio y Laguna Santa Catalina y la remoción de todo vehículo, maquinaria y material constructivo que se encuentre en el mismo, así como también la prohibición del ingreso de cualquier vehículo, maquinaria y material.
Así, el magistrado hizo lugar a una medida cautelar en el marco de la causa "Mendoza", donde la Corte Suprema de Justicia ordenara en 2008 la puesta en marcha de un plan integral de saneamiento de esa zona hídrica.
Sigue la tala de los bosques en Chaco
Sigue la tala de los bosques: refuerzan controles satelitales
Fecha de Publicación: 14/07/2011
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
El Sistema de Georreferencia instalado en Sáenz Peña reforzó los controles y emisiones de fotografías digitales con el fin de avanzar en la detección de imágenes de los bosques chaqueños.
El último informe al que accedió NORTE da cuenta de numerosos puntos en distintos departamentos de la provincia, pero que se concentran con mayor intensidad en el Almirante Brown con cabecera en Pampa del Infierno, y que abarca Los Frentones, Río Muerto y Taco Pozo.
Este centro fue dotado de un sistema de detección instrumentado por la Subsecretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente. “La idea es ponerle frenos a este flagelo y en protección de los bosques nativos”, dicen los técnicos que trabajan en esta repartición.
Ayer, la información daba cuenta que con la lectura de las imágenes, que se actualizan cada 15 días, se detectaron nuevos casos de tala ilegal sin permisos correspondientes, la mayoría en predios fiscales.
“La cuestión es muy sencilla, porque mientras van sacando los árboles, se empieza a ver en las imágenes satelitales verdaderos agujeros en el monte, y eso se ve en el reporte gráfico”, indicaron a NORTE los técnicos del GEO.
La tarea del Centro de Geoinformación es monitoreada a través de imágenes satelitales actualizadas cada 15 días las áreas protegidas, los bosques nativos, las forestas implantadas y nichos y hábitats de fauna silvestre a nivel provincial. Tiene la novedad que se puede aplicar una verdadera ingeniería para el funcionamiento del control de infracciones. El plan técnico de cada nuevo permiso de explotación de recursos naturales deberá ir acompañado de soporte digital, y ese soporte se enviará al Centro de Geoinformación que acumulará los datos correspondientes.
Pero todo esto no estaría ocurriendo -aunque la aplicación de las leyes en vigencia sigue siendo materia de discusión- y la información “no llega en tiempo y en forma, es extremadamente lento”, señalaron algunas fuentes vinculadas con el sector forestal.
Hay nuevas denuncias que se surgen desde la zona de mayor incidencia forestal, como Río Muerto y Los Frentones, donde el área de superficie cultivada creció de manera significativa
Fecha de Publicación: 14/07/2011
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
El Sistema de Georreferencia instalado en Sáenz Peña reforzó los controles y emisiones de fotografías digitales con el fin de avanzar en la detección de imágenes de los bosques chaqueños.
El último informe al que accedió NORTE da cuenta de numerosos puntos en distintos departamentos de la provincia, pero que se concentran con mayor intensidad en el Almirante Brown con cabecera en Pampa del Infierno, y que abarca Los Frentones, Río Muerto y Taco Pozo.
Este centro fue dotado de un sistema de detección instrumentado por la Subsecretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente. “La idea es ponerle frenos a este flagelo y en protección de los bosques nativos”, dicen los técnicos que trabajan en esta repartición.
Ayer, la información daba cuenta que con la lectura de las imágenes, que se actualizan cada 15 días, se detectaron nuevos casos de tala ilegal sin permisos correspondientes, la mayoría en predios fiscales.
“La cuestión es muy sencilla, porque mientras van sacando los árboles, se empieza a ver en las imágenes satelitales verdaderos agujeros en el monte, y eso se ve en el reporte gráfico”, indicaron a NORTE los técnicos del GEO.
La tarea del Centro de Geoinformación es monitoreada a través de imágenes satelitales actualizadas cada 15 días las áreas protegidas, los bosques nativos, las forestas implantadas y nichos y hábitats de fauna silvestre a nivel provincial. Tiene la novedad que se puede aplicar una verdadera ingeniería para el funcionamiento del control de infracciones. El plan técnico de cada nuevo permiso de explotación de recursos naturales deberá ir acompañado de soporte digital, y ese soporte se enviará al Centro de Geoinformación que acumulará los datos correspondientes.
Pero todo esto no estaría ocurriendo -aunque la aplicación de las leyes en vigencia sigue siendo materia de discusión- y la información “no llega en tiempo y en forma, es extremadamente lento”, señalaron algunas fuentes vinculadas con el sector forestal.
Hay nuevas denuncias que se surgen desde la zona de mayor incidencia forestal, como Río Muerto y Los Frentones, donde el área de superficie cultivada creció de manera significativa
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