Minería: donde la riqueza divide a la sociedad
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La historia de una región en donde la riqueza divide a la sociedad
Fecha de Publicación: 17/07/2011
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: La Rioja - Nacional
La más cruda de las exclusiones impera en una zona en la que se extraen minerales y metales "preciosos" valuados en millones de dólares. ¿Por qué no hay pueblos mineros ricos en la Argentina?
Andalgalá, su controvertida situación y su intendente electo, Alejandro Páez, no son una casualidad. Todo ocurre en la primera provincia argentina en donde se produjo el desembarco de los megaproyectos de la minería a cielo abierto, que hoy también se instalaron o planean instalarse en las zonas montañosas de distritos como San Juan, Salta y La Rioja.
Sin pueblos ricos. Una frase común de quienes critican la actual situación en que se desenvuelve la megaminería en Argentina dice que en el país no hay pueblos mineros ricos. Esto es verdad al menos en el caso de Catamarca, provincia que demoró años en dar un ordenamiento de distribución de regalías, favoreciendo así que continúe la desigualdad entre sus diferentes regiones.
Los dos más grandes emprendimientos mineros catamarqueños, la mina de oro y cobre La Alumbrera, en funciones desde la década pasada, y la mina de cobre, molibdeno y oro Agua Rica, que todavía no comenzó a producir, están ubicados en dos de los departamentos más pobres de la provincia.
Los ranchos, las enfermedades de la pobreza, el desempleo, los caminos destruidos, la falta de infraestructura, de servicios mínimos y de oportunidades son una imagen repetida en una zona de la que se extraen metales preciosos por valor de miles de millones de dólares, que acaban engalanando vidrieras o alimentando tesoros bancarios en destinos remotos.
La injusticia es muy evidente para pasar inadvertida. Y la sufren más los habitantes de los pueblos argentinos cercanos a estos grandes emprendimientos, que no tienen un marco legal ni político que los favorezca y que les reconozca algo que merecen: una devolución especial a sus distritos, ya que son los que poseen el recurso natural y serán los afectados por el agotamiento del recurso y sus consecuencias ambientales.
La cena de la megaminería quedó servida de esta manera y las reacciones de los grupos ambientalistas o directamente antimineros, aunque más de una vez destempladas y exageradas, han sido una consecuencia lógica de la manera en que el país desarrolló su nuevo marco minero durante la administración del presidente Carlos Menem .
Hoy, la megaminería a cielo abierto es una política de Estado para la Argentina. Política que comparte con el resto de las naciones sudamericanas, con las que recientemente firmó un acuerdo favorable a este tipo de explotación. Se trata de una política ampliamente criticada por ser muy favorable desde lo económico para las grandes compañías mineras internacionales (Argentina no tiene ninguna empresa que pueda desarrollar un emprendimiento de estas dimensiones) y por dejar dividendos directos casi inexistentes para el país.
Las autoridades nacionales que recalcan los enormes beneficios que dejaría la actividad (miles de empleos directos e indirectos, alto nivel de sueldos, creación de redes de proveedores en cada provincia, tecnologización, etcétera) deben lidiar de manera permanente con los cuestionamientos al marco legal actual y no han respondido la pregunta que se hacen Andalgalá y otros distritos mineros: si la megaminería genera riqueza, ¿por qué Argentina no tiene pueblos mineros ricos?
Negociación cerrada. Las grandes compañías, que obtuvieron un marco legal acorde a sus expectativas gananciales, realizan sus acuerdos primarios en Buenos Aires y luego no prestan más que una atención subsidiaria a las realidades locales donde deben efectuar su actividad extractiva.
En algunos casos, acaban actuando como modestas organizaciones de caridad, donando dineros para un club deportivo local, apoyando iglesias o institutos educativos. Las expectativas de los pueblos mineros hacia ellas son desproporcionadas respecto de lo que finalmente obtienen.
Para Agua Rica, uno de los emprendimientos que genera la división popular en Andalgalá, se suscribió un convenio de cooperación con el municipio en 2006, con el objetivo de “comprometerse con el desarrollo de la comunidad andalgalense y por extensión de toda la provincia a través de distintos programas relacionados con el ambiente, la seguridad social, los proyectos productivos, la capacitación y los proveedores locales”.
Alejandro, contra las mineras
El intendente electo de Andalgalá denuncia que su pueblo vive sumido en la miseria, al lado de minas de oro que producen ganancias de miles de millones de dólares.
Vive en una casa de adobe y techo de chapa que perteneció a su abuela materna. Su vehículo es una moto Gilera de 200 centímetros cúbicos. Alejandro Páez es maestro de matemáticas, tiene 37 años y fue una sorpresa en las últimas elecciones en la provincia de Catamarca. Contra todos los pronósticos, ganó la intendencia de Andalgalá, una ciudad antigua, pequeña y hermosa, ubicada 250 kilómetros al noroeste de la capital.
Páez empuñó un discurso beligerante hacia las autoridades provinciales y las compañías mineras internacionales que, dice, permiten que su pueblo continúe sumido en la pobreza mientras, a pocos kilómetros de ahí, se extraen miles de millones de dólares en metales preciosos.
Andalgalá está ubicada en uno de los ombligos mineros de la Argentina.
En las cercanías de la ciudad funciona la mina de oro La Alumbrera, el más grande emprendimiento minero a cielo abierto del país hasta tanto alcance su desarrollo mayor el proyecto áureo de Pascua Lama, que se construye entre la provincia de San Juan y Chile. Y a muy pocos kilómetros de la plaza principal de los andalgalenses está prevista la apertura de otra mina de oro y cobre gigante: Agua Rica.
Como todo el oeste catamarqueño, Andalgalá vivió una época de sueños dorados. Fue cuando autoridades locales y nacionales les prometieron un futuro de desarrollo a la vuelta de la esquina gracias a los beneficios económicos que les traería la minería en gran escala. Las promesas se vertieron sobre la mejor caja de resonancia: Andalgalá está en la región con mayor índice de necesidades básicas insatisfechas de Catamarca.
Pero como lo sabe cualquiera que haya recorrido recientemente esa zona del país, la megaminería no la ha conducido hacia el desarrollo. El sueño de los miles de habitantes con empleo en la actividad es hoy una recatada realidad de 50 habitantes con trabajo directo en las compañías mineras. Andalgalá no ve claro su futuro y tiene complicado su presente: la ciudad está profundamente dividida entre quienes apoyan y quienes condenan los emprendimientos a cielo abierto.
–¿Cómo se puede estar en contra de la megaminería y ganar las elecciones en una de las zonas mineras más importantes de la Argentina?
–El tema mío con la problemática minera es que tengo una visión escéptica sobre lo que ha dejado hasta hoy la minería a gran escala que se da en mi departamento y en otras zonas de la provincia. Esto no ha dejado certeza en lo económico ni en lo ambiental. Por eso, aun teniendo un superemprendimiento como Bajo La Alumbrera, que ha aportado una ganancia sustancial a la Provincia y sobre todo a la Nación, y que dio ganancias excepcionales a las empresas a las que hasta les permiten evadir cuestiones fiscales, a nosotros y al oeste de la provincia no nos dejó nada.
–¿Cómo cree que deberían cambiar las cosas?
–Mire, tenemos una población de casi 20 mil habitantes y no contamos siquiera con un centro de salud adecuado para la gente; hay que viajar más de 200 kilómetros por cualquier enfermedad. Existe un hospital, pero no tiene profesionales. No hay oftalmólogo, no hay nefrólogo, no hay traumatólogo, no hay un oncólogo, pese a que tenemos una proliferación de casos de cáncer de mama. Justamente ayer, cuando usted me llamó para esta entrevista, no lo pude atender porque estaba en el velorio de una familiar que murió por cáncer de mama. Estuvimos a gritos pidiendo un mamógrafo, por la gran cantidad de decesos que tenemos; nos enviaron uno y hace más de un año que lo tenemos empaquetado y sin funcionar porque no hay personal que lo sepa manejar. Imagínese, si hasta la sala de rayos X está toda partida, por una falla estructural de los cimientos. Lo único que hay es una ambulancia que, cuando llega un caso grave, carga al paciente y lo lleva a la capital por una ruta provincial que está en un estado desastroso. Ni eso tenemos; estamos marginados hasta por las rutas.
–¿Cómo se supera eso?
–Tenemos un solo instituto de estudios superiores, que es la única salida educativa para gente de escasos recursos, y hoy ni siquiera tiene edificio propio: alquila. Esas son cosas que deberían cambiar, para darnos la posibilidad de ir accediendo a un mejor nivel de vida, para no depender siempre del Estado y poder emanciparnos, dentro de nuestras posibilidades. Hoy, una chica que sale del secundario en Andalgalá no tiene el mismo apoyo ni estímulo que un chico que vive en la ciudad. Y si ese adolescente tiene múltiples inconvenientes para acceder al estudio superior y no cuenta con estímulo familiar, porque los padres económicamente por ahí no tienen para pagarle un libro, termina sin estudiar en un tercer nivel y es una persona que en poco tiempo se convierte en mamá o papá muy joven, con dificultades económicas. Eso genera falta de salida laboral, de capacitación, y los deja en manos de las presiones de los políticos de turno. Yo quiero una rama de la universidad de la capital, una oferta laboral más amplia, para que los chicos tengan otras opciones. Si no, siempre emigran a estudiar a La Rioja, Tucumán o Córdoba, si sus padres pueden pagarlo. Tenemos cuatro escuelas secundarias de las que egresan unos 200 alumnos por año, y de los estudios terciarios ninguno está relacionado con la minería.
–¿Los dirigentes anteriores a usted no levantaron esos reclamos?
–Creo que soy parte de una camada de dirigentes que tiene una diferencia generacional clara respecto de los anteriores. Mi partido, el radicalismo provincial, ha estado dominado por una clase económica alta, integrada por comerciantes que usaron la estructura política en favor de sus intereses económicos. Nosotros queremos resguardar los lugares donde vivimos contra el saqueo y el avasallamiento que han sufrido siempre los pobladores de menores recursos. Los viejos políticos entregaron nuestro patrimonio.
-¿Por qué van a creer que usted no va a hacer lo mismo?
-¡Ja, ja! Yo busco mi bienestar personal, pero también el de mis semejantes. Vivo en una casa humilde, soy docente. Ni auto tengo; mi patrimonio personal es una moto común. No soy un potentado. Antes, los candidatos tenían que tener un buen patrimonio; era como que la sociedad veía que si uno había sido exitoso en el manejo de cuestiones económicas, iba a ser buen administrador del municipio. Yo llevo cuatro años ejerciendo de concejal; se dice que la clase política pacta y hace arreglos, pero yo los arreglos los tengo que hacer en la casa de mis abuelos, donde vivo...
–¿La llegada de las grandes mineras les ha solucionado algún problema?
–De empleo, no. Habrá 50 personas de Andalgalá trabajando en la minera, entre más de mil empleados. El municipio tiene 10 veces más empleados: 500. En el caso de la minera Agua Rica, tiene una oficina para cuestiones administrativas en la que está a cargo un ciudadano chileno. Es como si a mí me pusieran a manejar las relaciones sociales en un lugar de Chile del que no conozco sus costumbres. Las mineras sólo hacen acuerdos con nuestra comunidad para dar pequeños beneficios o contribuciones subsidiarias y casi que terminan cogobernando con el municipio. Es como una oficina de caridad grande; no hay programas. La Provincia debería aportar a estos municipios, porque tenemos derechos propios. Es esta la jurisdicción extractiva del recurso no renovable. Agua Rica quiere explotar la montaña a escasos 16 kilómetros del casco céntrico, sobre nuestra cuenca hídrica. Y ambientalmente aquí nadie ha hecho una demostración clara de que la explotación no va a generar contaminación.
–¿Qué respuesta han recibido ante ese temor por una posible contaminación?
–¿Quién va a dar explicaciones? ¡Nadie! Nadie del gobierno actual vino nunca desde que se suscitó esta problemática social. Nunca nadie dio la cara, menos el gobierno. Y la gobernadora electa de Catamarca (la kirchnerista Lucía Corpacci), en vez de venir a conversar a Andalgalá y hablar con los sectores en pugna, para decir “vamos a tener una relación cordial entre quienes defienden y quienes objetan la minería”, lo primero que hizo fue ir a San Juan a reunirse con el gobernador (José Luis) Gioja y luego decir desde la capital que va a instalar un modelo minero similar al de San Juan. Es una estrategia incomprensible; primero debería haber venido a hablar acá.
–¿Ya tuvo contactos con miembros de las mineras?
–Cero contacto. Conmigo nunca se reunieron, porque subestimaron mis posibilidades. Pensaron que no iba a ser elegido. Además, las empresas tienden a ayudar económicamente al candidato afín a sus intereses, no a quienes tienen una visión escéptica del tema.
–¿Sus rivales recibieron ayuda de las mineras?
–Mire, no en los papeles, pero se sobreentiende. Los otros dos candidatos estaban vinculados al poder. Uno era el actual intendente y el otro es proveedor de las mineras. Por eso, jamás pensaron que un joven que hacía campaña en una moto iba a ganar la elección.
–¿Esa división se ve también en la calle?
–Claro. Acá en Andalgalá hay una disyuntiva muy grande, que afectó las relaciones, caló en el seno mismo de las familias. Estamos divididos, porque unos están a favor y otros en contra. Hasta los bares que hay en el casco céntrico están divididos: a uno van los que están a favor de las mineras y a otro los que están en contra. Eso también llévelo al plano educativo. En las escuelas se produce esta disyuntiva que nos ha destruido como sociedad y, mientras le prestamos atención a esto, se nos pasan de largo problemas como el alcoholismo y las drogas, porque focalizamos la atención sólo en esto otro.
–¿Cómo piensa gobernar con esa división?
–Sé que cuando asuma tengo que gobernar para todos, promineros y antimineros. Nuestra estrategia será de cordura. Respecto de la minería, hay cuestiones que puedo trabajar y operar, pero en los grandes problemas la potestad no la tiene el municipio, sino la Provincia o la Nación. A mí me queda ser alcalde de la ciudad y mantener limpias las calles y usar los fondos que lleguen para volcarlos en beneficios productivos para el departamento. Hay que sanear este divisionismo y buscar una sociedad más pujante, defendiendo nuestro territorio.
–¿Se definiría como un intendente antiminero?
–No. No puedo definirme como antiminero, porque acá tenemos otros intereses en la pequeña minería, tenemos otras actividades extractivas, como la de la rodocrosita. El problema es la minería a cielo abierto; soy escéptico respecto de lo que produce esa minería.
–¿Cree incompatible la minería a cielo abierto con el desarrollo de Andalgalá?
–Simplemente, no voy a poder cambiar el contexto nacional e internacional, la política capitalista de la mayor parte del mundo occidental favorece esta actividad. Yo soy simplemente el intendente elegido del pueblo, con una visión determinada. Me han dado la facultad de gobernar para el bien de mi comunidad. No voy a hacer como el intendente actual, que tomó partida por una opinión y se metió en una máquina de picar carne. Tengo que ver cuáles son mis posibilidades; no puedo cambiar la política internacional.
–Pero eso no le impide tener una opinión sobre el problema...
–Este marco es muy malo, muy malo. Cuestiono el marco legal nacional por sus excepcionalidades grandiosas a favor de las mineras y los capitales internacionales.
–Si cambiara el marco legal, ¿aceptaría la megaminería?
–Primero tendrían que demostrarle a mi pueblo que no nos van a contaminar luego de agotar un recurso natural. Como esa demostración nunca se produjo, soy escéptico.
–¿Está en marcha algún estudio para darles esa tranquilidad?
–Si es así, lo desconozco.
–¿Qué le ha respondido el Gobierno provincial?
–Todavía no tengo vinculación alguna con las autoridades provinciales.
–¿Guarda algún recuerdo de las promesas vinculadas a la minería que recibió la región?
–Uh... había una expectativa generalizada, un sueño tan grande... Creíamos que la minería nos iba a cambiar el panorama al ciento por ciento, que íbamos a tener un buen futuro. Cuando vimos las camionetas cuatro por cuatro en que se movían los de las empresas, creímos cuando nos decían que íbamos a tener un sistema de salud grandioso, que íbamos a expandir las rutas, a conectarnos con otras urbes, que habría más de 1.500 empleados en la minera... Era una expectativa grandiosa.
–¿Con qué sueñan ahora en Andalgalá?
–Con las cosas que ya le dije: nada vinculado con el oro.
Fecha de Publicación: 17/07/2011
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: La Rioja - Nacional
La más cruda de las exclusiones impera en una zona en la que se extraen minerales y metales "preciosos" valuados en millones de dólares. ¿Por qué no hay pueblos mineros ricos en la Argentina?
Andalgalá, su controvertida situación y su intendente electo, Alejandro Páez, no son una casualidad. Todo ocurre en la primera provincia argentina en donde se produjo el desembarco de los megaproyectos de la minería a cielo abierto, que hoy también se instalaron o planean instalarse en las zonas montañosas de distritos como San Juan, Salta y La Rioja.
Sin pueblos ricos. Una frase común de quienes critican la actual situación en que se desenvuelve la megaminería en Argentina dice que en el país no hay pueblos mineros ricos. Esto es verdad al menos en el caso de Catamarca, provincia que demoró años en dar un ordenamiento de distribución de regalías, favoreciendo así que continúe la desigualdad entre sus diferentes regiones.
Los dos más grandes emprendimientos mineros catamarqueños, la mina de oro y cobre La Alumbrera, en funciones desde la década pasada, y la mina de cobre, molibdeno y oro Agua Rica, que todavía no comenzó a producir, están ubicados en dos de los departamentos más pobres de la provincia.
Los ranchos, las enfermedades de la pobreza, el desempleo, los caminos destruidos, la falta de infraestructura, de servicios mínimos y de oportunidades son una imagen repetida en una zona de la que se extraen metales preciosos por valor de miles de millones de dólares, que acaban engalanando vidrieras o alimentando tesoros bancarios en destinos remotos.
La injusticia es muy evidente para pasar inadvertida. Y la sufren más los habitantes de los pueblos argentinos cercanos a estos grandes emprendimientos, que no tienen un marco legal ni político que los favorezca y que les reconozca algo que merecen: una devolución especial a sus distritos, ya que son los que poseen el recurso natural y serán los afectados por el agotamiento del recurso y sus consecuencias ambientales.
La cena de la megaminería quedó servida de esta manera y las reacciones de los grupos ambientalistas o directamente antimineros, aunque más de una vez destempladas y exageradas, han sido una consecuencia lógica de la manera en que el país desarrolló su nuevo marco minero durante la administración del presidente Carlos Menem .
Hoy, la megaminería a cielo abierto es una política de Estado para la Argentina. Política que comparte con el resto de las naciones sudamericanas, con las que recientemente firmó un acuerdo favorable a este tipo de explotación. Se trata de una política ampliamente criticada por ser muy favorable desde lo económico para las grandes compañías mineras internacionales (Argentina no tiene ninguna empresa que pueda desarrollar un emprendimiento de estas dimensiones) y por dejar dividendos directos casi inexistentes para el país.
Las autoridades nacionales que recalcan los enormes beneficios que dejaría la actividad (miles de empleos directos e indirectos, alto nivel de sueldos, creación de redes de proveedores en cada provincia, tecnologización, etcétera) deben lidiar de manera permanente con los cuestionamientos al marco legal actual y no han respondido la pregunta que se hacen Andalgalá y otros distritos mineros: si la megaminería genera riqueza, ¿por qué Argentina no tiene pueblos mineros ricos?
Negociación cerrada. Las grandes compañías, que obtuvieron un marco legal acorde a sus expectativas gananciales, realizan sus acuerdos primarios en Buenos Aires y luego no prestan más que una atención subsidiaria a las realidades locales donde deben efectuar su actividad extractiva.
En algunos casos, acaban actuando como modestas organizaciones de caridad, donando dineros para un club deportivo local, apoyando iglesias o institutos educativos. Las expectativas de los pueblos mineros hacia ellas son desproporcionadas respecto de lo que finalmente obtienen.
Para Agua Rica, uno de los emprendimientos que genera la división popular en Andalgalá, se suscribió un convenio de cooperación con el municipio en 2006, con el objetivo de “comprometerse con el desarrollo de la comunidad andalgalense y por extensión de toda la provincia a través de distintos programas relacionados con el ambiente, la seguridad social, los proyectos productivos, la capacitación y los proveedores locales”.
Alejandro, contra las mineras
El intendente electo de Andalgalá denuncia que su pueblo vive sumido en la miseria, al lado de minas de oro que producen ganancias de miles de millones de dólares.
Vive en una casa de adobe y techo de chapa que perteneció a su abuela materna. Su vehículo es una moto Gilera de 200 centímetros cúbicos. Alejandro Páez es maestro de matemáticas, tiene 37 años y fue una sorpresa en las últimas elecciones en la provincia de Catamarca. Contra todos los pronósticos, ganó la intendencia de Andalgalá, una ciudad antigua, pequeña y hermosa, ubicada 250 kilómetros al noroeste de la capital.
Páez empuñó un discurso beligerante hacia las autoridades provinciales y las compañías mineras internacionales que, dice, permiten que su pueblo continúe sumido en la pobreza mientras, a pocos kilómetros de ahí, se extraen miles de millones de dólares en metales preciosos.
Andalgalá está ubicada en uno de los ombligos mineros de la Argentina.
En las cercanías de la ciudad funciona la mina de oro La Alumbrera, el más grande emprendimiento minero a cielo abierto del país hasta tanto alcance su desarrollo mayor el proyecto áureo de Pascua Lama, que se construye entre la provincia de San Juan y Chile. Y a muy pocos kilómetros de la plaza principal de los andalgalenses está prevista la apertura de otra mina de oro y cobre gigante: Agua Rica.
Como todo el oeste catamarqueño, Andalgalá vivió una época de sueños dorados. Fue cuando autoridades locales y nacionales les prometieron un futuro de desarrollo a la vuelta de la esquina gracias a los beneficios económicos que les traería la minería en gran escala. Las promesas se vertieron sobre la mejor caja de resonancia: Andalgalá está en la región con mayor índice de necesidades básicas insatisfechas de Catamarca.
Pero como lo sabe cualquiera que haya recorrido recientemente esa zona del país, la megaminería no la ha conducido hacia el desarrollo. El sueño de los miles de habitantes con empleo en la actividad es hoy una recatada realidad de 50 habitantes con trabajo directo en las compañías mineras. Andalgalá no ve claro su futuro y tiene complicado su presente: la ciudad está profundamente dividida entre quienes apoyan y quienes condenan los emprendimientos a cielo abierto.
–¿Cómo se puede estar en contra de la megaminería y ganar las elecciones en una de las zonas mineras más importantes de la Argentina?
–El tema mío con la problemática minera es que tengo una visión escéptica sobre lo que ha dejado hasta hoy la minería a gran escala que se da en mi departamento y en otras zonas de la provincia. Esto no ha dejado certeza en lo económico ni en lo ambiental. Por eso, aun teniendo un superemprendimiento como Bajo La Alumbrera, que ha aportado una ganancia sustancial a la Provincia y sobre todo a la Nación, y que dio ganancias excepcionales a las empresas a las que hasta les permiten evadir cuestiones fiscales, a nosotros y al oeste de la provincia no nos dejó nada.
–¿Cómo cree que deberían cambiar las cosas?
–Mire, tenemos una población de casi 20 mil habitantes y no contamos siquiera con un centro de salud adecuado para la gente; hay que viajar más de 200 kilómetros por cualquier enfermedad. Existe un hospital, pero no tiene profesionales. No hay oftalmólogo, no hay nefrólogo, no hay traumatólogo, no hay un oncólogo, pese a que tenemos una proliferación de casos de cáncer de mama. Justamente ayer, cuando usted me llamó para esta entrevista, no lo pude atender porque estaba en el velorio de una familiar que murió por cáncer de mama. Estuvimos a gritos pidiendo un mamógrafo, por la gran cantidad de decesos que tenemos; nos enviaron uno y hace más de un año que lo tenemos empaquetado y sin funcionar porque no hay personal que lo sepa manejar. Imagínese, si hasta la sala de rayos X está toda partida, por una falla estructural de los cimientos. Lo único que hay es una ambulancia que, cuando llega un caso grave, carga al paciente y lo lleva a la capital por una ruta provincial que está en un estado desastroso. Ni eso tenemos; estamos marginados hasta por las rutas.
–¿Cómo se supera eso?
–Tenemos un solo instituto de estudios superiores, que es la única salida educativa para gente de escasos recursos, y hoy ni siquiera tiene edificio propio: alquila. Esas son cosas que deberían cambiar, para darnos la posibilidad de ir accediendo a un mejor nivel de vida, para no depender siempre del Estado y poder emanciparnos, dentro de nuestras posibilidades. Hoy, una chica que sale del secundario en Andalgalá no tiene el mismo apoyo ni estímulo que un chico que vive en la ciudad. Y si ese adolescente tiene múltiples inconvenientes para acceder al estudio superior y no cuenta con estímulo familiar, porque los padres económicamente por ahí no tienen para pagarle un libro, termina sin estudiar en un tercer nivel y es una persona que en poco tiempo se convierte en mamá o papá muy joven, con dificultades económicas. Eso genera falta de salida laboral, de capacitación, y los deja en manos de las presiones de los políticos de turno. Yo quiero una rama de la universidad de la capital, una oferta laboral más amplia, para que los chicos tengan otras opciones. Si no, siempre emigran a estudiar a La Rioja, Tucumán o Córdoba, si sus padres pueden pagarlo. Tenemos cuatro escuelas secundarias de las que egresan unos 200 alumnos por año, y de los estudios terciarios ninguno está relacionado con la minería.
–¿Los dirigentes anteriores a usted no levantaron esos reclamos?
–Creo que soy parte de una camada de dirigentes que tiene una diferencia generacional clara respecto de los anteriores. Mi partido, el radicalismo provincial, ha estado dominado por una clase económica alta, integrada por comerciantes que usaron la estructura política en favor de sus intereses económicos. Nosotros queremos resguardar los lugares donde vivimos contra el saqueo y el avasallamiento que han sufrido siempre los pobladores de menores recursos. Los viejos políticos entregaron nuestro patrimonio.
-¿Por qué van a creer que usted no va a hacer lo mismo?
-¡Ja, ja! Yo busco mi bienestar personal, pero también el de mis semejantes. Vivo en una casa humilde, soy docente. Ni auto tengo; mi patrimonio personal es una moto común. No soy un potentado. Antes, los candidatos tenían que tener un buen patrimonio; era como que la sociedad veía que si uno había sido exitoso en el manejo de cuestiones económicas, iba a ser buen administrador del municipio. Yo llevo cuatro años ejerciendo de concejal; se dice que la clase política pacta y hace arreglos, pero yo los arreglos los tengo que hacer en la casa de mis abuelos, donde vivo...
–¿La llegada de las grandes mineras les ha solucionado algún problema?
–De empleo, no. Habrá 50 personas de Andalgalá trabajando en la minera, entre más de mil empleados. El municipio tiene 10 veces más empleados: 500. En el caso de la minera Agua Rica, tiene una oficina para cuestiones administrativas en la que está a cargo un ciudadano chileno. Es como si a mí me pusieran a manejar las relaciones sociales en un lugar de Chile del que no conozco sus costumbres. Las mineras sólo hacen acuerdos con nuestra comunidad para dar pequeños beneficios o contribuciones subsidiarias y casi que terminan cogobernando con el municipio. Es como una oficina de caridad grande; no hay programas. La Provincia debería aportar a estos municipios, porque tenemos derechos propios. Es esta la jurisdicción extractiva del recurso no renovable. Agua Rica quiere explotar la montaña a escasos 16 kilómetros del casco céntrico, sobre nuestra cuenca hídrica. Y ambientalmente aquí nadie ha hecho una demostración clara de que la explotación no va a generar contaminación.
–¿Qué respuesta han recibido ante ese temor por una posible contaminación?
–¿Quién va a dar explicaciones? ¡Nadie! Nadie del gobierno actual vino nunca desde que se suscitó esta problemática social. Nunca nadie dio la cara, menos el gobierno. Y la gobernadora electa de Catamarca (la kirchnerista Lucía Corpacci), en vez de venir a conversar a Andalgalá y hablar con los sectores en pugna, para decir “vamos a tener una relación cordial entre quienes defienden y quienes objetan la minería”, lo primero que hizo fue ir a San Juan a reunirse con el gobernador (José Luis) Gioja y luego decir desde la capital que va a instalar un modelo minero similar al de San Juan. Es una estrategia incomprensible; primero debería haber venido a hablar acá.
–¿Ya tuvo contactos con miembros de las mineras?
–Cero contacto. Conmigo nunca se reunieron, porque subestimaron mis posibilidades. Pensaron que no iba a ser elegido. Además, las empresas tienden a ayudar económicamente al candidato afín a sus intereses, no a quienes tienen una visión escéptica del tema.
–¿Sus rivales recibieron ayuda de las mineras?
–Mire, no en los papeles, pero se sobreentiende. Los otros dos candidatos estaban vinculados al poder. Uno era el actual intendente y el otro es proveedor de las mineras. Por eso, jamás pensaron que un joven que hacía campaña en una moto iba a ganar la elección.
–¿Esa división se ve también en la calle?
–Claro. Acá en Andalgalá hay una disyuntiva muy grande, que afectó las relaciones, caló en el seno mismo de las familias. Estamos divididos, porque unos están a favor y otros en contra. Hasta los bares que hay en el casco céntrico están divididos: a uno van los que están a favor de las mineras y a otro los que están en contra. Eso también llévelo al plano educativo. En las escuelas se produce esta disyuntiva que nos ha destruido como sociedad y, mientras le prestamos atención a esto, se nos pasan de largo problemas como el alcoholismo y las drogas, porque focalizamos la atención sólo en esto otro.
–¿Cómo piensa gobernar con esa división?
–Sé que cuando asuma tengo que gobernar para todos, promineros y antimineros. Nuestra estrategia será de cordura. Respecto de la minería, hay cuestiones que puedo trabajar y operar, pero en los grandes problemas la potestad no la tiene el municipio, sino la Provincia o la Nación. A mí me queda ser alcalde de la ciudad y mantener limpias las calles y usar los fondos que lleguen para volcarlos en beneficios productivos para el departamento. Hay que sanear este divisionismo y buscar una sociedad más pujante, defendiendo nuestro territorio.
–¿Se definiría como un intendente antiminero?
–No. No puedo definirme como antiminero, porque acá tenemos otros intereses en la pequeña minería, tenemos otras actividades extractivas, como la de la rodocrosita. El problema es la minería a cielo abierto; soy escéptico respecto de lo que produce esa minería.
–¿Cree incompatible la minería a cielo abierto con el desarrollo de Andalgalá?
–Simplemente, no voy a poder cambiar el contexto nacional e internacional, la política capitalista de la mayor parte del mundo occidental favorece esta actividad. Yo soy simplemente el intendente elegido del pueblo, con una visión determinada. Me han dado la facultad de gobernar para el bien de mi comunidad. No voy a hacer como el intendente actual, que tomó partida por una opinión y se metió en una máquina de picar carne. Tengo que ver cuáles son mis posibilidades; no puedo cambiar la política internacional.
–Pero eso no le impide tener una opinión sobre el problema...
–Este marco es muy malo, muy malo. Cuestiono el marco legal nacional por sus excepcionalidades grandiosas a favor de las mineras y los capitales internacionales.
–Si cambiara el marco legal, ¿aceptaría la megaminería?
–Primero tendrían que demostrarle a mi pueblo que no nos van a contaminar luego de agotar un recurso natural. Como esa demostración nunca se produjo, soy escéptico.
–¿Está en marcha algún estudio para darles esa tranquilidad?
–Si es así, lo desconozco.
–¿Qué le ha respondido el Gobierno provincial?
–Todavía no tengo vinculación alguna con las autoridades provinciales.
–¿Guarda algún recuerdo de las promesas vinculadas a la minería que recibió la región?
–Uh... había una expectativa generalizada, un sueño tan grande... Creíamos que la minería nos iba a cambiar el panorama al ciento por ciento, que íbamos a tener un buen futuro. Cuando vimos las camionetas cuatro por cuatro en que se movían los de las empresas, creímos cuando nos decían que íbamos a tener un sistema de salud grandioso, que íbamos a expandir las rutas, a conectarnos con otras urbes, que habría más de 1.500 empleados en la minera... Era una expectativa grandiosa.
–¿Con qué sueñan ahora en Andalgalá?
–Con las cosas que ya le dije: nada vinculado con el oro.
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