Impulsan sancionar delitos ambientales
22:51 | 
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Impulsan sancionar delitos ambientales
Fecha de Publicación: 16/05/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
Un proyecto de ley para juzgar a quienes cometan acciones que perjudiquen el medio ambiente será enviado en las próximas semanas a la Legislatura bonaerense, que de aprobarse convertirá a la provincia en la primera región del país que tipifica estos delitos.
"Tanto este nuevo Código de Faltas como la creación de los futuros juzgados de faltas ambientales son de importancia vital para la provincia, ya que nos permitirá optimizar los recursos ya existentes, otorgándoles a las cuestiones ambientales el tratamiento específico que por su impacto social y trascendencia económica merece", explicó a la agencia Télam José Molina del Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable (OPDS), que elaboró la iniciativa.
De esta manera, Buenos Aires será la primera provincia del país en tener un Código de Faltas Ambiental y juzgados ambientales para juzgar a quienes cometan delitos ecológicos y acciones que perjudiquen la salud del medio ambiente.
El Código será el marco normativo del que surgirán juzgados encargados de disponer sentencias que incluyen apercibimientos, multas y también la posibilidad de aplicar arresto domiciliario para los responsables de generar casos graves de contaminación ecológica. Además, establecerá qué tipo de contravenciones y faltas serán juzgadas en las comunas y cuáles en los nuevos organismos creados en el marco de la normativa.
Aplicación municipal
El objetivo es que exista un sólo procedimiento para los temas ambientales, que sea aplicable tanto por la provincia como por los municipios, ya que actualmente existen, de mínima, cinco procedimientos con distintas prescripciones, según marcan las distintas leyes concernientes al medio ambiente y la sanidad ecológica.
Según los fundamentos del proyecto de Código Ambiental, se pretende "la preservación, recuperación, conservación, defensa, restauración y mejoramiento del ambiente en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, estableciendo los principios rectores del desarrollo sustentable".
Se propiciarán "acciones a los fines de asegurar la dinámica de los ecosistemas existentes, la óptima calidad del ambiente, el sostenimiento de la diversidad biológica y los recursos escénicos para sus habitantes y las generaciones futuras".
Fecha de Publicación: 16/05/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
Un proyecto de ley para juzgar a quienes cometan acciones que perjudiquen el medio ambiente será enviado en las próximas semanas a la Legislatura bonaerense, que de aprobarse convertirá a la provincia en la primera región del país que tipifica estos delitos.
"Tanto este nuevo Código de Faltas como la creación de los futuros juzgados de faltas ambientales son de importancia vital para la provincia, ya que nos permitirá optimizar los recursos ya existentes, otorgándoles a las cuestiones ambientales el tratamiento específico que por su impacto social y trascendencia económica merece", explicó a la agencia Télam José Molina del Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable (OPDS), que elaboró la iniciativa.
De esta manera, Buenos Aires será la primera provincia del país en tener un Código de Faltas Ambiental y juzgados ambientales para juzgar a quienes cometan delitos ecológicos y acciones que perjudiquen la salud del medio ambiente.
El Código será el marco normativo del que surgirán juzgados encargados de disponer sentencias que incluyen apercibimientos, multas y también la posibilidad de aplicar arresto domiciliario para los responsables de generar casos graves de contaminación ecológica. Además, establecerá qué tipo de contravenciones y faltas serán juzgadas en las comunas y cuáles en los nuevos organismos creados en el marco de la normativa.
Aplicación municipal
El objetivo es que exista un sólo procedimiento para los temas ambientales, que sea aplicable tanto por la provincia como por los municipios, ya que actualmente existen, de mínima, cinco procedimientos con distintas prescripciones, según marcan las distintas leyes concernientes al medio ambiente y la sanidad ecológica.
Según los fundamentos del proyecto de Código Ambiental, se pretende "la preservación, recuperación, conservación, defensa, restauración y mejoramiento del ambiente en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, estableciendo los principios rectores del desarrollo sustentable".
Se propiciarán "acciones a los fines de asegurar la dinámica de los ecosistemas existentes, la óptima calidad del ambiente, el sostenimiento de la diversidad biológica y los recursos escénicos para sus habitantes y las generaciones futuras".
Reabren una causa por el Riachuelo
Reabren una causa por el Riachuelo
Fecha de Publicación: 15/05/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
La Cámara Federal ordenó que se reactive un caso archivado por vuelco ilegal de efluentes tóxicos
La Justicia ordenó que se profundice la investigación de una causa penal iniciada por la Asociación Vecinos de La Boca por contaminación en el Riachuelo. El fallo, de la Sala I de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, revocó el archivo ordenado en primera instancia.
Según el tribunal, debe reiniciarse la pesquisa sobre el vuelco ilegal de efluentes en el río y la supuesta falta de escurrimiento de las aguas a causa de 8500 toneladas de chatarra depositadas en su lecho. La denuncia, que en 2004 se realizó ante la entonces flamante Fiscalía de La Boca, también alertaba sobre la extensión de basurales a cielo abierto.
"Se trata de la denuncia que hicimos como asociación en el año 2004. Realmente creíamos [que la causa] estaba archivada en vía muerta, pero no. La muy grata sorpresa es que estaba gozando de muy buena salud", precisó Alfredo Alberti, presidente de la ONG.
La investigación quedó ahora en manos del juez federal Norberto Oyarbide; sin embargo, la Corte podría ordenar que formara parte de la causa Mendoza, que instruye el juez federal de Quilmes, Luis Armella, y en la que se ordena a los Estados nacional, bonaerense y porteño a sanear la cuenca Matanza-Riachuelo.
Precisamente es en el contexto de esa causa que la Corte Suprema de Justicia convocó a una nueva audiencia para el 1° del mes próximo, ocasión en que las autoridades y los organismos de control deberán responder un detallado cuestionario elaborado por el máximo tribunal para que se determine el avance del proceso de limpieza ordenado en 2008.
Entre los puntos que deben responder los funcionarios está el detalle sobre el desarrollo del sistema de indicadores, el acceso a la información pública, las mediciones de calidad de aire y agua, la contaminación de origen industrial, los planes de reconversión industrial, la limpieza de las márgenes del río, la expansión de la red de agua potable, los desagües pluviales y el saneamiento cloacal, el plan de reordenamiento territorial del puerto de Dock Sud, la situación de los basurales, el estado del financiamiento y del presupuesto, y el ordenamiento ambiental-territorial.
Sobre esa cuestión deberán responder acerca de las relocalizaciones de las más de 10.000 personas que viven en riesgo a la orilla del contaminado río, que tienen plazos que culminarán en 2013 y que fueron ordenados por Armella.
Cabe recordar que uno de los predios destinados a familias que viven en el Riachuelo sigue ocupado en Villa Lugano; se trata del complejo habitacional de Lacarra y Castañares.
Fecha de Publicación: 15/05/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
La Cámara Federal ordenó que se reactive un caso archivado por vuelco ilegal de efluentes tóxicos
La Justicia ordenó que se profundice la investigación de una causa penal iniciada por la Asociación Vecinos de La Boca por contaminación en el Riachuelo. El fallo, de la Sala I de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, revocó el archivo ordenado en primera instancia.
Según el tribunal, debe reiniciarse la pesquisa sobre el vuelco ilegal de efluentes en el río y la supuesta falta de escurrimiento de las aguas a causa de 8500 toneladas de chatarra depositadas en su lecho. La denuncia, que en 2004 se realizó ante la entonces flamante Fiscalía de La Boca, también alertaba sobre la extensión de basurales a cielo abierto.
"Se trata de la denuncia que hicimos como asociación en el año 2004. Realmente creíamos [que la causa] estaba archivada en vía muerta, pero no. La muy grata sorpresa es que estaba gozando de muy buena salud", precisó Alfredo Alberti, presidente de la ONG.
La investigación quedó ahora en manos del juez federal Norberto Oyarbide; sin embargo, la Corte podría ordenar que formara parte de la causa Mendoza, que instruye el juez federal de Quilmes, Luis Armella, y en la que se ordena a los Estados nacional, bonaerense y porteño a sanear la cuenca Matanza-Riachuelo.
Precisamente es en el contexto de esa causa que la Corte Suprema de Justicia convocó a una nueva audiencia para el 1° del mes próximo, ocasión en que las autoridades y los organismos de control deberán responder un detallado cuestionario elaborado por el máximo tribunal para que se determine el avance del proceso de limpieza ordenado en 2008.
Entre los puntos que deben responder los funcionarios está el detalle sobre el desarrollo del sistema de indicadores, el acceso a la información pública, las mediciones de calidad de aire y agua, la contaminación de origen industrial, los planes de reconversión industrial, la limpieza de las márgenes del río, la expansión de la red de agua potable, los desagües pluviales y el saneamiento cloacal, el plan de reordenamiento territorial del puerto de Dock Sud, la situación de los basurales, el estado del financiamiento y del presupuesto, y el ordenamiento ambiental-territorial.
Sobre esa cuestión deberán responder acerca de las relocalizaciones de las más de 10.000 personas que viven en riesgo a la orilla del contaminado río, que tienen plazos que culminarán en 2013 y que fueron ordenados por Armella.
Cabe recordar que uno de los predios destinados a familias que viven en el Riachuelo sigue ocupado en Villa Lugano; se trata del complejo habitacional de Lacarra y Castañares.
La Rioja pone en marcha el parque eólico
La Rioja pone en marcha el parque eólico más grande de la Argentina
Fecha de Publicación: 15/05/2011
Fuente: InfoAmbiente - Tiempo Argentino
Provincia/Región: La Rioja
Doce aerogeneradores comenzarán a funcionar el 20 de mayo, cuando la presidenta Cristina Fernández y el gobernador Luis Beder Herrera inauguren la obra que aportará el 20% de la energía eléctrica de la provincia.
Dentro de pocos días, el poderoso viento que peina la cadena montañosa del Velazco, ubicada a 30 kilómetros al norte de Anillaco, aportará el 20% de la energía eléctrica que consume toda La Rioja. Además de estremecer a los viajeros que visitan la zona de Valle de la Puerta, los míticos soplidos de la Cordillera de los Andes que silban sobre su llanura también darán vida a doce gigantes de metal, que los riojanos decidieron bautizar “Molinos de viento”, como si se tratara de los viejos edificios del siglo XVIII, que aprovechaban las brisas para obtener agua. En algo se parecen: girarán todo el día y aprovecharán los vientos como hacían sus antepasados de madera, pero en este caso, se trata de doce hélices gigantescas, de tres aspas, que formarán parte del parque eólico más grande del país.
La obra comenzó hace tres años y, por ahora, tiene 12 aerogeneadores de 100 metros de altura que fueron construidos por la empresa mendocina IMPSA Wind, que planea instalar otros 40 en los próximos cinco años. Las máquinas fueron compradas por el gobierno riojano, a través de la empresa estatal con participación privada Parque Eólico Arauco SAPEM, que desembolsó 2,5 millones de pesos por cada aparato de energía limpia. La primera línea de maquinarias eólicas comenzarán a funcionar en forma regular desde el 20 de mayo, cuando la presidenta Cristina Fernández visite La Rioja para apoyar al gobernador Luis Beder Herrera que buscará su reelección nueve días después.
Cada uno de los aerogeneradores mide más de 100 metros, y sus hélices tienen un diámetro de 83. Frenan de inmediato cuando los vientos andinos superan los 100 kilómetros por hora, pero cuando las brisas superan los diez kilómetros ya comienzan a generar energía. Cada una de las máquinas puede girar 360 grados, cuenta con una escalera interior que llega hasta su cima y sus componentes provienen de distintas partes del mundo. “La torre fue construida en Corea del Sur, el motor fue hecho en Brasil y las aspas son mendocinas”, dice Juan Aguirre, un joven arquitecto de IMPSA, que cuenta los detalles de la obra, mientras el viento riojano de la tarde casi lo vuela. Lleva meses al pie del Velazco y su función es controlar la construcción de ese nuevo paisaje de hélices que, a la hora del crespúsculo, toman un color rojizo que transforman a la zona en un paisaje andino inesperado.
La Rioja es una de las provincias argentinas con mayores problemas de provisión eléctrica debido a la falta de agua y a la ausencia de grandes ríos con el caudal suficiente para la construcción de represas hidroeléctricas. De acuerdo con los cálculos del gobierno riojano, los aerogeneradores producirán 25 megavatios, una cifra equivalente a un quinto de todo el consumo eléctrico de la provincia norteña. En los planes oficiales los generadores llegarán a 50 dentro de cinco años y permitirán una producción de 50 megavatios, un caudal eléctrico que permitirá abastecer a más de 69 mil familias en una provincia donde el 95% del agua es subterránea.
El complejo tuvo un costo de 245 millones de pesos pagados por una sociedad mixta de control estatal, aunque su duración será superior a los 20 años sin ningún impacto contaminante, que permitirá evitar la emisión de 94 mil toneladas de CO2, el equivalente que producen las centrales eléctricas alimentadas a combustibles como fuel oil o carbón, para generar la misma energía. Por ahora, los 12 molinos de viento lograrán proveer a 18 mil hogares con energía limpia y en 2012, el mismo paisaje andino tendrá otra docena de aerogeneradores. El plan original habla de la instalación de 200 máquinas con un costo superior a los 480 millones de dólares. Los molinos de viento del Parque Arauco, son definidos por sus constructores como una “monocolumna de acero, con una base de hormigón que se puede instalar en espacios reducidos”, ya que su mecánica consiste en “un molino destinado a la generación de electricidad que funciona gracias al viento que mueve las hélices conectadas a un generador, y así transforma la energía mecánica en eléctrica”.
Para sus impulsores se trata de mucho más que un molino: tiene un gran generador de electricidad, un rotor, una enorme caja de engranajes, su sistema de control y una forma de generar energía muy valorada en una tierra donde el agua escasea mucho. Para otros, se trata de la mejor forma de alejarse de los fantasmas de la tragedia japonesa de Fukushima, donde la crisis de su central nuclear recordó que esa generación de energía puede resultar un pésimo negocio cuando lo previsible se desgaja por la fuerza de la naturaleza. Al parecer, las aspas gigantes de los andes riojanos, se llevan mejor con una naturaleza cada día más imprevisible.
Fecha de Publicación: 15/05/2011
Fuente: InfoAmbiente - Tiempo Argentino
Provincia/Región: La Rioja
Doce aerogeneradores comenzarán a funcionar el 20 de mayo, cuando la presidenta Cristina Fernández y el gobernador Luis Beder Herrera inauguren la obra que aportará el 20% de la energía eléctrica de la provincia.
Dentro de pocos días, el poderoso viento que peina la cadena montañosa del Velazco, ubicada a 30 kilómetros al norte de Anillaco, aportará el 20% de la energía eléctrica que consume toda La Rioja. Además de estremecer a los viajeros que visitan la zona de Valle de la Puerta, los míticos soplidos de la Cordillera de los Andes que silban sobre su llanura también darán vida a doce gigantes de metal, que los riojanos decidieron bautizar “Molinos de viento”, como si se tratara de los viejos edificios del siglo XVIII, que aprovechaban las brisas para obtener agua. En algo se parecen: girarán todo el día y aprovecharán los vientos como hacían sus antepasados de madera, pero en este caso, se trata de doce hélices gigantescas, de tres aspas, que formarán parte del parque eólico más grande del país.
La obra comenzó hace tres años y, por ahora, tiene 12 aerogeneadores de 100 metros de altura que fueron construidos por la empresa mendocina IMPSA Wind, que planea instalar otros 40 en los próximos cinco años. Las máquinas fueron compradas por el gobierno riojano, a través de la empresa estatal con participación privada Parque Eólico Arauco SAPEM, que desembolsó 2,5 millones de pesos por cada aparato de energía limpia. La primera línea de maquinarias eólicas comenzarán a funcionar en forma regular desde el 20 de mayo, cuando la presidenta Cristina Fernández visite La Rioja para apoyar al gobernador Luis Beder Herrera que buscará su reelección nueve días después.
Cada uno de los aerogeneradores mide más de 100 metros, y sus hélices tienen un diámetro de 83. Frenan de inmediato cuando los vientos andinos superan los 100 kilómetros por hora, pero cuando las brisas superan los diez kilómetros ya comienzan a generar energía. Cada una de las máquinas puede girar 360 grados, cuenta con una escalera interior que llega hasta su cima y sus componentes provienen de distintas partes del mundo. “La torre fue construida en Corea del Sur, el motor fue hecho en Brasil y las aspas son mendocinas”, dice Juan Aguirre, un joven arquitecto de IMPSA, que cuenta los detalles de la obra, mientras el viento riojano de la tarde casi lo vuela. Lleva meses al pie del Velazco y su función es controlar la construcción de ese nuevo paisaje de hélices que, a la hora del crespúsculo, toman un color rojizo que transforman a la zona en un paisaje andino inesperado.
La Rioja es una de las provincias argentinas con mayores problemas de provisión eléctrica debido a la falta de agua y a la ausencia de grandes ríos con el caudal suficiente para la construcción de represas hidroeléctricas. De acuerdo con los cálculos del gobierno riojano, los aerogeneradores producirán 25 megavatios, una cifra equivalente a un quinto de todo el consumo eléctrico de la provincia norteña. En los planes oficiales los generadores llegarán a 50 dentro de cinco años y permitirán una producción de 50 megavatios, un caudal eléctrico que permitirá abastecer a más de 69 mil familias en una provincia donde el 95% del agua es subterránea.
El complejo tuvo un costo de 245 millones de pesos pagados por una sociedad mixta de control estatal, aunque su duración será superior a los 20 años sin ningún impacto contaminante, que permitirá evitar la emisión de 94 mil toneladas de CO2, el equivalente que producen las centrales eléctricas alimentadas a combustibles como fuel oil o carbón, para generar la misma energía. Por ahora, los 12 molinos de viento lograrán proveer a 18 mil hogares con energía limpia y en 2012, el mismo paisaje andino tendrá otra docena de aerogeneradores. El plan original habla de la instalación de 200 máquinas con un costo superior a los 480 millones de dólares. Los molinos de viento del Parque Arauco, son definidos por sus constructores como una “monocolumna de acero, con una base de hormigón que se puede instalar en espacios reducidos”, ya que su mecánica consiste en “un molino destinado a la generación de electricidad que funciona gracias al viento que mueve las hélices conectadas a un generador, y así transforma la energía mecánica en eléctrica”.
Para sus impulsores se trata de mucho más que un molino: tiene un gran generador de electricidad, un rotor, una enorme caja de engranajes, su sistema de control y una forma de generar energía muy valorada en una tierra donde el agua escasea mucho. Para otros, se trata de la mejor forma de alejarse de los fantasmas de la tragedia japonesa de Fukushima, donde la crisis de su central nuclear recordó que esa generación de energía puede resultar un pésimo negocio cuando lo previsible se desgaja por la fuerza de la naturaleza. Al parecer, las aspas gigantes de los andes riojanos, se llevan mejor con una naturaleza cada día más imprevisible.
Pascua Lama: denuncia ante la CSJ
Pascua Lama: denuncia ante la Corte para que cese su actividad minera
Fecha de Publicación: 14/05/2011
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Nacional - San Juan
Según la demanda, el emprendimiento minero de la empresa Barrick Gold en San Juan se lleva adelante sobre estas reservas de agua.
Varias organizaciones ambientalistas presentaron una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Solicitaron que se ordene el inmediato cese de actividades del proyecto minero binacional “Pascua Lama" (San Juan), en cumplimiento de la Ley de Protección de Glaciares, y disponga “la inmediata suspensión” de las medidas cautelares que impiden su aplicación en esa provincia.
La medida fue llevada adelante por Greenpeace, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Amigos de la Tierra Argentina y Diálogo por el Ambiente.
Según la demanda, el emprendimiento minero de la empresa Barrick Gold viola la prohibición establecida en el artículo 6° de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección de Glaciares y el Ambiente Periglacial (Nº 26.639) ya que está desarrollando su actividad sobre glaciares y ambiente periglacial.
La demanda presentada, también solicita que se disponga “la inmediata suspensión” de las medidas cautelares dictadas por la Justicia Federal de San Juan” que impiden la aplicación en la provincia de los artículos clave de la norma en dicha provincia.
Asimismo, la demanda tiene por objeto que se garantice la plena vigencia de la Ley de Protección de Glaciares y que se ordene la realización inmediata del inventario nacional de glaciares y la auditoría ambiental que establece la norma sobre el emprendimiento Pascua-Lama.
Por otro lado, la presentación judicial pide que se condene a los demandados (el Estado Nacional, la provincia de San Juan y la empresa Barrick Gold y sus subsidiarias) a realizar obras de saneamiento y recomposición del ambiente, en el área donde se encuentra el proyecto minero, por los daños ambientales ya ocasionados.
La demanda de las organizaciones ambientalistas se enmarca en la causa iniciada ante la Corte Suprema, caratulada “VARGAS, Ricardo Marcelo c/ SAN JUAN, Provincia de y otros s/ daño ambiental”, donde ciudadanos sanjuaninos denunciaron el impacto ambiental del emprendimiento Pascua-Lama, incluso antes de la sanción de la Ley de Protección de Glaciares.
Fecha de Publicación: 14/05/2011
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Nacional - San Juan
Según la demanda, el emprendimiento minero de la empresa Barrick Gold en San Juan se lleva adelante sobre estas reservas de agua.
Varias organizaciones ambientalistas presentaron una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Solicitaron que se ordene el inmediato cese de actividades del proyecto minero binacional “Pascua Lama" (San Juan), en cumplimiento de la Ley de Protección de Glaciares, y disponga “la inmediata suspensión” de las medidas cautelares que impiden su aplicación en esa provincia.
La medida fue llevada adelante por Greenpeace, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Amigos de la Tierra Argentina y Diálogo por el Ambiente.
Según la demanda, el emprendimiento minero de la empresa Barrick Gold viola la prohibición establecida en el artículo 6° de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección de Glaciares y el Ambiente Periglacial (Nº 26.639) ya que está desarrollando su actividad sobre glaciares y ambiente periglacial.
La demanda presentada, también solicita que se disponga “la inmediata suspensión” de las medidas cautelares dictadas por la Justicia Federal de San Juan” que impiden la aplicación en la provincia de los artículos clave de la norma en dicha provincia.
Asimismo, la demanda tiene por objeto que se garantice la plena vigencia de la Ley de Protección de Glaciares y que se ordene la realización inmediata del inventario nacional de glaciares y la auditoría ambiental que establece la norma sobre el emprendimiento Pascua-Lama.
Por otro lado, la presentación judicial pide que se condene a los demandados (el Estado Nacional, la provincia de San Juan y la empresa Barrick Gold y sus subsidiarias) a realizar obras de saneamiento y recomposición del ambiente, en el área donde se encuentra el proyecto minero, por los daños ambientales ya ocasionados.
La demanda de las organizaciones ambientalistas se enmarca en la causa iniciada ante la Corte Suprema, caratulada “VARGAS, Ricardo Marcelo c/ SAN JUAN, Provincia de y otros s/ daño ambiental”, donde ciudadanos sanjuaninos denunciaron el impacto ambiental del emprendimiento Pascua-Lama, incluso antes de la sanción de la Ley de Protección de Glaciares.
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Avanza prohibición de termómetros con mercurio
Avanza prohibición de termómetros con mercurio
Fecha de Publicación: 14/05/2011
Fuente: El Día
Provincia/Región: Buenos Aires
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad y giró al Senado para su sanción un proyecto que prohíbe, por ser perjudiciales para la salud, la fabricación, venta y distribución de termómetros y tensiómetros que contengan mercurio en la provincia de Buenos Aires.
Se trata de una iniciativa impulsada por el diputado del GEN, Juan Carlos Juárez, luego de un trabajo realizado por le ONG Salud sin Daño para eliminar el mercurio de la medicina por el riesgo que implica para el medio ambiente y la población.
De sancionarse la iniciativa, el Poder Ejecutivo deberá confeccionar un registro de las firmas que producen termómetros y tensiómetros que no utilicen mercurio, con la finalidad de orientar las compras de los hospitales públicos y de los prestadores de salud del sector privado.
También, prevé la realización de un inventario de los insumos, reactivos químicos y dispositivos médicos que contengan mercurio y que puedan ser reemplazados gradualmente por otro tipo que garanticen, como mínimo, la misma eficacia.
"Los estudios realizados por distintos organismos han demostrado que es posible ir reemplazando gradualmente los insumos y dispositivos médicos que contienen mercurio, por otros menos contaminantes, que brindan la mismas prestaciones con calidad y exactitud similares y sin incrementar los costos" dijo Juárez.
Fecha de Publicación: 14/05/2011
Fuente: El Día
Provincia/Región: Buenos Aires
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad y giró al Senado para su sanción un proyecto que prohíbe, por ser perjudiciales para la salud, la fabricación, venta y distribución de termómetros y tensiómetros que contengan mercurio en la provincia de Buenos Aires.
Se trata de una iniciativa impulsada por el diputado del GEN, Juan Carlos Juárez, luego de un trabajo realizado por le ONG Salud sin Daño para eliminar el mercurio de la medicina por el riesgo que implica para el medio ambiente y la población.
De sancionarse la iniciativa, el Poder Ejecutivo deberá confeccionar un registro de las firmas que producen termómetros y tensiómetros que no utilicen mercurio, con la finalidad de orientar las compras de los hospitales públicos y de los prestadores de salud del sector privado.
También, prevé la realización de un inventario de los insumos, reactivos químicos y dispositivos médicos que contengan mercurio y que puedan ser reemplazados gradualmente por otro tipo que garanticen, como mínimo, la misma eficacia.
"Los estudios realizados por distintos organismos han demostrado que es posible ir reemplazando gradualmente los insumos y dispositivos médicos que contienen mercurio, por otros menos contaminantes, que brindan la mismas prestaciones con calidad y exactitud similares y sin incrementar los costos" dijo Juárez.
"Alumbrera para mí es la que más contamina"
"La Minera Alumbrera para mí es la que más contamina"
Fecha de Publicación: 13/05/2011
Fuente: No a la Mina - Diario El Siglo
Provincia/Región: Tucumán
Así lo advirtió el fiscal federal general de Tucumán quien en declaraciones a una radio de Santiago del Estero dijo que desde hace más de 10 años la empresa contamina con metales pesados un canal que luego desemboca en el dique El Frontal de Las Termas de Río Hondo. Por otra parte, un informe oficial indica que la compañía obtuvo 1.590 millones de dólares el año pasado por la extracción de minerales y que las ganancias acumuladas en el período 1.999-2010 alcanza los 10.962 millones de dólares. Una cifra insignificante si se la compara con los 40.000 millones de dólares que se habría llevado según una demanda penal.
Para el fiscal federal general de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, de todas las industrias, en su mayoría tucumanas, que son acusadas por el daño ambiental ocasionado a la cuenca de los ríos Salí-Dulce, "Minera Alumbrera es la que más contamina".
Durante una entrevista concedida a la radio LV11 de Santiago del Estero, el fiscal recordó que "en Tucumán tenemos cerca de 100 causas penales por contaminación ambiental", en las cuales tuvo una fuerte participación como principal instructor.
En este sentido, resaltó que en la Justicia Federal de Tucumán hay "casos de condena por delitos de contaminación ambiental" y destacó que "por el volcado de residuos patológicos fue condenado el intendente de Concepción (Octavio Muedra) a un año de prisión. También condenaron a los propietarios de un sanatorio a tres años de prisión; tenemos procesados a más de media docena de intendentes por esta cuestión de la contaminación a través de los basurales, y empresarios de recolección de residuos. Se ha procesado a los propietarios de empresas citrícolas y de frigoríficos", enumeró.
"La que más contamina"
No obstante, Gómez advirtió que "la Minera (Alumbrera) para mí es la que más contamina". A propósito, recordó que "se presentaron tres querellantes en una causa, uno de una ONG ambientalista de Buenos Aires, otro de una ONG de Tucumán y la otra es Anita Loto, la ex concejal de Las Termas".
También recordó que los querellantes "se reunieron días pasados con los camaristas, le plantearon estas cuestiones y están impulsando la causa penal de la Minera Alumbrera pidiendo el procesamiento de sus directivos".
Según dijo Gómez a LV11, en declaraciones reproducidas por el Nuevo Diario de Santiago, "los ciudadanos comunes están en un riesgo mucho mayor que yo. A mí me pagan un muy buen sueldo por hacer el trabajo que hago, pero Anita Loto tiene un sueldo básico y sin embargo tiene el coraje de presentarse e impulsar todas estas acciones en representación de su pueblo", destacó.
Explicó que "en el caso de Minera es una causa que ya tiene 13 años de duración. Si se lo pudiera llevar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos harían muchas recomendaciones, porque sin dudas está fallando la administración de justicia y por eso creo que la presentación de los querellantes va a significar un gran impulso en la causa, sobre todo porque la propia empresa minera en sus informes de impacto ambiental reconoce la contaminación y los niveles elevados de la misma", argumentó.
Gómez destacó al respecto que "esto es casi una prueba matemática porque los niveles de contaminación por encima de los cuales se comete un delito ambiental están establecidos en la Ley 24.051". "Hay contaminación con metales pesados y confesado por la propia empresa Minera Alumbrera, estos son líquidos que se tiran a un canal y que van directamente al dique Frontal (de Termas de Río Hondo) y es algo que ocurre desde hace más de 10 años, por lo que hay un proceso de acumulación muy importante", manifestó.
Evasión: las multimillonarias ganancias de Minera Alumbrera
Un informe oficial indica que la compañía obtuvo 1.590 millones de dólares el año pasado por la extracción de minerales y que las ganancias acumuladas en el período 1.999-2010 alcanza los 10.962 millones de dólares. Una cifra insignificante si se la compara con los 40.000 millones de dólares que se habría llevado según una demanda penal.
Mientras que dos causas penales contra la empresa Minera Alumbrera (una por contaminación y otra por una multimillonaria evasión) se tramitan sin avances sustanciales en la Justicia Federal de Tucumán, la compañía de capitales extranjeros reportó en 2010 ganancias por la extracción de minerales por la friolera de 1.590 millones de dólares. Según un informe oficial recientemente difundido, Minera Alumbrera, que explota el Yacimiento Bajo la Alumbrera, en el departamento Belén, en la vecina provincia de Catamarca, extrajo y se llevó del país oro, cobre y otros metales de alto valor económico por un monto global de 1.590 millones de dólares, es decir unos 6.390 millones de pesos.
De acuerdo al mismo informe, ese nivel de exportación que registró la empresa implicó un incremento de 20 por ciento respecto del año anterior y el acumulado 1999-2010 suma unos 10.962 millones de dólares o sea 43.848 millones de pesos.
Sin embargo, esas cifras son insignificantes si se las compara con los 40.000 millones de dólares que, de acuerdo a una demanda penal presentada hace más de un año por dos geólogos tucumanos, se habría llevado Minera Alumbrera en los últimos tiempos (ver "Investigación estancada").
En el informe oficial, se aclaró que este crecimiento respecto de 2009 es producto sólo de la suba de precios de estas commodities, ya que las cantidades exportadas disminuyeron 2,4 por ciento para el concentrado de cobre, 22,3 por ciento, para el oro doré y 4,4 por ciento, para el molibdeno.
Según el mismo documento, la composición de los envíos al exterior es de: 95,5 por ciento concentrado de cobre y oro, mientras que 3,5 por ciento es oro doré y el 1,1 por ciento restante molibdeno.
El valor de las exportaciones del proyecto Alumbrera para 2010 significa 2,3 por ciento de las exportaciones totales del país, 10,5 por ciento de las exportaciones de productos primarios y 35 por ciento de las exportaciones del sector minero.
Según la empresa, en 2010, el proyecto minero aportó a la economía argentina ingresos por un total de 3.916 millones de pesos, en concepto de pago de impuestos, regalías, salarios, aportes a la seguridad social, compra de insumos y servicios nacionales, entre otros.
No obstante, es oportuno aclarar que a diferencia de las exportaciones normales, que le generan al país importantes ingresos, en el caso de esta compañía se ve beneficiada por el Decreto 753/2004, según el cual las mineras no están obligadas a ingresar al circuito financiero argentino los dólares producidos por la venta al exterior de lo extraído en territorio argentino.
Investigación estancada
Hace 15 meses fue presentada ante la Justicia Federal de Tucumán una denuncia sobre un ocultamiento de ganancias por más de 40.000 millones de dólares por parte de la firma Minera Alumbrera, en perjuicio del Estado nacional y de sus socios del Yacimiento Minero Aguas de Dionisio-YMAD (constituido por la Universidad Nacional de Tucumán y el Gobierno de Catamarca). Sin embargo, la causa, que está en manos del titular del Juzgado Federal Número I, Daniel Bejas, sigue paralizada y no hubo un avance significativo en la investigación.
La demanda fue promovida por los geólogos tucumanos Guillermo Amilcar Vergara y Miguel Gianfrancisco, quienes mediante la realización de un estudio sobre metalogénesis llegaron a comprobar que Minera Alumbrera solamente declara, para su tributación, la exportación de oro, cobre y molibdeno, pero omite informar sobre la extracción y venta al exterior de importantes cantidades de una lista de casi 50 minerales de alto valor económico, entre ellos: escandio, titanio, cromo, cobalto, cesio y uranio. De acuerdo a la demanda de los profesionales, con la exportación no declarada de esos metales se estaría consumando una evasión de más 8.000 millones de dólares por año.
Para llegar a esa cifra, los licenciados Vergara y Gianfrancisco realizaron un cálculo sobre las cantidades vendidas al exterior, el precio en dólares por gramo de cada uno de los mencionados minerales y el tributo que deberían haber ingresado al Estado Nacional, a Catamarca y al YMAD.
En su planteo, los geólogos recordaron que el Código de Minería de la Nación establece que los primeros cinco años la firma minera estaba libre de impuestos, por lo que la evasión impositiva real estimada abarca, hasta comienzos de 2010, (que es cuando se concretó la demanda) siete años. A partir de dichas consideración, el monto del fraude-evasión ascendería a más de 40.000 millones de dólares.
La causa por contaminación
Paralelamente a esa causa, en la Justicia Federal de Tucumán se investiga otra demanda contra Minera Alumbrera, que fue iniciada hace 13 años, por contaminación ambiental.
La demanda fue planteada por el ex titular de Medio Ambiente de la Provincia, Juan Antonio González, junto a un grupo de organizaciones ecologistas y a la concejal de las Termas de Río Hondo Anita Loto, que acusaron a la firma de envenenar las aguas del canal DP2, que está ubicado en territorio tucumano y desemboca en el río Salí, que a su vez vuelca sus aguas en el dique El Frontal.
Por estos hechos, estuvo procesado el vicepresidente de la minera, Julián Rooney, luego de que en mayo de 2008 la Cámara Federal de Apelaciones lo considerara supuesto autor responsable del delito de contaminación peligrosa para la salud, previsto por el artículo 55 de la Ley Nº 24.051 (Residuos Peligrosos). En septiembre de 2009, la Cámara de Casación Penal declaró la nulidad del procesamiento. Sin embargo, Rooney sigue como imputado en la causa por violación a la citada norma.
El último movimiento importante en la causa se produjo hace unos días, cuando el titular del Juzgado Federal II, Mario Racedo, ordenó realizar nuevos estudios sobre el grado de contaminación actual del canal DP2, designando para esa tarea a tres ingenieros de la facultad de Ciencias Exactas de la UNT.
Los querellantes expresaron su total disconformidad con esta medida, aduciendo, por un lado, que al ser la UNT socia de Minera Alumbrera en el YMAD la elección de peritos pertenecientes a esa casa de altos estudios no garantiza la imparcialidad necesaria para establecer si la firma minera sigue envenenando el agua.
Por otro lado, plantearon que, después de 13 años de iniciada la causa, ya hay pruebas suficientes que constatan el daño ambiental ocasionado por la compañía minera.
Fecha de Publicación: 13/05/2011
Fuente: No a la Mina - Diario El Siglo
Provincia/Región: Tucumán
Así lo advirtió el fiscal federal general de Tucumán quien en declaraciones a una radio de Santiago del Estero dijo que desde hace más de 10 años la empresa contamina con metales pesados un canal que luego desemboca en el dique El Frontal de Las Termas de Río Hondo. Por otra parte, un informe oficial indica que la compañía obtuvo 1.590 millones de dólares el año pasado por la extracción de minerales y que las ganancias acumuladas en el período 1.999-2010 alcanza los 10.962 millones de dólares. Una cifra insignificante si se la compara con los 40.000 millones de dólares que se habría llevado según una demanda penal.
Para el fiscal federal general de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, de todas las industrias, en su mayoría tucumanas, que son acusadas por el daño ambiental ocasionado a la cuenca de los ríos Salí-Dulce, "Minera Alumbrera es la que más contamina".
Durante una entrevista concedida a la radio LV11 de Santiago del Estero, el fiscal recordó que "en Tucumán tenemos cerca de 100 causas penales por contaminación ambiental", en las cuales tuvo una fuerte participación como principal instructor.
En este sentido, resaltó que en la Justicia Federal de Tucumán hay "casos de condena por delitos de contaminación ambiental" y destacó que "por el volcado de residuos patológicos fue condenado el intendente de Concepción (Octavio Muedra) a un año de prisión. También condenaron a los propietarios de un sanatorio a tres años de prisión; tenemos procesados a más de media docena de intendentes por esta cuestión de la contaminación a través de los basurales, y empresarios de recolección de residuos. Se ha procesado a los propietarios de empresas citrícolas y de frigoríficos", enumeró.
"La que más contamina"
No obstante, Gómez advirtió que "la Minera (Alumbrera) para mí es la que más contamina". A propósito, recordó que "se presentaron tres querellantes en una causa, uno de una ONG ambientalista de Buenos Aires, otro de una ONG de Tucumán y la otra es Anita Loto, la ex concejal de Las Termas".
También recordó que los querellantes "se reunieron días pasados con los camaristas, le plantearon estas cuestiones y están impulsando la causa penal de la Minera Alumbrera pidiendo el procesamiento de sus directivos".
Según dijo Gómez a LV11, en declaraciones reproducidas por el Nuevo Diario de Santiago, "los ciudadanos comunes están en un riesgo mucho mayor que yo. A mí me pagan un muy buen sueldo por hacer el trabajo que hago, pero Anita Loto tiene un sueldo básico y sin embargo tiene el coraje de presentarse e impulsar todas estas acciones en representación de su pueblo", destacó.
Explicó que "en el caso de Minera es una causa que ya tiene 13 años de duración. Si se lo pudiera llevar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos harían muchas recomendaciones, porque sin dudas está fallando la administración de justicia y por eso creo que la presentación de los querellantes va a significar un gran impulso en la causa, sobre todo porque la propia empresa minera en sus informes de impacto ambiental reconoce la contaminación y los niveles elevados de la misma", argumentó.
Gómez destacó al respecto que "esto es casi una prueba matemática porque los niveles de contaminación por encima de los cuales se comete un delito ambiental están establecidos en la Ley 24.051". "Hay contaminación con metales pesados y confesado por la propia empresa Minera Alumbrera, estos son líquidos que se tiran a un canal y que van directamente al dique Frontal (de Termas de Río Hondo) y es algo que ocurre desde hace más de 10 años, por lo que hay un proceso de acumulación muy importante", manifestó.
Evasión: las multimillonarias ganancias de Minera Alumbrera
Un informe oficial indica que la compañía obtuvo 1.590 millones de dólares el año pasado por la extracción de minerales y que las ganancias acumuladas en el período 1.999-2010 alcanza los 10.962 millones de dólares. Una cifra insignificante si se la compara con los 40.000 millones de dólares que se habría llevado según una demanda penal.
Mientras que dos causas penales contra la empresa Minera Alumbrera (una por contaminación y otra por una multimillonaria evasión) se tramitan sin avances sustanciales en la Justicia Federal de Tucumán, la compañía de capitales extranjeros reportó en 2010 ganancias por la extracción de minerales por la friolera de 1.590 millones de dólares. Según un informe oficial recientemente difundido, Minera Alumbrera, que explota el Yacimiento Bajo la Alumbrera, en el departamento Belén, en la vecina provincia de Catamarca, extrajo y se llevó del país oro, cobre y otros metales de alto valor económico por un monto global de 1.590 millones de dólares, es decir unos 6.390 millones de pesos.
De acuerdo al mismo informe, ese nivel de exportación que registró la empresa implicó un incremento de 20 por ciento respecto del año anterior y el acumulado 1999-2010 suma unos 10.962 millones de dólares o sea 43.848 millones de pesos.
Sin embargo, esas cifras son insignificantes si se las compara con los 40.000 millones de dólares que, de acuerdo a una demanda penal presentada hace más de un año por dos geólogos tucumanos, se habría llevado Minera Alumbrera en los últimos tiempos (ver "Investigación estancada").
En el informe oficial, se aclaró que este crecimiento respecto de 2009 es producto sólo de la suba de precios de estas commodities, ya que las cantidades exportadas disminuyeron 2,4 por ciento para el concentrado de cobre, 22,3 por ciento, para el oro doré y 4,4 por ciento, para el molibdeno.
Según el mismo documento, la composición de los envíos al exterior es de: 95,5 por ciento concentrado de cobre y oro, mientras que 3,5 por ciento es oro doré y el 1,1 por ciento restante molibdeno.
El valor de las exportaciones del proyecto Alumbrera para 2010 significa 2,3 por ciento de las exportaciones totales del país, 10,5 por ciento de las exportaciones de productos primarios y 35 por ciento de las exportaciones del sector minero.
Según la empresa, en 2010, el proyecto minero aportó a la economía argentina ingresos por un total de 3.916 millones de pesos, en concepto de pago de impuestos, regalías, salarios, aportes a la seguridad social, compra de insumos y servicios nacionales, entre otros.
No obstante, es oportuno aclarar que a diferencia de las exportaciones normales, que le generan al país importantes ingresos, en el caso de esta compañía se ve beneficiada por el Decreto 753/2004, según el cual las mineras no están obligadas a ingresar al circuito financiero argentino los dólares producidos por la venta al exterior de lo extraído en territorio argentino.
Investigación estancada
Hace 15 meses fue presentada ante la Justicia Federal de Tucumán una denuncia sobre un ocultamiento de ganancias por más de 40.000 millones de dólares por parte de la firma Minera Alumbrera, en perjuicio del Estado nacional y de sus socios del Yacimiento Minero Aguas de Dionisio-YMAD (constituido por la Universidad Nacional de Tucumán y el Gobierno de Catamarca). Sin embargo, la causa, que está en manos del titular del Juzgado Federal Número I, Daniel Bejas, sigue paralizada y no hubo un avance significativo en la investigación.
La demanda fue promovida por los geólogos tucumanos Guillermo Amilcar Vergara y Miguel Gianfrancisco, quienes mediante la realización de un estudio sobre metalogénesis llegaron a comprobar que Minera Alumbrera solamente declara, para su tributación, la exportación de oro, cobre y molibdeno, pero omite informar sobre la extracción y venta al exterior de importantes cantidades de una lista de casi 50 minerales de alto valor económico, entre ellos: escandio, titanio, cromo, cobalto, cesio y uranio. De acuerdo a la demanda de los profesionales, con la exportación no declarada de esos metales se estaría consumando una evasión de más 8.000 millones de dólares por año.
Para llegar a esa cifra, los licenciados Vergara y Gianfrancisco realizaron un cálculo sobre las cantidades vendidas al exterior, el precio en dólares por gramo de cada uno de los mencionados minerales y el tributo que deberían haber ingresado al Estado Nacional, a Catamarca y al YMAD.
En su planteo, los geólogos recordaron que el Código de Minería de la Nación establece que los primeros cinco años la firma minera estaba libre de impuestos, por lo que la evasión impositiva real estimada abarca, hasta comienzos de 2010, (que es cuando se concretó la demanda) siete años. A partir de dichas consideración, el monto del fraude-evasión ascendería a más de 40.000 millones de dólares.
La causa por contaminación
Paralelamente a esa causa, en la Justicia Federal de Tucumán se investiga otra demanda contra Minera Alumbrera, que fue iniciada hace 13 años, por contaminación ambiental.
La demanda fue planteada por el ex titular de Medio Ambiente de la Provincia, Juan Antonio González, junto a un grupo de organizaciones ecologistas y a la concejal de las Termas de Río Hondo Anita Loto, que acusaron a la firma de envenenar las aguas del canal DP2, que está ubicado en territorio tucumano y desemboca en el río Salí, que a su vez vuelca sus aguas en el dique El Frontal.
Por estos hechos, estuvo procesado el vicepresidente de la minera, Julián Rooney, luego de que en mayo de 2008 la Cámara Federal de Apelaciones lo considerara supuesto autor responsable del delito de contaminación peligrosa para la salud, previsto por el artículo 55 de la Ley Nº 24.051 (Residuos Peligrosos). En septiembre de 2009, la Cámara de Casación Penal declaró la nulidad del procesamiento. Sin embargo, Rooney sigue como imputado en la causa por violación a la citada norma.
El último movimiento importante en la causa se produjo hace unos días, cuando el titular del Juzgado Federal II, Mario Racedo, ordenó realizar nuevos estudios sobre el grado de contaminación actual del canal DP2, designando para esa tarea a tres ingenieros de la facultad de Ciencias Exactas de la UNT.
Los querellantes expresaron su total disconformidad con esta medida, aduciendo, por un lado, que al ser la UNT socia de Minera Alumbrera en el YMAD la elección de peritos pertenecientes a esa casa de altos estudios no garantiza la imparcialidad necesaria para establecer si la firma minera sigue envenenando el agua.
Por otro lado, plantearon que, después de 13 años de iniciada la causa, ya hay pruebas suficientes que constatan el daño ambiental ocasionado por la compañía minera.
Denuncian robo de restos fósiles en zona minera
Denuncian robo de restos fósiles en la zona de la minera Vale
Fecha de Publicación: 12/05/2011
Fuente: Los Andes On Line
Provincia/Región: Mendoza
Un concejal malargüino dice que se los llevan, presuntamente en forma ilegal, a Neuquén. Desde Patrimonio aseguran que la acción está a cargo de un profesional que elevará un informe.
Fotos y videos de restos de dinosaurios hallados en inmediaciones del espacio geográfico que ocupa la minera Vale con el proyecto de extracción de sales de potasio, fueron aportados por empleados neuquinos a la prensa y al concejal malargüino del Mopoma, José Gabriel Ferrero, quien realizó una denuncia por presunto tráfico de fósiles, ya que los mismos estarían siendo trasladados a la vecina provincia de Neuquén.
Desde la empresa minera rápidamente desmintieron la veracidad de la denuncia, informando que la Dirección de Patrimonio de Mendoza está al tanto de todo lo que ocurre en inmediaciones del yacimiento. "Vale, en estos casos, sigue los lineamientos normales de cualquier país en los que trabaja, realizando todos los pasos que corresponden. La empresa ha contratado una consultora, se realiza un rastreo previo, un monitoreo de los restos o materiales paleontológicos o arqueológicos que puedan haber en el lugar y en base a eso se lo informa”, destacaron desde sus oficinas centrales en Buenos Aires.
La acusación ha generado gran repercusión porque de comprobarse el robo de los restos fósiles se estaría cometiendo un grave delito. Según lo denunciado por Ferrero, se “estarían sacando restos fósiles de la zona de Corte Cajón, un sector que tiene a su cargo la compañía Skanska en el yacimiento de potasio ubicado en Pata Mora. Los mismos estarían siendo trasladados hacia la vecina provincia de Neuquén, sin conocimiento de la Dirección de Patrimonio de la provincia. Se trataría de restos de tres dinosaurios completos”.
La información aportada por algunos empleados indicaría que los restos habrían sido encontrados en distintos lugares y por casualidad, al estar trazando con máquinas topadoras uno de los caminos que la empresa está realizando en la mencionada zona.
Si bien la denuncia el edil Ferrero la realizó en el escuadrón 29 de Gendarmería Nacional, quienes inmediatamente se aprestaron para dirigirse hasta el lugar, la Justicia Federal habría decidido que se diera parte en el hecho a la policía de Mendoza para que ellos realizaran las actuaciones correspondientes. De hecho, en la jornada de ayer efectivos policiales recorrieron la zona.
“Lo que pudimos observar es que hay muchísimo movimiento de tierra y hay dos personas, creemos que son técnicos, que están trabajando en el lugar con estos restos, pero no en las condiciones y con los elementos que debería ser y como se exige”, informó escuetamente uno de los asistentes al lugar.
“Me dicen que habría una persona autorizada, llamada González Riga, como concesionario del área para hacer los estudios paleontológicos”, afirmó Ferrero, y agregó: “Pero resulta que esta persona no solamente cumple esa función sino que además es inspector de los recursos patrimoniales de la provincia, lo que lo hace juez y parte. González Riga nunca informó del hallazgo, a pesar de que está obligado a hacerlo por el convenio que Vale ejerció con la provincia de que cualquier hallazgo de esta naturaleza debe ser informado, pero no lo hizo”, manifestó el edil malargüino Gabriel Ferrero.
La empresa minera de capitales brasileños informó que la consultora contratada para realizar estos trabajos es Bios y ellos son los que han contratado al doctor González Riga. “Una vez que se termine con todo el procedimiento que corresponde, todos los restos fósiles van a pertenecer a la provincia, porque esto se debe informar a Patrimonio de Mendoza y no al municipio de Malargüe”, manifestaron desde la empresa minera.
En tanto, el propio Bernardo González Riga, quien tiene la concesión de la zona de Cañadón Amarillo desde hace varios años, y ayer estuvo en Malargüe para una reunión llevada a cabo por el “Parque de Huellas de Dinosaurios”, curiosamente no viajó hasta la zona del conflicto y dijo “desconocer la existencia de estos hallazgos y mucho menos el lugar que se menciona (Corte Cajón).
Si hay una denuncia habrá que esperar que siga su transcurso, pero es raro también que haya ingresado un vehículo al lugar, como dicen, y sin autorización se hayan llevado restos fósiles porque la empresa tiene mucha seguridad”. El doctor González Riga, según informaron desde Vale estuvo la semana pasada en la zona. Durante esos días se produjo el hallazgo de uno de los ejemplares.
En tanto, desde Patrimonio de la provincia, la asesora legal,Carolina Delgado destacó a los medios que “Bernardo González Riga es un subcontratado de Vale para realizar los trabajos de rescate de fósiles que se encuentran dentro del perímetro de la empresa. Al mismo tiempo, es un excelente profesional que tiene una concesión paleontológica”, se explayó Delgado y acompañó: “Nos deja tranquilo porque es un especialista y esperaremos su informe”.
Desde la red ambientalista Oikos también se han mostrado preocupados por lo que estaría sucediendo en la localidad malargüina de Pata Mora y por ello, su presidente, Eduardo Sosa, realizaría hoy una conferencia de prensa solicitando al Gobierno, o a quien corresponda, un pedido de informes.
Lo cierto, independientemente de la denuncia, es que nadie ha podido explicar hasta el momento quiénes son las personas que estarían retirando todos los restos fósiles hallados en el lugar, si tienen autorización o no y para qué consultora u organismo trabajan. Será este el motivo de la investigación.
Fecha de Publicación: 12/05/2011
Fuente: Los Andes On Line
Provincia/Región: Mendoza
Un concejal malargüino dice que se los llevan, presuntamente en forma ilegal, a Neuquén. Desde Patrimonio aseguran que la acción está a cargo de un profesional que elevará un informe.
Fotos y videos de restos de dinosaurios hallados en inmediaciones del espacio geográfico que ocupa la minera Vale con el proyecto de extracción de sales de potasio, fueron aportados por empleados neuquinos a la prensa y al concejal malargüino del Mopoma, José Gabriel Ferrero, quien realizó una denuncia por presunto tráfico de fósiles, ya que los mismos estarían siendo trasladados a la vecina provincia de Neuquén.
Desde la empresa minera rápidamente desmintieron la veracidad de la denuncia, informando que la Dirección de Patrimonio de Mendoza está al tanto de todo lo que ocurre en inmediaciones del yacimiento. "Vale, en estos casos, sigue los lineamientos normales de cualquier país en los que trabaja, realizando todos los pasos que corresponden. La empresa ha contratado una consultora, se realiza un rastreo previo, un monitoreo de los restos o materiales paleontológicos o arqueológicos que puedan haber en el lugar y en base a eso se lo informa”, destacaron desde sus oficinas centrales en Buenos Aires.
La acusación ha generado gran repercusión porque de comprobarse el robo de los restos fósiles se estaría cometiendo un grave delito. Según lo denunciado por Ferrero, se “estarían sacando restos fósiles de la zona de Corte Cajón, un sector que tiene a su cargo la compañía Skanska en el yacimiento de potasio ubicado en Pata Mora. Los mismos estarían siendo trasladados hacia la vecina provincia de Neuquén, sin conocimiento de la Dirección de Patrimonio de la provincia. Se trataría de restos de tres dinosaurios completos”.
La información aportada por algunos empleados indicaría que los restos habrían sido encontrados en distintos lugares y por casualidad, al estar trazando con máquinas topadoras uno de los caminos que la empresa está realizando en la mencionada zona.
Si bien la denuncia el edil Ferrero la realizó en el escuadrón 29 de Gendarmería Nacional, quienes inmediatamente se aprestaron para dirigirse hasta el lugar, la Justicia Federal habría decidido que se diera parte en el hecho a la policía de Mendoza para que ellos realizaran las actuaciones correspondientes. De hecho, en la jornada de ayer efectivos policiales recorrieron la zona.
“Lo que pudimos observar es que hay muchísimo movimiento de tierra y hay dos personas, creemos que son técnicos, que están trabajando en el lugar con estos restos, pero no en las condiciones y con los elementos que debería ser y como se exige”, informó escuetamente uno de los asistentes al lugar.
“Me dicen que habría una persona autorizada, llamada González Riga, como concesionario del área para hacer los estudios paleontológicos”, afirmó Ferrero, y agregó: “Pero resulta que esta persona no solamente cumple esa función sino que además es inspector de los recursos patrimoniales de la provincia, lo que lo hace juez y parte. González Riga nunca informó del hallazgo, a pesar de que está obligado a hacerlo por el convenio que Vale ejerció con la provincia de que cualquier hallazgo de esta naturaleza debe ser informado, pero no lo hizo”, manifestó el edil malargüino Gabriel Ferrero.
La empresa minera de capitales brasileños informó que la consultora contratada para realizar estos trabajos es Bios y ellos son los que han contratado al doctor González Riga. “Una vez que se termine con todo el procedimiento que corresponde, todos los restos fósiles van a pertenecer a la provincia, porque esto se debe informar a Patrimonio de Mendoza y no al municipio de Malargüe”, manifestaron desde la empresa minera.
En tanto, el propio Bernardo González Riga, quien tiene la concesión de la zona de Cañadón Amarillo desde hace varios años, y ayer estuvo en Malargüe para una reunión llevada a cabo por el “Parque de Huellas de Dinosaurios”, curiosamente no viajó hasta la zona del conflicto y dijo “desconocer la existencia de estos hallazgos y mucho menos el lugar que se menciona (Corte Cajón).
Si hay una denuncia habrá que esperar que siga su transcurso, pero es raro también que haya ingresado un vehículo al lugar, como dicen, y sin autorización se hayan llevado restos fósiles porque la empresa tiene mucha seguridad”. El doctor González Riga, según informaron desde Vale estuvo la semana pasada en la zona. Durante esos días se produjo el hallazgo de uno de los ejemplares.
En tanto, desde Patrimonio de la provincia, la asesora legal,Carolina Delgado destacó a los medios que “Bernardo González Riga es un subcontratado de Vale para realizar los trabajos de rescate de fósiles que se encuentran dentro del perímetro de la empresa. Al mismo tiempo, es un excelente profesional que tiene una concesión paleontológica”, se explayó Delgado y acompañó: “Nos deja tranquilo porque es un especialista y esperaremos su informe”.
Desde la red ambientalista Oikos también se han mostrado preocupados por lo que estaría sucediendo en la localidad malargüina de Pata Mora y por ello, su presidente, Eduardo Sosa, realizaría hoy una conferencia de prensa solicitando al Gobierno, o a quien corresponda, un pedido de informes.
Lo cierto, independientemente de la denuncia, es que nadie ha podido explicar hasta el momento quiénes son las personas que estarían retirando todos los restos fósiles hallados en el lugar, si tienen autorización o no y para qué consultora u organismo trabajan. Será este el motivo de la investigación.
Citan a titulares de empresas tucumanas
La Justicia Federal local citará a indagatoria a titulares de empresas tucumanas
Fecha de Publicación: 12/05/2011
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
Previamente, el juez Molinari envió los oficios a organismos públicos Tucumán para pedir la identidad de los propietarios o directivos responsables de las firmas.
El juez federal Guillermo Molinari resolvió instruir una causa por delitos ambientales, contra industrias radicadas en Tucumán y que están denunciadas por contaminar las aguas que alimentan la cuenca Salí-Dulce. Esto a instancias del requerimiento del fiscal Pedro Simón quien presentó las denuncias y solicitó la instrucción de una causa contra 15 ingenios, cinco citrícolas, Papelera Tucumán, Sociedad Aguas de Tucumán y Minera La Alumbrera LTD.
Así lo señalaron fuentes judiciales a EL LIBERAL, quienes mencionaron que a partir de la decisión del magistrado, el Juzgado dio cumplimiento el diligenciamiento de los petitorios del fiscal Simón. En primer lugar, el juez Molinari envió las comunicaciones a organismos públicos de Tucumán requiriendo los nombres de los titulares o directivos de las empresas acusadas para citarlos a indagatoria por infracción a la ley de Residuos Peligrosos y cuyas condenas prevén penas de 3 a 10 años y de más años en el caso de que estos hechos (el envenenamiento de las aguas) produjera el deceso de alguna persona.
En su requerimiento, Simón había pedido la citación de los imputados a prestar declaración indagatoria, así como también que se forme un solo cuerpo de expediente con las causas por delitos ambientales.
Nuevas pruebas
Por otra parte, Simón, que representa al Ministerio Público Fiscal Federal, solicitó que se requiera un informe de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación sobre las empresas anotadas en el Registro Nacional Obligatorio de Inventario de Empresas Productoras de Residuos Peligrosos o bien del Registro Nacional de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos de la Dirección de Recursos Hídricos (de dicha secretaría). También pidió que en dicho informe dé a conocer el tipo de efluentes vertidos, puntos de vuelcos, cantidades, destino y cuerpo receptor.
Además, pidió al juez que requiera a la autoridad de Medio Ambiente de Tucumán un informe sobre toda denuncia, actuación o multa sobre contaminación que tuviera en relación a las empresas citrícolas de Tucumán y sobre la Planta de Secado de Minera La Alumbrera.
Extraoficialmente se supo que la decisión del juez es cumplir con el diligenciamiento a los requerimientos del fiscal Simón, por lo que estaría enviando las comunicaciones a los organismos pertinentes, con los pedidos de informe.
Firmas denunciadas
A partir de numerosa prueba recolectadas como tomas de muestras, el Ministerio Público Fiscal pidió la imputación de los propietarios, directores y responsables de los ingenios Bella Vista, Concepción, La Corona, La Florida, La Fronterita, La Trinidad, Leales, Marapa, Santa Bárbara, San Juan, Santa Rosa, Aguilares, Cruz Alta, La Providencia y Nuñorco. También de las citrícolas Citromax, San Miguel SA, Litoral Citrus, Cota y Acheral; de Papelera Tucumán, de Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) y de la planta de sectado de la empresa Minera Alumbrera LTD.
Para Simón, estas empresas arrojaron sus “desechos industriales a la cuenca del río Salí y con ello contaminaron sus aguas y pusieron en riesgo la salud de las poblaciones de Tucumán y Santiago del Estero”.
En el requerimiento, sostiene que “en el caso de los ingenios, contaminaron arrojando vinaza y cachaza a los ríos que desembocan en el Salí con lo que provocaron un alto grado de demanda biológica y química de oxígeno en agua, la mortandad de peces y el peligro para la salud de la población”.
Sobre la empresa papelera y las citrícolas, afirma que contaminaron “con residuos industriales de los considerados tóxicos”; que la SAT “contaminó con desechos infecciosos del tipo fecal proveniente de cloacas” y que la Minera La Alumbrera Limited envenenó las aguas “con residuos de cobre que superan los límites permitidos por la ley de Residuos Peligrosos”. El Juzgado Federal local espera que desde Tucumán se envíe la nómina de los titulares de estas firmas denunciadas. Con este elemento en su poder en la mano, el juez Molinari ya podrá comenzar con las indagatorias a los empresarios.
Fecha de Publicación: 12/05/2011
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
Previamente, el juez Molinari envió los oficios a organismos públicos Tucumán para pedir la identidad de los propietarios o directivos responsables de las firmas.
El juez federal Guillermo Molinari resolvió instruir una causa por delitos ambientales, contra industrias radicadas en Tucumán y que están denunciadas por contaminar las aguas que alimentan la cuenca Salí-Dulce. Esto a instancias del requerimiento del fiscal Pedro Simón quien presentó las denuncias y solicitó la instrucción de una causa contra 15 ingenios, cinco citrícolas, Papelera Tucumán, Sociedad Aguas de Tucumán y Minera La Alumbrera LTD.
Así lo señalaron fuentes judiciales a EL LIBERAL, quienes mencionaron que a partir de la decisión del magistrado, el Juzgado dio cumplimiento el diligenciamiento de los petitorios del fiscal Simón. En primer lugar, el juez Molinari envió las comunicaciones a organismos públicos de Tucumán requiriendo los nombres de los titulares o directivos de las empresas acusadas para citarlos a indagatoria por infracción a la ley de Residuos Peligrosos y cuyas condenas prevén penas de 3 a 10 años y de más años en el caso de que estos hechos (el envenenamiento de las aguas) produjera el deceso de alguna persona.
En su requerimiento, Simón había pedido la citación de los imputados a prestar declaración indagatoria, así como también que se forme un solo cuerpo de expediente con las causas por delitos ambientales.
Nuevas pruebas
Por otra parte, Simón, que representa al Ministerio Público Fiscal Federal, solicitó que se requiera un informe de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación sobre las empresas anotadas en el Registro Nacional Obligatorio de Inventario de Empresas Productoras de Residuos Peligrosos o bien del Registro Nacional de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos de la Dirección de Recursos Hídricos (de dicha secretaría). También pidió que en dicho informe dé a conocer el tipo de efluentes vertidos, puntos de vuelcos, cantidades, destino y cuerpo receptor.
Además, pidió al juez que requiera a la autoridad de Medio Ambiente de Tucumán un informe sobre toda denuncia, actuación o multa sobre contaminación que tuviera en relación a las empresas citrícolas de Tucumán y sobre la Planta de Secado de Minera La Alumbrera.
Extraoficialmente se supo que la decisión del juez es cumplir con el diligenciamiento a los requerimientos del fiscal Simón, por lo que estaría enviando las comunicaciones a los organismos pertinentes, con los pedidos de informe.
Firmas denunciadas
A partir de numerosa prueba recolectadas como tomas de muestras, el Ministerio Público Fiscal pidió la imputación de los propietarios, directores y responsables de los ingenios Bella Vista, Concepción, La Corona, La Florida, La Fronterita, La Trinidad, Leales, Marapa, Santa Bárbara, San Juan, Santa Rosa, Aguilares, Cruz Alta, La Providencia y Nuñorco. También de las citrícolas Citromax, San Miguel SA, Litoral Citrus, Cota y Acheral; de Papelera Tucumán, de Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) y de la planta de sectado de la empresa Minera Alumbrera LTD.
Para Simón, estas empresas arrojaron sus “desechos industriales a la cuenca del río Salí y con ello contaminaron sus aguas y pusieron en riesgo la salud de las poblaciones de Tucumán y Santiago del Estero”.
En el requerimiento, sostiene que “en el caso de los ingenios, contaminaron arrojando vinaza y cachaza a los ríos que desembocan en el Salí con lo que provocaron un alto grado de demanda biológica y química de oxígeno en agua, la mortandad de peces y el peligro para la salud de la población”.
Sobre la empresa papelera y las citrícolas, afirma que contaminaron “con residuos industriales de los considerados tóxicos”; que la SAT “contaminó con desechos infecciosos del tipo fecal proveniente de cloacas” y que la Minera La Alumbrera Limited envenenó las aguas “con residuos de cobre que superan los límites permitidos por la ley de Residuos Peligrosos”. El Juzgado Federal local espera que desde Tucumán se envíe la nómina de los titulares de estas firmas denunciadas. Con este elemento en su poder en la mano, el juez Molinari ya podrá comenzar con las indagatorias a los empresarios.
Principio de solución para los Qom
Día de Primavera en pleno otoño
Fecha de Publicación: 11/05/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Formosa
Todos los actores de la mesa de diálogo por el conflicto de los aborígenes de Formosa expresaron su satisfacción. El primer acuerdo fue consensuar la elección de un representante de la comunidad y hacer un relevamiento de territorios indígenas.
El primer encuentro para solucionar conflictos territoriales entre miembros de la comunidad qom La Primavera, encabezados por Félix Díaz, autoridades nacionales y formoseñas, organismos de derechos humanos y otro grupo indígena que dice representar a los qom de Formosa tuvo como primer paso iniciar la resolución de otro problema, la elección de las autoridades de este pueblo, ya que hay un conflicto de representación entre ambos colectivos. Es que el cacique Fernando Sanabria (95), líder de un sector que no reclama la restitución de tierras, fue electo en un acto cuestionado, entre otros, por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Y el sector liderado por Díaz, que promueve la recuperación de los territorios, no es reconocido por el gobierno formoseño. Los originarios deberán resolver internamente el nuevo marco eleccionario, y de no hacerlo lo fijará el gobierno nacional. Los otros puntos del acta firmada el lunes fueron la necesidad de realizar los relevamientos de territorios indígenas, un estudio de Parques Nacionales sobre hectáreas superpuestas del Parque Pilcomayo y de los originarios y la prohibición de arrendar las tierras pertenecientes a la comunidad.
El problema de autoridades surgió el 18 de junio de 2008, cuando la comunidad formó una asamblea, avalada por el Instituto de Comunidades Aborígenes de Formosa, y eligió a Félix Díaz como cacique, con cerca de 500 votos. Ocho días más tarde, Fernando Sanabria, de 95 años, se erigió como autoridad de la comunidad en el marco de una asociación civil, “apoyado por unas treinta personas”, aseguraron desde el entorno de Díaz.
El conflicto lo dirimió el 12 de julio de ese año la Inspección General de Personas Jurídicas del Ministerio de Gobierno formoseño, mediante la resolución 605/08, que negó la autodeterminación de los qom y anuló la representación de Díaz.
El 28 de octubre del 2008, el INAI se expidió al respecto y apuntó que la disposición del ente formoseño “colisiona con la Constitución Nacional y provincial por establecer requisitos para la personería jurídica de la comunidad ajenos a su forma de vida y estilo de organización”. Sin embargo, desde el organismo nacional no se avanzó en reconocer la asamblea que eligió a Díaz. De no haber consenso de los indígenas para fijar el marco eleccionario para nuevas autoridades en los próximos quince días, el INAI deberá pautarlo.
Del encuentro celebrado el lunes pasado en el Ministerio del Interior participó el hijo de Sanabria, Cristino, y un grupo de personas que apoyan a su padre. Desde ese espacio no hubo reclamos en torno del tema territorial. Al respecto, el ministro de Gobierno formoseño, Jorge González, le dijo a Página/12 que le pareció “muy positiva” la reunión, ya que “hasta el lunes sólo se escuchaba la voz de Félix Díaz”. Además, entendió que la mesa de diálogo genera “una buena oportunidad para que se lo escuche a Fernando Sanabria”.
Desde el lado de Díaz le achacan al otro sector su función de “punteros” del gobierno provincial. “Es sólo un argumento para deslegitimar al otro”, defendió el ministro, quien no negó el vínculo de ese grupo con el oficialismo provincial: “Desconozco si trabajan para el gobierno”.
Para cerrar su postura en este marco de conflicto, González ratificó “de manera absoluta”, como hizo ante los legisladores formoseños, que “no hubo represión el 23 de noviembre” de 2010, cuando los originarios fueron desalojados de la ruta 86 por la policía provincial. El episodio resultó en el asesinato del abuelo (qom) Roberto López y del policía Heber Falcón, además de quedar un tendal de heridos. También fueron incendiadas las casas de los indígenas, con todas sus pertenencias dentro.
Por parte del gobierno nacional, Claudio Morgado, titular del Inadi, remarcó que en lo acordado en la mesa de diálogo “se propone el inmediato relevamiento del territorio”, en el marco de la Ley 26.160 de emergencia territorial. La norma obliga a detener los desalojos de los pueblos indígenas hasta que se realicen los correspondientes estudios jurídicos catastrales. El presidente del Inadi destacó que esa “es la herramienta clave” para solucionar el problema. La comunidad pide que se le restituyan 1300 hectáreas que hoy están en manos del Estado formoseño y una familia de hacendados, los Celía.
En el convenio también se recomendó a Parques Nacionales hacer un estudio respecto de la superposición de tierras de la comunidad y del Parque Pilcomayo. En ese sentido, además de su presencia ancestral, los originarios cuentan con documentación que da cuenta de su localización en ese territorio desde 1940, mientras que el parque se creó en 1951.
Por último, Morgado indicó que la reunión dejó algo en claro: “Se confirmó que existe un conflicto territorial”. El funcionario, que trabaja en la problemática de La Primavera desde enero de 2010, compartió: “Lamentamos no haber convencido antes a otros actores sobre lo que pasaba, porque hoy no tendríamos los dos muertos del 23 de noviembre”.
Fecha de Publicación: 11/05/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Formosa
Todos los actores de la mesa de diálogo por el conflicto de los aborígenes de Formosa expresaron su satisfacción. El primer acuerdo fue consensuar la elección de un representante de la comunidad y hacer un relevamiento de territorios indígenas.
El primer encuentro para solucionar conflictos territoriales entre miembros de la comunidad qom La Primavera, encabezados por Félix Díaz, autoridades nacionales y formoseñas, organismos de derechos humanos y otro grupo indígena que dice representar a los qom de Formosa tuvo como primer paso iniciar la resolución de otro problema, la elección de las autoridades de este pueblo, ya que hay un conflicto de representación entre ambos colectivos. Es que el cacique Fernando Sanabria (95), líder de un sector que no reclama la restitución de tierras, fue electo en un acto cuestionado, entre otros, por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Y el sector liderado por Díaz, que promueve la recuperación de los territorios, no es reconocido por el gobierno formoseño. Los originarios deberán resolver internamente el nuevo marco eleccionario, y de no hacerlo lo fijará el gobierno nacional. Los otros puntos del acta firmada el lunes fueron la necesidad de realizar los relevamientos de territorios indígenas, un estudio de Parques Nacionales sobre hectáreas superpuestas del Parque Pilcomayo y de los originarios y la prohibición de arrendar las tierras pertenecientes a la comunidad.
El problema de autoridades surgió el 18 de junio de 2008, cuando la comunidad formó una asamblea, avalada por el Instituto de Comunidades Aborígenes de Formosa, y eligió a Félix Díaz como cacique, con cerca de 500 votos. Ocho días más tarde, Fernando Sanabria, de 95 años, se erigió como autoridad de la comunidad en el marco de una asociación civil, “apoyado por unas treinta personas”, aseguraron desde el entorno de Díaz.
El conflicto lo dirimió el 12 de julio de ese año la Inspección General de Personas Jurídicas del Ministerio de Gobierno formoseño, mediante la resolución 605/08, que negó la autodeterminación de los qom y anuló la representación de Díaz.
El 28 de octubre del 2008, el INAI se expidió al respecto y apuntó que la disposición del ente formoseño “colisiona con la Constitución Nacional y provincial por establecer requisitos para la personería jurídica de la comunidad ajenos a su forma de vida y estilo de organización”. Sin embargo, desde el organismo nacional no se avanzó en reconocer la asamblea que eligió a Díaz. De no haber consenso de los indígenas para fijar el marco eleccionario para nuevas autoridades en los próximos quince días, el INAI deberá pautarlo.
Del encuentro celebrado el lunes pasado en el Ministerio del Interior participó el hijo de Sanabria, Cristino, y un grupo de personas que apoyan a su padre. Desde ese espacio no hubo reclamos en torno del tema territorial. Al respecto, el ministro de Gobierno formoseño, Jorge González, le dijo a Página/12 que le pareció “muy positiva” la reunión, ya que “hasta el lunes sólo se escuchaba la voz de Félix Díaz”. Además, entendió que la mesa de diálogo genera “una buena oportunidad para que se lo escuche a Fernando Sanabria”.
Desde el lado de Díaz le achacan al otro sector su función de “punteros” del gobierno provincial. “Es sólo un argumento para deslegitimar al otro”, defendió el ministro, quien no negó el vínculo de ese grupo con el oficialismo provincial: “Desconozco si trabajan para el gobierno”.
Para cerrar su postura en este marco de conflicto, González ratificó “de manera absoluta”, como hizo ante los legisladores formoseños, que “no hubo represión el 23 de noviembre” de 2010, cuando los originarios fueron desalojados de la ruta 86 por la policía provincial. El episodio resultó en el asesinato del abuelo (qom) Roberto López y del policía Heber Falcón, además de quedar un tendal de heridos. También fueron incendiadas las casas de los indígenas, con todas sus pertenencias dentro.
Por parte del gobierno nacional, Claudio Morgado, titular del Inadi, remarcó que en lo acordado en la mesa de diálogo “se propone el inmediato relevamiento del territorio”, en el marco de la Ley 26.160 de emergencia territorial. La norma obliga a detener los desalojos de los pueblos indígenas hasta que se realicen los correspondientes estudios jurídicos catastrales. El presidente del Inadi destacó que esa “es la herramienta clave” para solucionar el problema. La comunidad pide que se le restituyan 1300 hectáreas que hoy están en manos del Estado formoseño y una familia de hacendados, los Celía.
En el convenio también se recomendó a Parques Nacionales hacer un estudio respecto de la superposición de tierras de la comunidad y del Parque Pilcomayo. En ese sentido, además de su presencia ancestral, los originarios cuentan con documentación que da cuenta de su localización en ese territorio desde 1940, mientras que el parque se creó en 1951.
Por último, Morgado indicó que la reunión dejó algo en claro: “Se confirmó que existe un conflicto territorial”. El funcionario, que trabaja en la problemática de La Primavera desde enero de 2010, compartió: “Lamentamos no haber convencido antes a otros actores sobre lo que pasaba, porque hoy no tendríamos los dos muertos del 23 de noviembre”.
Chaco: los desmontes no paran
Los desmontes no paran: detienen topadora que trabajaba para usurpar un predio fiscal
Fecha de Publicación: 10/05/2011
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
Los desmontes ilegales no cesan en El Impenetrable chaqueño, y en medio de un evidente plan por quedarse de manera ilegal con un predio, inspectores de la Dirección de Bosques junto a personal del Instituto de Colonización lograron parar a una topadora que estaba derribando árboles de quebracho colorado.
Los depredadores estaban realizando un deslinde para su posterior colocación de alambrado, pero lo hacían en un predio fiscal cuya finalidad era la usurpación del mismo.
En un operativo conjunto entre la Dirección de Bosques y el Instituto de Colonización, representado por su vocal Guido Gallovich, apoyados por la Policía Ecológica, el fin de semana último, se hicieron varias inspecciones a predios ubicados en la zona de Fuerte Esperanza, lugar en la que se detectó el caso mencionado, entre otros.
De acuerdo a la información a la que NORTE tuvo acceso ayer, la actuación de los organismos estatales se dio en el predio fracción Oeste de la Legua B, Lote 30 Zona E del departamento General Güemes, donde se constató la existencia de una topadora color verde la cual se encontraría trabajando haciendo limpieza de deslindes para alambrar en un campo fiscal con intenciones de usurpación del mismo.
El inspector de Bosques, Ramón Gauna, hizo las correspondientes actuaciones por desmonte y solicitó a la Fiscalía de turno que proceda al secuestro de la topadora, además de proceder a evaluar el daño producido por la misma.
Un predio para reubicar criollos
Ni los predios fiscales que el Estado chaqueño destinó para reubicación de familias campesinas se salva de la acción de los depredadores de los bosques de ésta provincia. Así es que, según indicó a este diario el vocal del Instituto de Colonización, Juan Gallovich, las tierras donde se detuvo a la topadora que estaba haciendo desmonte ilegal, están destinadas para reubicar a pobladores criollos que se encuentran en lotes de la Reserva Aborígen, constituyendo un grave delito de apropiación, que ahora pasó a sede de Tribunales con sede en el Juzgado de la localidad de Castelli.
“Teníamos algunas informaciones, y en base a datos precisos con imágenes satelitales, concurrimos al lugar de manera inmediata, y nos encontramos con estas personas que estaban haciendo deslinde para alambrar un campo fiscal, con la finalidad de usurparlo después”, indicó el funcionario de Colonización.
Encontraron hasta postes labrados
La sorpresa que se llevaron los inspectores de Bosques junto al personal de Colonización fue tal, ya que en el lugar donde la topadora trabajaba derribando árboles de gran porte, se encontraron una importante cantidad de postes de quebracho colorado cortados recientemente.
En el campamento donde la topadora se resguardaba, estaban almacenados los postes de colorado que serían utilizados para el alambrado del predio fiscal, y también se detectó que esta topadora ya había desmontado un área de aproximadamente una hectárea, además de los deslindes que estaban produciendo.
Fecha de Publicación: 10/05/2011
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
Los desmontes ilegales no cesan en El Impenetrable chaqueño, y en medio de un evidente plan por quedarse de manera ilegal con un predio, inspectores de la Dirección de Bosques junto a personal del Instituto de Colonización lograron parar a una topadora que estaba derribando árboles de quebracho colorado.
Los depredadores estaban realizando un deslinde para su posterior colocación de alambrado, pero lo hacían en un predio fiscal cuya finalidad era la usurpación del mismo.
En un operativo conjunto entre la Dirección de Bosques y el Instituto de Colonización, representado por su vocal Guido Gallovich, apoyados por la Policía Ecológica, el fin de semana último, se hicieron varias inspecciones a predios ubicados en la zona de Fuerte Esperanza, lugar en la que se detectó el caso mencionado, entre otros.
De acuerdo a la información a la que NORTE tuvo acceso ayer, la actuación de los organismos estatales se dio en el predio fracción Oeste de la Legua B, Lote 30 Zona E del departamento General Güemes, donde se constató la existencia de una topadora color verde la cual se encontraría trabajando haciendo limpieza de deslindes para alambrar en un campo fiscal con intenciones de usurpación del mismo.
El inspector de Bosques, Ramón Gauna, hizo las correspondientes actuaciones por desmonte y solicitó a la Fiscalía de turno que proceda al secuestro de la topadora, además de proceder a evaluar el daño producido por la misma.
Un predio para reubicar criollos
Ni los predios fiscales que el Estado chaqueño destinó para reubicación de familias campesinas se salva de la acción de los depredadores de los bosques de ésta provincia. Así es que, según indicó a este diario el vocal del Instituto de Colonización, Juan Gallovich, las tierras donde se detuvo a la topadora que estaba haciendo desmonte ilegal, están destinadas para reubicar a pobladores criollos que se encuentran en lotes de la Reserva Aborígen, constituyendo un grave delito de apropiación, que ahora pasó a sede de Tribunales con sede en el Juzgado de la localidad de Castelli.
“Teníamos algunas informaciones, y en base a datos precisos con imágenes satelitales, concurrimos al lugar de manera inmediata, y nos encontramos con estas personas que estaban haciendo deslinde para alambrar un campo fiscal, con la finalidad de usurparlo después”, indicó el funcionario de Colonización.
Encontraron hasta postes labrados
La sorpresa que se llevaron los inspectores de Bosques junto al personal de Colonización fue tal, ya que en el lugar donde la topadora trabajaba derribando árboles de gran porte, se encontraron una importante cantidad de postes de quebracho colorado cortados recientemente.
En el campamento donde la topadora se resguardaba, estaban almacenados los postes de colorado que serían utilizados para el alambrado del predio fiscal, y también se detectó que esta topadora ya había desmontado un área de aproximadamente una hectárea, además de los deslindes que estaban produciendo.
Ratifican informe socioambiental sobre Rosario
La nación ratificó un duro informe socioambiental sobre Rosario
Fecha de Publicación: 10/05/2011
Fuente: Agencia Fe
Provincia/Región: Santa Fe
El Defensor del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, dijo que es una "investigación concienzuda". El secretario de Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe, César Mackler, entre otros reproches, la tildó de "incompleta".
"Ratifico todo el informe de riesgo ambiental sobre Rosario y sus conclusiones". Las palabras pertenecen al defensor del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, quien ayer aludió de ese modo al trabajo publicado por La Capital el domingo pasado y que dejó mal parada a la ciudad cuando se trata de analizar los déficit del medio ambiente ocasionados por la presencia de industrias, el uso de plaguicidas de alta toxicidad y la falta de agua potable y cloacas.
El alarmante informe, realizado por un equipo técnico de la Defensoría del Pueblo nacional y presentado en el primer Congreso Latinoamericano de Salud Socioambiental, fue criticado con dureza por el secretario de Medio Ambiente provincial, César Mackler. Lo menos que dijo de el funcionario acerca del estudio es que es "incompleto" (ver aparte).
Sin embargo, Sella se plantó en sus cien y subrayó: "Es una gran investigación, muy concienzuda y cuenta con una gran cantidad de información".
Lo cierto es que cuando este diario le preguntó si realmente creía que Rosario, que logró un récord histórico al bajar su índice de mortalidad infantil a un dígito (9,7 por ciento por cada mil nacidos vivos), es una de las zonas con mayor contaminación del país y pone en riesgo a su niñez, Sella pareció bajar el tono.
"Afirmar que existe en algún departamento como el de Rosario un alto índice de riesgo ambiental no significa al mismo tiempo que haya gran contaminación. Implica una potencialidad y probabilidad de contaminación que debe poner en alerta a los funcionarios para tratar de llevar adelante las obras y controles para evitar contaminación y enfermedades", contestó. Y se explayó: "En Rosario hay zonas bien diferenciadas, algunas con agua potable y otras sin cloacas ni agua corriente. Ese es un claro índice de probabilidad de riesgo ambiental que, junto a la vulnerabilidad social, genera un componente peligroso en términos de contaminación. Esto no excluye el logro de baja del índice de mortalidad que todos debemos celebrar", concluyó.
Sella se refirió al polémico estudio durante un acto realizado en la Defensoría del Pueblo provincial. En ese marco, el ombudsman santafesino, Edgardo Bistoletti, firmó un convenio marco con el subdirector para la zona sur del Centro Unico de Ablación e Implante de Organos (Cudaio), Gustavo Echeverría.
Mapas. El informe de la controversia había sido presentado por Leandro García Silva en el congreso que se realizó hace dos semanas en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). En conjunto con las Naciones Unidas (ONU), Unicef, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Defensoría del Pueblo de la Nación confeccionó mapas sobre la situación de cada uno de los 531 departamentos provinciales del país en cuanto al riesgo ambiental para la salud de la niñez, que es la población más vulnerable. No obstante, el análisis puede extrapolarse al resto de las franjas etáreas.
El investigador aclaró que en el trabajo se realizó un índice basado en las necesidades básicas insatisfechas, la educación de las madres y la cobertura social y describió a Rosario como "una gran ciudad donde conviven amenazas ambientales que son mayores respecto de otros lugares del país".
También señaló que se combinan factores de riesgo como el uso de los agrotóxicos, la actividad industrial y la gran cantidad de población que vive bajo los índices de pobreza, además de amplias zonas con déficit en materia de servicios cloacales".
Fecha de Publicación: 10/05/2011
Fuente: Agencia Fe
Provincia/Región: Santa Fe
El Defensor del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, dijo que es una "investigación concienzuda". El secretario de Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe, César Mackler, entre otros reproches, la tildó de "incompleta".
"Ratifico todo el informe de riesgo ambiental sobre Rosario y sus conclusiones". Las palabras pertenecen al defensor del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, quien ayer aludió de ese modo al trabajo publicado por La Capital el domingo pasado y que dejó mal parada a la ciudad cuando se trata de analizar los déficit del medio ambiente ocasionados por la presencia de industrias, el uso de plaguicidas de alta toxicidad y la falta de agua potable y cloacas.
El alarmante informe, realizado por un equipo técnico de la Defensoría del Pueblo nacional y presentado en el primer Congreso Latinoamericano de Salud Socioambiental, fue criticado con dureza por el secretario de Medio Ambiente provincial, César Mackler. Lo menos que dijo de el funcionario acerca del estudio es que es "incompleto" (ver aparte).
Sin embargo, Sella se plantó en sus cien y subrayó: "Es una gran investigación, muy concienzuda y cuenta con una gran cantidad de información".
Lo cierto es que cuando este diario le preguntó si realmente creía que Rosario, que logró un récord histórico al bajar su índice de mortalidad infantil a un dígito (9,7 por ciento por cada mil nacidos vivos), es una de las zonas con mayor contaminación del país y pone en riesgo a su niñez, Sella pareció bajar el tono.
"Afirmar que existe en algún departamento como el de Rosario un alto índice de riesgo ambiental no significa al mismo tiempo que haya gran contaminación. Implica una potencialidad y probabilidad de contaminación que debe poner en alerta a los funcionarios para tratar de llevar adelante las obras y controles para evitar contaminación y enfermedades", contestó. Y se explayó: "En Rosario hay zonas bien diferenciadas, algunas con agua potable y otras sin cloacas ni agua corriente. Ese es un claro índice de probabilidad de riesgo ambiental que, junto a la vulnerabilidad social, genera un componente peligroso en términos de contaminación. Esto no excluye el logro de baja del índice de mortalidad que todos debemos celebrar", concluyó.
Sella se refirió al polémico estudio durante un acto realizado en la Defensoría del Pueblo provincial. En ese marco, el ombudsman santafesino, Edgardo Bistoletti, firmó un convenio marco con el subdirector para la zona sur del Centro Unico de Ablación e Implante de Organos (Cudaio), Gustavo Echeverría.
Mapas. El informe de la controversia había sido presentado por Leandro García Silva en el congreso que se realizó hace dos semanas en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). En conjunto con las Naciones Unidas (ONU), Unicef, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Defensoría del Pueblo de la Nación confeccionó mapas sobre la situación de cada uno de los 531 departamentos provinciales del país en cuanto al riesgo ambiental para la salud de la niñez, que es la población más vulnerable. No obstante, el análisis puede extrapolarse al resto de las franjas etáreas.
El investigador aclaró que en el trabajo se realizó un índice basado en las necesidades básicas insatisfechas, la educación de las madres y la cobertura social y describió a Rosario como "una gran ciudad donde conviven amenazas ambientales que son mayores respecto de otros lugares del país".
También señaló que se combinan factores de riesgo como el uso de los agrotóxicos, la actividad industrial y la gran cantidad de población que vive bajo los índices de pobreza, además de amplias zonas con déficit en materia de servicios cloacales".
Pedido de previsión de riesgos nucleares
Pedido de previsión de riesgos nucleares
Fecha de Publicación: 09/05/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Miembros de la ONG ambiental Conciencia Solidaria entregaron un pedido de informes a la Comisión Nacional de Energía Atómica en torno del estado de seguridad de las centrales nucleares que funcionan en el país y de las medidas de evacuación previstas para las comunidades aledañas a estas plantas de energía ante un eventual accidente, entre otros puntos. Los ambientalistas se manifestaron frente al organismo con una performance mediante la cual pusieron como ejemplo, de los riesgos que implica utilizar este tipo de energía, el trágico accidente de Chernobyl, ocurrido hace 25 años.
Cristina Martín, presidenta de Conciencia Solidaria, expresó que la ONG que encabeza “está en contra la energía nuclear porque es insegura, contaminante y excesivamente cara”. Como propuesta, Martín sugirió que se destinen fondos “para investigar energías alternativas como la solar, eólica o mareomotriz”. Hoy en día, Argentina cuenta con dos centrales nucleares en funcionamiento, Atucha I (Zárate-Buenos Aires) y Embalse (Río Tercero-Córdoba), que producen cerca del ocho por ciento de la energía del sistema nacional energético interconectado. A estas unidades se sumará próximamente Atucha II, también localizada en Zárate.
“Estamos a 25 años de Chernobyl, que demostró que no hay seguridad posible ante un accidente en una planta nuclear. Esto se reactiva con lo ocurrido en Fukushima”, expuso la referente de la organización. Según consideró Martín, la utilización de este tipo de generación energética “hoy se replantea en el mundo”. “Alemania, por ejemplo, va en proceso de cerrar sus centrales nucleares”, graficó.
En el texto entregado a la CNEA por Conciencia Solidaria se pide “información sobre el estado operativo de las centrales respecto de su seguridad hacia el medio ambiente y las personas”. Además solicita que se enumeren “todos los incidentes ocurridos” hasta la fecha en dichas plantas de energía. Y continúa en otro punto con la necesidad de conocer “las medidas existentes en caso de un accidente en las centrales” que tengan como fin “la evacuación y la protección de las comunidades cercanas”.
En un tercer ítem, la ONG requirió conocer sobre la situación actual de los sitios afectados por el Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería del Uranio (Pramu). “El objeto de este proyecto es lograr que, en todos aquellos sitios en los cuales se han desarrollado actividades intrínsecas a la minería del uranio, se restituya el ambiente”, sostiene en su web la CNEA. El trabajo en este sentido se debe realizar en distintos puntos de Chubut, Mendoza, La Rioja, San Luis y Córdoba.
Sobre la central ubicada en Córdoba, el geólogo Carlos Seara (UNC) aseguró que “desde el punto de vista geológico hay un riesgo” ya que Embalse se ubica sobre “una falla geológica, que se la conoce como Falla de Santa Rosa”. Por lo que, según dijo, están “frente a una gran incógnita”. “No sabemos si hay previsión frente a un posible accidente nuclear”, manifestó. Y agregó: “No sabemos qué programas oficiales existen al respecto”.
El especialista, también asesor de las asambleas ambientales de Andalgalá y Famatina, explicó, sin ánimo de alarmar, que “si bien la zona no tiene caraterísticas de fuerte sismicidad, puede ser afectada por un sismo mayor al promedio habitual de la zona, que es de 4 grados en escala Ritchter”. En caso de un eventual accidente “para enfriar la central se utilizaría el agua del Embalse Río Tercero, por lo que el agua se recalentaría. Sería un proceso de reciclaje”. “Es diferente el caso de Atucha, que está sobre la costa del Río Paraná, el agua no está embalsada”, comparó.
Mediante la invocación de la Ley 25.831 de Presupuestos Mínimos de Acceso a la Información Pública Ambiental, la ONG requirió a la CNEA que dentro de los 30 días hábiles responda a estas inquietudes. Asimismo, desde la organización le recordaron al ente estatal la reciente Declaración de Kiev en el marco de la Cumbre de Energía Nuclear, celebrada el 19 de abril pasado, y de la que la CNEA fue partícipe. En ese texto de carácter internacional se asumió: “Estamos comprometidos con el mantenimiento de los más altos niveles de preparación para emergencias y de capacidad de respuesta para mitigar los efectos de un accidente nuclear”.
Fecha de Publicación: 09/05/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Miembros de la ONG ambiental Conciencia Solidaria entregaron un pedido de informes a la Comisión Nacional de Energía Atómica en torno del estado de seguridad de las centrales nucleares que funcionan en el país y de las medidas de evacuación previstas para las comunidades aledañas a estas plantas de energía ante un eventual accidente, entre otros puntos. Los ambientalistas se manifestaron frente al organismo con una performance mediante la cual pusieron como ejemplo, de los riesgos que implica utilizar este tipo de energía, el trágico accidente de Chernobyl, ocurrido hace 25 años.
Cristina Martín, presidenta de Conciencia Solidaria, expresó que la ONG que encabeza “está en contra la energía nuclear porque es insegura, contaminante y excesivamente cara”. Como propuesta, Martín sugirió que se destinen fondos “para investigar energías alternativas como la solar, eólica o mareomotriz”. Hoy en día, Argentina cuenta con dos centrales nucleares en funcionamiento, Atucha I (Zárate-Buenos Aires) y Embalse (Río Tercero-Córdoba), que producen cerca del ocho por ciento de la energía del sistema nacional energético interconectado. A estas unidades se sumará próximamente Atucha II, también localizada en Zárate.
“Estamos a 25 años de Chernobyl, que demostró que no hay seguridad posible ante un accidente en una planta nuclear. Esto se reactiva con lo ocurrido en Fukushima”, expuso la referente de la organización. Según consideró Martín, la utilización de este tipo de generación energética “hoy se replantea en el mundo”. “Alemania, por ejemplo, va en proceso de cerrar sus centrales nucleares”, graficó.
En el texto entregado a la CNEA por Conciencia Solidaria se pide “información sobre el estado operativo de las centrales respecto de su seguridad hacia el medio ambiente y las personas”. Además solicita que se enumeren “todos los incidentes ocurridos” hasta la fecha en dichas plantas de energía. Y continúa en otro punto con la necesidad de conocer “las medidas existentes en caso de un accidente en las centrales” que tengan como fin “la evacuación y la protección de las comunidades cercanas”.
En un tercer ítem, la ONG requirió conocer sobre la situación actual de los sitios afectados por el Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería del Uranio (Pramu). “El objeto de este proyecto es lograr que, en todos aquellos sitios en los cuales se han desarrollado actividades intrínsecas a la minería del uranio, se restituya el ambiente”, sostiene en su web la CNEA. El trabajo en este sentido se debe realizar en distintos puntos de Chubut, Mendoza, La Rioja, San Luis y Córdoba.
Sobre la central ubicada en Córdoba, el geólogo Carlos Seara (UNC) aseguró que “desde el punto de vista geológico hay un riesgo” ya que Embalse se ubica sobre “una falla geológica, que se la conoce como Falla de Santa Rosa”. Por lo que, según dijo, están “frente a una gran incógnita”. “No sabemos si hay previsión frente a un posible accidente nuclear”, manifestó. Y agregó: “No sabemos qué programas oficiales existen al respecto”.
El especialista, también asesor de las asambleas ambientales de Andalgalá y Famatina, explicó, sin ánimo de alarmar, que “si bien la zona no tiene caraterísticas de fuerte sismicidad, puede ser afectada por un sismo mayor al promedio habitual de la zona, que es de 4 grados en escala Ritchter”. En caso de un eventual accidente “para enfriar la central se utilizaría el agua del Embalse Río Tercero, por lo que el agua se recalentaría. Sería un proceso de reciclaje”. “Es diferente el caso de Atucha, que está sobre la costa del Río Paraná, el agua no está embalsada”, comparó.
Mediante la invocación de la Ley 25.831 de Presupuestos Mínimos de Acceso a la Información Pública Ambiental, la ONG requirió a la CNEA que dentro de los 30 días hábiles responda a estas inquietudes. Asimismo, desde la organización le recordaron al ente estatal la reciente Declaración de Kiev en el marco de la Cumbre de Energía Nuclear, celebrada el 19 de abril pasado, y de la que la CNEA fue partícipe. En ese texto de carácter internacional se asumió: “Estamos comprometidos con el mantenimiento de los más altos niveles de preparación para emergencias y de capacidad de respuesta para mitigar los efectos de un accidente nuclear”.
Masiva movilización contra la pastera UPM
Masiva movilización contra la pastera UPM en Gualeguaychú
Fecha de Publicación: 09/05/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Entre Ríos
Los vecinos reclamaron el cierre de la planta (ex Botnia), pero no cortaron el puente
"El conflicto no está terminado ni resuelto", dijo ayer la Asamblea Ciudadana y Ambiental de Gualeguaychú en el documento que leyó en el marco de la marcha anual que realizaron para exigir el cierre de la planta de celulosa UPM (ex Botnia). También criticaron al gobierno nacional al que acusaron por sentirse "desprotegidos" en su lucha.
Según la asamblea, miles de vecinos de Gualeguaychú se dieron cita en el puente que une esa ciudad con Fray Bentos para denunciar la contaminación ambiental provocada por la pastera. La de ayer fue la séptima edición de la manifestación que se denomina Abrazo al Río Uruguay, y en esta oportunidad sumó una modalidad: la posibilidad de dejar pasar vehículos mientras se producía la concentración. "No puede decir nada el juez", advirtió el asambleísta Oscar Bargas, en diálogo con La Nacion, haciendo referencia a la causa que se inició en la Justicia Federal contra diez asambleístas por el corte de la ruta internacional, que se prolongó durante tres años y medio desde noviembre de 2006.
Como parte de las actividades, se leyeron oraciones religiosas tras lo cual se realizó la caminata de manifestantes, entre las 14 y las 19. Como en otros años, estuvo presente el candidato a jefe de gobierno porteño "Pino" Solanas, además de referentes provinciales entrerrianos, como el vicegobernador Eduardo Lauritto; el ex gobernador y candidato del Peronismo Federal, Jorge Busti, y el intendente local, el kirchnerista Juan José Bahillo.
En el documento que se leyó hubo duras críticas al gobierno uruguayo. "No olvidamos las falsas promesas de Tabaré Vázquez asumidas por el presidente José Mujica: «Si Botnia contamina, la cierro». Desde aquí le decimos: presidente Mujica, si usted tiene honor y dignidad, cumpla su palabra. Ya ha quedado suficientemente probado que Botnia-UPM contamina, y mucho más de lo que temíamos al principio."
Tampoco faltó un reproche a la presidenta Cristina Kirchner. "Expresamos claramente también, señora Presidenta, que en la actualidad nos sentimos desprotegidos, abandonados y en estado de indefensión de nuestra justa causa nacional", dijeron los asambleístas.
"Las fábricas de pasta celulosa -denuncia el documento- insumen para la producción de un millón de toneladas de pasta más de 300 millones de metros cúbicos de agua anuales que toman de ríos de agua dulce; de ese caudal de agua, el 80% regresará contaminada al río y un 20% quedará en el proceso de elaboración de pasta, evaporación de gases y para reciclaje de la producción química del proceso. ¿Esto es ambientalmente aceptable? ¿Debe este pueblo resignarse a vivir contaminado?"
Además hubo una queja por el fallo del Tribunal de La Haya que, pese a declarar que Uruguay violó el Tratado del Río Uruguay, no hizo mayor alusión a la contaminación. "La asamblea no aceptará ni aceptaremos jamás el dictamen de La Haya en cuanto a su legalización de la instalación de Botnia UPM; para nosotros, los habitantes de la cuenca, Botnia-UPM será siempre ilegal. El alto tribunal desperdició la oportunidad de consagrarse como el defensor de la vida", dijo la organización ambiental.
Por último, el escrito instó a continuar la lucha contra la pastera. "Hay que escuchar la naturaleza y a seguir luchando por nosotros por nuestros hijos, por la vida de todos", concluyó.
Cumbre de cancilleres
Los cancilleres de la Argentina, Héctor Timerman, y de Uruguay, Luis Almagro, se reunirán pasado mañana en Buenos Aires para debatir la agenda bilateral y, sobre todo, los temas relacionados con las comisiones de los ríos de la Plata y Uruguay. Según informó la Cancillería, se analizará la marcha del plan de monitoreo de la planta de producción de pasta de celulosa UPM (ex Botnia) y la reciente normativa uruguaya relacionada con los efluentes de dicha fábrica.
Fecha de Publicación: 09/05/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Entre Ríos
Los vecinos reclamaron el cierre de la planta (ex Botnia), pero no cortaron el puente
"El conflicto no está terminado ni resuelto", dijo ayer la Asamblea Ciudadana y Ambiental de Gualeguaychú en el documento que leyó en el marco de la marcha anual que realizaron para exigir el cierre de la planta de celulosa UPM (ex Botnia). También criticaron al gobierno nacional al que acusaron por sentirse "desprotegidos" en su lucha.
Según la asamblea, miles de vecinos de Gualeguaychú se dieron cita en el puente que une esa ciudad con Fray Bentos para denunciar la contaminación ambiental provocada por la pastera. La de ayer fue la séptima edición de la manifestación que se denomina Abrazo al Río Uruguay, y en esta oportunidad sumó una modalidad: la posibilidad de dejar pasar vehículos mientras se producía la concentración. "No puede decir nada el juez", advirtió el asambleísta Oscar Bargas, en diálogo con La Nacion, haciendo referencia a la causa que se inició en la Justicia Federal contra diez asambleístas por el corte de la ruta internacional, que se prolongó durante tres años y medio desde noviembre de 2006.
Como parte de las actividades, se leyeron oraciones religiosas tras lo cual se realizó la caminata de manifestantes, entre las 14 y las 19. Como en otros años, estuvo presente el candidato a jefe de gobierno porteño "Pino" Solanas, además de referentes provinciales entrerrianos, como el vicegobernador Eduardo Lauritto; el ex gobernador y candidato del Peronismo Federal, Jorge Busti, y el intendente local, el kirchnerista Juan José Bahillo.
En el documento que se leyó hubo duras críticas al gobierno uruguayo. "No olvidamos las falsas promesas de Tabaré Vázquez asumidas por el presidente José Mujica: «Si Botnia contamina, la cierro». Desde aquí le decimos: presidente Mujica, si usted tiene honor y dignidad, cumpla su palabra. Ya ha quedado suficientemente probado que Botnia-UPM contamina, y mucho más de lo que temíamos al principio."
Tampoco faltó un reproche a la presidenta Cristina Kirchner. "Expresamos claramente también, señora Presidenta, que en la actualidad nos sentimos desprotegidos, abandonados y en estado de indefensión de nuestra justa causa nacional", dijeron los asambleístas.
"Las fábricas de pasta celulosa -denuncia el documento- insumen para la producción de un millón de toneladas de pasta más de 300 millones de metros cúbicos de agua anuales que toman de ríos de agua dulce; de ese caudal de agua, el 80% regresará contaminada al río y un 20% quedará en el proceso de elaboración de pasta, evaporación de gases y para reciclaje de la producción química del proceso. ¿Esto es ambientalmente aceptable? ¿Debe este pueblo resignarse a vivir contaminado?"
Además hubo una queja por el fallo del Tribunal de La Haya que, pese a declarar que Uruguay violó el Tratado del Río Uruguay, no hizo mayor alusión a la contaminación. "La asamblea no aceptará ni aceptaremos jamás el dictamen de La Haya en cuanto a su legalización de la instalación de Botnia UPM; para nosotros, los habitantes de la cuenca, Botnia-UPM será siempre ilegal. El alto tribunal desperdició la oportunidad de consagrarse como el defensor de la vida", dijo la organización ambiental.
Por último, el escrito instó a continuar la lucha contra la pastera. "Hay que escuchar la naturaleza y a seguir luchando por nosotros por nuestros hijos, por la vida de todos", concluyó.
Cumbre de cancilleres
Los cancilleres de la Argentina, Héctor Timerman, y de Uruguay, Luis Almagro, se reunirán pasado mañana en Buenos Aires para debatir la agenda bilateral y, sobre todo, los temas relacionados con las comisiones de los ríos de la Plata y Uruguay. Según informó la Cancillería, se analizará la marcha del plan de monitoreo de la planta de producción de pasta de celulosa UPM (ex Botnia) y la reciente normativa uruguaya relacionada con los efluentes de dicha fábrica.
Biocombustible, nueva apuesta industrial
Biocombustible, nueva apuesta industrial
Fecha de Publicación: 08/05/2011
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Alentado por el mayor porcentaje de corte en el país y el freno a las compras de China de aceite de soja argentino, crece en el país la producción de biocombustibles.
Córdoba fue una de las primeras provincias en darle importancia al biocombustible. Curiosamente, hoy es una de las más retrasadas en subirse al tren de su producción.
Operadores del sector aseguran que los cambios en los mercados interno y externo crean oportunidades para que la provincia retome la iniciativa, pero hace falta inversión.
Esta producción nacional comenzó en el país en 2006. Por impulso del entonces gobernador José Manuel de la Sota, la provincia fue la primera en adherir a la ley nacional de promoción de los biocombustibles, pero el avance local se frenó en las primeras etapas.
En 2010, el país elaboró 1,9 millón de toneladas de biodiésel y para este año se prevé un salto mayor al 30 por ciento, con lo que llegará a 2,5 millones. En este volumen, Córdoba participaría sólo con 100 mil toneladas, apenas el cuatro por ciento, según estimaciones de mercado.
Para entender este retraso hay que analizar el proceso. El biodiésel argentino se produce con soja; de 100 toneladas de esta oleaginosa se obtienen 18 toneladas de aceite de soja y de esto se puede fabricar la misma cantidad de biodiésel.
El problema es que para hacerlo hacen falta grandes inversiones. Una planta que produzca 50 mil toneladas por año necesita una inversión de 12 a 15 millones de dólares (hasta 40 millones si se utilizan equipos importados). Además, para ser competitivo, hay que producir más de 150 mil toneladas.
Así la producción de biodiésel fue quedando en manos de grandes operadores del agro (como Vicentin, Cargill, Louis Dreyfus, AGD y Bunge) que prefirieron instalarse en Santa Fe por la cercanía del puerto.
Las plantas que comenzaron a desarrollarse en Córdoba para procesar la soja invirtieron en la mejora del grano y en su procesamiento para aceite de soja, dada la buena demanda del mercado internacional.
Según Mario Bragachini, coordinador del Inta Manfredi, hay actualmente en la provincia casi 80 pequeñas y medianas plantas de extrusado-prensado de soja, ubicadas principalmente en la franja central de la provincia (ver mapa), capaces de elaborar de 4,2 a 4,8 toneladas de aceite de soja (12 por ciento del volumen de granos). En total, pueden elaborar aproximadamente 330 toneladas diarias.
Cambio de escenario. Este mercado de alta demanda de aceite de soja cambió en 2010. China dejó de comprar el producto argentino en represalia por las restricciones a la importación de productos chinos fijadas por el Gobierno argentino.
Esto obligó a los productores de aceite de soja a canalizar su producto al biodiésel para exportación (ver aparte).
A esto, se sumó que a partir del año pasado el Gobierno elevó el corte de gasoil con biodiésel de cinco a siete por ciento; para el año próximo, el corte podría llegar a 10 por ciento.
Esta mayor demanda de biodiésel para el mercado interno como para exportación anima a la Cámara de Biocombustible de Córdoba (Cabiocor) a pensar que entre 2011 y 2012 se producirá el despegue de la producción local de biodiésel.
“Por ahora, la producción de biodiésel está destinada al consumo interno. Pero la entidad está trabajando con algunos proyectos de inversores, buscando la zona donde instalar una planta mediante joint-ventares (alianzas), para aprovechar mejor la materia prima”, asegura el vicepresidente de Cabiocor, Oscar Gentili.
A su vez, una serie de proyectos para la producción de etanol (alcohol que se utiliza para la mezcla con nafta) comenzarán a tomar forma este año.
La Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) construye una planta que producirá 100 mil toneladas de etanol en Villa María.
Paralelamente, Porta Hnos. junto a BIO4 desarrolla en Río Cuarto una destilería para la producción de etanol en base a cereales.
Fecha de Publicación: 08/05/2011
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Alentado por el mayor porcentaje de corte en el país y el freno a las compras de China de aceite de soja argentino, crece en el país la producción de biocombustibles.
Córdoba fue una de las primeras provincias en darle importancia al biocombustible. Curiosamente, hoy es una de las más retrasadas en subirse al tren de su producción.
Operadores del sector aseguran que los cambios en los mercados interno y externo crean oportunidades para que la provincia retome la iniciativa, pero hace falta inversión.
Esta producción nacional comenzó en el país en 2006. Por impulso del entonces gobernador José Manuel de la Sota, la provincia fue la primera en adherir a la ley nacional de promoción de los biocombustibles, pero el avance local se frenó en las primeras etapas.
En 2010, el país elaboró 1,9 millón de toneladas de biodiésel y para este año se prevé un salto mayor al 30 por ciento, con lo que llegará a 2,5 millones. En este volumen, Córdoba participaría sólo con 100 mil toneladas, apenas el cuatro por ciento, según estimaciones de mercado.
Para entender este retraso hay que analizar el proceso. El biodiésel argentino se produce con soja; de 100 toneladas de esta oleaginosa se obtienen 18 toneladas de aceite de soja y de esto se puede fabricar la misma cantidad de biodiésel.
El problema es que para hacerlo hacen falta grandes inversiones. Una planta que produzca 50 mil toneladas por año necesita una inversión de 12 a 15 millones de dólares (hasta 40 millones si se utilizan equipos importados). Además, para ser competitivo, hay que producir más de 150 mil toneladas.
Así la producción de biodiésel fue quedando en manos de grandes operadores del agro (como Vicentin, Cargill, Louis Dreyfus, AGD y Bunge) que prefirieron instalarse en Santa Fe por la cercanía del puerto.
Las plantas que comenzaron a desarrollarse en Córdoba para procesar la soja invirtieron en la mejora del grano y en su procesamiento para aceite de soja, dada la buena demanda del mercado internacional.
Según Mario Bragachini, coordinador del Inta Manfredi, hay actualmente en la provincia casi 80 pequeñas y medianas plantas de extrusado-prensado de soja, ubicadas principalmente en la franja central de la provincia (ver mapa), capaces de elaborar de 4,2 a 4,8 toneladas de aceite de soja (12 por ciento del volumen de granos). En total, pueden elaborar aproximadamente 330 toneladas diarias.
Cambio de escenario. Este mercado de alta demanda de aceite de soja cambió en 2010. China dejó de comprar el producto argentino en represalia por las restricciones a la importación de productos chinos fijadas por el Gobierno argentino.
Esto obligó a los productores de aceite de soja a canalizar su producto al biodiésel para exportación (ver aparte).
A esto, se sumó que a partir del año pasado el Gobierno elevó el corte de gasoil con biodiésel de cinco a siete por ciento; para el año próximo, el corte podría llegar a 10 por ciento.
Esta mayor demanda de biodiésel para el mercado interno como para exportación anima a la Cámara de Biocombustible de Córdoba (Cabiocor) a pensar que entre 2011 y 2012 se producirá el despegue de la producción local de biodiésel.
“Por ahora, la producción de biodiésel está destinada al consumo interno. Pero la entidad está trabajando con algunos proyectos de inversores, buscando la zona donde instalar una planta mediante joint-ventares (alianzas), para aprovechar mejor la materia prima”, asegura el vicepresidente de Cabiocor, Oscar Gentili.
A su vez, una serie de proyectos para la producción de etanol (alcohol que se utiliza para la mezcla con nafta) comenzarán a tomar forma este año.
La Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) construye una planta que producirá 100 mil toneladas de etanol en Villa María.
Paralelamente, Porta Hnos. junto a BIO4 desarrolla en Río Cuarto una destilería para la producción de etanol en base a cereales.
Rosario:una de las ciudades más contaminadas
Rosario es una de las zonas con mayor contaminación del país
Fecha de Publicación: 08/05/2011
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
Un informe presentado en el primer Congreso Latinoamericano de Salud Socioambiental, que se realizó en Rosario, detalló que esta ciudad y su gran zona de influencia es uno de los sectores con mayores índices de contaminación del país por la presencia de industrias, el uso de fuertes agrotóxicos en los cultivos, la falta de cloacas en amplias zonas y la cantidad de población que vive con necesidades básicas insatisfechas.
El estudio, realizado por un equipo técnico de la Defensoría del Pueblo de la Nación, fue presentado por uno de sus integrantes, Leandro García Silva, en el congreso que se desarrolló la semana pasada en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario.
En conjunto con Naciones Unidas, Unicef, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Defensoría del Pueblo de la Nación confeccionó un conjunto de mapas donde se aprecia con claridad cuál es la situación de cada departamento provincial del país en cuanto al riesgo ambiental para la salud de la niñez, que es la población más vulnerable, y que puede extrapolarse al resto de las franjas etáreas.
En diálogo con La Capital, García Silva explicó que “el riesgo ambiental es el resultado de la interrelación entre una situación de vulnerabilidad, exposición y peligro, y un nivel de incertidumbre que siempre está presente”.
El trabajo analizó cuatro fuentes de peligro o amenazas ambientales: la presencia de industrias, el uso de plaguicidas de alta toxicidad en la actividad agrícola, la situación del agua y saneamiento (existencia de cloacas y agua potable) y la actividad petrolera, de gas y minería.
Estos factores se relacionaron con el nivel de vulnerabilidad de la población infantil. “Se hizo un índice basado en las necesidades básicas insatisfechas, la educación de las madres y la cobertura social”, indicó el profesional.
“El objetivo es prevenir, ir a las fuentes, anticiparse”, explicó García Silva y destacó que “el riesgo no significa causa-consecuencia sobre enfermedades, sino la necesidad de tomar medidas más concretas si hay algún daño en curso”.
Este atlas logró identificar los departamentos de cada provincia con mayor nivel de riesgo y compararlo con otros lugares del país, además de obtener una visión global de la Argentina.
Situación local. García Silva describió a Rosario como “una gran ciudad donde conviven amenazas ambientales que son mayores respecto a otros lugares del país”. El especialista señaló que “se combinan todo los factores de riesgo, como el uso de agrotóxicos en la actividad agrícola, la actividad industrial y la gran cantidad de población que vive bajo la línea de pobreza, a lo que se suman las amplias zonas con déficit en materia de servicios cloacales. Esto reclama una política ambiental muy activa”, subrayó.
El atlas demostró que Rosario es una ciudad con industrias de alta complejidad y tiene (como otras grandes metrópolis del país) un cinturón hortícola que produce las verduras y utiliza plaguicidas de alta toxicidad. En este sentido, el profesional destacó que “hace falta mucho cuidado entre quienes se dedican al cultivo de verduras y hortalizas, y quienes trabajan en los mercados centrales. Hay que pensar en formas más saludables de producir los alimentos”.
Los datos demuestran que en el departamento Rosario el índice de contaminación por plaguicidas es alto. En todo el país sólo dos departamentos de Mendoza tienen un índice muy alto y 9 fueron clasificados como riesgo alto, como es el caso de Rosario. Cabe destacar que dentro de la provincia de Santa Fe, el departamento Rosario es el que más alto índice de contaminación por plaguicidas presenta.
Cloacas. A su vez queda clara la necesidad de lograr el saneamiento ambiental, la construcción de cloacas en zonas todavía desabastecidas y la provisión de agua potable para todos. De los 104 departamentos del país con mayor déficit de cloacas, la mayoría se ubican en el norte, pero también se suman algunos de las provincias de Buenos Aires, el norte de Santa Fe y el Gran Rosario.
En cuanto a los riesgos por la contaminación ambiental que produce la falta de saneamiento, Rosario se ubica entre los que tienen los índices más altos del país. Ese triste privilegio también lo comparten en Córdoba y Buenos Aires.
En materia de minería Rosario no posee ningún índice de contaminación porque no se ejerce la actividad en la región.
Niños vulnerables. El atlas también muestra cuáles son las zonas del país con niños más vulnerables. Sobre un total de 12.169.648 niños y niñas menores de 18 años en el país, 5.759.456 viven en departamentos con alto y muy alto índice de vulnerabilidad social (lo que implica necesidades básicas insatisfechas, bajo nivel educativo de las mujeres en edad fértil, jefes de hogar desocupados, falta de cobertura de salud y mortalidad infantil). Esto significa que un 47% de los niños en situación de riesgo alto o muy alto viven en el 9% de los departamentos del total del país, entre ellos Rosario.
Como señala el atlas, “se trata de un punto de partida para tomar decisiones políticas más acertadas y tomar conciencia ante los problemas que pueden afectar la salud, en especial de los niños”.
Fecha de Publicación: 08/05/2011
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
Un informe presentado en el primer Congreso Latinoamericano de Salud Socioambiental, que se realizó en Rosario, detalló que esta ciudad y su gran zona de influencia es uno de los sectores con mayores índices de contaminación del país por la presencia de industrias, el uso de fuertes agrotóxicos en los cultivos, la falta de cloacas en amplias zonas y la cantidad de población que vive con necesidades básicas insatisfechas.
El estudio, realizado por un equipo técnico de la Defensoría del Pueblo de la Nación, fue presentado por uno de sus integrantes, Leandro García Silva, en el congreso que se desarrolló la semana pasada en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario.
En conjunto con Naciones Unidas, Unicef, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Defensoría del Pueblo de la Nación confeccionó un conjunto de mapas donde se aprecia con claridad cuál es la situación de cada departamento provincial del país en cuanto al riesgo ambiental para la salud de la niñez, que es la población más vulnerable, y que puede extrapolarse al resto de las franjas etáreas.
En diálogo con La Capital, García Silva explicó que “el riesgo ambiental es el resultado de la interrelación entre una situación de vulnerabilidad, exposición y peligro, y un nivel de incertidumbre que siempre está presente”.
El trabajo analizó cuatro fuentes de peligro o amenazas ambientales: la presencia de industrias, el uso de plaguicidas de alta toxicidad en la actividad agrícola, la situación del agua y saneamiento (existencia de cloacas y agua potable) y la actividad petrolera, de gas y minería.
Estos factores se relacionaron con el nivel de vulnerabilidad de la población infantil. “Se hizo un índice basado en las necesidades básicas insatisfechas, la educación de las madres y la cobertura social”, indicó el profesional.
“El objetivo es prevenir, ir a las fuentes, anticiparse”, explicó García Silva y destacó que “el riesgo no significa causa-consecuencia sobre enfermedades, sino la necesidad de tomar medidas más concretas si hay algún daño en curso”.
Este atlas logró identificar los departamentos de cada provincia con mayor nivel de riesgo y compararlo con otros lugares del país, además de obtener una visión global de la Argentina.
Situación local. García Silva describió a Rosario como “una gran ciudad donde conviven amenazas ambientales que son mayores respecto a otros lugares del país”. El especialista señaló que “se combinan todo los factores de riesgo, como el uso de agrotóxicos en la actividad agrícola, la actividad industrial y la gran cantidad de población que vive bajo la línea de pobreza, a lo que se suman las amplias zonas con déficit en materia de servicios cloacales. Esto reclama una política ambiental muy activa”, subrayó.
El atlas demostró que Rosario es una ciudad con industrias de alta complejidad y tiene (como otras grandes metrópolis del país) un cinturón hortícola que produce las verduras y utiliza plaguicidas de alta toxicidad. En este sentido, el profesional destacó que “hace falta mucho cuidado entre quienes se dedican al cultivo de verduras y hortalizas, y quienes trabajan en los mercados centrales. Hay que pensar en formas más saludables de producir los alimentos”.
Los datos demuestran que en el departamento Rosario el índice de contaminación por plaguicidas es alto. En todo el país sólo dos departamentos de Mendoza tienen un índice muy alto y 9 fueron clasificados como riesgo alto, como es el caso de Rosario. Cabe destacar que dentro de la provincia de Santa Fe, el departamento Rosario es el que más alto índice de contaminación por plaguicidas presenta.
Cloacas. A su vez queda clara la necesidad de lograr el saneamiento ambiental, la construcción de cloacas en zonas todavía desabastecidas y la provisión de agua potable para todos. De los 104 departamentos del país con mayor déficit de cloacas, la mayoría se ubican en el norte, pero también se suman algunos de las provincias de Buenos Aires, el norte de Santa Fe y el Gran Rosario.
En cuanto a los riesgos por la contaminación ambiental que produce la falta de saneamiento, Rosario se ubica entre los que tienen los índices más altos del país. Ese triste privilegio también lo comparten en Córdoba y Buenos Aires.
En materia de minería Rosario no posee ningún índice de contaminación porque no se ejerce la actividad en la región.
Niños vulnerables. El atlas también muestra cuáles son las zonas del país con niños más vulnerables. Sobre un total de 12.169.648 niños y niñas menores de 18 años en el país, 5.759.456 viven en departamentos con alto y muy alto índice de vulnerabilidad social (lo que implica necesidades básicas insatisfechas, bajo nivel educativo de las mujeres en edad fértil, jefes de hogar desocupados, falta de cobertura de salud y mortalidad infantil). Esto significa que un 47% de los niños en situación de riesgo alto o muy alto viven en el 9% de los departamentos del total del país, entre ellos Rosario.
Como señala el atlas, “se trata de un punto de partida para tomar decisiones políticas más acertadas y tomar conciencia ante los problemas que pueden afectar la salud, en especial de los niños”.
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