Polémica por el rol de Argentina en la Cumbre
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Polémica por el rol de Argentina en la Cumbre
Fecha de Publicación: 12/12/2010
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Algunas ONG y dirigentes políticos vinculados con la causa ambiental criticaron el papel de Argentina en la Cumbre de Cancún.
El país realizó por primera vez en estas reuniones una presentación paralela donde dio a conocer sus proyectos para reducir los gases de efecto invernadero. Una posición conservadora respecto a la de otros países de América latina, con Brasil y Bolivia a la cabeza.
Otro intento de aporte nacional fue que en los documentos se incluyan los derechos de los trabajadores en el marco de la transferencia tecnológica, pero fue ignorado por el resto de los países.
“Bibiloni es un incapaz, no tiene la menor autoridad moral. Empezando por el hecho de que era abogado de una empresa que contaminaba en el Riachuelo”, comentó el diputado Miguel Bonasso al diario Perfil. El legislador se reunió en Cancún con la brasileña Marina Silva, la exitosa política ecologista que obtuvo una buena cantidad de votos en las últimas elecciones. Bonasso aspira a crear un partido ecologista.
Romina Picolotti, presidenta del Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Cedha), evaluó como lamentable el rol de Bibiloni en la sesión final. “Bibiloni aisló a Bolivia, ni siquiera consideró la posibilidad de que se escuchara a Bolivia y se intentara reflejar sus preocupaciones en el texto”, dijo.
Picolotti recordó que la nación boliviana es la que goza de mayor apoyo de los movimientos indígenas y ambientalistas, por lo que otras delegaciones latinoamericanas se hicieron eco del reclamo. “Para Bibiloni fue como si Bolivia no existiera”, resumió.
Fecha de Publicación: 12/12/2010
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Algunas ONG y dirigentes políticos vinculados con la causa ambiental criticaron el papel de Argentina en la Cumbre de Cancún.
El país realizó por primera vez en estas reuniones una presentación paralela donde dio a conocer sus proyectos para reducir los gases de efecto invernadero. Una posición conservadora respecto a la de otros países de América latina, con Brasil y Bolivia a la cabeza.
Otro intento de aporte nacional fue que en los documentos se incluyan los derechos de los trabajadores en el marco de la transferencia tecnológica, pero fue ignorado por el resto de los países.
“Bibiloni es un incapaz, no tiene la menor autoridad moral. Empezando por el hecho de que era abogado de una empresa que contaminaba en el Riachuelo”, comentó el diputado Miguel Bonasso al diario Perfil. El legislador se reunió en Cancún con la brasileña Marina Silva, la exitosa política ecologista que obtuvo una buena cantidad de votos en las últimas elecciones. Bonasso aspira a crear un partido ecologista.
Romina Picolotti, presidenta del Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Cedha), evaluó como lamentable el rol de Bibiloni en la sesión final. “Bibiloni aisló a Bolivia, ni siquiera consideró la posibilidad de que se escuchara a Bolivia y se intentara reflejar sus preocupaciones en el texto”, dijo.
Picolotti recordó que la nación boliviana es la que goza de mayor apoyo de los movimientos indígenas y ambientalistas, por lo que otras delegaciones latinoamericanas se hicieron eco del reclamo. “Para Bibiloni fue como si Bolivia no existiera”, resumió.
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Algo huele mal en el Riachuelo
Algo huele mal en el Riachuelo
Fecha de Publicación: 12/12/2010
Fuente: Clarín - Por Silvia Naishtat
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
Aunque se despliega a escasas 40 cuadras del Obelisco y es paisaje en la Boca, el drama del Riachuelo aún permanece invisible. Se trata del principal problema socio-ambiental de la Argentina, que afecta de manera directa a un millón y medio de personas. Figura como uno de los 30 sitios más contaminados del mundo y el tercero de América latina. Y durante décadas se habló mucho, se gastaron millones y se hizo muy poco.
En julio de 2008 y en lo que fue un fallo histórico, la Corte Suprema estableció un cronograma muy preciso de obligaciones y fijó fechas para avanzar en el proceso de limpieza, que le corresponde ejecutar a la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR). Este organismo, creado en 2006, vino a terminar con un verdadero mamarracho de superposiciones y está integrado por representantes de la Ciudad, que posee 4 comunas sobre el Riachuelo, la provincia con 14 partidos y el Estado nacional. Además tiene como fiscales a distintas ONG. El máximo tribunal erigió al Juzgado Federal de Quilmes para los diversos procedimientos, con el objetivo de que cesen los vertidos contaminantes.
La Corte ordenó inspecciones a las industrias radicadas en la Cuenca. En noviembre se difundió la lista de 343 empresas calificadas como agentes contaminantes. No son todas, ya que en la Cuenca se contabilizan 10.161. Pero este grupo debe transformar procesos productivos. Entre las señaladas predominan curtiembres, frigoríficos y firmas de tamaño pequeño. Llama la atención que haya nombres como Acindar, Biosidus, Boldt, Nidera, La Virginia, Coca Cola-Femsa, Coto, Química Montpellier, Alfajores Jorgito y Royal Canin. Se señala que carecen del adecuado tratamiento de efluentes.
Para el experto Andrés Napoli, director de FARN, la ONG que preside el constitucionalista Daniel Sabsay, solo habrá final feliz si el compromiso es asumido también por el sector privado. Lo dice de este modo: “Hasta ahora se movilizaron la Justicia y el Estado. Las empresas, que son parte del problema, no se sienten parte de la solución ”.
Fecha de Publicación: 12/12/2010
Fuente: Clarín - Por Silvia Naishtat
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
Aunque se despliega a escasas 40 cuadras del Obelisco y es paisaje en la Boca, el drama del Riachuelo aún permanece invisible. Se trata del principal problema socio-ambiental de la Argentina, que afecta de manera directa a un millón y medio de personas. Figura como uno de los 30 sitios más contaminados del mundo y el tercero de América latina. Y durante décadas se habló mucho, se gastaron millones y se hizo muy poco.
En julio de 2008 y en lo que fue un fallo histórico, la Corte Suprema estableció un cronograma muy preciso de obligaciones y fijó fechas para avanzar en el proceso de limpieza, que le corresponde ejecutar a la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR). Este organismo, creado en 2006, vino a terminar con un verdadero mamarracho de superposiciones y está integrado por representantes de la Ciudad, que posee 4 comunas sobre el Riachuelo, la provincia con 14 partidos y el Estado nacional. Además tiene como fiscales a distintas ONG. El máximo tribunal erigió al Juzgado Federal de Quilmes para los diversos procedimientos, con el objetivo de que cesen los vertidos contaminantes.
La Corte ordenó inspecciones a las industrias radicadas en la Cuenca. En noviembre se difundió la lista de 343 empresas calificadas como agentes contaminantes. No son todas, ya que en la Cuenca se contabilizan 10.161. Pero este grupo debe transformar procesos productivos. Entre las señaladas predominan curtiembres, frigoríficos y firmas de tamaño pequeño. Llama la atención que haya nombres como Acindar, Biosidus, Boldt, Nidera, La Virginia, Coca Cola-Femsa, Coto, Química Montpellier, Alfajores Jorgito y Royal Canin. Se señala que carecen del adecuado tratamiento de efluentes.
Para el experto Andrés Napoli, director de FARN, la ONG que preside el constitucionalista Daniel Sabsay, solo habrá final feliz si el compromiso es asumido también por el sector privado. Lo dice de este modo: “Hasta ahora se movilizaron la Justicia y el Estado. Las empresas, que son parte del problema, no se sienten parte de la solución ”.
Preocupante situación en los basurales en Salta
Preocupante situación en los basurales
Fecha de Publicación: 11/12/2010
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
El municipio de Orán, junto con la Universidad Tecnológica de La Plata, buscan soluciones en materia sanitaria.
El problema de la basura es una vieja preocupación de los habitantes de Orán, ya que, en muchos casos, el municipio no da abasto con las tareas de recolección y, sobre todo, del tratamiento de los residuos. Por otro lado, hay quienes trabajan en los vertederos en condiciones de riesgo para su salud. Para paliar la situación, y con el fin de confeccionar un informe sobre los avances del proyecto de residuos sólidos e inclusión social, arribaron días pasados a esta ciudad técnicos de la Universidad Tecnológica de La Plata.
Su presencia tiene como objetivo sentar las bases para formalizar un acuerdo en conjunto entre el municipio y la Fundación Promover, y desarrollar un programa efectivo de gestión integral de los residuos sólidos urbanos.
Los visitantes se reunieron con Omar Saúl Gadea, de la Fundación Promover. En la oportunidad, intercambiaron opiniones sobre inclusión social, interrelación, participación y articulación pública y privada de los actores sociales.
Capacitación
Omar Gadea explicó que “el objetivo fundamental es integrar a la sociedad a quienes se dedican a trabajar en los vertederos, ya que no tienen recursos ni posibilidades de encontrar un trabajo formal”.
Luego dijo: “Buscamos clasificar los elementos a tratar y, al mismo tiempo, rescatar a personas de la calle”. Por otra parte, Gadea remarcó “la importancia del Estado en esta problemática, pero, sobre todo, la participación necesaria de instituciones intermedias, entidades vecinales , empresas y población en general para que cada uno, desde su rol, sea protagonista, porque a la basura la generamos todos”, finalizó.
Fecha de Publicación: 11/12/2010
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
El municipio de Orán, junto con la Universidad Tecnológica de La Plata, buscan soluciones en materia sanitaria.
El problema de la basura es una vieja preocupación de los habitantes de Orán, ya que, en muchos casos, el municipio no da abasto con las tareas de recolección y, sobre todo, del tratamiento de los residuos. Por otro lado, hay quienes trabajan en los vertederos en condiciones de riesgo para su salud. Para paliar la situación, y con el fin de confeccionar un informe sobre los avances del proyecto de residuos sólidos e inclusión social, arribaron días pasados a esta ciudad técnicos de la Universidad Tecnológica de La Plata.
Su presencia tiene como objetivo sentar las bases para formalizar un acuerdo en conjunto entre el municipio y la Fundación Promover, y desarrollar un programa efectivo de gestión integral de los residuos sólidos urbanos.
Los visitantes se reunieron con Omar Saúl Gadea, de la Fundación Promover. En la oportunidad, intercambiaron opiniones sobre inclusión social, interrelación, participación y articulación pública y privada de los actores sociales.
Capacitación
Omar Gadea explicó que “el objetivo fundamental es integrar a la sociedad a quienes se dedican a trabajar en los vertederos, ya que no tienen recursos ni posibilidades de encontrar un trabajo formal”.
Luego dijo: “Buscamos clasificar los elementos a tratar y, al mismo tiempo, rescatar a personas de la calle”. Por otra parte, Gadea remarcó “la importancia del Estado en esta problemática, pero, sobre todo, la participación necesaria de instituciones intermedias, entidades vecinales , empresas y población en general para que cada uno, desde su rol, sea protagonista, porque a la basura la generamos todos”, finalizó.
Fuerte defensa de CFK a la minería
Fuerte defensa de CFK a la minería responsable
Fecha de Publicación: 10/12/2010
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Nacional
La industria minera recibió un explícito respaldo del gobierno durante la firma del pacto social suscripto por empresarios, gremios y provincias mineras.
La minería nacional y la de San Juan, en particular, recibió ayer la más encendida defensa por parte de la presidenta Cristina Fernández que reivindicó el "crecimiento" y las "oportunidades" que ofrece este sector al tiempo que ratificó la clara vocación del Gobierno nacional de "fuerte preservación del medio ambiente frente a la actividad minera. A renglón seguido, Cristina pidió "no hablar por hablar" luego de firmar el Acuerdo Nacional de Promoción del Diálogo Social en la Industria Minera que pretende sentar las bases del diálogo social que la presidenta promueve entre Gobierno, empresarios y sindicalistas.
El objetivo del convenio firmado en el Salón de las Mujeres del Bicentenario de la Casa de la Casa Rosada, del que participó el gobernador José Luis Gioja, es promover el diálogo con el propósito de construir mesas en cada sector y programar para el año próximo el acuerdo social integrado por gremios y empresarios.
La jefa de Estado aseguró que existe un "esfuerzo muy grande en la Argentina" en torno a "una política ambiental sustentable", en medio de las protestas que se vienen realizando en algunas provincias contra el desarrollo minero a gran escala.
"Creo que tenemos que seguir apostando al crecimiento, al cuidado del medioambiente y al cuidado, fundamentalmente, de tener un país serio que (significa) no hablar por hablar", resaltó la presidenta.
"Toda inversión en minería con cuidado ambiental no sólo es viable, sino aconsejable", afirmó CFK y destacó que "desde 2003, el sector minero tuvo un incremento de la ocupación laboral del 328%". En esa línea ponderó además que "digamos también que el sueldo del sector y de los trabajadores mineros es el más alto de los que se cobran en la Argentina y es altamente calificado". Consideró, además, que el convenio firmado ayer "es un eslabón más en la cadena de seguir construyendo un país diferente, generando oportunidades de vida en regiones en las que la minería es casi una cuestión vital. Y esto no es una poesía o un eufemismo en provincias como San Juan, donde el 80% de su territorio es piedra, montañas o en otras provincias también que son maravillosamente verdes, pero tienen minas de piedras maravillosas, como Misiones, o también en Catamarca o La Rioja", puntualizó. Justamente las protestas más enérgicas contra la actividad minera a gran escala se dan en Catamarca y La Rioja y, en menor medida, en Mendoza.
La jefa de Estado destacó que "la Argentina tiene la oportunidad de convertirse en un país con una producción más diversificada de lo que ha tenido hasta ahora con el sector minero', volvió a poner de ejemplo a San Juan.
"Hoy tenemos emprendimientos de los más importantes del mundo, el primer emprendimiento de carácter binacional del mundo, como es el que vamos a tener entre Chile y Argentina en la provincia de San Juan', recordó Cristina.
Previo a las palabras de CFK, se exhibió un video editado por la Secretaría de Minería, que en resumidos minutos, mostró las oportunidades que genera el sector minero, inversiones, producción, ocupación de mano de obra y las proyecciones para los próximos años.
Más Información:
- Página 12 - Con el cuidado ambiental en la mira
- Los Andes - Cristina puso como ejemplo a San Juan
- El Ancasti - Firmaron acuerdo por la promoción de la minería
- Diario Río Negro - El "diálogo social" llega al mercado de la minería
Salí-Dulce: quieren vinaza cero en 2011
Salí-Dulce: autoridades de Santiago y Tucumán quieren vinaza cero en 2011
Fecha de Publicación: 09/12/2010
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero - Tucumán
A partir de la implementación de distintas tecnologías para el tratamiento del residuo que se genera en los ingenios azucareros con destilerías, se eliminarían los vuelcos al curso de agua.
Las autoridades de Santiago del Estero y de Tucumán que participan del Comité de Cuenca Salí-Dulce se han impuesto como objetivo central para 2011, que no se arroje vinaza a los distintos afluentes que integran la cuenca hídrica. Este desecho industrial que proviene de la producción de bioetanol a partir de la melaza de la caña de azúcar, es uno de los más contaminantes por su alta demanda biológica de oxígeno, lo que afecta considerablemente al ecosistema del embalse cuando es arrojado sin tratamiento.
Para lograr este cometido, se plantean dos líneas de acción: reforzar los controles en los ingenios con destilerías y la implementación de diferentes tecnologías de tratamiento del desecho.
Así lo señaló el director de Medio Ambiente de la provincia, Juan Carlos Targa, quien junto con el secretario de Agua, Abel Tévez, participó en Tucumán de una reunión con industriales azucareros y autoridades ambientales tucumanas, en la que se expuso el proyecto de construcción de vinazaductos para transportar el efluente hacia suelos salinos para utilizar la vinaza como nutriente y volver útil dichos suelos.
“Ha sido una reunión con los técnicos de cuatro ingenios, los que mostraron cuáles son las alternativas técnicas para hacer el tratamiento con vinazaductos”, comentó el funcionario provincial. Algunos de los ingenios que aplicarían esta tecnología son La Florida, Corona, Ñuñorco. Targa contó que durante el encuentro, el responsable de la Estación Experimental del Inta en Tucumán, Miguel Morandini -uno de los que propone el método- expuso sobre la realización de pruebas exitosas en Tucumán.
Esta reunión se desarrolló en la Secretaría de Ambiente de Tucumán, adonde ofició como anfitrión el titular del organismo, Alfredo Montalbán.
Solamente 4 de los 13 ingenios que producen bioetanol aplicarán esta tecnología de tratamiento de la vinaza. Para la construcción de los vinazaductos, las industrias cuentan con $ 23 millones para préstamos a tasa cero. Targa indicó que hay un compromiso de Jefatura de Gabinete de la Nación, para que a través de la Secretaría de Ambiente, se paguen los intereses de esos préstamos que serán otorgados por el Banco Nación.
Meta
“La idea es que este año que viene y que es lo que estamos apuntando con Tucumán, es que haya cero vinaza en la cuenca”, recalcó el director de Medio Ambiente provincial. Hasta el momento, los ingenios aplicaron distintas técnicas para realizar el tratamiento de este desecho: lagunas de sacrificio, utilización como fertilizantes en campos, o la construcción de reactores anaeróbicos.
Sin embargo, la capacidad para el tratamiento de la vinaza se vio desbordada este año debido a la cantidad de residuo que generaron los ingenios. Es que, por una resolución de la Secretaría de la Nación, los combustibles y en el caso específico las naftas, tienen que llevar un mayor porcentaje de biocombustible como el bioetanol, en la mezcla. Esto significó que aumentara la producción en las destilerías de los ingenios azucareros y consecuentemente el aumento de la generación de vinaza, que en algunos casos, las plantas arrojaron de manera cruda a los efluentes.
La prueba de fuego para saber si se cumplen las metas de las autoridades se producirá durante la época en que se inicie la zafra en Tucumán, ya que según comentó Targa, comienza en forma casi conjunta la producción de bioetanol.
Fecha de Publicación: 09/12/2010
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero - Tucumán
A partir de la implementación de distintas tecnologías para el tratamiento del residuo que se genera en los ingenios azucareros con destilerías, se eliminarían los vuelcos al curso de agua.
Las autoridades de Santiago del Estero y de Tucumán que participan del Comité de Cuenca Salí-Dulce se han impuesto como objetivo central para 2011, que no se arroje vinaza a los distintos afluentes que integran la cuenca hídrica. Este desecho industrial que proviene de la producción de bioetanol a partir de la melaza de la caña de azúcar, es uno de los más contaminantes por su alta demanda biológica de oxígeno, lo que afecta considerablemente al ecosistema del embalse cuando es arrojado sin tratamiento.
Para lograr este cometido, se plantean dos líneas de acción: reforzar los controles en los ingenios con destilerías y la implementación de diferentes tecnologías de tratamiento del desecho.
Así lo señaló el director de Medio Ambiente de la provincia, Juan Carlos Targa, quien junto con el secretario de Agua, Abel Tévez, participó en Tucumán de una reunión con industriales azucareros y autoridades ambientales tucumanas, en la que se expuso el proyecto de construcción de vinazaductos para transportar el efluente hacia suelos salinos para utilizar la vinaza como nutriente y volver útil dichos suelos.
“Ha sido una reunión con los técnicos de cuatro ingenios, los que mostraron cuáles son las alternativas técnicas para hacer el tratamiento con vinazaductos”, comentó el funcionario provincial. Algunos de los ingenios que aplicarían esta tecnología son La Florida, Corona, Ñuñorco. Targa contó que durante el encuentro, el responsable de la Estación Experimental del Inta en Tucumán, Miguel Morandini -uno de los que propone el método- expuso sobre la realización de pruebas exitosas en Tucumán.
Esta reunión se desarrolló en la Secretaría de Ambiente de Tucumán, adonde ofició como anfitrión el titular del organismo, Alfredo Montalbán.
Solamente 4 de los 13 ingenios que producen bioetanol aplicarán esta tecnología de tratamiento de la vinaza. Para la construcción de los vinazaductos, las industrias cuentan con $ 23 millones para préstamos a tasa cero. Targa indicó que hay un compromiso de Jefatura de Gabinete de la Nación, para que a través de la Secretaría de Ambiente, se paguen los intereses de esos préstamos que serán otorgados por el Banco Nación.
Meta
“La idea es que este año que viene y que es lo que estamos apuntando con Tucumán, es que haya cero vinaza en la cuenca”, recalcó el director de Medio Ambiente provincial. Hasta el momento, los ingenios aplicaron distintas técnicas para realizar el tratamiento de este desecho: lagunas de sacrificio, utilización como fertilizantes en campos, o la construcción de reactores anaeróbicos.
Sin embargo, la capacidad para el tratamiento de la vinaza se vio desbordada este año debido a la cantidad de residuo que generaron los ingenios. Es que, por una resolución de la Secretaría de la Nación, los combustibles y en el caso específico las naftas, tienen que llevar un mayor porcentaje de biocombustible como el bioetanol, en la mezcla. Esto significó que aumentara la producción en las destilerías de los ingenios azucareros y consecuentemente el aumento de la generación de vinaza, que en algunos casos, las plantas arrojaron de manera cruda a los efluentes.
La prueba de fuego para saber si se cumplen las metas de las autoridades se producirá durante la época en que se inicie la zafra en Tucumán, ya que según comentó Targa, comienza en forma casi conjunta la producción de bioetanol.
Glaciares, los más afectados por el CC
Glaciares patagónicos, los más afectados por el cambio climático
Fecha de Publicación: 08/12/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Patagonia
Lo advirtió ayer un informe de la ONU, presentado en la cumbre de Cancún.
El informe de Naciones Unidas es fatal y contundente. Los glaciares de la Patagonia argentina están sufriendo el mayor impacto del cambio climático de todo el planeta y se están derritiendo con mayor celeridad. Así lo consigna el documento del Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA) que fue revelado ayer en esta cumbre de Cancún.
Junto a los glaciares argentinos otros de los más afectados son los del sur de Chile y Alaska. Entre 1960 y 2003, los glaciares patagónicos se redujeron en 35 metros, los de Alaska 25 y en Asia unos 10 metros. “La mayoría de los glaciares de montaña están perdiendo masa a causa del cambio climático, pero entre ellos los patagónicos aparecen como los más afectados”, aseguran los científicos.
De acuerdo al documento -que fue presentado por el secretario general Ban Ki Moon y otros funcionarios de la ONU- “los glaciares podrían desaparecer de algunas regiones montañosas hacia el fines del siglo XXI, dada la actual tasa de derretimiento”. Aunque también señala que como consecuencia del mismo cambio climático que provocó un aumento en las precipitaciones en la cordillera de Tierra del Fuego se registró un incremento en el espesor de los hielos.
Pero deja en claro que se trata de un fenómeno aislado .
El reporte advierte que el derretimiento de los glaciares podría traducirse en algunas décadas en la reducción de la disponibilidad de agua en zonas de Argentina, Chile y Perú. Y subrayó la vulnerabilidad que el derretimiento representa para la población que vive en las zonas de glaciares.
La agencia también recomendó fortalecer la investigación y la colaboración internacional para el monitoreo de los glaciares , además de mejorar los modelos para medir precipitación de la disponibilidad de agua en estas regiones.
Todos estos datos hicieron sincerarse al ministro noruego del Medio Ambiente, Erik Solheim, cuyo gobierno proporciona fondos para estas investigaciones. “Estos descubrimientos alarmantes sobre el derretimiento de los glaciares ilustran la importancia de combatir globalmente el cambio climático. Es una tajante advertencia para nosotros los políticos y negociadores acá en Cancún”, dijo.
Y no fue el único informe inquietante. También hubo un adelanto de otro de la CEPAL, la comisión económica de la ONU para Latinoamérica, que se presentará hoy y que asegura que “los desastres naturales asociados al cambio climático como temperaturas extremas e inundaciones afectaron en la última década a más de 40 millones de latinoamericanos”. Esto significa un incremento enorme ya que en la década de 1970 fueron apenas 5 millones los afectados en la región por temperaturas extremas, incendios forestales, sequías, tormentas e inundaciones.
El informe denominado “Gráficos Vitales del Cambio Climático para América Latina y el Caribe”, asegura que los daños en el continente, desde el Río Bravo hacia abajo, en los últimos 10 años generaron costos estimados de más de 40.000 millones de dólares.
El informe dice que “ se ha visto un aumento de eventos climáticos extremos en toda América Latina . Por ejemplo, el número de tormentas ocurridas entre el 2000 y el 2009 se multiplicaron por 12 con respecto a las que se registraron entre 1970 y 1979”. Y estos fenómenos van a seguir incrementándose. Dice la CEPAL que para fines de este siglo en Centroamérica y el Caribe aumentará la intensidad de los huracanes, y al mismo tiempo habrá una reducción de las precipitaciones y aumentos de sequías. En Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile continuará el derretimiento de glaciares. Y si bien es una de las regiones del planeta más castigadas por el cambio climático, América Latina representa apenas el 13% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.
Después de leer el informe, el negociador mexicano y subsecretario de Asuntos Multilaterales de la cancillería, Juan Manuel Gómez Robledo, lo puso en contexto: “en el mundo real están ocurriendo cosas muy graves y aquí en la negociación debemos impartir el mismo nivel de urgencia y avance”. Por ahora, sólo se sabe de muy pequeños logros para mitigar los efectos del cambio climático y, al mismo tiempo, de enormes peleas entre las potencias.
Fecha de Publicación: 08/12/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Patagonia
Lo advirtió ayer un informe de la ONU, presentado en la cumbre de Cancún.
El informe de Naciones Unidas es fatal y contundente. Los glaciares de la Patagonia argentina están sufriendo el mayor impacto del cambio climático de todo el planeta y se están derritiendo con mayor celeridad. Así lo consigna el documento del Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA) que fue revelado ayer en esta cumbre de Cancún.
Junto a los glaciares argentinos otros de los más afectados son los del sur de Chile y Alaska. Entre 1960 y 2003, los glaciares patagónicos se redujeron en 35 metros, los de Alaska 25 y en Asia unos 10 metros. “La mayoría de los glaciares de montaña están perdiendo masa a causa del cambio climático, pero entre ellos los patagónicos aparecen como los más afectados”, aseguran los científicos.
De acuerdo al documento -que fue presentado por el secretario general Ban Ki Moon y otros funcionarios de la ONU- “los glaciares podrían desaparecer de algunas regiones montañosas hacia el fines del siglo XXI, dada la actual tasa de derretimiento”. Aunque también señala que como consecuencia del mismo cambio climático que provocó un aumento en las precipitaciones en la cordillera de Tierra del Fuego se registró un incremento en el espesor de los hielos.
Pero deja en claro que se trata de un fenómeno aislado .
El reporte advierte que el derretimiento de los glaciares podría traducirse en algunas décadas en la reducción de la disponibilidad de agua en zonas de Argentina, Chile y Perú. Y subrayó la vulnerabilidad que el derretimiento representa para la población que vive en las zonas de glaciares.
La agencia también recomendó fortalecer la investigación y la colaboración internacional para el monitoreo de los glaciares , además de mejorar los modelos para medir precipitación de la disponibilidad de agua en estas regiones.
Todos estos datos hicieron sincerarse al ministro noruego del Medio Ambiente, Erik Solheim, cuyo gobierno proporciona fondos para estas investigaciones. “Estos descubrimientos alarmantes sobre el derretimiento de los glaciares ilustran la importancia de combatir globalmente el cambio climático. Es una tajante advertencia para nosotros los políticos y negociadores acá en Cancún”, dijo.
Y no fue el único informe inquietante. También hubo un adelanto de otro de la CEPAL, la comisión económica de la ONU para Latinoamérica, que se presentará hoy y que asegura que “los desastres naturales asociados al cambio climático como temperaturas extremas e inundaciones afectaron en la última década a más de 40 millones de latinoamericanos”. Esto significa un incremento enorme ya que en la década de 1970 fueron apenas 5 millones los afectados en la región por temperaturas extremas, incendios forestales, sequías, tormentas e inundaciones.
El informe denominado “Gráficos Vitales del Cambio Climático para América Latina y el Caribe”, asegura que los daños en el continente, desde el Río Bravo hacia abajo, en los últimos 10 años generaron costos estimados de más de 40.000 millones de dólares.
El informe dice que “ se ha visto un aumento de eventos climáticos extremos en toda América Latina . Por ejemplo, el número de tormentas ocurridas entre el 2000 y el 2009 se multiplicaron por 12 con respecto a las que se registraron entre 1970 y 1979”. Y estos fenómenos van a seguir incrementándose. Dice la CEPAL que para fines de este siglo en Centroamérica y el Caribe aumentará la intensidad de los huracanes, y al mismo tiempo habrá una reducción de las precipitaciones y aumentos de sequías. En Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile continuará el derretimiento de glaciares. Y si bien es una de las regiones del planeta más castigadas por el cambio climático, América Latina representa apenas el 13% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.
Después de leer el informe, el negociador mexicano y subsecretario de Asuntos Multilaterales de la cancillería, Juan Manuel Gómez Robledo, lo puso en contexto: “en el mundo real están ocurriendo cosas muy graves y aquí en la negociación debemos impartir el mismo nivel de urgencia y avance”. Por ahora, sólo se sabe de muy pequeños logros para mitigar los efectos del cambio climático y, al mismo tiempo, de enormes peleas entre las potencias.
Tensión en el gabinete de Jaque por la minería
Tensión en el gabinete de Jaque
Fecha de Publicación: 08/12/2010
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
El secretario de Ambiente puso su renuncia a consideración del Gobernador, que lo ratificó pero fijándole plazos para la definición del proyecto minero San Jorge. Guillermo Carmona ratificó la necesidad de exigir precisiones de sustentabilidad al emprendimiento.
La continuidad en el Gabinete provincial del secretario de Ambiente, Guillermo Carmona quedó atada no sólo a la forma de resolución final que tenga el proyecto minero San Jorge en Uspallata, sino al plazo en el que se alcancen las definiciones.
Sin que exista una fecha definida, todo apunta al 31 de diciembre próximo.
Y aunque por la mañana había descartado la posibilidad de una reunión, por la tarde el gobernador Celso Jaque recibió a Carmona y le ordenó avanzar "sin demoras innecesarias" en el envío a la Legislatura de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
Por su parte, el titular de Ambiente ratificó la necesidad de hacerle cumplir a la minera hasta la última exigencia que garantice la sustentabilidad del proyecto. Ambos coincidieron en que en Mendoza debe funcionar una minería que garantice el respeto por el medio ambiente.
Según trascendió, el lunes pasado Carmona puso verbalmente su renuncia a disposición del Gobernador y se acordó el encuentro de ayer, en el que -finalmente- Jaque ratificó a Carmona en su puesto, aunque subrayando los plazos.
Las exigencias de Ambiente de un dictamen conjunto entre las universidades de Cuyo y Tecnológica Nacional y de una definición del Departamento General de Irrigación sobre el uso del agua del arroyo El Tigre, requerirán -en principio- de un tiempo mayor a los 24 días (con feriados incluidos) que faltan hasta fin de año.
No obstante en Ambiente se mostraron optimistas. De hecho, se han sucedido los contactos con los rectores de ambas universidades (Arturo Somoza y Eduardo Balasch) y con el superintendente, Eduardo Frigerio. Ayer se reunió la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera (Ceiam) y volverá a deliberar el viernes que viene.
El jueves pasado, ante empresarios de la FEM, Jaque adelantó que "muy pronto" se emitirá la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y se remitirá a la Legislatura Provincial. El anuncio, motivó que tres días después Carmona pusiera su renuncia a disposición.
"Hemos estado conversando con el Gobernador. Le he informado sobre el estado del expediente y sobre el trabajo de la comisión evaluadora. He ofrecido mi punto de vista. Vamos a seguir hablando", dijo Carmona, ayer por la tarde.
Fue al ingresar al cine Universidad donde participó de la entrega de la distinción a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, junto con el propio Gobernador y el ministro de Gobierno, Mario Adaro. (Ver página 3)
"Se trata de tomar las medidas necesarias después de que se termine con todos los estudios que hay que hacer", manifestó Jaque.
Durante toda la mañana de ayer recrudecieron los rumores de un eventual alejamiento de Carmona, principal referente de un sector interno del PJ al que también pertenecen el secretario de Gestión Pública, Alberto Gurruchaga; el secretario de Infraestructura Escolar, Roberto Pacini; la subsecretaria de Familia, Nidia Martini y el responsable de la comunicación oficial, Pablo Cattania.
Otras versiones, vienen señalando como posibles cambios a otros integrantes del Gabinete, como los ministros de Gobierno, Adaro y de Salud, Juan Carlos Behler.
La evolución del tema minero y la prolongación del conflicto de la Salud -en el que ahora ATSA cobrará protagonismo- junto a los efectos de una interna justicialista a la que cada vez le cuesta más contenerse hasta febrero próximo, han comenzado a mostrar sus efectos sobre el Gabinete provincial.
Tanto Carmona como Adaro -cercanos pero independientes entre sí- muestran actitudes que los diferencian de la Línea Mendoza -que en principio integran-, conformada en torno a la figura del secretario general, Alejandro Cazabán.
Entre ministros, intendentes y legisladores nacionales existe un constante intercambio de contactos y negociaciones, en el que no han terminado de ponerse de acuerdo en torno a la necesidad de ratificar el cronograma nacional con internas obligatorias y simultáneas el próximo 14 de agosto o la necesidad de adelantar el proceso interno al mes de mayo con internas abiertas de participación voluntaria y fecha fijada por cada partido político, como hasta ahora ha venido sucediendo.
Fecha de Publicación: 08/12/2010
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
El secretario de Ambiente puso su renuncia a consideración del Gobernador, que lo ratificó pero fijándole plazos para la definición del proyecto minero San Jorge. Guillermo Carmona ratificó la necesidad de exigir precisiones de sustentabilidad al emprendimiento.
La continuidad en el Gabinete provincial del secretario de Ambiente, Guillermo Carmona quedó atada no sólo a la forma de resolución final que tenga el proyecto minero San Jorge en Uspallata, sino al plazo en el que se alcancen las definiciones.
Sin que exista una fecha definida, todo apunta al 31 de diciembre próximo.
Y aunque por la mañana había descartado la posibilidad de una reunión, por la tarde el gobernador Celso Jaque recibió a Carmona y le ordenó avanzar "sin demoras innecesarias" en el envío a la Legislatura de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
Por su parte, el titular de Ambiente ratificó la necesidad de hacerle cumplir a la minera hasta la última exigencia que garantice la sustentabilidad del proyecto. Ambos coincidieron en que en Mendoza debe funcionar una minería que garantice el respeto por el medio ambiente.
Según trascendió, el lunes pasado Carmona puso verbalmente su renuncia a disposición del Gobernador y se acordó el encuentro de ayer, en el que -finalmente- Jaque ratificó a Carmona en su puesto, aunque subrayando los plazos.
Las exigencias de Ambiente de un dictamen conjunto entre las universidades de Cuyo y Tecnológica Nacional y de una definición del Departamento General de Irrigación sobre el uso del agua del arroyo El Tigre, requerirán -en principio- de un tiempo mayor a los 24 días (con feriados incluidos) que faltan hasta fin de año.
No obstante en Ambiente se mostraron optimistas. De hecho, se han sucedido los contactos con los rectores de ambas universidades (Arturo Somoza y Eduardo Balasch) y con el superintendente, Eduardo Frigerio. Ayer se reunió la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera (Ceiam) y volverá a deliberar el viernes que viene.
El jueves pasado, ante empresarios de la FEM, Jaque adelantó que "muy pronto" se emitirá la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y se remitirá a la Legislatura Provincial. El anuncio, motivó que tres días después Carmona pusiera su renuncia a disposición.
"Hemos estado conversando con el Gobernador. Le he informado sobre el estado del expediente y sobre el trabajo de la comisión evaluadora. He ofrecido mi punto de vista. Vamos a seguir hablando", dijo Carmona, ayer por la tarde.
Fue al ingresar al cine Universidad donde participó de la entrega de la distinción a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, junto con el propio Gobernador y el ministro de Gobierno, Mario Adaro. (Ver página 3)
"Se trata de tomar las medidas necesarias después de que se termine con todos los estudios que hay que hacer", manifestó Jaque.
Durante toda la mañana de ayer recrudecieron los rumores de un eventual alejamiento de Carmona, principal referente de un sector interno del PJ al que también pertenecen el secretario de Gestión Pública, Alberto Gurruchaga; el secretario de Infraestructura Escolar, Roberto Pacini; la subsecretaria de Familia, Nidia Martini y el responsable de la comunicación oficial, Pablo Cattania.
Otras versiones, vienen señalando como posibles cambios a otros integrantes del Gabinete, como los ministros de Gobierno, Adaro y de Salud, Juan Carlos Behler.
La evolución del tema minero y la prolongación del conflicto de la Salud -en el que ahora ATSA cobrará protagonismo- junto a los efectos de una interna justicialista a la que cada vez le cuesta más contenerse hasta febrero próximo, han comenzado a mostrar sus efectos sobre el Gabinete provincial.
Tanto Carmona como Adaro -cercanos pero independientes entre sí- muestran actitudes que los diferencian de la Línea Mendoza -que en principio integran-, conformada en torno a la figura del secretario general, Alejandro Cazabán.
Entre ministros, intendentes y legisladores nacionales existe un constante intercambio de contactos y negociaciones, en el que no han terminado de ponerse de acuerdo en torno a la necesidad de ratificar el cronograma nacional con internas obligatorias y simultáneas el próximo 14 de agosto o la necesidad de adelantar el proceso interno al mes de mayo con internas abiertas de participación voluntaria y fecha fijada por cada partido político, como hasta ahora ha venido sucediendo.
Amenazas a la Ley de Glaciares
Amenazas a la Ley de Glaciares
Fecha de Publicación: 07/12/2010
Fuente: Clarín - Por Maristella Svampa - Enrique Viale
Provincia/Región: Nacional
Los intereses mineros iniciaron acciones judiciales contra la norma recientemente promulgada. Ponen así de manifiesto que ciertas empresas no están dispuestas a aceptar controles estatales ni auditorías ambientales independientes.
A manera de confesión, y marcando un nuevo capítulo en la larga saga referida a la Ley de Protección de los Glaciares, los intereses mineros iniciaron acciones judiciales contra la ley recientemente promulgada, obteniendo con sugestiva celeridad -en sólo 20 horas- que el ex diputado provincial justicialista y actual Juez Federal con asiento en San Juan, Miguel Ángel Gálvez, suspenda la aplicación en dicha provincia de los artículos medulares de la norma. Por si fuera poco, días después, el mismo magistrado dictó dos medidas cautelares más, beneficiando a los emprendimientos mineros Veladero y Pascua-Lama, ambos propiedad de la transnacional Barrick Gold.
Con ello lograron que la Ley Nacional de Protección de Glaciares sea suspendida en San Juan , privilegiando desembozadamente los intereses económicos y corporativos de las empresas mineras por encima del derecho al agua de todos los argentinos.
De manera sugestiva, las medidas cautelares también suspenden, en dicha provincia, la confección del Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial, impidiendo así la metodología uniforme, integral y sistemática que exige este tipo de estudios: los glaciares y sus ecosistemas no reconocen fronteras provinciales.
Otra de las “curiosidades” es que los fundamentos de los fallos se apoyan en el anterior veto presidencial, de 2008, que ni el propio oficialismo pudo sostener con argumentos de interés general.
Asimismo, estas acciones judiciales vuelven a hacer alarde de un discurso fingidamente federalista , que se contrapone con la propia estrategia judicial adoptada por los mismos intereses mineros en aquellas provincias donde ya existen leyes provinciales de prohibición de minería a cielo abierto con uso de sustancias tóxicas; situaciones en las cuales arguyen que sólo el Código de Minería (ley dictada por el Congreso Nacional) podría regular la actividad minera y no una norma provincial.
Queda claro entonces que la estrategia prominera se acomoda a las circunstancias : así, puede apelar a las históricas banderas del federalismo y hablar del “avasallamiento de la nación a las provincias”, para frenar una ley de presupuestos mínimos como la Ley de Protección de Glaciares, pero también puede acudir al unitarismo más extremo, para impugnar que sean las provincias, a través de sus legislaturas, las que sancionen leyes de protección ambiental. En realidad, estas argucias jurídicas vuelven a poner de manifiesto el interés concreto de empresas, como la Barrick Gold, que son conscientes de haberse instalado en áreas muy frágiles, alterando un bien esencial y vulnerable como el agua, pero que no están dispuestas a aceptar controles estatales ni auditorias ambientales independientes de las empresas.
En este contexto, es el Estado nacional, demandado en las causas judiciales, quien debe apelar dichas medidas cautelares. Pero que el principal detractor de la Ley sea el gobernador José Luis Gioja -uno de los mayores aliados del gobierno nacional- sumado a los sugestivos encuentros de la Presidenta de la Nación con Peter Munk -CEO de la Barrick Gold-, más los recientes contactos entre el asesor legal de la gobernación sanjuanina con Carlos Zannini y Aníbal Fernández, arrojan serias dudas acerca de la eficacia, vigor y premura de la intervención jurídica del Poder Ejecutivo para lograr la plena vigencia en todo el territorio nacional de la norma. Empeora el panorama el hecho de que quien debiera colaborar activamente en la defensa judicial de la norma sea el Secretario de Ambiente de la Nación, Homero Bibiloni, quien fue uno de los más enérgicos opositores de la ley durante su trámite parlamentario.
Por otro lado, estos subterfugios jurídicos, que evidencian la venalidad de ciertos representantes del Poder Judicial nacional, fragilizan la confianza que diferentes actores de la sociedad civil depositaron en una salida institucional genuina, encarnada en un Parlamento nacional , que por vez primera, sinceró el núcleo del problema que vienen padeciendo tantas pequeñas y medianas poblaciones del país.
Así, en la larga sesión del Senado en la cual terminó por aprobarse esta ley, incluso los discursos de los jefes de las bancadas mayoritarias pusieron el acento tanto en el cambio cultural que supone el despertar de una conciencia ambiental , como en la imperiosa necesidad de discutir el controvertido modelo minero que hoy avanza sobre la Argentina sin consenso social y sin control del Estado.
Compete entonces responder no sólo al Estado nacional, cuya verdadera voluntad política se verá expresada en los próximos días, sino también a todas aquellas voces que desde diferentes posiciones del arco político defendieron la importancia de esta ley, ya que lo que está en juego es nada menos que la credibilidad misma de las instituciones democráticas.
Fecha de Publicación: 07/12/2010
Fuente: Clarín - Por Maristella Svampa - Enrique Viale
Provincia/Región: Nacional
Los intereses mineros iniciaron acciones judiciales contra la norma recientemente promulgada. Ponen así de manifiesto que ciertas empresas no están dispuestas a aceptar controles estatales ni auditorías ambientales independientes.
A manera de confesión, y marcando un nuevo capítulo en la larga saga referida a la Ley de Protección de los Glaciares, los intereses mineros iniciaron acciones judiciales contra la ley recientemente promulgada, obteniendo con sugestiva celeridad -en sólo 20 horas- que el ex diputado provincial justicialista y actual Juez Federal con asiento en San Juan, Miguel Ángel Gálvez, suspenda la aplicación en dicha provincia de los artículos medulares de la norma. Por si fuera poco, días después, el mismo magistrado dictó dos medidas cautelares más, beneficiando a los emprendimientos mineros Veladero y Pascua-Lama, ambos propiedad de la transnacional Barrick Gold.
Con ello lograron que la Ley Nacional de Protección de Glaciares sea suspendida en San Juan , privilegiando desembozadamente los intereses económicos y corporativos de las empresas mineras por encima del derecho al agua de todos los argentinos.
De manera sugestiva, las medidas cautelares también suspenden, en dicha provincia, la confección del Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial, impidiendo así la metodología uniforme, integral y sistemática que exige este tipo de estudios: los glaciares y sus ecosistemas no reconocen fronteras provinciales.
Otra de las “curiosidades” es que los fundamentos de los fallos se apoyan en el anterior veto presidencial, de 2008, que ni el propio oficialismo pudo sostener con argumentos de interés general.
Asimismo, estas acciones judiciales vuelven a hacer alarde de un discurso fingidamente federalista , que se contrapone con la propia estrategia judicial adoptada por los mismos intereses mineros en aquellas provincias donde ya existen leyes provinciales de prohibición de minería a cielo abierto con uso de sustancias tóxicas; situaciones en las cuales arguyen que sólo el Código de Minería (ley dictada por el Congreso Nacional) podría regular la actividad minera y no una norma provincial.
Queda claro entonces que la estrategia prominera se acomoda a las circunstancias : así, puede apelar a las históricas banderas del federalismo y hablar del “avasallamiento de la nación a las provincias”, para frenar una ley de presupuestos mínimos como la Ley de Protección de Glaciares, pero también puede acudir al unitarismo más extremo, para impugnar que sean las provincias, a través de sus legislaturas, las que sancionen leyes de protección ambiental. En realidad, estas argucias jurídicas vuelven a poner de manifiesto el interés concreto de empresas, como la Barrick Gold, que son conscientes de haberse instalado en áreas muy frágiles, alterando un bien esencial y vulnerable como el agua, pero que no están dispuestas a aceptar controles estatales ni auditorias ambientales independientes de las empresas.
En este contexto, es el Estado nacional, demandado en las causas judiciales, quien debe apelar dichas medidas cautelares. Pero que el principal detractor de la Ley sea el gobernador José Luis Gioja -uno de los mayores aliados del gobierno nacional- sumado a los sugestivos encuentros de la Presidenta de la Nación con Peter Munk -CEO de la Barrick Gold-, más los recientes contactos entre el asesor legal de la gobernación sanjuanina con Carlos Zannini y Aníbal Fernández, arrojan serias dudas acerca de la eficacia, vigor y premura de la intervención jurídica del Poder Ejecutivo para lograr la plena vigencia en todo el territorio nacional de la norma. Empeora el panorama el hecho de que quien debiera colaborar activamente en la defensa judicial de la norma sea el Secretario de Ambiente de la Nación, Homero Bibiloni, quien fue uno de los más enérgicos opositores de la ley durante su trámite parlamentario.
Por otro lado, estos subterfugios jurídicos, que evidencian la venalidad de ciertos representantes del Poder Judicial nacional, fragilizan la confianza que diferentes actores de la sociedad civil depositaron en una salida institucional genuina, encarnada en un Parlamento nacional , que por vez primera, sinceró el núcleo del problema que vienen padeciendo tantas pequeñas y medianas poblaciones del país.
Así, en la larga sesión del Senado en la cual terminó por aprobarse esta ley, incluso los discursos de los jefes de las bancadas mayoritarias pusieron el acento tanto en el cambio cultural que supone el despertar de una conciencia ambiental , como en la imperiosa necesidad de discutir el controvertido modelo minero que hoy avanza sobre la Argentina sin consenso social y sin control del Estado.
Compete entonces responder no sólo al Estado nacional, cuya verdadera voluntad política se verá expresada en los próximos días, sino también a todas aquellas voces que desde diferentes posiciones del arco político defendieron la importancia de esta ley, ya que lo que está en juego es nada menos que la credibilidad misma de las instituciones democráticas.
Cambio climático: la estrategia argentina
Cambio climático: la estrategia argentina
Fecha de Publicación: 07/12/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Delegados de la Argentina presentaron ayer 16 proyectos vinculados a la mitigación del cambio climático durante un evento paralelo de la Cumbre Mundial de Cambio Climático o COP16. La construcción de una represa y una planta hidroeléctrica en San Juan, la reforestación en suelo degradado en la zona de Aluminé, Neuquén, y hasta el reemplazo del actual transporte público porteño por vehículos "híbridos", fueron algunas de las iniciativas incluidas en la presentación liderada por el secretario de Ambiente, Homero Bibiloni.
También se expusieron avances en programas nacionales para generar energía renovable, fortalecer el sistema de observaciones meteorológicas y un proyecto para promover la producción de energía a partir de biomasa, con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Bibiloni destacó sobre el cambio climático: "[Es] un problema que tiene en vilo al planeta", y destacó que debe haber decisiones urgentes, más allá del enfrentamiento de intereses entre las naciones que participan de esta cumbre. "Todavía somos optimistas de que en Cancún haya resultados", dijo.
Por su parte, Gabriel Blanco, de la delegación argentina, señaló que se estima que en el país el consumo de energía crecerá mucho en las próximas décadas. El campo de la energía es una de las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero. Por eso, dijo que es clave trabajar en la mitigación (reducción de las emisiones) y en la adaptación.
Una novedad en este evento organizado por el gobierno argentino fueron los lineamientos generales de una estrategia nacional impulsada por el Comité Gubernamental de Cambio Climático, creado en diciembre del año pasado, pero no hubo más detalles.
Por su parte, Ramiro Fernández, director del programa Cambio Climático y Energía, de la Fundación Avina, consideró positivo que existan acciones nacionales en diversos campos. "Pero aún falta mucho para avanzar", sentenció.
En tanto, en la cumbre se viven momentos de tensión. Este fin de semana, la presidenta de la COP16 anunció que habría consenso entre los países de la Convención Marco de las Naciones Unidas para fortalecer la educación y la comunicación social del cambio climático. Patricia Espinosa propuso también un esquema de trabajo de parejas de países (uno desarrollado y uno en desarrollo) para las negociaciones por temas. Es incierto si habrá algún acuerdo entre las 193 naciones.
Fecha de Publicación: 07/12/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Delegados de la Argentina presentaron ayer 16 proyectos vinculados a la mitigación del cambio climático durante un evento paralelo de la Cumbre Mundial de Cambio Climático o COP16. La construcción de una represa y una planta hidroeléctrica en San Juan, la reforestación en suelo degradado en la zona de Aluminé, Neuquén, y hasta el reemplazo del actual transporte público porteño por vehículos "híbridos", fueron algunas de las iniciativas incluidas en la presentación liderada por el secretario de Ambiente, Homero Bibiloni.
También se expusieron avances en programas nacionales para generar energía renovable, fortalecer el sistema de observaciones meteorológicas y un proyecto para promover la producción de energía a partir de biomasa, con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Bibiloni destacó sobre el cambio climático: "[Es] un problema que tiene en vilo al planeta", y destacó que debe haber decisiones urgentes, más allá del enfrentamiento de intereses entre las naciones que participan de esta cumbre. "Todavía somos optimistas de que en Cancún haya resultados", dijo.
Por su parte, Gabriel Blanco, de la delegación argentina, señaló que se estima que en el país el consumo de energía crecerá mucho en las próximas décadas. El campo de la energía es una de las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero. Por eso, dijo que es clave trabajar en la mitigación (reducción de las emisiones) y en la adaptación.
Una novedad en este evento organizado por el gobierno argentino fueron los lineamientos generales de una estrategia nacional impulsada por el Comité Gubernamental de Cambio Climático, creado en diciembre del año pasado, pero no hubo más detalles.
Por su parte, Ramiro Fernández, director del programa Cambio Climático y Energía, de la Fundación Avina, consideró positivo que existan acciones nacionales en diversos campos. "Pero aún falta mucho para avanzar", sentenció.
En tanto, en la cumbre se viven momentos de tensión. Este fin de semana, la presidenta de la COP16 anunció que habría consenso entre los países de la Convención Marco de las Naciones Unidas para fortalecer la educación y la comunicación social del cambio climático. Patricia Espinosa propuso también un esquema de trabajo de parejas de países (uno desarrollado y uno en desarrollo) para las negociaciones por temas. Es incierto si habrá algún acuerdo entre las 193 naciones.
Otra avanzada sobre los territorios
Otra avanzada sobre los territorios
Fecha de Publicación: 06/12/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Organizaciones campesinas e indígenas vinculan la violación de sus derechos con el modelo agropecuario y la minería. Responsabilizan a los gobiernos y sectores del Poder Judicial.
El campo argentino padeció al menos tres asesinatos en poco más de un año: el diaguita Javier Chocobar el 12 de octubre de 2009 en Tucumán, Sandra Juárez el 13 de marzo pasado en Santiago del Estero, y el qom Roberto López el 23 de noviembre en Formosa. Y, sobre todo, sufrió incontables intentos de desalojo y operativos de represión. “La intensidad de los conflictos territoriales aumentó en todo el país y tiene relación con el proceso histórico de expropiación de territorios de campesinos e indígenas, primero en función del enriquecimiento de un grupo de terratenientes y luego, para consolidar el modelo de la agricultura industrial, parte de un modelo extractivo que se basa en el saqueo de los bienes naturales”, explica Diego Montón, del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI). Comunidades originarias y organizaciones rurales señalan a sectores del poder político y de la Justicia como legitimadores del sector privado.
El 22 de octubre pasado la comunidad mapuche Enrique Sepúlveda sufrió el incendio de una vivienda y balearon a su lonko, Abelardo Sepúlveda. La comunidad habita desde inicios del siglo pasado en el paraje Buenos Aires Chico, en El Maitén (Chubut). Cuatro días después, en la localidad Tecka, la policía hirió al mapuche Gustavo Pallalef. No se detuvo ni procesó a los agresores. “La cruda realidad muestra la permanente vulneración de los derechos de los pueblos indígenas de la provincia, por acción u omisión de los estamentos medios y superiores del Gobierno”, denunció el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) de Chubut, en su informe anual 2010 sobre el cumplimiento de la legislación indígena.
El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), desde hace nueve años está dividido en dos sectores, pero ambos coinciden en oponerse al modelo agropecuario (con la soja como emblema), motivo central del avance sobre territorios campesinos, el desmonte, las fumigaciones masivas con agrotóxicos y los desalojos. “El avance del modelo agroexportador trajo innumerables conflictos legales a las familias asentadas en las tierras desde hace décadas. Los avances tecnológicos hicieron de las viejas y olvidadas tierras un paraíso para grandes empresarios”, explicaron desde el Mocase-Vía Campesina (integrante del MNCI). “Si se respetaran los derechos de los antiguos pobladores de las tierras, este indiscriminado avance sería muy difícil de llevar adelante”, enfatizaron.
El 21 de julio, hombres armados al mando de un empresario ingresaron a tierras campesinas del paraje Agua Amarga, en el norte santiagueño, y golpearon a familias campesinas. La policía dejó libres a los agresores y detuvo a las víctimas. En agosto, en el paraje Pozo del Castaño, guardias privados armados amenazaron a familias rurales y dispararon frente a la escuela de la comunidad. El 15 de octubre, un día después de haberse reunido con el gobernador Gerardo Zamora, un grupo armado ingresó nuevamente a la comunidad y disparó contra los campesinos.
Entre las exigencias de las familias campesinas figuran el juicio y castigo a los policías y jueces cómplices de los ataques y la urgente sanción de una ley para frenar los desalojos. El martes último, en el paraje El Simbolar (departamento de Alberdi), ocho campesinos fueron golpeados y heridos por disparos al frenar el avance de empresarios que pretendían desmontar el territorio ancestral de los campesinos. “Vamos a seguir defendiendo nuestras tierras que, por derecho, nos corresponden. Hacemos responsable al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo por los hechos de violencia y daños físicos que sufrieron nuestros compañeros”, denunció el presidente del otro sector del Mocase, Guido Corvalán.
En Pampa del Indio, Chaco, la comunidad qom Adriani-Berdún habita el mismo lugar desde hace cincuenta años, pero la acusan de “usurpadora”. El 30 de marzo último fueron desalojados, reprimidos, destruida parte de su humilde vivienda y encarcelados. Los Adriani-Berdún volvieron a su territorio. En noviembre pasado, dos integrantes de la familia fueron detenidos y presionados para que abandonen las parcelas. “Exigimos que se ponga freno a los atropellos y desalojos en todo el territorio provincial por parte de poderosos intereses económicos”, señalaron en un comunicado 33 organizaciones que declararon el estado de alerta y advirtieron que no permitirán un desalojo más en la provincia.
Las historias de judicialización, represión y desalojos se repiten en todas las provincias con presencia campesina e indígena, sin importar el signo político del partido gobernante. Las comunidades originarias y campesinas tienen múltiples diferencias, pero también coincidencias: la defensa de una forma de vida vinculada con el cuidado del territorio, la denuncia de violaciones a sus derechos y de que los conflictos tienen directa relación con el modelo agropecuario, la minería a gran escala, la ganadería intensiva, el monocultivo de árboles, el avance petrolero y el turismo.
“El gobierno nacional generó algunas políticas para que las organizaciones avancemos y disminuya la represión. Sin embargo eso no se replica en los gobiernos provinciales, incluso en algunos de sus principales aliados. Si esa contradicción no se resuelve, las políticas de derechos humanos serán una expresión de deseo cuando se contraponen a los intereses económicos concentrados”, afirmó Montón, del Movimiento Campesino Indígena, presente en diez provincias.
El relevamiento “Conflictos sobre tenencia de tierra y ambientales en la región del Chaco Argentino”, realizado por la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) y presentado en octubre último, contabilizó 164 conflictos de tierras y ambientales, casi ocho millones de hectáreas y 950 mil personas afectadas, principalmente indígenas y campesinos, de seis provincias del norte argentino. El 89 por ciento de los conflictos comenzó en paralelo con la instalación del actual modelo agropecuario. A pesar de leyes que protegen la posesión de tierras de familias ancestrales (desde la Constitución Nacional al Convenio 169 de la OIT y la Ley 26160) en casi todos los conflictos por tierras se determinó que indígenas y campesinos carecen de títulos que, por las leyes vigentes, el Estado y el Poder Judicial debieran reconocer y respetar.
Fecha de Publicación: 06/12/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Organizaciones campesinas e indígenas vinculan la violación de sus derechos con el modelo agropecuario y la minería. Responsabilizan a los gobiernos y sectores del Poder Judicial.
El campo argentino padeció al menos tres asesinatos en poco más de un año: el diaguita Javier Chocobar el 12 de octubre de 2009 en Tucumán, Sandra Juárez el 13 de marzo pasado en Santiago del Estero, y el qom Roberto López el 23 de noviembre en Formosa. Y, sobre todo, sufrió incontables intentos de desalojo y operativos de represión. “La intensidad de los conflictos territoriales aumentó en todo el país y tiene relación con el proceso histórico de expropiación de territorios de campesinos e indígenas, primero en función del enriquecimiento de un grupo de terratenientes y luego, para consolidar el modelo de la agricultura industrial, parte de un modelo extractivo que se basa en el saqueo de los bienes naturales”, explica Diego Montón, del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI). Comunidades originarias y organizaciones rurales señalan a sectores del poder político y de la Justicia como legitimadores del sector privado.
El 22 de octubre pasado la comunidad mapuche Enrique Sepúlveda sufrió el incendio de una vivienda y balearon a su lonko, Abelardo Sepúlveda. La comunidad habita desde inicios del siglo pasado en el paraje Buenos Aires Chico, en El Maitén (Chubut). Cuatro días después, en la localidad Tecka, la policía hirió al mapuche Gustavo Pallalef. No se detuvo ni procesó a los agresores. “La cruda realidad muestra la permanente vulneración de los derechos de los pueblos indígenas de la provincia, por acción u omisión de los estamentos medios y superiores del Gobierno”, denunció el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) de Chubut, en su informe anual 2010 sobre el cumplimiento de la legislación indígena.
El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), desde hace nueve años está dividido en dos sectores, pero ambos coinciden en oponerse al modelo agropecuario (con la soja como emblema), motivo central del avance sobre territorios campesinos, el desmonte, las fumigaciones masivas con agrotóxicos y los desalojos. “El avance del modelo agroexportador trajo innumerables conflictos legales a las familias asentadas en las tierras desde hace décadas. Los avances tecnológicos hicieron de las viejas y olvidadas tierras un paraíso para grandes empresarios”, explicaron desde el Mocase-Vía Campesina (integrante del MNCI). “Si se respetaran los derechos de los antiguos pobladores de las tierras, este indiscriminado avance sería muy difícil de llevar adelante”, enfatizaron.
El 21 de julio, hombres armados al mando de un empresario ingresaron a tierras campesinas del paraje Agua Amarga, en el norte santiagueño, y golpearon a familias campesinas. La policía dejó libres a los agresores y detuvo a las víctimas. En agosto, en el paraje Pozo del Castaño, guardias privados armados amenazaron a familias rurales y dispararon frente a la escuela de la comunidad. El 15 de octubre, un día después de haberse reunido con el gobernador Gerardo Zamora, un grupo armado ingresó nuevamente a la comunidad y disparó contra los campesinos.
Entre las exigencias de las familias campesinas figuran el juicio y castigo a los policías y jueces cómplices de los ataques y la urgente sanción de una ley para frenar los desalojos. El martes último, en el paraje El Simbolar (departamento de Alberdi), ocho campesinos fueron golpeados y heridos por disparos al frenar el avance de empresarios que pretendían desmontar el territorio ancestral de los campesinos. “Vamos a seguir defendiendo nuestras tierras que, por derecho, nos corresponden. Hacemos responsable al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo por los hechos de violencia y daños físicos que sufrieron nuestros compañeros”, denunció el presidente del otro sector del Mocase, Guido Corvalán.
En Pampa del Indio, Chaco, la comunidad qom Adriani-Berdún habita el mismo lugar desde hace cincuenta años, pero la acusan de “usurpadora”. El 30 de marzo último fueron desalojados, reprimidos, destruida parte de su humilde vivienda y encarcelados. Los Adriani-Berdún volvieron a su territorio. En noviembre pasado, dos integrantes de la familia fueron detenidos y presionados para que abandonen las parcelas. “Exigimos que se ponga freno a los atropellos y desalojos en todo el territorio provincial por parte de poderosos intereses económicos”, señalaron en un comunicado 33 organizaciones que declararon el estado de alerta y advirtieron que no permitirán un desalojo más en la provincia.
Las historias de judicialización, represión y desalojos se repiten en todas las provincias con presencia campesina e indígena, sin importar el signo político del partido gobernante. Las comunidades originarias y campesinas tienen múltiples diferencias, pero también coincidencias: la defensa de una forma de vida vinculada con el cuidado del territorio, la denuncia de violaciones a sus derechos y de que los conflictos tienen directa relación con el modelo agropecuario, la minería a gran escala, la ganadería intensiva, el monocultivo de árboles, el avance petrolero y el turismo.
“El gobierno nacional generó algunas políticas para que las organizaciones avancemos y disminuya la represión. Sin embargo eso no se replica en los gobiernos provinciales, incluso en algunos de sus principales aliados. Si esa contradicción no se resuelve, las políticas de derechos humanos serán una expresión de deseo cuando se contraponen a los intereses económicos concentrados”, afirmó Montón, del Movimiento Campesino Indígena, presente en diez provincias.
El relevamiento “Conflictos sobre tenencia de tierra y ambientales en la región del Chaco Argentino”, realizado por la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) y presentado en octubre último, contabilizó 164 conflictos de tierras y ambientales, casi ocho millones de hectáreas y 950 mil personas afectadas, principalmente indígenas y campesinos, de seis provincias del norte argentino. El 89 por ciento de los conflictos comenzó en paralelo con la instalación del actual modelo agropecuario. A pesar de leyes que protegen la posesión de tierras de familias ancestrales (desde la Constitución Nacional al Convenio 169 de la OIT y la Ley 26160) en casi todos los conflictos por tierras se determinó que indígenas y campesinos carecen de títulos que, por las leyes vigentes, el Estado y el Poder Judicial debieran reconocer y respetar.
Informe asegura que la ex Botnia vuelca mercurio
Gualeguaychú: nuevo informe asegura que la ex Botnia vuelca mercurio al Río Uruguay
Fecha de Publicación: 06/12/2010
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Entre Ríos
El informe, difundido por la prensa uruguaya y entrerriana, señaló que la Red de Acción en Plaguicidas y sus alternativas en America Latina (RAPAL) de Uruguay afirmó que según reportes oficiales de 2009 la planta de celulosa UPM habría volcado al río en un semestre un total de "74 kilos de mercurio".
Ante ello, Martín Alazard, integrante de la Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú, señaló a DyN que la revelación generó preocupación en la ciudad y advirtió que "Uruguay para defender a Botnia-UPM dice que la planta funciona dentro de los estándares pero el mercurio no tiene estándar".
"De ser así sería grave, porque se trata de un metal pesado, altamente tóxico, que se mete en la cadena alimentaria y provoca lesiones muy severas en la salud humana, y 74 kilos constituyen una enormidad como contaminación", advirtió.
El ambientalista también dijo no entender "las contradicciones del gobierno uruguayo, que por un lado está en un juicio con (la compañía) Phillips Morris por el humo del tabaco y mientras tanto sigue protegiendo a la empresa finlandesa".
La red RAPAL, formada en 1983 por especialistas que luchan contra la contaminación y agrotóxicos, indicó en su reporte de noviembre que si bien la Dirección Nacional de Ambiente (DINAMA) sostiene que la fábrica de UPM (ex-Botnia) cumple con las "Mejores Técnicas Disponibles" para el cuidado del ambiente, al parecer se detectó volcado de mercurio.
Según el informe de DINAMA de agosto de 2009, "las sustancias vertidas (por la empresa al río) están por debajo de los límites permitidos", pero RAPAL señaló, según el diario uruguayo La Juventud, que la planta también habría emitido otras sustancias como mercurio.
La ONG señaló que "como resultado de la bioacumulación, ya se podría estar consumiendo este mercurio a través del pescado sacado del río Uruguay".
"Una de las tantas sustancias preocupantes que emiten las plantas de celulosa es el mercurio, sustancia ampliamente conocida por sus impactos en la salud y en el medio ambiente", consignó el informe que fue ampliamente difundido estos días en la prensa regional.
La delegación uruguaya de RAPAL dedicó su informe mensual de noviembre a las "fábricas de celulosa, producción de cloro y emisión de mercurio", donde analizó el caso de UPM.
En ese sentido, aludió que la compañía utiliza un sistema de blanqueo denominado "libre de cloro elemental" y señaló que "mundialmente es sabido que el sistema de blanqueo ECF es contaminante y dentro de su contaminación está la emisión de muchos elementos peligrosos entre los que se encuentra el mercurio".
Fecha de Publicación: 06/12/2010
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Entre Ríos
El informe, difundido por la prensa uruguaya y entrerriana, señaló que la Red de Acción en Plaguicidas y sus alternativas en America Latina (RAPAL) de Uruguay afirmó que según reportes oficiales de 2009 la planta de celulosa UPM habría volcado al río en un semestre un total de "74 kilos de mercurio".
Ante ello, Martín Alazard, integrante de la Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú, señaló a DyN que la revelación generó preocupación en la ciudad y advirtió que "Uruguay para defender a Botnia-UPM dice que la planta funciona dentro de los estándares pero el mercurio no tiene estándar".
"De ser así sería grave, porque se trata de un metal pesado, altamente tóxico, que se mete en la cadena alimentaria y provoca lesiones muy severas en la salud humana, y 74 kilos constituyen una enormidad como contaminación", advirtió.
El ambientalista también dijo no entender "las contradicciones del gobierno uruguayo, que por un lado está en un juicio con (la compañía) Phillips Morris por el humo del tabaco y mientras tanto sigue protegiendo a la empresa finlandesa".
La red RAPAL, formada en 1983 por especialistas que luchan contra la contaminación y agrotóxicos, indicó en su reporte de noviembre que si bien la Dirección Nacional de Ambiente (DINAMA) sostiene que la fábrica de UPM (ex-Botnia) cumple con las "Mejores Técnicas Disponibles" para el cuidado del ambiente, al parecer se detectó volcado de mercurio.
Según el informe de DINAMA de agosto de 2009, "las sustancias vertidas (por la empresa al río) están por debajo de los límites permitidos", pero RAPAL señaló, según el diario uruguayo La Juventud, que la planta también habría emitido otras sustancias como mercurio.
La ONG señaló que "como resultado de la bioacumulación, ya se podría estar consumiendo este mercurio a través del pescado sacado del río Uruguay".
"Una de las tantas sustancias preocupantes que emiten las plantas de celulosa es el mercurio, sustancia ampliamente conocida por sus impactos en la salud y en el medio ambiente", consignó el informe que fue ampliamente difundido estos días en la prensa regional.
La delegación uruguaya de RAPAL dedicó su informe mensual de noviembre a las "fábricas de celulosa, producción de cloro y emisión de mercurio", donde analizó el caso de UPM.
En ese sentido, aludió que la compañía utiliza un sistema de blanqueo denominado "libre de cloro elemental" y señaló que "mundialmente es sabido que el sistema de blanqueo ECF es contaminante y dentro de su contaminación está la emisión de muchos elementos peligrosos entre los que se encuentra el mercurio".
Buscan regular las empresas textiles en La Rioja
Buscan un freno a la contaminación que producen empresas textiles
Fecha de Publicación: 06/12/2010
Fuente: RiojaVirtual
Provincia/Región: La Rioja
Por esta razón, el gobernador Beder Herrera confirmó que construirá durante el próximo año una planta de tratamientos de efluentes industriales, pero también aclaró que la edificación de la misma se financiará con los aportes económicos obligatorios que realizarán las principales compañias contaminantes, entre las que se encuentran Ritex, Colortex y Tecotex.
El gobernador Beder Herrera informó que se construirá una planta de tratamiento de efluentes industriales para las principales industrias generadoras de este tipo de residuos. El mandatario aclaró que las obras serán financiadas por las propias empresas radicadas en el parque industrial desde hace décadas. Las empresas que deberán realizar y afrontar estas obras son: Ritex, Colortex y Tecotex.
El anuncio fue realizado tras la visita de trabajo del gobernador al predio conocido como la Laguna Azul, donde se vertieron efluentes industriales durante unos 25 años.
Beder Herrera responsabilizó por la situación de este predio a las empresas “que tanto defendemos y que realmente nos han pagado tan mal con la contaminación”. También valoró el “ahínco y las ganas” demostradas por la Fundación Ambiental “Valle de Huaco” por el trabajo desarrollado en pos de la recuperación de las tierras.
Asimismo, se mostró preocupado porque actualmente, las empresas en lugar de arrojar sus líquidos a esta zona lo hacen en otras tierras. “Eso es lamentable y grave porque sé que hay parcelas en las que se está sacando agua contaminada a 150 o 200 metros”, advirtió.
El gobernador se reunió con el secretario del Agua, Germán Gracia, quien le presentó el proyecto elaborado por la Secretaría del Agua y que “tiene luz verde” ya para que se ponga en marcha inmediatamente.
Freno a la contaminación
El gobernador informó sobre la reunión mantenida con empresarios del parque industrial, oportunidad en la que les aclaró que pondrá freno a este tipo de contaminación. “Hace tres años que venimos diciendo basta y vemos que no se hace nada, nadie hace un proyecto y todo el mundo cree que es algo imposible de hacer”, agregó.
Ante esta situación “vamos a separar a las tres empresas que en este momento no tratan sus efluentes, se sacará un caño de cada planta y se les hará una planta de tratamiento de estos líquidos”. En este punto reiteró que toda esta infraestructura será financiada por las mismas empresas.
Ahora queda el tratamiento del “pasivo ambiental” dejado en esta zona, que demandará la realización de estudios y perforaciones. En esta tarea también intervendrá el futuro Instituto del Ambiente de la Provincia.
Fecha de Publicación: 06/12/2010
Fuente: RiojaVirtual
Provincia/Región: La Rioja
Por esta razón, el gobernador Beder Herrera confirmó que construirá durante el próximo año una planta de tratamientos de efluentes industriales, pero también aclaró que la edificación de la misma se financiará con los aportes económicos obligatorios que realizarán las principales compañias contaminantes, entre las que se encuentran Ritex, Colortex y Tecotex.
El gobernador Beder Herrera informó que se construirá una planta de tratamiento de efluentes industriales para las principales industrias generadoras de este tipo de residuos. El mandatario aclaró que las obras serán financiadas por las propias empresas radicadas en el parque industrial desde hace décadas. Las empresas que deberán realizar y afrontar estas obras son: Ritex, Colortex y Tecotex.
El anuncio fue realizado tras la visita de trabajo del gobernador al predio conocido como la Laguna Azul, donde se vertieron efluentes industriales durante unos 25 años.
Beder Herrera responsabilizó por la situación de este predio a las empresas “que tanto defendemos y que realmente nos han pagado tan mal con la contaminación”. También valoró el “ahínco y las ganas” demostradas por la Fundación Ambiental “Valle de Huaco” por el trabajo desarrollado en pos de la recuperación de las tierras.
Asimismo, se mostró preocupado porque actualmente, las empresas en lugar de arrojar sus líquidos a esta zona lo hacen en otras tierras. “Eso es lamentable y grave porque sé que hay parcelas en las que se está sacando agua contaminada a 150 o 200 metros”, advirtió.
El gobernador se reunió con el secretario del Agua, Germán Gracia, quien le presentó el proyecto elaborado por la Secretaría del Agua y que “tiene luz verde” ya para que se ponga en marcha inmediatamente.
Freno a la contaminación
El gobernador informó sobre la reunión mantenida con empresarios del parque industrial, oportunidad en la que les aclaró que pondrá freno a este tipo de contaminación. “Hace tres años que venimos diciendo basta y vemos que no se hace nada, nadie hace un proyecto y todo el mundo cree que es algo imposible de hacer”, agregó.
Ante esta situación “vamos a separar a las tres empresas que en este momento no tratan sus efluentes, se sacará un caño de cada planta y se les hará una planta de tratamiento de estos líquidos”. En este punto reiteró que toda esta infraestructura será financiada por las mismas empresas.
Ahora queda el tratamiento del “pasivo ambiental” dejado en esta zona, que demandará la realización de estudios y perforaciones. En esta tarea también intervendrá el futuro Instituto del Ambiente de la Provincia.
Basura: continúan los cruces y las críticas
Basura: continúan los cruces y las críticas por la Planta de Tratamiento
Fecha de Publicación: 05/12/2010
Fuente: El Argentino
Provincia/Región: Buenos Aires
La construcción de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos en la región, ha sentado diferentes posturas respecto de la propuesta técnica de la Unión de Empresas Temporales (UTE) que resultó preadjudicataria de la licitación, por parte de diferentes Organizaciones, especialistas, funcionarios municipales y nacionales.
La propuesta de la UTE conformada por las firmas Sanea, MGM y ESUR establece "un proceso mecánico y biológico donde se aprovecha hasta el 80% de residuos y genera materia prima como pueden ser distintos tipos de plásticos, metales y papeles".
El representante del grupo Griñó en el que se encuentra la empresa española Sanea, Juan Griñó, afirmó que "también aprovechamos una fracción de residuos sólidos recuperados para que lo usen empresas industriales, como fábricas de producción de cementos, para sustituir el carbón que utilizan, ya que es menos contaminante que el carbón de coke".
Desde la ONG Nuevo Ambiente, indican que la tecnología ofrecida por las empresas, "debe ser analizada con suma cautela, teniendo en cuenta la capacidad de infraestructura técnica y tecnológica existente en el país; la aceptación sociocultural de esta tecnología asimilada popularmente a la incineración; y la sustentabilidad atento los costos que insumirá este proceso de tratamiento", entre otros aspectos.
Respecto del sistema de compostaje propuesto, Nuevo Ambiente formula que "debe ser mejorado atento que es necesario que los residuos verdes no lleguen mezclados con otros residuos porque se pierde la calidad del mismo, y se debe fortalecer el actual sistema de separación en origen".
Por su parte, el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Homero Bibiloni, se refirió al pliego de la licitación del que señaló que "piensa la solución para la Planta pero olvida la región, existe un enorme interrogante respecto de dónde se emplazará", y agregó que "es un pliego bastante apresurado, en donde el oferente que quedó es el que está ahora, y eso genera dudas", haciendo referencia a la empresa ESUR que actualmente se encarga de la recolección de residuos en la ciudad.
A pesar de las críticas de los diferentes sectores, el titular de la Agencia Ambiental, Sergio Federovisky manifestó que "todo proceso puede mejorarse, y perfeccionarse, pero hay que tener en cuenta que nosotros convertimos la basura en un bien, y hoy se discute basura que se entierra vs basura que se recicla".
Respecto de los cuestionamientos de los distintos sectores, Federovisky indicó que "las críticas son bienvenidas. Nosotros las buscamos. Es positivo que haya voces que disienten con nuestro proyecto, porque aceptamos que los demás piensen diferente. De hecho se le pidió a la empresa mejoras, que sea más específico, en función de los análisis de las ONG".
Unlp. Guido Mastrantonio es docente investigador del área de Toxicología de la Universidad Nacional de La Plata, y en diálogo con Diagonales afirmó que "no se puede pasar de un enterramiento parcial a un enterramiento cero, es por ello que en esta etapa del proceso enterrar la basura podría ser una alternativa, pero la idea de basura cero es solamente un horizonte de trabajo, un objetivo práctico".
Por otra parte, señaló que "la propuesta da una solución parcial al problema, porque el manejo de residuos es sólo una parte del problema, también hay que analizar los materiales que se usan", y agregó que "si miramos lo que consumimos, nos damos cuenta que muchos materiales podrían no llegar al mercado y que tienen que ver con el diseño del embalaje y el packcajing de los productos".
De esta forma, Mastrantonio ejemplificó con las empresas de gaseosas indicando que "se hacen cargo de la botella hasta que llega al supermercado, después no tienen más responsabilidades, si eso se amplía a todos los productos el problema se magnifica. Es decir, el problema de la basura, también tiene que ser de los generadores", finalizó.
Fecha de Publicación: 05/12/2010
Fuente: El Argentino
Provincia/Región: Buenos Aires
La construcción de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos en la región, ha sentado diferentes posturas respecto de la propuesta técnica de la Unión de Empresas Temporales (UTE) que resultó preadjudicataria de la licitación, por parte de diferentes Organizaciones, especialistas, funcionarios municipales y nacionales.
La propuesta de la UTE conformada por las firmas Sanea, MGM y ESUR establece "un proceso mecánico y biológico donde se aprovecha hasta el 80% de residuos y genera materia prima como pueden ser distintos tipos de plásticos, metales y papeles".
El representante del grupo Griñó en el que se encuentra la empresa española Sanea, Juan Griñó, afirmó que "también aprovechamos una fracción de residuos sólidos recuperados para que lo usen empresas industriales, como fábricas de producción de cementos, para sustituir el carbón que utilizan, ya que es menos contaminante que el carbón de coke".
Desde la ONG Nuevo Ambiente, indican que la tecnología ofrecida por las empresas, "debe ser analizada con suma cautela, teniendo en cuenta la capacidad de infraestructura técnica y tecnológica existente en el país; la aceptación sociocultural de esta tecnología asimilada popularmente a la incineración; y la sustentabilidad atento los costos que insumirá este proceso de tratamiento", entre otros aspectos.
Respecto del sistema de compostaje propuesto, Nuevo Ambiente formula que "debe ser mejorado atento que es necesario que los residuos verdes no lleguen mezclados con otros residuos porque se pierde la calidad del mismo, y se debe fortalecer el actual sistema de separación en origen".
Por su parte, el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Homero Bibiloni, se refirió al pliego de la licitación del que señaló que "piensa la solución para la Planta pero olvida la región, existe un enorme interrogante respecto de dónde se emplazará", y agregó que "es un pliego bastante apresurado, en donde el oferente que quedó es el que está ahora, y eso genera dudas", haciendo referencia a la empresa ESUR que actualmente se encarga de la recolección de residuos en la ciudad.
A pesar de las críticas de los diferentes sectores, el titular de la Agencia Ambiental, Sergio Federovisky manifestó que "todo proceso puede mejorarse, y perfeccionarse, pero hay que tener en cuenta que nosotros convertimos la basura en un bien, y hoy se discute basura que se entierra vs basura que se recicla".
Respecto de los cuestionamientos de los distintos sectores, Federovisky indicó que "las críticas son bienvenidas. Nosotros las buscamos. Es positivo que haya voces que disienten con nuestro proyecto, porque aceptamos que los demás piensen diferente. De hecho se le pidió a la empresa mejoras, que sea más específico, en función de los análisis de las ONG".
Unlp. Guido Mastrantonio es docente investigador del área de Toxicología de la Universidad Nacional de La Plata, y en diálogo con Diagonales afirmó que "no se puede pasar de un enterramiento parcial a un enterramiento cero, es por ello que en esta etapa del proceso enterrar la basura podría ser una alternativa, pero la idea de basura cero es solamente un horizonte de trabajo, un objetivo práctico".
Por otra parte, señaló que "la propuesta da una solución parcial al problema, porque el manejo de residuos es sólo una parte del problema, también hay que analizar los materiales que se usan", y agregó que "si miramos lo que consumimos, nos damos cuenta que muchos materiales podrían no llegar al mercado y que tienen que ver con el diseño del embalaje y el packcajing de los productos".
De esta forma, Mastrantonio ejemplificó con las empresas de gaseosas indicando que "se hacen cargo de la botella hasta que llega al supermercado, después no tienen más responsabilidades, si eso se amplía a todos los productos el problema se magnifica. Es decir, el problema de la basura, también tiene que ser de los generadores", finalizó.
Menos fondos para medio ambiente
Menos fondos para medio ambiente
Fecha de Publicación: 04/12/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Las partidas para el área se redujeron un 22% respecto de lo aprobado por el Congreso, quejas de la oposición
Escaso presupuesto, resistencia o desidia oficial, fondos desviados o subejecutados y bajo cumplimiento de las pocas leyes en la materia. Esa es la historia de la política medioambiental de la Argentina en los últimos años. A pesar de que el tema se agitó como la bandera de los reclamos a Uruguay por la pastera Botnia durante varios años, parece que la preocupación oficial por el medio ambiente empezó y terminó ahí.
Según datos de fines de noviembre del Ministerio de Economía, las partidas de la Secretaría de Ambiente (el órgano nacional que se ocupa del tema) para este año sufrieron una reducción del 22% respecto de lo que había aprobado el Congreso (de 586.000 pesos por todo concepto pasaron a 455.000) y de esta última cifra hasta ahora sólo se ejecutó el 29 por ciento.
Algo similar pasó con los fondos para los programas destinados a la Cuenca Matanza-Riachuelo, donde sólo se ejecutó el 34% de los 412.000 pesos presupuestados.
A punto de terminar el año, tanta subejecución no extraña si se tiene en cuenta que la Secretaría de Ambiente recién lleva gastado el 48% de los fondos que le habían destinado en 2009 (309.000 pesos totales).
"Detrás de la mala administración de los recursos, se ve una ausencia absoluta de políticas en la materia", consideró la diputada Fernanda Reyes (Coalición Cívica-Capital), autora del informe presupuestario.
El tema empeora si se analiza el comportamiento oficial frente a las dos leyes medioambientales que su propia gestión sacó: la ley de bosques (2007) y la ley de glaciares (2010).
A pesar de haber sido aprobada en 2007, la presidenta Cristina Kirchner sólo reglamentó la ley de bosques en 2009, el día después del trágico alud de Tartagal, atribuido a los desmontes.
La ley frena los desmontes y los condiciona a estudios ambientales, obliga a respetar los derechos de las comunidades indígenas y crea un fondo de compensación a productores. Aunque la ley establecía que los fondos para su implementación "no podrán ser inferiores al 0,3% del presupuesto nacional", el Gobierno fijo un tope máximo de 300 millones de pesos, bastante lejos de los más de 1000 millones que correspondían.
Esa drástica caída no alcanzó. "De esos $ 300 millones, la Jefatura de Gabinete desvió $ 144 millones a Fútbol para Todos y $ 88 millones más a un programa experimental de manejo de bosques, con lo que el fondo para implementar la ley se redujo a unos $ 60 millones, de los cuales aún no llegó ni un peso a las provincias involucradas", denunció Hernán Giardini, coordinador de Greenpeace.
A la ley de glaciares (que busca proteger las áreas periglaciares de la actividad minera), no le fue mejor. En noviembre de 2008, la Presidenta la vetó, ante la queja de todas las organizaciones ambientales. "Los considerandos del veto eran un escándalo, porque no se puede poner una actividad productiva por encima de la protección básica del ambiente", consideró Giardini.
Hace dos meses, sin embargo, el Congreso la volvió a aprobar, pero a los pocos días la Justicia de San Juan suspendió la aplicación en esa provincia. El Estado todavía no apeló esa medida judicial.
"En el presupuesto 2011, no hay un centavo para la ley de glaciares, cuando se necesitaban fondos para relevar los glaciares de la cordillera, como pide la ley", agregó el diputado Miguel Bonasso (Diálogo por Buenos Aires), presidente de la Comisión de Recursos Naturales. Para el senador Alfredo Martínez (UCR), "el Gobierno tiene gran hipocresía; después de criticar a la pastera uruguaya incumple la ley de bosques y la de glaciares".
En cifras
29% de lo presupuestado - Es lo que se ejecutó a lo largo de 2010 en el área de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Las partidas sufrieron reducciones del 22,3%.
34% de lo presupuestado - Es lo que se ejecutó de las partidas previstas para obras en la cuenta Matanza-Riachuelo.
$ 67 Millones - Es el monto que quedó para implementar la ley de bosques después de los desvíos de fondos decididos por el Gobierno para otras áreas.
Fecha de Publicación: 04/12/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Las partidas para el área se redujeron un 22% respecto de lo aprobado por el Congreso, quejas de la oposición
Escaso presupuesto, resistencia o desidia oficial, fondos desviados o subejecutados y bajo cumplimiento de las pocas leyes en la materia. Esa es la historia de la política medioambiental de la Argentina en los últimos años. A pesar de que el tema se agitó como la bandera de los reclamos a Uruguay por la pastera Botnia durante varios años, parece que la preocupación oficial por el medio ambiente empezó y terminó ahí.
Según datos de fines de noviembre del Ministerio de Economía, las partidas de la Secretaría de Ambiente (el órgano nacional que se ocupa del tema) para este año sufrieron una reducción del 22% respecto de lo que había aprobado el Congreso (de 586.000 pesos por todo concepto pasaron a 455.000) y de esta última cifra hasta ahora sólo se ejecutó el 29 por ciento.
Algo similar pasó con los fondos para los programas destinados a la Cuenca Matanza-Riachuelo, donde sólo se ejecutó el 34% de los 412.000 pesos presupuestados.
A punto de terminar el año, tanta subejecución no extraña si se tiene en cuenta que la Secretaría de Ambiente recién lleva gastado el 48% de los fondos que le habían destinado en 2009 (309.000 pesos totales).
"Detrás de la mala administración de los recursos, se ve una ausencia absoluta de políticas en la materia", consideró la diputada Fernanda Reyes (Coalición Cívica-Capital), autora del informe presupuestario.
El tema empeora si se analiza el comportamiento oficial frente a las dos leyes medioambientales que su propia gestión sacó: la ley de bosques (2007) y la ley de glaciares (2010).
A pesar de haber sido aprobada en 2007, la presidenta Cristina Kirchner sólo reglamentó la ley de bosques en 2009, el día después del trágico alud de Tartagal, atribuido a los desmontes.
La ley frena los desmontes y los condiciona a estudios ambientales, obliga a respetar los derechos de las comunidades indígenas y crea un fondo de compensación a productores. Aunque la ley establecía que los fondos para su implementación "no podrán ser inferiores al 0,3% del presupuesto nacional", el Gobierno fijo un tope máximo de 300 millones de pesos, bastante lejos de los más de 1000 millones que correspondían.
Esa drástica caída no alcanzó. "De esos $ 300 millones, la Jefatura de Gabinete desvió $ 144 millones a Fútbol para Todos y $ 88 millones más a un programa experimental de manejo de bosques, con lo que el fondo para implementar la ley se redujo a unos $ 60 millones, de los cuales aún no llegó ni un peso a las provincias involucradas", denunció Hernán Giardini, coordinador de Greenpeace.
A la ley de glaciares (que busca proteger las áreas periglaciares de la actividad minera), no le fue mejor. En noviembre de 2008, la Presidenta la vetó, ante la queja de todas las organizaciones ambientales. "Los considerandos del veto eran un escándalo, porque no se puede poner una actividad productiva por encima de la protección básica del ambiente", consideró Giardini.
Hace dos meses, sin embargo, el Congreso la volvió a aprobar, pero a los pocos días la Justicia de San Juan suspendió la aplicación en esa provincia. El Estado todavía no apeló esa medida judicial.
"En el presupuesto 2011, no hay un centavo para la ley de glaciares, cuando se necesitaban fondos para relevar los glaciares de la cordillera, como pide la ley", agregó el diputado Miguel Bonasso (Diálogo por Buenos Aires), presidente de la Comisión de Recursos Naturales. Para el senador Alfredo Martínez (UCR), "el Gobierno tiene gran hipocresía; después de criticar a la pastera uruguaya incumple la ley de bosques y la de glaciares".
En cifras
29% de lo presupuestado - Es lo que se ejecutó a lo largo de 2010 en el área de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Las partidas sufrieron reducciones del 22,3%.
34% de lo presupuestado - Es lo que se ejecutó de las partidas previstas para obras en la cuenta Matanza-Riachuelo.
$ 67 Millones - Es el monto que quedó para implementar la ley de bosques después de los desvíos de fondos decididos por el Gobierno para otras áreas.
Jaque y un fuerte guiño a la minería
Jaque y un fuerte guiño a la minería
Fecha de Publicación: 04/12/2010
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Mendoza
El gobernador mendocino Celso Jaque, confirmó en la cena anual de la Federación Económica de Mendoza (FEM), que en 10 días enviará a la legislatura la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) dándole curso al proyecto minero San Jorge que pretende explotar cobre y oro en Uspallata. Jaque jugó fuerte y dijo que "necesitamos a la minería como cuestión de Estado, mediando entre los intereses sociales y empresarios para contar con una actividad que es generadora de mano de obra y riqueza".
Fecha de Publicación: 04/12/2010
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Mendoza
El gobernador mendocino Celso Jaque, confirmó en la cena anual de la Federación Económica de Mendoza (FEM), que en 10 días enviará a la legislatura la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) dándole curso al proyecto minero San Jorge que pretende explotar cobre y oro en Uspallata. Jaque jugó fuerte y dijo que "necesitamos a la minería como cuestión de Estado, mediando entre los intereses sociales y empresarios para contar con una actividad que es generadora de mano de obra y riqueza".
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