Catamarca: sin desarrollo eólico
17:49 | 
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El poder del viento, un potencial energético que se pierde
Fecha de Publicación: 08/11/2010
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
Las posibilidades de instalar parques eólicos en esta provincia es idéntica a la de La Rioja. Allá, se puso en marcha un parque que generará más energía que la que necesita el Valle Central.
Las carencias en materia energética en la provincia de Catamarca tienen dos puntos críticos.
El primero ocurre durante los días más fríos del invierno. Al no existir una red de gas natural extendida tanto en el departamento Capital, como en el resto de la geografía provincial, la calefacción de las viviendas y la preparación de los alimentos se hacen con energía eléctrica. Colapsan las líneas, se corta el servicio, la gente se queja, sale a la calle, protesta.
El segundo momento sucede durante el verano. Con temperaturas extremas, que superan los 40 grados durante varios días, y cada día con muchas horas de intenso calor, la gente usa la electricidad para refrigerar la casa o hacer andar el ventilador. Colapsan las líneas, se corta el servicio, la gente se queja, sale a la calle, protesta.
Los problemas son crónicos y ninguna de las decisiones que se tomaron hasta la fecha han logrado mitigar la crisis. Sólo se alquilan generadores a gasoil para "enchufar" a la red de electricidad algunos kilowatts extra para satisfacer la demanda.
¿Pero qué pasa en la vecina provincia de La Rioja, donde se sufren los mismos problemas, por las similares características de clima y población?
Los funcionarios riojanos miran con orgullo hacia el Valle de La Puerta, donde se instaló el parque eólico Arauco. Allí hay exactamente 12 molinos construidos por la empresa nacional IMPSA, con plantas industriales en Mendoza y en otros puntos del país.
Cada aerogenerador tiene una capacidad de generación de energía eléctrica de 2,1 Megavatios (Mw). Tienen una altura de aproximadamente de 70 metros, con aspas de cerca de 20 metros de largo. Cuando las ráfagas de viento los hagan funcionar, tendrían la posibilidad de dotar de energía a una población similar a la que necesita por lo menos la mitad de la que actualmente reside en San Fernando del Valle de Catamarca (energía eléctrica para 69 mil personas, mientras que la Capital tiene encima de 170 mil).
En los momentos más críticos del verano especialmente, la estación transformadora del barrio 9 de Julio, de la empresa TRANSNOA, entrega 110 Mw de energía a los departamentos del Valle Central. Una parte llega por el interconectado y la otra se genera allí mismo con potentes generadores que funcionan a gasoil. Cada uno de ellos, genera 1 Mw. Un aerogenerador, aprovechando el viento, puede generar 2,1 Mw.
La envidia podría servir para impulsar las obras que en Catamarca harían falta para mitigar las consecuencias del ardiente verano provincial.
El Parque de Arauco, además, se va a ampliar: a las 12 turbinas eólicas originales se sumarán otras 12, con lo cual la capacidad total de generación será cercana a los 50 Mw. Exactamente la mitad de toda la energía que usan los departamentos del Valle Central de Catamarca.
Pero la producción de electricidad usando el viento tiene sus puntos flacos.
Debido a que los vientos no tienen la misma intensidad durante todo el año, la generación eólica se debe "compensar" con otros sistemas, a lo mejor más convencionales y menos "limpios", como por ejemplo, generadores a gasoil.
En el mismo sentido, un experto en energía eólica, Francisco Rubén Valenti, miembro del directorio de la empresa IMPSA, subrayó que por lo general la electricidad generada por molinos decrece en los meses de verano y es alta durante los meses de invierno. Se trataría entonces de definir estrategias para compensar los períodos de carencias con disponibilidad de energía.
"Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que las reservas de gas natural llegarían, aproximadamente, hasta los próximos 8 años", le dijo a EL ANCASTI el experto.
Otro punto difícil de abordar en la instalación de aerogeneradores es el alto costo inicial que tienen los equipos, pero que se compensa con los beneficios a largo plazo, y en el ahorro en alquileres de generadores a gasoil.
En plena producción, los parques eólicos llegarían hasta el extremo de venderles la electricidad a los transportistas, que podrían usarlo entonces para alimentar el sistema nacional.
Pobreza catamarqueña
¿Cuál es la realidad en Catamarca de la generación de energía eólica? Muy lejos de los vecinos riojanos.
Tras un largo proceso administrativo, burocrático y de desencuentros, se lograron instalar en una etapa experimental cuatro aerogeneradores en la cumbre del cerro Ancasti. Funcionando en conjunto, a plena potencia, tienen la posibilidad de generar 0,7 Mw. Esa electricidad, que aún no se conectó a la red de distribución (es decir, aún no generan), podría servir apenas para la población de la Villa de Ancasti, y a lo sumo para hacer andar alguna bomba en un pozo de agua.
Además de la inversión en la compra de los equipos, por ahora sólo un adorno en la cumbre, se debió pagar alrededor de $75 mil para que se haga el mapeo eólico.
Fecha de Publicación: 08/11/2010
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
Las posibilidades de instalar parques eólicos en esta provincia es idéntica a la de La Rioja. Allá, se puso en marcha un parque que generará más energía que la que necesita el Valle Central.
Las carencias en materia energética en la provincia de Catamarca tienen dos puntos críticos.
El primero ocurre durante los días más fríos del invierno. Al no existir una red de gas natural extendida tanto en el departamento Capital, como en el resto de la geografía provincial, la calefacción de las viviendas y la preparación de los alimentos se hacen con energía eléctrica. Colapsan las líneas, se corta el servicio, la gente se queja, sale a la calle, protesta.
El segundo momento sucede durante el verano. Con temperaturas extremas, que superan los 40 grados durante varios días, y cada día con muchas horas de intenso calor, la gente usa la electricidad para refrigerar la casa o hacer andar el ventilador. Colapsan las líneas, se corta el servicio, la gente se queja, sale a la calle, protesta.
Los problemas son crónicos y ninguna de las decisiones que se tomaron hasta la fecha han logrado mitigar la crisis. Sólo se alquilan generadores a gasoil para "enchufar" a la red de electricidad algunos kilowatts extra para satisfacer la demanda.
¿Pero qué pasa en la vecina provincia de La Rioja, donde se sufren los mismos problemas, por las similares características de clima y población?
Los funcionarios riojanos miran con orgullo hacia el Valle de La Puerta, donde se instaló el parque eólico Arauco. Allí hay exactamente 12 molinos construidos por la empresa nacional IMPSA, con plantas industriales en Mendoza y en otros puntos del país.
Cada aerogenerador tiene una capacidad de generación de energía eléctrica de 2,1 Megavatios (Mw). Tienen una altura de aproximadamente de 70 metros, con aspas de cerca de 20 metros de largo. Cuando las ráfagas de viento los hagan funcionar, tendrían la posibilidad de dotar de energía a una población similar a la que necesita por lo menos la mitad de la que actualmente reside en San Fernando del Valle de Catamarca (energía eléctrica para 69 mil personas, mientras que la Capital tiene encima de 170 mil).
En los momentos más críticos del verano especialmente, la estación transformadora del barrio 9 de Julio, de la empresa TRANSNOA, entrega 110 Mw de energía a los departamentos del Valle Central. Una parte llega por el interconectado y la otra se genera allí mismo con potentes generadores que funcionan a gasoil. Cada uno de ellos, genera 1 Mw. Un aerogenerador, aprovechando el viento, puede generar 2,1 Mw.
La envidia podría servir para impulsar las obras que en Catamarca harían falta para mitigar las consecuencias del ardiente verano provincial.
El Parque de Arauco, además, se va a ampliar: a las 12 turbinas eólicas originales se sumarán otras 12, con lo cual la capacidad total de generación será cercana a los 50 Mw. Exactamente la mitad de toda la energía que usan los departamentos del Valle Central de Catamarca.
Pero la producción de electricidad usando el viento tiene sus puntos flacos.
Debido a que los vientos no tienen la misma intensidad durante todo el año, la generación eólica se debe "compensar" con otros sistemas, a lo mejor más convencionales y menos "limpios", como por ejemplo, generadores a gasoil.
En el mismo sentido, un experto en energía eólica, Francisco Rubén Valenti, miembro del directorio de la empresa IMPSA, subrayó que por lo general la electricidad generada por molinos decrece en los meses de verano y es alta durante los meses de invierno. Se trataría entonces de definir estrategias para compensar los períodos de carencias con disponibilidad de energía.
"Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que las reservas de gas natural llegarían, aproximadamente, hasta los próximos 8 años", le dijo a EL ANCASTI el experto.
Otro punto difícil de abordar en la instalación de aerogeneradores es el alto costo inicial que tienen los equipos, pero que se compensa con los beneficios a largo plazo, y en el ahorro en alquileres de generadores a gasoil.
En plena producción, los parques eólicos llegarían hasta el extremo de venderles la electricidad a los transportistas, que podrían usarlo entonces para alimentar el sistema nacional.
Pobreza catamarqueña
¿Cuál es la realidad en Catamarca de la generación de energía eólica? Muy lejos de los vecinos riojanos.
Tras un largo proceso administrativo, burocrático y de desencuentros, se lograron instalar en una etapa experimental cuatro aerogeneradores en la cumbre del cerro Ancasti. Funcionando en conjunto, a plena potencia, tienen la posibilidad de generar 0,7 Mw. Esa electricidad, que aún no se conectó a la red de distribución (es decir, aún no generan), podría servir apenas para la población de la Villa de Ancasti, y a lo sumo para hacer andar alguna bomba en un pozo de agua.
Además de la inversión en la compra de los equipos, por ahora sólo un adorno en la cumbre, se debió pagar alrededor de $75 mil para que se haga el mapeo eólico.
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Crearán cuatro parques marinos
Crearán cuatro parques marinos para preservar la fauna del sur
Fecha de Publicación: 08/11/2010
Fuente: Nuestro Mar
Provincia/Región: Nacional
Son todos de alta diversidad biológica. Habrá 1,2 millón de hectáreas protegidas.
La Administración de Parques Nacionales (APN) celebra hoy los 107 años del nacimiento de las áreas protegidas en nuestro país, con la creación de cuatro parques marinos, cuyos presupuestos están contemplados para 2011. Esto elevará a más de 1.180.800 hectáreas la extensión destinada a preservar parte de la inmensa riqueza del Mar Argentino.
Hasta ahora sólo existían el Parque Nacional Costero Monte León, en Santa Cruz –donado por Douglas Tompkins y su esposa a través de la Fundación Vida Silvestre–, casi sin mar; y el Tierra del Fuego, que abarca un pequeño tramo de costa. Ahora se suman tres parques netamente marinos, de jurisdicción compartida entre APN y las provincias: Patagonia Austral (Chubut), Makenke e Isla Pingüino (Santa Cruz).
Para principios de 2011 se espera que el Congreso apruebe la creación de Banco Burwood, el primer parque nacional oceánico.
“Todos tienen alguna especie emblemática y que merece un valor de protección especial”, subraya la presidenta del Directorio de APN, Patricia Gandini.
Patagonia Austral, al norte del golfo San Jorge, tiene 132.124 hectáreas, en unos 100 kilómetros de costa y 40 islas. “Es una porción de mar de altísima biodiversidad . Al norte está una de las zonas más importantes de reproducción del langostino patagónico. En una isla del sur hay un área de engorde de juveniles de merluza”, señala Gandini, bióloga especializada en ecología marina. Entre las especies endémicas están el pato vapor cabeza blanca y la gaviota de Olrog.
Con 170.000 hectáreas, el parque Isla Pingüino, frente a Puerto Deseado, incluye numerosas islas, en cuyas costas se reproduce la sardina fueguina, base de la red trófica del sur del Mar Argentino. Allí nidifican 15.000 parejas de pingüino de Magallanes y 500 parejas de pingüino de penacho amarillo, la única colonia del país que está en crecimiento. Y en la isla Chata está la cormoranera más grande del país de la especie imperial.
Al sur de Puerto San Julián, Makenke tiene unas 90.000 hectáreas y abunda en sardina fueguina y en merluza austral. En las paredes acantiladas de La Mina se halla la colonia más grande de cormorán gris, una especie endémica. Y al sur hay una colonia de reproducción de elefantes marinos, la única fuera de península Valdés.
El valor de Banco Burwood reside en la cordillera submarina, donde se reproduce la merluza negra, de altísimo valor comercial. Es una zona de alto endemismo, con corales de aguas frías.
“A partir de la creación, en ninguna de las áreas se permiten actividades extractivas industriales”, señala Gandini. El turismo también deberá ser sostenible y limpio. Con estos cuatro parques, nuestro mar estará protegido en un 1,18% y se acerca al 6% pactado en la reciente cumbre mundial sobre biodiversidad, realizada en Nagoya (Japón). Allí, Gandini recibió el premio “Leaders for a Living Planet”, entregado por World Wildlife Fund por la promoción de los parques marinos.
Fecha de Publicación: 08/11/2010
Fuente: Nuestro Mar
Provincia/Región: Nacional
Son todos de alta diversidad biológica. Habrá 1,2 millón de hectáreas protegidas.
La Administración de Parques Nacionales (APN) celebra hoy los 107 años del nacimiento de las áreas protegidas en nuestro país, con la creación de cuatro parques marinos, cuyos presupuestos están contemplados para 2011. Esto elevará a más de 1.180.800 hectáreas la extensión destinada a preservar parte de la inmensa riqueza del Mar Argentino.
Hasta ahora sólo existían el Parque Nacional Costero Monte León, en Santa Cruz –donado por Douglas Tompkins y su esposa a través de la Fundación Vida Silvestre–, casi sin mar; y el Tierra del Fuego, que abarca un pequeño tramo de costa. Ahora se suman tres parques netamente marinos, de jurisdicción compartida entre APN y las provincias: Patagonia Austral (Chubut), Makenke e Isla Pingüino (Santa Cruz).
Para principios de 2011 se espera que el Congreso apruebe la creación de Banco Burwood, el primer parque nacional oceánico.
“Todos tienen alguna especie emblemática y que merece un valor de protección especial”, subraya la presidenta del Directorio de APN, Patricia Gandini.
Patagonia Austral, al norte del golfo San Jorge, tiene 132.124 hectáreas, en unos 100 kilómetros de costa y 40 islas. “Es una porción de mar de altísima biodiversidad . Al norte está una de las zonas más importantes de reproducción del langostino patagónico. En una isla del sur hay un área de engorde de juveniles de merluza”, señala Gandini, bióloga especializada en ecología marina. Entre las especies endémicas están el pato vapor cabeza blanca y la gaviota de Olrog.
Con 170.000 hectáreas, el parque Isla Pingüino, frente a Puerto Deseado, incluye numerosas islas, en cuyas costas se reproduce la sardina fueguina, base de la red trófica del sur del Mar Argentino. Allí nidifican 15.000 parejas de pingüino de Magallanes y 500 parejas de pingüino de penacho amarillo, la única colonia del país que está en crecimiento. Y en la isla Chata está la cormoranera más grande del país de la especie imperial.
Al sur de Puerto San Julián, Makenke tiene unas 90.000 hectáreas y abunda en sardina fueguina y en merluza austral. En las paredes acantiladas de La Mina se halla la colonia más grande de cormorán gris, una especie endémica. Y al sur hay una colonia de reproducción de elefantes marinos, la única fuera de península Valdés.
El valor de Banco Burwood reside en la cordillera submarina, donde se reproduce la merluza negra, de altísimo valor comercial. Es una zona de alto endemismo, con corales de aguas frías.
“A partir de la creación, en ninguna de las áreas se permiten actividades extractivas industriales”, señala Gandini. El turismo también deberá ser sostenible y limpio. Con estos cuatro parques, nuestro mar estará protegido en un 1,18% y se acerca al 6% pactado en la reciente cumbre mundial sobre biodiversidad, realizada en Nagoya (Japón). Allí, Gandini recibió el premio “Leaders for a Living Planet”, entregado por World Wildlife Fund por la promoción de los parques marinos.
Relacionan fracaso escolar con la contaminación
Relacionan el fracaso escolar con los ambientes insalubres
Fecha de Publicación: 07/11/2010
Fuente: Clarín - Publicado el 06/11/10
Provincia/Región: Nacional
Estudios recientes muestran que a mayor contaminación, más repitencia y abandono.
El fracaso escolar no está motivado únicamente por factores sociales como familias sin padre o madre, necesidades básicas insatisfechas o enfermedades hereditarias. En los últimos años, los especialistas reconocieron otro enemigo invisible: el ambiente insalubre . Estudios recientes muestran que cuanto mayor es la contaminación de una población, más elevados son los índices de abandono, repitencia y sobreedad.
El pediatra social Norberto Liwski, presidente del Comité para la Defensa de la Salud, la Ética Profesional y los Derechos Humanos (CODESEDH), confirmó a Clarín que “la ausencia o insuficiencia de saneamiento ambiental básico genera, sobre todo en los grandes centros de concentración urbana, condiciones de vida que para los niños implican una afectación al desarrollo integral”. Y aclaró que, de acuerdo con investigaciones recientes, el daño también se extiende a la educación: “En las zonas de mayor amenaza de contaminación, los índices de fracaso escolar son superiores a las zonas no contaminadas”.
De acuerdo con estadísticas publicadas por UNICEF, 18,9 por ciento de los alumnos argentinos abandona la escuela, aunque ese registro trepa al 21,5 en algunas provincias del norte. La repitencia, en tanto, es del 6,5 por ciento en la primaria, pero alcanza 11,5 en el noreste. La tasa de sobreedad promedio llega al 35,9 por ciento.
Teniendo en cuenta que la población de 0 a 17 años es de 12 millones según el Censo 2001, hay unos 4 millones de niños y adolescentes con dificultades de aprendizaje.
La titular del área de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Cristina Maiztegui, puntualizó una de las causas de la disparidad: “ El 52 % de los niños argentinos vive en zonas de riesgo ambiental, mayoritariamente en el norte y en el conurbano bonaerense” .
Estar en riesgo ambiental significa tener un alto índice de vulnerabilidad social y, además, carecer de saneamiento básico o sufrir la contaminación industrial o agropecuaria.
Consultado sobre la vinculación entre el aprendizaje y la falta de saneamiento, Liwski precisó que “el centro de atención está puesto en la salud, pero el niño va a ir perdiendo su proceso de desarrollo en la escolaridad”.
Y apuntó a las napas contaminadas: “Cuando hablamos de poblaciones circundantes a grandes extensiones de cultivos con uso de agrotóxicos indiscriminado, vuelve a aparecer la sobreedad, la repitencia, el fracaso escolar”.
Al respecto, el pediatra dijo que uno de los problemas más estudiados está en los ingenios del norte argentino, donde un gran porcentaje de niños tiene bagazosis, una enfermedad que se origina en el mal tratamiento del bagazo de caña de azúcar y que afecta los bronquios: “Los docentes nos señalan la recurrencia de la enfermedad respiratoria –señaló–. Cualquier chico con reiterados procesos de alteración respiratoria, comienza a tener una discontinuidad en su vinculación con al escuela”.
Otro enemigo de la escolarización es el alto nivel de plomo en la sangre . Un estudio de la Defensoría del Pueblo en la localidad de Villa Inflamable, en el polo petroquímico de Avellaneda, comprobó que 50 por ciento de los chicos entre 7 y 11 años tenía plumbosis.
“Tiene efectos de sedimentación sobre niveles neurológicos y por lo tanto lesiones crónicas. El metal se acumula en los huesos lentamente, impidiendo el crecimiento y deteriorando el cerebro de los niños”, explicó Liwski. En este caso, agregó, no se trata sólo de fracaso escolar, sino de una reducción sensible en la expectativa de vida de los chicos.
Fecha de Publicación: 07/11/2010
Fuente: Clarín - Publicado el 06/11/10
Provincia/Región: Nacional
Estudios recientes muestran que a mayor contaminación, más repitencia y abandono.
El fracaso escolar no está motivado únicamente por factores sociales como familias sin padre o madre, necesidades básicas insatisfechas o enfermedades hereditarias. En los últimos años, los especialistas reconocieron otro enemigo invisible: el ambiente insalubre . Estudios recientes muestran que cuanto mayor es la contaminación de una población, más elevados son los índices de abandono, repitencia y sobreedad.
El pediatra social Norberto Liwski, presidente del Comité para la Defensa de la Salud, la Ética Profesional y los Derechos Humanos (CODESEDH), confirmó a Clarín que “la ausencia o insuficiencia de saneamiento ambiental básico genera, sobre todo en los grandes centros de concentración urbana, condiciones de vida que para los niños implican una afectación al desarrollo integral”. Y aclaró que, de acuerdo con investigaciones recientes, el daño también se extiende a la educación: “En las zonas de mayor amenaza de contaminación, los índices de fracaso escolar son superiores a las zonas no contaminadas”.
De acuerdo con estadísticas publicadas por UNICEF, 18,9 por ciento de los alumnos argentinos abandona la escuela, aunque ese registro trepa al 21,5 en algunas provincias del norte. La repitencia, en tanto, es del 6,5 por ciento en la primaria, pero alcanza 11,5 en el noreste. La tasa de sobreedad promedio llega al 35,9 por ciento.
Teniendo en cuenta que la población de 0 a 17 años es de 12 millones según el Censo 2001, hay unos 4 millones de niños y adolescentes con dificultades de aprendizaje.
La titular del área de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Cristina Maiztegui, puntualizó una de las causas de la disparidad: “ El 52 % de los niños argentinos vive en zonas de riesgo ambiental, mayoritariamente en el norte y en el conurbano bonaerense” .
Estar en riesgo ambiental significa tener un alto índice de vulnerabilidad social y, además, carecer de saneamiento básico o sufrir la contaminación industrial o agropecuaria.
Consultado sobre la vinculación entre el aprendizaje y la falta de saneamiento, Liwski precisó que “el centro de atención está puesto en la salud, pero el niño va a ir perdiendo su proceso de desarrollo en la escolaridad”.
Y apuntó a las napas contaminadas: “Cuando hablamos de poblaciones circundantes a grandes extensiones de cultivos con uso de agrotóxicos indiscriminado, vuelve a aparecer la sobreedad, la repitencia, el fracaso escolar”.
Al respecto, el pediatra dijo que uno de los problemas más estudiados está en los ingenios del norte argentino, donde un gran porcentaje de niños tiene bagazosis, una enfermedad que se origina en el mal tratamiento del bagazo de caña de azúcar y que afecta los bronquios: “Los docentes nos señalan la recurrencia de la enfermedad respiratoria –señaló–. Cualquier chico con reiterados procesos de alteración respiratoria, comienza a tener una discontinuidad en su vinculación con al escuela”.
Otro enemigo de la escolarización es el alto nivel de plomo en la sangre . Un estudio de la Defensoría del Pueblo en la localidad de Villa Inflamable, en el polo petroquímico de Avellaneda, comprobó que 50 por ciento de los chicos entre 7 y 11 años tenía plumbosis.
“Tiene efectos de sedimentación sobre niveles neurológicos y por lo tanto lesiones crónicas. El metal se acumula en los huesos lentamente, impidiendo el crecimiento y deteriorando el cerebro de los niños”, explicó Liwski. En este caso, agregó, no se trata sólo de fracaso escolar, sino de una reducción sensible en la expectativa de vida de los chicos.
Conservar áreas naturales, un desafío para el país
Conservar áreas naturales, un desafío para el país
Fecha de Publicación: 06/11/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Sólo el 7,7% del territorio cuenta con una categoría de protección
El 6 de noviembre de 1903, el doctor Francisco Pascasio Moreno, redactó una carta en la que manifestaba su decisión de donar tres leguas cuadradas de tierra en la zona de Puerto Blest, en Bariloche, para que se destinaran a la creación de un parque público natural. Esas tierras le habían sido cedidas por el Estado nacional, en mérito a su trabajo en la cuestión de límites con Chile.
En honor a aquella donación, se celebra el Día de los Parques Nacionales. Y como festejo anticipado, en el último mes la Argentina sumó un nuevo parque nacional continental: Las Islas, en Santa Fe, y tres áreas marinas protegidas.
En el Año de la Biodiversidad para la Organización de las Naciones Unidas, la Administración de Parques Nacionales (APN) anunció tres áreas marinas: Patagonia Austral, en Chubut, y Makenke e Isla Pingüino, en Santa Cruz. En conjunto cubrirán más de 400.000 hectáreas. "Gracias a esto, nuestro mar contará con más de 1.180.800 hectáreas (1,18% del total) destinadas a preservar parte de la inmensa riqueza del mar Argentino. Hasta el momento, menos del 1% estaba protegido", indicaron en la APN.
La coordinadora de Políticas de Areas Protegidas de la Fundación Vida Silvestre, Flavia Broffoni, celebró la incorporación de estas zonas a esa categoría. "Las áreas protegidas son una herramienta fundamental para conservar la diversidad biológica y proveer servicios ambientales", dijo. En este sentido, recordó que en la X Conferencia de las Partes de la Convención de Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, que se celebró el mes pasado en Nagoya , Japón, los países -incluida la Argentina- acordaron proteger el 17% de cada región natural del mundo para 2020.
"Actualmente, nuestro país cuenta con el 7,7% de su territorio continental protegido, gracias a un trabajo conjunto entre la Nación, las provincias y el sector privado. Sin embargo, este porcentaje está lejos del 12% promedio a nivel global que ya está protegido, y más lejos aún de la nueva meta fijada por la Convención de Diversidad Biológica", acotó Broffoni.
Vida Silvestre encabeza una campaña que busca adhesiones para frenar un proyecto que desafecta áreas protegidas en la provincia de Tierra del Fuego, en las inmediaciones de la comuna de Tolhuin.
"La fundación envió una carta a los legisladores de la provincia para manifestar su oposición a la desafectación de las reservas Laguna Negra y Río Valdez, en relación con el proyecto de ley de ampliación del ejido urbano esa localidad, que será tratado en la Legislatura provincial el miércoles próximo", comentó Broffoni e invitó a quienes quisieran adherir a la iniciativa a firmar en www.vidasilvestre.org.ar/reservas_naturales/sumate .
Fecha de Publicación: 06/11/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Sólo el 7,7% del territorio cuenta con una categoría de protección
El 6 de noviembre de 1903, el doctor Francisco Pascasio Moreno, redactó una carta en la que manifestaba su decisión de donar tres leguas cuadradas de tierra en la zona de Puerto Blest, en Bariloche, para que se destinaran a la creación de un parque público natural. Esas tierras le habían sido cedidas por el Estado nacional, en mérito a su trabajo en la cuestión de límites con Chile.
En honor a aquella donación, se celebra el Día de los Parques Nacionales. Y como festejo anticipado, en el último mes la Argentina sumó un nuevo parque nacional continental: Las Islas, en Santa Fe, y tres áreas marinas protegidas.
En el Año de la Biodiversidad para la Organización de las Naciones Unidas, la Administración de Parques Nacionales (APN) anunció tres áreas marinas: Patagonia Austral, en Chubut, y Makenke e Isla Pingüino, en Santa Cruz. En conjunto cubrirán más de 400.000 hectáreas. "Gracias a esto, nuestro mar contará con más de 1.180.800 hectáreas (1,18% del total) destinadas a preservar parte de la inmensa riqueza del mar Argentino. Hasta el momento, menos del 1% estaba protegido", indicaron en la APN.
La coordinadora de Políticas de Areas Protegidas de la Fundación Vida Silvestre, Flavia Broffoni, celebró la incorporación de estas zonas a esa categoría. "Las áreas protegidas son una herramienta fundamental para conservar la diversidad biológica y proveer servicios ambientales", dijo. En este sentido, recordó que en la X Conferencia de las Partes de la Convención de Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, que se celebró el mes pasado en Nagoya , Japón, los países -incluida la Argentina- acordaron proteger el 17% de cada región natural del mundo para 2020.
"Actualmente, nuestro país cuenta con el 7,7% de su territorio continental protegido, gracias a un trabajo conjunto entre la Nación, las provincias y el sector privado. Sin embargo, este porcentaje está lejos del 12% promedio a nivel global que ya está protegido, y más lejos aún de la nueva meta fijada por la Convención de Diversidad Biológica", acotó Broffoni.
Vida Silvestre encabeza una campaña que busca adhesiones para frenar un proyecto que desafecta áreas protegidas en la provincia de Tierra del Fuego, en las inmediaciones de la comuna de Tolhuin.
"La fundación envió una carta a los legisladores de la provincia para manifestar su oposición a la desafectación de las reservas Laguna Negra y Río Valdez, en relación con el proyecto de ley de ampliación del ejido urbano esa localidad, que será tratado en la Legislatura provincial el miércoles próximo", comentó Broffoni e invitó a quienes quisieran adherir a la iniciativa a firmar en www.vidasilvestre.org.ar/reservas_naturales/sumate .
Freno al proyecto minero San Jorge
El Gobierno puso freno al proyecto minero San Jorge
Fecha de Publicación: 06/11/2010
Fuente: Loa Andes On Line
Provincia/Región: Mendoza
La Secretaría de Medio Ambiente exigió que la explotación cuente con la autorización de la Legislatura y un acuerdo entre la UTN y la UNCuyo.
La Secretaría de Medio Ambiente requirió a la empresa Minera San Jorge "que tramite y obtenga la autorización para el uso minero del agua pública de la provincia conforme al artículo 194 de la Constitución Provincial y las Leyes de Aguas".
Lo considera "un requisito indispensable para avanzar en la evaluación ambiental" (...) "teniendo en cuenta que el recurso hídrico constituye uno de los principales insumos del proyecto" y que "se trata de un recurso estratégico para la provincia, más aún ante la situación de emergencia hídrica que atraviesa y que podrían verse afectados derechos adquiridos por otros usuarios".
Así lo establece la resolución 614/10 dictada ayer por el secretario Guillermo Carmona. "Si la empresa no consigue la concesión para el uso del agua del Departamento General de Irrigación y esta no es aprobada por la Legislatura Provincial y si no se alcanza un informe científico uniforme entre las universidades que han presentado informes contrapuestos, San Jorge no es viable", aseguró a Los Andes Carmona.
La Secretaría a su cargo dirigió también dos notas a los decanos de la Universidad Nacional de Cuyo, Arturo Somoza, y de la UTN, Eduardo Antonio Balasch, reclamándoles un "consenso académico" que permita alcanzar "niveles de consenso social y político en torno a la viabilidad o no de este proyecto".
Es que en marzo de 2010 el dictamen de la UNCuyo concluyó que el informe ambiental presentado por la minera San Jorge "exhibe una gran cantidad de falencias e inexactitudes, las que impedirían garantizar su viabilidad ambiental particularmente ante la comunidad".
Mientras que seis meses antes -el 9 de setiembre de 2009- la UTN Regional Mendoza había calificado al mismo informe ambiental como "satisfactorio" limitándose a realizar una serie de observaciones y recomendaciones.
"Proponemos la integración entre ambos centros de estudios de una comisión especializada e interdisciplinaria que con rigor científico, aporte certeza acerca de los aspectos técnicos, económicos y sociales del proyecto en cuestión", dijo Carmona en las notas a Somoza y Balasch.
Tanto la UNCuyo como la UTN Mendoza, son integrantes de la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria de la Actividad Ambiental Minera (Ceiam), el organismo conformado además por el Conicet, Irrigación, Hidráulica, Vialidades (Nacional y Provincial); Patrimonio Cultural, Ambiente, Turismo, Recursos Naturales, Ordenamiento Territorial y el Instituto Nacional del Agua (INA). Este organismo se deberá reunir el próximo 23 de noviembre para evaluar la situación de San Jorge.
"No está definitivamente claro que el proyecto no vaya a impactar en la calidad del agua o en la cantidad aguas abajo", destacó Carmona. Y agregó que tanto desde la intendencia de Las Heras, que dirige Rubén Miranda, como desde Irrigación -a cargo de Eduardo Frigerio- se estimó necesaria la aplicación del "principio precautorio" que aconseja tomar todos los recaudos pertinentes para evitar consecuencias no deseadas.
La propia Irrigación ha tomado recaudos para el caso -no definitivamente confirmado ni desmentido- de que se esté ante una cuenca abierta (con posibilidad de que el agua subterránea se conecte con la cuenca del Río Mendoza) por lo que ha reclamado la impermeabilización de los diques de colas.
Irrigación puede otorgar una concesión precaria de manejo de aguas hasta por diez años, pero pasado ese plazo la que debe autorizar es la Legislatura Provincial, y el proyecto San Jorge tiene un horizonte previsto de 17 años. Además la empresa minera defiende el uso privado del agua de la cuenca -precisamente por considerarla una cuenca "cerrada" sin contactos con la cuenca del Río Mendoza- mientras que el Gobierno ratifica la naturaleza pública del agua.
Carmona se definió partidario de una minería sustentable y mostró malestar "por el desempeño de la empresa durante la audiencia pública en Uspallata" ya que "debió hacer un mayor esfuerzo por mostrar una mayor responsabilidad". Subrayó que sus decisiones están en línea "con la tarea que desde un principio me encomendó el gobernador Celso Jaque".
Consideró personalmente que "no hay que hacer caso omiso de las cosas que se plantearon a favor o en contra del proyecto durante la audiencia pública de Uspallata" y destacó que "no pocos legisladores oficialistas" le han hecho notar que -tal como está- al proyecto San Jorge le faltan los datos certeros necesarios para ser aprobado en la Legislatura.
Carmona rechazó anticipadamente cuestionamientos de "antiminero" sobre su persona por las exigencias a San Jorge, destacó: "Acompañé a Potasio Río Colorado, que es la mayor inversión minera del país, y la explotación petrolera en Llancanello". Y subrayó que las exigencias a San Jorge "son las mismas de Potasio Río Colorado".
La compañía de origen canadiense Coro Minning (representada a nivel local por la Minera San Jorge) busca explotar cobre y oro en el paraje de 115 mil hectáreas conocido como El Yalguaraz, a 45 km de la villa de Uspallata.
Fecha de Publicación: 06/11/2010
Fuente: Loa Andes On Line
Provincia/Región: Mendoza
La Secretaría de Medio Ambiente exigió que la explotación cuente con la autorización de la Legislatura y un acuerdo entre la UTN y la UNCuyo.
La Secretaría de Medio Ambiente requirió a la empresa Minera San Jorge "que tramite y obtenga la autorización para el uso minero del agua pública de la provincia conforme al artículo 194 de la Constitución Provincial y las Leyes de Aguas".
Lo considera "un requisito indispensable para avanzar en la evaluación ambiental" (...) "teniendo en cuenta que el recurso hídrico constituye uno de los principales insumos del proyecto" y que "se trata de un recurso estratégico para la provincia, más aún ante la situación de emergencia hídrica que atraviesa y que podrían verse afectados derechos adquiridos por otros usuarios".
Así lo establece la resolución 614/10 dictada ayer por el secretario Guillermo Carmona. "Si la empresa no consigue la concesión para el uso del agua del Departamento General de Irrigación y esta no es aprobada por la Legislatura Provincial y si no se alcanza un informe científico uniforme entre las universidades que han presentado informes contrapuestos, San Jorge no es viable", aseguró a Los Andes Carmona.
La Secretaría a su cargo dirigió también dos notas a los decanos de la Universidad Nacional de Cuyo, Arturo Somoza, y de la UTN, Eduardo Antonio Balasch, reclamándoles un "consenso académico" que permita alcanzar "niveles de consenso social y político en torno a la viabilidad o no de este proyecto".
Es que en marzo de 2010 el dictamen de la UNCuyo concluyó que el informe ambiental presentado por la minera San Jorge "exhibe una gran cantidad de falencias e inexactitudes, las que impedirían garantizar su viabilidad ambiental particularmente ante la comunidad".
Mientras que seis meses antes -el 9 de setiembre de 2009- la UTN Regional Mendoza había calificado al mismo informe ambiental como "satisfactorio" limitándose a realizar una serie de observaciones y recomendaciones.
"Proponemos la integración entre ambos centros de estudios de una comisión especializada e interdisciplinaria que con rigor científico, aporte certeza acerca de los aspectos técnicos, económicos y sociales del proyecto en cuestión", dijo Carmona en las notas a Somoza y Balasch.
Tanto la UNCuyo como la UTN Mendoza, son integrantes de la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria de la Actividad Ambiental Minera (Ceiam), el organismo conformado además por el Conicet, Irrigación, Hidráulica, Vialidades (Nacional y Provincial); Patrimonio Cultural, Ambiente, Turismo, Recursos Naturales, Ordenamiento Territorial y el Instituto Nacional del Agua (INA). Este organismo se deberá reunir el próximo 23 de noviembre para evaluar la situación de San Jorge.
"No está definitivamente claro que el proyecto no vaya a impactar en la calidad del agua o en la cantidad aguas abajo", destacó Carmona. Y agregó que tanto desde la intendencia de Las Heras, que dirige Rubén Miranda, como desde Irrigación -a cargo de Eduardo Frigerio- se estimó necesaria la aplicación del "principio precautorio" que aconseja tomar todos los recaudos pertinentes para evitar consecuencias no deseadas.
La propia Irrigación ha tomado recaudos para el caso -no definitivamente confirmado ni desmentido- de que se esté ante una cuenca abierta (con posibilidad de que el agua subterránea se conecte con la cuenca del Río Mendoza) por lo que ha reclamado la impermeabilización de los diques de colas.
Irrigación puede otorgar una concesión precaria de manejo de aguas hasta por diez años, pero pasado ese plazo la que debe autorizar es la Legislatura Provincial, y el proyecto San Jorge tiene un horizonte previsto de 17 años. Además la empresa minera defiende el uso privado del agua de la cuenca -precisamente por considerarla una cuenca "cerrada" sin contactos con la cuenca del Río Mendoza- mientras que el Gobierno ratifica la naturaleza pública del agua.
Carmona se definió partidario de una minería sustentable y mostró malestar "por el desempeño de la empresa durante la audiencia pública en Uspallata" ya que "debió hacer un mayor esfuerzo por mostrar una mayor responsabilidad". Subrayó que sus decisiones están en línea "con la tarea que desde un principio me encomendó el gobernador Celso Jaque".
Consideró personalmente que "no hay que hacer caso omiso de las cosas que se plantearon a favor o en contra del proyecto durante la audiencia pública de Uspallata" y destacó que "no pocos legisladores oficialistas" le han hecho notar que -tal como está- al proyecto San Jorge le faltan los datos certeros necesarios para ser aprobado en la Legislatura.
Carmona rechazó anticipadamente cuestionamientos de "antiminero" sobre su persona por las exigencias a San Jorge, destacó: "Acompañé a Potasio Río Colorado, que es la mayor inversión minera del país, y la explotación petrolera en Llancanello". Y subrayó que las exigencias a San Jorge "son las mismas de Potasio Río Colorado".
La compañía de origen canadiense Coro Minning (representada a nivel local por la Minera San Jorge) busca explotar cobre y oro en el paraje de 115 mil hectáreas conocido como El Yalguaraz, a 45 km de la villa de Uspallata.
Riachuelo: piden medidas por basurales
Riachuelo: piden adoptar medidas por basurales en toda la cuenca
Fecha de Publicación: 05/11/2010
Fuente: CIJ
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
El Juzgado Federal de Quilmes requirió implementar mejores alternativas y nuevas tecnologías para el tratamiento de residuos. Ordenó presentar antes de fin de año un plan de obras, bajo apercibimiento de aplicar multas a funcionaros.
El Juzgado Federal de Quilmes, a cargo del juez Luis Armella, requirió la adopción de las medidas necesarias para la implementación de mejores alternativas y la aplicación de nuevas tecnologías para el tratamiento de la totalidad de los residuos en el ámbito de la cuenca Matanza-Riachuelo.
Para ello, ordenó presentar un proyecto que contenga “una planificación clara y precisa, con detalle de fechas exactas de inicio y finalización de cada obra a realizarse, el costo estimativo de las mismas, los plazos para el trámite de licitaciones que resulten indispensables, la población beneficiada por cada una de ellas, y todo aquello que fuera funcional a la definitiva concreción del PLAN de GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (GIRSU) para toda la Cuenca Hídrica; cuya presentación no podrá excederse más allá del 31 de Diciembre del corriente año, de manera inexcusable”.
La obligación recae sobre el presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), Homero Máximo Bibiloni; los miembros de su Consejo Directivo; el ministro de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Diego César Santilli; el jefe de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires, Alberto Pérez, y el presidente de la Empresa Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), Raúl Felipe de Elizalde.
En la resolución, el magistrado hizo saber a todos los funcionarios involucrados que “de no respetarse las exigencias y plazos establecidos en la presente manda, en forma efectiva, fehaciente, concisa, acabada y pormenorizada, incurrirán inmediatamente en la responsabilidad que les correspondiere, lo cual los hará pasibles de soportar con sus propios patrimonios el pago de una multa diaria por cada día de incumplimiento”
Fecha de Publicación: 05/11/2010
Fuente: CIJ
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
El Juzgado Federal de Quilmes requirió implementar mejores alternativas y nuevas tecnologías para el tratamiento de residuos. Ordenó presentar antes de fin de año un plan de obras, bajo apercibimiento de aplicar multas a funcionaros.
El Juzgado Federal de Quilmes, a cargo del juez Luis Armella, requirió la adopción de las medidas necesarias para la implementación de mejores alternativas y la aplicación de nuevas tecnologías para el tratamiento de la totalidad de los residuos en el ámbito de la cuenca Matanza-Riachuelo.
Para ello, ordenó presentar un proyecto que contenga “una planificación clara y precisa, con detalle de fechas exactas de inicio y finalización de cada obra a realizarse, el costo estimativo de las mismas, los plazos para el trámite de licitaciones que resulten indispensables, la población beneficiada por cada una de ellas, y todo aquello que fuera funcional a la definitiva concreción del PLAN de GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (GIRSU) para toda la Cuenca Hídrica; cuya presentación no podrá excederse más allá del 31 de Diciembre del corriente año, de manera inexcusable”.
La obligación recae sobre el presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), Homero Máximo Bibiloni; los miembros de su Consejo Directivo; el ministro de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Diego César Santilli; el jefe de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires, Alberto Pérez, y el presidente de la Empresa Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), Raúl Felipe de Elizalde.
En la resolución, el magistrado hizo saber a todos los funcionarios involucrados que “de no respetarse las exigencias y plazos establecidos en la presente manda, en forma efectiva, fehaciente, concisa, acabada y pormenorizada, incurrirán inmediatamente en la responsabilidad que les correspondiere, lo cual los hará pasibles de soportar con sus propios patrimonios el pago de una multa diaria por cada día de incumplimiento”
Otra movilización contra la minería en Chubut
Otra movilización contra la minería en la meseta
Fecha de Publicación: 05/11/2010
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
La Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Gan Gan anunció la actividad, que será similar a la desarrollada en setiembre último. Caminarán por las calles de esa localidad de la meseta e intentarán llegar hasta los galpones del yacimiento Navidad.
Mañana a la tarde se realizará en Gan-Gan una nueva marcha contra la megaminería y en rechazo del avance del proyecto Navidad, que conduce Pan American Silver. Irán con antorchas manifestando el concepto de que la meseta debe ser una zona de sacrificio.
Después de la marcha de antorchas de setiembre último, quedó conformada la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Gan Gan. Ahora, esta organización junto a comunidades mapuche-tehuelches de la meseta, convocan a la marcha por las calles de Gan-Gan hasta llegar a los galpones del emprendimiento minero.
La Asamblea de Gan Gan viene reuniendo activistas los sábados, generando espacios de discusión, difusión, compartiendo información con el resto de la población y fundamentalmente buscando organizarse respecto del conflicto minero.
Los organizadores de la movilización afirmaron que “la empresa minera fue la encargada de instalar miedo y mentiras en la pequeña comunidad de la meseta, cuando estuvo anunciada la marcha anterior: que se generarían hechos de violencia, que se quemarían camionetas, alertando a los vecinos que no salieran a la calle, etc, etc. Así y todo, los pobladores, viendo la manifestación, se animaron y acompañaron”.
Entre las localidades de Gan-Gan y Gastre se ubica el mega proyecto minero de la empresa canadiense Pan American Silver. Conocido como “Navidad”, el yacimiento tiene recursos probados de plata y plomo que lo convierten en uno de los más grandes del mundo.
Si bien todavía se encuentra en etapa de exploración, aguarda cambios en la legislación vigente en la provincia. La Ley provincial 5001 prohíbe la minería de metales a cielo abierto, resultado del plebiscito de 2003 impulsado desde Esquel.
“La lucha por una vida sin megaminería viene encendida desde hace tiempo. La defensa del territorio y sus bienes no se abandonan; el fuego quedó encendido y este sábado iluminará la marcha de los pobladores de la meseta, acompañados por vecinos de Trelew, Comodoro, Sarmiento y todos los que puedan acercarse”, indicaron desde la asamblea.
Fecha de Publicación: 05/11/2010
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
La Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Gan Gan anunció la actividad, que será similar a la desarrollada en setiembre último. Caminarán por las calles de esa localidad de la meseta e intentarán llegar hasta los galpones del yacimiento Navidad.
Mañana a la tarde se realizará en Gan-Gan una nueva marcha contra la megaminería y en rechazo del avance del proyecto Navidad, que conduce Pan American Silver. Irán con antorchas manifestando el concepto de que la meseta debe ser una zona de sacrificio.
Después de la marcha de antorchas de setiembre último, quedó conformada la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Gan Gan. Ahora, esta organización junto a comunidades mapuche-tehuelches de la meseta, convocan a la marcha por las calles de Gan-Gan hasta llegar a los galpones del emprendimiento minero.
La Asamblea de Gan Gan viene reuniendo activistas los sábados, generando espacios de discusión, difusión, compartiendo información con el resto de la población y fundamentalmente buscando organizarse respecto del conflicto minero.
Los organizadores de la movilización afirmaron que “la empresa minera fue la encargada de instalar miedo y mentiras en la pequeña comunidad de la meseta, cuando estuvo anunciada la marcha anterior: que se generarían hechos de violencia, que se quemarían camionetas, alertando a los vecinos que no salieran a la calle, etc, etc. Así y todo, los pobladores, viendo la manifestación, se animaron y acompañaron”.
Entre las localidades de Gan-Gan y Gastre se ubica el mega proyecto minero de la empresa canadiense Pan American Silver. Conocido como “Navidad”, el yacimiento tiene recursos probados de plata y plomo que lo convierten en uno de los más grandes del mundo.
Si bien todavía se encuentra en etapa de exploración, aguarda cambios en la legislación vigente en la provincia. La Ley provincial 5001 prohíbe la minería de metales a cielo abierto, resultado del plebiscito de 2003 impulsado desde Esquel.
“La lucha por una vida sin megaminería viene encendida desde hace tiempo. La defensa del territorio y sus bienes no se abandonan; el fuego quedó encendido y este sábado iluminará la marcha de los pobladores de la meseta, acompañados por vecinos de Trelew, Comodoro, Sarmiento y todos los que puedan acercarse”, indicaron desde la asamblea.
Sin fondos para bosques
Tres provincias aseguran que faltan fondos para ejecutar la ley de bosques
Fecha de Publicación: 04/11/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Dicen que para el 2011 se asignó sólo el 27% de la partida de dinero prevista.
Los gobernadores de Salta, Santa Fe y Tierra del Fuego reclamaron por carta a la Cámara de Diputados que el Presupuesto Nacional 2011 incluya la totalidad de los fondos contemplados en la Ley de Bosques, ya que la partida prevista se reduce al 27%. El mismo pedido había realizado en octubre el Consejo Federal de Medio Ambiente, respaldado ahora por más de 40 organizaciones.
La Ley 26.331 prevé la conformación de un fideicomiso integrado por al menos el 0,3% del presupuesto nacional, lo que para 2011 implica un mínimo de 1.119 millones de pesos. Ese Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación de Bosques Nativos tiene dos fines: el 70% debe compensar a los propietarios de bosques que realicen tareas de conservación y manejo sostenible; y el 30% tiene que ser destinado a fortalecer la capacidad técnica y de control de las provincias, y a fomentar las actividades de los pequeños productores rurales y comunidades indígenas.
Pero el Presupuesto 2011 asignó a ese Fondo sólo 300 millones, o sea, un 27% de lo que marca la ley. Además, la ley obliga a sumarle el 2% de las retenciones a las exportaciones de productos agrícolas, ganaderos y forestales, con lo que el total debería acercarse a los 1.800 millones de pesos.
Ya para este año se había incluido sólo 300 millones, que tampoco llegaron a las provincias. “Se desviaron 88 millones para un programa experimental para el manejo de bosques fiscales y de reservas”, observa Hernán Giardini, de Greenpeace. “Fue por resolución, y no son lo mismo que la aplicación del Fondo”, coincide el ministro de Ambiente de Salta, Francisco López Sastre.
“Otros 144 millones del presupuesto de la Secretaría de Ambiente fueron desviados por la Jefatura de Gabinete para pagar ‘Fútbol para todos’; no sabemos cuánto se sacó del Fondo de Bosques”, agrega Giardini. “En agosto dijeron que quedaban 94 millones; nos prometieron 23, que aún no llegaron”, se queja López Sastre.
El secretario de Ambiente de Tierra del Fuego, Nicolás Lucas, considera que la suma presupuestada es suficiente, y que algunas provincias todavía “no tienen la capacidad técnica y administrativa de ejecutar” un monto mayor. Aún así, la gobernadora Fabiana Ríos adhirió solidariamente al reclamo, al igual que su par Hermes Binner: “Conceptualmente, esa plata tiene que estar. No queremos el corrimiento de la frontera agrícola, y debemos compensar a quienes conserven los bosques”, afirma el secretario de Medio Ambiente de Santa Fe, César Mackler.
Clarín quiso consultar a la Secretaría de Ambiente de la Nación, pero el vocero, Mario Migliorati, señaló que “no brindará información al respecto, dado que las preguntas se están contestando a través del Sistema de Información Pública”. En ese sentido, instó a la cronista a presentar el correspondiente formulario por ventanilla.
“Sin el financiamiento se hace muy difícil cumplir con el ordenamiento territorial –plantea el ministro de Ambiente de Salta–. Esto genera tensiones sociales, económicas y ambientales”.
Fecha de Publicación: 04/11/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Dicen que para el 2011 se asignó sólo el 27% de la partida de dinero prevista.
Los gobernadores de Salta, Santa Fe y Tierra del Fuego reclamaron por carta a la Cámara de Diputados que el Presupuesto Nacional 2011 incluya la totalidad de los fondos contemplados en la Ley de Bosques, ya que la partida prevista se reduce al 27%. El mismo pedido había realizado en octubre el Consejo Federal de Medio Ambiente, respaldado ahora por más de 40 organizaciones.
La Ley 26.331 prevé la conformación de un fideicomiso integrado por al menos el 0,3% del presupuesto nacional, lo que para 2011 implica un mínimo de 1.119 millones de pesos. Ese Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación de Bosques Nativos tiene dos fines: el 70% debe compensar a los propietarios de bosques que realicen tareas de conservación y manejo sostenible; y el 30% tiene que ser destinado a fortalecer la capacidad técnica y de control de las provincias, y a fomentar las actividades de los pequeños productores rurales y comunidades indígenas.
Pero el Presupuesto 2011 asignó a ese Fondo sólo 300 millones, o sea, un 27% de lo que marca la ley. Además, la ley obliga a sumarle el 2% de las retenciones a las exportaciones de productos agrícolas, ganaderos y forestales, con lo que el total debería acercarse a los 1.800 millones de pesos.
Ya para este año se había incluido sólo 300 millones, que tampoco llegaron a las provincias. “Se desviaron 88 millones para un programa experimental para el manejo de bosques fiscales y de reservas”, observa Hernán Giardini, de Greenpeace. “Fue por resolución, y no son lo mismo que la aplicación del Fondo”, coincide el ministro de Ambiente de Salta, Francisco López Sastre.
“Otros 144 millones del presupuesto de la Secretaría de Ambiente fueron desviados por la Jefatura de Gabinete para pagar ‘Fútbol para todos’; no sabemos cuánto se sacó del Fondo de Bosques”, agrega Giardini. “En agosto dijeron que quedaban 94 millones; nos prometieron 23, que aún no llegaron”, se queja López Sastre.
El secretario de Ambiente de Tierra del Fuego, Nicolás Lucas, considera que la suma presupuestada es suficiente, y que algunas provincias todavía “no tienen la capacidad técnica y administrativa de ejecutar” un monto mayor. Aún así, la gobernadora Fabiana Ríos adhirió solidariamente al reclamo, al igual que su par Hermes Binner: “Conceptualmente, esa plata tiene que estar. No queremos el corrimiento de la frontera agrícola, y debemos compensar a quienes conserven los bosques”, afirma el secretario de Medio Ambiente de Santa Fe, César Mackler.
Clarín quiso consultar a la Secretaría de Ambiente de la Nación, pero el vocero, Mario Migliorati, señaló que “no brindará información al respecto, dado que las preguntas se están contestando a través del Sistema de Información Pública”. En ese sentido, instó a la cronista a presentar el correspondiente formulario por ventanilla.
“Sin el financiamiento se hace muy difícil cumplir con el ordenamiento territorial –plantea el ministro de Ambiente de Salta–. Esto genera tensiones sociales, económicas y ambientales”.
Ley de Glaciares: cobertura de la suspensión
Esta vez el amparo fue para las mineras
Fecha de Publicación: 03/11/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: San Juan
El fallo firmado por el juez Miguel Angel Gálvez congeló los efectos de seis artículos de la norma. Fue a pedido de empresas mineras y gremios locales. La Corte Suprema deberá resolver si la ley es constitucional.
La Justicia de San Juan suspendió ayer la aplicación de la ley de Glaciares en respuesta a un reclamo presentado por empresas mineras y gremios locales. La medida, firmada por el juez federal Miguel Angel Gálvez, congeló los efectos de seis artículos de la norma y ahora la Corte Suprema deberá resolver si la ley promulgada el jueves por la presidenta Cristina Kirchner es constitucional. El titular de la Cámara Minera local, Jaime Bergé, celebró el fallo y expresó que “la Nación no tiene por qué legislar sobre algo que no le corresponde”, mientras que los senadores que votaron la iniciativa criticaron su interrupción. “No se entiende la decisión del juez”, expresó el kirchnerista Daniel Filmus.
La suspensión tuvo lugar un día después de que la Cámara Minera, la CGT y sindicatos de la rama presentaran un amparo aduciendo que la norma aprobada en el Congreso “avasalla las autonomías provinciales al querer fijar en qué zonas se puede trabajar y en cuáles no”, tal como indicó el abogado de los gremios, Carlos Cámpora. El letrado admitió que la presentación contó con el respaldo del gobernador de San Juan, José Luis Gioja. “El nos pidió esto, que no lo dejáramos solo”, aseguró. La resolución del juez Gálvez detuvo la vigencia de varios artículos clave, incluyendo aquellos que prohibían la actividad industrial y minera en la zona de alta montaña.
“Este es un lobby más que evidente de las empresas”, expresó a Página/12 el senador de Tierra del Fuego José Martínez. “Estamos plenamente convencidos de que la ley era necesaria y que el Congreso tiene facultades para imponer una serie de pautas mínimas”, agregó el legislador del ARI, que apoyó la iniciativa promulgada el jueves pasado. Su compañera de banca, María Rosa Díaz, dijo que “el punto más importante que objeta el fallo es el artículo 2, que define la zona protegida en glaciar y periglaciar, justamente lo que más peleamos en el recinto”.
De acuerdo con la senadora, quienes se oponen a la ley parten de una mala lectura de la reforma constitucional de 1994, que les otorgó a las provincias cierta potestad sobre los recursos naturales. “Cuando los gobernadores vienen a hablar a veces me dan miedo. Me los imagino en la Media Luna boliviana (la región donde años atrás varios prefectos intentaron separarse del resto del país). Lo suyo es un federalismo mal entendido”, se lamentó. En el mismo sentido, el senador oficialista Daniel Filmus –quien consensuó junto al opositor Miguel Bonasso el proyecto de ley que finalmente se terminó aprobando– destacó la validez de la legislación nacional sobre la materia y también repudió la suspensión. “Reservas de agua en peligro. ¡Hay que proteger los glaciares!”, insistió en su cuenta de Twitter.
Por último, la organización Greenpeace rechazó el fallo y aseguró que “se trata de una arbitrariedad ya que la ley nacional tiene preponderancia sobre la ley provincial”, de acuerdo con el principio constitucional de las leyes de presupuestos mínimos. El director de campañas de la organización, Juan Carlos Vilallonga, acusó a las empresas mineras de haberse “autoincriminado, porque si fuese cierto que no hay impactos de sus actividades en áreas de glaciares no estarían pidiendo la suspensión de la ley”.
El juez que concedió la cautelar, Miguel Angel Gálvez, fue uno de los magistrados que firmó el cuestionado fallo que apartó al juez Walter Bento de la causa contra los camaristas mendocinos Otilio Romano y Luis Miret, imputados de complicidad y participación en crímenes de la dictadura. Dentro de unos días vence su mandato dentro del Consejo de la Magistratura, donde se desempeñó como representante de los jueces. Fue él el encargado de comunicar la resolución al procurador general de la Nación y al gobierno provincial para pedirles que no aplicaran la norma en territorio sanjuanino mientras estuviera suspendida. Ahora el caso quedará en manos de la Corte, que deberá expedirse sobre la cuestión de fondo.
Más Información:
- La Nación - La Justicia suspendió la ley de glaciares
- Clarín - La Justicia frenó la aplicación de 6 artículos de la ley de Glaciares
- El Ancasti - Suspenden en San Juan la ley de Glaciares que afecta la minería
- Diario de Cuyo - César Gioja por glaciares: “Filmus no entendió nada”
- Diario de Cuyo - Greenpeace: mineros confiesan "su culpabilidad con estos reclamos”
- Ambito - Previsible: más provincias irán a la Justicia contra ley minera
Por fin se pusieron las pilas
Por fin se pusieron las pilas
Fecha de Publicación: 03/11/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Una campaña de la organización ambientalista Greenpeace culminó con el compromiso de las dos principales empresas importadoras de pilas en la Argentina, Duracell y Energizer, para hacerse cargo de la exportación y el reciclado de 10 toneladas de baterías que habían sido recolectadas en una campaña del gobierno porteño. Las dos empresas hicieron explícito ese compromiso en un convenio que sus representantes firmaron ayer con el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, y su ministro de Ambiente y Espacio Público, Diego Santilli.
María Eugenia Testa, directora Política de Greenpeace, dijo a Página/12 que la campaña pública se inició a fines de julio con sendas “cartas a las empresas, y acciones en la vía pública como la instalación de una pila gigante en el Obelisco, el reparto de volantes y mediante reclamos a través de las redes sociales, de las que participaron más de 100 mil personas”.
El reclamo consistía en pedir a las empresas “que se hicieran cargo de los residuos que ellas generaban, como están obligadas a hacer en sus países de origen”. Ambas empresas, que concentran la comercialización del 80 por ciento de las pilas en todo el país, son de origen norteamericano.
El gobierno porteño, a través de la Agencia de Protección Ambiental, había promovido una campaña de recolección de pilas a través de los CGP, que quedó trunca dado que vecinos de la provincia de Córdoba rechazaron el envío de los residuos a esa provincia, como había acordado el Gobierno de la Ciudad. Las 10 toneladas de pilas están desde entonces almacenadas en un depósito del barrio de Flores.
Ahora, mediante el acta firmada ayer, las empresas Procter & Gamble (Duracell) y Energizer se comprometen a hacerse cargo de los costos y la logística de la exportación y el reciclado en una planta de un país europeo. No se informaron los costos, pero la directora de Greenpeace estimó que no superarían los 65 mil pesos, de acuerdo con los presupuestos solicitados por la organización, contra los 72.600 que costaba almacenarlos en la provincia de Córdoba.
Las empresas se hacen cargo de las 10 toneladas de pilas pero no de la futura generación de ese tipo de residuos, cuyo destino dependerá de la sanción de una ley de gestión ambiental de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos”, afirmó Testa. Se trata de un proyecto presentado por el senador Daniel Filmus que, de aprobarse, crearía el marco para la instalación en el país de industrias destinadas al reciclado de materiales de aparatos descartados, los cuales hoy en su mayoría van a parar a rellenos sanitarios. Esas plantas también podrían encarar el reciclado de las pilas usadas. A instancias de Greenpeace, Duracell y Energizer se comprometieron además a apoyar la sanción de ese proyecto de ley.
“Es necesario que para este tipo de residuos se establezca el principio de responsabilidad extendida del productor: los fabricantes e importadores deben hacerse cargo de esos artefactos una vez finalizada su vida útil”, explicó la directora de Greenpeace a este diario.
Esa responsabilidad del productor, contemplada en el proyecto de Filmus, se materializa mediante un aporte de las empresas fabricantes o importadoras, para que no sea toda la sociedad la que pague el costo ambiental producido por esos desechos.
Fecha de Publicación: 03/11/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Una campaña de la organización ambientalista Greenpeace culminó con el compromiso de las dos principales empresas importadoras de pilas en la Argentina, Duracell y Energizer, para hacerse cargo de la exportación y el reciclado de 10 toneladas de baterías que habían sido recolectadas en una campaña del gobierno porteño. Las dos empresas hicieron explícito ese compromiso en un convenio que sus representantes firmaron ayer con el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, y su ministro de Ambiente y Espacio Público, Diego Santilli.
María Eugenia Testa, directora Política de Greenpeace, dijo a Página/12 que la campaña pública se inició a fines de julio con sendas “cartas a las empresas, y acciones en la vía pública como la instalación de una pila gigante en el Obelisco, el reparto de volantes y mediante reclamos a través de las redes sociales, de las que participaron más de 100 mil personas”.
El reclamo consistía en pedir a las empresas “que se hicieran cargo de los residuos que ellas generaban, como están obligadas a hacer en sus países de origen”. Ambas empresas, que concentran la comercialización del 80 por ciento de las pilas en todo el país, son de origen norteamericano.
El gobierno porteño, a través de la Agencia de Protección Ambiental, había promovido una campaña de recolección de pilas a través de los CGP, que quedó trunca dado que vecinos de la provincia de Córdoba rechazaron el envío de los residuos a esa provincia, como había acordado el Gobierno de la Ciudad. Las 10 toneladas de pilas están desde entonces almacenadas en un depósito del barrio de Flores.
Ahora, mediante el acta firmada ayer, las empresas Procter & Gamble (Duracell) y Energizer se comprometen a hacerse cargo de los costos y la logística de la exportación y el reciclado en una planta de un país europeo. No se informaron los costos, pero la directora de Greenpeace estimó que no superarían los 65 mil pesos, de acuerdo con los presupuestos solicitados por la organización, contra los 72.600 que costaba almacenarlos en la provincia de Córdoba.
Las empresas se hacen cargo de las 10 toneladas de pilas pero no de la futura generación de ese tipo de residuos, cuyo destino dependerá de la sanción de una ley de gestión ambiental de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos”, afirmó Testa. Se trata de un proyecto presentado por el senador Daniel Filmus que, de aprobarse, crearía el marco para la instalación en el país de industrias destinadas al reciclado de materiales de aparatos descartados, los cuales hoy en su mayoría van a parar a rellenos sanitarios. Esas plantas también podrían encarar el reciclado de las pilas usadas. A instancias de Greenpeace, Duracell y Energizer se comprometieron además a apoyar la sanción de ese proyecto de ley.
“Es necesario que para este tipo de residuos se establezca el principio de responsabilidad extendida del productor: los fabricantes e importadores deben hacerse cargo de esos artefactos una vez finalizada su vida útil”, explicó la directora de Greenpeace a este diario.
Esa responsabilidad del productor, contemplada en el proyecto de Filmus, se materializa mediante un aporte de las empresas fabricantes o importadoras, para que no sea toda la sociedad la que pague el costo ambiental producido por esos desechos.
Juez suspendió parcialmente la ley de glaciares
Un juez de San Juan suspendió parcialmente la ley de glaciares
Fecha de Publicación: 02/11/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: San Juan
El magistrado alegó que "corresponde a las provincias el dominio de los recursos naturales de su territorio"; respondió a un reclamo de cámaras minerasEl juez federal nº 1 de San Juan, Miguel Ángel Gálvez, suspendió parcialmente la ley de glaciares recientemente sancionada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo el pasado 28 de octubre.
La resolución se basa en una presentación de una acción meramente declarativa de inconstitucionalidad de la ley 26.639 realizada por la Cámara Minera de San Juan; la Cámara de Servicios Mineros, CASEMI; AOMA y CGT Regional San Juan.
En su declaración, el magistrado explicó: "Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales", según establece el artículo 41 de la Constitución Nacional.
Gálvez apoya sus considerandos en el artículo 124 al sostener que "corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio".
La suspensión rige para los artículos 2, 3, 5, 6, 7 y 15 de la llamada ley de glaciares y sólo es de aplicación en San Juan.
En declaraciones a lanacion.com , el magistrado sostuvo que algunos artículos rozan la legislación provincial, lo que no debe suceder.
Ahora también deberá citar a la provincia como tercero interesado a pedido de los presentantes y correr traslado de la demanda al Estado nacional.
Fecha de Publicación: 02/11/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: San Juan
El magistrado alegó que "corresponde a las provincias el dominio de los recursos naturales de su territorio"; respondió a un reclamo de cámaras minerasEl juez federal nº 1 de San Juan, Miguel Ángel Gálvez, suspendió parcialmente la ley de glaciares recientemente sancionada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo el pasado 28 de octubre.
La resolución se basa en una presentación de una acción meramente declarativa de inconstitucionalidad de la ley 26.639 realizada por la Cámara Minera de San Juan; la Cámara de Servicios Mineros, CASEMI; AOMA y CGT Regional San Juan.
En su declaración, el magistrado explicó: "Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales", según establece el artículo 41 de la Constitución Nacional.
Gálvez apoya sus considerandos en el artículo 124 al sostener que "corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio".
La suspensión rige para los artículos 2, 3, 5, 6, 7 y 15 de la llamada ley de glaciares y sólo es de aplicación en San Juan.
En declaraciones a lanacion.com , el magistrado sostuvo que algunos artículos rozan la legislación provincial, lo que no debe suceder.
Ahora también deberá citar a la provincia como tercero interesado a pedido de los presentantes y correr traslado de la demanda al Estado nacional.
Ibarlucea dicen "basta" a las fumigaciones
Vecinos de Ibarlucea dicen "basta" a las fumigaciones con agrotóxicos
Fecha de Publicación: 01/11/2010
Fuente: La Capital (Rosario)
Provincia/Región: Santa Fe
Por tercera vez, vecinos autoconvocados de esta localidad y de La Criolla junto a la ONG Ecos de Romang, enviaron una nota al presidente comunal, Juan José Prino, para reclamar su intervención en cuanto a las fumigaciones a corta distancia del casco urbano y el manejo de agroquímicos dentro del mismo, en virtud que no existe ninguna ordenanza local que regule al respecto ni que adhiera a la ley provincial vigente (11.273). El reclamo responde también a la preocupación de los pobladores ante la libre circulación por las calles de los llamados “mosquitos” fumigadores y la detección de agrotóxicos en la sangre de un niño de 9 años.
La primera misiva, acompañada con más de 50 firmas de vecinos y remitida también a la Defensoría del Pueblo de Santa Fe y a la Comisión Nacional de Investigación fue enviada al mandatario el 17 de septiembre último, y en ella exigieron la “urgente prohibición de la circulación de esos equipos de fumigación en un radio mínimo de 1.500 metros de la zona poblada o urbana de nuestra localidad” y “garantizar una zona de resguardo ambiental que tenga un eficaz cumplimiento y acatamiento”. También piden “la urgente reglamentación vía ordenanza” de estos puntos.
El 22 de septiembre último, el jefe comunal recibió a los vecinos en su despacho, donde comunicó el grupo autoconvocado: “Se tuvo la oportunidad de ser escuchados y expresamos nuestras inquietudes”. La Intendencia se comprometió a tomar cartas en el asunto y a convocar a un nuevo encuentro a la brevedad, pero no cumplió, por lo que los vecinos y ONGs se lo recordaron en una segunda carta, el 7 de octubre último, también sin eco. La tercera nota exigiendo la atención del mandatario y una reunión de la comisión vecinal para tratar el tema fue presentada la semana pasada y aún no hay respuesta.
Intoxicados. Los resultados de los análisis practicados a un niño ibarlucense de 9 años para detectar piretroides en sangre fueron contundentes: en su organismo hay 1,4 ppb de lambdaciolatrina, un químico que se usa en insecticidas clasificados por el Senasa como clase 2, banda amarilla, es decir, nocivo para el hombre. Es que a dos cuadras de su casa, en un barrio periférico del casco urbano fumigan campos sembrados.
El niño debe recibir tratamiento en el área de Toxicología del hospital Víctor J. Vilela de Rosario, donde también están estudiando el funcionamiento de su hígado y riñones, para evaluar secuelas. Con estos resultados, desde el nosocomio elevarán un informe a la comuna de Ibarlucea. Desde ya, los profesionales “me dijeron que sus malestares y el veneno detectado en la sangre no se irán mientras sigan fumigando cerca de la casa”, comentó a La Capital su mamá, Celeste, quien teme también por la salud de sus otros dos hijos de 5 y 3 años, que “también cada dos por tres se enferman”.
Celeste atribuye gran parte de los padeceres de sus niños (fiebre, diarrea, malestar general, entre otros síntomas) a las fumigaciones, porque en general estos estados aparecen luego de esas prácticas en campos aledaños, y que usualmente se realizan por la noche. Cuando pidió a los responsables de los sembrados que no se fumigue tan cerca de su casa, le sugirieron que toda la familia “se encierre en la casa”.
Los vecinos comentan “que hasta el aplicador habría terminado descompuesto luego de una del último riego con agrotóxicos”.
Según consignaron los vecinos en una de las cartas enviadas a Prino, “los piretroides son irritantes locales y pulmonares. Dañan el sistema nervioso y en dosis muy altas provocan daño permanente y afectan los nervios de las extremidades. Los primeros síntomas son alergias, picazón intensa, manchas en la piel, sibilancias, broncoespasmo y dificultad para respirar”.
Sin legislar. La ley provincial 11.273 sobre el uso de fitosanitarios establece que todos municipios y comunas deben adherir a sus términos, a través de las ordenanzas correspondientes. Pero a 16 años de la sanción de la norma, esto se acató en pocas localidades como La Criolla, San Justo, San Martín Norte y San Jorge, y luego de grandes luchas de sus pobladores y defensores del medio ambiente.
En este sentido, la ONG Ecos de Romang, encabezada por la abogada bonaerense Graciela Gómez, acompaña estas causas y tiene por objetivo “lograr que todas las comunas y municipios de Santa Fe adhieran a la ley, ya que sólo un tercio ha legislado al respecto. “, afirmó la profesional.
Gómez apoya y asesora a los vecinos de Ibarlucea en su cruzada y responsabiliza a las autoridades locales por su inacción. “Hay muchas presiones en esto. El intendente es médico y sabe lo que dieron los análisis del nene intoxicado. Además, por ley de comunas tiene que pedir una reunión con la comisión y no la está haciendo” denunció.
“Hace 16 años que la ley está violándose, desconociendo el deber de velar por la salud de los vecinos y el incumplimiento de deberes de funcionario público”, sentenciaron los vecinos en el petitorio presentado el 17 de septiembre último.
Espera. En tanto, en la Cámara alta aún se evalúa una serie de modificaciones a la ley 11.273, especialmente en cuanto a las distancias de las zonas urbanizadas que los aplicadores deben respetar a la hora de fumigar, según la toxicidad del producto empleado y la técnica (aérea o terrestre).
Fecha de Publicación: 01/11/2010
Fuente: La Capital (Rosario)
Provincia/Región: Santa Fe
Por tercera vez, vecinos autoconvocados de esta localidad y de La Criolla junto a la ONG Ecos de Romang, enviaron una nota al presidente comunal, Juan José Prino, para reclamar su intervención en cuanto a las fumigaciones a corta distancia del casco urbano y el manejo de agroquímicos dentro del mismo, en virtud que no existe ninguna ordenanza local que regule al respecto ni que adhiera a la ley provincial vigente (11.273). El reclamo responde también a la preocupación de los pobladores ante la libre circulación por las calles de los llamados “mosquitos” fumigadores y la detección de agrotóxicos en la sangre de un niño de 9 años.
La primera misiva, acompañada con más de 50 firmas de vecinos y remitida también a la Defensoría del Pueblo de Santa Fe y a la Comisión Nacional de Investigación fue enviada al mandatario el 17 de septiembre último, y en ella exigieron la “urgente prohibición de la circulación de esos equipos de fumigación en un radio mínimo de 1.500 metros de la zona poblada o urbana de nuestra localidad” y “garantizar una zona de resguardo ambiental que tenga un eficaz cumplimiento y acatamiento”. También piden “la urgente reglamentación vía ordenanza” de estos puntos.
El 22 de septiembre último, el jefe comunal recibió a los vecinos en su despacho, donde comunicó el grupo autoconvocado: “Se tuvo la oportunidad de ser escuchados y expresamos nuestras inquietudes”. La Intendencia se comprometió a tomar cartas en el asunto y a convocar a un nuevo encuentro a la brevedad, pero no cumplió, por lo que los vecinos y ONGs se lo recordaron en una segunda carta, el 7 de octubre último, también sin eco. La tercera nota exigiendo la atención del mandatario y una reunión de la comisión vecinal para tratar el tema fue presentada la semana pasada y aún no hay respuesta.
Intoxicados. Los resultados de los análisis practicados a un niño ibarlucense de 9 años para detectar piretroides en sangre fueron contundentes: en su organismo hay 1,4 ppb de lambdaciolatrina, un químico que se usa en insecticidas clasificados por el Senasa como clase 2, banda amarilla, es decir, nocivo para el hombre. Es que a dos cuadras de su casa, en un barrio periférico del casco urbano fumigan campos sembrados.
El niño debe recibir tratamiento en el área de Toxicología del hospital Víctor J. Vilela de Rosario, donde también están estudiando el funcionamiento de su hígado y riñones, para evaluar secuelas. Con estos resultados, desde el nosocomio elevarán un informe a la comuna de Ibarlucea. Desde ya, los profesionales “me dijeron que sus malestares y el veneno detectado en la sangre no se irán mientras sigan fumigando cerca de la casa”, comentó a La Capital su mamá, Celeste, quien teme también por la salud de sus otros dos hijos de 5 y 3 años, que “también cada dos por tres se enferman”.
Celeste atribuye gran parte de los padeceres de sus niños (fiebre, diarrea, malestar general, entre otros síntomas) a las fumigaciones, porque en general estos estados aparecen luego de esas prácticas en campos aledaños, y que usualmente se realizan por la noche. Cuando pidió a los responsables de los sembrados que no se fumigue tan cerca de su casa, le sugirieron que toda la familia “se encierre en la casa”.
Los vecinos comentan “que hasta el aplicador habría terminado descompuesto luego de una del último riego con agrotóxicos”.
Según consignaron los vecinos en una de las cartas enviadas a Prino, “los piretroides son irritantes locales y pulmonares. Dañan el sistema nervioso y en dosis muy altas provocan daño permanente y afectan los nervios de las extremidades. Los primeros síntomas son alergias, picazón intensa, manchas en la piel, sibilancias, broncoespasmo y dificultad para respirar”.
Sin legislar. La ley provincial 11.273 sobre el uso de fitosanitarios establece que todos municipios y comunas deben adherir a sus términos, a través de las ordenanzas correspondientes. Pero a 16 años de la sanción de la norma, esto se acató en pocas localidades como La Criolla, San Justo, San Martín Norte y San Jorge, y luego de grandes luchas de sus pobladores y defensores del medio ambiente.
En este sentido, la ONG Ecos de Romang, encabezada por la abogada bonaerense Graciela Gómez, acompaña estas causas y tiene por objetivo “lograr que todas las comunas y municipios de Santa Fe adhieran a la ley, ya que sólo un tercio ha legislado al respecto. “, afirmó la profesional.
Gómez apoya y asesora a los vecinos de Ibarlucea en su cruzada y responsabiliza a las autoridades locales por su inacción. “Hay muchas presiones en esto. El intendente es médico y sabe lo que dieron los análisis del nene intoxicado. Además, por ley de comunas tiene que pedir una reunión con la comisión y no la está haciendo” denunció.
“Hace 16 años que la ley está violándose, desconociendo el deber de velar por la salud de los vecinos y el incumplimiento de deberes de funcionario público”, sentenciaron los vecinos en el petitorio presentado el 17 de septiembre último.
Espera. En tanto, en la Cámara alta aún se evalúa una serie de modificaciones a la ley 11.273, especialmente en cuanto a las distancias de las zonas urbanizadas que los aplicadores deben respetar a la hora de fumigar, según la toxicidad del producto empleado y la técnica (aérea o terrestre).
Presentan plan de monitoreo sobre Botnia
Presentan plan de monitoreo sobre Botnia y el río Uruguay
Fecha de Publicación: 01/11/2010
Fuente: ADN
Provincia/Región: Entre Ríos
El plan de vigilancia que realizarán científicos argentinos y uruguayos en torno a UPM (ex Botnia) se dará a conocer mañana ante la Comisión Administradora del Río Uruguay, órgano encargado de revisar y aprobar ese proyecto.
Como consecuencia de que el plan de monitoreo conjunto aún no fue aprobado, pese al anuncio de la puesta en marcha del monitoreo a principios de octubre, no se ha podido tomar ninguna muestra para estudiar la eventual contaminación de la pastera.
Además, sin ese proyecto no se puede decidir qué laboratorios y qué organismo público será responsable de realizar los análisis ambientales.
Por esas dos razones, la CARU tiene en sus manos una determinación de importancia para la investigación en torno a la posible contaminación de la ex Botnia.
Mañana, el organismo binacional recibirá las carpetas que contienen el proyecto, le dará entrada y girará copia a las delegaciones de cada país con el objetivo de que sean estudiadas.
En caso de que no tengan ninguna observación, las delegaciones se reunirán en plenario para sellar el acuerdo y recién ahí será el momento de darlo a conocer públicamente de manera oficial.
El informe científico de cómo será el monitoreo deberá señalar además qué organismo o universidad realizará los análisis, luego la CARU deberá tomar contacto con esos laboratorios y se deberá rubricar un convenio.
Por eso, se calcula que el monitoreo como tal no comenzará hasta marzo o abril del próximo año.
Los cancilleres de ambos países, el uruguayo Luis Almagro y el argentino Héctor Timerman, coincidieron en varias oportunidades que es momento de "dejar actuar" a la ciencia.
El pasado 6 de octubre, el comité científico que reporta a la CARU ingresó a la planta de celulosa, pero fue una visita preparatoria, dado que no estaban las condiciones institucionales ni técnicas para realizar la toma de muestra alguna.
Lo mismo ocurrió con la recorrida que realizó dicho comité el 20 de octubre en el río Gualeguaychú, a bordo de las embarcaciones del organismo "Río de los Pájaros" y "Río de los caracoles".
Fecha de Publicación: 01/11/2010
Fuente: ADN
Provincia/Región: Entre Ríos
El plan de vigilancia que realizarán científicos argentinos y uruguayos en torno a UPM (ex Botnia) se dará a conocer mañana ante la Comisión Administradora del Río Uruguay, órgano encargado de revisar y aprobar ese proyecto.
Como consecuencia de que el plan de monitoreo conjunto aún no fue aprobado, pese al anuncio de la puesta en marcha del monitoreo a principios de octubre, no se ha podido tomar ninguna muestra para estudiar la eventual contaminación de la pastera.
Además, sin ese proyecto no se puede decidir qué laboratorios y qué organismo público será responsable de realizar los análisis ambientales.
Por esas dos razones, la CARU tiene en sus manos una determinación de importancia para la investigación en torno a la posible contaminación de la ex Botnia.
Mañana, el organismo binacional recibirá las carpetas que contienen el proyecto, le dará entrada y girará copia a las delegaciones de cada país con el objetivo de que sean estudiadas.
En caso de que no tengan ninguna observación, las delegaciones se reunirán en plenario para sellar el acuerdo y recién ahí será el momento de darlo a conocer públicamente de manera oficial.
El informe científico de cómo será el monitoreo deberá señalar además qué organismo o universidad realizará los análisis, luego la CARU deberá tomar contacto con esos laboratorios y se deberá rubricar un convenio.
Por eso, se calcula que el monitoreo como tal no comenzará hasta marzo o abril del próximo año.
Los cancilleres de ambos países, el uruguayo Luis Almagro y el argentino Héctor Timerman, coincidieron en varias oportunidades que es momento de "dejar actuar" a la ciencia.
El pasado 6 de octubre, el comité científico que reporta a la CARU ingresó a la planta de celulosa, pero fue una visita preparatoria, dado que no estaban las condiciones institucionales ni técnicas para realizar la toma de muestra alguna.
Lo mismo ocurrió con la recorrida que realizó dicho comité el 20 de octubre en el río Gualeguaychú, a bordo de las embarcaciones del organismo "Río de los Pájaros" y "Río de los caracoles".
Santa Fe ya tiene su primer parque nacional
Santa Fe ya tiene su primer parque nacional
Fecha de Publicación: 31/10/2010
Fuente: Telam
Provincia/Región: Santa Fe
Una decena de islas y diversos humedales que abarcan una extensión de casi 3.000 hectáreas en el delta del Paraná, integrarán el parque nacional “Islas de Santa Fe”, el primero en esa provincia, que estará ubicado cerca de las localidades de San Fabián y Puerto Gaboto.
El área comprende una amplia zona de 2.900 hectáreas, con atractivos paisajes de agua, islas, pastizales, bosques ribereños, flora y fauna, que fue cedida por el gobierno santafesino al Estado nacional y puesta bajo la jurisdicción de la Administración Nacional de Parques Nacionales (APN).
El parque “Islas de Santa Fe” comprende las islas Campo El Rico, Mabel o Chingolo, La Gallina, El Conscripto, El Lago, Del Medio o De Lillo, El Alisillar y Pajas Blancas.
La protección del área permitirá conservar una de las regiones naturales con mayor biodiversidad en el país y el importante humedal que conforman el sistema hídrico de los ríos Paraguay y Paraná y la Ecoregión del Delta e Islas del Paraná.
Posibilitará también garantizar la integridad ecológica del sistema de islas y cuerpos de agua de escasa profundidad, que constituyen los nichos de cría y desarrollo de numerosas especies ictícolas, el hábitat de aves acuáticas y el recurso de sobrevivencia de reptiles, anfibios y mamíferos.
Con anterioridad a la cesión dispuesta por el gobierno santafesino, una Comisión integrada por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Santa Fe, el Ente Administrador Puerto de Santa Fe, la Universidad Nacional del Litoral y la Fundación Hábitat y Desarrollo, estudió los alcances de la creación del nuevo parque.
El área fue aceptada recientemente por el Estado nacional mediante una ley dictada por el Congreso y la presidenta de APN, Patricia Gandini, manifestó su satisfacción por la creación del nuevo Parque Nacional.
La funcionaria destacó que la política de desarrollo turístico, implementada el ministro de Turismo, Enrique Meyer, ”se apoya en la conservación de nuestro patrimonio natural”.
El nuevo parque albergará una variada fauna, conformada principalmente por carpinchos, nutrias y yacarés, además de la fauna ictícola y la gran variedad de aves.
También se destacan distintas especies vegetales como el irupé y arbóreas como el sauce, el timbó y sangre de Drago, entre otras.
El nuevo espacio conservacionista permitirá desarrollar el turismo de naturaleza en el lugar, asegurar el uso sustentable de ese recurso y garantizar la sustentabilidad de las actividades pastoriles, apícolas y de pesca deportiva y artesanal.
Significa, además, un cambio sustancial en el manejo santafesino de la biodiversidad, que concreta el más importante activo ambiental provincial a orillas del Paraná.
El “Islas de Santa Fe” eleva a 38 los parques nacionales del país, tres de los cuales -las Cataratas del Iguazú, el Cañón de Talampaya y Los Glaciares-, han sido declarados Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO.
Fecha de Publicación: 31/10/2010
Fuente: Telam
Provincia/Región: Santa Fe
Una decena de islas y diversos humedales que abarcan una extensión de casi 3.000 hectáreas en el delta del Paraná, integrarán el parque nacional “Islas de Santa Fe”, el primero en esa provincia, que estará ubicado cerca de las localidades de San Fabián y Puerto Gaboto.
El área comprende una amplia zona de 2.900 hectáreas, con atractivos paisajes de agua, islas, pastizales, bosques ribereños, flora y fauna, que fue cedida por el gobierno santafesino al Estado nacional y puesta bajo la jurisdicción de la Administración Nacional de Parques Nacionales (APN).
El parque “Islas de Santa Fe” comprende las islas Campo El Rico, Mabel o Chingolo, La Gallina, El Conscripto, El Lago, Del Medio o De Lillo, El Alisillar y Pajas Blancas.
La protección del área permitirá conservar una de las regiones naturales con mayor biodiversidad en el país y el importante humedal que conforman el sistema hídrico de los ríos Paraguay y Paraná y la Ecoregión del Delta e Islas del Paraná.
Posibilitará también garantizar la integridad ecológica del sistema de islas y cuerpos de agua de escasa profundidad, que constituyen los nichos de cría y desarrollo de numerosas especies ictícolas, el hábitat de aves acuáticas y el recurso de sobrevivencia de reptiles, anfibios y mamíferos.
Con anterioridad a la cesión dispuesta por el gobierno santafesino, una Comisión integrada por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Santa Fe, el Ente Administrador Puerto de Santa Fe, la Universidad Nacional del Litoral y la Fundación Hábitat y Desarrollo, estudió los alcances de la creación del nuevo parque.
El área fue aceptada recientemente por el Estado nacional mediante una ley dictada por el Congreso y la presidenta de APN, Patricia Gandini, manifestó su satisfacción por la creación del nuevo Parque Nacional.
La funcionaria destacó que la política de desarrollo turístico, implementada el ministro de Turismo, Enrique Meyer, ”se apoya en la conservación de nuestro patrimonio natural”.
El nuevo parque albergará una variada fauna, conformada principalmente por carpinchos, nutrias y yacarés, además de la fauna ictícola y la gran variedad de aves.
También se destacan distintas especies vegetales como el irupé y arbóreas como el sauce, el timbó y sangre de Drago, entre otras.
El nuevo espacio conservacionista permitirá desarrollar el turismo de naturaleza en el lugar, asegurar el uso sustentable de ese recurso y garantizar la sustentabilidad de las actividades pastoriles, apícolas y de pesca deportiva y artesanal.
Significa, además, un cambio sustancial en el manejo santafesino de la biodiversidad, que concreta el más importante activo ambiental provincial a orillas del Paraná.
El “Islas de Santa Fe” eleva a 38 los parques nacionales del país, tres de los cuales -las Cataratas del Iguazú, el Cañón de Talampaya y Los Glaciares-, han sido declarados Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO.
Buscan que la educación ambiental sea ley
Buscan que la educación ambiental sea ley en todo el país
Fecha de Publicación: 31/10/2010
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Nacional
Diputados de la Nación discuten en comisiones un proyecto que respalda la tarea de cientos de organizaciones, escuelas, empresas y gobiernos que, hasta el momento, promueven la educación ambiental de manera espontánea y voluntaria.
La iniciativa pretende “unificar criterios” y “garantizar la política educativo-ambiental”, según reza el texto en cuestión. El antecedente más cercano había obtenido media sanción de la Cámara Baja en 2007 pero el Senado nunca lo trató. Ahora son diputados de los partidos Libres del Sur, Socialista, Proyecto Sur y Sí por la Unidad Popular quienes reimpulsan el proyecto.
Estos legisladores fundamentan que los problemas ambientales como la pérdida de especies y del patrimonio cultural de los pueblos, la escasez de agua segura, la desertificación, la minería a cielo abierto y la contaminación con agroquímicos, entre otros, son “de tal complejidad que resultan inéditas en la historia de la humanidad”.
Además, identifican que el origen de estos problemas está en el modelo de desarrollo actual, los valores que lo sostienen y el principal dispositivo que lo legitima: “la fragmentación y homogeneización del conocimiento”.
Por ello proponen crear una comisión que esté integrada por representantes nacionales y regionales, de las áreas de Educación, Ambiente y Ciencia que elabore y sostenga una Estrategia Nacional de Educación Ambiental. La meta es propiciar “un aprendizaje para la sustentabilidad”, fundamental para construir “una sociedad diferente, justa, participativa y diversa”.
Guillermo Priotto, coordinador de la Unidad de Educación Ambiental de la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales de la Nación, expresó: “desde hace diez años que venimos trabajando en esto”, ratificando el apoyo de su cartera al proyecto de ley.
Sin embargo, el Ministerio de Educación no actuó de igual forma, porque considera que la Educación Ambiental es una didáctica específica que ya está contemplada en la Constitución Nacional (artículo 41), la Ley General del Ambiente y la Ley de Educación. Aunque el motivo de fondo, según fuentes oficiales, es que el Ministerio no asume las críticas.
Variedad de experiencias
La Secretaría de Ambiente aloja en su sitio web un registro público de experiencias de Educación Ambiental llamado “Memoria Colectiva”. Allí se puede ver más de 120 historias clasificadas por región, tema, tipo de actividad y actores sociales involucrados.
Priotto aseguró que aún quedan muchas por publicarse y la convocatoria sigue abierta. Docentes, miembros de organizaciones sociales, equipos de voluntarios de empresas y funcionarios públicos pueden enviar su experiencia o consultar las buenas prácticas desarrolladas en distintos puntos del país.
Dado que el ambiente atraviesa todos los aspectos de la vida, hay ejemplos de Educación Ambiental aplicables tanto en el aula, como en el trabajo, la municipalidad o el barrio entero. Al mismo tiempo, el territorio argentino es tan diverso que una consigna puede tener múltiples respuestas según la idiosincrasia del lugar.
En la provincia de Buenos Aires, hay escuelas técnicas que estrecharon alianzas con universidades locales u organismos como el INTI o el INTA. Así los estudiantes aplicaron sus conocimientos en un proyecto por el que recuperan el aceite usado en los restaurantes de su barrio, lo reciclan, lo transforman en combustible para vehículos diesel y lo venden a un precio simbólico a los vecinos o a la tropilla municipal.
Programas como el de EcoEducArte ofrecen un buen complemento didáctico para las maestras que quieren introducir la Educación Ambiental al aula pero no saben bien cómo. Por su parte, la fundación Cascos Verdes forma a jóvenes con discapacidad intelectual que a su vez enseñan en escuelas de la Ciudad de Buenos Aires a separar los residuos, en coordinación con el gobierno porteño y la cooperativa de cartoneros “El Ceibo”.
En el ámbito estatal, la Agencia Ambiental de La Plata inauguró el primer edificio público sustentable del país: se construyó con materiales ecológicos, se autoabastece de energía solar y eólica y procesa sus efluentes. Además de cumplir con su función administrativa, realizará visitas didácticas, promoviendo la Educación Ambiental con el ejemplo.
Pero así como hay casos loables, también hubo malas experiencias. El doctor Edgar González Gaudiano, miembro de la Academia Nacional de Educación Ambiental de México, advirtió en el VI Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental: “como dicen en la Argentina, también hay mucho de chamullo”.
Estos casos frustrantes están relacionados con la falta de coherencia y continuidad. Por eso los defensores del proyecto aducen que la Ley de Educación Ambiental brindaría un marco institucional para evitar actividades “intuitivas, confusas e incluso contradictorias”.
Priotto agregó que la aplicación de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental no será verticalista porque “propone participación en cada instancia (provincial y municipal) de modo que responda a la demanda que no es cubierta por los diferentes medios, sean ONG, medios de difusión, empresas, escuelas, etc.”
En este sentido, lo que está en debate es el rol de la educación como engranaje hacia una sociedad más equitativa que se sustente en modos de desarrollo respetuosos con la diversidad biológica y cultural.
Fecha de Publicación: 31/10/2010
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Nacional
Diputados de la Nación discuten en comisiones un proyecto que respalda la tarea de cientos de organizaciones, escuelas, empresas y gobiernos que, hasta el momento, promueven la educación ambiental de manera espontánea y voluntaria.
La iniciativa pretende “unificar criterios” y “garantizar la política educativo-ambiental”, según reza el texto en cuestión. El antecedente más cercano había obtenido media sanción de la Cámara Baja en 2007 pero el Senado nunca lo trató. Ahora son diputados de los partidos Libres del Sur, Socialista, Proyecto Sur y Sí por la Unidad Popular quienes reimpulsan el proyecto.
Estos legisladores fundamentan que los problemas ambientales como la pérdida de especies y del patrimonio cultural de los pueblos, la escasez de agua segura, la desertificación, la minería a cielo abierto y la contaminación con agroquímicos, entre otros, son “de tal complejidad que resultan inéditas en la historia de la humanidad”.
Además, identifican que el origen de estos problemas está en el modelo de desarrollo actual, los valores que lo sostienen y el principal dispositivo que lo legitima: “la fragmentación y homogeneización del conocimiento”.
Por ello proponen crear una comisión que esté integrada por representantes nacionales y regionales, de las áreas de Educación, Ambiente y Ciencia que elabore y sostenga una Estrategia Nacional de Educación Ambiental. La meta es propiciar “un aprendizaje para la sustentabilidad”, fundamental para construir “una sociedad diferente, justa, participativa y diversa”.
Guillermo Priotto, coordinador de la Unidad de Educación Ambiental de la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales de la Nación, expresó: “desde hace diez años que venimos trabajando en esto”, ratificando el apoyo de su cartera al proyecto de ley.
Sin embargo, el Ministerio de Educación no actuó de igual forma, porque considera que la Educación Ambiental es una didáctica específica que ya está contemplada en la Constitución Nacional (artículo 41), la Ley General del Ambiente y la Ley de Educación. Aunque el motivo de fondo, según fuentes oficiales, es que el Ministerio no asume las críticas.
Variedad de experiencias
La Secretaría de Ambiente aloja en su sitio web un registro público de experiencias de Educación Ambiental llamado “Memoria Colectiva”. Allí se puede ver más de 120 historias clasificadas por región, tema, tipo de actividad y actores sociales involucrados.
Priotto aseguró que aún quedan muchas por publicarse y la convocatoria sigue abierta. Docentes, miembros de organizaciones sociales, equipos de voluntarios de empresas y funcionarios públicos pueden enviar su experiencia o consultar las buenas prácticas desarrolladas en distintos puntos del país.
Dado que el ambiente atraviesa todos los aspectos de la vida, hay ejemplos de Educación Ambiental aplicables tanto en el aula, como en el trabajo, la municipalidad o el barrio entero. Al mismo tiempo, el territorio argentino es tan diverso que una consigna puede tener múltiples respuestas según la idiosincrasia del lugar.
En la provincia de Buenos Aires, hay escuelas técnicas que estrecharon alianzas con universidades locales u organismos como el INTI o el INTA. Así los estudiantes aplicaron sus conocimientos en un proyecto por el que recuperan el aceite usado en los restaurantes de su barrio, lo reciclan, lo transforman en combustible para vehículos diesel y lo venden a un precio simbólico a los vecinos o a la tropilla municipal.
Programas como el de EcoEducArte ofrecen un buen complemento didáctico para las maestras que quieren introducir la Educación Ambiental al aula pero no saben bien cómo. Por su parte, la fundación Cascos Verdes forma a jóvenes con discapacidad intelectual que a su vez enseñan en escuelas de la Ciudad de Buenos Aires a separar los residuos, en coordinación con el gobierno porteño y la cooperativa de cartoneros “El Ceibo”.
En el ámbito estatal, la Agencia Ambiental de La Plata inauguró el primer edificio público sustentable del país: se construyó con materiales ecológicos, se autoabastece de energía solar y eólica y procesa sus efluentes. Además de cumplir con su función administrativa, realizará visitas didácticas, promoviendo la Educación Ambiental con el ejemplo.
Pero así como hay casos loables, también hubo malas experiencias. El doctor Edgar González Gaudiano, miembro de la Academia Nacional de Educación Ambiental de México, advirtió en el VI Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental: “como dicen en la Argentina, también hay mucho de chamullo”.
Estos casos frustrantes están relacionados con la falta de coherencia y continuidad. Por eso los defensores del proyecto aducen que la Ley de Educación Ambiental brindaría un marco institucional para evitar actividades “intuitivas, confusas e incluso contradictorias”.
Priotto agregó que la aplicación de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental no será verticalista porque “propone participación en cada instancia (provincial y municipal) de modo que responda a la demanda que no es cubierta por los diferentes medios, sean ONG, medios de difusión, empresas, escuelas, etc.”
En este sentido, lo que está en debate es el rol de la educación como engranaje hacia una sociedad más equitativa que se sustente en modos de desarrollo respetuosos con la diversidad biológica y cultural.
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