Daños ambientales: piden que no prescriban
19:10 | 
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Piden se considere crímenes de lesa humanidad a los daños ambientales
Fecha de Publicación: 25/08/2010
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional
En una carta abierta difundida hoy, la Asamblea Delta y Río de la Plata solicitó que por su continuación en el tiempo y la afectación a generaciones futuras, esos delitos no sean excarcelables ni prescriban hasta tanto el daño no sea reparado.
Bajo el título: “Mortandad Masiva de Peces: ¿Muerte Natural por Frío o Ecocidio por Contaminación Generalizada?”, los asambleístas expresaron que “la muerte masiva de los peces no es sólo la muerte de los peces; es la enfermedad y muerte del agua en las que viven y la muerte de otras especias; siendo agua el 75% de nuestro cuerpo, es el anticipo de nuestra propia enfermedad”.
La carta abierta, distribuida en forma de comunicado, advirtió que en la Argentina hay “miles de Botnias” que contaminan en forma frecuente las aguas.
Cristian Cevidanes, integrante de la Asamblea y firmante del comunicado, explicó que hace 32 años vive en el Delta, los mismos en los “que me dedico a denunciar la contaminación creciente de nuestros ríos, Reconquista, Riachuelo, Río de la Plata, Luján y los de la primera Sección del Delta del Paraná”.
Entre las causas que provocan mayor contaminación, el ambientalista señaló a la agroindustria exportadora de granos, que “cada vez más expandida y fuera totalmente de controles, están envenenando, con su expansión, todos los ríos”.
En tal sentido, dijo que cuando se exhiben los crecientes números de la producción en miles de millones de toneladas, habría que preguntarse “cuantos millones de toneladas reciben nuestros ríos”.
Mas adelante acusó que, mientras “la dictadura sinceraba la contaminación con la ‘Cuota de Resarcimiento’ (contaminador- pagador), es decir, por seguir envenenando, había que pagar, (cuando lo hacían), los gobiernos democráticos derogaron aquella macabra ley y democratizaron la contaminación. Ahora no se paga nada por seguir contaminando”.
“Hasta ahora la muerte de peces que ocurre cada vez más seguido, era atribuida precisamente a la contaminación del agua por la presencia de desechos (efluentes industriales y cloacales). Dentro de los efluentes industriales aparecen los Agrotóxicos (herbicidas y fertilizantes químicos en general) más los lixiviados (líquidos de la basura)”, explicó.
“Si tenemos por Cambio Climático inviernos más cortos y más cálidos y la contaminación es mayor, ¿Por qué creer que los peces mueren de frío si antes con inviernos más largos y más intensos esto no sucedía?”, agregó.
Tras interrogarse sobre la magnitud del daño ambiental que está dejando “este modelo de progreso; de desarrollo”, sin una política efectiva de protección y preservación de los recursos naturales, Cevidanes aseguró que “da mucha impotencia y vergüenza que, siendo tan evidente la consecuencia de estos ecocidios, no haya reacción rápida y efectiva en los decidores políticos, en los funcionarios específicos, en la agenda que marcan los medios y en la participación social para lograr los cambios”.
Fecha de Publicación: 25/08/2010
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional
En una carta abierta difundida hoy, la Asamblea Delta y Río de la Plata solicitó que por su continuación en el tiempo y la afectación a generaciones futuras, esos delitos no sean excarcelables ni prescriban hasta tanto el daño no sea reparado.
Bajo el título: “Mortandad Masiva de Peces: ¿Muerte Natural por Frío o Ecocidio por Contaminación Generalizada?”, los asambleístas expresaron que “la muerte masiva de los peces no es sólo la muerte de los peces; es la enfermedad y muerte del agua en las que viven y la muerte de otras especias; siendo agua el 75% de nuestro cuerpo, es el anticipo de nuestra propia enfermedad”.
La carta abierta, distribuida en forma de comunicado, advirtió que en la Argentina hay “miles de Botnias” que contaminan en forma frecuente las aguas.
Cristian Cevidanes, integrante de la Asamblea y firmante del comunicado, explicó que hace 32 años vive en el Delta, los mismos en los “que me dedico a denunciar la contaminación creciente de nuestros ríos, Reconquista, Riachuelo, Río de la Plata, Luján y los de la primera Sección del Delta del Paraná”.
Entre las causas que provocan mayor contaminación, el ambientalista señaló a la agroindustria exportadora de granos, que “cada vez más expandida y fuera totalmente de controles, están envenenando, con su expansión, todos los ríos”.
En tal sentido, dijo que cuando se exhiben los crecientes números de la producción en miles de millones de toneladas, habría que preguntarse “cuantos millones de toneladas reciben nuestros ríos”.
Mas adelante acusó que, mientras “la dictadura sinceraba la contaminación con la ‘Cuota de Resarcimiento’ (contaminador- pagador), es decir, por seguir envenenando, había que pagar, (cuando lo hacían), los gobiernos democráticos derogaron aquella macabra ley y democratizaron la contaminación. Ahora no se paga nada por seguir contaminando”.
“Hasta ahora la muerte de peces que ocurre cada vez más seguido, era atribuida precisamente a la contaminación del agua por la presencia de desechos (efluentes industriales y cloacales). Dentro de los efluentes industriales aparecen los Agrotóxicos (herbicidas y fertilizantes químicos en general) más los lixiviados (líquidos de la basura)”, explicó.
“Si tenemos por Cambio Climático inviernos más cortos y más cálidos y la contaminación es mayor, ¿Por qué creer que los peces mueren de frío si antes con inviernos más largos y más intensos esto no sucedía?”, agregó.
Tras interrogarse sobre la magnitud del daño ambiental que está dejando “este modelo de progreso; de desarrollo”, sin una política efectiva de protección y preservación de los recursos naturales, Cevidanes aseguró que “da mucha impotencia y vergüenza que, siendo tan evidente la consecuencia de estos ecocidios, no haya reacción rápida y efectiva en los decidores políticos, en los funcionarios específicos, en la agenda que marcan los medios y en la participación social para lograr los cambios”.
Ayui: justicia federal promueve investigación
Proyecto ayui: justicia federal promueve investigación y envia gendarmes
Fecha de Publicación: 25/08/2010
Fuente: Yahoo Noticias
Provincia/Región: Corrientes
El fiscal federal de la localidad correntina de Paso de los Libres, Benito Antonio Pont, dispuso que efectivos de Gendarmería Nacional se constituyan en la zona del arroyo Ayuí, donde las empresas Copra S.A (del vicepresidente del diario Clarín, José Aranda) y Adeco Agro (George Soros), entre otras, pretenden construir una represa inundando 8 mil hectáreas cercanas a los esteros del Iberá.
Pont explicó en declaraciones a Télam, que promovió requerimiento de instrucción penal para investigar el megaemprendimiento arrocero que intenta utilizar las aguas del arroyo Ayuí para construir una represa.
Señaló que las fuerzas federales se constituyeron en el lugar "para realizar un relevamiento, sobre quiénes son los dueños de los campos ribereños, se identifique a los responsables del proyecto, si los hubiere y en que estado se encuentra para avanzar en la investigación".
En tanto, dijo a Télam que se consideró la preocupación de ambientalistas de Corrientes y Entre Ríos que plantearon como consecuencia de la construcción de la represa, la destrucción del hábitat, bosques nativos y especies autóctonas.
"Estas cuestiones ambientales son muy graves y tiene que ver con un río que desemboca en el Uruguay y puede afectar la cuenca hídrica de un río internacional", afirmó Pont.
Por otra parte, el fiscal federal manifestó también que en el caso del proyecto Ayuí Grande, "se está hablando de un bien de dominio público que no puede se utilizado para dominio privado". "Este delito es tratado en el Código Penal", afirmó.
El Juzgado Federal de Paso de los Libres tiene jurisdicción en la mitad de la provincia de Corrientes, sobre el margen del río Uruguay y está a cargo de la magistrada Mabel Borda.
Fecha de Publicación: 25/08/2010
Fuente: Yahoo Noticias
Provincia/Región: Corrientes
El fiscal federal de la localidad correntina de Paso de los Libres, Benito Antonio Pont, dispuso que efectivos de Gendarmería Nacional se constituyan en la zona del arroyo Ayuí, donde las empresas Copra S.A (del vicepresidente del diario Clarín, José Aranda) y Adeco Agro (George Soros), entre otras, pretenden construir una represa inundando 8 mil hectáreas cercanas a los esteros del Iberá.
Pont explicó en declaraciones a Télam, que promovió requerimiento de instrucción penal para investigar el megaemprendimiento arrocero que intenta utilizar las aguas del arroyo Ayuí para construir una represa.
Señaló que las fuerzas federales se constituyeron en el lugar "para realizar un relevamiento, sobre quiénes son los dueños de los campos ribereños, se identifique a los responsables del proyecto, si los hubiere y en que estado se encuentra para avanzar en la investigación".
En tanto, dijo a Télam que se consideró la preocupación de ambientalistas de Corrientes y Entre Ríos que plantearon como consecuencia de la construcción de la represa, la destrucción del hábitat, bosques nativos y especies autóctonas.
"Estas cuestiones ambientales son muy graves y tiene que ver con un río que desemboca en el Uruguay y puede afectar la cuenca hídrica de un río internacional", afirmó Pont.
Por otra parte, el fiscal federal manifestó también que en el caso del proyecto Ayuí Grande, "se está hablando de un bien de dominio público que no puede se utilizado para dominio privado". "Este delito es tratado en el Código Penal", afirmó.
El Juzgado Federal de Paso de los Libres tiene jurisdicción en la mitad de la provincia de Corrientes, sobre el margen del río Uruguay y está a cargo de la magistrada Mabel Borda.
La Corte emplazó al Gobierno por la Ceamse
La Corte emplazó al Gobierno bonaerense por la Ceamse
Fecha de Publicación: 24/08/2010
Fuente: El Día
Provincia/Región: Buenos Aires
El Ejecutivo de la Provincia deberá dar explicaciones en cinco días por el funcionamiento y la eventual ampliación del relleno de Punta Lara
El gobierno provincial deberá dar explicaciones ante la Suprema Corte bonaerense por el funcionamiento, la eventual ampliación y las estrategias de cierre del relleno sanitario de Ensenada. Así lo determinó el máximo tribunal provincial, que otorgó al Ejecutivo cinco días de plazo para elaborar el informe. En tanto, ayer se acordó la extensión de la tregua para que se mantenga el servicio de recolección de residuos en la Región al menos hasta el próximo lunes.
La resolución de la Suprema Corte, firmada por los jueces Hilda Kogan, Eduardo Julio Pettigiani, Héctor Negri, Eduardo Néstor de Lázzari, Daniel Fernando Soria, Juan Carlos Hitters y Luis Esteban Genoud, alcanza también a las autoridades de Coordinación Ecológica Area Metropolitana, Sociedad del Estado (Ceamse), y se enmarca en la causa que entidades ambientalistas -Nuevo Ambiente y el Centro Vecinal Punta Lara- entablaron hace un lustro contra el ente que desde 1977 se encarga de la disposición final de residuos en la Región.
En este contexto, se emplaza al gobernador Daniel Scioli a informar acerca de "las decisiones normativas adoptadas a la fecha para la autorización, habilitación y apertura de centros de disposición final en la región"; "si se ha determinado, con las previas evaluaciones de impacto ambiental correspondientes, un lugar apto para la localización de un Polo Ambiental"; y "si se ha determinado alguna localización, dentro del territorio de alguno de los municipios de la región -La Plata, Berisso o Ensenada-, que no sea la del Centro de Disposición Final Ensenada, para la construcción y funcionamiento de una estación de transferencia de residuos".
También se demandan respuestas y estimaciones de concreción -en términos de "tiempo razonablemente estimado"- vinculadas con las "alternativas de solución frente a la situación denunciada por Ceamse en relación al predio de Punta Lara, teniendo en consideración que es público y notorio que" -la Provincia- "ha encarado junto a los municipios de la región un plan de gestión integral de residuos sólidos urbanos".
El tribunal, además, calificó como "intempestiva" una presentación que CEAMSE realizó el 17 de agosto pasado informando acerca de un proyecto de ampliación, justificado en que a fin de año estaría completo el módulo D -único actualmente disponible- del relleno sanitario.
Para los magistrados, "los convenios homologados por el Tribunal, que gozan de los efectos de la cosa juzgada, tuvieron por inequívoca finalidad el cierre definitivo del centro de disposición final de residuos que el Ceamse gestiona y administra en el predio de Punta Lara". Por ese motivo, ordenaron a la sociedad estatal que acreditara "los elementos que justificarían la necesidad de ampliación, en tanto en su presentación originaria no se acompañaron informes técnicos ni otro tipo de pruebas de respaldo".
Coordinación Ecológica deberá asimismo "informar si, teniendo en cuenta la cantidad de residuos que actualmente envían al predio de Ensenada los municipios de la región, existe alguna alternativa técnica de solución diferente de la que plantea en su presentación; en particular, si la construcción y puesta en funcionamiento allí de una estación de transferencia, conforme los antecedentes agregados sobre el particular en el expediente, evitaría la expansión del módulo D".
Por otra parte, Gabino Pistoia, secretario gremial de Agoec, explicó ayer que “se abrió un canal de diálogo, lo que es positivo, pero aún estamos a la espera de respuestas concretas; nosotros defendemos la continuidad de un modelo de gestión que venimos construyendo los trabajadores desde hace treinta años”, en referencia al sistema que desarrolla la Ceamse en Punta Lara. Pistoia cargó duro contra las organizaciones de defensa del medio ambiente: “no las escuché ni las vi salir a criticar por la quema de basura en las cavas donde se disponía clandestinamente”.
Fecha de Publicación: 24/08/2010
Fuente: El Día
Provincia/Región: Buenos Aires
El Ejecutivo de la Provincia deberá dar explicaciones en cinco días por el funcionamiento y la eventual ampliación del relleno de Punta Lara
El gobierno provincial deberá dar explicaciones ante la Suprema Corte bonaerense por el funcionamiento, la eventual ampliación y las estrategias de cierre del relleno sanitario de Ensenada. Así lo determinó el máximo tribunal provincial, que otorgó al Ejecutivo cinco días de plazo para elaborar el informe. En tanto, ayer se acordó la extensión de la tregua para que se mantenga el servicio de recolección de residuos en la Región al menos hasta el próximo lunes.
La resolución de la Suprema Corte, firmada por los jueces Hilda Kogan, Eduardo Julio Pettigiani, Héctor Negri, Eduardo Néstor de Lázzari, Daniel Fernando Soria, Juan Carlos Hitters y Luis Esteban Genoud, alcanza también a las autoridades de Coordinación Ecológica Area Metropolitana, Sociedad del Estado (Ceamse), y se enmarca en la causa que entidades ambientalistas -Nuevo Ambiente y el Centro Vecinal Punta Lara- entablaron hace un lustro contra el ente que desde 1977 se encarga de la disposición final de residuos en la Región.
En este contexto, se emplaza al gobernador Daniel Scioli a informar acerca de "las decisiones normativas adoptadas a la fecha para la autorización, habilitación y apertura de centros de disposición final en la región"; "si se ha determinado, con las previas evaluaciones de impacto ambiental correspondientes, un lugar apto para la localización de un Polo Ambiental"; y "si se ha determinado alguna localización, dentro del territorio de alguno de los municipios de la región -La Plata, Berisso o Ensenada-, que no sea la del Centro de Disposición Final Ensenada, para la construcción y funcionamiento de una estación de transferencia de residuos".
También se demandan respuestas y estimaciones de concreción -en términos de "tiempo razonablemente estimado"- vinculadas con las "alternativas de solución frente a la situación denunciada por Ceamse en relación al predio de Punta Lara, teniendo en consideración que es público y notorio que" -la Provincia- "ha encarado junto a los municipios de la región un plan de gestión integral de residuos sólidos urbanos".
El tribunal, además, calificó como "intempestiva" una presentación que CEAMSE realizó el 17 de agosto pasado informando acerca de un proyecto de ampliación, justificado en que a fin de año estaría completo el módulo D -único actualmente disponible- del relleno sanitario.
Para los magistrados, "los convenios homologados por el Tribunal, que gozan de los efectos de la cosa juzgada, tuvieron por inequívoca finalidad el cierre definitivo del centro de disposición final de residuos que el Ceamse gestiona y administra en el predio de Punta Lara". Por ese motivo, ordenaron a la sociedad estatal que acreditara "los elementos que justificarían la necesidad de ampliación, en tanto en su presentación originaria no se acompañaron informes técnicos ni otro tipo de pruebas de respaldo".
Coordinación Ecológica deberá asimismo "informar si, teniendo en cuenta la cantidad de residuos que actualmente envían al predio de Ensenada los municipios de la región, existe alguna alternativa técnica de solución diferente de la que plantea en su presentación; en particular, si la construcción y puesta en funcionamiento allí de una estación de transferencia, conforme los antecedentes agregados sobre el particular en el expediente, evitaría la expansión del módulo D".
Por otra parte, Gabino Pistoia, secretario gremial de Agoec, explicó ayer que “se abrió un canal de diálogo, lo que es positivo, pero aún estamos a la espera de respuestas concretas; nosotros defendemos la continuidad de un modelo de gestión que venimos construyendo los trabajadores desde hace treinta años”, en referencia al sistema que desarrolla la Ceamse en Punta Lara. Pistoia cargó duro contra las organizaciones de defensa del medio ambiente: “no las escuché ni las vi salir a criticar por la quema de basura en las cavas donde se disponía clandestinamente”.
Fuego incontrolable en Jujuy
Fuego incontrolable en Jujuy
Fecha de Publicación: 23/08/2010
Fuente: ADN
Provincia/Región: Jujuy
El incendio en el Parque Nacional Caliegua ya afectó 700 hectáreas. Preocupan algunas especies en peligro de extinción.
El fuego desatado la semana pasada en territorio del Parque Nacional Calilegua, en Jujuy, se tornó incontrolable y ya afectó setecientas hectáreas. Los guardaparques no pueden hacer prácticamente nada porque el foco ígneo está localizado en una zona inaccesible, en las que ni siquiera hay sendas. Los cañadones y pendientes pronunciadas imposibilitan el acceso de los brigadistas.
Al desalentador panorama se suma un alarmante pronóstico meteorológico que indica que subirá la temperatura, habrá bajas de humedad y vientos en aumento.
El incendio se inició el domingo 15 en la parte alta de las serranías de Calilegua, a 3600 metros sobre el nivel del mar. El lunes, personal de Parques Nacionales sobrevoló la zona con especialistas de Plan Nacional de Manejo de Fuego. Desde entonces, buscan vías accesibles hacia el lugar, pero hasta el momento no hallaron una forma de combatir el fuego que fue provocado por un puestero de Alto Calilegua en su intento de alejar un zorro que atemorizaba al ganado. Según un prestigioso medio provincial, este hombre será llevado a la justicia para que responda por su negligencia.
El fuego arrasa el bosque montano que alberga especies nativas como alisos y pinos del cerro que tardan muchos años en recuperarse. Por ahora no se sabe hasta qué punto se verá afectada la zona. Igualmente preocupa el destino de la taruca, un venado que reside en esa región y está en peligro de extinción.
Fecha de Publicación: 23/08/2010
Fuente: ADN
Provincia/Región: Jujuy
El incendio en el Parque Nacional Caliegua ya afectó 700 hectáreas. Preocupan algunas especies en peligro de extinción.
El fuego desatado la semana pasada en territorio del Parque Nacional Calilegua, en Jujuy, se tornó incontrolable y ya afectó setecientas hectáreas. Los guardaparques no pueden hacer prácticamente nada porque el foco ígneo está localizado en una zona inaccesible, en las que ni siquiera hay sendas. Los cañadones y pendientes pronunciadas imposibilitan el acceso de los brigadistas.
Al desalentador panorama se suma un alarmante pronóstico meteorológico que indica que subirá la temperatura, habrá bajas de humedad y vientos en aumento.
El incendio se inició el domingo 15 en la parte alta de las serranías de Calilegua, a 3600 metros sobre el nivel del mar. El lunes, personal de Parques Nacionales sobrevoló la zona con especialistas de Plan Nacional de Manejo de Fuego. Desde entonces, buscan vías accesibles hacia el lugar, pero hasta el momento no hallaron una forma de combatir el fuego que fue provocado por un puestero de Alto Calilegua en su intento de alejar un zorro que atemorizaba al ganado. Según un prestigioso medio provincial, este hombre será llevado a la justicia para que responda por su negligencia.
El fuego arrasa el bosque montano que alberga especies nativas como alisos y pinos del cerro que tardan muchos años en recuperarse. Por ahora no se sabe hasta qué punto se verá afectada la zona. Igualmente preocupa el destino de la taruca, un venado que reside en esa región y está en peligro de extinción.
Inspección en el Riachuelo: sin avances
Inspección en el Riachuelo, sin avances de saneamiento
Fecha de Publicación: 22/08/2010
Fuente: Agencia La Provincia
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
En el recorrido Sella señaló que "a 2 años del fallo histórico de la Corte Suprema de Justicia que condenó al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a sanear el Riachuelo, no existen avances que se traduzcan en mejoras para la población o el ambiente, la mayor parte de las obligaciones y plazos previstos en la sentencia no han
sido cumplidos de manera que no se advierten cambios en el Riachuelo".
Y expresó que "es preocupante constatar que son miles de personas en la rivera de la
ciudad las que siguen conviviendo con factores de riesgo ambiental como son la basura y las sustancias tóxicas, pese a la sentencia de la Corte que priorizó la atención sanitaria urgente de estos pobladores".
El Defensor indicó que existen “demoras en la relocalización de los asentamientos que se encuentran sobre basurales” como así también hay “falta de control de la contaminación de origen industrial”.
La Defensoría del Pueblo de la Nación coordina el Cuerpo Colegiado, conformado por 5 ONGs entre las que se encuentran la Asociación Vecinos de La Boca, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH) y Greenpeace que participaron de la inspección.
Fecha de Publicación: 22/08/2010
Fuente: Agencia La Provincia
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
En el recorrido Sella señaló que "a 2 años del fallo histórico de la Corte Suprema de Justicia que condenó al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a sanear el Riachuelo, no existen avances que se traduzcan en mejoras para la población o el ambiente, la mayor parte de las obligaciones y plazos previstos en la sentencia no han
sido cumplidos de manera que no se advierten cambios en el Riachuelo".
Y expresó que "es preocupante constatar que son miles de personas en la rivera de la
ciudad las que siguen conviviendo con factores de riesgo ambiental como son la basura y las sustancias tóxicas, pese a la sentencia de la Corte que priorizó la atención sanitaria urgente de estos pobladores".
El Defensor indicó que existen “demoras en la relocalización de los asentamientos que se encuentran sobre basurales” como así también hay “falta de control de la contaminación de origen industrial”.
La Defensoría del Pueblo de la Nación coordina el Cuerpo Colegiado, conformado por 5 ONGs entre las que se encuentran la Asociación Vecinos de La Boca, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH) y Greenpeace que participaron de la inspección.
Presentan una denuncia penal por Ayuí
Presentan una denuncia penal por Ayuí
Fecha de Publicación: 21/08/2010
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Chaco - Corrientes
Un fiscal de Resistencia, basándose en la investigación de Tiempo Argentino, pidió la aplicación del artículo 182 del Código Penal que prevé la pena de prisión para quienes “ilícitamente” utilicen las aguas de represas, ríos y arroyos.
La construcción de la represa Ayuí Grande que los empresarios José Aranda, vicepresidente del Grupo Clarín, y George Soros quieren construir en la localidad correntina de Mercedes sigue cosechando acciones críticas, ya no sólo desde el punto de vista ambiental sino también jurídico.
A las acciones legales que anunció el canciller Héctor Timerman, para que “Ayuí no se convierta en una nueva Botnia”, se le agregaron ayer dos nuevas objeciones.
Se trata de la denuncia penal que presentó de oficio el fiscal federal de Resistencia, Benito Antonio Pont, basándose en la investigación que Tiempo Argentino publicó el domingo 8 de agosto, y el proyecto que la legisladora entrerriana Blanca Osuna presentará en el Senado para frenar el emprendimiento arrocero.
La denuncia realizada por el fiscal Benito Antonio Pont, a la que tuvo acceso este diario, se presentó ante la Cámara Federal de la ciudad chaqueña de Resistencia.
El demandante pide la aplicación del artículo 182 del Código Penal, que prevé de quince días a un año de prisión a quién “ilícitamente y con el propósito de causar perjuicio a otro sacare aguas de represas, estanques u otros depósitos, ríos, arroyos, fuentes, canales o acueductos” y a aquel “que estorbare el ejercicio de los derechos que un tercero tuviere sobre dichas aguas”.
La denuncia destaca que “la construcción de la represa y el consiguiente embalse hará desaparecer el cauce natural y las zonas ribereñas”, al tiempo que producirá “la merma sustancial del recurso para otros usuarios no ribereños”. Además, el fiscal sostiene que es ilícito que se otorgue “una autorización estatal para destruir un bien de dominio público para el aprovechamiento privado”, ya que “altera su carácter de bien inalienable e imprescriptible”.
La denuncia también hace hincapié en el probable diferendo diplomático que podría existir con el país vecino, ya que el fiscal aduce que “la magnitud de la obra se proyecta con posibles consecuencias sobre el Río Uruguay, lo cual abre la posibilidad de un conflicto de orden internacional que fundamente la responsabilidad externa del Estado Argentino”.
Por su parte, la legisladora entrerriana Blanca Osuna elevará un proyecto al Senado para frenar la construcción de la represa Ayuí Grande.
La senadora advirtió que “esto podría tener un impacto ambiental de grandes dimensiones” y aseguró que “el proyecto no sólo viola la Constitución sino que además atenta contra el derecho del Medio Ambiente y el Código Civil, a la ley General de Ambiente y al propio Estatuto del Río Uruguay”.
Asimismo, calificó como “impresionante e intencionado” el silencio de muchos medios de comunicación respecto del conflicto generado por este proyecto polémico, en especial de los que pertenecen al Grupo Clarín, cuyo vicepresidente, José Aranda, es uno de los responsables de la iniciativa.
“Hay un gran sector de la comunidad preocupada y movilizada por este tema, acciones del gobierno nacional y reacciones en el Uruguay”, agregó Osuna.
“La construcción de esta represa podría afectar severamente la dinámica hídrica de un sistema que provee de agua a muchos productores de la cuenca del Río Miriñay (donde desemboca el arroyo Ayuí y que es uno de los principales efluentes del Río Uruguay)”, finalizó la legisladora.
Fecha de Publicación: 21/08/2010
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Chaco - Corrientes
Un fiscal de Resistencia, basándose en la investigación de Tiempo Argentino, pidió la aplicación del artículo 182 del Código Penal que prevé la pena de prisión para quienes “ilícitamente” utilicen las aguas de represas, ríos y arroyos.
La construcción de la represa Ayuí Grande que los empresarios José Aranda, vicepresidente del Grupo Clarín, y George Soros quieren construir en la localidad correntina de Mercedes sigue cosechando acciones críticas, ya no sólo desde el punto de vista ambiental sino también jurídico.
A las acciones legales que anunció el canciller Héctor Timerman, para que “Ayuí no se convierta en una nueva Botnia”, se le agregaron ayer dos nuevas objeciones.
Se trata de la denuncia penal que presentó de oficio el fiscal federal de Resistencia, Benito Antonio Pont, basándose en la investigación que Tiempo Argentino publicó el domingo 8 de agosto, y el proyecto que la legisladora entrerriana Blanca Osuna presentará en el Senado para frenar el emprendimiento arrocero.
La denuncia realizada por el fiscal Benito Antonio Pont, a la que tuvo acceso este diario, se presentó ante la Cámara Federal de la ciudad chaqueña de Resistencia.
El demandante pide la aplicación del artículo 182 del Código Penal, que prevé de quince días a un año de prisión a quién “ilícitamente y con el propósito de causar perjuicio a otro sacare aguas de represas, estanques u otros depósitos, ríos, arroyos, fuentes, canales o acueductos” y a aquel “que estorbare el ejercicio de los derechos que un tercero tuviere sobre dichas aguas”.
La denuncia destaca que “la construcción de la represa y el consiguiente embalse hará desaparecer el cauce natural y las zonas ribereñas”, al tiempo que producirá “la merma sustancial del recurso para otros usuarios no ribereños”. Además, el fiscal sostiene que es ilícito que se otorgue “una autorización estatal para destruir un bien de dominio público para el aprovechamiento privado”, ya que “altera su carácter de bien inalienable e imprescriptible”.
La denuncia también hace hincapié en el probable diferendo diplomático que podría existir con el país vecino, ya que el fiscal aduce que “la magnitud de la obra se proyecta con posibles consecuencias sobre el Río Uruguay, lo cual abre la posibilidad de un conflicto de orden internacional que fundamente la responsabilidad externa del Estado Argentino”.
Por su parte, la legisladora entrerriana Blanca Osuna elevará un proyecto al Senado para frenar la construcción de la represa Ayuí Grande.
La senadora advirtió que “esto podría tener un impacto ambiental de grandes dimensiones” y aseguró que “el proyecto no sólo viola la Constitución sino que además atenta contra el derecho del Medio Ambiente y el Código Civil, a la ley General de Ambiente y al propio Estatuto del Río Uruguay”.
Asimismo, calificó como “impresionante e intencionado” el silencio de muchos medios de comunicación respecto del conflicto generado por este proyecto polémico, en especial de los que pertenecen al Grupo Clarín, cuyo vicepresidente, José Aranda, es uno de los responsables de la iniciativa.
“Hay un gran sector de la comunidad preocupada y movilizada por este tema, acciones del gobierno nacional y reacciones en el Uruguay”, agregó Osuna.
“La construcción de esta represa podría afectar severamente la dinámica hídrica de un sistema que provee de agua a muchos productores de la cuenca del Río Miriñay (donde desemboca el arroyo Ayuí y que es uno de los principales efluentes del Río Uruguay)”, finalizó la legisladora.
Amparo a la Ley de Bosques de Chubut
Ley de Bosques: la justicia admitió amparo
Fecha de Publicación: 21/08/2010
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
La juez de Esquel, Claudia Melidoni, declaró admisible el amparo presentado por cuatro comunidades mapuches de Chubut en el que piden la nulidad y declaración de inconstitucional de la ley provincial de bosques. También ordenó citar al la secretaría de Ambiente de la Nación, cuyo titular es Homero Bibiloni, en su calidad de autoridad de aplicación.
La juez dispuso que “a la luz de los hechos y el derecho expuestos por las comunidades amparistas, declarar admisible el amparo solicitado”, y dar “por iniciada formalmente la demanda de amparo contra la provincia de Chubut”.
Cabe recordar que las comunidades Cayún, Leopoldo Quilodrán, Lorenzo Pulgar Huentuquidel y Motoco-Cárdenas, pertenecientes al pueblo mapuche demandaron a la provincia por haber aprobado una ley que afecta sus derechos territoriales y culturales “sin haber consultado a los pueblos originarios que habitan la provincia y sin haberles dado participación violando, de esa manera, derechos humanos constitucionalmente reconocidos”, afirman los abogados del Grupo de Acceso Jurídico para el Acceso a la Tierra (GAJAT).
La inconstitucionalidad y la nulidad de la ley aprobada en la Legislatura Provincial el pasado 17 de junio.
Los integrantes del Gajat informaron que a través de la presentación se busca “asegurar al pueblo mapuche ser protagonista ineludible de procedimientos de consulta y participación en todas las etapas de elaboración, desarrollo y sanción, de acuerdo a los parámetros internacionales que rigen en la República Argentina al respecto, en especial, en condiciones de igualdad y buena fe”.
Entre los reclamos se exige que la autoridad de aplicación de la ley provincial tenga composición indígena representativa de los pueblos originarios de la provincia.
Edgardo Manosalva, representante legal, afirmó que “la noticia judicial fortaleció aún más a las comunidades cordilleranas, las cuales se mantienen resistiendo en territorio, en Trawún permanente”.
Fecha de Publicación: 21/08/2010
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
La juez de Esquel, Claudia Melidoni, declaró admisible el amparo presentado por cuatro comunidades mapuches de Chubut en el que piden la nulidad y declaración de inconstitucional de la ley provincial de bosques. También ordenó citar al la secretaría de Ambiente de la Nación, cuyo titular es Homero Bibiloni, en su calidad de autoridad de aplicación.
La juez dispuso que “a la luz de los hechos y el derecho expuestos por las comunidades amparistas, declarar admisible el amparo solicitado”, y dar “por iniciada formalmente la demanda de amparo contra la provincia de Chubut”.
Cabe recordar que las comunidades Cayún, Leopoldo Quilodrán, Lorenzo Pulgar Huentuquidel y Motoco-Cárdenas, pertenecientes al pueblo mapuche demandaron a la provincia por haber aprobado una ley que afecta sus derechos territoriales y culturales “sin haber consultado a los pueblos originarios que habitan la provincia y sin haberles dado participación violando, de esa manera, derechos humanos constitucionalmente reconocidos”, afirman los abogados del Grupo de Acceso Jurídico para el Acceso a la Tierra (GAJAT).
La inconstitucionalidad y la nulidad de la ley aprobada en la Legislatura Provincial el pasado 17 de junio.
Los integrantes del Gajat informaron que a través de la presentación se busca “asegurar al pueblo mapuche ser protagonista ineludible de procedimientos de consulta y participación en todas las etapas de elaboración, desarrollo y sanción, de acuerdo a los parámetros internacionales que rigen en la República Argentina al respecto, en especial, en condiciones de igualdad y buena fe”.
Entre los reclamos se exige que la autoridad de aplicación de la ley provincial tenga composición indígena representativa de los pueblos originarios de la provincia.
Edgardo Manosalva, representante legal, afirmó que “la noticia judicial fortaleció aún más a las comunidades cordilleranas, las cuales se mantienen resistiendo en territorio, en Trawún permanente”.
El gobierno contra la Represa Ayuí
Una represa en el aire
Fecha de Publicación: 20/08/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Corrientes
El canciller Héctor Timerman anunció ayer que el Gobierno llevará adelante acciones judiciales para evitar la construcción de una represa en Corrientes, considerada “dañina” para el medio ambiente y “violatoria” del Tratado del Río Uruguay. El proyecto denominado Represa Ayuí Grande planea la creación de un lago artificial que inundará ocho mil hectáreas de una reserva cercana a los Esteros del Iberá para el riego de otras 18 mil, destinadas al cultivo de arroz, que serían instaladas en esa zona. En tanto, la iniciativa de las empresas Copra SA, encabezada por el vicepresidente del Grupo Clarín, José Aranda, y Adeco Agro, del magnate húngaro George Soros, fue defendida por el gobernador correntino, Ricardo Colombi, a pesar de haber cosechado el rechazo de organizaciones ambientalistas y de la Defensoría del Pueblo de la Nación.
“Argentina no va a convalidar la violación de un tratado internacional. Estamos evaluando presentaciones judiciales para evitar que se ponga en marcha la construcción de este emprendimiento”, dijo el canciller. En ese sentido, agregó que “Argentina está decidida a actuar contra las empresas de Aranda y de Soros, para evitar que se destruya el ecosistema en Corrientes y en toda la Mesopotamia”. Timerman también señaló que se comunicó con su par uruguayo, Luis Almagro, para ponerlo al tanto de la situación y para adelantarle que viajará a Montevideo para hablar sobre el tema. En forma paralela, envió una carta a Colombi pidiendo información sobre la represa que permita “empezar a estudiar su impacto medioambiental”, antes de recibir una “denuncia” por parte del Uruguay.
La Secretaría de Medio Ambiente pidió información sobre esta represa en tres oportunidades, la primera en 2008 y la última “hace unos meses”, pero sin ninguna respuesta, reseñó el titular del Palacio San Martín. Timerman confió en que ahora el gobernador impida el avance en la construcción de la obra “e imponga un tiempo de espera” hasta que analicen un eventual daño ambiental. A fines de 2009, el entonces mandatario correntino y primo del actual, Arturo Colombi, firmó un decreto habilitando a los empresarios a deforestar un área protegida. La Justicia declaró inconstitucional el decreto, pero pocos meses más tarde, apenas asumido el actual gobierno, la Legislatura aprobó la ley de ordenamiento territorial de bosques, copia exacta del decreto anulado, según denunciaron ambientalistas que se oponen a la construcción.
Colombi argumentó que la provincia quedó en medio de “peleas que no tienen que ver con lo productivo” y defendió el proyecto. “Lo apoyamos y vamos a seguir apoyando”, señaló.
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El Gobierno frena una represa en Corrientes
Fecha de Publicación: 20/08/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Corrientes
El canciller Héctor Timerman anunció ayer que el Gobierno estudia acudir a la Justicia para impedir la construcción de una represa en la provincia de Corrientes que puede afectar la cuenca del río Uruguay.
El proyecto es de dos empresas arroceras, y, dijo el canciller, preocupa al gobierno uruguayo, porque es motivo potencial de un conflicto medioambiental y jurídico.
La represa lleva el nombre de Ayuí Grande, y es promovida por dos emprendimientos privados, uno vinculado al empresario norteamericano George Soros, y otro ligado con José Aranda, accionista del grupo Clarín. "Es una posible violación al Tratado del río Uruguay, cometida, o que se estaría por cometer, por parte de dos empresas en la provincia de Corrientes", dijo Timerman, ayer, en una conferencia de prensa.
Timerman dijo que las empresas se proponen "inundar 8000 hectáreas" con el emprendimiento.
"Haremos la denuncia porque estamos a pocas semanas del comienzo de la obra, que colocaría a la Argentina como violatoria del Tratado del río Uruguay", dijo el canciller.
"La Argentina no va a convalidar la violación del tratado", agregó.
Timerman reveló que mantuvo una conversación por este tema con su par uruguayo, Luis Almagro, en momentos en que se define el monitoreo ambiental sobre el río.
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El Gobierno, contra un proyecto en Corrientes que Colombi defiende
Fecha de Publicación: 20/08/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Corrientes
El mismo día en que el Gobierno nacional lanzó un ataque público y judicial contra un emprendimiento arrocero en Corrientes, el gobernador de esa provincia y radical K, Ricardo Colombi, reaccionó al embate defendiendo el proyecto: “Lo apoyamos y vamos a seguir apoyando como a cualquier emprendimiento productivo, agrícola, forestal, ganadero, cítrico u hortícola”.
Ayer, en la voz del canciller Héctor Timerman, la Casa Rosada apuntó contra la construcción de la represa Ayuí Grande, y dijo que “puede ser violatoria del medio ambiente y del derecho internacional”. Agregó que “la Argentina no va convalidar la posible violación de un tratado internacional que se estaría por cometer”.
El ministro de Relaciones Exteriores puso en duda la legalidad de un emprendimiento que cuenta con el aval de Colombi a través del decreto 2353 del 9 de diciembre de 2009 (ver facsímil).
El documento ratifica “la resolución 794 del señor Administrador General del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente”. El decreto fue refrendado también por el Ministro de Producción, Trabajo y Turismo a través del Director de Recursos Forestales, Luis María Mestres. Con la disposición n° 004.
A pesar de esta documentación, Timerman se opuso al proyecto, impulsado por una Unión Transitoria de Empresas en la que participan Copra –del directivo del Grupo Clarín, José Aranda–, Pilagá SRL –de George Soros–, Santa Clara, Yuquerí S.A., Tupantuva S.A. y Estancia Ñu Verá de la Familia Serrano.
Ayer, Colombi opinó lo contrario: “B ienvenidos sean estos proyectos porque nosotros necesitamos generar recursos, mano de obra y trabajo para mejorar la calidad de vida de todos los correntinos”.
En relación al conflicto planteado por Timerman, el gobernador se quejó: “la provincia de Corrientes no puede ser el jamón del sandwich en peleas que no tienen que ver con lo netamente productivo”.
La represa Ayuí Grande, que comenzará sus obras en septiembre, tomará agua de un arroyo para regar 15 mil hectáreas de arroz.
Según el ingeniero Jorge Adámoli, a cargo del estudio de impacto ambiental, “el caudal del arroyo Ayuí es de 40 metros cúbicos por segundo. Eso equivale al 1% del Río Uruguay”, explicó el profesional y agregó: “por otra parte, las autoridades del agua y del ambiente de Corriente s vienen monitoreando desde hace varios años a las áreas arroceras de la provincia, y no encontraron ningún parámetro de contaminación fuera de los límites permitidos”.
Ante los reclamos de algunos dirigentes ambientales sobre el impacto del proyecto en el ecosistema del río Uruguay (adonde termina desembocando el curso de agua del arroyo), Adámoli dijo: “este emprendimiento es sobre 15.000 hectáreas de arroz. Uruguay tiene sobre la cuenca del río 150.000 hectáreas de este grano, y Brasil, 1.200.000 has., también sobre el río Uruguay”. El ingeniero concluyó que “ esa hipótesis de contaminación no resiste el menor análisis”.
El plan de gestión ambiental del proyecto prevé más de 2 millones de pesos para análisis de calidad de aguas y sedimentos que realizarán organismos científicos e independientes de los accionistas, según informaron ayer fuentes vinculadas al proyecto. Según Adámoli, “eso da un nivel de monitoreo que no tiene precedentes en ningún proyecto arrocero ni agrícola del país”.
Hasta ayer, el Gobierno no había hecho efectiva la amenaza de presentarse ante la Justicia por la supuesta violación de tratados internacionales. Esta embestida oficial atentaría contra las leyes que amparan las decisiones provinciales.
Incendio en el Parque Nacional Calilegua
Un incendio arrasó 600 hectáreas del Parque Nacional Calilegua
Fecha de Publicación: 20/08/2010
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Jujuy
El fuego se desarrolló en la parte más alta de la reserva ubicada en Jujuy.
Un incendio de grandes proporciones afectaba ayer al Parque Nacional Calilegua, de la provincia de Jujuy, donde el fuego ya había arrasado unas 600 hectáreas de pastizales altos y manchones de bosques nativos en el interior de la reserva.
Nelson Valiente, jefe del departamento Incendio del Parque Calilegua, dijo que “el siniestro se desarrolla en la zona más alta del parque, en la Sierra de Calilegua, donde hay una divisoria de agua que hace límite con el departamento de Valle Grande”.
El funcionario afirmó que las llamas “quemaron un 90 por ciento de pastizales altos de zonas aledañas al parque” y que “al ingresar a la reserva agarró manchones del bosque alto montano o bosque nativo, donde predominan especies como el Aliso del cerro y Quenua”.
En las cercanías de ese parque, en la zona de Valle Grande, los agricultores suelen utilizar el fuego como una herramienta que, según dicen, sirve para mejorar las pasturas en forma muy rápida.
Pero, frecuentemente, suelen perder el control del fuego, como lo que podría haber pasado en este caso.
El llamado Viento Norte, similar al Zonda cuyano, que produce sequedad en el ambiente, más condiciones climáticas favorables, hacen propicio este tipo de accidentes.
“El aviso de la existencia de fuego fuera del parque se recibió el domingo 15 de agosto a la noche y su extensión a la reserva se produjo el día 17 de agosto”, destacó Valiente.
La evaluación de los daños hasta el momento fue estimada en “unas 600 hectáreas entre Valle Grande y el Parque”.
Los peritos analizaban ayer en el lugar el tipo de tareas que se pueden realizar en la zona para avanzar en el combate del fuego, aunque ya trabajan agentes del Plan de Manejo del Fuego y del Parque Nacional Calilegua.
Según Valiente, “el lugar es retirado e inaccesible y para llegar a la zona “los brigadistas tienen primero que alcanzar el paraje San Francisco, para lo que demoran unas 8 a 10 horas caminando”.
Fecha de Publicación: 20/08/2010
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Jujuy
El fuego se desarrolló en la parte más alta de la reserva ubicada en Jujuy.
Un incendio de grandes proporciones afectaba ayer al Parque Nacional Calilegua, de la provincia de Jujuy, donde el fuego ya había arrasado unas 600 hectáreas de pastizales altos y manchones de bosques nativos en el interior de la reserva.
Nelson Valiente, jefe del departamento Incendio del Parque Calilegua, dijo que “el siniestro se desarrolla en la zona más alta del parque, en la Sierra de Calilegua, donde hay una divisoria de agua que hace límite con el departamento de Valle Grande”.
El funcionario afirmó que las llamas “quemaron un 90 por ciento de pastizales altos de zonas aledañas al parque” y que “al ingresar a la reserva agarró manchones del bosque alto montano o bosque nativo, donde predominan especies como el Aliso del cerro y Quenua”.
En las cercanías de ese parque, en la zona de Valle Grande, los agricultores suelen utilizar el fuego como una herramienta que, según dicen, sirve para mejorar las pasturas en forma muy rápida.
Pero, frecuentemente, suelen perder el control del fuego, como lo que podría haber pasado en este caso.
El llamado Viento Norte, similar al Zonda cuyano, que produce sequedad en el ambiente, más condiciones climáticas favorables, hacen propicio este tipo de accidentes.
“El aviso de la existencia de fuego fuera del parque se recibió el domingo 15 de agosto a la noche y su extensión a la reserva se produjo el día 17 de agosto”, destacó Valiente.
La evaluación de los daños hasta el momento fue estimada en “unas 600 hectáreas entre Valle Grande y el Parque”.
Los peritos analizaban ayer en el lugar el tipo de tareas que se pueden realizar en la zona para avanzar en el combate del fuego, aunque ya trabajan agentes del Plan de Manejo del Fuego y del Parque Nacional Calilegua.
Según Valiente, “el lugar es retirado e inaccesible y para llegar a la zona “los brigadistas tienen primero que alcanzar el paraje San Francisco, para lo que demoran unas 8 a 10 horas caminando”.
Preocupa el proyecto arrocero en Ayui
Preocupa a ambientalistas de Corrientes el proyecto arrocero en Ayui
Fecha de Publicación: 19/08/2010
Fuente: Máxima On Line
Provincia/Región: Corrientes
A fin de maximizar la producción de arroz, construirán una represa que hará desparecer 55 kilómetros de costa y numerosas especies autóctonas.
Guillermo Cardozzo, coordinador de la fundación Reserva del Iberá, dio más detalles a RADIO MÁXIMA sobre el proyecto arrocero que amenaza la biodiversidad del arroyo Ayui. “Esto es el icono del capitalismo, unos pocos toman mucho”, expresó.
El proyecto pretende inundar 8.000 hectáreas para plantar arroz y soja. Los ríos en Argentina son un bien público, y esta sería la primera vez que una empresa se adueña de un río, en beneficio propio.
Este emprendimiento arrocero pertenece al vicepresidente del Grupo Clarín, José Aranda, y del multimillonario húngaro George Soros.
En diálogo con RADIO MÁXIMA, el coordinador de la fundación Reserva del Iberá, aclaró que de lo que se está en contra no es de la producción, sino “de los medios que se utilizan para maximizar la producción”. Informó que se pretenden cultivar 28 mil hectáreas de arroz, y con esto desaparecerán 55 kilómetros de costa del arroyo Ayui Grande, en Corrientes. Además, desaparecerán especies autóctonas actualmente protegidas por la ley como los bosques nativos, el aguará guazú y el lobito de río.
“Cuando se tocan intereses económicos estas cosas pasan a segundo plano”, lamentó el ambientalista. “Los intereses económicos pueden torcer cualquier cosa”, expresó.
Timerman: "Ayuí no será otra Botnia"
Fecha de Publicación: 19/08/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Corrientes
El canciller Héctor Timerman afirmó que el proyecto de construcción de una represa sobre el arroyo Ayuí, impulsada por el vicepresidente del grupo Clarín, José Antonio Aranda, y el empresario húngaro George Soros, "no se va a convertir en una nueva Botnia porque la Argentina va a denunciar esto". Además, reiteró formalmente al gobernador del Corrientes, Ricardo Colombi, un pedido de información realizado a principios de 2010 por el entonces vicecanciller Vitorio Taccetti, sobre "los antecedentes y la información completa, incluidos los estudios de impacto ambiental" del proyecto. Según Timerman, el pedido de Taccetti "no recibió respuesta".
"Le reitero la solicitud para que usted tenga a bien disponer la remisión a este Ministerio de todos los antecedentes y la información completa del citado proyecto, incluidos los estudios de impacto ambiental llevados a cabo", señalá la misiva.
Taccetti había realizado el pedido el 16 de febrero de 2010.
Según la carta, el objetivo de la información es para que "las autoridades nacionales competentes puedan evaluar oportunamente si dicho proyecto cae en el ámbito de aplicación de los artículos 7 al 13 del Estatuto del Río Uruguay de 1975 y por lo tanto correspondería someter el mismo a la Comisión Administradora del Río Uruguay en el marco del mecanismo de información y consulta previas previsto en el citado acuerdo internacional".
"Hasta tanto no se remita dicha información y no se hayan expedido las autoridades competentes...resulta necesario reiterar la necesidad de que no se proceda a autorizar la realización del proyecto ni el inicio de las obras con el fin de evitar que nuestro país pudiera eventualmente incurrir en responsabilidad internacional frente a la República Oriental del Uruguay por incumplimiento de las disposiciones del Estatuto del Río Uruguay de 1975", finaliza la carta.
Fecha de Publicación: 19/08/2010
Fuente: Máxima On Line
Provincia/Región: Corrientes
A fin de maximizar la producción de arroz, construirán una represa que hará desparecer 55 kilómetros de costa y numerosas especies autóctonas.
Guillermo Cardozzo, coordinador de la fundación Reserva del Iberá, dio más detalles a RADIO MÁXIMA sobre el proyecto arrocero que amenaza la biodiversidad del arroyo Ayui. “Esto es el icono del capitalismo, unos pocos toman mucho”, expresó.
El proyecto pretende inundar 8.000 hectáreas para plantar arroz y soja. Los ríos en Argentina son un bien público, y esta sería la primera vez que una empresa se adueña de un río, en beneficio propio.
Este emprendimiento arrocero pertenece al vicepresidente del Grupo Clarín, José Aranda, y del multimillonario húngaro George Soros.
En diálogo con RADIO MÁXIMA, el coordinador de la fundación Reserva del Iberá, aclaró que de lo que se está en contra no es de la producción, sino “de los medios que se utilizan para maximizar la producción”. Informó que se pretenden cultivar 28 mil hectáreas de arroz, y con esto desaparecerán 55 kilómetros de costa del arroyo Ayui Grande, en Corrientes. Además, desaparecerán especies autóctonas actualmente protegidas por la ley como los bosques nativos, el aguará guazú y el lobito de río.
“Cuando se tocan intereses económicos estas cosas pasan a segundo plano”, lamentó el ambientalista. “Los intereses económicos pueden torcer cualquier cosa”, expresó.
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Timerman: "Ayuí no será otra Botnia"
Fecha de Publicación: 19/08/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Corrientes
El canciller Héctor Timerman afirmó que el proyecto de construcción de una represa sobre el arroyo Ayuí, impulsada por el vicepresidente del grupo Clarín, José Antonio Aranda, y el empresario húngaro George Soros, "no se va a convertir en una nueva Botnia porque la Argentina va a denunciar esto". Además, reiteró formalmente al gobernador del Corrientes, Ricardo Colombi, un pedido de información realizado a principios de 2010 por el entonces vicecanciller Vitorio Taccetti, sobre "los antecedentes y la información completa, incluidos los estudios de impacto ambiental" del proyecto. Según Timerman, el pedido de Taccetti "no recibió respuesta".
"Le reitero la solicitud para que usted tenga a bien disponer la remisión a este Ministerio de todos los antecedentes y la información completa del citado proyecto, incluidos los estudios de impacto ambiental llevados a cabo", señalá la misiva.
Taccetti había realizado el pedido el 16 de febrero de 2010.
Según la carta, el objetivo de la información es para que "las autoridades nacionales competentes puedan evaluar oportunamente si dicho proyecto cae en el ámbito de aplicación de los artículos 7 al 13 del Estatuto del Río Uruguay de 1975 y por lo tanto correspondería someter el mismo a la Comisión Administradora del Río Uruguay en el marco del mecanismo de información y consulta previas previsto en el citado acuerdo internacional".
"Hasta tanto no se remita dicha información y no se hayan expedido las autoridades competentes...resulta necesario reiterar la necesidad de que no se proceda a autorizar la realización del proyecto ni el inicio de las obras con el fin de evitar que nuestro país pudiera eventualmente incurrir en responsabilidad internacional frente a la República Oriental del Uruguay por incumplimiento de las disposiciones del Estatuto del Río Uruguay de 1975", finaliza la carta.
Enarsa y negocios K
Por fuera de la licitación, Enarsa le comprará energía a una empresa K
Fecha de Publicación: 19/08/2010
Fuente: Urgente 24
Provincia/Región: Córdoba
Pese a no haberse presentado a concurso, la empresa Innviron acordó con la estatal la venta de 30 Mw de energía eléctrica producto del tratamiento de residuos. La compañía fue blanco de denuncias que señalan que se la quiere beneficiar con millonarios subsidios gracias a sus vínculos con el Gobierno.
Y finalmente Innviron acordó con Enarsa. La empresa de capitales estadounidenses se había quedado fuera de la licitación para la provisión de energía eléctrica a través del tratamiento de residuos sólidos porque sus vínculos con el kirchnerismo generaron una serie de denuncias.
Sin embargo, y por fuera de la licitación lanzada por la empresa estatal, Innviron acordó con ésta que le venderá 30 megawatts (Mw) de ese origen.
El acuerdo fue firmado este miércoles (18/8) en el Sport Social Club de la ciudad cordobesa de Villa María, según informan los medios locales. Allí se hicieron presentes el jefe comunal, el ultrakirchnerista Eduardo Accastello, el presidente de Enarsa, Exequiel Espinosa, el presidente de Innviron Corporation, Neill Williams y su vice, Jorge Franco.
La energía provendrá de la planta de tratamiento de residuos que construirá Innviron y que costará US$78 millones. La planta tratará 500 toneladas de basura por día con una generación de 30 Mw en el mismo tiempo.
Los vínculos de Innviron con el kirchnerismo vienen por parte de Jorge Franco, que no es otro que el interventor del Partido Justicialista de Santiago del Estero designado por el presidente del partido a nivel nacional, Néstor Kichner. Franco también fue ministro de Gobierno de la provincia de Misiones.
Este lazo generó una serie de denuncias porque se cree que a través de Enarsa se quiere beneficiar a Innviron con millonarios subsidios (ver nota relacionada).
“Procesar 500 toneladas por día tampoco tiene réditos económicos, es ineficiente esta producción de energía. Usted entra a la página de internet de Camessa y va a ver el precio que tiene la energía, los números no cierran. Ese negocio sólo cierra con los subsidios que se entrega Enarsa”, manifestó el concejal de la Coalición Cívica de Río Cuarto Eduardo Scoppa.
Por la polémica levantada, la compañía prefirió no presentarse a concurso. Según el resultado de la apertura de sobres Nº 1 para la 'Provisión de Energía Eléctrica a partir de Fuentes renovables-Residuos Sólidos Urbanos', sólo hubo 2 oferentes: Nova Modena S.A., con un proyecto de generación de 5 Mw y Solresin S.A., con otro de 25 Mw (Ver nota relacionada).
Ahora, y por fuera de ese concurso, Innvirón acordó de forma directa con Enarsa la venta de 30 Mw energía eléctrica. El presidente de Enarsa, Exequiel Espinosa, aclaró que el acuerdo económico no está cerrado todavía, pero que se estima que podría extenderse por 15 años, y destacó que "estamos buscando un tipo de contrato con tiempo suficiente para ser económicamente rentable".
Eso no es todo. Según trascendió, Enarsa aportará la ayuda crediticia necesaria para apoyar la construcción de la planta de tratamiento e incineración.
Urgente24 se contactó en varias oportunidades con Enarsa para obtener más datos, pero en la empresa estatal aseguraron, curiosamente, no tener información oficial para difundir.
Fecha de Publicación: 19/08/2010
Fuente: Urgente 24
Provincia/Región: Córdoba
Pese a no haberse presentado a concurso, la empresa Innviron acordó con la estatal la venta de 30 Mw de energía eléctrica producto del tratamiento de residuos. La compañía fue blanco de denuncias que señalan que se la quiere beneficiar con millonarios subsidios gracias a sus vínculos con el Gobierno.
Y finalmente Innviron acordó con Enarsa. La empresa de capitales estadounidenses se había quedado fuera de la licitación para la provisión de energía eléctrica a través del tratamiento de residuos sólidos porque sus vínculos con el kirchnerismo generaron una serie de denuncias.
Sin embargo, y por fuera de la licitación lanzada por la empresa estatal, Innviron acordó con ésta que le venderá 30 megawatts (Mw) de ese origen.
El acuerdo fue firmado este miércoles (18/8) en el Sport Social Club de la ciudad cordobesa de Villa María, según informan los medios locales. Allí se hicieron presentes el jefe comunal, el ultrakirchnerista Eduardo Accastello, el presidente de Enarsa, Exequiel Espinosa, el presidente de Innviron Corporation, Neill Williams y su vice, Jorge Franco.
La energía provendrá de la planta de tratamiento de residuos que construirá Innviron y que costará US$78 millones. La planta tratará 500 toneladas de basura por día con una generación de 30 Mw en el mismo tiempo.
Los vínculos de Innviron con el kirchnerismo vienen por parte de Jorge Franco, que no es otro que el interventor del Partido Justicialista de Santiago del Estero designado por el presidente del partido a nivel nacional, Néstor Kichner. Franco también fue ministro de Gobierno de la provincia de Misiones.
Este lazo generó una serie de denuncias porque se cree que a través de Enarsa se quiere beneficiar a Innviron con millonarios subsidios (ver nota relacionada).
“Procesar 500 toneladas por día tampoco tiene réditos económicos, es ineficiente esta producción de energía. Usted entra a la página de internet de Camessa y va a ver el precio que tiene la energía, los números no cierran. Ese negocio sólo cierra con los subsidios que se entrega Enarsa”, manifestó el concejal de la Coalición Cívica de Río Cuarto Eduardo Scoppa.
Por la polémica levantada, la compañía prefirió no presentarse a concurso. Según el resultado de la apertura de sobres Nº 1 para la 'Provisión de Energía Eléctrica a partir de Fuentes renovables-Residuos Sólidos Urbanos', sólo hubo 2 oferentes: Nova Modena S.A., con un proyecto de generación de 5 Mw y Solresin S.A., con otro de 25 Mw (Ver nota relacionada).
Ahora, y por fuera de ese concurso, Innvirón acordó de forma directa con Enarsa la venta de 30 Mw energía eléctrica. El presidente de Enarsa, Exequiel Espinosa, aclaró que el acuerdo económico no está cerrado todavía, pero que se estima que podría extenderse por 15 años, y destacó que "estamos buscando un tipo de contrato con tiempo suficiente para ser económicamente rentable".
Eso no es todo. Según trascendió, Enarsa aportará la ayuda crediticia necesaria para apoyar la construcción de la planta de tratamiento e incineración.
Urgente24 se contactó en varias oportunidades con Enarsa para obtener más datos, pero en la empresa estatal aseguraron, curiosamente, no tener información oficial para difundir.
Otra mortandad en el lago de Río Hondo
Una nueva gran mortandad de peces golpea al lago de Río Hondo
Fecha de Publicación: 18/08/2010
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero
Esta vez fue localizada en el extremo sudoeste del lago. Miembros del Comité de Cuenca realizarán hoy una inspección en la zona.
Casi una semana después de haberse producido la mayor mortandad de peces registrada en el embalse de Río Hondo en los últimos años, producto de la contaminación de las industrias tucumanas, ayer volvieron a aparecer miles de ejemplares sin vida o agonizantes en el lado sudoeste del lago.
El secretario del Agua de Santiago del Estero, Ing. Abel Tévez, se lamentó por el hallazgo de una gran cantidad de peces de distintas especies en la orilla que da a Villa Río Hondo, del lado opuesto al lugar donde habían aparecido hace algunos días cardúmenes enteros afectados por la falta de oxígeno en el agua.
Si bien era previsible la presencia de más peces muertos en el embalse, por lo menos hasta octubre, nadie esperaba que la contaminación volviera a provocar tan rápidamente un nuevo golpe a este ecosistema.
Por esta razón, técnicos tucumanos y santiagueños, enviados por el Comité de Cuenca Salí-Dulce, realizarán hoy un monitoreo en el lugar y estarán acompañados por el defensor del Pueblo de Santiago del Estero, Dr. Martín Díaz Achával, quien junto con el fiscal de Estado de esta provincia, Dr. Raúl Abate, está recopilando elementos para la presentación de una amparo ante la Justicia Federal, con el propósito de poner freno a los derrames industriales de líquidos sin tratamiento a los ríos tributarios de la cuenca.
Tévez informó a EL LIBERAL que el hallazgo se produjo durante uno de los recorridos que se hacen de manera permanente en el embalse y en su cuenca desde que se dio la primera mortandad masiva de ejemplares de la fauna ictícola.
De acuerdo con el panorama encontrado, los técnicos suponen que nuevamente los peces murieron por anoxia, debido a la falta de oxígeno en el agua, provocada por la proliferación de algas que se reproducen en gran cantidad como consecuencia de los derrames de vinaza, por parte de industrias azucareras de Tucumán, y que actúa como fertilizante.
Fecha de Publicación: 18/08/2010
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero
Esta vez fue localizada en el extremo sudoeste del lago. Miembros del Comité de Cuenca realizarán hoy una inspección en la zona.
Casi una semana después de haberse producido la mayor mortandad de peces registrada en el embalse de Río Hondo en los últimos años, producto de la contaminación de las industrias tucumanas, ayer volvieron a aparecer miles de ejemplares sin vida o agonizantes en el lado sudoeste del lago.
El secretario del Agua de Santiago del Estero, Ing. Abel Tévez, se lamentó por el hallazgo de una gran cantidad de peces de distintas especies en la orilla que da a Villa Río Hondo, del lado opuesto al lugar donde habían aparecido hace algunos días cardúmenes enteros afectados por la falta de oxígeno en el agua.
Si bien era previsible la presencia de más peces muertos en el embalse, por lo menos hasta octubre, nadie esperaba que la contaminación volviera a provocar tan rápidamente un nuevo golpe a este ecosistema.
Por esta razón, técnicos tucumanos y santiagueños, enviados por el Comité de Cuenca Salí-Dulce, realizarán hoy un monitoreo en el lugar y estarán acompañados por el defensor del Pueblo de Santiago del Estero, Dr. Martín Díaz Achával, quien junto con el fiscal de Estado de esta provincia, Dr. Raúl Abate, está recopilando elementos para la presentación de una amparo ante la Justicia Federal, con el propósito de poner freno a los derrames industriales de líquidos sin tratamiento a los ríos tributarios de la cuenca.
Tévez informó a EL LIBERAL que el hallazgo se produjo durante uno de los recorridos que se hacen de manera permanente en el embalse y en su cuenca desde que se dio la primera mortandad masiva de ejemplares de la fauna ictícola.
De acuerdo con el panorama encontrado, los técnicos suponen que nuevamente los peces murieron por anoxia, debido a la falta de oxígeno en el agua, provocada por la proliferación de algas que se reproducen en gran cantidad como consecuencia de los derrames de vinaza, por parte de industrias azucareras de Tucumán, y que actúa como fertilizante.
Confirmado científicamente: glifosato mortal
“Deformaciones similares a las de embriones humanos”
Fecha de Publicación: 17/08/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El glifosato produce malformaciones en embriones anfibios y sus efectos alertan sobre las consecuencias en humanos. Una revista científica acaba de publicar el trabajo del argentino Andrés Carrasco, que estudió el efecto del agroquímico.el argentino Andrés Carrasco sobre el glifosato.
“Concentraciones ínfimas de glifosato, respecto de las usadas en agricultura, son capaces de producir efectos negativos en la morfología del embrión (anfibio), interfiriendo mecanismos normales del desarrollo embrionario”, alertó en abril de 2009 el jefe del Laboratorio de Embriología Molecular de la UBA e investigador principal del Conicet, Andrés Carrasco. Fue la primera vez que un estudio de laboratorio de Argentina confirmaba el efecto perjudicial del agroquímico pilar del modelo de agronegocios. Luego del anuncio, Carrasco fue blanco de una campaña de desprestigio por parte de las empresas del sector, medios de comunicación y funcionarios. Aunque el científico aclaró que se trataba de un avance de investigación, el principal cuestionamiento fue la falta de publicación en una revista científica, que –según los sostenedores de los agronegocios y buena parte del mundo académico– sería lo que otorga validez al saber científico. Un año y medio después de aquella alerta, el lunes último, la revista estadounidense Chemical Research in Toxicology (Investigación Química en Toxicología) publicó la investigación de Carrasco, donde se confirma que el glifosato produce múltiples malformaciones y, con análisis científicos como prueba, advierte: “Los resultados comprobados en laboratorio son compatibles con malformaciones observadas en humanos expuestos a glifosato durante el embarazo”.
El Laboratorio de Embriología Molecular cuenta con veinte años de trabajo en investigaciones académicas, funciona en el ámbito de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y es un espacio de referencia nacional en el estudio científico, conformado por doctores en bioquímica, genética y biología. Durante 30 meses estudió el efecto del glifosato en embriones anfibios y de pollos. “Herbicidas basados en glifosato producen efectos teratogénicos en vertebrados interfiriendo en el metabolismo del ácido retinoico”, es el título de la investigación, que confirma deformidades producidas por el agroquímico en concentraciones de hasta 5000 veces menos que el producto comercial (500 veces menos de las utilizadas en agricultura).
Las diez páginas de la revista científica están plagadas de términos técnicos que, de distinto modo, dan cuenta del efecto negativo del agroquímico: microftalmia (ojos más pequeños de lo normal), microcefalia (cabezas pequeñas y deformadas), ciclopía (un sólo ojo, en el medio del rostro, malformación conocida en clínica médica), malformaciones craneofaciales (deformación de cartílagos faciales y craneales) y acortamiento del tronco embrionario. Y no descarta que, en etapas posteriores, se confirmen malformaciones cardíacas.
“Los embriones más gravemente afectados carecen de ojos y fosas nasales (...) El glifosato interfiere con mecanismos esenciales del desarrollo temprano conduciendo a malformaciones congénitas”, explica la investigación, publicada en la revista científica Investigación Química en Toxicología (Chemical Research in Toxicology), de la Sociedad Americana de Química (ACS, por sus siglas en inglés, entidad con sede en Estados Unidos, que cuenta con más de 160.000 miembros y es una sociedad científica referente a nivel mundial).
Argentina cuenta en la actualidad con 19 millones de hectáreas de soja transgénica, el 56 por ciento de la superficie cultivada del país, y 190 millones de litros de glifosato, donde la marca comercial más famosa es el Roundup, de la compañía Monsanto, que comercializa la semilla de soja resistente al agroquímico. También producen glifosato las empresas Syngenta, Atanor, Dupont y Bayer, entre otras. El químico se utiliza en la producción de arroz, donde también acumula denuncias por sus efectos sanitarios.
El agroquímico tiene la propiedad de permanecer extensos períodos en el ambiente y viajar largas distancias arrastrado por el viento y el agua. Se rocía (vía aérea o terrestre) sobre los campos. Lo único que crece en la tierra rociada es soja transgénica, el resto de los vegetales absorbe el veneno y muere en pocos días. La publicidad de las empresas clasifica al glifosato como inofensivo para al hombre.
“El efecto (del glifosato) sobre embriones abre la preocupación acerca de los casos de malformaciones en humanos observados en poblaciones expuestas en zonas agrícolas”, remarca la revista científica y explica: “Debido a defectos craneofaciales observados en seres humanos de zonas agrícolas decidimos explorar si los genes implicados en el desarrollo de la cabeza son alterados con el agroquímicos. Confirmamos que tanto la marca comercial como el glifosato puro producen defectos cefálicos”.
Los resultados experimentales se realizaron en embriones anfibios y de pollos, modelos tradicionales de estudio en embriología cuando se investigan trastornos en el desarrollo de vertebrados. “Debido a la conservación de los mecanismos que regulan el desarrollo embrionario de los vertebrados, los resultados de ambos modelos (anfibios y pollos) son equivalentes con lo que sucedería con el desarrollo del embrión humano”, explica el profesor de embriología de la UBA e investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).
La revista científica señala que se avanzó en un hecho inédito, de particular interés para el ámbito científico, que es vincular las malformaciones con la incidencia del glifosato en el aumento del ácido retinoico (derivado de la vitamina A, normal en todos los vertebrados y esencial para la regulación correcta de los genes involucrados en la vida embrionaria). “Pequeñas variaciones de ácido retinoico producen malformaciones. Nuestro trabajo es la primera evidencia de que las malformaciones producidas por el glifosato se asocian con el ácido retinoico”, explicó Carrasco a Página/12.
Luego de detallar hasta el extremo las formas de cómo se realizaron los análisis, la investigación problematiza los aspectos macro de la problemática argentina: “El modelo agrícola basado en el paquete tecnológico de OMG (Organismos Genéticamente Modificados) en la actualidad se aplica sin evaluación crítica, sin normas rigurosas y sin información adecuada acerca del impacto de las dosis subletales sobre la salud humana y el medio ambiente”.
La investigación –que lleva la firma de todo el equipo científico de Carrasco– recuerda que en la última década varios países de América latina iniciaron estudios sobre las consecuencias ambientales del uso de herbicidas y pesticidas y destaca que en Paraguay un estudio epidemiológico en mujeres expuestas durante el embarazo a los herbicidas confirmó 52 casos de malformaciones.
También remarca que Argentina cuenta con antecedentes que debieran haber llamado la atención de los organismos de control. Destaca el aumento en la incidencia de malformaciones congénitas informado desde hace cinco años por el bioquímico y jefe del Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad Nacional del Nordeste, Horacio Lucero, y la situación del barrio cordobés Ituzaingó Anexo (rodeado de soja y donde se detectaron casos de malformaciones y repetidos abortos espontáneos).
“Estos hallazgos se concentran en familias que viven a escasos metros de donde regularmente se rocían los herbicidas. Toda esta información es extremadamente preocupante por riesgo de inducir alteraciones en la gestación humana”, confirma la publicación internacional, recuerda que la literatura científica ya comprobó que los factores ambientales inciden durante el embarazado y, sobre todo, remarca que “la placenta humana ha demostrado ser permeable al glifosato”.
El trabajo del Laboratorio de Embriología de la UBA hace especial hincapié en el “principio precautorio”, legislado en la Ley Nacional del Ambiente, que insta a tomar medidas protectoras toda vez que existan posibilidades de perjuicio ambiental y sanitario. La investigación de Carrasco, que aporta nuevos elementos de prueba, cuestiona que “a pesar de todas las pruebas reportadas en la literatura científica y las observaciones clínicas en el campo, no se ha activado el principio de precaución con el fin de darse cuenta de la profundidad del impacto sobre la salud humana producida por herbicidas en la agricultura basados en OGM”.
Andrés Carrasco insistió en que su publicación científica es, junto a otros estudios ya realizados, “un alerta que reclama la aplicación del principio precautorio en todo el país” y adelantó a Página/12 que puso su investigación a disposición de las autoridades del Conicet y de los ministros de Salud (Juan Manzur) y Ciencia (Lino Barañao). “Esta investigación, junto con otras ya existentes, deben invitar de forma urgente a un debate abierto a la sociedad con las máximas autoridades –-reclamó–. Es necesario terminar con el silencio, ya que la peor de las situaciones es la negación de lo que está sucediendo en las poblaciones sometidas al impacto de los agroquímicos.”
Censura y presiones
Desde que difundió el avance de su investigación, en abril de 2009, la vida del docente de la UBA e investigador de la UBA Andrés Carrasco dio un vuelco. Abogados de la Cámara de Fertilizantes (Casafe) irrumpieron en su laboratorio y amenazaron a sus colaboradores. Le siguieron amenazas telefónicas, campañas mediáticas de desprestigio (llegaron a afirmar que su investigación no existía) y censura en la Feria del Libro. Reconoció presiones desde el Conicet y, la última semana, un grupo de choque frustró una charla que iba a dar en el Chaco. La legislatura provincial y Amnistía Internacional repudiaron el hecho.
La Leonesa es una localidad de diez mil habitantes a 60 kilómetros de Resistencia. Desde hace siete años denuncian el efecto sanitario de los agroquímicos utilizados en plantaciones de arroz. Apuntan al glifosato, endosulfan, metamidofos, picloran y clopirifos, entre otros químicos usados también en los cultivos de soja. En abril pasado, estadísticas oficiales del gobierno del Chaco confirmaron lo temido: en sólo una década, los casos de cáncer en niños se triplicaron y las malformaciones en recién nacidos aumentaron 400 por ciento.
Carrasco fue invitado por las familias afectadas a dar una charla en la Escuela 35 sobre su investigación, pero una patota golpeó y amenazó a los asistentes. Carrasco y el jefe del Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad Nacional del Nordeste, Raúl Horacio Lucero, fueron amenazados, privados de su libertad durante y muy cerca de ser golpeados.
Los agresores se identificaron como trabajadores arroceros y empleados municipales. Y, según los testigos, obedecían las órdenes del intendente José Carbajal y su esposa, la diputada provincial Elda Insaurralde. Entre la decena de golpeados estuvieron el ex subsecretario de Derechos Humanos Marcelo Salgado y el diputado de Libres del Sur Carlos Martínez.
“Fuimos amenazados, golpeados, pateados, insultados, descalificados como ciudadanos y personas. Nos dijeron ‘cuiden a sus hijos’, ‘conocemos dónde viven’, ‘sabemos a qué escuela van tus hijos’. Responsabilizamos al gobierno provincial de cualquier hecho que pueda sucederle a nuestras familias”, advirtieron en una carta abierta los vecinos de Las Palmas y La Leonesa. EL gremio docente Utre-Ctera también denunció que trabajadores de la educación, que apoyan las denuncias de los vecinos contra las fumigaciones, fueron atacados y amenazados días posteriores a la frustrada charla.
La legislatura del Chaco repudió el hecho y votó una resolución (con 23 votos a favor y 7 en contra) para que la Comisión de Asuntos Constitucionales excluya de la cámara a la diputada Insaurralde. La acusan de “conducta indigna” por haber participado activamente en la agresión a los vecinos y a los científicos Carrasco y Lucero.
La ONG de derechos humanos Amnistía Internacional lanzó una campaña urgente donde insta al Gobierno a que “actúe sin demora para garantizar la seguridad de las personas que residen en La Leonesa y en las comunidades vecinas”. También solicitó a las autoridades locales proteger el derecho a la libertad de información y expresión “para que las comunidades que viven en zonas agroindustriales puedan buscar, recibir y divulgar información sobre los posibles efectos de los agroquímicos”.
Carrasco y Lucero recibieron la solidaridad de una veintena de organizaciones sociales y académicos. El Grupo de Gestión de Políticas de Estado en Ciencia y Tecnología es un colectivo de profesionales que problematiza la lógica productivista de la ciencia actual y divulga información. Participan más de 1600 profesionales de 90 instituciones educativas, científicas y de investigación.
“Expresamos nuestro repudio por los hechos de violencia del Chaco. Sería importante que se expidieran el Conicet, al cual pertenece el doctor Carrasco, así como las universidades”, reclamó la organización y recordó que Carrasco había sido censurado en la última Feria del Libro, donde no se le permitió dar una charla sobre las consecuencias de los agroquímicos.
Carrasco fue presidente del Conicet y es uno de los científicos más importante del país. En 1984 descubrió los genes reguladores del desarrollo embrionario (“genes Hox”), que le significó reconocimiento a nivel mundial y artículos en las revistas científicas Cell y Nature, dos de las publicaciones más prestigiosas del ámbito académico mundial.
Al momento de divulgar los avances de investigación, en abril de 2009, Carrasco ganó enemigos. “Las empresas del agro, los medios de comunicación, el mundo científico y la dirigencia política son hipócritas con las consecuencias de los agrotóxicos”, denunció en ese momento, explicó que “el modelo agrícola utiliza numerosos agroquímicos de los cuales no se realizan estudios” y remarcó que su trabajo no descubría algo nuevo, sino que confirmaba lo que otros investigadores había alertado. Citaba a Gilles-Eric Seralini (Universidad de Caen, Francia), Robert Belle (director de la Estación Biológica del Centro Nacional de Investigación Social de Roscoff, Francia) y Rick Relyea (Universidad de Pittsburg, Estados Unidos).
Le siguieron amenazas telefónicas y presiones del ámbito científico.
En un hecho inédito para el ámbito científico de Argentina, más de 300 investigadores nacionales y extranjeros, decanos de facultades nacionales, organizaciones sociales y referentes de los derechos humanos lanzaron una carta pública llamada “Voces de alerta”, donde explicitaron su apoyo a Carrasco y apuntaron a la cuestión de fondo: “El discurso de políticos, funcionarios, comunicadores y mediadores contratados por las corporaciones económicas producen, a manera de discurso único, el canto de sirena del ‘desarrollo sustentable’ del modelo sojero y la ‘minería responsable’ como factor de transformación. Ese discurso hegemónico es legitimado por actores universitarios y científicos pagados por las transnacionales en un sistema público que ha sido desapropiado”.
Las denuncias de campesinos
Familias que viven lindantes a campos con soja, organizaciones sociales y movimientos campesinos denuncian el efecto sanitario de los agroquímicos desde hace una década. La gran mayoría de las veces son desoídos por la Justicia, que suele esgrimir la ausencia de estudios científicos que acrediten las denuncias. “El caso Carrasco”, como se llama desde hace un año a la irrupción del científico de la UBA y el Conicet en el debate, aportó pruebas de los efectos sanitarios. La Justicia de Santa Fe dio un paso inédito en diciembre pasado: dejó firme una sentencia que prohíbe las fumigaciones con glifosato en cercanías de la ciudad de San Jorge. El fallo, que ordena a la Universidad Nacional del Litoral realizar urgentes estudios, cita la investigación de Carrasco como un antecedente a tener en cuenta.
San Jorge es una localidad ubicada en pleno corazón del monocultivo de soja. Los vecinos denunciaban desde hacía años el accionar de los agroquímicos, que les provocaba alergias, intoxicaciones y problemas respiratorios. En marzo de 2009, la Justicia prohibió las fumigaciones. La medida fue apelada, pero la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial (Sala II) dejó firme la sentencia.
También ordenó que el gobierno de Santa Fe y la Universidad Nacional del Litoral (UNL) demuestren, en el lapso de seis meses, que los agroquímicos no son perjudiciales para la salud. De esta manera, por primera vez, se invirtió la carga de la prueba: era una regla que los intoxicados tuvieran que demostrar las afecciones en la salud, pero ahora serán los impulsores del modelo de agronegocios quienes tendrán que demostrar la inocuidad de los químicos.
Los jueces también marcaron jurisprudencia al invocar el principio precautorio. Ante la posibilidad de perjuicio ambiental irremediable, es necesario tomar medidas protectoras. La Justicia también fue innovadora en otro sentido: revaloriza los testimonios de los afectados –muchas veces minimizados por los jueces–, resalta la importancia de los médicos de pueblos (testigos cotidianos en la atención de intoxicados) y precisa los nombres del médico pediatra Rodolfo Páramo (de Santa Fe), el médico rural Darío Gianfelici (Entre Ríos), el bioquímico Raúl Horacio Lucero (Chaco) y el médico pediatra Hugo Gómez Demaio (Misiones).
El fallo resalta las investigaciones de Argelia Lenardón (UNL), que estudió la existencia de agroquímicos organoclorados en leche materna en mujeres de Santa Fe; Amalia Dellamea (UBA), que confirmó la presencia de plaguicidas en productos lácteos; Alejandro Oliva (Hospital Italiano de Rosario), que estudió los impactos de agroquímicos en las funciones reproductivas; Jorge Kaczewer (UBA) que recopiló trabajos sobre el tema y cita el avance de investigación de Andrés Carrasco.
Con el trabajo ya publicado, Carrasco anunció que pone su investigación a disposición de fiscales y jueces para que sea tomada como elemento de prueba en las crecientes denuncias por los efectos negativos de los agroquímicos.
Fecha de Publicación: 17/08/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El glifosato produce malformaciones en embriones anfibios y sus efectos alertan sobre las consecuencias en humanos. Una revista científica acaba de publicar el trabajo del argentino Andrés Carrasco, que estudió el efecto del agroquímico.el argentino Andrés Carrasco sobre el glifosato.
“Concentraciones ínfimas de glifosato, respecto de las usadas en agricultura, son capaces de producir efectos negativos en la morfología del embrión (anfibio), interfiriendo mecanismos normales del desarrollo embrionario”, alertó en abril de 2009 el jefe del Laboratorio de Embriología Molecular de la UBA e investigador principal del Conicet, Andrés Carrasco. Fue la primera vez que un estudio de laboratorio de Argentina confirmaba el efecto perjudicial del agroquímico pilar del modelo de agronegocios. Luego del anuncio, Carrasco fue blanco de una campaña de desprestigio por parte de las empresas del sector, medios de comunicación y funcionarios. Aunque el científico aclaró que se trataba de un avance de investigación, el principal cuestionamiento fue la falta de publicación en una revista científica, que –según los sostenedores de los agronegocios y buena parte del mundo académico– sería lo que otorga validez al saber científico. Un año y medio después de aquella alerta, el lunes último, la revista estadounidense Chemical Research in Toxicology (Investigación Química en Toxicología) publicó la investigación de Carrasco, donde se confirma que el glifosato produce múltiples malformaciones y, con análisis científicos como prueba, advierte: “Los resultados comprobados en laboratorio son compatibles con malformaciones observadas en humanos expuestos a glifosato durante el embarazo”.
El Laboratorio de Embriología Molecular cuenta con veinte años de trabajo en investigaciones académicas, funciona en el ámbito de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y es un espacio de referencia nacional en el estudio científico, conformado por doctores en bioquímica, genética y biología. Durante 30 meses estudió el efecto del glifosato en embriones anfibios y de pollos. “Herbicidas basados en glifosato producen efectos teratogénicos en vertebrados interfiriendo en el metabolismo del ácido retinoico”, es el título de la investigación, que confirma deformidades producidas por el agroquímico en concentraciones de hasta 5000 veces menos que el producto comercial (500 veces menos de las utilizadas en agricultura).
Las diez páginas de la revista científica están plagadas de términos técnicos que, de distinto modo, dan cuenta del efecto negativo del agroquímico: microftalmia (ojos más pequeños de lo normal), microcefalia (cabezas pequeñas y deformadas), ciclopía (un sólo ojo, en el medio del rostro, malformación conocida en clínica médica), malformaciones craneofaciales (deformación de cartílagos faciales y craneales) y acortamiento del tronco embrionario. Y no descarta que, en etapas posteriores, se confirmen malformaciones cardíacas.
“Los embriones más gravemente afectados carecen de ojos y fosas nasales (...) El glifosato interfiere con mecanismos esenciales del desarrollo temprano conduciendo a malformaciones congénitas”, explica la investigación, publicada en la revista científica Investigación Química en Toxicología (Chemical Research in Toxicology), de la Sociedad Americana de Química (ACS, por sus siglas en inglés, entidad con sede en Estados Unidos, que cuenta con más de 160.000 miembros y es una sociedad científica referente a nivel mundial).
Argentina cuenta en la actualidad con 19 millones de hectáreas de soja transgénica, el 56 por ciento de la superficie cultivada del país, y 190 millones de litros de glifosato, donde la marca comercial más famosa es el Roundup, de la compañía Monsanto, que comercializa la semilla de soja resistente al agroquímico. También producen glifosato las empresas Syngenta, Atanor, Dupont y Bayer, entre otras. El químico se utiliza en la producción de arroz, donde también acumula denuncias por sus efectos sanitarios.
El agroquímico tiene la propiedad de permanecer extensos períodos en el ambiente y viajar largas distancias arrastrado por el viento y el agua. Se rocía (vía aérea o terrestre) sobre los campos. Lo único que crece en la tierra rociada es soja transgénica, el resto de los vegetales absorbe el veneno y muere en pocos días. La publicidad de las empresas clasifica al glifosato como inofensivo para al hombre.
“El efecto (del glifosato) sobre embriones abre la preocupación acerca de los casos de malformaciones en humanos observados en poblaciones expuestas en zonas agrícolas”, remarca la revista científica y explica: “Debido a defectos craneofaciales observados en seres humanos de zonas agrícolas decidimos explorar si los genes implicados en el desarrollo de la cabeza son alterados con el agroquímicos. Confirmamos que tanto la marca comercial como el glifosato puro producen defectos cefálicos”.
Los resultados experimentales se realizaron en embriones anfibios y de pollos, modelos tradicionales de estudio en embriología cuando se investigan trastornos en el desarrollo de vertebrados. “Debido a la conservación de los mecanismos que regulan el desarrollo embrionario de los vertebrados, los resultados de ambos modelos (anfibios y pollos) son equivalentes con lo que sucedería con el desarrollo del embrión humano”, explica el profesor de embriología de la UBA e investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).
La revista científica señala que se avanzó en un hecho inédito, de particular interés para el ámbito científico, que es vincular las malformaciones con la incidencia del glifosato en el aumento del ácido retinoico (derivado de la vitamina A, normal en todos los vertebrados y esencial para la regulación correcta de los genes involucrados en la vida embrionaria). “Pequeñas variaciones de ácido retinoico producen malformaciones. Nuestro trabajo es la primera evidencia de que las malformaciones producidas por el glifosato se asocian con el ácido retinoico”, explicó Carrasco a Página/12.
Luego de detallar hasta el extremo las formas de cómo se realizaron los análisis, la investigación problematiza los aspectos macro de la problemática argentina: “El modelo agrícola basado en el paquete tecnológico de OMG (Organismos Genéticamente Modificados) en la actualidad se aplica sin evaluación crítica, sin normas rigurosas y sin información adecuada acerca del impacto de las dosis subletales sobre la salud humana y el medio ambiente”.
La investigación –que lleva la firma de todo el equipo científico de Carrasco– recuerda que en la última década varios países de América latina iniciaron estudios sobre las consecuencias ambientales del uso de herbicidas y pesticidas y destaca que en Paraguay un estudio epidemiológico en mujeres expuestas durante el embarazo a los herbicidas confirmó 52 casos de malformaciones.
También remarca que Argentina cuenta con antecedentes que debieran haber llamado la atención de los organismos de control. Destaca el aumento en la incidencia de malformaciones congénitas informado desde hace cinco años por el bioquímico y jefe del Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad Nacional del Nordeste, Horacio Lucero, y la situación del barrio cordobés Ituzaingó Anexo (rodeado de soja y donde se detectaron casos de malformaciones y repetidos abortos espontáneos).
“Estos hallazgos se concentran en familias que viven a escasos metros de donde regularmente se rocían los herbicidas. Toda esta información es extremadamente preocupante por riesgo de inducir alteraciones en la gestación humana”, confirma la publicación internacional, recuerda que la literatura científica ya comprobó que los factores ambientales inciden durante el embarazado y, sobre todo, remarca que “la placenta humana ha demostrado ser permeable al glifosato”.
El trabajo del Laboratorio de Embriología de la UBA hace especial hincapié en el “principio precautorio”, legislado en la Ley Nacional del Ambiente, que insta a tomar medidas protectoras toda vez que existan posibilidades de perjuicio ambiental y sanitario. La investigación de Carrasco, que aporta nuevos elementos de prueba, cuestiona que “a pesar de todas las pruebas reportadas en la literatura científica y las observaciones clínicas en el campo, no se ha activado el principio de precaución con el fin de darse cuenta de la profundidad del impacto sobre la salud humana producida por herbicidas en la agricultura basados en OGM”.
Andrés Carrasco insistió en que su publicación científica es, junto a otros estudios ya realizados, “un alerta que reclama la aplicación del principio precautorio en todo el país” y adelantó a Página/12 que puso su investigación a disposición de las autoridades del Conicet y de los ministros de Salud (Juan Manzur) y Ciencia (Lino Barañao). “Esta investigación, junto con otras ya existentes, deben invitar de forma urgente a un debate abierto a la sociedad con las máximas autoridades –-reclamó–. Es necesario terminar con el silencio, ya que la peor de las situaciones es la negación de lo que está sucediendo en las poblaciones sometidas al impacto de los agroquímicos.”
Censura y presiones
Desde que difundió el avance de su investigación, en abril de 2009, la vida del docente de la UBA e investigador de la UBA Andrés Carrasco dio un vuelco. Abogados de la Cámara de Fertilizantes (Casafe) irrumpieron en su laboratorio y amenazaron a sus colaboradores. Le siguieron amenazas telefónicas, campañas mediáticas de desprestigio (llegaron a afirmar que su investigación no existía) y censura en la Feria del Libro. Reconoció presiones desde el Conicet y, la última semana, un grupo de choque frustró una charla que iba a dar en el Chaco. La legislatura provincial y Amnistía Internacional repudiaron el hecho.
La Leonesa es una localidad de diez mil habitantes a 60 kilómetros de Resistencia. Desde hace siete años denuncian el efecto sanitario de los agroquímicos utilizados en plantaciones de arroz. Apuntan al glifosato, endosulfan, metamidofos, picloran y clopirifos, entre otros químicos usados también en los cultivos de soja. En abril pasado, estadísticas oficiales del gobierno del Chaco confirmaron lo temido: en sólo una década, los casos de cáncer en niños se triplicaron y las malformaciones en recién nacidos aumentaron 400 por ciento.
Carrasco fue invitado por las familias afectadas a dar una charla en la Escuela 35 sobre su investigación, pero una patota golpeó y amenazó a los asistentes. Carrasco y el jefe del Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad Nacional del Nordeste, Raúl Horacio Lucero, fueron amenazados, privados de su libertad durante y muy cerca de ser golpeados.
Los agresores se identificaron como trabajadores arroceros y empleados municipales. Y, según los testigos, obedecían las órdenes del intendente José Carbajal y su esposa, la diputada provincial Elda Insaurralde. Entre la decena de golpeados estuvieron el ex subsecretario de Derechos Humanos Marcelo Salgado y el diputado de Libres del Sur Carlos Martínez.
“Fuimos amenazados, golpeados, pateados, insultados, descalificados como ciudadanos y personas. Nos dijeron ‘cuiden a sus hijos’, ‘conocemos dónde viven’, ‘sabemos a qué escuela van tus hijos’. Responsabilizamos al gobierno provincial de cualquier hecho que pueda sucederle a nuestras familias”, advirtieron en una carta abierta los vecinos de Las Palmas y La Leonesa. EL gremio docente Utre-Ctera también denunció que trabajadores de la educación, que apoyan las denuncias de los vecinos contra las fumigaciones, fueron atacados y amenazados días posteriores a la frustrada charla.
La legislatura del Chaco repudió el hecho y votó una resolución (con 23 votos a favor y 7 en contra) para que la Comisión de Asuntos Constitucionales excluya de la cámara a la diputada Insaurralde. La acusan de “conducta indigna” por haber participado activamente en la agresión a los vecinos y a los científicos Carrasco y Lucero.
La ONG de derechos humanos Amnistía Internacional lanzó una campaña urgente donde insta al Gobierno a que “actúe sin demora para garantizar la seguridad de las personas que residen en La Leonesa y en las comunidades vecinas”. También solicitó a las autoridades locales proteger el derecho a la libertad de información y expresión “para que las comunidades que viven en zonas agroindustriales puedan buscar, recibir y divulgar información sobre los posibles efectos de los agroquímicos”.
Carrasco y Lucero recibieron la solidaridad de una veintena de organizaciones sociales y académicos. El Grupo de Gestión de Políticas de Estado en Ciencia y Tecnología es un colectivo de profesionales que problematiza la lógica productivista de la ciencia actual y divulga información. Participan más de 1600 profesionales de 90 instituciones educativas, científicas y de investigación.
“Expresamos nuestro repudio por los hechos de violencia del Chaco. Sería importante que se expidieran el Conicet, al cual pertenece el doctor Carrasco, así como las universidades”, reclamó la organización y recordó que Carrasco había sido censurado en la última Feria del Libro, donde no se le permitió dar una charla sobre las consecuencias de los agroquímicos.
Carrasco fue presidente del Conicet y es uno de los científicos más importante del país. En 1984 descubrió los genes reguladores del desarrollo embrionario (“genes Hox”), que le significó reconocimiento a nivel mundial y artículos en las revistas científicas Cell y Nature, dos de las publicaciones más prestigiosas del ámbito académico mundial.
Al momento de divulgar los avances de investigación, en abril de 2009, Carrasco ganó enemigos. “Las empresas del agro, los medios de comunicación, el mundo científico y la dirigencia política son hipócritas con las consecuencias de los agrotóxicos”, denunció en ese momento, explicó que “el modelo agrícola utiliza numerosos agroquímicos de los cuales no se realizan estudios” y remarcó que su trabajo no descubría algo nuevo, sino que confirmaba lo que otros investigadores había alertado. Citaba a Gilles-Eric Seralini (Universidad de Caen, Francia), Robert Belle (director de la Estación Biológica del Centro Nacional de Investigación Social de Roscoff, Francia) y Rick Relyea (Universidad de Pittsburg, Estados Unidos).
Le siguieron amenazas telefónicas y presiones del ámbito científico.
En un hecho inédito para el ámbito científico de Argentina, más de 300 investigadores nacionales y extranjeros, decanos de facultades nacionales, organizaciones sociales y referentes de los derechos humanos lanzaron una carta pública llamada “Voces de alerta”, donde explicitaron su apoyo a Carrasco y apuntaron a la cuestión de fondo: “El discurso de políticos, funcionarios, comunicadores y mediadores contratados por las corporaciones económicas producen, a manera de discurso único, el canto de sirena del ‘desarrollo sustentable’ del modelo sojero y la ‘minería responsable’ como factor de transformación. Ese discurso hegemónico es legitimado por actores universitarios y científicos pagados por las transnacionales en un sistema público que ha sido desapropiado”.
Las denuncias de campesinos
Familias que viven lindantes a campos con soja, organizaciones sociales y movimientos campesinos denuncian el efecto sanitario de los agroquímicos desde hace una década. La gran mayoría de las veces son desoídos por la Justicia, que suele esgrimir la ausencia de estudios científicos que acrediten las denuncias. “El caso Carrasco”, como se llama desde hace un año a la irrupción del científico de la UBA y el Conicet en el debate, aportó pruebas de los efectos sanitarios. La Justicia de Santa Fe dio un paso inédito en diciembre pasado: dejó firme una sentencia que prohíbe las fumigaciones con glifosato en cercanías de la ciudad de San Jorge. El fallo, que ordena a la Universidad Nacional del Litoral realizar urgentes estudios, cita la investigación de Carrasco como un antecedente a tener en cuenta.
San Jorge es una localidad ubicada en pleno corazón del monocultivo de soja. Los vecinos denunciaban desde hacía años el accionar de los agroquímicos, que les provocaba alergias, intoxicaciones y problemas respiratorios. En marzo de 2009, la Justicia prohibió las fumigaciones. La medida fue apelada, pero la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial (Sala II) dejó firme la sentencia.
También ordenó que el gobierno de Santa Fe y la Universidad Nacional del Litoral (UNL) demuestren, en el lapso de seis meses, que los agroquímicos no son perjudiciales para la salud. De esta manera, por primera vez, se invirtió la carga de la prueba: era una regla que los intoxicados tuvieran que demostrar las afecciones en la salud, pero ahora serán los impulsores del modelo de agronegocios quienes tendrán que demostrar la inocuidad de los químicos.
Los jueces también marcaron jurisprudencia al invocar el principio precautorio. Ante la posibilidad de perjuicio ambiental irremediable, es necesario tomar medidas protectoras. La Justicia también fue innovadora en otro sentido: revaloriza los testimonios de los afectados –muchas veces minimizados por los jueces–, resalta la importancia de los médicos de pueblos (testigos cotidianos en la atención de intoxicados) y precisa los nombres del médico pediatra Rodolfo Páramo (de Santa Fe), el médico rural Darío Gianfelici (Entre Ríos), el bioquímico Raúl Horacio Lucero (Chaco) y el médico pediatra Hugo Gómez Demaio (Misiones).
El fallo resalta las investigaciones de Argelia Lenardón (UNL), que estudió la existencia de agroquímicos organoclorados en leche materna en mujeres de Santa Fe; Amalia Dellamea (UBA), que confirmó la presencia de plaguicidas en productos lácteos; Alejandro Oliva (Hospital Italiano de Rosario), que estudió los impactos de agroquímicos en las funciones reproductivas; Jorge Kaczewer (UBA) que recopiló trabajos sobre el tema y cita el avance de investigación de Andrés Carrasco.
Con el trabajo ya publicado, Carrasco anunció que pone su investigación a disposición de fiscales y jueces para que sea tomada como elemento de prueba en las crecientes denuncias por los efectos negativos de los agroquímicos.
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Multas de la Corte por el Riachuelo
Multas de la Corte por el Riachuelo
Fecha de Publicación: 17/08/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
A dos años de la sentencia que dispuso la limpieza de la cuenca Matanza-Riachuelo, la Corte Suprema ha debido volver a pronunciarse, intimando al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad a cumplir con el saneamiento. Nuevamente, entonces, ha quedado en evidencia el rol activo de la Justicia en una cuestión ambiental que afecta a siete millones de personas y la mora de las entidades públicas obligadas a cumplir con la tarea.
Las administraciones públicas de las jurisdicciones implicadas siguen, entonces, presentando reparos y dilatan el acatamiento al fallo, ante lo cual la Corte ha entendido que se registraron “incumplimientos injustificados” y encomendó al juez federal de Quilmes que adopte las medidas necesarias para el inmediato cumplimiento del plan de saneamiento, incluyendo la imposición de multas a los funcionarios.
De este modo, con toda su autoridad, el Máximo Tribunal ratifica la necesidad de que el plan de saneamiento se lleve adelante, revirtiendo las demoras que, además de ilegítimas, agravan el riesgo ambiental.
La desidia y la reticencia de los funcionarios hallan, de esta manera, un límite, aplicándose una pauta de responsabilidad a los órganos públicos por la inobservancia de los mandatos judiciales.
La actitud de la Corte, entonces, resulta apropiada para que se tomen con seriedad las decisiones de la Justicia que se orientan a salvar las omisiones y deficiencias de los poderes administradores que lesionan derechos constitucionales.
De un modo ejemplificador, la Corte ha dispuesto que se multe el incumplimiento injustificado por parte de los funcionarios de la determinación judicial de sanear el Riachuelo.
Fecha de Publicación: 17/08/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
A dos años de la sentencia que dispuso la limpieza de la cuenca Matanza-Riachuelo, la Corte Suprema ha debido volver a pronunciarse, intimando al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad a cumplir con el saneamiento. Nuevamente, entonces, ha quedado en evidencia el rol activo de la Justicia en una cuestión ambiental que afecta a siete millones de personas y la mora de las entidades públicas obligadas a cumplir con la tarea.
Las administraciones públicas de las jurisdicciones implicadas siguen, entonces, presentando reparos y dilatan el acatamiento al fallo, ante lo cual la Corte ha entendido que se registraron “incumplimientos injustificados” y encomendó al juez federal de Quilmes que adopte las medidas necesarias para el inmediato cumplimiento del plan de saneamiento, incluyendo la imposición de multas a los funcionarios.
De este modo, con toda su autoridad, el Máximo Tribunal ratifica la necesidad de que el plan de saneamiento se lleve adelante, revirtiendo las demoras que, además de ilegítimas, agravan el riesgo ambiental.
La desidia y la reticencia de los funcionarios hallan, de esta manera, un límite, aplicándose una pauta de responsabilidad a los órganos públicos por la inobservancia de los mandatos judiciales.
La actitud de la Corte, entonces, resulta apropiada para que se tomen con seriedad las decisiones de la Justicia que se orientan a salvar las omisiones y deficiencias de los poderes administradores que lesionan derechos constitucionales.
De un modo ejemplificador, la Corte ha dispuesto que se multe el incumplimiento injustificado por parte de los funcionarios de la determinación judicial de sanear el Riachuelo.
San Juan lider en energía solar
San Juan será la mayor fuente de energía solar de América Latina
Fecha de Publicación: 16/08/2010
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: San Juan
Con dos plantas que comenzará a construir la empresa Emgasud, la provincia cuyana será la mayor generadora de energía fotovoltaica de la región.
Con las dos plantas de generación de energía solar que comenzará a construir la empresa EMGASUD el mes próximo, la provincia de San Juan se convertirá en la fuente de energía solar fotovoltaica más grande de Latinoamérica, se anunció en Casa de Gobierno provincial.
Las obras, una en Cañada Honda, Sarmiento, a unos 60 kilómetros al sur de esta capital provincial; y la otra en La Chimbera, 25 de Mayo, 15 kilómetros al este de esta ciudad, demandarán una inversión de 125 millones de dólares, en una superficie total de 70 hectáreas, y producirán 20 MW (megas), y se desarrollará con dos tipos de tecnología, fija y móvil.
Con esa producción de 20 MW, corresponden a la energía consumida en 25.000 hogares por día.
La obra demandará una mano de obra de 225 personas.
El anuncio lo formuló hoy en la Casa de Gobierno el gobernador de la provincia, José Luis Gioja.
El mandatario se encontraba acompañado por el ministro de Infraestructura, José Strada; y funcionarios de la empresa EMGASUD, liderados por su presidente, Alejandro Ivanesevich, quien proporcionó los datos técnicos de la obra a realizar.
Ivanesevich señaló que "San Juan fue elegida luego de un minucioso análisis de un año", y que para tal decisión "influyeron no sólo la privilegiada situación geográfica respecto de los rayos solares, sino también el recurso humano".
Por su parte, Gioja expresó: "Estamos orgullosos de que estas plantas generadoras de energía fotovoltaica hayan decidido instalarse en nuestra provincia; en este tema de las energías no tradicionales como la eólica, geotérmica y biomasa, hay mucho por descubrir, y San Juan está inmerso en planes y programas de todas y cada una de ellas".
Fecha de Publicación: 16/08/2010
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: San Juan
Con dos plantas que comenzará a construir la empresa Emgasud, la provincia cuyana será la mayor generadora de energía fotovoltaica de la región.
Con las dos plantas de generación de energía solar que comenzará a construir la empresa EMGASUD el mes próximo, la provincia de San Juan se convertirá en la fuente de energía solar fotovoltaica más grande de Latinoamérica, se anunció en Casa de Gobierno provincial.
Las obras, una en Cañada Honda, Sarmiento, a unos 60 kilómetros al sur de esta capital provincial; y la otra en La Chimbera, 25 de Mayo, 15 kilómetros al este de esta ciudad, demandarán una inversión de 125 millones de dólares, en una superficie total de 70 hectáreas, y producirán 20 MW (megas), y se desarrollará con dos tipos de tecnología, fija y móvil.
Con esa producción de 20 MW, corresponden a la energía consumida en 25.000 hogares por día.
La obra demandará una mano de obra de 225 personas.
El anuncio lo formuló hoy en la Casa de Gobierno el gobernador de la provincia, José Luis Gioja.
El mandatario se encontraba acompañado por el ministro de Infraestructura, José Strada; y funcionarios de la empresa EMGASUD, liderados por su presidente, Alejandro Ivanesevich, quien proporcionó los datos técnicos de la obra a realizar.
Ivanesevich señaló que "San Juan fue elegida luego de un minucioso análisis de un año", y que para tal decisión "influyeron no sólo la privilegiada situación geográfica respecto de los rayos solares, sino también el recurso humano".
Por su parte, Gioja expresó: "Estamos orgullosos de que estas plantas generadoras de energía fotovoltaica hayan decidido instalarse en nuestra provincia; en este tema de las energías no tradicionales como la eólica, geotérmica y biomasa, hay mucho por descubrir, y San Juan está inmerso en planes y programas de todas y cada una de ellas".
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