Comisión de impacto ambiental de las arroceras
10:01 | 
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El gobierno conformará una comisión de impacto ambiental con organizaciones civiles
Fecha de Publicación: 12/02/2010
Fuente: Adventus
Provincia/Región: Chaco
Estará integrada por los Ministerios de Salud y Producción, la APA, Sameep y organizaciones ambientalistas. Tendrá a su cargo ampliar el estudio de impacto de las arroceras “San Carlos SRL” y “Cancha Larga SA” sobre la población de Las Palmas y La Leonesa.
El gobierno provincial creará una comisión integrada por distintas áreas del Estado y organizaciones ambientalistas para ampliar los estudios de impacto ambiental de las arroceras ubicadas en el Departamento Bermejo. Así lo anunció el gobernador Jorge Capitanich tras el encuentro que mantuvo esta mañana con representantes de las organizaciones Carta Abierta y Red de Salud Popular “Miguel Carrillo”.
En la oportunidad, el primer mandatario provincial garantizó además el cumplimiento riguroso de la Ley de Biocidas que regula la actividad, con el objetivo de evitar la contaminación del medio ambiente. A la par, aseguró que se pondrá a disposición de la Justicia toda la información necesaria para llevar a buen puerto la causa federal iniciada al respecto.
Por su parte, Edgardo Pérez de la Comisión Salud y Ambiente “Carta Abierta”, calificó “muy positivo” el encuentro, a la vez que consideró que “el gobierno del Chaco se puso al frente de los reclamos de La Leonesa y Las Palmas para revertir este proceso que tanto daño ocasiona a la población”.
Participaron del encuentro también el ministro de Producción, Enrique Orban; la doctora Ana Lía Otaño de la red “Miguel Carrillo” y “Carta Blanca”, y Hugo Deschuter de la comisión Salud y Ambiente de la organización “Carta Blanca”.
Fecha de Publicación: 12/02/2010
Fuente: Adventus
Provincia/Región: Chaco
Estará integrada por los Ministerios de Salud y Producción, la APA, Sameep y organizaciones ambientalistas. Tendrá a su cargo ampliar el estudio de impacto de las arroceras “San Carlos SRL” y “Cancha Larga SA” sobre la población de Las Palmas y La Leonesa.
El gobierno provincial creará una comisión integrada por distintas áreas del Estado y organizaciones ambientalistas para ampliar los estudios de impacto ambiental de las arroceras ubicadas en el Departamento Bermejo. Así lo anunció el gobernador Jorge Capitanich tras el encuentro que mantuvo esta mañana con representantes de las organizaciones Carta Abierta y Red de Salud Popular “Miguel Carrillo”.
En la oportunidad, el primer mandatario provincial garantizó además el cumplimiento riguroso de la Ley de Biocidas que regula la actividad, con el objetivo de evitar la contaminación del medio ambiente. A la par, aseguró que se pondrá a disposición de la Justicia toda la información necesaria para llevar a buen puerto la causa federal iniciada al respecto.
Por su parte, Edgardo Pérez de la Comisión Salud y Ambiente “Carta Abierta”, calificó “muy positivo” el encuentro, a la vez que consideró que “el gobierno del Chaco se puso al frente de los reclamos de La Leonesa y Las Palmas para revertir este proceso que tanto daño ocasiona a la población”.
Participaron del encuentro también el ministro de Producción, Enrique Orban; la doctora Ana Lía Otaño de la red “Miguel Carrillo” y “Carta Blanca”, y Hugo Deschuter de la comisión Salud y Ambiente de la organización “Carta Blanca”.
Biodiésel a partir de las microalgas
Buscan desarrollar biodiésel a partir de las microalgas
Fecha de Publicación: 12/02/2010
Fuente: El Chubut
Provincia/Región: Chubut
Las doctoras Simonetta Pancaldi y Laura Pantaleoni, de la Universidad de Ferrara, Italia, visitaron ayer el Laboratorio de Microalgas de la Facultad de Ciencias Naturales, sede Trelew, de la UNPSJB, en el marco del proyecto de investigación ítalo-argentino «Desarrollo de metodologías para el empleo de microalgas como fuente renovable de biocombustible».
El proyecto conjunto apunta a desarrollar combustible biodiésel a partir de las microalgas.
Pancaldi es la coordinadora de este proyecto, del que participan las universidades italianas de Ferrara, Pavia y Padova y las nacionales de Buenos Aires, del Sur y de la Patagonia San Juan Bosco. Su visita representa el primer encuentro con los diferentes grupos de trabajo para aunar criterios y articular acciones.
En representación del Secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia del Chubut, Lic. Fernando Menchi, participó de la reunión la licenciada María Noelia Corvalán, para interiorizarse de esta iniciativa.
El Laboratorio de Microalgas trabaja en diferentes líneas de investigación: depuración de efluentes, bioensayos de toxicidad para evaluar el impacto de plaguicidas y herbicidas que se usan en el Valle Inferior del Río Chubut, en agricultura como biofertilizante y en alimentación como un alimento funcional y en la obtención de biocombustibles. Se trabaja además en un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Nación, destinado al cultivo de microalgas en efluentes y su caracterización como potenciales productoras de aceites para la obtención de biodiésel.
Dirige el Laboratorio de Microalgas la Profesora Isabel Albarracín, y el equipo de trabajo está conformado por la Licenciada en Química Marcela Cravero, la Ingeniera Química Ruth Salomón, la Bioquímica Gabriela Pío, la Técnica en Saneamiento Ambiental Rosa Quintero, los alumnos de la Facultad de Ciencias Naturales Ariel Parra y Daniela García y la alumna pasante Daiana Obholz
Las microalgas son organismos microscópicos de una alta potencialidad biotecnológica con la ventaja de que pueden crecer y reproducirse incluso en ambientes salinos o en aguas residuales no aptas para riego u otros usos. Por esto no compiten con la agricultura tradicional, además de no requerir pesticidas y herbicidas.
Respecto de la producción de biodiésel de origen vegetal como alternativa a los costosos y contaminantes combustibles fósiles las microalgas producen más de 25 veces la cantidad de aceite comparadas con las mejores fuentes productoras terrestres, como soja, colza, maíz y otras.
El proyecto ítalo-argentino plantea como objetivos mantener cepas de microalgas en condiciones controladas de luz, temperatura y nutrientes, evaluar el potencial oleico de las cepas y desarrollar una metodología de producción en planta piloto.
El grupo local aportará dos tareas específicas: el aislamiento e identificación de las cepas locales más adecuadas y la optimización de las condiciones de crecimiento de las especies seleccionadas.
Fecha de Publicación: 12/02/2010
Fuente: El Chubut
Provincia/Región: Chubut
Las doctoras Simonetta Pancaldi y Laura Pantaleoni, de la Universidad de Ferrara, Italia, visitaron ayer el Laboratorio de Microalgas de la Facultad de Ciencias Naturales, sede Trelew, de la UNPSJB, en el marco del proyecto de investigación ítalo-argentino «Desarrollo de metodologías para el empleo de microalgas como fuente renovable de biocombustible».
El proyecto conjunto apunta a desarrollar combustible biodiésel a partir de las microalgas.
Pancaldi es la coordinadora de este proyecto, del que participan las universidades italianas de Ferrara, Pavia y Padova y las nacionales de Buenos Aires, del Sur y de la Patagonia San Juan Bosco. Su visita representa el primer encuentro con los diferentes grupos de trabajo para aunar criterios y articular acciones.
En representación del Secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia del Chubut, Lic. Fernando Menchi, participó de la reunión la licenciada María Noelia Corvalán, para interiorizarse de esta iniciativa.
El Laboratorio de Microalgas trabaja en diferentes líneas de investigación: depuración de efluentes, bioensayos de toxicidad para evaluar el impacto de plaguicidas y herbicidas que se usan en el Valle Inferior del Río Chubut, en agricultura como biofertilizante y en alimentación como un alimento funcional y en la obtención de biocombustibles. Se trabaja además en un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Nación, destinado al cultivo de microalgas en efluentes y su caracterización como potenciales productoras de aceites para la obtención de biodiésel.
Dirige el Laboratorio de Microalgas la Profesora Isabel Albarracín, y el equipo de trabajo está conformado por la Licenciada en Química Marcela Cravero, la Ingeniera Química Ruth Salomón, la Bioquímica Gabriela Pío, la Técnica en Saneamiento Ambiental Rosa Quintero, los alumnos de la Facultad de Ciencias Naturales Ariel Parra y Daniela García y la alumna pasante Daiana Obholz
Las microalgas son organismos microscópicos de una alta potencialidad biotecnológica con la ventaja de que pueden crecer y reproducirse incluso en ambientes salinos o en aguas residuales no aptas para riego u otros usos. Por esto no compiten con la agricultura tradicional, además de no requerir pesticidas y herbicidas.
Respecto de la producción de biodiésel de origen vegetal como alternativa a los costosos y contaminantes combustibles fósiles las microalgas producen más de 25 veces la cantidad de aceite comparadas con las mejores fuentes productoras terrestres, como soja, colza, maíz y otras.
El proyecto ítalo-argentino plantea como objetivos mantener cepas de microalgas en condiciones controladas de luz, temperatura y nutrientes, evaluar el potencial oleico de las cepas y desarrollar una metodología de producción en planta piloto.
El grupo local aportará dos tareas específicas: el aislamiento e identificación de las cepas locales más adecuadas y la optimización de las condiciones de crecimiento de las especies seleccionadas.
Abogados ambientalistas cuestionan a la Barrick
Abogados ambientalistas cuestionan a la Barrick Gold
Fecha de Publicación: 11/02/2010
Fuente: Publimetro
Provincia/Región: San Juan
El presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale, cuestionó a través del diario Crítica y en una nota titulada "Un tercer país" , la presencia canadiense, incluida una bandera, en un acto chileno argentino en la cordillera.
"Resulta necesario generar conciencia del daño ambiental, económico y social que está causando la minería. Prueba de ello es lo ocurrido en el cruce de los Andes, donde el gobernador de San Juan, José Luis Gioja, llevó las banderas de la Argentina, Chile y... Canadá: una descarada confesión sobre la subordinación a la canadiense Barrick Gold, dueña de los emprendimientos Veladero y Pascua-Lama, que se desarrollan en la provincia. Triste parodia de la época colonial, el cruce contó con el embajador canadiense Timothy Joseph Martin, casi un virrey controlando sus territorios" .
"Pero el panorama no es nuevo, atento a las relaciones que existen entre funcionarios nacionales y esta empresa que llegó a financiar eventos de la fórmula Cristina-Cobos" , acusó el jurista, y continuó "Pascua-Lama será un paraíso fiscal, gracias al Tratado sobre Integración y Complementación Minero Argentino-Chileno, un símbolo de entrega de soberanía a las multinacionales" .
"El tratado permite a las mineras la explotación sin restricciones, otorgando facilitaciones fronterizas inéditas" , denunció el jurista, y remató lamentando que "se plantó una tercera bandera en la cordillera y se lo ha hecho, paradójicamente, emulando la gesta libertadora".
Fecha de Publicación: 11/02/2010
Fuente: Publimetro
Provincia/Región: San Juan
El presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale, cuestionó a través del diario Crítica y en una nota titulada "Un tercer país" , la presencia canadiense, incluida una bandera, en un acto chileno argentino en la cordillera.
"Resulta necesario generar conciencia del daño ambiental, económico y social que está causando la minería. Prueba de ello es lo ocurrido en el cruce de los Andes, donde el gobernador de San Juan, José Luis Gioja, llevó las banderas de la Argentina, Chile y... Canadá: una descarada confesión sobre la subordinación a la canadiense Barrick Gold, dueña de los emprendimientos Veladero y Pascua-Lama, que se desarrollan en la provincia. Triste parodia de la época colonial, el cruce contó con el embajador canadiense Timothy Joseph Martin, casi un virrey controlando sus territorios" .
"Pero el panorama no es nuevo, atento a las relaciones que existen entre funcionarios nacionales y esta empresa que llegó a financiar eventos de la fórmula Cristina-Cobos" , acusó el jurista, y continuó "Pascua-Lama será un paraíso fiscal, gracias al Tratado sobre Integración y Complementación Minero Argentino-Chileno, un símbolo de entrega de soberanía a las multinacionales" .
"El tratado permite a las mineras la explotación sin restricciones, otorgando facilitaciones fronterizas inéditas" , denunció el jurista, y remató lamentando que "se plantó una tercera bandera en la cordillera y se lo ha hecho, paradójicamente, emulando la gesta libertadora".
Riachuelo: Crítico informe por la falta de acciones
Crítico informe sobre la falta de acciones para sanear el Riachuelo
Fecha de Publicación: 11/02/2010
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Buenos Aires
El Defensor del Pueblo y distintas ONG indicaron que persisten los "basurales a cielo abierto" y que hay "falta de inspecciones a industrias y coordinación" entre Nación, la Provincia y la Ciudad a 17 meses del fallo de la Corte que ordenara su saneamiento
Ver galerias de imagenes
A un año y cinco meses de la sentencia producida por la Corte Suprema de Justicia que ordenó la ejecución del Plan de Saneamiento de la Cuenca Matanza – Riachuelo, el Cuerpo Colegiado que coordina el Defensor del Pueblo de la Nación, a cargo de Anselmo Sella, emitió un pormenorizado y crítico informe en el cual se analizan cada una de las órdenes dictadas por el máximo tribunal, muchas de las cuales no se han llevado a cabo.
En el documento se destacan leves avances en la ejecución de los programas, pero numerosos déficits, falta de cumplimiento y coordinación que "se espera sean subsanados durante 2010 por la Autoridad de la Cuenca Matanza–Riachuelo (ACUMAR)".
Se puede destacar, entre otros aspectos, que "no se inspeccionó la totalidad de las industrias de la Cuenca ni se avanzó en los planes de reconversión industrial”. El texto del Defensor también denuncia que "se encuentra postergada la erradicación de los basurales a cielo abierto existentes y la prioritaria atención sanitaria de la población expuesta a riesgo ambiental".
El informe propone con relación a las autoridades involucradas “a tomar, en el marco de un amplio consenso con el resto de las fuerzas políticas y los actores económicos y sociales del territorio de la Cuenca, las decisiones necesarias para cumplir con lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Y añade que “es necesario que las políticas a implementarse cuenten con un explícito y amplio apoyo político construido a partir de acuerdos entre todos los sectores a fin de dar continuidad a los planes y dotar a la ACUMAR de los recursos humanos, financieros y materiales apropiados para funcionar con solvencia técnica y capacidad organizativa, evitando las marchas y contramarchas que han caracterizado su débil accionar hasta el presente”, asegura entre otros puntos dicho Informe.
El Cuerpo Colegiado que coordina el Defensor del Pueblo de la Nación está integrado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación de Vecinos La Boca, la Fundación Greenpeace Argentina y la Asociación ciudadana por los Derechos.
Fecha de Publicación: 11/02/2010
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Buenos Aires
El Defensor del Pueblo y distintas ONG indicaron que persisten los "basurales a cielo abierto" y que hay "falta de inspecciones a industrias y coordinación" entre Nación, la Provincia y la Ciudad a 17 meses del fallo de la Corte que ordenara su saneamiento
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A un año y cinco meses de la sentencia producida por la Corte Suprema de Justicia que ordenó la ejecución del Plan de Saneamiento de la Cuenca Matanza – Riachuelo, el Cuerpo Colegiado que coordina el Defensor del Pueblo de la Nación, a cargo de Anselmo Sella, emitió un pormenorizado y crítico informe en el cual se analizan cada una de las órdenes dictadas por el máximo tribunal, muchas de las cuales no se han llevado a cabo.
En el documento se destacan leves avances en la ejecución de los programas, pero numerosos déficits, falta de cumplimiento y coordinación que "se espera sean subsanados durante 2010 por la Autoridad de la Cuenca Matanza–Riachuelo (ACUMAR)".
Se puede destacar, entre otros aspectos, que "no se inspeccionó la totalidad de las industrias de la Cuenca ni se avanzó en los planes de reconversión industrial”. El texto del Defensor también denuncia que "se encuentra postergada la erradicación de los basurales a cielo abierto existentes y la prioritaria atención sanitaria de la población expuesta a riesgo ambiental".
El informe propone con relación a las autoridades involucradas “a tomar, en el marco de un amplio consenso con el resto de las fuerzas políticas y los actores económicos y sociales del territorio de la Cuenca, las decisiones necesarias para cumplir con lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Y añade que “es necesario que las políticas a implementarse cuenten con un explícito y amplio apoyo político construido a partir de acuerdos entre todos los sectores a fin de dar continuidad a los planes y dotar a la ACUMAR de los recursos humanos, financieros y materiales apropiados para funcionar con solvencia técnica y capacidad organizativa, evitando las marchas y contramarchas que han caracterizado su débil accionar hasta el presente”, asegura entre otros puntos dicho Informe.
El Cuerpo Colegiado que coordina el Defensor del Pueblo de la Nación está integrado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación de Vecinos La Boca, la Fundación Greenpeace Argentina y la Asociación ciudadana por los Derechos.
Piden informes sobre desmontes en Río Negro
Piccinini pidió informes sobre desmontes y deforestación
Fecha de Publicación: 10/02/2010
Fuente: AN Bariloche
Provincia/Región: Río Negro
Diferentes organismos deberán responder ante el pedido de informes elevado por la Defensora del Pueblo de Río Negro, Ana Piccinini. Entre ellos, los Ministerios de Familia y de Producción, el Departamento de Agronomía de la Universidad Nacional del Sur, las Estaciones Experimental Agropecuaria del Valle Inferior y de Hilario Ascasubí del INTA.
A raíz de los efectos que las tormentas de viento y tierra producen en la Comarca Viedma – Patagones, atribuidos entre otros a los desmontes producidos en la región y ante el pedido de intervención sobre dicho tema, la defensora del Pueblo, Ana Piccinini, remitió pedidos de informes a los Ministerios de Familia y de Producción de Río Negro. También lo elevó al Departamento de Agronomía de la Universidad Nacional del Sur, a las Estaciones Experimental Agropecuaria del Valle Inferior y de Hilario Ascasubi del INTA.
La Defensoría le solicitó al Ministerio de Familia que se le informe respecto a “la operatividad y funcionamiento del Plan Calor, que incluye datos sobre las compras de leña y tipo de madera, desde el comienzo del plan, como así también la nómina de proveedores con precisión de las zonas de procedencia de la leña”, destacó en una gacetilla de prensa. Mientras que al Ministerio de Producción, pidió sobre si “existe en el ámbito de esa cartera, organismo o dependencia encargada de vigilar y controlar la tala, desmonte y desforestación de campos en el Departamento de Adolfo Alsina, qué procedimiento debe realizar la persona que pretende efectuar el desmonte, lista de propietarios de campos desmontados, si existen mecanismos de sanción a quienes realicen desmontes no autorizados, si quienes procedieron al desmonte presentaron proyectos productivos que motivaron el mismo, medidas adoptadas por ese Ministerio para remediar la situación y si tiene conocimiento de la existencia de otros organismos nacionales, internacionales, Organizaciones No Gubernamentales que estén abocados a la problemática en cuestión”.
A los responsables del Departamento de Agronomía de la Universidad Nacional del Sur, Piccinini requirió los informes elaborados por la Casa de Altos Estudios respecto de “la problemática surgida de la conjunción del desmonte y la sequía en zonas de secano del Partido de Patagones, datos sobre las hectáreas desforestadas en ese mismo distrito desde el 2003 a la fecha, destino que tiene el desmonte y en que zona se comercializa, si tiene conocimiento si en la Provincia de Buenos Aires y en el Partido de Patagones existe legislación que regule o controle los desmontes en campos de secano”.
Además, pidió “las recomendaciones o posibles soluciones de la Casa de Altos Estudios para revertir el proceso de erosión de las tierras desmontadas y cuales serían las soluciones de fondo para disminuir o eliminar los incentivos de desmonte”, aseguraron.
Las autoridades de las Estaciones Experimentales del INTA del Valle Inferior e Hilario Ascasubi, deberán presentar –en el primero de los casos- “copia de los informes elaborados por el Organismo respecto de la problemática surgida por la conjunción del desmonte y la sequía en zonas del Departamento de Adolfo Alsina y a la de Hilario Ascasubi en relación a lo vinculado con el Partido de Patagones”. En ambos casos solicitó datos sobre las hectáreas desforestados y desmontadas desde el 2003 a la fecha, entre otros datos.
Fecha de Publicación: 10/02/2010
Fuente: AN Bariloche
Provincia/Región: Río Negro
Diferentes organismos deberán responder ante el pedido de informes elevado por la Defensora del Pueblo de Río Negro, Ana Piccinini. Entre ellos, los Ministerios de Familia y de Producción, el Departamento de Agronomía de la Universidad Nacional del Sur, las Estaciones Experimental Agropecuaria del Valle Inferior y de Hilario Ascasubí del INTA.
A raíz de los efectos que las tormentas de viento y tierra producen en la Comarca Viedma – Patagones, atribuidos entre otros a los desmontes producidos en la región y ante el pedido de intervención sobre dicho tema, la defensora del Pueblo, Ana Piccinini, remitió pedidos de informes a los Ministerios de Familia y de Producción de Río Negro. También lo elevó al Departamento de Agronomía de la Universidad Nacional del Sur, a las Estaciones Experimental Agropecuaria del Valle Inferior y de Hilario Ascasubi del INTA.
La Defensoría le solicitó al Ministerio de Familia que se le informe respecto a “la operatividad y funcionamiento del Plan Calor, que incluye datos sobre las compras de leña y tipo de madera, desde el comienzo del plan, como así también la nómina de proveedores con precisión de las zonas de procedencia de la leña”, destacó en una gacetilla de prensa. Mientras que al Ministerio de Producción, pidió sobre si “existe en el ámbito de esa cartera, organismo o dependencia encargada de vigilar y controlar la tala, desmonte y desforestación de campos en el Departamento de Adolfo Alsina, qué procedimiento debe realizar la persona que pretende efectuar el desmonte, lista de propietarios de campos desmontados, si existen mecanismos de sanción a quienes realicen desmontes no autorizados, si quienes procedieron al desmonte presentaron proyectos productivos que motivaron el mismo, medidas adoptadas por ese Ministerio para remediar la situación y si tiene conocimiento de la existencia de otros organismos nacionales, internacionales, Organizaciones No Gubernamentales que estén abocados a la problemática en cuestión”.
A los responsables del Departamento de Agronomía de la Universidad Nacional del Sur, Piccinini requirió los informes elaborados por la Casa de Altos Estudios respecto de “la problemática surgida de la conjunción del desmonte y la sequía en zonas de secano del Partido de Patagones, datos sobre las hectáreas desforestadas en ese mismo distrito desde el 2003 a la fecha, destino que tiene el desmonte y en que zona se comercializa, si tiene conocimiento si en la Provincia de Buenos Aires y en el Partido de Patagones existe legislación que regule o controle los desmontes en campos de secano”.
Además, pidió “las recomendaciones o posibles soluciones de la Casa de Altos Estudios para revertir el proceso de erosión de las tierras desmontadas y cuales serían las soluciones de fondo para disminuir o eliminar los incentivos de desmonte”, aseguraron.
Las autoridades de las Estaciones Experimentales del INTA del Valle Inferior e Hilario Ascasubi, deberán presentar –en el primero de los casos- “copia de los informes elaborados por el Organismo respecto de la problemática surgida por la conjunción del desmonte y la sequía en zonas del Departamento de Adolfo Alsina y a la de Hilario Ascasubi en relación a lo vinculado con el Partido de Patagones”. En ambos casos solicitó datos sobre las hectáreas desforestados y desmontadas desde el 2003 a la fecha, entre otros datos.
Lastran agua del Paraná y la subastan por Internet
Buques lastran agua del Paraná y la subastan a granel por Internet
Fecha de Publicación: 10/02/2010
Fuente: Movimiento Social Misiones
Provincia/Región: Nacional
Desmedido y paradójico, así es como empresas internacionales venden el agua de los ríos argentinos a Medio Oriente y África. El agua dulce, dada su escasez en el planeta (3% del total), asoma como el mayor conflicto geopolítico del siglo XXI.
Argentina dispone de 22.000 metros cúbicos por habitante al año, lo cual es mucho, pero mal distribuida: dos tercios de su territorio es árido o semiárido. En este escenario, la empresa Makhena SA, con sede en Miami y sucursal en Buenos Aires, ofrece por internet agua dulce de los ríos de la llanura argentina, entre los que se encuentra el Paraná.
Así se observa en el sitio www.makhena.com, en un negocio redondísimo: "Agua dulce a granel. Comercialización de agua dulce de río. Características: Agua dulce, cruda, sin tratamiento. Origen: Ríos de llanura. Cantidades: entre 60.000 y 70.000 toneladas por envío. Usos: Potabilización y consumo, riego, etc. Transporte: Buques Tanque", se observa en el sitio.
"El agua es un elemento insustituible para el sostenimiento de la vida humana y el resto de los seres vivos, siendo al mismo tiempo un insumo imprescindible en innumerables procesos productivos. A pesar de ser renovable, la escasez del agua se manifiesta gradualmente a medida que aumentan las demandas y los conflictos por su uso", argumentan para vender este recurso a precios altísimos.
En concreto: se llevan el agua del litoral del país en el lastre de los barcos. Cualquier buque, para poder navegar, tiene que estar lastrado, con cierto peso para mantenerlo equilibrado. Para que pueda navegar sin zozobras, debe cargar cierto volumen en sus bodegas, así, descargan la mercadería en puerto argentino y cargan agua dulce (también en puerto argentino) “para la vuelta”, y la venden en los mercados del Medio Oriente, África y Europa donde luego la potabilizan. La cargan en el Paraná porque el agua está menos contaminada que en el Río de la Plata.
Hasta ahora no hay ninguna ley que regule el “tráfico clandestino de agua dulce”, lo hacen impunemente a la vista de todo el mundo y en las propias narices de la prefectura naval argentina, que sabe lo que hacen pero que no tienen los instrumentos jurídicos para poder actuar.
Mientras tanto, por los ríos del Delta del Paraná los vemos navegar todos los días, llevándose nuestros recursos naturales en sus bodegas gratuitamente.
Fecha de Publicación: 10/02/2010
Fuente: Movimiento Social Misiones
Provincia/Región: Nacional
Desmedido y paradójico, así es como empresas internacionales venden el agua de los ríos argentinos a Medio Oriente y África. El agua dulce, dada su escasez en el planeta (3% del total), asoma como el mayor conflicto geopolítico del siglo XXI.
Argentina dispone de 22.000 metros cúbicos por habitante al año, lo cual es mucho, pero mal distribuida: dos tercios de su territorio es árido o semiárido. En este escenario, la empresa Makhena SA, con sede en Miami y sucursal en Buenos Aires, ofrece por internet agua dulce de los ríos de la llanura argentina, entre los que se encuentra el Paraná.
Así se observa en el sitio www.makhena.com, en un negocio redondísimo: "Agua dulce a granel. Comercialización de agua dulce de río. Características: Agua dulce, cruda, sin tratamiento. Origen: Ríos de llanura. Cantidades: entre 60.000 y 70.000 toneladas por envío. Usos: Potabilización y consumo, riego, etc. Transporte: Buques Tanque", se observa en el sitio.
"El agua es un elemento insustituible para el sostenimiento de la vida humana y el resto de los seres vivos, siendo al mismo tiempo un insumo imprescindible en innumerables procesos productivos. A pesar de ser renovable, la escasez del agua se manifiesta gradualmente a medida que aumentan las demandas y los conflictos por su uso", argumentan para vender este recurso a precios altísimos.
En concreto: se llevan el agua del litoral del país en el lastre de los barcos. Cualquier buque, para poder navegar, tiene que estar lastrado, con cierto peso para mantenerlo equilibrado. Para que pueda navegar sin zozobras, debe cargar cierto volumen en sus bodegas, así, descargan la mercadería en puerto argentino y cargan agua dulce (también en puerto argentino) “para la vuelta”, y la venden en los mercados del Medio Oriente, África y Europa donde luego la potabilizan. La cargan en el Paraná porque el agua está menos contaminada que en el Río de la Plata.
Hasta ahora no hay ninguna ley que regule el “tráfico clandestino de agua dulce”, lo hacen impunemente a la vista de todo el mundo y en las propias narices de la prefectura naval argentina, que sabe lo que hacen pero que no tienen los instrumentos jurídicos para poder actuar.
Mientras tanto, por los ríos del Delta del Paraná los vemos navegar todos los días, llevándose nuestros recursos naturales en sus bodegas gratuitamente.
Petróleo en el acuífero Guaraní ... para problemas
La exploración petrolera en la provincia se sellará hoy con YPF
Fecha de Publicación: 09/02/2010
Fuente: Uno Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos
Entre Ríos será la primera provincia en integrar el Programa de Desarrollo de la compañía. El acuerdo se firmará a las 9 en el Salón Blanco de la Casa Gris.
El gobernador Sergio Urribarri firmará hoy con el vicepresidente de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) un acuerdo para el estudio de potenciales proyectos exploratorios de hidrocarburos.
Entre Ríos será la primera provincia en integrar el Programa de Desarrollo Exploratorio 2010 - 2014 que lanzó la compañía en Diciembre de 2009.
“Si le sumamos industria y regalías petroleras a nuestra capacidad especializada para producir agroalimentos, Entre Ríos sí que no tiene techo en su economía y en su desarrollo humano, porque justamente el desafío es que todo eso desarrolle un círculo virtuoso que impacte positivamente en las personas y en las familias”, dijo el mandatario.
El gobernador recibió ayer a Edgardo Moreyra y Gustavo Rivolier. miembros de la organización ecológica de Gualeguaychú Fundavida. Del encuentro participó el secretario de Medio Ambiente, Fernando Raffo,
El acuerdo, denominado “Acuerdo de trabajo para el desarrollo de proyectos exploratorios de hidrocarburos”, se firmará a las 9 en el Salón Blanco de la Casa Gris y será el primero en el marco del programa de Desarrollo Exploratorio 2010 - 2014, mediante el cual YPF proyecta hacer inversiones para explorar los 163 bloques que ya fueron asignados a otras compañías o consorcios donde la compañía no tenga actualmente participación.
“La industria petrolera debió adaptarse a nuevos estándares ambientales en todo el mundo, así que descartamos eventualmente cualquier tipo de problemas al respecto y hay decenas de ejemplos en el mundo donde zonas de producción primaria conviven perfectamente con desarrollos petroleros”, dijo el mandatario.
Además, Urribarri mencionó que desde diciembre rige en la provincia el decreto de reglamentación de los estudios de impacto ambiental “como un instituto necesario para la conservación del ambiente en todo el territorio entrerriano. Se trata de un instrumento de carácter preventivo tendiente a evitar problemas ambientales”. Y agregó: “Es una herramienta esencial de ordenamiento territorial y, por lo tanto, de planificación estratégica en lo referido a la localización de actividades y emprendimientos en el ámbito físico del territorio provincial”.
“Para el gobierno entrerriano es primordial la preservación, mantenimiento, mejoramiento y recuperación de los recursos naturales y el ambiente humano, para lograr y mantener una óptima calidad de vida”, aseguró el gobernador.
Los compromisos que se asumen el en convenio se desprende que la provincia avanza en la exploración y el reconocimiento superficial a través de técnicas geofísicas como la sísmica de reflexión, la audiomagentoteluria y otras; que como es sabido no son intrusivas, ni invasivas, ni contaminantes, minimizan los riesgos ambientales y son las mismas que fueron utilizadas en el estudio del Acuífero Guaraní, explicó el director de Minería, Jorge Tomas.
Fernando Raffo, se refirió a la reciente promulgación del decreto 7947 que “regula la presentación de estudios de impacto ambiental; normativa que no existía anteriormente y que solo busca regularizar la situación, ya que Hidráulica, Energía o Minería ya lo tenían incorporado y con esta norma lo que se hace es que todas las reparticiones tengan que hacerlo”.
El funcionario explicó que “cualquier emprendimiento pasará pasar por un mecanismo de estudio y evaluación de impacto ambiental”.
El antecedente
La única exploración de un pozo en la provincia se ejecutó en El Pueblito, paraje próximo a la ciudad de Nogoyá. Las tareas se practicaron en un pozo que alcanzó los 2.088 metros y en el cual, de acuerdo a los informes de la empresa YPF, no se hallaron hidrocarburos líquidos ni gaseosos.
De aquella experiencia en el pozo de Nogoyá, existen algunos indicios de que sedimentos encontrados allí podrían considerarse roca madre, que es la roca generadora de hidrocarburo. Otra de las condiciones para la existencia del petróleo es la cuenca, que en nuestro caso es el Chaco paranaense.
El acuífero Guaraní en riesgo por la búsqueda de petróleo
Fecha de Publicación: 09/02/2010
Fuente: Crítica Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
Organizaciones ecologistas denuncian que se podría producir un grave daño al medio ambiente y piden que el tema se someta a una consulta popular. El convenio entre la provincia y la empresa de capitales españoles se rubricará mañana.
YPF y el gobierno de Entre Ríos firmarán este martes un convenio para la exploración del subsuelo provincial en busca de petróleo. Pero ese anuncio, promocionado como un negocio que derivará en regalías para las arcas provinciales, será, en realidad, el punto de partida de un inesperado conflicto ecológico. Vecinos autoconvocados, geólogos y diferentes ONG conservacionistas aseguran que la perforación del lecho subterráneo podría generar un altísimo impacto ambiental sobre el acuífero Guaraní, la reserva de agua potable más grande de la Argentina.
El caso viene generando debate en los medios de comunicación locales, pero hasta ahora no había tenido repercusión nacional. Los ecologistas consultados por Crítica de la Argentina denuncian que el gobernador Sergio Urribarri operó el convenio con YPF sin plantear el tema en el Parlamento provincial y sin realizar una consulta popular acerca de los riesgos que implica el proyecto para los recursos naturales entrerrianos. “Urribarri no cuenta con la licencia social para hacer esto. Debería haber llamado a un plebiscito para que la ciudadanía se pronuncie. Dice que actividades primarias como la ganadería y la agricultura pueden convivir con la extracción petrolera, pero es falso”, cuenta Guillermo Luciano, titular de la ONG Fundavida, organización que acaba de iniciar una campaña para difundir el caso. En un último comunicado remarcan: “El próximo martes se consumará la violación. Ante el silencio cómplice de muchos, y la preocupación de quienes pretendemos vivir en un mundo donde prime el respeto a la vida, de cumplirse lo anunciado, el gobernador Urribarri otorgará permiso a YPF para que atraviese el acuífero Guaraní buscando petróleo. Esta empresa es denunciada diariamente por la manifiesta irresponsabilidad con que actúa. Sólo nos queda esperar que la providencia nos proteja frente a tanto desatino”.
EL AGUA PURA. La provincia de Entre Ríos es como una balsa de 78.781 kilómetros cuadrados que flota sobre un enorme acuífero. Ese océano subterráneo, justamente, aflora por sus contornos, y también por su interior, en la forma de ríos, arroyos, humedales y bañados. Prácticamente toda la economía regional depende del agua: desde la agricultura y la ganadería hasta el turismo termal y la industria frigorífica. “De existir petróleo –explica el director de Fundavida– está debajo del acuífero. Se han hecho por lo menos quince perforaciones para el turismo termal, de casi mil metros cada una, y en ninguna se encontró petróleo. Pero hay una excavación de 1961 en la que sí se halló. Por lo tanto, está claro que el plan es atravesar esa reserva de agua pura”.
Según las autoridades provinciales, las áreas de exploración acordadas con Repsol-YPF se encuentran al norte de la ruta nacional 18 –que corta la provincia de este a oeste– en una región que comprende los departamentos de Feliciano, Federación, La Paz, Federal, y parte de los de Paraná, Villaguay, San Salvador y Concordia. Se trata de un territorio que concentra numerosas actividades productivas. De acuerdo con registros del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la región abarca seis zonas agroeconómicas homogéneas, en las que predominan la ganadería bovina y ovina, el 98% de la superficie citrícola provincial, el 43% de los cultivos forestales y extensas superficies sembradas de soja, trigo, arroz, lino, sorgo y maíz. “Perforar el acuífero –dice Luciano– sería afectar muchas de estas actividades, ya sea por el alto riesgo de la perforación en sí, por la emanación de gases o por cualquier desperfecto que desemboque en tragedias ambientales como la de Shell en Magdalena”.
Más cauto, Diego Rodríguez, director ejecutivo de la ONG ambientalista M’biguá, analiza: “En Entre Ríos se hicieron varios pozos hace muchos años con resultados negativos. Pero por las proyecciones que hacen ahora, debajo del acuífero, al norte de la provincia, habría petróleo. Entiendo que en la primera etapa YPF no va a perforar, sino a detectar y entonces después sí haría el pozo. Pero antes de eso la empresa debería presentar una serie de medidas para disminuir los riesgos ambientales. Así lo exige la ley provincial de hidrocarburos”.
“De todos modos –concluye– toda exploración de este tipo es de alto riesgo. No nos oponemos, pero sí nos interesa que se cumplan todos los requisitos: sabemos que el costo ambiental vendría con la extracción”.
Según un informe del Observatorio Petrolero Sur (OPS), el convenio de exploración entre YPF y Entre Ríos se enmarca en el Programa de Desarrollo Exploratorio 2010-2014, que la compañía lanzó en diciembre. Dicho programa inaugura un proceso de selección de áreas para la exploración hidrocarburífera en casi todas las provincias del país.
En efecto, explican desde el OPS, “a partir de la promulgación del decreto 546/03 y la sanción de la ley 26.197/06, ambas durante la presidencia de Néstor Kirchner, muchas provincias encararon el dominio de sus recursos y se lanzaron en una agresiva campaña a licitar zonas de exploración y explotación, actualizando sus legislaciones internas y otorgando exenciones impositivas para atraer el capital privado, convirtiéndose así en las nuevas interlocutoras de la industria petrolera. Así, motivadas por el alza en el precio de barril de crudo y la caída del horizonte de reservas del país, vieron en el petróleo una nueva fuente de ingresos frente a los crecientes déficits fiscales”.
CRUDO. El secretario de Medio Ambiente de Paraná, Fernando Raffo, es claro: “La secretaría todavía no evaluó el caso. Pero nuestra normativa ambiental incluye el tema de la participación ciudadana y antes de que se avance en cualquier rumbo, la gente deberá dar su opinión”.
Los ambientalistas opositores argumentan que YPF fue cuestionada por varios casos de impacto ambiental. Recuerdan el más reciente, ocurrido en el Golfo San Jorge (Chubut y Santa Cruz), donde trabajadores y empresarios de la pesca están exigiendo respuestas sobre la actividad de prospección y exploración offshore porque sostienen que desde que se llevaron adelante esas tareas en el lugar la vida marina fue aniquilada. “Los barcos vuelven vacíos porque no hay nada”, denunciaron en una carta de prensa.
Crítica de la Argentina se comunicó con la petrolera para conocer sus intenciones en el subsuelo entrerriano. A través de un vocero, la devolución fue breve: “El acuerdo que se va a firmar con la provincia de Entre Ríos sólo fija el inicio de estudios”.
En la misma línea el secretario de Energía del gobierno de Entre Ríos, el ingeniero Raúl Arroyo, dijo que está previsto que se realicen todos los estudios de impacto ambiental que sean necesarios. “Nuestra intención no es poner en peligro el acuífero. En este proceso, la perforación es lo último que se hace. Primero vienen una serie de trabajos superficiales para después sí llegar a la extracción. Si se hace todo bien, se hace todo con encamisado. O sea que uno puede atravesar las capas geológicas sin afectar al resto”, explicó el funcionario. Arroyo no ve polémica alguna, pero no descarta que el tema sea sometido a consulta popular. “Llegado el caso, está previsto”, concluyó.
Fecha de Publicación: 09/02/2010
Fuente: Uno Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos
Entre Ríos será la primera provincia en integrar el Programa de Desarrollo de la compañía. El acuerdo se firmará a las 9 en el Salón Blanco de la Casa Gris.
El gobernador Sergio Urribarri firmará hoy con el vicepresidente de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) un acuerdo para el estudio de potenciales proyectos exploratorios de hidrocarburos.
Entre Ríos será la primera provincia en integrar el Programa de Desarrollo Exploratorio 2010 - 2014 que lanzó la compañía en Diciembre de 2009.
“Si le sumamos industria y regalías petroleras a nuestra capacidad especializada para producir agroalimentos, Entre Ríos sí que no tiene techo en su economía y en su desarrollo humano, porque justamente el desafío es que todo eso desarrolle un círculo virtuoso que impacte positivamente en las personas y en las familias”, dijo el mandatario.
El gobernador recibió ayer a Edgardo Moreyra y Gustavo Rivolier. miembros de la organización ecológica de Gualeguaychú Fundavida. Del encuentro participó el secretario de Medio Ambiente, Fernando Raffo,
El acuerdo, denominado “Acuerdo de trabajo para el desarrollo de proyectos exploratorios de hidrocarburos”, se firmará a las 9 en el Salón Blanco de la Casa Gris y será el primero en el marco del programa de Desarrollo Exploratorio 2010 - 2014, mediante el cual YPF proyecta hacer inversiones para explorar los 163 bloques que ya fueron asignados a otras compañías o consorcios donde la compañía no tenga actualmente participación.
“La industria petrolera debió adaptarse a nuevos estándares ambientales en todo el mundo, así que descartamos eventualmente cualquier tipo de problemas al respecto y hay decenas de ejemplos en el mundo donde zonas de producción primaria conviven perfectamente con desarrollos petroleros”, dijo el mandatario.
Además, Urribarri mencionó que desde diciembre rige en la provincia el decreto de reglamentación de los estudios de impacto ambiental “como un instituto necesario para la conservación del ambiente en todo el territorio entrerriano. Se trata de un instrumento de carácter preventivo tendiente a evitar problemas ambientales”. Y agregó: “Es una herramienta esencial de ordenamiento territorial y, por lo tanto, de planificación estratégica en lo referido a la localización de actividades y emprendimientos en el ámbito físico del territorio provincial”.
“Para el gobierno entrerriano es primordial la preservación, mantenimiento, mejoramiento y recuperación de los recursos naturales y el ambiente humano, para lograr y mantener una óptima calidad de vida”, aseguró el gobernador.
Los compromisos que se asumen el en convenio se desprende que la provincia avanza en la exploración y el reconocimiento superficial a través de técnicas geofísicas como la sísmica de reflexión, la audiomagentoteluria y otras; que como es sabido no son intrusivas, ni invasivas, ni contaminantes, minimizan los riesgos ambientales y son las mismas que fueron utilizadas en el estudio del Acuífero Guaraní, explicó el director de Minería, Jorge Tomas.
Fernando Raffo, se refirió a la reciente promulgación del decreto 7947 que “regula la presentación de estudios de impacto ambiental; normativa que no existía anteriormente y que solo busca regularizar la situación, ya que Hidráulica, Energía o Minería ya lo tenían incorporado y con esta norma lo que se hace es que todas las reparticiones tengan que hacerlo”.
El funcionario explicó que “cualquier emprendimiento pasará pasar por un mecanismo de estudio y evaluación de impacto ambiental”.
El antecedente
La única exploración de un pozo en la provincia se ejecutó en El Pueblito, paraje próximo a la ciudad de Nogoyá. Las tareas se practicaron en un pozo que alcanzó los 2.088 metros y en el cual, de acuerdo a los informes de la empresa YPF, no se hallaron hidrocarburos líquidos ni gaseosos.
De aquella experiencia en el pozo de Nogoyá, existen algunos indicios de que sedimentos encontrados allí podrían considerarse roca madre, que es la roca generadora de hidrocarburo. Otra de las condiciones para la existencia del petróleo es la cuenca, que en nuestro caso es el Chaco paranaense.
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El acuífero Guaraní en riesgo por la búsqueda de petróleo
Fecha de Publicación: 09/02/2010
Fuente: Crítica Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
Organizaciones ecologistas denuncian que se podría producir un grave daño al medio ambiente y piden que el tema se someta a una consulta popular. El convenio entre la provincia y la empresa de capitales españoles se rubricará mañana.
YPF y el gobierno de Entre Ríos firmarán este martes un convenio para la exploración del subsuelo provincial en busca de petróleo. Pero ese anuncio, promocionado como un negocio que derivará en regalías para las arcas provinciales, será, en realidad, el punto de partida de un inesperado conflicto ecológico. Vecinos autoconvocados, geólogos y diferentes ONG conservacionistas aseguran que la perforación del lecho subterráneo podría generar un altísimo impacto ambiental sobre el acuífero Guaraní, la reserva de agua potable más grande de la Argentina.
El caso viene generando debate en los medios de comunicación locales, pero hasta ahora no había tenido repercusión nacional. Los ecologistas consultados por Crítica de la Argentina denuncian que el gobernador Sergio Urribarri operó el convenio con YPF sin plantear el tema en el Parlamento provincial y sin realizar una consulta popular acerca de los riesgos que implica el proyecto para los recursos naturales entrerrianos. “Urribarri no cuenta con la licencia social para hacer esto. Debería haber llamado a un plebiscito para que la ciudadanía se pronuncie. Dice que actividades primarias como la ganadería y la agricultura pueden convivir con la extracción petrolera, pero es falso”, cuenta Guillermo Luciano, titular de la ONG Fundavida, organización que acaba de iniciar una campaña para difundir el caso. En un último comunicado remarcan: “El próximo martes se consumará la violación. Ante el silencio cómplice de muchos, y la preocupación de quienes pretendemos vivir en un mundo donde prime el respeto a la vida, de cumplirse lo anunciado, el gobernador Urribarri otorgará permiso a YPF para que atraviese el acuífero Guaraní buscando petróleo. Esta empresa es denunciada diariamente por la manifiesta irresponsabilidad con que actúa. Sólo nos queda esperar que la providencia nos proteja frente a tanto desatino”.
EL AGUA PURA. La provincia de Entre Ríos es como una balsa de 78.781 kilómetros cuadrados que flota sobre un enorme acuífero. Ese océano subterráneo, justamente, aflora por sus contornos, y también por su interior, en la forma de ríos, arroyos, humedales y bañados. Prácticamente toda la economía regional depende del agua: desde la agricultura y la ganadería hasta el turismo termal y la industria frigorífica. “De existir petróleo –explica el director de Fundavida– está debajo del acuífero. Se han hecho por lo menos quince perforaciones para el turismo termal, de casi mil metros cada una, y en ninguna se encontró petróleo. Pero hay una excavación de 1961 en la que sí se halló. Por lo tanto, está claro que el plan es atravesar esa reserva de agua pura”.
Según las autoridades provinciales, las áreas de exploración acordadas con Repsol-YPF se encuentran al norte de la ruta nacional 18 –que corta la provincia de este a oeste– en una región que comprende los departamentos de Feliciano, Federación, La Paz, Federal, y parte de los de Paraná, Villaguay, San Salvador y Concordia. Se trata de un territorio que concentra numerosas actividades productivas. De acuerdo con registros del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la región abarca seis zonas agroeconómicas homogéneas, en las que predominan la ganadería bovina y ovina, el 98% de la superficie citrícola provincial, el 43% de los cultivos forestales y extensas superficies sembradas de soja, trigo, arroz, lino, sorgo y maíz. “Perforar el acuífero –dice Luciano– sería afectar muchas de estas actividades, ya sea por el alto riesgo de la perforación en sí, por la emanación de gases o por cualquier desperfecto que desemboque en tragedias ambientales como la de Shell en Magdalena”.
Más cauto, Diego Rodríguez, director ejecutivo de la ONG ambientalista M’biguá, analiza: “En Entre Ríos se hicieron varios pozos hace muchos años con resultados negativos. Pero por las proyecciones que hacen ahora, debajo del acuífero, al norte de la provincia, habría petróleo. Entiendo que en la primera etapa YPF no va a perforar, sino a detectar y entonces después sí haría el pozo. Pero antes de eso la empresa debería presentar una serie de medidas para disminuir los riesgos ambientales. Así lo exige la ley provincial de hidrocarburos”.
“De todos modos –concluye– toda exploración de este tipo es de alto riesgo. No nos oponemos, pero sí nos interesa que se cumplan todos los requisitos: sabemos que el costo ambiental vendría con la extracción”.
Según un informe del Observatorio Petrolero Sur (OPS), el convenio de exploración entre YPF y Entre Ríos se enmarca en el Programa de Desarrollo Exploratorio 2010-2014, que la compañía lanzó en diciembre. Dicho programa inaugura un proceso de selección de áreas para la exploración hidrocarburífera en casi todas las provincias del país.
En efecto, explican desde el OPS, “a partir de la promulgación del decreto 546/03 y la sanción de la ley 26.197/06, ambas durante la presidencia de Néstor Kirchner, muchas provincias encararon el dominio de sus recursos y se lanzaron en una agresiva campaña a licitar zonas de exploración y explotación, actualizando sus legislaciones internas y otorgando exenciones impositivas para atraer el capital privado, convirtiéndose así en las nuevas interlocutoras de la industria petrolera. Así, motivadas por el alza en el precio de barril de crudo y la caída del horizonte de reservas del país, vieron en el petróleo una nueva fuente de ingresos frente a los crecientes déficits fiscales”.
CRUDO. El secretario de Medio Ambiente de Paraná, Fernando Raffo, es claro: “La secretaría todavía no evaluó el caso. Pero nuestra normativa ambiental incluye el tema de la participación ciudadana y antes de que se avance en cualquier rumbo, la gente deberá dar su opinión”.
Los ambientalistas opositores argumentan que YPF fue cuestionada por varios casos de impacto ambiental. Recuerdan el más reciente, ocurrido en el Golfo San Jorge (Chubut y Santa Cruz), donde trabajadores y empresarios de la pesca están exigiendo respuestas sobre la actividad de prospección y exploración offshore porque sostienen que desde que se llevaron adelante esas tareas en el lugar la vida marina fue aniquilada. “Los barcos vuelven vacíos porque no hay nada”, denunciaron en una carta de prensa.
Crítica de la Argentina se comunicó con la petrolera para conocer sus intenciones en el subsuelo entrerriano. A través de un vocero, la devolución fue breve: “El acuerdo que se va a firmar con la provincia de Entre Ríos sólo fija el inicio de estudios”.
En la misma línea el secretario de Energía del gobierno de Entre Ríos, el ingeniero Raúl Arroyo, dijo que está previsto que se realicen todos los estudios de impacto ambiental que sean necesarios. “Nuestra intención no es poner en peligro el acuífero. En este proceso, la perforación es lo último que se hace. Primero vienen una serie de trabajos superficiales para después sí llegar a la extracción. Si se hace todo bien, se hace todo con encamisado. O sea que uno puede atravesar las capas geológicas sin afectar al resto”, explicó el funcionario. Arroyo no ve polémica alguna, pero no descarta que el tema sea sometido a consulta popular. “Llegado el caso, está previsto”, concluyó.
Una designación contaminada en el Riachuelo
Una designación contaminada en la limpieza del Riachuelo
Fecha de Publicación: 09/02/2010
Fuente: Crítica Digital
Provincia/Región: Buenos Aires
El Gobierno nombró a un funcionario procesado en el organismo encargado de sanear el Riachuelo. Llegó al cargo impulsado por Alessandra Minnicelli, la esposa de De Vido. Un presupuesto de 1.484 millones de dólares en juego.
El gobierno nacional acaba de designar en la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) a un funcionario procesado por el escándalo del caso Greco, la maniobra por la cual Economía estuvo a punto de pagar en 2006 una deuda de 500 millones de pesos –sospechada de ilegítima– a través de una partida oculta en el presupuesto nacional. Se trata de Alberto Daniel García, el ex director de Asuntos Jurídicos de Entes Liquidados del Ministerio de Economía que ahora revista en el Ministerio de Planificación Federal, de Julio De Vido, como asesor en materia de transporte y gestión judicial.
García fue designado director de Asuntos Jurídicos de Acumar gracias a la gestión de Alessandra “Lali” Minnicelli, la esposa de De Vido, que ejerce como jefa de asesores ad honorem de Planificación. Fuentes oficiales confiaron a Crítica de la Argentina que su nombramiento se decidió después de que la abogada Silvia García desistió de asumir en ese lugar. García oficiaba como asesora principal de subsecretario legal y técnico del ministerio, Rafael Llorens, pero abandonó el ministerio porque se negó a avanzar con el proceso de reordenamiento urbano que el proyecto contempla sobre los márgenes del Riachuelo. Según pudo saber este diario, García habría expresado su desacuerdo con desalojar a habitantes que viven a la orilla del río sin consulta previa.
La cuenca del río Matanza-Riachuelo es la más contaminada de la Argentina. Más de 3.000 industrias que están instaladas a sus orillas descargan efluentes sin tratamiento en el sistema de recolección de agua o directamente en el río. En sus márgenes viven alrededor de cinco millones de personas en condiciones de riesgo: el 35% carece de acceso a agua potable, el 60% no está conectado al sistema cloacal y el 10% vive en asentamientos informales, cerca de basurales a cielo abierto. Abarca a los partidos bonaerenses de Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, La Matanza, Ezeiza, Cañuelas, Almirante Brown, Morón, Merlo, Marcos Paz, Presidente Perón, San Vicente y General Las Heras.
La Acumar fue creada por la ley 26.168, después del primer fallo de la Corte Suprema que dio vía libre a las denuncias por contaminación, como ente de derecho público interjurisdiccional en el ámbito de la Secretaría de Medio Ambiente de la Jefatura de Gabinete, y dispone de un presupuesto anual de 186 millones de pesos. Es un organismo tripartito que integran el Estado nacional, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma. Sin embargo, las fuentes consultadas por este diario coinciden en que allí la incidencia del secretario de Medio Ambiente, Homero Bibiloni –quien ocupa formalmente la presidencia de la Acumar– es ínfima. La mayor parte del organigrama se reparte entre funcionarios que reportan a De Vido y al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. El ex intendente de Quilmes cuenta entre sus leales al subsecretario de Promoción del Desarrollo Sustentable, Ricardo Eusebio “Coyote” Rodríguez. Pero en los últimos días el organismo se vio sacudido por la llegada de hombres ligados a Planificación. En 2009, el Banco Mundial aprobó un crédito de 840 millones de dólares para el saneamiento integral de la cuenca. La inversión total destinada a la limpieza asciende a 1.484 millones de dólares. Los 640 restantes corresponden a fondos aportados por el gobierno nacional.
Alberto Daniel García no es un recién llegado a la función pública. Formó parte del grupo de técnicos encabezados por la ex directora de Asuntos Jurídicos, Yolanda Eggink, y el ex subsecretario legal de Roberto Lavagna, Osvaldo Siseles, que quedaron involucrados en distintas causas investigadas por la Justicia. Cuando se conoció el caso Greco, Eggink y García perdieron su cargo en Economía pero mantuvieron su puesto como parte de la planta permanente. Entonces, la ministra Felisa Miceli abrió sumarios sobre los funcionarios que habían intervenido en el expediente, acusó a los tres experimentados abogados de haber avalado el pago en forma ilegal y aseguró que en el monto que habían acordado pagar ignoraron 164 millones de pesos que el Estado ya había desembolsado. Hoy cargan con un procesamiento del juez federal Sergio Torres que fue ratificado por la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones como “responsables del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en grado de coautores”. En el fallo de segunda instancia, además, el tribunal trabó un embargo sobre los bienes de cada uno de ellos hasta cubrir la suma de un millón de pesos. Según pudo averiguar este diario, el expediente será elevado este año a juicio oral. Para Torres, “los funcionarios nombrados maniobraron dentro del procedimiento administrativo y del judicial, aparentando ejercitar competencias que no tenían, y con desconsideración de la normativa vigente persiguieron, a través de estos medios, la satisfacción de un interés distinto del público y claramente reprochable”, comprometiendo al Estado a pagar al Grupo Greco más de 330 millones de pesos en bonos de consolidación de deuda que al momento de abortarse el pago alcanzaban un valor efectivo mayor a 600 millones de pesos.
La hermandad del caso Greco
Alberto García no es el único funcionario procesado por el caso Greco que sigue en la administración pública. El nuevo director de Asuntos Jurídicos de Acumar forma parte de un grupo de abogados que trabajó durante años en Economía. El juez Sergio Torres lo procesó junto a la ex directora de Asuntos Jurídicos, Yolanda Eggink; el ex subsecretario de Administración, Juan Cayetano Intelisano; y el ex subsecretario legal del ministro Roberto Lavagna, Osvaldo Siseles. Tras el escándalo, Eggink y García permanecieron como empleados en Planificación. Intelisano, Eggink y Siseles volvieron a ser noticia a principios de 2009 cuando el entonces fiscal Manuel Garrido los denunció por el pago irregular de una deuda ilegítima de 54 millones de pesos a un pool de aseguradoras. Garrido demostró que las dos maniobras tenían notorios puntos de contacto y que los funcionarios habían alcanzado un aceitado funcionamiento durante años en Economía. La semana pasada, en coincidencia con el pase de García a Medio Ambiente, Intelisano presentó un recurso de amparo ante la Justicia para volver a su cargo.
Lali Minnicelli, la “arquitecta jurídica” en las sombras de Planificación
Alessandra “Lali” Minnicelli es la mano derecha de Julio De Vido. La abogada que llegó a ocupar la secretaría adjunta de la Sindicatura General durante el gobierno de Néstor Kirchner ya no tiene un cargo pero sigue siendo la arquitecta jurídica del ministerio. Lali, como la llama su marido, ocupa un despacho en el piso 11 de Planificación, donde trabaja De Vido. La ex síndica y el subsecretario de Coordinación y Control de Gestión, Roberto Baratta, son los dos pilares sobre los que se asienta el arquitecto. Minnicelli es la encargada de cuidarle la firma a De Vido y suele tener encontronazos con el subsecretario legal, Rafael Llorens, a quien le achaca una mirada de los asuntos de la cartera más militante que técnica. “Ella es el cerebro jurídico”, le dijo a este diario un empresario que suele tratarla. Minnicelli va dos o tres veces por semana al edificio de Hipólito Yrigoyen y su presencia no pasa desapercibida. Fuentes del ministerio reconocieron que Minnicelli pesó en la designación del procesado Alberto García en el Acumar. Fue después de que la abogada Silvia García, una funcionaria ligada a Llorens, abandonó el ministerio. La doctora García fue la primera candidata para desembarcar en la autoridad de la Cuenca. Se desempeñaba a las órdenes del director de Asuntos Jurídicos, Pablo Campi, con quien suele trabajar también en la esfera privada. En el área legal de De Vido permanece otra funcionaria procesada por el caso Greco: la ex directora general de Asuntos Jurídicos de Economía, Yolanda Eggink.
Fecha de Publicación: 09/02/2010
Fuente: Crítica Digital
Provincia/Región: Buenos Aires
El Gobierno nombró a un funcionario procesado en el organismo encargado de sanear el Riachuelo. Llegó al cargo impulsado por Alessandra Minnicelli, la esposa de De Vido. Un presupuesto de 1.484 millones de dólares en juego.
El gobierno nacional acaba de designar en la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) a un funcionario procesado por el escándalo del caso Greco, la maniobra por la cual Economía estuvo a punto de pagar en 2006 una deuda de 500 millones de pesos –sospechada de ilegítima– a través de una partida oculta en el presupuesto nacional. Se trata de Alberto Daniel García, el ex director de Asuntos Jurídicos de Entes Liquidados del Ministerio de Economía que ahora revista en el Ministerio de Planificación Federal, de Julio De Vido, como asesor en materia de transporte y gestión judicial.
García fue designado director de Asuntos Jurídicos de Acumar gracias a la gestión de Alessandra “Lali” Minnicelli, la esposa de De Vido, que ejerce como jefa de asesores ad honorem de Planificación. Fuentes oficiales confiaron a Crítica de la Argentina que su nombramiento se decidió después de que la abogada Silvia García desistió de asumir en ese lugar. García oficiaba como asesora principal de subsecretario legal y técnico del ministerio, Rafael Llorens, pero abandonó el ministerio porque se negó a avanzar con el proceso de reordenamiento urbano que el proyecto contempla sobre los márgenes del Riachuelo. Según pudo saber este diario, García habría expresado su desacuerdo con desalojar a habitantes que viven a la orilla del río sin consulta previa.
La cuenca del río Matanza-Riachuelo es la más contaminada de la Argentina. Más de 3.000 industrias que están instaladas a sus orillas descargan efluentes sin tratamiento en el sistema de recolección de agua o directamente en el río. En sus márgenes viven alrededor de cinco millones de personas en condiciones de riesgo: el 35% carece de acceso a agua potable, el 60% no está conectado al sistema cloacal y el 10% vive en asentamientos informales, cerca de basurales a cielo abierto. Abarca a los partidos bonaerenses de Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, La Matanza, Ezeiza, Cañuelas, Almirante Brown, Morón, Merlo, Marcos Paz, Presidente Perón, San Vicente y General Las Heras.
La Acumar fue creada por la ley 26.168, después del primer fallo de la Corte Suprema que dio vía libre a las denuncias por contaminación, como ente de derecho público interjurisdiccional en el ámbito de la Secretaría de Medio Ambiente de la Jefatura de Gabinete, y dispone de un presupuesto anual de 186 millones de pesos. Es un organismo tripartito que integran el Estado nacional, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma. Sin embargo, las fuentes consultadas por este diario coinciden en que allí la incidencia del secretario de Medio Ambiente, Homero Bibiloni –quien ocupa formalmente la presidencia de la Acumar– es ínfima. La mayor parte del organigrama se reparte entre funcionarios que reportan a De Vido y al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. El ex intendente de Quilmes cuenta entre sus leales al subsecretario de Promoción del Desarrollo Sustentable, Ricardo Eusebio “Coyote” Rodríguez. Pero en los últimos días el organismo se vio sacudido por la llegada de hombres ligados a Planificación. En 2009, el Banco Mundial aprobó un crédito de 840 millones de dólares para el saneamiento integral de la cuenca. La inversión total destinada a la limpieza asciende a 1.484 millones de dólares. Los 640 restantes corresponden a fondos aportados por el gobierno nacional.
Alberto Daniel García no es un recién llegado a la función pública. Formó parte del grupo de técnicos encabezados por la ex directora de Asuntos Jurídicos, Yolanda Eggink, y el ex subsecretario legal de Roberto Lavagna, Osvaldo Siseles, que quedaron involucrados en distintas causas investigadas por la Justicia. Cuando se conoció el caso Greco, Eggink y García perdieron su cargo en Economía pero mantuvieron su puesto como parte de la planta permanente. Entonces, la ministra Felisa Miceli abrió sumarios sobre los funcionarios que habían intervenido en el expediente, acusó a los tres experimentados abogados de haber avalado el pago en forma ilegal y aseguró que en el monto que habían acordado pagar ignoraron 164 millones de pesos que el Estado ya había desembolsado. Hoy cargan con un procesamiento del juez federal Sergio Torres que fue ratificado por la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones como “responsables del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en grado de coautores”. En el fallo de segunda instancia, además, el tribunal trabó un embargo sobre los bienes de cada uno de ellos hasta cubrir la suma de un millón de pesos. Según pudo averiguar este diario, el expediente será elevado este año a juicio oral. Para Torres, “los funcionarios nombrados maniobraron dentro del procedimiento administrativo y del judicial, aparentando ejercitar competencias que no tenían, y con desconsideración de la normativa vigente persiguieron, a través de estos medios, la satisfacción de un interés distinto del público y claramente reprochable”, comprometiendo al Estado a pagar al Grupo Greco más de 330 millones de pesos en bonos de consolidación de deuda que al momento de abortarse el pago alcanzaban un valor efectivo mayor a 600 millones de pesos.
La hermandad del caso Greco
Alberto García no es el único funcionario procesado por el caso Greco que sigue en la administración pública. El nuevo director de Asuntos Jurídicos de Acumar forma parte de un grupo de abogados que trabajó durante años en Economía. El juez Sergio Torres lo procesó junto a la ex directora de Asuntos Jurídicos, Yolanda Eggink; el ex subsecretario de Administración, Juan Cayetano Intelisano; y el ex subsecretario legal del ministro Roberto Lavagna, Osvaldo Siseles. Tras el escándalo, Eggink y García permanecieron como empleados en Planificación. Intelisano, Eggink y Siseles volvieron a ser noticia a principios de 2009 cuando el entonces fiscal Manuel Garrido los denunció por el pago irregular de una deuda ilegítima de 54 millones de pesos a un pool de aseguradoras. Garrido demostró que las dos maniobras tenían notorios puntos de contacto y que los funcionarios habían alcanzado un aceitado funcionamiento durante años en Economía. La semana pasada, en coincidencia con el pase de García a Medio Ambiente, Intelisano presentó un recurso de amparo ante la Justicia para volver a su cargo.
Lali Minnicelli, la “arquitecta jurídica” en las sombras de Planificación
Alessandra “Lali” Minnicelli es la mano derecha de Julio De Vido. La abogada que llegó a ocupar la secretaría adjunta de la Sindicatura General durante el gobierno de Néstor Kirchner ya no tiene un cargo pero sigue siendo la arquitecta jurídica del ministerio. Lali, como la llama su marido, ocupa un despacho en el piso 11 de Planificación, donde trabaja De Vido. La ex síndica y el subsecretario de Coordinación y Control de Gestión, Roberto Baratta, son los dos pilares sobre los que se asienta el arquitecto. Minnicelli es la encargada de cuidarle la firma a De Vido y suele tener encontronazos con el subsecretario legal, Rafael Llorens, a quien le achaca una mirada de los asuntos de la cartera más militante que técnica. “Ella es el cerebro jurídico”, le dijo a este diario un empresario que suele tratarla. Minnicelli va dos o tres veces por semana al edificio de Hipólito Yrigoyen y su presencia no pasa desapercibida. Fuentes del ministerio reconocieron que Minnicelli pesó en la designación del procesado Alberto García en el Acumar. Fue después de que la abogada Silvia García, una funcionaria ligada a Llorens, abandonó el ministerio. La doctora García fue la primera candidata para desembarcar en la autoridad de la Cuenca. Se desempeñaba a las órdenes del director de Asuntos Jurídicos, Pablo Campi, con quien suele trabajar también en la esfera privada. En el área legal de De Vido permanece otra funcionaria procesada por el caso Greco: la ex directora general de Asuntos Jurídicos de Economía, Yolanda Eggink.
El riesgo de vivir junto a la contaminación
El riesgo de vivir junto a la contaminación
Fecha de Publicación: 08/02/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
El 96,4% de la población de la zona de la cuenca Matanza-Riachuelo está expuesta a las amenazas del deterioro del medio ambiente
Nacer en la cuenca Matanza-Riachuelo es como nacer desahuciado. Así lo describió Marcela Gianini, cocinera de uno de los comedores del barrio Nicole, en La Matanza: "Cuando mi hijo empezó con episodios de asma, me dijeron que el origen era el lugar donde vivíamos. Ahora tiene 8 años y sigue con problemas respiratorios. Y no es el único. Muchos chicos que vienen al comedor tienen algún síntoma respiratorio".
Su diagnóstico coincide con la realidad: un documento oficial revela que el 96,4 por ciento de la población de la cuenca está expuesta, al menos, a una amenaza de riesgo ambiental, que se traduce en tasas de mortalidad general e infantil que superan las medias del país.
El informe oficial, elaborado por la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación, agrega que entre los problemas de salud más frecuentes en la cuenca predominan los gastrointestinales (33,3%) y respiratorios (26%).
A 17 meses de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenara el saneamiento del Riachuelo a los estados nacional, bonaerense y porteño, son pocos los avances que se advierten.
"La situación que muestra el informe simplemente exige y legitima la necesidad del cumplimiento rápido y eficiente del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) del Riachuelo", sostuvo Anselmo Sella, defensor titular adjunto del pueblo de la Nación.
"Es fundamental que se identifiquen rápidamente los sectores con mayor riesgo ambiental y se realice un plan sanitario de emergencia proactivo", agregó.
La encuesta realizada por la cartera sanitaria nacional también permitió determinar que de los 973.196 hogares de la cuenca, la mitad padece alguna situación ambiental de riesgo, tales como deficiencias en el abastecimiento de agua, cloacas o disposición de residuos.
"No deberíamos extrañarnos al conocer las cifras de las condiciones de salud de la población de la cuenca. Los organismos de las personas que viven en ella, sumamente deteriorados como consecuencia del inexistente saneamiento básico (agua segura y cloacas) son un blanco fácil para la contaminación de origen industrial a la cual están expuestos diariamente.", indicó Martín Prieto, director ejecutivo de Greenpeace Argentina.
Pánfilo Bogado vive a pocas cuadras de distancia de Gianini, más cerca del arroyo Morales, que desemboca en el río Matanza y forma parte de la cuenca. "Un grave problema que tenemos es que la gente no tiene dónde tirar la basura y la va acumulando acá", dijo, y señaló una montaña fétida de residuos que se veía sobre los pastizales de la orilla. "Para nosotros, que ya estamos, no es el problema; el problema es para los chicos que tienen toda la vida por delante", agregó.
Víctor Friti es representante del Foro Hídrico de Lomas de Zamora vive en otro partido, pero comparte la preocupación: "Se mezclan un montón cuestiones. En muchos barrios, por la explosión demográfica que ha habido en la zona, no hay agua. Al no tener cloacas, Lomas tiene 25% de cloacas; el agua que puede extraerse del subsuelo no es precisamente de la mejor calidad. Pero lo peor no es que no hay cloacas, sino que no hay plan de saneamiento hídrico".
A Frites hay otro tema que lo preocupa: La Salada. Hay unos 1200 metros de puestos que ocupan el camino de sirga del Riachuelo, que deberán ser liberados. "Por el momento, se liberaron sólo 200 metros. Desde hace años estamos presos. Para poder salir del barrio, tenemos que caminar 15 o 20 cuadras debido a esta ocupación. No pueden entrar ni las ambulancias. Y encima tenemos que soportar que toda la basura que se genera en la feria se tire directamente en ese lugar."
A la Justicia
La Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), ente interjurisdiccional que debe velar por el cumplimiento del plan de saneamiento, envió a la Justicia un detalle del presupuesto con el que contará este año. Según el informe oficial, se señaló: "El saneamiento del Riachuelo insumirá 23.801 millones de pesos hasta 2024; se llevan invertidos 3114 millones entre 2006 y 2009, y para este año se prevé destinar 4427 millones".
El secretario de Ambiente de la Nación y presidente de la Acumar, Homero Bibiloni, dijo: "La inversión presupuestaria realizada y proyectada para este año marca el compromiso del Estado nacional frente al tema. El desafío es revertir la histórica degradación de la cuenca haciendo frente a los diversos problemas ambientales, económicos, sociales e institucionales, para lo cual se requiere la participación de diversos actores sociales y múltiples acciones en su resolución".
Para los vecinos, ese desafío sigue sin cumplirse.
Datos alarmantes
- De los 973.196 hogares de la zona, la mitad padece alguna situación de riesgo ambiental. Los problemas de salud más frecuentes que se presentan son gastrointestinales y respiratorios.
- Falta provisión de agua de red a 297.232 personas.
- Hay carencia de desagües cloacales de red de 327.560 personas.
- Están con residencia alejada de hospitales o de establecimientos de salud 327.007 personas.
- Viven en casas o en viviendas con superficies inundables 198.388 personas.
- Habitan cerca de basurales 2682 personas.
- Residen cerca de establecimientos industriales con riesgo de contaminación 32.364 personas.
- Mientras el índice de mortalidad infantil en la Argentina es de 13,3 por mil nacidos vivos hasta el primer año de vida, el índice de mortalidad infantil en la cuenca Matanza-Riachuelo es de 14,3 por mil nacidos vivos hasta el primer año de edad.
Fecha de Publicación: 08/02/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
El 96,4% de la población de la zona de la cuenca Matanza-Riachuelo está expuesta a las amenazas del deterioro del medio ambiente
Nacer en la cuenca Matanza-Riachuelo es como nacer desahuciado. Así lo describió Marcela Gianini, cocinera de uno de los comedores del barrio Nicole, en La Matanza: "Cuando mi hijo empezó con episodios de asma, me dijeron que el origen era el lugar donde vivíamos. Ahora tiene 8 años y sigue con problemas respiratorios. Y no es el único. Muchos chicos que vienen al comedor tienen algún síntoma respiratorio".
Su diagnóstico coincide con la realidad: un documento oficial revela que el 96,4 por ciento de la población de la cuenca está expuesta, al menos, a una amenaza de riesgo ambiental, que se traduce en tasas de mortalidad general e infantil que superan las medias del país.
El informe oficial, elaborado por la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación, agrega que entre los problemas de salud más frecuentes en la cuenca predominan los gastrointestinales (33,3%) y respiratorios (26%).
A 17 meses de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenara el saneamiento del Riachuelo a los estados nacional, bonaerense y porteño, son pocos los avances que se advierten.
"La situación que muestra el informe simplemente exige y legitima la necesidad del cumplimiento rápido y eficiente del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) del Riachuelo", sostuvo Anselmo Sella, defensor titular adjunto del pueblo de la Nación.
"Es fundamental que se identifiquen rápidamente los sectores con mayor riesgo ambiental y se realice un plan sanitario de emergencia proactivo", agregó.
La encuesta realizada por la cartera sanitaria nacional también permitió determinar que de los 973.196 hogares de la cuenca, la mitad padece alguna situación ambiental de riesgo, tales como deficiencias en el abastecimiento de agua, cloacas o disposición de residuos.
"No deberíamos extrañarnos al conocer las cifras de las condiciones de salud de la población de la cuenca. Los organismos de las personas que viven en ella, sumamente deteriorados como consecuencia del inexistente saneamiento básico (agua segura y cloacas) son un blanco fácil para la contaminación de origen industrial a la cual están expuestos diariamente.", indicó Martín Prieto, director ejecutivo de Greenpeace Argentina.
Pánfilo Bogado vive a pocas cuadras de distancia de Gianini, más cerca del arroyo Morales, que desemboca en el río Matanza y forma parte de la cuenca. "Un grave problema que tenemos es que la gente no tiene dónde tirar la basura y la va acumulando acá", dijo, y señaló una montaña fétida de residuos que se veía sobre los pastizales de la orilla. "Para nosotros, que ya estamos, no es el problema; el problema es para los chicos que tienen toda la vida por delante", agregó.
Víctor Friti es representante del Foro Hídrico de Lomas de Zamora vive en otro partido, pero comparte la preocupación: "Se mezclan un montón cuestiones. En muchos barrios, por la explosión demográfica que ha habido en la zona, no hay agua. Al no tener cloacas, Lomas tiene 25% de cloacas; el agua que puede extraerse del subsuelo no es precisamente de la mejor calidad. Pero lo peor no es que no hay cloacas, sino que no hay plan de saneamiento hídrico".
A Frites hay otro tema que lo preocupa: La Salada. Hay unos 1200 metros de puestos que ocupan el camino de sirga del Riachuelo, que deberán ser liberados. "Por el momento, se liberaron sólo 200 metros. Desde hace años estamos presos. Para poder salir del barrio, tenemos que caminar 15 o 20 cuadras debido a esta ocupación. No pueden entrar ni las ambulancias. Y encima tenemos que soportar que toda la basura que se genera en la feria se tire directamente en ese lugar."
A la Justicia
La Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), ente interjurisdiccional que debe velar por el cumplimiento del plan de saneamiento, envió a la Justicia un detalle del presupuesto con el que contará este año. Según el informe oficial, se señaló: "El saneamiento del Riachuelo insumirá 23.801 millones de pesos hasta 2024; se llevan invertidos 3114 millones entre 2006 y 2009, y para este año se prevé destinar 4427 millones".
El secretario de Ambiente de la Nación y presidente de la Acumar, Homero Bibiloni, dijo: "La inversión presupuestaria realizada y proyectada para este año marca el compromiso del Estado nacional frente al tema. El desafío es revertir la histórica degradación de la cuenca haciendo frente a los diversos problemas ambientales, económicos, sociales e institucionales, para lo cual se requiere la participación de diversos actores sociales y múltiples acciones en su resolución".
Para los vecinos, ese desafío sigue sin cumplirse.
Datos alarmantes
- De los 973.196 hogares de la zona, la mitad padece alguna situación de riesgo ambiental. Los problemas de salud más frecuentes que se presentan son gastrointestinales y respiratorios.
- Falta provisión de agua de red a 297.232 personas.
- Hay carencia de desagües cloacales de red de 327.560 personas.
- Están con residencia alejada de hospitales o de establecimientos de salud 327.007 personas.
- Viven en casas o en viviendas con superficies inundables 198.388 personas.
- Habitan cerca de basurales 2682 personas.
- Residen cerca de establecimientos industriales con riesgo de contaminación 32.364 personas.
- Mientras el índice de mortalidad infantil en la Argentina es de 13,3 por mil nacidos vivos hasta el primer año de vida, el índice de mortalidad infantil en la cuenca Matanza-Riachuelo es de 14,3 por mil nacidos vivos hasta el primer año de edad.
Bosques tucumanos en jaque
Una demora legislativa pone en jaque a los bosques nativos
Fecha de Publicación: 08/02/2010
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Al borde la extinción, no. Sí, en punto crítico. Daniel Manso, director de Fauna, Flora Silvestre y Suelo de la provincia, considera que la sociedad tiene una oportunidad histórica para salvar sus bosques nativos. Explica: "según nuestra información satelital, la superficie boscosa no ha disminuido en los últimos 10 años gracias a las plantaciones y regeneraciones. Sí estamos en un umbral, en un punto límite: más allá de esta frontera, la destrucción será irreversible".
A la decisiva conservación del bosque contribuirá el ordenamiento del territorio que la Legislatura de Tucumán debe aprobar y reglamentar por exigencia de la Ley Nacional 26.331, de Presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos. El arquitecto Manso calcula que la redacción del borrador de este instrumento, que debía estar listo a finales de 2008, concluirá en abril. Recién entonces será girado al Poder Legislativo.
"La mayoría de las provincias están en mora. Quizá sea un consuelo de tontos, pero la planificación es una materia pendiente en Argentina y la ambiental, más todavía. Entiendo que los planteles técnicos y académicos de Tucumán no estaban maduros para asumir este compromiso", justifica.
El reto planteado por la Ley 26.331 supone generar un mapa tricolor mediante un proceso participativo, donde el sector rojo corresponda a la zona que, por su alto valor de conservación, debe persistir como bosque a perpetuidad. El amarillo comprende las áreas de mediano valor de conservación susceptibles de aprovechamiento sostenible (en simultáneo con programas de restauración). La zona pintada con verde, por su escaso valor de conservación, puede ser total o parcialmente transformada.
Cambios
La exigencia del ordenamiento produjo cambios en la Dirección de Fauna, Flora Silvestre y Suelo (Manso, que en marzo de 2009 reemplazó a Manuel Imbert, asegura que asumió para llevar adelante este cometido) y obligó a licitar la gestión del proceso, que quedó en manos de la ONG Fundejma (el gobierno gastará 445.000 pesos en esta contratación). Javier González Morenghi, presidente de esa institución, afirma que desconoce la razón de la demora que acarrea el ordenamiento. "No somos parte del Estado. Sí nos consta que esta gestión se está esforzando para que el trabajo sea técnicamente impecable y cumpla los procesos participativos que exige la ley", afirmó.
Tucumán y Catamarca son las únicas jurisdicciones del NOA que no han aprobado la categorización de sus respectivos territorios. "En general, las provincias comenzaron tarde (respecto del plazo legal que venció en diciembre de 2008). También hay casos donde los ordenamientos han sido cuestionados por las autoridades nacionales o sectores de la ciudadanía", esgrime el vocero de Fundefma. Para evitar las hipótesis de conflicto y judicialización, las propuestas de zonificación han sido debatidas en cuatro talleres abiertos a la comunidad tucumana. "En la discusión participaron ambientalistas, representantes de los tres poderes del Estado, del sector privado y ciudadanos comunes", precisa Manso.
Este productivo
Aunque el mapa aún no está definido, el director de Flora, Fauna Silvestre y Suelo anticipa que, en general, existe gran coincidencia sobre cómo debe ser trazado. Con la ayuda de un apunte, anuncia: "la montaña será roja porque la gente quiere preservar el sistema de yungas, la Selva Tucumano Boliviana. El piedemonte y Tafí del Valle y sus alrededores probablemente entren en el sector amarillo porque la comunidad desea que estas áreas sean preservadas y estén sujetas al desarrollo sustentable, que será muy distinto al aprovechamiento que se hace actualmente. El este será verde, es decir, productivo".
Más allá de la conservación de los bosques, el ordenamiento territorial urge para destrabar la prohibición de desmontar vigente desde la sanción de la Ley 26.331, en noviembre de 2007. Manso asegura que el Estado no ha dado permisos. "Los desmontes ejecutados en este período son ilegales u obedecen a licencias anteriores a la votación en el Congreso de la Nación", aclara el funcionario.
Fecha de Publicación: 08/02/2010
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Al borde la extinción, no. Sí, en punto crítico. Daniel Manso, director de Fauna, Flora Silvestre y Suelo de la provincia, considera que la sociedad tiene una oportunidad histórica para salvar sus bosques nativos. Explica: "según nuestra información satelital, la superficie boscosa no ha disminuido en los últimos 10 años gracias a las plantaciones y regeneraciones. Sí estamos en un umbral, en un punto límite: más allá de esta frontera, la destrucción será irreversible".
A la decisiva conservación del bosque contribuirá el ordenamiento del territorio que la Legislatura de Tucumán debe aprobar y reglamentar por exigencia de la Ley Nacional 26.331, de Presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos. El arquitecto Manso calcula que la redacción del borrador de este instrumento, que debía estar listo a finales de 2008, concluirá en abril. Recién entonces será girado al Poder Legislativo.
"La mayoría de las provincias están en mora. Quizá sea un consuelo de tontos, pero la planificación es una materia pendiente en Argentina y la ambiental, más todavía. Entiendo que los planteles técnicos y académicos de Tucumán no estaban maduros para asumir este compromiso", justifica.
El reto planteado por la Ley 26.331 supone generar un mapa tricolor mediante un proceso participativo, donde el sector rojo corresponda a la zona que, por su alto valor de conservación, debe persistir como bosque a perpetuidad. El amarillo comprende las áreas de mediano valor de conservación susceptibles de aprovechamiento sostenible (en simultáneo con programas de restauración). La zona pintada con verde, por su escaso valor de conservación, puede ser total o parcialmente transformada.
Cambios
La exigencia del ordenamiento produjo cambios en la Dirección de Fauna, Flora Silvestre y Suelo (Manso, que en marzo de 2009 reemplazó a Manuel Imbert, asegura que asumió para llevar adelante este cometido) y obligó a licitar la gestión del proceso, que quedó en manos de la ONG Fundejma (el gobierno gastará 445.000 pesos en esta contratación). Javier González Morenghi, presidente de esa institución, afirma que desconoce la razón de la demora que acarrea el ordenamiento. "No somos parte del Estado. Sí nos consta que esta gestión se está esforzando para que el trabajo sea técnicamente impecable y cumpla los procesos participativos que exige la ley", afirmó.
Tucumán y Catamarca son las únicas jurisdicciones del NOA que no han aprobado la categorización de sus respectivos territorios. "En general, las provincias comenzaron tarde (respecto del plazo legal que venció en diciembre de 2008). También hay casos donde los ordenamientos han sido cuestionados por las autoridades nacionales o sectores de la ciudadanía", esgrime el vocero de Fundefma. Para evitar las hipótesis de conflicto y judicialización, las propuestas de zonificación han sido debatidas en cuatro talleres abiertos a la comunidad tucumana. "En la discusión participaron ambientalistas, representantes de los tres poderes del Estado, del sector privado y ciudadanos comunes", precisa Manso.
Este productivo
Aunque el mapa aún no está definido, el director de Flora, Fauna Silvestre y Suelo anticipa que, en general, existe gran coincidencia sobre cómo debe ser trazado. Con la ayuda de un apunte, anuncia: "la montaña será roja porque la gente quiere preservar el sistema de yungas, la Selva Tucumano Boliviana. El piedemonte y Tafí del Valle y sus alrededores probablemente entren en el sector amarillo porque la comunidad desea que estas áreas sean preservadas y estén sujetas al desarrollo sustentable, que será muy distinto al aprovechamiento que se hace actualmente. El este será verde, es decir, productivo".
Más allá de la conservación de los bosques, el ordenamiento territorial urge para destrabar la prohibición de desmontar vigente desde la sanción de la Ley 26.331, en noviembre de 2007. Manso asegura que el Estado no ha dado permisos. "Los desmontes ejecutados en este período son ilegales u obedecen a licencias anteriores a la votación en el Congreso de la Nación", aclara el funcionario.
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Tucumán
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Un año de conflictos mineros
Un año de conflictos mineros
Fecha de Publicación: 08/02/2010
Fuente: Diario Crítica - Por Javier Rodríguez Pardo
Provincia/Región: Nacional
En un país subastado y ocupado por 74 megacorporaciones mineras, la mayoría canadienses y británicas, 165 proyectos de explotación esperan luz verde este año para avanzar en diferentes etapas de exploración, factibilidad, construcción y explotación. De ellos, 66 corresponden a Jujuy, Salta, Catamarca y la Rioja, 43 operan en San Juan, San Luis, Mendoza y Neuquén, y 56 en Santa Cruz, Chubut y Río Negro. A esta cantidad se suman miles de cateos mineros que prospectan vastas áreas cuantificando yacimientos y su posibilidad extractiva, con absoluta promiscuidad y un laxismo legal inconcebible: la cifra da escalofríos porque es el comienzo de la devastación. De aprobarse todos los informes de impacto ambiental, cohabitaríamos con suelos lunares, ingentes territorios con centenares de cráteres de 4 kilómetros de diámetro y más de 700 metros de profundidad que en la jerga se denominan “open pit”.
Sólo seis las provincias argentinas legislaron impidiendo la actividad minera (Chubut, Río Negro, Mendoza, Córdoba, San Luis y Tucumán). Mientras tanto, el resto de las comunidades cordilleranas se halla en virtual levantamiento popular al reconocer que los minerales diseminados sólo presentan rentabilidad con el sistema a cielo abierto, volando montañas. El método es de una voracidad sin obstáculos: empapar con reactivos químicos las rocas pulverizadas, consumir en un segundo el agua que utiliza una familia tipo en un mes y la energía equivalente a la de toda una provincia.
Los yacimientos se registran según la concentración de metales como oro, plata, cobre, uranio, etc., pero igualmente valiosos son los subproductos que acompañan a éstos y que no son declarados al cruzar la aduana. Al mismo tiempo, las poblaciones expuestas al sistema extractivo denuncian contaminación, destrucción territorial y saqueo, y se sublevan resistiendo el arribo minero. Del otro lado, judicializan la protesta y reprimen. Así están las cosas al comienzo de 2010.
Un caso testigo es el del renio. (Crítica de la Argentina, 31/1/2010). Se trata de un subproducto de metales que generalmente franquea la frontera con la declaración de “impurezas de exportación”. El metal se utiliza en aleaciones de aceros especiales para la industria aeronáutica, naval y espacial. Se llega a pagar hasta 25 mil dólares el kilo, lo que significa que es el mineral más caro del mundo, tan indispensable que no se concibe construir un avión moderno o una central nuclear sin incluirlo. Los fabricantes de aviones usan entre 3 y 6% de renio en sus turbinas. La velocidad de las aeronaves depende de él. Además soporta temperaturas superiores a los 3.000º C.
Otro caso son las “tierras raras”, 15 elementos de la tabla periódica que a principios del siglo XX no tenían aplicación, de ahí su nombre. Hoy la demanda mundial obliga a China, principal productor, a limitar las exportaciones, previendo el mercado de automóviles eléctricos que irrumpe de manera sostenida y que requiere de aleaciones con el “raro” neodimio. Otro componente de estas “tierras” es el lantano, crucial para las baterías de los autos y en la electrónica y comunicaciones. Son metales que parten regalados hacia los mercados del norte, por no decir que se contrabandean. Todas las transnacionales en el país los exportan sin declararlos en la aduana. “Para qué los querés –le decía el subsecretario de Minería de la provincia de San Juan a un ingeniero del sector– si aquí no tenemos cómo investigarlos ni aplicarlos”. Lo cierto es que en los países del norte, las “tierras raras” llegan a venderse a más de 10 mil dólares la tonelada. En esta línea se halla el coltán, combinación de dos metales, niobio y tántalo, tan críticos como estratégicos. El coltán es indispensable en tecnologías como la telefónica, médica (implantes), electrónica, aeroespacial y bélica. Su demanda y valor produjo, entre otras, la guerra civil en el Congo. Un mineral que en los últimos 15 años soporta la implacabilidad de las transnacionales y los recurrentes debates en las Naciones Unidas debido a explotaciones vandálicas. En nuestro país las mineras ocultan su hallazgo mientras rastrean el continente de manera obsesiva.
Varios son los proyectos mineros avanzados para el presente año. El principal es Pascua-Lama, de la Barrick Gold, en el límite con Chile, a 4.500 metros de altura, en San Juan. Las poblaciones aledañas de ambos estados mantienen constantes movilizaciones, decenas de presentaciones judiciales por daños ambientales que impactan en cursos de agua y glaciares. El lobby de la Barrick Gold y del gobierno de José Luis Gioja provocó que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner vetara la ley de protección de glaciares sancionada por el Congreso nacional.
Casposo es otro yacimiento sanjuanino de oro y plata que mantiene en rebeldía a asambleístas y autoconvocados.
En la misma provincia, Pachón, de Xtrata Kopper, igual que Pascua-Lama, aplicará el tratado binacional minero de implementación conjunta argentino-chileno, convenio que convierte a la Cordillera de los Andes en un virtual tercer país gobernado por transnacionales.
En Catamarca se anunció la construcción de Agua Rica –cobre y polimetálica–, afectando a los pueblos de Andalgalá, Belén, Santa María y otros, que se manifiestan en las rutas y bloquean el paso de los vehículos mineros.
En Chubut, el proyecto Navidad, autopublicitado el más grande del mundo en plata y plomo, también oculta minerales no revelados. En Chubut rige la ley 5001, que prohíbe la minería a cielo abierto y el uso de compuestos tóxicos; los patagónicos la defienden y prometen evitar una zonificación minera, pergeñada por gobernantes y corporaciones.
En Mendoza hay dos pertenencias extractivas en ciernes. Una es Potasio Río Colorado, de la brasileña Vale, en Malargüe, pródigo en cloruro de potasio para las fábricas de fertilizantes. Su explotación debería convulsionar al país, pues consumirá un millón de metros cúbicos de gas por día, equivalente a un tercio del que se importa de Bolivia. Utilizará la misma cantidad de energía eléctrica que la provincia de Tucumán. Agotará fuentes de agua y provocará un impacto ambiental insalvable reconocido por el propio Consejo Provincial del Ambiente. A la provincia le dejaría menos del 4% de lo que embolsará la minera.
Se precipita un año de conflictos sociales anunciados, con gobernantes y mineros abroquelados, ignorando los reclamos populares y del sentido común.
Fecha de Publicación: 08/02/2010
Fuente: Diario Crítica - Por Javier Rodríguez Pardo
Provincia/Región: Nacional
En un país subastado y ocupado por 74 megacorporaciones mineras, la mayoría canadienses y británicas, 165 proyectos de explotación esperan luz verde este año para avanzar en diferentes etapas de exploración, factibilidad, construcción y explotación. De ellos, 66 corresponden a Jujuy, Salta, Catamarca y la Rioja, 43 operan en San Juan, San Luis, Mendoza y Neuquén, y 56 en Santa Cruz, Chubut y Río Negro. A esta cantidad se suman miles de cateos mineros que prospectan vastas áreas cuantificando yacimientos y su posibilidad extractiva, con absoluta promiscuidad y un laxismo legal inconcebible: la cifra da escalofríos porque es el comienzo de la devastación. De aprobarse todos los informes de impacto ambiental, cohabitaríamos con suelos lunares, ingentes territorios con centenares de cráteres de 4 kilómetros de diámetro y más de 700 metros de profundidad que en la jerga se denominan “open pit”.
Sólo seis las provincias argentinas legislaron impidiendo la actividad minera (Chubut, Río Negro, Mendoza, Córdoba, San Luis y Tucumán). Mientras tanto, el resto de las comunidades cordilleranas se halla en virtual levantamiento popular al reconocer que los minerales diseminados sólo presentan rentabilidad con el sistema a cielo abierto, volando montañas. El método es de una voracidad sin obstáculos: empapar con reactivos químicos las rocas pulverizadas, consumir en un segundo el agua que utiliza una familia tipo en un mes y la energía equivalente a la de toda una provincia.
Los yacimientos se registran según la concentración de metales como oro, plata, cobre, uranio, etc., pero igualmente valiosos son los subproductos que acompañan a éstos y que no son declarados al cruzar la aduana. Al mismo tiempo, las poblaciones expuestas al sistema extractivo denuncian contaminación, destrucción territorial y saqueo, y se sublevan resistiendo el arribo minero. Del otro lado, judicializan la protesta y reprimen. Así están las cosas al comienzo de 2010.
Un caso testigo es el del renio. (Crítica de la Argentina, 31/1/2010). Se trata de un subproducto de metales que generalmente franquea la frontera con la declaración de “impurezas de exportación”. El metal se utiliza en aleaciones de aceros especiales para la industria aeronáutica, naval y espacial. Se llega a pagar hasta 25 mil dólares el kilo, lo que significa que es el mineral más caro del mundo, tan indispensable que no se concibe construir un avión moderno o una central nuclear sin incluirlo. Los fabricantes de aviones usan entre 3 y 6% de renio en sus turbinas. La velocidad de las aeronaves depende de él. Además soporta temperaturas superiores a los 3.000º C.
Otro caso son las “tierras raras”, 15 elementos de la tabla periódica que a principios del siglo XX no tenían aplicación, de ahí su nombre. Hoy la demanda mundial obliga a China, principal productor, a limitar las exportaciones, previendo el mercado de automóviles eléctricos que irrumpe de manera sostenida y que requiere de aleaciones con el “raro” neodimio. Otro componente de estas “tierras” es el lantano, crucial para las baterías de los autos y en la electrónica y comunicaciones. Son metales que parten regalados hacia los mercados del norte, por no decir que se contrabandean. Todas las transnacionales en el país los exportan sin declararlos en la aduana. “Para qué los querés –le decía el subsecretario de Minería de la provincia de San Juan a un ingeniero del sector– si aquí no tenemos cómo investigarlos ni aplicarlos”. Lo cierto es que en los países del norte, las “tierras raras” llegan a venderse a más de 10 mil dólares la tonelada. En esta línea se halla el coltán, combinación de dos metales, niobio y tántalo, tan críticos como estratégicos. El coltán es indispensable en tecnologías como la telefónica, médica (implantes), electrónica, aeroespacial y bélica. Su demanda y valor produjo, entre otras, la guerra civil en el Congo. Un mineral que en los últimos 15 años soporta la implacabilidad de las transnacionales y los recurrentes debates en las Naciones Unidas debido a explotaciones vandálicas. En nuestro país las mineras ocultan su hallazgo mientras rastrean el continente de manera obsesiva.
Varios son los proyectos mineros avanzados para el presente año. El principal es Pascua-Lama, de la Barrick Gold, en el límite con Chile, a 4.500 metros de altura, en San Juan. Las poblaciones aledañas de ambos estados mantienen constantes movilizaciones, decenas de presentaciones judiciales por daños ambientales que impactan en cursos de agua y glaciares. El lobby de la Barrick Gold y del gobierno de José Luis Gioja provocó que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner vetara la ley de protección de glaciares sancionada por el Congreso nacional.
Casposo es otro yacimiento sanjuanino de oro y plata que mantiene en rebeldía a asambleístas y autoconvocados.
En la misma provincia, Pachón, de Xtrata Kopper, igual que Pascua-Lama, aplicará el tratado binacional minero de implementación conjunta argentino-chileno, convenio que convierte a la Cordillera de los Andes en un virtual tercer país gobernado por transnacionales.
En Catamarca se anunció la construcción de Agua Rica –cobre y polimetálica–, afectando a los pueblos de Andalgalá, Belén, Santa María y otros, que se manifiestan en las rutas y bloquean el paso de los vehículos mineros.
En Chubut, el proyecto Navidad, autopublicitado el más grande del mundo en plata y plomo, también oculta minerales no revelados. En Chubut rige la ley 5001, que prohíbe la minería a cielo abierto y el uso de compuestos tóxicos; los patagónicos la defienden y prometen evitar una zonificación minera, pergeñada por gobernantes y corporaciones.
En Mendoza hay dos pertenencias extractivas en ciernes. Una es Potasio Río Colorado, de la brasileña Vale, en Malargüe, pródigo en cloruro de potasio para las fábricas de fertilizantes. Su explotación debería convulsionar al país, pues consumirá un millón de metros cúbicos de gas por día, equivalente a un tercio del que se importa de Bolivia. Utilizará la misma cantidad de energía eléctrica que la provincia de Tucumán. Agotará fuentes de agua y provocará un impacto ambiental insalvable reconocido por el propio Consejo Provincial del Ambiente. A la provincia le dejaría menos del 4% de lo que embolsará la minera.
Se precipita un año de conflictos sociales anunciados, con gobernantes y mineros abroquelados, ignorando los reclamos populares y del sentido común.
Tu firma por una gota más de Agua
Firmas contra la derogación de la ley que prohíbe la minería con cianuro
Fecha de Publicación: 07/02/2010
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
El Foro Ambiental y Social de la Patagonia desarrolló su campaña “Tu firma por una gota más de Agua”, en el marco de la Exposición Rural. Destacaron la participación de los ciudadanos en la nota que se enviará a la Legislatura para evitar que se derogue la Ley Provincial 5.001 que actualmente prohíbe la explotación minera con cianuro en Chubut.
Desde el Foro Ambiental y Social de la Patagonia (FASP) se destacó la participación de la gente que visitó la Exposición, y la información que en general poseen sobre el impacto de la megaminaría.
“Agradecemos a la Sociedad Rural por permitirnos tener un stand en la Exposición, dado que no sólo conseguimos llegar con información a la gente sino también conseguimos sumar voluntarios para la organización que viene funcionando hace tres años en la ciudad”, informaron desde la organización.
Desde fines de diciembre se realiza la campaña de firmas, que también se desarrolla en el noreste y noroeste de Chubut, a través de los vecinos autoconvocados de Esquel y el Fasp de Trelew.
El tema minero estuvo presente en La Rural también a través de una encuesta implementada por la Sociedad Rural local que busca conocer la opinión sobre el tema de productores y vecinos de Comodoro Rivadavia, y el grado de conocimiento que poseen sobre el impacto de la minería.
“En la campaña de firmas de La Rural nos llama mucho la atención que, salvo raras excepciones, la gente maneja información sobre el impacto negativo de la minería, la contaminación en San Juan, Santa Cruz, Catamarca. Muchos hasta se ofrecen para acercar fotos y dar datos precisos porque han estado en esas zonas, incluso por trabajo. La posibilidad de que se contamine el agua es también una preocupación manifestada por quienes firmaron, incluso la gente se acercó directamente a firmar y eso nos parece un buen indicador”, indicaron desde la organización.
Desde el Fasp también se informó que en el día de ayer un grupo de vecinos de diferentes puntos de la provincia viajaron rumbo a Gan Gan donde se reunirían con pobladores de la zona para conocer los avances de la minería en el zona, y solidarizarse con quienes no están de acuerdo con la instalación de un emprendimiento minero en la zona.
En este marco, se informó que el Foro Ambiental y Social de la Patagonia, a través de sus sedes Trelew, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia, adhieren a la declaración de personas “no gratas en nuestra provincia a los empresarios mineros de San Juan, -que visitarán en breve la provincia-; al director de Petrominera, el radical dasnevista Cambareri, y a los funcionarios provinciales que quieren un Chubut al `estilo San Juan´”.
Aclararon que el comunicado obedece a que durante esta semana llegarían a Rawson integrantes de la Asociación de Mineros Nacionales de San Juan para mantener reuniones con funcionarios provinciales, “para que se vayan adecuando y preparando para el desarrollo del emprendimiento minero Navidad”.
“Consideramos este hecho una afrenta a la ciudadanía de Chubut toda y comprobamos que nuevamente las mineras vienen de la mano y con la protección de quienes deben controlarlos, para hacer lo que mejor saben: llevarse la mayor ganancia , en el menor tiempo y con el mínimo costo posible, dejando contaminación y saqueo”, afirmaron.
Fecha de Publicación: 07/02/2010
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
El Foro Ambiental y Social de la Patagonia desarrolló su campaña “Tu firma por una gota más de Agua”, en el marco de la Exposición Rural. Destacaron la participación de los ciudadanos en la nota que se enviará a la Legislatura para evitar que se derogue la Ley Provincial 5.001 que actualmente prohíbe la explotación minera con cianuro en Chubut.
Desde el Foro Ambiental y Social de la Patagonia (FASP) se destacó la participación de la gente que visitó la Exposición, y la información que en general poseen sobre el impacto de la megaminaría.
“Agradecemos a la Sociedad Rural por permitirnos tener un stand en la Exposición, dado que no sólo conseguimos llegar con información a la gente sino también conseguimos sumar voluntarios para la organización que viene funcionando hace tres años en la ciudad”, informaron desde la organización.
Desde fines de diciembre se realiza la campaña de firmas, que también se desarrolla en el noreste y noroeste de Chubut, a través de los vecinos autoconvocados de Esquel y el Fasp de Trelew.
El tema minero estuvo presente en La Rural también a través de una encuesta implementada por la Sociedad Rural local que busca conocer la opinión sobre el tema de productores y vecinos de Comodoro Rivadavia, y el grado de conocimiento que poseen sobre el impacto de la minería.
“En la campaña de firmas de La Rural nos llama mucho la atención que, salvo raras excepciones, la gente maneja información sobre el impacto negativo de la minería, la contaminación en San Juan, Santa Cruz, Catamarca. Muchos hasta se ofrecen para acercar fotos y dar datos precisos porque han estado en esas zonas, incluso por trabajo. La posibilidad de que se contamine el agua es también una preocupación manifestada por quienes firmaron, incluso la gente se acercó directamente a firmar y eso nos parece un buen indicador”, indicaron desde la organización.
Desde el Fasp también se informó que en el día de ayer un grupo de vecinos de diferentes puntos de la provincia viajaron rumbo a Gan Gan donde se reunirían con pobladores de la zona para conocer los avances de la minería en el zona, y solidarizarse con quienes no están de acuerdo con la instalación de un emprendimiento minero en la zona.
En este marco, se informó que el Foro Ambiental y Social de la Patagonia, a través de sus sedes Trelew, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia, adhieren a la declaración de personas “no gratas en nuestra provincia a los empresarios mineros de San Juan, -que visitarán en breve la provincia-; al director de Petrominera, el radical dasnevista Cambareri, y a los funcionarios provinciales que quieren un Chubut al `estilo San Juan´”.
Aclararon que el comunicado obedece a que durante esta semana llegarían a Rawson integrantes de la Asociación de Mineros Nacionales de San Juan para mantener reuniones con funcionarios provinciales, “para que se vayan adecuando y preparando para el desarrollo del emprendimiento minero Navidad”.
“Consideramos este hecho una afrenta a la ciudadanía de Chubut toda y comprobamos que nuevamente las mineras vienen de la mano y con la protección de quienes deben controlarlos, para hacer lo que mejor saben: llevarse la mayor ganancia , en el menor tiempo y con el mínimo costo posible, dejando contaminación y saqueo”, afirmaron.
Arroceras: Piden intervención de la Ramsar
Arroceras del Chaco: Piden intervención de la Convención Ramsar
Fecha de Publicación: 06/02/2010
Fuente: EcoPortal
Provincia/Región: Chaco
El caso de las arroceras San Carlos SRL y Cancha Larga SA en la provincia del Chaco podría derivar en un escándalo internacional. Al pedido del Fiscal Federal Gustavo Corregido para que la justicia interponga una medida cautelar de no innovar “a fin de ordenar a la explotaciones arroceras, sus administradores y socios se abstengan de continuar con las maniobras contaminantes en tal sentido y verificado en autos el empleo de sustancias tóxicas que impactan y dañan el ambiente”, se sumaría ahora la intervención de la Secretaria de la Convención Ramsar, con sede en Suiza.
El pedido fue realizado por la abogada Graciela Gómez ante el impacto y daño ambiental que esos establecimientos producen en el humedal de 508.000 hectáreas ubicado en la provincia del Chaco, más precisamente en la franja oriental de los departamentos San Fernando, 1º de Mayo y Bermejo. Límite Sur: paralelo de 28° S, que separa las Provincias de Chaco y Santa Fe; límite Norte: cauce del río Bermejo; límite Oeste: trazado de la Ruta Nacional Nº 11; límite Este: cauces de los ríos Paraná y Paraguay, que separan las Provincias de Chaco y Corrientes, como asimismo a Argentina de la República del Paraguay.
En una carta dirigida a María Rivera, Consejera Principal para América de la Secretaría de esa Convención Internacional, la doctora Gómez le solicitó “su colaboración invalorable e intervención ante la Autoridad Administrativa Ramsar en este país (Argentina) a fin que realicen las acciones pertinentes”.El pedido de la facultativa está basado en el artículo 3 de la Convención que establece que “las Partes Contratantes deberán elaborar y aplicar su planificación de forma que favorezca la conservación de los humedales incluidos en la Lista y, en la medida de lo posible, el uso racional de los humedales de su territorio”.
En su punto 2, el mencionado artículo refiere a que “cada Parte Contratante tomará las medidas necesarias para informarse lo antes posible acerca de las modificaciones de las condiciones ecológicas de los humedales en su territorio e incluidos en la Lista, y que se hayan producido o puedan producirse como consecuencia del desarrollo tecnológico, de la contaminación o de cualquier otra intervención del hombre. Las informaciones sobre dichas modificaciones se transmitirán sin demora a la organización o al gobierno responsable de las funciones de la Oficina permanente especificado en el Artículo 8”.
”Éstas violaciones a normas plasmadas en nuestra Carta Magna ,Pactos Internacionales de jerarquía constitucional y demás leyes vinculadas al medio ambiente tanto nacionales y provinciales, fueron denunciadas mediante decenas de notas presentadas por los afectados que no tuvieron respuesta, por lo que procedieron a la presentación de un Recurso de Amparo Ambiental con Medida Cautelar Innovativa efectuada ante el Juzgado Federal de Resistencia el día 26/01/2010: Expte 4/2010 - PJN - Sec. Civil y C. Nº 10 - " FERRAU, MARCO Y OTROS c/MUNICIPALIDAD DE LAS PALMAS Y OTROS s/AMPARO", subrayó la profesional.
En otra causa de autos: “Servin Elio Osvaldo y Otros S/Denuncia” vecinos de las localidades La Leonesa y las Palmas denunciaron las mismas violaciones a dichas normas y daños en la salud de las personas, por parte de las arroceras San Carlos SRL y Cancha Larga SA
Tras siete meses de investigación el Fiscal Federal Gustavo Corregido días pasados dijo en su dictamen elevado al juez federal de Resistencia-Chaco que: “Es menester dictar medida cautelar de no innovar a fin de ordenar a la explotaciones arroceras San Carlos SRL y Cancha Larga SA, sus administradores y socios se abstengan de continuar con las maniobras contaminantes en tal sentido y verificado en autos el empleo de sustancias tóxicas que impactan y dañan el ambiente, en especial los cursos de aguas humedales denominados Sitios Ramsar cuyas vertientes escurren hacia límites interjurisdiccionales como ser el río Paraguay” lo deviene inequívoca la competencia Federal.
Requirió además instrucción judicial imputándole el delito de “Incumplimiento de los deberes de funcionario público” a ministros y subsecretarios de la anterior y la actual gestión de gobierno provincial, así como a los actuales intendentes de La Leonesa y las Palmas. Mientras que la imputación al dueño de las arroceras, Eduardo José Meichtry, es la violación a la Ley 24051 de “Residuos Peligrosos”.
“Ante todos los sucesos hasta aquí relatados, la única respuesta recibida por los vecinos desde el gobierno provincial es que : el gobierno GARANTIZA la seguridad de los productos fitosanitarios que se utilizan en las arroceras sin ningún sustento científico, legal ni temporal que avale ésas afirmaciones vertidas a 24 horas de tomar estado público el tema. Esa no es la conclusión a la que arribó el informe de la Comisión del servicio en el Chaco de fecha 4 de marzo de 2009 del Ministerio de Salud de la Nación , a raíz de las denuncias recibidas en el marco de la Comisión Nacional de Investigaciones por Agroquímicos creada por el Decreto Nº 21/09”, precisó Gómez.
“Ante el impacto sanitario probado por médicos e investigadores y la contaminación producto de las sustancias mal llamadas fitosanitarias –agregó-, cuya inocuidad es producto de constantes debates entre detractores y partidarios de su empleo en los sembradíos, cuyos límites han extendido su uso irracional sobre las poblaciones aledañas afectando la salud de sus habitantes desfavoreciendo así también la conservación de los humedales incluidos en la “Lista” de Ramsar (…) es que solicito su intervención”
La Convención sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 1971) es un tratado intergubernamental cuya misión es “la conservación y el uso racional de los humedales mediante acciones locales, regionales y nacionales y gracias a la cooperación internacional, como contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo”. El caso de los envenenadores del Chaco está por convertirse en uno de los mayores escándalos internacionales.
Cabe recordar que Argentina adhirió a la Convención en 1991, a través de la ley 23.919, y tres años más tarde creó el Comité Nacional Ramsar por resolución de la hoy Secretaria de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental para coordinar y asesorar en relación a la aplicación de la convención sobre humedales en el país.
Fecha de Publicación: 06/02/2010
Fuente: EcoPortal
Provincia/Región: Chaco
El caso de las arroceras San Carlos SRL y Cancha Larga SA en la provincia del Chaco podría derivar en un escándalo internacional. Al pedido del Fiscal Federal Gustavo Corregido para que la justicia interponga una medida cautelar de no innovar “a fin de ordenar a la explotaciones arroceras, sus administradores y socios se abstengan de continuar con las maniobras contaminantes en tal sentido y verificado en autos el empleo de sustancias tóxicas que impactan y dañan el ambiente”, se sumaría ahora la intervención de la Secretaria de la Convención Ramsar, con sede en Suiza.
El pedido fue realizado por la abogada Graciela Gómez ante el impacto y daño ambiental que esos establecimientos producen en el humedal de 508.000 hectáreas ubicado en la provincia del Chaco, más precisamente en la franja oriental de los departamentos San Fernando, 1º de Mayo y Bermejo. Límite Sur: paralelo de 28° S, que separa las Provincias de Chaco y Santa Fe; límite Norte: cauce del río Bermejo; límite Oeste: trazado de la Ruta Nacional Nº 11; límite Este: cauces de los ríos Paraná y Paraguay, que separan las Provincias de Chaco y Corrientes, como asimismo a Argentina de la República del Paraguay.
En una carta dirigida a María Rivera, Consejera Principal para América de la Secretaría de esa Convención Internacional, la doctora Gómez le solicitó “su colaboración invalorable e intervención ante la Autoridad Administrativa Ramsar en este país (Argentina) a fin que realicen las acciones pertinentes”.El pedido de la facultativa está basado en el artículo 3 de la Convención que establece que “las Partes Contratantes deberán elaborar y aplicar su planificación de forma que favorezca la conservación de los humedales incluidos en la Lista y, en la medida de lo posible, el uso racional de los humedales de su territorio”.
En su punto 2, el mencionado artículo refiere a que “cada Parte Contratante tomará las medidas necesarias para informarse lo antes posible acerca de las modificaciones de las condiciones ecológicas de los humedales en su territorio e incluidos en la Lista, y que se hayan producido o puedan producirse como consecuencia del desarrollo tecnológico, de la contaminación o de cualquier otra intervención del hombre. Las informaciones sobre dichas modificaciones se transmitirán sin demora a la organización o al gobierno responsable de las funciones de la Oficina permanente especificado en el Artículo 8”.
”Éstas violaciones a normas plasmadas en nuestra Carta Magna ,Pactos Internacionales de jerarquía constitucional y demás leyes vinculadas al medio ambiente tanto nacionales y provinciales, fueron denunciadas mediante decenas de notas presentadas por los afectados que no tuvieron respuesta, por lo que procedieron a la presentación de un Recurso de Amparo Ambiental con Medida Cautelar Innovativa efectuada ante el Juzgado Federal de Resistencia el día 26/01/2010: Expte 4/2010 - PJN - Sec. Civil y C. Nº 10 - " FERRAU, MARCO Y OTROS c/MUNICIPALIDAD DE LAS PALMAS Y OTROS s/AMPARO", subrayó la profesional.
En otra causa de autos: “Servin Elio Osvaldo y Otros S/Denuncia” vecinos de las localidades La Leonesa y las Palmas denunciaron las mismas violaciones a dichas normas y daños en la salud de las personas, por parte de las arroceras San Carlos SRL y Cancha Larga SA
Tras siete meses de investigación el Fiscal Federal Gustavo Corregido días pasados dijo en su dictamen elevado al juez federal de Resistencia-Chaco que: “Es menester dictar medida cautelar de no innovar a fin de ordenar a la explotaciones arroceras San Carlos SRL y Cancha Larga SA, sus administradores y socios se abstengan de continuar con las maniobras contaminantes en tal sentido y verificado en autos el empleo de sustancias tóxicas que impactan y dañan el ambiente, en especial los cursos de aguas humedales denominados Sitios Ramsar cuyas vertientes escurren hacia límites interjurisdiccionales como ser el río Paraguay” lo deviene inequívoca la competencia Federal.
Requirió además instrucción judicial imputándole el delito de “Incumplimiento de los deberes de funcionario público” a ministros y subsecretarios de la anterior y la actual gestión de gobierno provincial, así como a los actuales intendentes de La Leonesa y las Palmas. Mientras que la imputación al dueño de las arroceras, Eduardo José Meichtry, es la violación a la Ley 24051 de “Residuos Peligrosos”.
“Ante todos los sucesos hasta aquí relatados, la única respuesta recibida por los vecinos desde el gobierno provincial es que : el gobierno GARANTIZA la seguridad de los productos fitosanitarios que se utilizan en las arroceras sin ningún sustento científico, legal ni temporal que avale ésas afirmaciones vertidas a 24 horas de tomar estado público el tema. Esa no es la conclusión a la que arribó el informe de la Comisión del servicio en el Chaco de fecha 4 de marzo de 2009 del Ministerio de Salud de la Nación , a raíz de las denuncias recibidas en el marco de la Comisión Nacional de Investigaciones por Agroquímicos creada por el Decreto Nº 21/09”, precisó Gómez.
“Ante el impacto sanitario probado por médicos e investigadores y la contaminación producto de las sustancias mal llamadas fitosanitarias –agregó-, cuya inocuidad es producto de constantes debates entre detractores y partidarios de su empleo en los sembradíos, cuyos límites han extendido su uso irracional sobre las poblaciones aledañas afectando la salud de sus habitantes desfavoreciendo así también la conservación de los humedales incluidos en la “Lista” de Ramsar (…) es que solicito su intervención”
La Convención sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 1971) es un tratado intergubernamental cuya misión es “la conservación y el uso racional de los humedales mediante acciones locales, regionales y nacionales y gracias a la cooperación internacional, como contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo”. El caso de los envenenadores del Chaco está por convertirse en uno de los mayores escándalos internacionales.
Cabe recordar que Argentina adhirió a la Convención en 1991, a través de la ley 23.919, y tres años más tarde creó el Comité Nacional Ramsar por resolución de la hoy Secretaria de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental para coordinar y asesorar en relación a la aplicación de la convención sobre humedales en el país.
Minas abandonadas
Hay 75 minas abandonadas y sin control en el país
Fecha de Publicación: 06/02/2010
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Nacional
"El día después de las minas, peligro sin control" es la segunda investigación realizada por un equipo de periodistas de FOPEA -Foro de Periodismo Argentino-, y revela que hay al menos 75 minas abandonadas en todo el país, aunque el gobierno nacional lo ignora puesto que no hay registros ni mapas ni datos oficiales. Pero en estos sitios vive y vivió gente. El equipo de investigación de Fopea recorrió Gonzalito (Río Negro), Marayes (San Juan), La Rinconada (San Juan), Los Colorados (La Rioja) y Los Adobes (Chubut), minas abandonadas de la Argentina.
Son lugares olvidados, despojados de pasado y futuro. Que han dejado a sus viejos pobladores o a las poblaciones cercanas a la merced de una constante depredación y, en algunos casos, con una contaminación cierta y comprobada. Familias que viven en ruinas, sin agua, sin servicios y con afecciones en su salud; colas de lavado de minerales a cielo abierto; estanques pestilentos; montañas de tierra que quedaron de las voladuras; pozos profundos... Si nada cambia, es el anticipo de un drama que recién empieza, puesto que tampoco hay planes para el cierre de las minas que hoy están en funcionamiento.
La idea fue inspirada por averiguaciones que había hecho uno de los miembros de la Unidad, Hugo Macchiavelli, en una viaje reciente a San Juan. Pronto todos se sumaron con acuerdos, ideas y, en el caso de Pedro Caram, periodista en Río Negro, una experiencia concreta: ya había realizado una investigación sobre la Mina Gonzalito, cerrada hace más de 25 años y aún hoy contaminante.
Si bien para el trabajo se apeló a pedidos de información a los organismos nacionales, la respuesta fue que no había registros, por lo cual la investigación se basó en el trabajo de campo de los periodistas. Aun así, sólo con su computadora y una conexión a Internet, la periodista de Bahía Blanca Sandra Crucianelli logró generar un mapa inédito sobre las minas abandonadas en la Argentina. Producto de su sorprendente exploración, encontró 75 casos.
La investigación -disponible en www.fopea.org- incluye un informe multimedia con entrevistas y consultas formales a la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía Atómica, el Banco Mundial, entre otras fuentes. Macchiavelli, además, viajó a San Juan para desde allí visitar una mina abandonada y entrevistas con vecinos y más especialistas. Lo mismo hicieron, desde sus sitios, Caram en Mina Gonzalito, Evangelina Quiroga en Catamarca con La Alumbrera, María Rosa Di Santo en La Rioja y Silvina Martínez en Chubut, además de la colaboración de camarógrafos, fotógrafos y diseñadores.
"Las imágenes obtenidas en las minas abandonadas, inhóspitas, desoladas, comprobaron una vez más que la mayor soledad puede convivir con la belleza", afirmó el coordinador de la investigación, Gerardo Young.
Fecha de Publicación: 06/02/2010
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Nacional
"El día después de las minas, peligro sin control" es la segunda investigación realizada por un equipo de periodistas de FOPEA -Foro de Periodismo Argentino-, y revela que hay al menos 75 minas abandonadas en todo el país, aunque el gobierno nacional lo ignora puesto que no hay registros ni mapas ni datos oficiales. Pero en estos sitios vive y vivió gente. El equipo de investigación de Fopea recorrió Gonzalito (Río Negro), Marayes (San Juan), La Rinconada (San Juan), Los Colorados (La Rioja) y Los Adobes (Chubut), minas abandonadas de la Argentina.
Son lugares olvidados, despojados de pasado y futuro. Que han dejado a sus viejos pobladores o a las poblaciones cercanas a la merced de una constante depredación y, en algunos casos, con una contaminación cierta y comprobada. Familias que viven en ruinas, sin agua, sin servicios y con afecciones en su salud; colas de lavado de minerales a cielo abierto; estanques pestilentos; montañas de tierra que quedaron de las voladuras; pozos profundos... Si nada cambia, es el anticipo de un drama que recién empieza, puesto que tampoco hay planes para el cierre de las minas que hoy están en funcionamiento.
La idea fue inspirada por averiguaciones que había hecho uno de los miembros de la Unidad, Hugo Macchiavelli, en una viaje reciente a San Juan. Pronto todos se sumaron con acuerdos, ideas y, en el caso de Pedro Caram, periodista en Río Negro, una experiencia concreta: ya había realizado una investigación sobre la Mina Gonzalito, cerrada hace más de 25 años y aún hoy contaminante.
Si bien para el trabajo se apeló a pedidos de información a los organismos nacionales, la respuesta fue que no había registros, por lo cual la investigación se basó en el trabajo de campo de los periodistas. Aun así, sólo con su computadora y una conexión a Internet, la periodista de Bahía Blanca Sandra Crucianelli logró generar un mapa inédito sobre las minas abandonadas en la Argentina. Producto de su sorprendente exploración, encontró 75 casos.
La investigación -disponible en www.fopea.org- incluye un informe multimedia con entrevistas y consultas formales a la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía Atómica, el Banco Mundial, entre otras fuentes. Macchiavelli, además, viajó a San Juan para desde allí visitar una mina abandonada y entrevistas con vecinos y más especialistas. Lo mismo hicieron, desde sus sitios, Caram en Mina Gonzalito, Evangelina Quiroga en Catamarca con La Alumbrera, María Rosa Di Santo en La Rioja y Silvina Martínez en Chubut, además de la colaboración de camarógrafos, fotógrafos y diseñadores.
"Las imágenes obtenidas en las minas abandonadas, inhóspitas, desoladas, comprobaron una vez más que la mayor soledad puede convivir con la belleza", afirmó el coordinador de la investigación, Gerardo Young.
Impulso al uso de biocombustibles
Impulso al uso de biocombustibles
Fecha de Publicación: 06/02/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, anunció ayer la entrada en vigencia del corte obligatorio del gasoil con un 5% de biodiésel. Según De Vido, el porcentaje podrá ir aumentando año tras año hasta alcanzar el 20%de mezcla en los próximos cuatro años.
De acuerdo al funcionario, con la incorporación del biodiésel se fortalecerán cinco mil empleos y se incrementarán las reservas energéticas del país en un 2%. Además, el funcionario aclaró que la mezcla tendrá un efecto neutro sobre el precio del gasoil.
"Para nosotros esto es una buena noticia. Es muy bueno para las empresas de biocombustible tener un pie en el mercado interno", dijo Fernando Peláez, presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio).
Según explicó Claudio Molina, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno, para cumplir con el corte obligatorio del 5%, se requerirán 800.000 toneladas de biodiésel por año. Este biodiésel podrá ser provisto por productores que tengan cupo fiscal, una licencia que otorga al Gobierno a los que quieren vender biocombustible en el mercado interno.
Actualmente, hay diecinueve empresas que tienen cupo fiscal. Diez de estas empresas son pyme, y tienen un cupo equivalente al 100% de su capacidad instalada. El resto pertenece a las empresas de Carbio, como Unitec Bio, de Eurnekián; Ecofuel, de AGD y Vicentín y AG-Energy, de Viluco. El 40% de las firmas que tienen cupo son de zonas extrapampeanas.
La tarifa interna del biodiésel es fijada por el Gobierno, y hoy equivale a $ 2,90 más IVA por litro, a la salida del fábrica. En el mercado internacional el biodiésel cotiza a 930 dólares la tonelada.
Según Molina, el país, con una capacidad instalada para producir 2 millones de toneladas de biocombustible, se convirtió en los últimos años en un actor de peso en el sector. Así, hoy la Argentina es el principal exportador y el quinto productor mundial de biodiésel.
Fecha de Publicación: 06/02/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, anunció ayer la entrada en vigencia del corte obligatorio del gasoil con un 5% de biodiésel. Según De Vido, el porcentaje podrá ir aumentando año tras año hasta alcanzar el 20%de mezcla en los próximos cuatro años.
De acuerdo al funcionario, con la incorporación del biodiésel se fortalecerán cinco mil empleos y se incrementarán las reservas energéticas del país en un 2%. Además, el funcionario aclaró que la mezcla tendrá un efecto neutro sobre el precio del gasoil.
"Para nosotros esto es una buena noticia. Es muy bueno para las empresas de biocombustible tener un pie en el mercado interno", dijo Fernando Peláez, presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio).
Según explicó Claudio Molina, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno, para cumplir con el corte obligatorio del 5%, se requerirán 800.000 toneladas de biodiésel por año. Este biodiésel podrá ser provisto por productores que tengan cupo fiscal, una licencia que otorga al Gobierno a los que quieren vender biocombustible en el mercado interno.
Actualmente, hay diecinueve empresas que tienen cupo fiscal. Diez de estas empresas son pyme, y tienen un cupo equivalente al 100% de su capacidad instalada. El resto pertenece a las empresas de Carbio, como Unitec Bio, de Eurnekián; Ecofuel, de AGD y Vicentín y AG-Energy, de Viluco. El 40% de las firmas que tienen cupo son de zonas extrapampeanas.
La tarifa interna del biodiésel es fijada por el Gobierno, y hoy equivale a $ 2,90 más IVA por litro, a la salida del fábrica. En el mercado internacional el biodiésel cotiza a 930 dólares la tonelada.
Según Molina, el país, con una capacidad instalada para producir 2 millones de toneladas de biocombustible, se convirtió en los últimos años en un actor de peso en el sector. Así, hoy la Argentina es el principal exportador y el quinto productor mundial de biodiésel.
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