Bosques tucumanos en jaque
19:20 | 
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Eco Sitio |
Una demora legislativa pone en jaque a los bosques nativos
Fecha de Publicación: 08/02/2010
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Al borde la extinción, no. Sí, en punto crítico. Daniel Manso, director de Fauna, Flora Silvestre y Suelo de la provincia, considera que la sociedad tiene una oportunidad histórica para salvar sus bosques nativos. Explica: "según nuestra información satelital, la superficie boscosa no ha disminuido en los últimos 10 años gracias a las plantaciones y regeneraciones. Sí estamos en un umbral, en un punto límite: más allá de esta frontera, la destrucción será irreversible".
A la decisiva conservación del bosque contribuirá el ordenamiento del territorio que la Legislatura de Tucumán debe aprobar y reglamentar por exigencia de la Ley Nacional 26.331, de Presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos. El arquitecto Manso calcula que la redacción del borrador de este instrumento, que debía estar listo a finales de 2008, concluirá en abril. Recién entonces será girado al Poder Legislativo.
"La mayoría de las provincias están en mora. Quizá sea un consuelo de tontos, pero la planificación es una materia pendiente en Argentina y la ambiental, más todavía. Entiendo que los planteles técnicos y académicos de Tucumán no estaban maduros para asumir este compromiso", justifica.
El reto planteado por la Ley 26.331 supone generar un mapa tricolor mediante un proceso participativo, donde el sector rojo corresponda a la zona que, por su alto valor de conservación, debe persistir como bosque a perpetuidad. El amarillo comprende las áreas de mediano valor de conservación susceptibles de aprovechamiento sostenible (en simultáneo con programas de restauración). La zona pintada con verde, por su escaso valor de conservación, puede ser total o parcialmente transformada.
Cambios
La exigencia del ordenamiento produjo cambios en la Dirección de Fauna, Flora Silvestre y Suelo (Manso, que en marzo de 2009 reemplazó a Manuel Imbert, asegura que asumió para llevar adelante este cometido) y obligó a licitar la gestión del proceso, que quedó en manos de la ONG Fundejma (el gobierno gastará 445.000 pesos en esta contratación). Javier González Morenghi, presidente de esa institución, afirma que desconoce la razón de la demora que acarrea el ordenamiento. "No somos parte del Estado. Sí nos consta que esta gestión se está esforzando para que el trabajo sea técnicamente impecable y cumpla los procesos participativos que exige la ley", afirmó.
Tucumán y Catamarca son las únicas jurisdicciones del NOA que no han aprobado la categorización de sus respectivos territorios. "En general, las provincias comenzaron tarde (respecto del plazo legal que venció en diciembre de 2008). También hay casos donde los ordenamientos han sido cuestionados por las autoridades nacionales o sectores de la ciudadanía", esgrime el vocero de Fundefma. Para evitar las hipótesis de conflicto y judicialización, las propuestas de zonificación han sido debatidas en cuatro talleres abiertos a la comunidad tucumana. "En la discusión participaron ambientalistas, representantes de los tres poderes del Estado, del sector privado y ciudadanos comunes", precisa Manso.
Este productivo
Aunque el mapa aún no está definido, el director de Flora, Fauna Silvestre y Suelo anticipa que, en general, existe gran coincidencia sobre cómo debe ser trazado. Con la ayuda de un apunte, anuncia: "la montaña será roja porque la gente quiere preservar el sistema de yungas, la Selva Tucumano Boliviana. El piedemonte y Tafí del Valle y sus alrededores probablemente entren en el sector amarillo porque la comunidad desea que estas áreas sean preservadas y estén sujetas al desarrollo sustentable, que será muy distinto al aprovechamiento que se hace actualmente. El este será verde, es decir, productivo".
Más allá de la conservación de los bosques, el ordenamiento territorial urge para destrabar la prohibición de desmontar vigente desde la sanción de la Ley 26.331, en noviembre de 2007. Manso asegura que el Estado no ha dado permisos. "Los desmontes ejecutados en este período son ilegales u obedecen a licencias anteriores a la votación en el Congreso de la Nación", aclara el funcionario.
Fecha de Publicación: 08/02/2010
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Al borde la extinción, no. Sí, en punto crítico. Daniel Manso, director de Fauna, Flora Silvestre y Suelo de la provincia, considera que la sociedad tiene una oportunidad histórica para salvar sus bosques nativos. Explica: "según nuestra información satelital, la superficie boscosa no ha disminuido en los últimos 10 años gracias a las plantaciones y regeneraciones. Sí estamos en un umbral, en un punto límite: más allá de esta frontera, la destrucción será irreversible".
A la decisiva conservación del bosque contribuirá el ordenamiento del territorio que la Legislatura de Tucumán debe aprobar y reglamentar por exigencia de la Ley Nacional 26.331, de Presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos. El arquitecto Manso calcula que la redacción del borrador de este instrumento, que debía estar listo a finales de 2008, concluirá en abril. Recién entonces será girado al Poder Legislativo.
"La mayoría de las provincias están en mora. Quizá sea un consuelo de tontos, pero la planificación es una materia pendiente en Argentina y la ambiental, más todavía. Entiendo que los planteles técnicos y académicos de Tucumán no estaban maduros para asumir este compromiso", justifica.
El reto planteado por la Ley 26.331 supone generar un mapa tricolor mediante un proceso participativo, donde el sector rojo corresponda a la zona que, por su alto valor de conservación, debe persistir como bosque a perpetuidad. El amarillo comprende las áreas de mediano valor de conservación susceptibles de aprovechamiento sostenible (en simultáneo con programas de restauración). La zona pintada con verde, por su escaso valor de conservación, puede ser total o parcialmente transformada.
Cambios
La exigencia del ordenamiento produjo cambios en la Dirección de Fauna, Flora Silvestre y Suelo (Manso, que en marzo de 2009 reemplazó a Manuel Imbert, asegura que asumió para llevar adelante este cometido) y obligó a licitar la gestión del proceso, que quedó en manos de la ONG Fundejma (el gobierno gastará 445.000 pesos en esta contratación). Javier González Morenghi, presidente de esa institución, afirma que desconoce la razón de la demora que acarrea el ordenamiento. "No somos parte del Estado. Sí nos consta que esta gestión se está esforzando para que el trabajo sea técnicamente impecable y cumpla los procesos participativos que exige la ley", afirmó.
Tucumán y Catamarca son las únicas jurisdicciones del NOA que no han aprobado la categorización de sus respectivos territorios. "En general, las provincias comenzaron tarde (respecto del plazo legal que venció en diciembre de 2008). También hay casos donde los ordenamientos han sido cuestionados por las autoridades nacionales o sectores de la ciudadanía", esgrime el vocero de Fundefma. Para evitar las hipótesis de conflicto y judicialización, las propuestas de zonificación han sido debatidas en cuatro talleres abiertos a la comunidad tucumana. "En la discusión participaron ambientalistas, representantes de los tres poderes del Estado, del sector privado y ciudadanos comunes", precisa Manso.
Este productivo
Aunque el mapa aún no está definido, el director de Flora, Fauna Silvestre y Suelo anticipa que, en general, existe gran coincidencia sobre cómo debe ser trazado. Con la ayuda de un apunte, anuncia: "la montaña será roja porque la gente quiere preservar el sistema de yungas, la Selva Tucumano Boliviana. El piedemonte y Tafí del Valle y sus alrededores probablemente entren en el sector amarillo porque la comunidad desea que estas áreas sean preservadas y estén sujetas al desarrollo sustentable, que será muy distinto al aprovechamiento que se hace actualmente. El este será verde, es decir, productivo".
Más allá de la conservación de los bosques, el ordenamiento territorial urge para destrabar la prohibición de desmontar vigente desde la sanción de la Ley 26.331, en noviembre de 2007. Manso asegura que el Estado no ha dado permisos. "Los desmontes ejecutados en este período son ilegales u obedecen a licencias anteriores a la votación en el Congreso de la Nación", aclara el funcionario.
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