Una designación contaminada en el Riachuelo
19:22 | 
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Una designación contaminada en la limpieza del Riachuelo
Fecha de Publicación: 09/02/2010
Fuente: Crítica Digital
Provincia/Región: Buenos Aires
El Gobierno nombró a un funcionario procesado en el organismo encargado de sanear el Riachuelo. Llegó al cargo impulsado por Alessandra Minnicelli, la esposa de De Vido. Un presupuesto de 1.484 millones de dólares en juego.
El gobierno nacional acaba de designar en la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) a un funcionario procesado por el escándalo del caso Greco, la maniobra por la cual Economía estuvo a punto de pagar en 2006 una deuda de 500 millones de pesos –sospechada de ilegítima– a través de una partida oculta en el presupuesto nacional. Se trata de Alberto Daniel García, el ex director de Asuntos Jurídicos de Entes Liquidados del Ministerio de Economía que ahora revista en el Ministerio de Planificación Federal, de Julio De Vido, como asesor en materia de transporte y gestión judicial.
García fue designado director de Asuntos Jurídicos de Acumar gracias a la gestión de Alessandra “Lali” Minnicelli, la esposa de De Vido, que ejerce como jefa de asesores ad honorem de Planificación. Fuentes oficiales confiaron a Crítica de la Argentina que su nombramiento se decidió después de que la abogada Silvia García desistió de asumir en ese lugar. García oficiaba como asesora principal de subsecretario legal y técnico del ministerio, Rafael Llorens, pero abandonó el ministerio porque se negó a avanzar con el proceso de reordenamiento urbano que el proyecto contempla sobre los márgenes del Riachuelo. Según pudo saber este diario, García habría expresado su desacuerdo con desalojar a habitantes que viven a la orilla del río sin consulta previa.
La cuenca del río Matanza-Riachuelo es la más contaminada de la Argentina. Más de 3.000 industrias que están instaladas a sus orillas descargan efluentes sin tratamiento en el sistema de recolección de agua o directamente en el río. En sus márgenes viven alrededor de cinco millones de personas en condiciones de riesgo: el 35% carece de acceso a agua potable, el 60% no está conectado al sistema cloacal y el 10% vive en asentamientos informales, cerca de basurales a cielo abierto. Abarca a los partidos bonaerenses de Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, La Matanza, Ezeiza, Cañuelas, Almirante Brown, Morón, Merlo, Marcos Paz, Presidente Perón, San Vicente y General Las Heras.
La Acumar fue creada por la ley 26.168, después del primer fallo de la Corte Suprema que dio vía libre a las denuncias por contaminación, como ente de derecho público interjurisdiccional en el ámbito de la Secretaría de Medio Ambiente de la Jefatura de Gabinete, y dispone de un presupuesto anual de 186 millones de pesos. Es un organismo tripartito que integran el Estado nacional, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma. Sin embargo, las fuentes consultadas por este diario coinciden en que allí la incidencia del secretario de Medio Ambiente, Homero Bibiloni –quien ocupa formalmente la presidencia de la Acumar– es ínfima. La mayor parte del organigrama se reparte entre funcionarios que reportan a De Vido y al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. El ex intendente de Quilmes cuenta entre sus leales al subsecretario de Promoción del Desarrollo Sustentable, Ricardo Eusebio “Coyote” Rodríguez. Pero en los últimos días el organismo se vio sacudido por la llegada de hombres ligados a Planificación. En 2009, el Banco Mundial aprobó un crédito de 840 millones de dólares para el saneamiento integral de la cuenca. La inversión total destinada a la limpieza asciende a 1.484 millones de dólares. Los 640 restantes corresponden a fondos aportados por el gobierno nacional.
Alberto Daniel García no es un recién llegado a la función pública. Formó parte del grupo de técnicos encabezados por la ex directora de Asuntos Jurídicos, Yolanda Eggink, y el ex subsecretario legal de Roberto Lavagna, Osvaldo Siseles, que quedaron involucrados en distintas causas investigadas por la Justicia. Cuando se conoció el caso Greco, Eggink y García perdieron su cargo en Economía pero mantuvieron su puesto como parte de la planta permanente. Entonces, la ministra Felisa Miceli abrió sumarios sobre los funcionarios que habían intervenido en el expediente, acusó a los tres experimentados abogados de haber avalado el pago en forma ilegal y aseguró que en el monto que habían acordado pagar ignoraron 164 millones de pesos que el Estado ya había desembolsado. Hoy cargan con un procesamiento del juez federal Sergio Torres que fue ratificado por la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones como “responsables del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en grado de coautores”. En el fallo de segunda instancia, además, el tribunal trabó un embargo sobre los bienes de cada uno de ellos hasta cubrir la suma de un millón de pesos. Según pudo averiguar este diario, el expediente será elevado este año a juicio oral. Para Torres, “los funcionarios nombrados maniobraron dentro del procedimiento administrativo y del judicial, aparentando ejercitar competencias que no tenían, y con desconsideración de la normativa vigente persiguieron, a través de estos medios, la satisfacción de un interés distinto del público y claramente reprochable”, comprometiendo al Estado a pagar al Grupo Greco más de 330 millones de pesos en bonos de consolidación de deuda que al momento de abortarse el pago alcanzaban un valor efectivo mayor a 600 millones de pesos.
La hermandad del caso Greco
Alberto García no es el único funcionario procesado por el caso Greco que sigue en la administración pública. El nuevo director de Asuntos Jurídicos de Acumar forma parte de un grupo de abogados que trabajó durante años en Economía. El juez Sergio Torres lo procesó junto a la ex directora de Asuntos Jurídicos, Yolanda Eggink; el ex subsecretario de Administración, Juan Cayetano Intelisano; y el ex subsecretario legal del ministro Roberto Lavagna, Osvaldo Siseles. Tras el escándalo, Eggink y García permanecieron como empleados en Planificación. Intelisano, Eggink y Siseles volvieron a ser noticia a principios de 2009 cuando el entonces fiscal Manuel Garrido los denunció por el pago irregular de una deuda ilegítima de 54 millones de pesos a un pool de aseguradoras. Garrido demostró que las dos maniobras tenían notorios puntos de contacto y que los funcionarios habían alcanzado un aceitado funcionamiento durante años en Economía. La semana pasada, en coincidencia con el pase de García a Medio Ambiente, Intelisano presentó un recurso de amparo ante la Justicia para volver a su cargo.
Lali Minnicelli, la “arquitecta jurídica” en las sombras de Planificación
Alessandra “Lali” Minnicelli es la mano derecha de Julio De Vido. La abogada que llegó a ocupar la secretaría adjunta de la Sindicatura General durante el gobierno de Néstor Kirchner ya no tiene un cargo pero sigue siendo la arquitecta jurídica del ministerio. Lali, como la llama su marido, ocupa un despacho en el piso 11 de Planificación, donde trabaja De Vido. La ex síndica y el subsecretario de Coordinación y Control de Gestión, Roberto Baratta, son los dos pilares sobre los que se asienta el arquitecto. Minnicelli es la encargada de cuidarle la firma a De Vido y suele tener encontronazos con el subsecretario legal, Rafael Llorens, a quien le achaca una mirada de los asuntos de la cartera más militante que técnica. “Ella es el cerebro jurídico”, le dijo a este diario un empresario que suele tratarla. Minnicelli va dos o tres veces por semana al edificio de Hipólito Yrigoyen y su presencia no pasa desapercibida. Fuentes del ministerio reconocieron que Minnicelli pesó en la designación del procesado Alberto García en el Acumar. Fue después de que la abogada Silvia García, una funcionaria ligada a Llorens, abandonó el ministerio. La doctora García fue la primera candidata para desembarcar en la autoridad de la Cuenca. Se desempeñaba a las órdenes del director de Asuntos Jurídicos, Pablo Campi, con quien suele trabajar también en la esfera privada. En el área legal de De Vido permanece otra funcionaria procesada por el caso Greco: la ex directora general de Asuntos Jurídicos de Economía, Yolanda Eggink.
Fecha de Publicación: 09/02/2010
Fuente: Crítica Digital
Provincia/Región: Buenos Aires
El Gobierno nombró a un funcionario procesado en el organismo encargado de sanear el Riachuelo. Llegó al cargo impulsado por Alessandra Minnicelli, la esposa de De Vido. Un presupuesto de 1.484 millones de dólares en juego.
El gobierno nacional acaba de designar en la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) a un funcionario procesado por el escándalo del caso Greco, la maniobra por la cual Economía estuvo a punto de pagar en 2006 una deuda de 500 millones de pesos –sospechada de ilegítima– a través de una partida oculta en el presupuesto nacional. Se trata de Alberto Daniel García, el ex director de Asuntos Jurídicos de Entes Liquidados del Ministerio de Economía que ahora revista en el Ministerio de Planificación Federal, de Julio De Vido, como asesor en materia de transporte y gestión judicial.
García fue designado director de Asuntos Jurídicos de Acumar gracias a la gestión de Alessandra “Lali” Minnicelli, la esposa de De Vido, que ejerce como jefa de asesores ad honorem de Planificación. Fuentes oficiales confiaron a Crítica de la Argentina que su nombramiento se decidió después de que la abogada Silvia García desistió de asumir en ese lugar. García oficiaba como asesora principal de subsecretario legal y técnico del ministerio, Rafael Llorens, pero abandonó el ministerio porque se negó a avanzar con el proceso de reordenamiento urbano que el proyecto contempla sobre los márgenes del Riachuelo. Según pudo saber este diario, García habría expresado su desacuerdo con desalojar a habitantes que viven a la orilla del río sin consulta previa.
La cuenca del río Matanza-Riachuelo es la más contaminada de la Argentina. Más de 3.000 industrias que están instaladas a sus orillas descargan efluentes sin tratamiento en el sistema de recolección de agua o directamente en el río. En sus márgenes viven alrededor de cinco millones de personas en condiciones de riesgo: el 35% carece de acceso a agua potable, el 60% no está conectado al sistema cloacal y el 10% vive en asentamientos informales, cerca de basurales a cielo abierto. Abarca a los partidos bonaerenses de Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, La Matanza, Ezeiza, Cañuelas, Almirante Brown, Morón, Merlo, Marcos Paz, Presidente Perón, San Vicente y General Las Heras.
La Acumar fue creada por la ley 26.168, después del primer fallo de la Corte Suprema que dio vía libre a las denuncias por contaminación, como ente de derecho público interjurisdiccional en el ámbito de la Secretaría de Medio Ambiente de la Jefatura de Gabinete, y dispone de un presupuesto anual de 186 millones de pesos. Es un organismo tripartito que integran el Estado nacional, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma. Sin embargo, las fuentes consultadas por este diario coinciden en que allí la incidencia del secretario de Medio Ambiente, Homero Bibiloni –quien ocupa formalmente la presidencia de la Acumar– es ínfima. La mayor parte del organigrama se reparte entre funcionarios que reportan a De Vido y al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. El ex intendente de Quilmes cuenta entre sus leales al subsecretario de Promoción del Desarrollo Sustentable, Ricardo Eusebio “Coyote” Rodríguez. Pero en los últimos días el organismo se vio sacudido por la llegada de hombres ligados a Planificación. En 2009, el Banco Mundial aprobó un crédito de 840 millones de dólares para el saneamiento integral de la cuenca. La inversión total destinada a la limpieza asciende a 1.484 millones de dólares. Los 640 restantes corresponden a fondos aportados por el gobierno nacional.
Alberto Daniel García no es un recién llegado a la función pública. Formó parte del grupo de técnicos encabezados por la ex directora de Asuntos Jurídicos, Yolanda Eggink, y el ex subsecretario legal de Roberto Lavagna, Osvaldo Siseles, que quedaron involucrados en distintas causas investigadas por la Justicia. Cuando se conoció el caso Greco, Eggink y García perdieron su cargo en Economía pero mantuvieron su puesto como parte de la planta permanente. Entonces, la ministra Felisa Miceli abrió sumarios sobre los funcionarios que habían intervenido en el expediente, acusó a los tres experimentados abogados de haber avalado el pago en forma ilegal y aseguró que en el monto que habían acordado pagar ignoraron 164 millones de pesos que el Estado ya había desembolsado. Hoy cargan con un procesamiento del juez federal Sergio Torres que fue ratificado por la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones como “responsables del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en grado de coautores”. En el fallo de segunda instancia, además, el tribunal trabó un embargo sobre los bienes de cada uno de ellos hasta cubrir la suma de un millón de pesos. Según pudo averiguar este diario, el expediente será elevado este año a juicio oral. Para Torres, “los funcionarios nombrados maniobraron dentro del procedimiento administrativo y del judicial, aparentando ejercitar competencias que no tenían, y con desconsideración de la normativa vigente persiguieron, a través de estos medios, la satisfacción de un interés distinto del público y claramente reprochable”, comprometiendo al Estado a pagar al Grupo Greco más de 330 millones de pesos en bonos de consolidación de deuda que al momento de abortarse el pago alcanzaban un valor efectivo mayor a 600 millones de pesos.
La hermandad del caso Greco
Alberto García no es el único funcionario procesado por el caso Greco que sigue en la administración pública. El nuevo director de Asuntos Jurídicos de Acumar forma parte de un grupo de abogados que trabajó durante años en Economía. El juez Sergio Torres lo procesó junto a la ex directora de Asuntos Jurídicos, Yolanda Eggink; el ex subsecretario de Administración, Juan Cayetano Intelisano; y el ex subsecretario legal del ministro Roberto Lavagna, Osvaldo Siseles. Tras el escándalo, Eggink y García permanecieron como empleados en Planificación. Intelisano, Eggink y Siseles volvieron a ser noticia a principios de 2009 cuando el entonces fiscal Manuel Garrido los denunció por el pago irregular de una deuda ilegítima de 54 millones de pesos a un pool de aseguradoras. Garrido demostró que las dos maniobras tenían notorios puntos de contacto y que los funcionarios habían alcanzado un aceitado funcionamiento durante años en Economía. La semana pasada, en coincidencia con el pase de García a Medio Ambiente, Intelisano presentó un recurso de amparo ante la Justicia para volver a su cargo.
Lali Minnicelli, la “arquitecta jurídica” en las sombras de Planificación
Alessandra “Lali” Minnicelli es la mano derecha de Julio De Vido. La abogada que llegó a ocupar la secretaría adjunta de la Sindicatura General durante el gobierno de Néstor Kirchner ya no tiene un cargo pero sigue siendo la arquitecta jurídica del ministerio. Lali, como la llama su marido, ocupa un despacho en el piso 11 de Planificación, donde trabaja De Vido. La ex síndica y el subsecretario de Coordinación y Control de Gestión, Roberto Baratta, son los dos pilares sobre los que se asienta el arquitecto. Minnicelli es la encargada de cuidarle la firma a De Vido y suele tener encontronazos con el subsecretario legal, Rafael Llorens, a quien le achaca una mirada de los asuntos de la cartera más militante que técnica. “Ella es el cerebro jurídico”, le dijo a este diario un empresario que suele tratarla. Minnicelli va dos o tres veces por semana al edificio de Hipólito Yrigoyen y su presencia no pasa desapercibida. Fuentes del ministerio reconocieron que Minnicelli pesó en la designación del procesado Alberto García en el Acumar. Fue después de que la abogada Silvia García, una funcionaria ligada a Llorens, abandonó el ministerio. La doctora García fue la primera candidata para desembarcar en la autoridad de la Cuenca. Se desempeñaba a las órdenes del director de Asuntos Jurídicos, Pablo Campi, con quien suele trabajar también en la esfera privada. En el área legal de De Vido permanece otra funcionaria procesada por el caso Greco: la ex directora general de Asuntos Jurídicos de Economía, Yolanda Eggink.
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