Especial de Andalgalá y la minera Agua Rica
20:07 | 
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Ordenan a la empresa Agua Rica que suspenda toda su actividad
Fecha de Publicación: 17/02/2010
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
La medida será revocada cuando estén garantizadas las condiciones para desarrollar el proyecto. Disconformidad de los asambleístas.
El juez de Minas Raúl Guillermo Cerda ordenó ayer suspender toda la actividad que la empresa minera Agua Rica cumplía en Andalgalá. La medida no tiene plazo y quedará sin efecto sólo cuando estén dadas las condiciones sociales para desarrollar el proyecto minero. Según fundamentó, la resolución se adoptó por los violentos enfrentamientos ocurridos en la Perla del Oeste durante la noche del lunes y con el objetivo de recuperar la paz social.
Apenas conocida la noticia del cese temporal de la actividad de Agua Rica, los asambleístas que a esa hora se había autoconvocado en la plaza de Andalgalá festejaron, pero no se quedaron conformes. Ahora reclaman la suspensión definitiva de la actividad minera en Andalgalá.
En diálogo con El Ancasti, Cerda informó que ayer estuvo en contacto con apoderados de la empresa, quienes expresaron su conformidad con la resolución y le transmitieron que "en esas condiciones no se podía trabajar". De todos modos, la empresa tiene tres días para apelar la resolución del juez. "No creo que ello ocurra porque el letrado manifestó que coincidían y compartían el criterio", dijo. "Creo que la resolución es un punto de partida para comenzar a dialogar y para que se calmen los ánimos, después el tiempo dirá. Por ahora las posiciones son muy encontradas. Creo que hace falta mucha más información para conocer qué se pretende hacer", opinó.
En la resolución, el magistrado sugirió que la suspensión de la actividad no se traslade a los empleados que tiene la empresa Agua Rica en Andalgalá. "Será una decisión de la empresa si despide a sus empleados o no", advirtió.
Agua Rica había retomado la actividad hace pocos meses luego del stand by en el que había ingresado por el impacto de la crisis internacional del año pasado y por las demoras en la aprobación del informe de impacto ambiental.
Rechazo
En Andalgalá, el ex concejal Roberto Cecenarro rechazó, igual que la mayoría de los asambleístas, la medida transitoria del juez Cerda de ordenar el parate de las actividades en Agua Rica: "Eso es pan para hoy, hambre para mañana. Nosotros lo que queremos es la prohibición de la minería a cielo abierto en Andalgalá", señaló.
Los asambleístas seguían ayer apostados al costado del camino que une Chaquiago con El Potrero. Después de toda la violencia que se desató cuando los camiones mineros quisieron pasar, los ambientalistas volvieron a agruparse y mantuvieron la vigilia a la vera de la ruta.
También ayer al mediodía un grupo de Autoconvocados de Andalgalá y antimineros de esta capital se movilizaron hasta el juzgado de Minas para pedirle al magistrado la paralización de todo proyecto minero en Andalgalá. Cerda los recibió y explicó el alcance de la resolución.
Reacción oficial
Desde el Gobierno provincial, el subsecretario de Seguridad, Luis Baracat, y el jefe de Policía Francisco Soria brindaron ayer una conferencia de prensa en la que negaron algún tipo de exceso en el operativo policial que se desplegó el lunes en Andalgalá. Informaron que para garantizar la paz social se ordenó el repliegue policial.
Por su parte, el secretario de Minería José Sinner lamentó el cariz de los acontecimientos en Andalgalá. "No entiendo cuál es la crítica a un proyecto que todavía no ha comenzado", dijo en declaraciones a Radio Ancasti.
Sinner defendió la actividad minera y los controles que se realizan desde el área que conduce.
Malestar de los comerciantes y proveedores
Los comerciantes y proveedores mineros se cuidaron al condenar los hechos de violencia que se registraron la noche del martes.
El supermercado "Los Mellizos", ubicado en una esquina frente a la plaza fue uno de los blancos de la violencia del martes por la noche. Vidrios rotos permanecían como prueba de los actos de vandalismo.
Luis Rojano, el propietario del comercio, que además regentea junto a sus hermanos una empresa de maquinarias viales que trabaja para Agua Rica, expresó su malestar por la situación y anticipó que realizaría la denuncia por los daños.
También confirmó que la empresa vial que administra junto a sus hermanos -Mafap- dejaría de trabajar para la minera. Lo mismo dijo públicamente a través de radios locales Ariel Rojano, quien además pidió disculpas a la gente por haber intentado pasar con una maquinaria propia por el bloqueo antiminero.
Daniel Brizuela, otro de los comerciantes y miembro de la cámara de proveedores mineros dijo que, tras hablar con otros empresarios acordaron "poner las barbas en remojo".
La Fiscalía inició investigación por el daño a los edificios
La fiscal de Andalgalá, Marta Graciela Nieva, dispuso ayer el inicio de una investigación de oficio para identificar a los responsables de los daños a los distintos edificios públicos y anticipó que los responsables de las distintas dependencias -intendentecia, juzgado, policía etc.- realizarían denuncias por los daños que sufrieron los edificios públicos.
Del otro lado, ayer se habían comenzado a recibir las primeras denuncias de ciudadanos por presunta agresión policial.
Las fuentes judiciales confirmaron que el martes hubo alrededor de 20 ciudadanos heridos que fueron atendidos en el hospital y que una cifra similar de heridos hubo en las filas policiales. Ayer, para descomprimir la tensión, desde la Subsecretaría de Seguridad de la Provincia se dispuso el repliegue de los refuerzos policiales que habían llegado desde la capital provincial.
Desenlace
En declaraciones a Radio Ancasti, la fiscal de Andalgalá lamentó el desenlace al que arribó la orden judicial para desalojar el bloqueo antiminero y permitir el paso de vehículos al yacimiento. Y relató la otra versión de los incidentes: "Se procedió al arresto de las personas porque se tiraban en medio del camino para impedir el paso de camiones y camionetas. Inmediatamente después de haber sido revisados por el médico y de labrarse el acta de la causa de la detención se los puso en libertad, así que sólo deben haber estado unas dos horas arrestados. Ya a la medianoche no quedaba ningún detenido", relató.
Sin embargo, comentó que los peores desmanes en la plaza de Andalgalá ocurrieron a última hora de la violenta jornada y fueron protagonizados por "encapuchados" que investiga la Policía y la Justicia.
Según relató, hasta el cura párroco que intentó mediar en el conflicto terminó agredido.
Admiten amparo
El juez de Control de Garantías de Andalgalá, Rodolfo Cecenarro declaró la admisibilidad del recurso de amparo presentado a fines de enero por los ambientalistas y pidió una serie de informes a la Secretaría de Minería de la Provincia, al Ministerio de Salud, a la Secretaría del Ambiente, al municipio y a la empresa Agua Rica para poder producir prueba y pronunciarse sobre la cuestión de fondo.
En su presentación, los ambientalistas pedían la suspensión del trabajo de instalación de Agua Rica y al mismo tiempo la cesación definitiva del emprendimiento.
Con la información que le remitan, el juez definirá sobre la cuestión de fondo.
Rechazo a la violencia
La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) que preside Manuel Benítez llamó a la reflexión de los actores sociales para que la paz social pueda primar sobre las distintas posiciones planteadas respecto a la minería. "No ayudan a la sociedad los discursos disociantes y provocativos", indican.
"Da vergüenza la inacción"
El presidente de la Cámara de Diputados, Luis Barrionuevo, el diputado Alfredo Gómez y el intendente Gustavo Jalile rechazaron la estrategia que implementó la Policía de la Provincia para desalojar el bloqueo al yacimiento de Agua Rica.
"Lamentamos profundamente el padecimiento del pueblo andalgalense en manos de la represión, por parte de quienes nos deben proteger. Instamos a que urgentemente se procure una alternativa de diálogo, no se puede seguir permitiendo que continué el enfrentamiento de catamarqueños contra catamarqueños. Da vergüenza la inacción de los responsables de mediar en este conflicto, y su incapacidad de procurar un ordenamiento desde lo institucional para buscar una salida cierta donde prime la cordura", indica el documento.
"El MIRA apuesta por la minería responsable y reclama para que los recursos que genera la actividad queden en la provincia y beneficien a la población local", señalaron.
Sigue la tensión y culpan al Gobierno y al intendente
Tras la represión policial y la reacción popular del martes por la noche, que incluyó la quema casi total del edificio municipal, daños en comercios céntricos y varios heridos, la tensión y la resistencia de los sectores ambientalistas continuó ayer en la ciudad de Andalgalá. Ayer los asambleístas retornaron al corte que desde diciembre mantenían en el camino comunero de Chaquiago-El Potrero, vía de acceso al yacimiento de Agua Rica para realizar un balance de los incidentes ocurridos.
A media mañana, los manifestantes que rechazan la minería volvieron a congregarse en la Plaza 9 de Julio y desde allí marcharon hacia la sede de la Fiscalía, el edificio comunal y la comisaría para repudiar las agresiones y reclamar por la libertad de los tres últimos detenidos.
Aunque más de una treintena de andalgalenses fueron demorados en la comisaría departamental y en la de Chaquiago y liberados en la madrugada de ayer, tres permanecieron detenidos toda la noche y obtuvieron la libertad recién a mediodía. Entre ellos, un hombre de apellido Cisneros quien, visiblemente golpeado y con una fisura en el tabique nasal, denunció apremios de parte de las fuerzas policiales.
Las declaraciones del intendente José Perea condenando la quema de municipio y responsabilizando a docentes y a algunos referentes de los Vecinos por la Vida como responsables de los daños no hizo más que acrecentar el malestar de los ciudadanos que, a los gritos y mediante pancartas, reclamaban la renuncia del jefe comunal. También pedían la cabeza del juez de control de garantías, Rodolfo Cecenarro, de la fiscal Marta Graciela Nieva y hasta del mismo Gobernador de la provincia.
"Nosotros no queríamos esto, lo que pasó ayer fue un desastre para todos", decía ayer una de las asambleístas, visiblemente conmocionada por las escenas de corridas, confusión y disturbios que empañaron la protesta por el desalojo del bloqueo antiminero.
"Esto no va a quedar así, nosotros queremos responsables. La fiscal y el juez, con sus medidas, han violado nuestro derecho a estar en una asamblea privada", denunció el ex concejal Roberto Cecenarro, con una herida de bala de goma a unos centímetros de su ojo izquierdo. También exigió una respuesta de las autoridades provinciales: "El Gobernador de la Provincia no se puede desentender de esto".
Los asambleístas seguían ayer apostados al costado del camino que une Chaquiago con El Potrero. Ayer por la tarde, los ambientalistas volvieron a reunirse en el lugar del desalojo, con la idea de analizar todo lo ocurrido y evaluaban emitir un documento sentando postura y exigiendo a las autoridades que asumen las responsabilidades por la represión. También invitaron a una misa "por la paz".
Varias expresiones de repudio a la represión
Mientras el interbloque de la oposición presentó un proyecto de declaración en la Cámara de Diputados y varias agrupaciones se manifestaron en la Capital por la mañana, diversas organizaciones manifestaron su repudio por lo que calificaron como una "feroz represión" en contra del pueblo de Andalgalá. El interbloque promueve una declaración legislativa de "solidaridad y total y absoluto respaldo al pueblo de Andalgalá", además de repudiar "la violenta represión ordenada por el Poder Ejecutivo".
El PJ, por su parte, emitió un documento.
"Denunciamos y condenamos a Brizuela del Moral y su gestión, que articulan el despojo en beneficios de intereses foráneos e inconfesables. Nos solidarizamos con nuestros comprovincianos, con los reprimidos y su correlato, sus víctimas, y con todos aquellos que desde la memoria y de las mejores tradiciones de nuestro pueblo defienden su dignidad como lo hacen los pueblos soberanos. En la lucha de nuestro pueblo encontraremos el camino", consigna el escrito firmado por la conducción del PJ.
Agrupaciones ambientalistas realizaron una manifestación frente a la Casa de Catamarca en Buenos Aires.
Otros grupos expresaron su rechazo al accionar policial y gubernamental.
-Las diputadas por el ARI Elisa Carrió y Fernanda Reyes atacaron a los gobiernos nacional y provincial y consideraron que la Justicia actuó en Andalgalá como "guardia jurídica de las empresas mineras". Responsabilizaron al gobernador Eduardo Brizuela del Moral por la represión.
- El diputado Fernando Pino Solanas se plegó a los rechazos y convocó a apoyar a los andalgalenses.
- "El accionar fascista del gobierno ha sido la mejor propaganda de concientización de los catamarqueños. Les ha salido el tiro por la culata", expresaron la organización Tupac Amaru y la Corriente de Unidad Felipe Varela.
- También el Movimiento Libres del Sur y el MST-Nueva Izquierda manifestaron su repudio.
Municipio incendiado
El intendente de Andalgalá no ocultó su malestar por los incidentes ocurridos y responsabilizó directamente a los asambleístas. En declaraciones a Radio Ancasti culpó al ex concejal Roberto Cecenarro por el incendio del edificio municipal. También denunció el accionar, junto a ambientalistas locales, de militantes nacionales del grupo Quebracho.
"Los Autoconvocados no toleraron que la gente apoye el desarrollo de Andalgalá y, en connivencia, con el señor Pino Solanas trajeron gente y quemaron vehículos. Destrozaron sectores de la municipalidad, en lo que hace a oficinas de Hacienda, Fiscalía, Tránsito, Despacho municipal", dijo al denunciar que más del 80% del edificio municipal fue destruido por los desmanes.
Perea negó que hubiera estado ausente durante conflicto y no confió en que el plebiscito sea la salida para la división de la comunidad por la minería.
Fecha de Publicación: 17/02/2010
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
La medida será revocada cuando estén garantizadas las condiciones para desarrollar el proyecto. Disconformidad de los asambleístas.
El juez de Minas Raúl Guillermo Cerda ordenó ayer suspender toda la actividad que la empresa minera Agua Rica cumplía en Andalgalá. La medida no tiene plazo y quedará sin efecto sólo cuando estén dadas las condiciones sociales para desarrollar el proyecto minero. Según fundamentó, la resolución se adoptó por los violentos enfrentamientos ocurridos en la Perla del Oeste durante la noche del lunes y con el objetivo de recuperar la paz social.
Apenas conocida la noticia del cese temporal de la actividad de Agua Rica, los asambleístas que a esa hora se había autoconvocado en la plaza de Andalgalá festejaron, pero no se quedaron conformes. Ahora reclaman la suspensión definitiva de la actividad minera en Andalgalá.
En diálogo con El Ancasti, Cerda informó que ayer estuvo en contacto con apoderados de la empresa, quienes expresaron su conformidad con la resolución y le transmitieron que "en esas condiciones no se podía trabajar". De todos modos, la empresa tiene tres días para apelar la resolución del juez. "No creo que ello ocurra porque el letrado manifestó que coincidían y compartían el criterio", dijo. "Creo que la resolución es un punto de partida para comenzar a dialogar y para que se calmen los ánimos, después el tiempo dirá. Por ahora las posiciones son muy encontradas. Creo que hace falta mucha más información para conocer qué se pretende hacer", opinó.
En la resolución, el magistrado sugirió que la suspensión de la actividad no se traslade a los empleados que tiene la empresa Agua Rica en Andalgalá. "Será una decisión de la empresa si despide a sus empleados o no", advirtió.
Agua Rica había retomado la actividad hace pocos meses luego del stand by en el que había ingresado por el impacto de la crisis internacional del año pasado y por las demoras en la aprobación del informe de impacto ambiental.
Rechazo
En Andalgalá, el ex concejal Roberto Cecenarro rechazó, igual que la mayoría de los asambleístas, la medida transitoria del juez Cerda de ordenar el parate de las actividades en Agua Rica: "Eso es pan para hoy, hambre para mañana. Nosotros lo que queremos es la prohibición de la minería a cielo abierto en Andalgalá", señaló.
Los asambleístas seguían ayer apostados al costado del camino que une Chaquiago con El Potrero. Después de toda la violencia que se desató cuando los camiones mineros quisieron pasar, los ambientalistas volvieron a agruparse y mantuvieron la vigilia a la vera de la ruta.
También ayer al mediodía un grupo de Autoconvocados de Andalgalá y antimineros de esta capital se movilizaron hasta el juzgado de Minas para pedirle al magistrado la paralización de todo proyecto minero en Andalgalá. Cerda los recibió y explicó el alcance de la resolución.
Reacción oficial
Desde el Gobierno provincial, el subsecretario de Seguridad, Luis Baracat, y el jefe de Policía Francisco Soria brindaron ayer una conferencia de prensa en la que negaron algún tipo de exceso en el operativo policial que se desplegó el lunes en Andalgalá. Informaron que para garantizar la paz social se ordenó el repliegue policial.
Por su parte, el secretario de Minería José Sinner lamentó el cariz de los acontecimientos en Andalgalá. "No entiendo cuál es la crítica a un proyecto que todavía no ha comenzado", dijo en declaraciones a Radio Ancasti.
Sinner defendió la actividad minera y los controles que se realizan desde el área que conduce.
Malestar de los comerciantes y proveedores
Los comerciantes y proveedores mineros se cuidaron al condenar los hechos de violencia que se registraron la noche del martes.
El supermercado "Los Mellizos", ubicado en una esquina frente a la plaza fue uno de los blancos de la violencia del martes por la noche. Vidrios rotos permanecían como prueba de los actos de vandalismo.
Luis Rojano, el propietario del comercio, que además regentea junto a sus hermanos una empresa de maquinarias viales que trabaja para Agua Rica, expresó su malestar por la situación y anticipó que realizaría la denuncia por los daños.
También confirmó que la empresa vial que administra junto a sus hermanos -Mafap- dejaría de trabajar para la minera. Lo mismo dijo públicamente a través de radios locales Ariel Rojano, quien además pidió disculpas a la gente por haber intentado pasar con una maquinaria propia por el bloqueo antiminero.
Daniel Brizuela, otro de los comerciantes y miembro de la cámara de proveedores mineros dijo que, tras hablar con otros empresarios acordaron "poner las barbas en remojo".
La Fiscalía inició investigación por el daño a los edificios
La fiscal de Andalgalá, Marta Graciela Nieva, dispuso ayer el inicio de una investigación de oficio para identificar a los responsables de los daños a los distintos edificios públicos y anticipó que los responsables de las distintas dependencias -intendentecia, juzgado, policía etc.- realizarían denuncias por los daños que sufrieron los edificios públicos.
Del otro lado, ayer se habían comenzado a recibir las primeras denuncias de ciudadanos por presunta agresión policial.
Las fuentes judiciales confirmaron que el martes hubo alrededor de 20 ciudadanos heridos que fueron atendidos en el hospital y que una cifra similar de heridos hubo en las filas policiales. Ayer, para descomprimir la tensión, desde la Subsecretaría de Seguridad de la Provincia se dispuso el repliegue de los refuerzos policiales que habían llegado desde la capital provincial.
Desenlace
En declaraciones a Radio Ancasti, la fiscal de Andalgalá lamentó el desenlace al que arribó la orden judicial para desalojar el bloqueo antiminero y permitir el paso de vehículos al yacimiento. Y relató la otra versión de los incidentes: "Se procedió al arresto de las personas porque se tiraban en medio del camino para impedir el paso de camiones y camionetas. Inmediatamente después de haber sido revisados por el médico y de labrarse el acta de la causa de la detención se los puso en libertad, así que sólo deben haber estado unas dos horas arrestados. Ya a la medianoche no quedaba ningún detenido", relató.
Sin embargo, comentó que los peores desmanes en la plaza de Andalgalá ocurrieron a última hora de la violenta jornada y fueron protagonizados por "encapuchados" que investiga la Policía y la Justicia.
Según relató, hasta el cura párroco que intentó mediar en el conflicto terminó agredido.
Admiten amparo
El juez de Control de Garantías de Andalgalá, Rodolfo Cecenarro declaró la admisibilidad del recurso de amparo presentado a fines de enero por los ambientalistas y pidió una serie de informes a la Secretaría de Minería de la Provincia, al Ministerio de Salud, a la Secretaría del Ambiente, al municipio y a la empresa Agua Rica para poder producir prueba y pronunciarse sobre la cuestión de fondo.
En su presentación, los ambientalistas pedían la suspensión del trabajo de instalación de Agua Rica y al mismo tiempo la cesación definitiva del emprendimiento.
Con la información que le remitan, el juez definirá sobre la cuestión de fondo.
Rechazo a la violencia
La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) que preside Manuel Benítez llamó a la reflexión de los actores sociales para que la paz social pueda primar sobre las distintas posiciones planteadas respecto a la minería. "No ayudan a la sociedad los discursos disociantes y provocativos", indican.
"Da vergüenza la inacción"
El presidente de la Cámara de Diputados, Luis Barrionuevo, el diputado Alfredo Gómez y el intendente Gustavo Jalile rechazaron la estrategia que implementó la Policía de la Provincia para desalojar el bloqueo al yacimiento de Agua Rica.
"Lamentamos profundamente el padecimiento del pueblo andalgalense en manos de la represión, por parte de quienes nos deben proteger. Instamos a que urgentemente se procure una alternativa de diálogo, no se puede seguir permitiendo que continué el enfrentamiento de catamarqueños contra catamarqueños. Da vergüenza la inacción de los responsables de mediar en este conflicto, y su incapacidad de procurar un ordenamiento desde lo institucional para buscar una salida cierta donde prime la cordura", indica el documento.
"El MIRA apuesta por la minería responsable y reclama para que los recursos que genera la actividad queden en la provincia y beneficien a la población local", señalaron.
Sigue la tensión y culpan al Gobierno y al intendente
Tras la represión policial y la reacción popular del martes por la noche, que incluyó la quema casi total del edificio municipal, daños en comercios céntricos y varios heridos, la tensión y la resistencia de los sectores ambientalistas continuó ayer en la ciudad de Andalgalá. Ayer los asambleístas retornaron al corte que desde diciembre mantenían en el camino comunero de Chaquiago-El Potrero, vía de acceso al yacimiento de Agua Rica para realizar un balance de los incidentes ocurridos.
A media mañana, los manifestantes que rechazan la minería volvieron a congregarse en la Plaza 9 de Julio y desde allí marcharon hacia la sede de la Fiscalía, el edificio comunal y la comisaría para repudiar las agresiones y reclamar por la libertad de los tres últimos detenidos.
Aunque más de una treintena de andalgalenses fueron demorados en la comisaría departamental y en la de Chaquiago y liberados en la madrugada de ayer, tres permanecieron detenidos toda la noche y obtuvieron la libertad recién a mediodía. Entre ellos, un hombre de apellido Cisneros quien, visiblemente golpeado y con una fisura en el tabique nasal, denunció apremios de parte de las fuerzas policiales.
Las declaraciones del intendente José Perea condenando la quema de municipio y responsabilizando a docentes y a algunos referentes de los Vecinos por la Vida como responsables de los daños no hizo más que acrecentar el malestar de los ciudadanos que, a los gritos y mediante pancartas, reclamaban la renuncia del jefe comunal. También pedían la cabeza del juez de control de garantías, Rodolfo Cecenarro, de la fiscal Marta Graciela Nieva y hasta del mismo Gobernador de la provincia.
"Nosotros no queríamos esto, lo que pasó ayer fue un desastre para todos", decía ayer una de las asambleístas, visiblemente conmocionada por las escenas de corridas, confusión y disturbios que empañaron la protesta por el desalojo del bloqueo antiminero.
"Esto no va a quedar así, nosotros queremos responsables. La fiscal y el juez, con sus medidas, han violado nuestro derecho a estar en una asamblea privada", denunció el ex concejal Roberto Cecenarro, con una herida de bala de goma a unos centímetros de su ojo izquierdo. También exigió una respuesta de las autoridades provinciales: "El Gobernador de la Provincia no se puede desentender de esto".
Los asambleístas seguían ayer apostados al costado del camino que une Chaquiago con El Potrero. Ayer por la tarde, los ambientalistas volvieron a reunirse en el lugar del desalojo, con la idea de analizar todo lo ocurrido y evaluaban emitir un documento sentando postura y exigiendo a las autoridades que asumen las responsabilidades por la represión. También invitaron a una misa "por la paz".
Varias expresiones de repudio a la represión
Mientras el interbloque de la oposición presentó un proyecto de declaración en la Cámara de Diputados y varias agrupaciones se manifestaron en la Capital por la mañana, diversas organizaciones manifestaron su repudio por lo que calificaron como una "feroz represión" en contra del pueblo de Andalgalá. El interbloque promueve una declaración legislativa de "solidaridad y total y absoluto respaldo al pueblo de Andalgalá", además de repudiar "la violenta represión ordenada por el Poder Ejecutivo".
El PJ, por su parte, emitió un documento.
"Denunciamos y condenamos a Brizuela del Moral y su gestión, que articulan el despojo en beneficios de intereses foráneos e inconfesables. Nos solidarizamos con nuestros comprovincianos, con los reprimidos y su correlato, sus víctimas, y con todos aquellos que desde la memoria y de las mejores tradiciones de nuestro pueblo defienden su dignidad como lo hacen los pueblos soberanos. En la lucha de nuestro pueblo encontraremos el camino", consigna el escrito firmado por la conducción del PJ.
Agrupaciones ambientalistas realizaron una manifestación frente a la Casa de Catamarca en Buenos Aires.
Otros grupos expresaron su rechazo al accionar policial y gubernamental.
-Las diputadas por el ARI Elisa Carrió y Fernanda Reyes atacaron a los gobiernos nacional y provincial y consideraron que la Justicia actuó en Andalgalá como "guardia jurídica de las empresas mineras". Responsabilizaron al gobernador Eduardo Brizuela del Moral por la represión.
- El diputado Fernando Pino Solanas se plegó a los rechazos y convocó a apoyar a los andalgalenses.
- "El accionar fascista del gobierno ha sido la mejor propaganda de concientización de los catamarqueños. Les ha salido el tiro por la culata", expresaron la organización Tupac Amaru y la Corriente de Unidad Felipe Varela.
- También el Movimiento Libres del Sur y el MST-Nueva Izquierda manifestaron su repudio.
Municipio incendiado
El intendente de Andalgalá no ocultó su malestar por los incidentes ocurridos y responsabilizó directamente a los asambleístas. En declaraciones a Radio Ancasti culpó al ex concejal Roberto Cecenarro por el incendio del edificio municipal. También denunció el accionar, junto a ambientalistas locales, de militantes nacionales del grupo Quebracho.
"Los Autoconvocados no toleraron que la gente apoye el desarrollo de Andalgalá y, en connivencia, con el señor Pino Solanas trajeron gente y quemaron vehículos. Destrozaron sectores de la municipalidad, en lo que hace a oficinas de Hacienda, Fiscalía, Tránsito, Despacho municipal", dijo al denunciar que más del 80% del edificio municipal fue destruido por los desmanes.
Perea negó que hubiera estado ausente durante conflicto y no confió en que el plebiscito sea la salida para la división de la comunidad por la minería.
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