Los bosques de Córdoba siguen esperando justicia
20:14 | 
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Preocupación en la UNRC por la falta de respuesta de la Corte
Fecha de Publicación: 04/08/2013
Fuente: El Puntal de Río Cuarto
Provincia/Región: Córdoba
Desde su sanción en agosto de 2010, la norma provincial no ha dejado de despertar cuestionamientos en distintos sectores. Especialistas denuncian más desmontes, falta de control y ausencia de información oficial. Mientras tanto, el pedido de inconstitucionalidad presentado por la casa de estudios hace más de dos años duerme en el máximo tribunal.
En la madrugada del 5 de agosto de 2010 la Legislatura cordobesa aprobaba la Ley de Bosques 9841. El texto contradecía el proyecto elaborado durante dos años por especialistas, instituciones gubernamentales, productores y organizaciones de la sociedad civil, quienes la calificaron como “ley de desmonte”. Ante los graves cuestionamientos a la norma y la situación crítica del bosque nativo en la provincia, la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) hizo una presentación para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declare su inconstitucionalidad.
Tres años después del inicio del conflicto, el máximo tribunal aún no ha dado respuesta al pedido de la universidad local. Mientras tanto, el panorama de los bosques en Córdoba continuó agravándose. Para el año 2009, en la provincia quedaban tan sólo 600 mil hectáreas de los 12 millones que ocupaba el monte originalmente. Entre 2010 y 2013 han desaparecido casi 10 mil hectáreas más, según los relevamientos satelitales de la asociación Guyra Paraguay.
Las falencias de la ley vigente en la provincia, la falta de controles, la ausencia de información oficial y las presiones de entidades rurales serían las principales causas de esta situación. Así lo afirman los especialistas que años atrás participaron en la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo (Cotbn), creada por la Secretaría de Ambiente justamente para elaborar un proyecto de ley que protegiera el monte en el territorio cordobés y que finalmente no fue aprobado.
En aquel momento, los integrantes de la comisión denunciaron que la norma finalmente sancionada priorizaba la producción por sobre la conservación. En respuesta al reclamo, el entonces ministro de Agricultura de la Provincia, Carlos Gutiérrez, había afirmado que la ley aprobada “es equilibrada y garantiza que en Córdoba no puede tocarse un solo árbol más”. “Incursiona en lo político e ideológico afirmar que ésta es una ley de desmonte, la experiencia futura demostrará que no”, había dicho el funcionario en una nota con PUNTAL en agosto de 2010.
A la espera de la Justicia
El pedido de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia fue presentado por la UNRC a fines del año 2010. Los principales fundamentos planteados en contra de la ley 9841 consisten en que la misma contradice el derecho constitucional a un ambiente sano y atenta contra la ley nacional de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Bosques Nativos.
Luego de obtener el visto bueno de la Procuraduría General de la Nación, el expediente lleva más de un año a la espera de un dictamen final por parte de los ministros del máximo tribunal. Tanto en la casa de altos estudios de Río Cuarto como en otros ámbitos e instituciones de la provincia destacan la urgencia de que la Corte se expida, teniendo en cuenta que la vía judicial parece ser la única alternativa para modificar la ley vigente.
En ese marco, el secretario de Planeamiento y Relaciones Institucionales de la Universidad local, Nelso Doffo, calificó de “muy lento” el accionar de la Justicia. “Nos hubiera gustado, no digo que tenga un tratamiento privilegiado, pero cierta importancia: esto es una presentación que hace una universidad por una ley provincial que afecta a todo el territorio de una provincia”, dijo.
“Que la Corte no lo haya tomado con mayor celeridad nos preocupa”, añadió Doffo e informó que actualmente es imposible establecer el plazo en el que la presentación será finalmente tratada. De cualquier manera, indicó que en los próximos meses está prevista una visita del juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni a la Universidad de Río Cuarto y que en ese marco desde la gestión esperan poder dar a conocer al magistrado las características de la causa.
“¿Por qué la Corte Suprema tarda tanto tiempo en resolver la inconstitucionalidad?”, se pregunta, por su parte, la bióloga de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) Daniela Tamburini, quien también integró la Cotbn. “A Córdoba no le están llegando los fondos de Nación porque la ley está cuestionada. Mientras tanto, acá es un viva la Pepa, se sigue desmontando como si nada”, denunció.
En 2011, la UNC también había iniciado acciones en contra de la ley de bosques aprobada por la Legislatura, en ese caso solicitando la intervención de la Defensoría del Pueblo de la Nación. La respuesta de dicho organismo reafirmó los cuestionamientos de especialistas y organizaciones: en un informe recomendó a la Provincia que modifique la norma, estableció que la misma no se adecúa a la ley nacional e incluso que es la peor de las leyes aprobadas entre otras 14 provincias, por ser la única que autoriza actividades ganaderas y agrícolas en los bosques de mayor protección (zona roja).
De hecho, Doffo relató que el informe de la Defensoría del Pueblo ya fue incorporado a la presentación en la Corte ya que se encuentra en sintonía con el planteo realizado por la UNRC. Entre otras cuestiones, el organismo a nivel nacional menciona que la ley cordobesa no tiene en cuenta la importancia de los distintos estratos arbóreos en el ecosistema, al permitir desmontar las plantas de menor tamaño y sólo dejar los árboles mayores.
Además, se cuestiona la manera de clasificar las distintas categorías de protección y la flexibilidad para realizar actividades productivas en las zonas rojas. “El fundamento más fuerte -comentó Doffo- es que es más laxa que la ley de Presupuestos Mínimos de la Nación”.
Menos control, menos árboles
En cuanto a la situación de los desmontes desde la aprobación de la ley hasta la actualidad, los especialistas coinciden en que esta problemática ambiental se ha agravado. Aunque celebran que en los últimos meses la tala haya disminuido (según los datos brindados por Guyra Paraguay), alertan que sólo se trata de una excepción en el marco de un largo proceso de desaparición de los bosques cordobeses.
Es que, a las falencias inherentes al texto de la ley, se suman la falta de controles y la ausencia de información oficial por parte de la Secretaría de Ambiente del gobierno provincial.
“Hasta el momento, la autoridad de aplicación de la ley provincial no ha presentado un solo informe actualizado sobre la superficie y situación de los bosques nativos de Córdoba. Tampoco ha respondido a las decenas de pedidos de informes sobre la legalidad de los desmontes registrados por las organizaciones locales”, indica al respecto un comunicado publicado recientemente por el Observatorio de Conflictos
Socioambientales de la UNRC.
De hecho, los únicos datos difundidos en los últimos años sobre los desmontes ocurridos en territorio cordobés provienen del relevamiento satelital de una organización paraguaya, el cual permitió dimensionar la magnitud de la problemática aunque sólo incluye el centro y norte de la provincia. Es por ello que investigadoras de la UNRC están realizando un relevamiento sobre los últimos parches de bosque nativo del sur cordobés, el cual arrojaría datos alarmantes.
En ese sentido, Doffo denunció que el gobierno debería “haber potenciado el área de control y no que venga una ONG paraguaya a decirnos lo que nos está pasando con los bosques nativos, cuando hay una provincia que tenía infraestructura satelital para hacer un monitoreo fino acerca de cómo avanzaba la frontera agrícola y retrocedía la frontera boscosa”.
Por su parte, Tamburini, integrante del Centro de Ecología y Recursos Naturales Renovables de la UNC, aseguró: “Aunque tuviéramos una buena ley, si la ciudadanía no se hace cargo, y si Ambiente no la hace propia y se pone a controlar, es lo mismo que nada. Tener una buena ley es fundamental porque no queda lugar a dudas de lo que hay que hacer y lo que no. Ahora, con una Secretaría de Ambiente como la que tenemos, funcional a un determinado sector, es muy difícil que se cumpla”.
El hecho de que la Provincia no reciba los fondos que le corresponderían a Córdoba según la Ley Nacional de Bosques no hace más que agravar esta situación. Ese dinero debería destinarse a subsidiar aquellos productores que presenten proyectos de protección de los bosques nativos. Sin embargo, los cuestionamientos a la normativa provincial han hecho que en los últimos tres años los fondos nacionales no hayan sido entregados.
Acerca de este panorama, la bióloga de la UNC reflexionó: “Córdoba ya no tiene bosques, está en crisis ambiental desde hace años y cada vez es peor porque esto no se detiene”. Y concluyó: “La crisis hídrica cada vez es peor, la crisis social cada vez es peor, hay una expulsión de los productores a la ciudad porque se quedan sin bosques. Entonces no tener una política también es una política”.
Una norma largamente cuestionada
2008. La Secretaría de Ambiente de la Provincia crea la Cotbn, conformada por organizaciones ambientales, campesinas, universidades y entes nacionales para elaborar un proyecto de ley de ordenamiento territorial de bosques nativos.
2010. Se sanciona la ley 9841, cuyo texto presenta grandes diferencias con el proyecto elaborado a lo largo de dos años. La Cotbn denuncia que la norma fue modificada por presiones del agro y del ex ministro de Agricultura Carlos Gutiérrez a los legisladores.
La UNRC hace una presentación para que la Corte Suprema de Justicia declare la inconstitucionalidad de la ley aprobada. Entre los fundamentos del planteo destaca que la norma aprobada es más permisiva hacia los desmontes que las leyes anteriores, vulnera el derecho a un ambiente sano contemplado en el Art. 41 de la Constitución Nacional, atenta contra los presupuestos mínimos de la ley nacional 26.331 y elimina el mecanismo de esta última legislación para lograr la participación social en el proceso de ordenamiento territorial de los bosques nativos.
2011. La Procuraduría General de la Nación da el visto bueno para que la Corte se expida sobre la presentación de la universidad.
2012. La Defensoría del Pueblo de la Nación emite un informe a pedido de la UNC y la Cotbn en el que cuestiona la ley cordobesa y la califica como la peor legislación de entre 14 provincias.
La Secretaría de Ambiente de la Provincia deja cesantes a 19 contratados. El control de los desmontes fue el área más afectada, donde despidieron a tres personas clave para comprobar denuncias y multar a los infractores. Empleados de la secretaría denuncian que los despidos se debieron a presiones de entidades rurales.
2013. El Foro Ambiental Córdoba presenta un recurso de amparo contra Ambiente ante la falta de respuesta a pedidos de información sobre desmontes registrados gracias al relevamiento satelital de la ONG Guyra Paraguay.
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Fecha de Publicación: 04/08/2013
Fuente: El Puntal de Río Cuarto
Provincia/Región: Córdoba
Desde su sanción en agosto de 2010, la norma provincial no ha dejado de despertar cuestionamientos en distintos sectores. Especialistas denuncian más desmontes, falta de control y ausencia de información oficial. Mientras tanto, el pedido de inconstitucionalidad presentado por la casa de estudios hace más de dos años duerme en el máximo tribunal.
En la madrugada del 5 de agosto de 2010 la Legislatura cordobesa aprobaba la Ley de Bosques 9841. El texto contradecía el proyecto elaborado durante dos años por especialistas, instituciones gubernamentales, productores y organizaciones de la sociedad civil, quienes la calificaron como “ley de desmonte”. Ante los graves cuestionamientos a la norma y la situación crítica del bosque nativo en la provincia, la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) hizo una presentación para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declare su inconstitucionalidad.
Tres años después del inicio del conflicto, el máximo tribunal aún no ha dado respuesta al pedido de la universidad local. Mientras tanto, el panorama de los bosques en Córdoba continuó agravándose. Para el año 2009, en la provincia quedaban tan sólo 600 mil hectáreas de los 12 millones que ocupaba el monte originalmente. Entre 2010 y 2013 han desaparecido casi 10 mil hectáreas más, según los relevamientos satelitales de la asociación Guyra Paraguay.
Las falencias de la ley vigente en la provincia, la falta de controles, la ausencia de información oficial y las presiones de entidades rurales serían las principales causas de esta situación. Así lo afirman los especialistas que años atrás participaron en la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo (Cotbn), creada por la Secretaría de Ambiente justamente para elaborar un proyecto de ley que protegiera el monte en el territorio cordobés y que finalmente no fue aprobado.
En aquel momento, los integrantes de la comisión denunciaron que la norma finalmente sancionada priorizaba la producción por sobre la conservación. En respuesta al reclamo, el entonces ministro de Agricultura de la Provincia, Carlos Gutiérrez, había afirmado que la ley aprobada “es equilibrada y garantiza que en Córdoba no puede tocarse un solo árbol más”. “Incursiona en lo político e ideológico afirmar que ésta es una ley de desmonte, la experiencia futura demostrará que no”, había dicho el funcionario en una nota con PUNTAL en agosto de 2010.
A la espera de la Justicia
El pedido de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia fue presentado por la UNRC a fines del año 2010. Los principales fundamentos planteados en contra de la ley 9841 consisten en que la misma contradice el derecho constitucional a un ambiente sano y atenta contra la ley nacional de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Bosques Nativos.
Luego de obtener el visto bueno de la Procuraduría General de la Nación, el expediente lleva más de un año a la espera de un dictamen final por parte de los ministros del máximo tribunal. Tanto en la casa de altos estudios de Río Cuarto como en otros ámbitos e instituciones de la provincia destacan la urgencia de que la Corte se expida, teniendo en cuenta que la vía judicial parece ser la única alternativa para modificar la ley vigente.
En ese marco, el secretario de Planeamiento y Relaciones Institucionales de la Universidad local, Nelso Doffo, calificó de “muy lento” el accionar de la Justicia. “Nos hubiera gustado, no digo que tenga un tratamiento privilegiado, pero cierta importancia: esto es una presentación que hace una universidad por una ley provincial que afecta a todo el territorio de una provincia”, dijo.
“Que la Corte no lo haya tomado con mayor celeridad nos preocupa”, añadió Doffo e informó que actualmente es imposible establecer el plazo en el que la presentación será finalmente tratada. De cualquier manera, indicó que en los próximos meses está prevista una visita del juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni a la Universidad de Río Cuarto y que en ese marco desde la gestión esperan poder dar a conocer al magistrado las características de la causa.
“¿Por qué la Corte Suprema tarda tanto tiempo en resolver la inconstitucionalidad?”, se pregunta, por su parte, la bióloga de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) Daniela Tamburini, quien también integró la Cotbn. “A Córdoba no le están llegando los fondos de Nación porque la ley está cuestionada. Mientras tanto, acá es un viva la Pepa, se sigue desmontando como si nada”, denunció.
En 2011, la UNC también había iniciado acciones en contra de la ley de bosques aprobada por la Legislatura, en ese caso solicitando la intervención de la Defensoría del Pueblo de la Nación. La respuesta de dicho organismo reafirmó los cuestionamientos de especialistas y organizaciones: en un informe recomendó a la Provincia que modifique la norma, estableció que la misma no se adecúa a la ley nacional e incluso que es la peor de las leyes aprobadas entre otras 14 provincias, por ser la única que autoriza actividades ganaderas y agrícolas en los bosques de mayor protección (zona roja).
De hecho, Doffo relató que el informe de la Defensoría del Pueblo ya fue incorporado a la presentación en la Corte ya que se encuentra en sintonía con el planteo realizado por la UNRC. Entre otras cuestiones, el organismo a nivel nacional menciona que la ley cordobesa no tiene en cuenta la importancia de los distintos estratos arbóreos en el ecosistema, al permitir desmontar las plantas de menor tamaño y sólo dejar los árboles mayores.
Además, se cuestiona la manera de clasificar las distintas categorías de protección y la flexibilidad para realizar actividades productivas en las zonas rojas. “El fundamento más fuerte -comentó Doffo- es que es más laxa que la ley de Presupuestos Mínimos de la Nación”.
Menos control, menos árboles
En cuanto a la situación de los desmontes desde la aprobación de la ley hasta la actualidad, los especialistas coinciden en que esta problemática ambiental se ha agravado. Aunque celebran que en los últimos meses la tala haya disminuido (según los datos brindados por Guyra Paraguay), alertan que sólo se trata de una excepción en el marco de un largo proceso de desaparición de los bosques cordobeses.
Es que, a las falencias inherentes al texto de la ley, se suman la falta de controles y la ausencia de información oficial por parte de la Secretaría de Ambiente del gobierno provincial.
“Hasta el momento, la autoridad de aplicación de la ley provincial no ha presentado un solo informe actualizado sobre la superficie y situación de los bosques nativos de Córdoba. Tampoco ha respondido a las decenas de pedidos de informes sobre la legalidad de los desmontes registrados por las organizaciones locales”, indica al respecto un comunicado publicado recientemente por el Observatorio de Conflictos
Socioambientales de la UNRC.
De hecho, los únicos datos difundidos en los últimos años sobre los desmontes ocurridos en territorio cordobés provienen del relevamiento satelital de una organización paraguaya, el cual permitió dimensionar la magnitud de la problemática aunque sólo incluye el centro y norte de la provincia. Es por ello que investigadoras de la UNRC están realizando un relevamiento sobre los últimos parches de bosque nativo del sur cordobés, el cual arrojaría datos alarmantes.
En ese sentido, Doffo denunció que el gobierno debería “haber potenciado el área de control y no que venga una ONG paraguaya a decirnos lo que nos está pasando con los bosques nativos, cuando hay una provincia que tenía infraestructura satelital para hacer un monitoreo fino acerca de cómo avanzaba la frontera agrícola y retrocedía la frontera boscosa”.
Por su parte, Tamburini, integrante del Centro de Ecología y Recursos Naturales Renovables de la UNC, aseguró: “Aunque tuviéramos una buena ley, si la ciudadanía no se hace cargo, y si Ambiente no la hace propia y se pone a controlar, es lo mismo que nada. Tener una buena ley es fundamental porque no queda lugar a dudas de lo que hay que hacer y lo que no. Ahora, con una Secretaría de Ambiente como la que tenemos, funcional a un determinado sector, es muy difícil que se cumpla”.
El hecho de que la Provincia no reciba los fondos que le corresponderían a Córdoba según la Ley Nacional de Bosques no hace más que agravar esta situación. Ese dinero debería destinarse a subsidiar aquellos productores que presenten proyectos de protección de los bosques nativos. Sin embargo, los cuestionamientos a la normativa provincial han hecho que en los últimos tres años los fondos nacionales no hayan sido entregados.
Acerca de este panorama, la bióloga de la UNC reflexionó: “Córdoba ya no tiene bosques, está en crisis ambiental desde hace años y cada vez es peor porque esto no se detiene”. Y concluyó: “La crisis hídrica cada vez es peor, la crisis social cada vez es peor, hay una expulsión de los productores a la ciudad porque se quedan sin bosques. Entonces no tener una política también es una política”.
Una norma largamente cuestionada
2008. La Secretaría de Ambiente de la Provincia crea la Cotbn, conformada por organizaciones ambientales, campesinas, universidades y entes nacionales para elaborar un proyecto de ley de ordenamiento territorial de bosques nativos.
2010. Se sanciona la ley 9841, cuyo texto presenta grandes diferencias con el proyecto elaborado a lo largo de dos años. La Cotbn denuncia que la norma fue modificada por presiones del agro y del ex ministro de Agricultura Carlos Gutiérrez a los legisladores.
La UNRC hace una presentación para que la Corte Suprema de Justicia declare la inconstitucionalidad de la ley aprobada. Entre los fundamentos del planteo destaca que la norma aprobada es más permisiva hacia los desmontes que las leyes anteriores, vulnera el derecho a un ambiente sano contemplado en el Art. 41 de la Constitución Nacional, atenta contra los presupuestos mínimos de la ley nacional 26.331 y elimina el mecanismo de esta última legislación para lograr la participación social en el proceso de ordenamiento territorial de los bosques nativos.
2011. La Procuraduría General de la Nación da el visto bueno para que la Corte se expida sobre la presentación de la universidad.
2012. La Defensoría del Pueblo de la Nación emite un informe a pedido de la UNC y la Cotbn en el que cuestiona la ley cordobesa y la califica como la peor legislación de entre 14 provincias.
La Secretaría de Ambiente de la Provincia deja cesantes a 19 contratados. El control de los desmontes fue el área más afectada, donde despidieron a tres personas clave para comprobar denuncias y multar a los infractores. Empleados de la secretaría denuncian que los despidos se debieron a presiones de entidades rurales.
2013. El Foro Ambiental Córdoba presenta un recurso de amparo contra Ambiente ante la falta de respuesta a pedidos de información sobre desmontes registrados gracias al relevamiento satelital de la ONG Guyra Paraguay.
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