Semana clave para los glaciares de Argentina
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Semana clave para los glaciares de Argentina
Fecha de Publicación: 27/09/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Tenemos derecho a los glaciares
Por Maristella Svampa SOCIOLOGA E INVESTIGADORA DEL CONICET. Marcelo Giraud GEOGRAFO, UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO
Es importante resguardar nuestras reservas de agua dulce desde una óptica que recupere la idea integral de territorio nacional, tal como lo prevé el proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados que se trata esta semana en el Senado.
Para muchos es una discusión engorrosa, propia de juristas, técnicos y ambientalistas, muy alejada de nuestra realidad cotidiana. Pero lo cierto es que los glaciares y el área periglacial constituyen una vital reserva y fuente de agua dulce; un bien común al que todos tenemos derecho, más allá de los orígenes provinciales o los intereses corporativos. Por eso es importante resguardarlos, desde una óptica que recupere la idea integral de territorio nacional, tal como lo prevé el proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados, próximo a tratarse en el Senado.
Dicha norma fue consensuada entre el diputado Miguel Bonasso y el senador Daniel Filmus, luego del veto presidencial en 2008, a lo que siguió la media sanción de un sospechado proyecto en el Senado, con respaldo del lobby minero. En cambio, el proyecto superador de la Cámara Baja cuenta hoy con el apoyo de trescientas asambleas socioambientales, ciento cincuenta reconocidas organizaciones ambientalistas y numerosos académicos.
Frente a los gobernadores que se escudan en el artículo 124 de la Constitución Nacional -que establece que los recursos naturales son dominio originario de las provincias-, varias veces se ha insistido desde el derecho que éstas no pueden disponer discrecionalmente de los mismos. Justamente el artículo 41 de nuestra Carta Magna ha limitado lo absoluto de este dominio provincial, atribuyendo al Congreso la facultad de dictar las normas de presupuestos mínimos de protección ambiental, que las provincias podrán complementar. Pero el interesado discurso, erróneamente federalista, choca también con la misma geografía, pues muchas cuencas hídricas presentan una unidad ecológica y no conocen de límites jurisdiccionales. Las aguas nacen en una provincia, cruzan su territorio y continúan su curso a través de una o más provincias, regando y dando vida a campos y ciudades. Por ende, al tratarse de cuencas interprovinciales, compete también al Estado nacional el ser garante de las mismas, dado que cualquier actuación o determinación legal en la gestión de las aguas afecta a los territorios de las provincias por las que éstas discurren.
No hay que engañar más a la sociedad. No es cierto que la Ley aprobada en la Cámara Baja restrinja la actividad minera en gran parte del país o de las provincias cordilleranas. En su artículo 6, prohíbe diversas actividades -no sólo la minería- en una muy pequeña porción de nuestro territorio. A escala nacional, puede estimarse que aún con la extensión del campo de hielo santacruceño, y del área periglacial reguladora del recurso hídrico, la ley sólo protege en torno al 1% del territorio argentino (en su porción americana). Tampoco es verdad que la ley impida la realización de obras de infraestructura -como el tren trasandino en Mendoza o el túnel de Agua Negra en San Juan- ya que, a diferencia del proyecto del Senado, el de Diputados no las prohíbe en el ambiente periglacial, sino sólo en los glaciares. Tampoco se está discutiendo sobre la insustentabilidad de la minería; sólo se apunta a resguardar nuestras reservas y fuentes de agua. Por ello, antinomias falaces como “minería sí - minería no” están fuera de lugar, pues implicarían un debate sobre todo el territorio y no sobre una ínfima parte de él. En realidad, tales engaños esconden el interés de empresas como Barrick Gold, que se instalaron en áreas muy frágiles, amenazando un recurso esencial y vulnerable como el agua, que hoy exige una debida protección.
Lo mismo sucede con el empleo en minería, pues los datos han sido deliberadamente inflados. Según el Indec, en 2009 hubo un promedio de 18.342 asalariados registrados en minería, de los cuales sólo 6.533 en minerales metalíferos. En Chile, la minería factura 8 veces más que en Argentina y emplea 174.125 trabajadores, incluyendo contratistas, mientras que en Canadá, con una facturación similar a la chilena, sólo 58.505 trabajadores directos. En consecuencia, por más empleo indirecto que produzca, de ningún modo se justifica la afirmación de la Secretaría de Minería de la Nación, según la cual “la minería ya genera 500.000 empleos en el país”.
Las reformas neoliberales de los años 90 implicaron una significativa pérdida de regulación y control de territorios y recursos por parte del Estado frente a las grandes corporaciones transnacionales. A la luz de las nuevas problemáticas y en nombre de nuestra integridad ambiental y territorial, ya es tiempo de retomar aquellas funciones, si de verdad se está pensando en un concepto inclusivo de nación y en el bienestar de las generaciones futuras.
Senado: pelean por definir quién hará el inventario de los glaciares
Es porque donde se determine que existen hielos, no podrán explotarse minas.
Uno de los puntos más conflictivos del proyecto de ley de protección de glaciares que se debate en el Senado es qué organismo se encargará de hacer el primer inventario de hielos del país . Por un lado, el diputado opositor Miguel Bonasso y otros legisladores se plantaron en que sea el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), que depende del CONICET, mientras que varios gobernadores pretenden que lo realicen las direcciones de Minería de sus provincias.
No es un dato menor. Donde se registre un glaciar o un preglaciar no podrá haber minas o extracción de agua para la minería a cielo abierto; y las que existen deberán ser relocalizadas.
“En este punto se da la batalla decisiva para la protección del agua de los argentinos. Podemos discutir otros puntos formales del texto aprobado en Diputados, pero no quién hará el inventario”, enfatizó Bonasso a Clarín . El diputado adelantó que se reunirá con el senador oficialista Daniel Filmus, con quien acordó el texto aprobado en la Cámara baja, para reafirmar ese punto (ver Análisis ).
En cambio, un grupo gobernadores de provincias mineras encabezados por el sanjuanino César Gioja pretenden que el inventario que decidirá qué zona es glacial, preglaciar o apta para la minería lo hagan las provincias. Se basan en un argumento federal: se trata de recursos naturales propios.
El director del IANIGLA, Ricardo Villalba, dijo a Clarín que de aprobarse el proyecto Bonasso su organismo “coordinaría a nivel nacional, en colaboración con universidades y gobiernos provinciales, el Inventario de Glaciares. En estos momentos estamos avanzando en un convenio con la provincia de Mendoza para realizar el Inventario de Glaciares solamente en esa provincia”.
Cuando se le preguntó cuántos glaciares se estima que existen, contestó que hasta ahora nunca se hizo un inventario, pero habría miles. “En base al inventario de glaciares del Río Mendoza, sólo en su cuenca había 980 cuerpos de hielo que cubrían una superficie de 664 km2”. El área de la Capital es de 500 km2.
El IANIGLA, que tiene sede en Mendoza, hizo relevamientos previos en la década del 80, empleando fotos aéreas de 1963 de algunos sectores de las provincias de Mendoza y San Juan.
El fiscal general de Tucumán y especialista en medio ambiente Antonio Gustavo Gómez se sumó a la defensa del IANIGLA. “En mis investigaciones vi cómo distintas direcciones de minería provinciales fracasaron en el momento de controlar la contaminación . Es el zorro puesto a cuidar el gallinero. El ejemplo más doloroso tal vez sea Abra Pampa, en Jujuy. Allí Metal Huasi, con la complicidad de las autoridades que tenían la obligación de controlarla, afectó con plomo el 81% de los niños evaluados. No hay dudas, detrás de cada delito ambiental y en especial en los provocados por la minería a gran escala, hay un funcionario corrupto. No sólo hay contaminación ambiental sino también ‘contaminación social’”.
Los lobbies y la votación del jueves
Como viene ocurriendo en el Senado con cada proyecto controvertido, las fuerzas están parejas y recién se sabrá en el momento de la votación (¿el próximo jueves?) si el país tendrá una ley de Glaciares restrictiva o si gana la pulseada una norma más blanda en sintonía con la propuesta de las provincias mineras.
El jefe del bloque oficial, Miguel Pichetto, dijo que “dará libertad de acción” a los legisladores kirchneristas. Y la misma actitud adoptó Gerardo Morales, de la UCR.
De un lado están la mayoría de los legisladores de las provincias mineras, liderados por el sanjuanino César Gioja, que votarán la sanción del Senado. Aunque los radicales Morales (Jujuy), Alfredo Martínez (Santa Cruz), Ernesto Sanz (Mendoza), el kirchnerista Marcelo Fuentes (Neuquén) y el chubutense Marcelo Guinle votarán a favor de la sanción de Diputados que es más severa. Del otro, hay un conglomerado que se referencia en el pacto Bonasso-Filmus y están a favor de definir con claridad lugares de prohibición de la actividad minera y de investigar en un plazo de 180 días a las actuales explotaciones.
Los números están parejos y la gran incógnita es si la Casa Rosada mantiene su neutralidad.
Si el Gobierno se inclina a favor de las provincias mineras ganará la sanción más blanda del Senado.
Como pocas veces en el Congreso se hizo explícita en este debate la presión de las mineras, la UIA y la CAC que apuestan como mal menor por la sanción del Senado.
Y también han desplegado su arsenal, pero a favor de la sanción de Diputados, los ecologistas que convocaron a un acampe frente al Congreso. En la misma sintonía, mañana hablará en la comisión de Ambiente la gobernadora fueguina Fabiana Rios.
Fecha de Publicación: 27/09/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Tenemos derecho a los glaciares
Por Maristella Svampa SOCIOLOGA E INVESTIGADORA DEL CONICET. Marcelo Giraud GEOGRAFO, UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO
Es importante resguardar nuestras reservas de agua dulce desde una óptica que recupere la idea integral de territorio nacional, tal como lo prevé el proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados que se trata esta semana en el Senado.
Para muchos es una discusión engorrosa, propia de juristas, técnicos y ambientalistas, muy alejada de nuestra realidad cotidiana. Pero lo cierto es que los glaciares y el área periglacial constituyen una vital reserva y fuente de agua dulce; un bien común al que todos tenemos derecho, más allá de los orígenes provinciales o los intereses corporativos. Por eso es importante resguardarlos, desde una óptica que recupere la idea integral de territorio nacional, tal como lo prevé el proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados, próximo a tratarse en el Senado.
Dicha norma fue consensuada entre el diputado Miguel Bonasso y el senador Daniel Filmus, luego del veto presidencial en 2008, a lo que siguió la media sanción de un sospechado proyecto en el Senado, con respaldo del lobby minero. En cambio, el proyecto superador de la Cámara Baja cuenta hoy con el apoyo de trescientas asambleas socioambientales, ciento cincuenta reconocidas organizaciones ambientalistas y numerosos académicos.
Frente a los gobernadores que se escudan en el artículo 124 de la Constitución Nacional -que establece que los recursos naturales son dominio originario de las provincias-, varias veces se ha insistido desde el derecho que éstas no pueden disponer discrecionalmente de los mismos. Justamente el artículo 41 de nuestra Carta Magna ha limitado lo absoluto de este dominio provincial, atribuyendo al Congreso la facultad de dictar las normas de presupuestos mínimos de protección ambiental, que las provincias podrán complementar. Pero el interesado discurso, erróneamente federalista, choca también con la misma geografía, pues muchas cuencas hídricas presentan una unidad ecológica y no conocen de límites jurisdiccionales. Las aguas nacen en una provincia, cruzan su territorio y continúan su curso a través de una o más provincias, regando y dando vida a campos y ciudades. Por ende, al tratarse de cuencas interprovinciales, compete también al Estado nacional el ser garante de las mismas, dado que cualquier actuación o determinación legal en la gestión de las aguas afecta a los territorios de las provincias por las que éstas discurren.
No hay que engañar más a la sociedad. No es cierto que la Ley aprobada en la Cámara Baja restrinja la actividad minera en gran parte del país o de las provincias cordilleranas. En su artículo 6, prohíbe diversas actividades -no sólo la minería- en una muy pequeña porción de nuestro territorio. A escala nacional, puede estimarse que aún con la extensión del campo de hielo santacruceño, y del área periglacial reguladora del recurso hídrico, la ley sólo protege en torno al 1% del territorio argentino (en su porción americana). Tampoco es verdad que la ley impida la realización de obras de infraestructura -como el tren trasandino en Mendoza o el túnel de Agua Negra en San Juan- ya que, a diferencia del proyecto del Senado, el de Diputados no las prohíbe en el ambiente periglacial, sino sólo en los glaciares. Tampoco se está discutiendo sobre la insustentabilidad de la minería; sólo se apunta a resguardar nuestras reservas y fuentes de agua. Por ello, antinomias falaces como “minería sí - minería no” están fuera de lugar, pues implicarían un debate sobre todo el territorio y no sobre una ínfima parte de él. En realidad, tales engaños esconden el interés de empresas como Barrick Gold, que se instalaron en áreas muy frágiles, amenazando un recurso esencial y vulnerable como el agua, que hoy exige una debida protección.
Lo mismo sucede con el empleo en minería, pues los datos han sido deliberadamente inflados. Según el Indec, en 2009 hubo un promedio de 18.342 asalariados registrados en minería, de los cuales sólo 6.533 en minerales metalíferos. En Chile, la minería factura 8 veces más que en Argentina y emplea 174.125 trabajadores, incluyendo contratistas, mientras que en Canadá, con una facturación similar a la chilena, sólo 58.505 trabajadores directos. En consecuencia, por más empleo indirecto que produzca, de ningún modo se justifica la afirmación de la Secretaría de Minería de la Nación, según la cual “la minería ya genera 500.000 empleos en el país”.
Las reformas neoliberales de los años 90 implicaron una significativa pérdida de regulación y control de territorios y recursos por parte del Estado frente a las grandes corporaciones transnacionales. A la luz de las nuevas problemáticas y en nombre de nuestra integridad ambiental y territorial, ya es tiempo de retomar aquellas funciones, si de verdad se está pensando en un concepto inclusivo de nación y en el bienestar de las generaciones futuras.
Senado: pelean por definir quién hará el inventario de los glaciares
Es porque donde se determine que existen hielos, no podrán explotarse minas.
Uno de los puntos más conflictivos del proyecto de ley de protección de glaciares que se debate en el Senado es qué organismo se encargará de hacer el primer inventario de hielos del país . Por un lado, el diputado opositor Miguel Bonasso y otros legisladores se plantaron en que sea el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), que depende del CONICET, mientras que varios gobernadores pretenden que lo realicen las direcciones de Minería de sus provincias.
No es un dato menor. Donde se registre un glaciar o un preglaciar no podrá haber minas o extracción de agua para la minería a cielo abierto; y las que existen deberán ser relocalizadas.
“En este punto se da la batalla decisiva para la protección del agua de los argentinos. Podemos discutir otros puntos formales del texto aprobado en Diputados, pero no quién hará el inventario”, enfatizó Bonasso a Clarín . El diputado adelantó que se reunirá con el senador oficialista Daniel Filmus, con quien acordó el texto aprobado en la Cámara baja, para reafirmar ese punto (ver Análisis ).
En cambio, un grupo gobernadores de provincias mineras encabezados por el sanjuanino César Gioja pretenden que el inventario que decidirá qué zona es glacial, preglaciar o apta para la minería lo hagan las provincias. Se basan en un argumento federal: se trata de recursos naturales propios.
El director del IANIGLA, Ricardo Villalba, dijo a Clarín que de aprobarse el proyecto Bonasso su organismo “coordinaría a nivel nacional, en colaboración con universidades y gobiernos provinciales, el Inventario de Glaciares. En estos momentos estamos avanzando en un convenio con la provincia de Mendoza para realizar el Inventario de Glaciares solamente en esa provincia”.
Cuando se le preguntó cuántos glaciares se estima que existen, contestó que hasta ahora nunca se hizo un inventario, pero habría miles. “En base al inventario de glaciares del Río Mendoza, sólo en su cuenca había 980 cuerpos de hielo que cubrían una superficie de 664 km2”. El área de la Capital es de 500 km2.
El IANIGLA, que tiene sede en Mendoza, hizo relevamientos previos en la década del 80, empleando fotos aéreas de 1963 de algunos sectores de las provincias de Mendoza y San Juan.
El fiscal general de Tucumán y especialista en medio ambiente Antonio Gustavo Gómez se sumó a la defensa del IANIGLA. “En mis investigaciones vi cómo distintas direcciones de minería provinciales fracasaron en el momento de controlar la contaminación . Es el zorro puesto a cuidar el gallinero. El ejemplo más doloroso tal vez sea Abra Pampa, en Jujuy. Allí Metal Huasi, con la complicidad de las autoridades que tenían la obligación de controlarla, afectó con plomo el 81% de los niños evaluados. No hay dudas, detrás de cada delito ambiental y en especial en los provocados por la minería a gran escala, hay un funcionario corrupto. No sólo hay contaminación ambiental sino también ‘contaminación social’”.
Los lobbies y la votación del jueves
Como viene ocurriendo en el Senado con cada proyecto controvertido, las fuerzas están parejas y recién se sabrá en el momento de la votación (¿el próximo jueves?) si el país tendrá una ley de Glaciares restrictiva o si gana la pulseada una norma más blanda en sintonía con la propuesta de las provincias mineras.
El jefe del bloque oficial, Miguel Pichetto, dijo que “dará libertad de acción” a los legisladores kirchneristas. Y la misma actitud adoptó Gerardo Morales, de la UCR.
De un lado están la mayoría de los legisladores de las provincias mineras, liderados por el sanjuanino César Gioja, que votarán la sanción del Senado. Aunque los radicales Morales (Jujuy), Alfredo Martínez (Santa Cruz), Ernesto Sanz (Mendoza), el kirchnerista Marcelo Fuentes (Neuquén) y el chubutense Marcelo Guinle votarán a favor de la sanción de Diputados que es más severa. Del otro, hay un conglomerado que se referencia en el pacto Bonasso-Filmus y están a favor de definir con claridad lugares de prohibición de la actividad minera y de investigar en un plazo de 180 días a las actuales explotaciones.
Los números están parejos y la gran incógnita es si la Casa Rosada mantiene su neutralidad.
Si el Gobierno se inclina a favor de las provincias mineras ganará la sanción más blanda del Senado.
Como pocas veces en el Congreso se hizo explícita en este debate la presión de las mineras, la UIA y la CAC que apuestan como mal menor por la sanción del Senado.
Y también han desplegado su arsenal, pero a favor de la sanción de Diputados, los ecologistas que convocaron a un acampe frente al Congreso. En la misma sintonía, mañana hablará en la comisión de Ambiente la gobernadora fueguina Fabiana Rios.
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