Al cambio climático lo sufren más los que menos tienen
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La grieta del calentamiento global: ¿hay poblaciones más vulnerables que otras ante el cambio climático?
Fecha de Publicación: 29/05/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
Tormentas, olas de calor o inundaciones no producen el mismo impacto en toda la población. Ante la crisis climática los que menos tienen sufren más
Los efectos del cambio climático comienzan a apreciarse en la Argentina de un modo cada vez más brusco e implacable. Solo entre tormentas, inundaciones y olas de calor ocurridas en los últimos cuatro años han perdido la vida más de 600 personas.
Sin embargo, es necesario aclarar que el grado de vulnerabilidad ante un evento climatológico no es el mismo para todas las regiones ni para todos los sectores sociales. Como en la vida misma, algunos sufren más que otros.
El calentamiento global en las regiones más postergadas desde una perspectiva socioeconómica es mucho más contundente
Un grupo de investigadores remarcó hace un tiempo que en aquellas regiones más postergadas desde una perspectiva socioeconómica el impacto del cambio climático está siendo –y será– mucho más contundente. Las malas condiciones económicas, habitacionales o sociales que padece una población la vuelven más frágil ante un eventual desastre natural.
El documento señala que en nuestro país unas 40 ciudades muy densamente pobladas se hallan absolutamente expuestas ante una catástrofe climatológica. La mayoría de éstas, se encuentra en algún punto del conurbano bonaerense. Allí las tormentas, los grandes vientos o los golpes de calor están dejando una huella más marcada.
Un documento señala que en nuestro país unas 40 ciudades muy densamente pobladas se hallan absolutamente expuestas ante una catástrofe climatológica
Poblaciones situadas en las cercanías de los ríos Reconquista, Luján o la Cuenca Matanza Riachuelo, deberán resistir, con los años, a mayores perjuicios y sufrimiento ante la aparición inminente de grandes inundaciones provocadas por la crisis climática que estamos viviendo.
Ante esta situación, el Estado tiene un gran desafío: debe desarrollar una agenda que contemple las nuevas condiciones climáticas para poder reducir la vulnerabilidad y los riesgos de su población. Porque aunque la emisión de gases de efecto invernadero termine afectando a toda la atmósfera terrestre sus efectos sobre la superficie de la tierra también abren una grieta.
Como siempre sucede, los más vulnerables correrán más riesgos. Hasta el cambio climático los ha puesto en su mira.
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Chaco: justicia ordena parar desmontes en zonas amarillas
Tras una presentación de la Defensoría del Pueblo, la Justicia ordenó suspender desmontes en “zonas amarillas”
Fecha de Publicación: 29/05/2019
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
La medida fue dictada por el titular del Juzgado Civil y Comercial de la 21º Nominación de Resistencia, Julián Benito Flores. Se trata de una medida cautelar innovativa que tendrá vigencia hasta tanto se resuelva la acción de amparo impulsada por el defensor del Pueblo, Gustavo Corregido. La resolución apunta a frenar los desmontes autorizados en zona Amarilla, según la ley Nacional de Bosques
La Defensoría del Pueblo del Chaco promovió una acción de amparo contra la Subsecretaría de Recursos Naturales de la provincia y/o el Ejecutivo chaqueño con el fin de declarar la nulidad de los permisos otorgados a la fecha para desmontes en zona amarilla –Categoría II- y ordenar el cumplimiento de la Ley Nacional 26.331 –Ley de Bosques- en cuanto a la participación ciudadana para la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial Bosques Nativos.
Pero además también se solicitó que mientras se resuelve la cuestión principal, se decrete una medida cautelar innovativa para suspender los desmontes.
Cabe destacar que según la Ley de Bosques la zona amarilla –Categoría II- corresponde a “sectores de mediano valor de conservación, que pueden estar degradados pero que a juicio de la autoridad de aplicación jurisdiccional con la implementación de actividades de restauración pueden tener un valor alto de conservación y que podrán ser sometidos a los siguientes usos: aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica”.
En ese sentido, la Justicia chaqueña hizo lugar a la medida cautelar innovativa en tanto se sigue tramitando la acción de amparo, por lo que queda suspendida la totalidad de los permisos y/o autorizaciones otorgados hasta la fecha para desmontes en zonas amarillas de la provincia.
También quedan suspendidos “los permisos otorgados antes de la interposición y notificación de la presente acción hasta tanto se resuelvan la acción de amparo pertinente”.
La Justicia determinó también que se debe informar cumplimiento en el término de diez días corridos, a partir de la notificación de la presente, bajo apercibimiento de aplicar sanciones por la suma de $30.000 por cada día de demora.
Criterio de precaución
En sus fundamentos, el juez Flores menciona declaraciones de la diputada provincial por el Justicialismo y presidenta de la Comisión de Recursos Naturales de la Legislatura chaqueña, Andrea Charole, quién afirmó que “siguen los desmontes en el Impenetrable chaqueño” y que los mismos eran una de la principales causas de las grandes inundaciones en la región. Por otro lado, el magistrado remarcó que en cuestiones ambientales “prevalece el criterio de precaución, de forma que cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no sea utilizada como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. Esto será así siempre que haya indicadores plausibles de que una actividad podría acarrear daños graves e irreversibles al medio ambiente”.
El “velorio del yaguareté”
Vale recordar que ayer la organización ambientalista Greenpeace, junto a la agrupación chaqueña Somos Monte realizaron una intervención frente a Casa de Gobierno con el velatorio simbólico de un yaguareté asociándolo con la destrucción de su hábitat natural que, justamente, son los bosques chaqueños y solicitando al gobernador Domingo Peppo que frente de los desmontes que continúan en zonas prohibidas por la ley nacional de Bosques.
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Fecha de Publicación: 29/05/2019
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
La medida fue dictada por el titular del Juzgado Civil y Comercial de la 21º Nominación de Resistencia, Julián Benito Flores. Se trata de una medida cautelar innovativa que tendrá vigencia hasta tanto se resuelva la acción de amparo impulsada por el defensor del Pueblo, Gustavo Corregido. La resolución apunta a frenar los desmontes autorizados en zona Amarilla, según la ley Nacional de Bosques
La Defensoría del Pueblo del Chaco promovió una acción de amparo contra la Subsecretaría de Recursos Naturales de la provincia y/o el Ejecutivo chaqueño con el fin de declarar la nulidad de los permisos otorgados a la fecha para desmontes en zona amarilla –Categoría II- y ordenar el cumplimiento de la Ley Nacional 26.331 –Ley de Bosques- en cuanto a la participación ciudadana para la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial Bosques Nativos.
Pero además también se solicitó que mientras se resuelve la cuestión principal, se decrete una medida cautelar innovativa para suspender los desmontes.
Cabe destacar que según la Ley de Bosques la zona amarilla –Categoría II- corresponde a “sectores de mediano valor de conservación, que pueden estar degradados pero que a juicio de la autoridad de aplicación jurisdiccional con la implementación de actividades de restauración pueden tener un valor alto de conservación y que podrán ser sometidos a los siguientes usos: aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica”.
En ese sentido, la Justicia chaqueña hizo lugar a la medida cautelar innovativa en tanto se sigue tramitando la acción de amparo, por lo que queda suspendida la totalidad de los permisos y/o autorizaciones otorgados hasta la fecha para desmontes en zonas amarillas de la provincia.
También quedan suspendidos “los permisos otorgados antes de la interposición y notificación de la presente acción hasta tanto se resuelvan la acción de amparo pertinente”.
La Justicia determinó también que se debe informar cumplimiento en el término de diez días corridos, a partir de la notificación de la presente, bajo apercibimiento de aplicar sanciones por la suma de $30.000 por cada día de demora.
Criterio de precaución
En sus fundamentos, el juez Flores menciona declaraciones de la diputada provincial por el Justicialismo y presidenta de la Comisión de Recursos Naturales de la Legislatura chaqueña, Andrea Charole, quién afirmó que “siguen los desmontes en el Impenetrable chaqueño” y que los mismos eran una de la principales causas de las grandes inundaciones en la región. Por otro lado, el magistrado remarcó que en cuestiones ambientales “prevalece el criterio de precaución, de forma que cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no sea utilizada como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. Esto será así siempre que haya indicadores plausibles de que una actividad podría acarrear daños graves e irreversibles al medio ambiente”.
El “velorio del yaguareté”
Vale recordar que ayer la organización ambientalista Greenpeace, junto a la agrupación chaqueña Somos Monte realizaron una intervención frente a Casa de Gobierno con el velatorio simbólico de un yaguareté asociándolo con la destrucción de su hábitat natural que, justamente, son los bosques chaqueños y solicitando al gobernador Domingo Peppo que frente de los desmontes que continúan en zonas prohibidas por la ley nacional de Bosques.
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Comunidades jujeñas protestaron por explotación minera
Comunidades de la Puna jujeña marcharon contra la explotación minera
Fecha de Publicación: 29/05/2019
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Jujuy
Pobladores de alrededor de 30 comunidades originarias de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc realizaron una protesta en la capital de Jujuy, donde marcharon manifestándose contra la explotación minera en su territorio, además de criticar la ausencia de la consulta previa, libre e informada.
"No al litio, si a la vida. El agua vale más que el litio", "no queremos contaminación", "respeten nuestro territorio" y "no al saqueo megaminero, si al agro desarrollo", fueron algunas de las inscripciones de los carteles con los que marcharon por más de 20 cuadras, desde al acceso norte a la ciudad hasta la Casa de Gobierno provincial.
"Se violan derechos territoriales, la autodeterminación de nuestros pueblos. Pretenden destruir a nuestra Pachamama que hipócritamente dicen cuidar, violando también el derecho ambiental", se pudo escuchar a través de un altavoz con el que integrantes de los pueblos llamaban a la población a adherir al reclamo.
En tanto, aseguraron que "el agua vale más que el oro y el litio" y que "la vida de los pueblos depende del agua que hoy está almacenada en las montañas y en las lagunas de la Puna, las cuales se intentan destruir" en medio de un "grave atropello".
La jornada de protesta fue parte de un plan de lucha iniciado hace más de cuatro meses, por el que las comunidades se agruparon para realizar acciones de reclamo, concretando distintas medidas, entre ellas cortes de rutas que no descartan volver a realizar.
El reclamo apunta a lograr una respuesta del gobierno provincial y a concientizar a los jujeños respecto a "la realidad del litio y la minería a cielo abierto", que hace que "peligre el agua en la región".
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Fecha de Publicación: 29/05/2019
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Jujuy
Pobladores de alrededor de 30 comunidades originarias de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc realizaron una protesta en la capital de Jujuy, donde marcharon manifestándose contra la explotación minera en su territorio, además de criticar la ausencia de la consulta previa, libre e informada.
"No al litio, si a la vida. El agua vale más que el litio", "no queremos contaminación", "respeten nuestro territorio" y "no al saqueo megaminero, si al agro desarrollo", fueron algunas de las inscripciones de los carteles con los que marcharon por más de 20 cuadras, desde al acceso norte a la ciudad hasta la Casa de Gobierno provincial.
"Se violan derechos territoriales, la autodeterminación de nuestros pueblos. Pretenden destruir a nuestra Pachamama que hipócritamente dicen cuidar, violando también el derecho ambiental", se pudo escuchar a través de un altavoz con el que integrantes de los pueblos llamaban a la población a adherir al reclamo.
En tanto, aseguraron que "el agua vale más que el oro y el litio" y que "la vida de los pueblos depende del agua que hoy está almacenada en las montañas y en las lagunas de la Puna, las cuales se intentan destruir" en medio de un "grave atropello".
La jornada de protesta fue parte de un plan de lucha iniciado hace más de cuatro meses, por el que las comunidades se agruparon para realizar acciones de reclamo, concretando distintas medidas, entre ellas cortes de rutas que no descartan volver a realizar.
El reclamo apunta a lograr una respuesta del gobierno provincial y a concientizar a los jujeños respecto a "la realidad del litio y la minería a cielo abierto", que hace que "peligre el agua en la región".
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Esperan fallo de la Corte contrario a intereses mineros
Ley de glaciares: el fallo que prepara la Corte y puede complicar la industria minera
Fecha de Publicación: 28/05/2019
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
El máximo tribunal está próximo a declarar la constitucionalidad o no de la norma que protege los cuerpos hídricos y define dónde puede haber explotación. Cuál sería su impacto.
El debate por el medio ambiente en la Argentina es intermitente: a menudo reaparece con fuerza por algún hecho específico, pero de inmediato, con el mismo ímpetu, se plancha y desaparece. Sigue siendo a esta altura una rareza en el discurso político. Pero aún así, hace 10 años, con la mayoría de ambas cámaras, se aprobó una ley fundamental: la ley de glaciares, cuyo objetivo es preservar los recursos hídricos del país y definir entre otras cosas dónde puede haber minería y dónde no.
La norma tuvo un debut intrincado. El 10 de noviembre de 2008, al poco tiempo de ser sancionada, Cristina Kirchner la vetó, argumentando que excedía las facultades reservadas a la Nación en el artículo 41 de la Constitución. Sobradas fuentes señalaron entonces que aquella decisión presidencial se había dado como una concesión a las presiones de la industria minera. El periodismo lo llamó “El veto Barrick”, aludiendo a la minera Barrick Gold, cuyos proyectos Pascua Lama y Veladero, en la provincia de San Juan, se veían comprometidos por la aplicación de la ley.
Lo que vino después fue una fuerte presión social, con ecos en el parlamento, y la reglamentación definitiva en 2011, a pesar de la resistencia de la industria y por impulso del entonces diputado Miguel Bonasso.
Durante los años siguientes, por medio de amparos judiciales, la aplicación de la norma fue quedando en suspenso una y otra vez. Las mineras pudieron seguir operando. Pero esto no impidió que el Instituto Argentino de Glaciología, el IANIGLA, llevara adelante el conteo de todos los glaciares del país, un inventario que la misma ley ordenaba que se hiciera.
Hace justo un año se conoció el resultado de ese relevamiento. En la Argentina hay 16.968 cuerpos de hielo (16.078 en la Cordillera y 890 en las Islas del Atlántico Sur). Ocupan 8.484 kilómetros cuadrados.
Según ese inventario y según un informe técnico de la Secretaría de Medio Ambiente, hay 40 proyectos mineros en la Cordillera de los Andes que violarían la ley de glaciares, es decir, que en términos ecológicos su desarrollo implicaría la degradación de esos cuerpos de agua. A esos datos accedió el juez federal Sebastián Casanello hace dos años, durante la investigación de una causa por derrames de Barrick en San Juan.
Son 40 proyectos de gran envergadura (ubicados en San Juan, La Rioja y Catamarca) que representan un volumen de inversiones de fuerte impacto para las provincias. El Gobierno Nacional lo sabe desde hace tiempo y por esa razón en 2017 se conoció un borrador diseñado por técnicos de la Secretaría de Minería para modificar determinados aspectos de la la ley.
La lectura que hacen en el Gobierno, y lo que dio a entender el mismo presidente Macri, es que si consiguieran cambiar la ley no se frenarían las inversiones millonarias para el país prometidas por el sector. De hecho desde la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), ya manifestaron que lo que suceda con la ley de glaciares será clave para dar previsibilidad a los proyectos de largo plazo. Pero todo esto está condicionado por la cuestión de fondo que la Corte Suprema debe resolver. El tiempo es ahora.
La cuenta regresiva
En 2011, Barrick Gold planteó ante la Justicia de San Juan la inconstitucionalidad de la ley. Pasaron ocho años y esa definición está ahora mismo en la agenda inmediata de la Corte Suprema. El Gobierno, las mineras y los ambientalistas esperaban que a principios de mayo, el máximo tribunal se pronunciara al respecto. El martes 9 de mayo, cuando estalló el escándalo por el pedido del expediente de la causa Vialidad, que tiene a CFK acusada como jefa de una asociación ilícita, en realidad se esperaba que llegara el fallo sobre glaciares. Fue una sorpresa que el escándalo haya estallado por la agenda política, pero también un alivio que no lo hiciera por el costado del debate medioambiental.
No están claros los motivos por los cuales el fallo quedó postergado. Pero según sostienen fuentes cercanas a la Corte, el borrador ya circula entre los jueces. Y por lo menos tres de ellos tendrían definido su voto a favor de declarar la constitucionalidad de la ley: Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda. “Las vocalías -dicen a Clarín- están comenzado a definirse”. Las mismas fuentes aseguran: “El fallo definitivo podría estar antes del receso de julio”. Según pudo confirmar este diario, la vocalía de Rosenkrantz entregó su proyecto de sentencia el lunes pasado.
A modo preliminar, la mayoría de la Corte parece orientada a una decisión por la constitucionalidad de la norma. Es una definición que perjudicaría el negocio minero. Es decir, que podría dejar afuera a grandes jugadores del sector. Por elevación, también sería un golpe para el Gobierno.
“Pero si ocurriera lo contrario, también sería un escándalo -advierte el abogado ambientalista Enrique Viale-. Si declararan inconstitucional la ley de glaciares, sería como negarle al parlamento la posibilidad de legislar sobre los recursos naturales de toda la Argentina. Se caerían todas las leyes, la ley de bosque, todo el ordenamiento jurídico”.
Sigue Viale: “La Corte Suprema tiene en sus manos el destino del andamiaje jurídico ambiental argentino. De su decisión depende no sólo el futuro de la Ley de Glaciares sino también la de Bosques, la Ley General del Ambiente y toda la normativa ambiental que se sancionó a partir de la reforma constitucional”.
“La decisión es entre defender las fábricas de agua, como son los glaciares, que están en las nacientes de los ríos y que nutren al país, o prevalecer intereses corporativos que pretenden destruirlos para sacar unas toneladas de oro que terminarán en una bóveda de un banco suizo”, cierra el ambientalista.
Básicamente, lo que planteó Barrick Gold -en ese momento avalada por el entonces gobernador José Luis Gioja- en las acciones que dieron inicio a esta contienda es que cada provincia debe decidir sobre el uso que hace de sus recursos y no el Congreso. Es lo mismo que plantean los empresarios mineros en general y los gobernadores de la provincias donde existe la actividad. Clarín se comunicó con los responsables de la Secretaría de Minería para conversar sobre el asunto. Pero no obtuvo respuesta.
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Fecha de Publicación: 28/05/2019
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
El máximo tribunal está próximo a declarar la constitucionalidad o no de la norma que protege los cuerpos hídricos y define dónde puede haber explotación. Cuál sería su impacto.
El debate por el medio ambiente en la Argentina es intermitente: a menudo reaparece con fuerza por algún hecho específico, pero de inmediato, con el mismo ímpetu, se plancha y desaparece. Sigue siendo a esta altura una rareza en el discurso político. Pero aún así, hace 10 años, con la mayoría de ambas cámaras, se aprobó una ley fundamental: la ley de glaciares, cuyo objetivo es preservar los recursos hídricos del país y definir entre otras cosas dónde puede haber minería y dónde no.
La norma tuvo un debut intrincado. El 10 de noviembre de 2008, al poco tiempo de ser sancionada, Cristina Kirchner la vetó, argumentando que excedía las facultades reservadas a la Nación en el artículo 41 de la Constitución. Sobradas fuentes señalaron entonces que aquella decisión presidencial se había dado como una concesión a las presiones de la industria minera. El periodismo lo llamó “El veto Barrick”, aludiendo a la minera Barrick Gold, cuyos proyectos Pascua Lama y Veladero, en la provincia de San Juan, se veían comprometidos por la aplicación de la ley.
Lo que vino después fue una fuerte presión social, con ecos en el parlamento, y la reglamentación definitiva en 2011, a pesar de la resistencia de la industria y por impulso del entonces diputado Miguel Bonasso.
Durante los años siguientes, por medio de amparos judiciales, la aplicación de la norma fue quedando en suspenso una y otra vez. Las mineras pudieron seguir operando. Pero esto no impidió que el Instituto Argentino de Glaciología, el IANIGLA, llevara adelante el conteo de todos los glaciares del país, un inventario que la misma ley ordenaba que se hiciera.
Hace justo un año se conoció el resultado de ese relevamiento. En la Argentina hay 16.968 cuerpos de hielo (16.078 en la Cordillera y 890 en las Islas del Atlántico Sur). Ocupan 8.484 kilómetros cuadrados.
Según ese inventario y según un informe técnico de la Secretaría de Medio Ambiente, hay 40 proyectos mineros en la Cordillera de los Andes que violarían la ley de glaciares, es decir, que en términos ecológicos su desarrollo implicaría la degradación de esos cuerpos de agua. A esos datos accedió el juez federal Sebastián Casanello hace dos años, durante la investigación de una causa por derrames de Barrick en San Juan.
Son 40 proyectos de gran envergadura (ubicados en San Juan, La Rioja y Catamarca) que representan un volumen de inversiones de fuerte impacto para las provincias. El Gobierno Nacional lo sabe desde hace tiempo y por esa razón en 2017 se conoció un borrador diseñado por técnicos de la Secretaría de Minería para modificar determinados aspectos de la la ley.
La lectura que hacen en el Gobierno, y lo que dio a entender el mismo presidente Macri, es que si consiguieran cambiar la ley no se frenarían las inversiones millonarias para el país prometidas por el sector. De hecho desde la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), ya manifestaron que lo que suceda con la ley de glaciares será clave para dar previsibilidad a los proyectos de largo plazo. Pero todo esto está condicionado por la cuestión de fondo que la Corte Suprema debe resolver. El tiempo es ahora.
La cuenta regresiva
En 2011, Barrick Gold planteó ante la Justicia de San Juan la inconstitucionalidad de la ley. Pasaron ocho años y esa definición está ahora mismo en la agenda inmediata de la Corte Suprema. El Gobierno, las mineras y los ambientalistas esperaban que a principios de mayo, el máximo tribunal se pronunciara al respecto. El martes 9 de mayo, cuando estalló el escándalo por el pedido del expediente de la causa Vialidad, que tiene a CFK acusada como jefa de una asociación ilícita, en realidad se esperaba que llegara el fallo sobre glaciares. Fue una sorpresa que el escándalo haya estallado por la agenda política, pero también un alivio que no lo hiciera por el costado del debate medioambiental.
No están claros los motivos por los cuales el fallo quedó postergado. Pero según sostienen fuentes cercanas a la Corte, el borrador ya circula entre los jueces. Y por lo menos tres de ellos tendrían definido su voto a favor de declarar la constitucionalidad de la ley: Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda. “Las vocalías -dicen a Clarín- están comenzado a definirse”. Las mismas fuentes aseguran: “El fallo definitivo podría estar antes del receso de julio”. Según pudo confirmar este diario, la vocalía de Rosenkrantz entregó su proyecto de sentencia el lunes pasado.
A modo preliminar, la mayoría de la Corte parece orientada a una decisión por la constitucionalidad de la norma. Es una definición que perjudicaría el negocio minero. Es decir, que podría dejar afuera a grandes jugadores del sector. Por elevación, también sería un golpe para el Gobierno.
“Pero si ocurriera lo contrario, también sería un escándalo -advierte el abogado ambientalista Enrique Viale-. Si declararan inconstitucional la ley de glaciares, sería como negarle al parlamento la posibilidad de legislar sobre los recursos naturales de toda la Argentina. Se caerían todas las leyes, la ley de bosque, todo el ordenamiento jurídico”.
Sigue Viale: “La Corte Suprema tiene en sus manos el destino del andamiaje jurídico ambiental argentino. De su decisión depende no sólo el futuro de la Ley de Glaciares sino también la de Bosques, la Ley General del Ambiente y toda la normativa ambiental que se sancionó a partir de la reforma constitucional”.
“La decisión es entre defender las fábricas de agua, como son los glaciares, que están en las nacientes de los ríos y que nutren al país, o prevalecer intereses corporativos que pretenden destruirlos para sacar unas toneladas de oro que terminarán en una bóveda de un banco suizo”, cierra el ambientalista.
Básicamente, lo que planteó Barrick Gold -en ese momento avalada por el entonces gobernador José Luis Gioja- en las acciones que dieron inicio a esta contienda es que cada provincia debe decidir sobre el uso que hace de sus recursos y no el Congreso. Es lo mismo que plantean los empresarios mineros en general y los gobernadores de la provincias donde existe la actividad. Clarín se comunicó con los responsables de la Secretaría de Minería para conversar sobre el asunto. Pero no obtuvo respuesta.
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En Capital Federal se prohíben los sorbetes
Prohíben el uso de sorbetes en la Ciudad de Buenos Aires
Fecha de Publicación: 28/05/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: CABA
Shoppings, hoteles, restaurantes y boliches de la Ciudad de Buenos Aires no podrán ofrecer sorbetes plásticos a sus clientes desde este miércoles y en seis meses estará prohibida su utilización y expendio, según una resolución que firmó hoy el gobierno porteño con el objetivo de reducir la contaminación.
"Este es un paso más hacia la reducción de plásticos de un solo uso que le hacen un daño enorme al ambiente. Desde la Ciudad nos sumamos para impulsar y garantizar la reducción del consumo de sorbetes, así como lo hicimos con las bolsas", aseguró el ministro de Ambiente y Espacio Público, Eduardo Macchiavelli.
Según el documento firmado por el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a partir de la entrada en vigencia de esta resolución no se podrá ofrecer o colocar sorbetes plásticos de un solo uso a la vista del cliente, mientras que a partir de los seis meses se prohíbe la utilización, entrega y expendio de estos elementos, que generan dos toneladas por mes de basura en la ciudad.
La medida alcanza a hoteles de 4 y 5 estrellas, shoppings, galerías comerciales y centros comerciales a cielo abierto, locales que posean una concurrencia de más de trescientas personas por evento, establecimientos pertenecientes cadenas comerciales, locales de baile y comercios donde se sirven y expenden comidas y bebidas.
"Sabemos que es un tema que preocupa a los vecinos, y ya existen iniciativas privadas. Creemos que la gestión pública debe ser ambiental, con proyectos y resoluciones que den cuenta de este compromiso, y cuyos resultados a futuro son siempre positivos", aseveró el ministro.
Al menos 2 millones de sorbetes al mes son consumidos solo en patios de comidas de shoppings de la Ciudad según estimaciones de la Agencia de Protección Ambiental.
El sorbete es el cuarto residuo plástico más común en las costas y los océanos, y si bien se usan unos minutos pueden tardar entre 150 y 400 años en descomponerse.
En Argentina ciudades como Pinamar, Villa Gesell, Mar del Plata, Mar Chiquita, Mendoza, Ushuaia ya prohibieron el uso de sorbetes, mientras que a nivel mundial California, Nueva York, Río de Janeiro, Galápagos y Vancouver son algunos de los lugares que hicieron lo mismo.
Se estima que el 62% de la producción de plásticos se destina a productos de packaging y de un solo uso como los sorbetes.
"Confiamos en que suceda algo similar a lo que ocurrió con el cese de entrega de bolsas, que los vecinos lo tomaron como algo natural.Este cambio es muy sencillo y va a ser progresivo. Es un paso más hacia una ciudad más verde y sustentable", afirmó Macchiavelli.
En enero de 2017, el GCBA resolvió prohibir la entrega gratuita o la venta en línea de cajas de bolsas plásticas tipo camiseta en los hipermercados, supermercados y autoservicios de alimentos y bebidas, utilizables para el transporte de mercaderías.
"Es increíble la cantidad de bolsas menos que se encontraron en estos años en los desagües de la Ciudad, eso ayudó mucho a evitar inundaciones", aseguró el ministro, y agregó que un tercio del material que se retiraba en la limpieza de los arroyos entubados de la Ciudad eran bolsas.
Desde la entrada en vigencia de esta resolución se evitó la entrega de más de 500 millones de bolsas por parte supermercados, hipermercados y autoservicios, estimaron desde el gobierno porteño.
Según se informó este año en la cuarta Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en Nairobi, Kenya, cada minuto se compran un millón de botellas de plástico y, al año, se usan 500.000 millones de bolsas.
En tanto ocho millones de toneladas acaban en los océanos anualmente, amenazando la vida marina. Por eso más de 200 países, incluida Argentina, se comprometieron a reducir el uso de plásticos para el año 2030.
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Fecha de Publicación: 28/05/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: CABA
Shoppings, hoteles, restaurantes y boliches de la Ciudad de Buenos Aires no podrán ofrecer sorbetes plásticos a sus clientes desde este miércoles y en seis meses estará prohibida su utilización y expendio, según una resolución que firmó hoy el gobierno porteño con el objetivo de reducir la contaminación.
"Este es un paso más hacia la reducción de plásticos de un solo uso que le hacen un daño enorme al ambiente. Desde la Ciudad nos sumamos para impulsar y garantizar la reducción del consumo de sorbetes, así como lo hicimos con las bolsas", aseguró el ministro de Ambiente y Espacio Público, Eduardo Macchiavelli.
Según el documento firmado por el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a partir de la entrada en vigencia de esta resolución no se podrá ofrecer o colocar sorbetes plásticos de un solo uso a la vista del cliente, mientras que a partir de los seis meses se prohíbe la utilización, entrega y expendio de estos elementos, que generan dos toneladas por mes de basura en la ciudad.
La medida alcanza a hoteles de 4 y 5 estrellas, shoppings, galerías comerciales y centros comerciales a cielo abierto, locales que posean una concurrencia de más de trescientas personas por evento, establecimientos pertenecientes cadenas comerciales, locales de baile y comercios donde se sirven y expenden comidas y bebidas.
"Sabemos que es un tema que preocupa a los vecinos, y ya existen iniciativas privadas. Creemos que la gestión pública debe ser ambiental, con proyectos y resoluciones que den cuenta de este compromiso, y cuyos resultados a futuro son siempre positivos", aseveró el ministro.
Al menos 2 millones de sorbetes al mes son consumidos solo en patios de comidas de shoppings de la Ciudad según estimaciones de la Agencia de Protección Ambiental.
El sorbete es el cuarto residuo plástico más común en las costas y los océanos, y si bien se usan unos minutos pueden tardar entre 150 y 400 años en descomponerse.
En Argentina ciudades como Pinamar, Villa Gesell, Mar del Plata, Mar Chiquita, Mendoza, Ushuaia ya prohibieron el uso de sorbetes, mientras que a nivel mundial California, Nueva York, Río de Janeiro, Galápagos y Vancouver son algunos de los lugares que hicieron lo mismo.
Se estima que el 62% de la producción de plásticos se destina a productos de packaging y de un solo uso como los sorbetes.
"Confiamos en que suceda algo similar a lo que ocurrió con el cese de entrega de bolsas, que los vecinos lo tomaron como algo natural.Este cambio es muy sencillo y va a ser progresivo. Es un paso más hacia una ciudad más verde y sustentable", afirmó Macchiavelli.
En enero de 2017, el GCBA resolvió prohibir la entrega gratuita o la venta en línea de cajas de bolsas plásticas tipo camiseta en los hipermercados, supermercados y autoservicios de alimentos y bebidas, utilizables para el transporte de mercaderías.
"Es increíble la cantidad de bolsas menos que se encontraron en estos años en los desagües de la Ciudad, eso ayudó mucho a evitar inundaciones", aseguró el ministro, y agregó que un tercio del material que se retiraba en la limpieza de los arroyos entubados de la Ciudad eran bolsas.
Desde la entrada en vigencia de esta resolución se evitó la entrega de más de 500 millones de bolsas por parte supermercados, hipermercados y autoservicios, estimaron desde el gobierno porteño.
Según se informó este año en la cuarta Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en Nairobi, Kenya, cada minuto se compran un millón de botellas de plástico y, al año, se usan 500.000 millones de bolsas.
En tanto ocho millones de toneladas acaban en los océanos anualmente, amenazando la vida marina. Por eso más de 200 países, incluida Argentina, se comprometieron a reducir el uso de plásticos para el año 2030.
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San Juan podría prohibir el glifosato en San Juan
Evaluarán prohibir el glifosato en San Juan
Fecha de Publicación: 28/05/2019
Fuente: Primera Hora
Provincia/Región: San Juan
La Legislatura Municipal de la Capital realizará vistas públicas sobre la posibilidad de prohibir el uso del Glifosato dentro de los límites territoriales del Municipio de San Juan, trascendió el martes.
“El glifosato es un veneno que se ha utilizado para desyerbar carreteras y terrenos que causa a los seres humanos y a los animales múltiples enfermedades, padecimientos, e incluso cáncer. Varias personas conocedoras del tema depondrán en las vistas", dijo Marco Antonio Rigau, presidente de la Legislatura Municipal de San Juan en comunicación escrita.
El primer deponente será el Dr. Fernando Cabanillas, distinguido oncólogo de Puerto Rico. También están invitados: Nada Santo sobre Monsanto, la educadora etnobotánicaMaría Benedetti, la organización Mi Pueblo sin Yerbicida, la Fundación Médica del Colegio de Médicos, Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, la Asociación Médica de Puerto Rico, el Recinto de Ciencias Médicas, la Escuela de Salud Pública y su Departamento de Salud Ambiental, Departamento de Agricultura, la División del Caribe de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), el Colegio de Químicos, PRABIA y la nutricionista Dra. Vilma Calderón”, expresó
Las vistas públicas al Proyecto de Ordenanza Número 43, Serie 2016-2017, que prohibiría el uso de este químico, se realizarán el jueves, 23 y viernes, 24 de mayo de 2019, en el Salón de Sesiones de la Legislatura Municipal de San Juan en el segundo piso de la Casa Alcaldía.
El componente químico que ha sido objeto de protestas y de al menos dos veredictos recientes de los tribunales de Estados Unidos, que han otorgado reclamos multimillonarios a hombres que culpan al glifosato por su linfoma.
Bayer, que adquirió el fabricante de Roundup Monsanto el año pasado, ha informó a los inversionistas a mediados de abril que enfrentó las demandas de 13,400 personas en Estados Unidos por supuesta exposición al herbicida, que usa el glifosato.
“Bayer cree firmemente que la ciencia respalda la seguridad de los herbicidas a base de glifosato, que son algunos de los productos más estudiados de su tipo, y se complace de que los reguladores encargados de evaluar este extenso cuerpo de ciencia continúen llegando a conclusiones favorables", sostuvo la empresa en declaraciones escritas.
La Agencia Federal de protección Ambiental (EPA) ha expresado que el glifosato "no es probable que sea carcinogénico para los humanos".
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Fecha de Publicación: 28/05/2019
Fuente: Primera Hora
Provincia/Región: San Juan
La Legislatura Municipal de la Capital realizará vistas públicas sobre la posibilidad de prohibir el uso del Glifosato dentro de los límites territoriales del Municipio de San Juan, trascendió el martes.
“El glifosato es un veneno que se ha utilizado para desyerbar carreteras y terrenos que causa a los seres humanos y a los animales múltiples enfermedades, padecimientos, e incluso cáncer. Varias personas conocedoras del tema depondrán en las vistas", dijo Marco Antonio Rigau, presidente de la Legislatura Municipal de San Juan en comunicación escrita.
El primer deponente será el Dr. Fernando Cabanillas, distinguido oncólogo de Puerto Rico. También están invitados: Nada Santo sobre Monsanto, la educadora etnobotánicaMaría Benedetti, la organización Mi Pueblo sin Yerbicida, la Fundación Médica del Colegio de Médicos, Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, la Asociación Médica de Puerto Rico, el Recinto de Ciencias Médicas, la Escuela de Salud Pública y su Departamento de Salud Ambiental, Departamento de Agricultura, la División del Caribe de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), el Colegio de Químicos, PRABIA y la nutricionista Dra. Vilma Calderón”, expresó
Las vistas públicas al Proyecto de Ordenanza Número 43, Serie 2016-2017, que prohibiría el uso de este químico, se realizarán el jueves, 23 y viernes, 24 de mayo de 2019, en el Salón de Sesiones de la Legislatura Municipal de San Juan en el segundo piso de la Casa Alcaldía.
El componente químico que ha sido objeto de protestas y de al menos dos veredictos recientes de los tribunales de Estados Unidos, que han otorgado reclamos multimillonarios a hombres que culpan al glifosato por su linfoma.
Bayer, que adquirió el fabricante de Roundup Monsanto el año pasado, ha informó a los inversionistas a mediados de abril que enfrentó las demandas de 13,400 personas en Estados Unidos por supuesta exposición al herbicida, que usa el glifosato.
“Bayer cree firmemente que la ciencia respalda la seguridad de los herbicidas a base de glifosato, que son algunos de los productos más estudiados de su tipo, y se complace de que los reguladores encargados de evaluar este extenso cuerpo de ciencia continúen llegando a conclusiones favorables", sostuvo la empresa en declaraciones escritas.
La Agencia Federal de protección Ambiental (EPA) ha expresado que el glifosato "no es probable que sea carcinogénico para los humanos".
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Grave: Campo de Hielo Sur se fractura
Patagonia: el Campo de Hielo Sur se fractura debido al cambio climático
Fecha de Publicación: 27/05/2019
Fuente: Filo News
Provincia/Región: Patagonia
Se trata de la mayor extensión de hielo del Hemisferio Sur fuera de la Antártida, que se encuentra en peligro.
Las organizaciones ambientales emitieron una alerta tras la fractura del Campo de Hielo Sur, que se registró en los últimos días en la Patagonia. Se trata de un conjunto de glaciares de más de 12.000 kilómetros cuadrados.
El bloque de hielo, la más extensa del Hemisferio Sur fuera de la Antártida, es compartida por Chile y Argentina, y continúa en alerta a causa del crecimiento del cambio climático.
Gino Casassa, jefe de la Unidad de Glaciología y Nieves de la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas, expresó para Reuters: "Lo que ocurrió es una fragmentación, una división, un retroceso del hielo que resultó en una división en dos de esta gran masa que es Campo de Hielo Sur".
Luego, añadió: "Se separó un pequeño cuerpo de cerca de 208 kilómetros cuadrados que dejó una franja que antes estaba cubierta con hielo. Retrocedió tanto el hielo y era tan delgado que quedó una brecha de roca".
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Fecha de Publicación: 27/05/2019
Fuente: Filo News
Provincia/Región: Patagonia
Se trata de la mayor extensión de hielo del Hemisferio Sur fuera de la Antártida, que se encuentra en peligro.
Las organizaciones ambientales emitieron una alerta tras la fractura del Campo de Hielo Sur, que se registró en los últimos días en la Patagonia. Se trata de un conjunto de glaciares de más de 12.000 kilómetros cuadrados.
El bloque de hielo, la más extensa del Hemisferio Sur fuera de la Antártida, es compartida por Chile y Argentina, y continúa en alerta a causa del crecimiento del cambio climático.
Gino Casassa, jefe de la Unidad de Glaciología y Nieves de la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas, expresó para Reuters: "Lo que ocurrió es una fragmentación, una división, un retroceso del hielo que resultó en una división en dos de esta gran masa que es Campo de Hielo Sur".
Luego, añadió: "Se separó un pequeño cuerpo de cerca de 208 kilómetros cuadrados que dejó una franja que antes estaba cubierta con hielo. Retrocedió tanto el hielo y era tan delgado que quedó una brecha de roca".
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Chubut: gobernador anunció veto a prohibición del glifosato
Arcioni anunció el veto de la prohibición del glifosato en Chubut
Fecha de Publicación: 27/05/2019
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
El gobernador Mariano Arcioni señaló la falta de participación en el armado del proyecto para reglamentar el herbicida y aseguró que la prohibición fue impulsada "con fines electorales".
Este mediodía en conferencia de prensa, el gobernador Mariano Arcioni respondió ante la consulta por el fuerte posicionamiento de algunos sectores del campo en relación a la recientemente aprobada prohibición del uso de glifosato en suelo chubutense.
Al respecto el mandatario indicó que se estuvo revisando la ley de prohibición de uso del glifosato en Chubut y expresó: "fue un proyecto de ley que no se hizo participar absolutamente a nadie, con fines electorales, con una irresponsabilidad total, como lamentablemente nos tienen acostumbrados algunos diputados”.
En este sentido, manifestó: “si hay que reglamentarlo de otra manera, hay que convocar a todos los sectores y estudiar el tema, y no hacerse eco. En principio, la vamos a vetar, pero con fundamentos, y vamos a convocar a todos los sectores para ver la reglamentación y los cuidados que corresponden".
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Fecha de Publicación: 27/05/2019
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
El gobernador Mariano Arcioni señaló la falta de participación en el armado del proyecto para reglamentar el herbicida y aseguró que la prohibición fue impulsada "con fines electorales".
Este mediodía en conferencia de prensa, el gobernador Mariano Arcioni respondió ante la consulta por el fuerte posicionamiento de algunos sectores del campo en relación a la recientemente aprobada prohibición del uso de glifosato en suelo chubutense.
Al respecto el mandatario indicó que se estuvo revisando la ley de prohibición de uso del glifosato en Chubut y expresó: "fue un proyecto de ley que no se hizo participar absolutamente a nadie, con fines electorales, con una irresponsabilidad total, como lamentablemente nos tienen acostumbrados algunos diputados”.
En este sentido, manifestó: “si hay que reglamentarlo de otra manera, hay que convocar a todos los sectores y estudiar el tema, y no hacerse eco. En principio, la vamos a vetar, pero con fundamentos, y vamos a convocar a todos los sectores para ver la reglamentación y los cuidados que corresponden".
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Neuquén: mejoran los proyectos de edificios sustentables
Los edificios ecológicos ganan terreno en la ciudad
Fecha de Publicación: 27/05/2019
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
En el término de un año aumentó en casi un 50 por ciento la cantidad de proyectos de edificios sustentables en construcción, o cuyos planos ya se presentaron para su aprobación en el municipio de la ciudad.
Se trata de aquellos que cumplen con parámetros de energías alternativas y eficiencia energética, además de un tratamiento de los residuos en origen.
Según datos de la Subsecretaría de Obras Particulares, en noviembre de 2018 había nueve proyectos en marcha de este tipo, mientras que en la actualidad ya suman 14 las edificaciones de grandes dimensiones que van a cumplir con estas disposiciones.
Por aplicación de las ordenanzas 13515 y 13773, aprobadas por el Concejo Deliberante a comienzos de 2018, las nuevas construcciones con superficies importantes deben respetar parámetros de energías alternativas y eficiencia energética.
Como la aplicación es gradual, el año pasado se les exigía cumplir estas disposiciones a las obras de más de cinco mil metros cuadrados de construcción y en este 2019 esto ya alcanzó a las de cuatro mil. El objetivo es llegar a 2022 con la obligatoriedad de que se implemente esta normativa para las obras de hasta 1000 metros cuadrados.
A la fecha, de las 14 edificaciones proyectadas, 10 de manera obligatoria y cuatro en forma voluntaria (ya que los metros cuadrados no lo requieren), se ubican nueve en la zona Centro Este y cinco en el Centro Oeste, las cuales ya tienen permiso provisorio de obra. Una de ellas está etiquetada como C, lo que implica estar entre las mejores calificadas. En total, representan 175 mil metros cuadrados de construcción, cuando hasta el año pasado ese número no llegaba ni a la mitad.
Existen 14 edificaciones proyectadas de este tipo, algunas cuyas obras ya comenzaron. Están en las zonas Centro Oeste y Centro Este de la ciudad.
Categorías
El Municipio evalúa la aplicación de seis parámetros de eficiencia energética y a cada uno se le otorga un puntaje. De ellos, son de aplicación obligatoria las envolventes, que involucran aberturas, paredes, techos y pisos para lograr la mejor adaptabilidad al clima local, para que en el invierno se conserve el calor dentro del edificio y que en el verano permanezca más fresco que el ambiente exterior.
En el caso de los residuos, se apunta a promover que las torres, que son grandes productoras de desechos, realicen su tratamiento en origen, es decir, en el mismo edificio, clasificándolos, compactándolos o al menos reduciendo su volumen.
También se prevé un receptáculo que permita almacenar y separar dentro del edificio la basura para después poder sacar los húmedos y los secos en los días previstos de recolección.
Los otros cuatro parámetros son terrazas verdes, ubicación, ventilación y asolamiento, junto con energías alternativas y el tratamiento de aguas residuales. Lo mismo para la captación de agua de lluvia para lavado o la grifería que se corta al minuto y que genera un uso responsable del recurso.
De acuerdo con cómo las construcciones los incorporen, estas obtienen una etiquetación, que va de la A a la F, donde la A representa la mejor calificación posible.
Desde la Subsecretaría de Obras Particulares se advirtió que para respetar la normativa vigente se debe cumplir al menos con las últimas dos, dado que no se puede hablar de un ahorro de energía sin una buena aislación de un edificio determinado.
Obtendrán importantes beneficios impositivos
Las edificaciones que obtengan la etiquetación A-B o C, es decir, que cuenten con elementos constructivos superiores a los exigidos por la normativa en vigencia, pueden acceder a beneficios impositivos. Esto se traduce en que abonarán el 50 por ciento del valor fijado como derecho de edificación para obra nueva, hasta la inspección final de verificación de las variables propuestas y obtener una quita de hasta un 10% anual de la tasa por servicios a la Propiedad Inmueble.
En ese nivel se ubican, por ejemplo, aquellos edificios que cuenten con paneles fotovoltaicos de alimentación, que posibiliten la producción de electricidad o calor. Con lo cual, no solo se trata de la generación de una energía limpia sino también que esto lleva el ahorro de energía eléctrica y de gas.
De hecho, existe un edificio ubicado en Leloir y Las Violetas que se hizo antes de la ordenanza que obliga a construir de manera sustentable y que cumple con estas características.
Luis López de Murillas. Subsecretario de Obras Particulares
1. ¿Cómo evalúa el desarrollo de este tipo de edificaciones?
A dos años de estar vigente la ordenanza, es un número importante. Hay cinco edificios que están en construcción, donde uno de ellos tiene una muy buena calificación.
2. ¿Todas las construcciones a futuro serán sustentables?
En 2023 vamos a ver si se hace extensivo para cualquier edificación. Por el momento es para medianas y de gran magnitud.
3. ¿Qué aportan además del ahorro energético?
Responde al cambio climático, donde está el compromiso de evitar el calentamiento global. Este será el aporte de Neuquén.
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Fecha de Publicación: 27/05/2019
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
En el término de un año aumentó en casi un 50 por ciento la cantidad de proyectos de edificios sustentables en construcción, o cuyos planos ya se presentaron para su aprobación en el municipio de la ciudad.
Se trata de aquellos que cumplen con parámetros de energías alternativas y eficiencia energética, además de un tratamiento de los residuos en origen.
Según datos de la Subsecretaría de Obras Particulares, en noviembre de 2018 había nueve proyectos en marcha de este tipo, mientras que en la actualidad ya suman 14 las edificaciones de grandes dimensiones que van a cumplir con estas disposiciones.
Por aplicación de las ordenanzas 13515 y 13773, aprobadas por el Concejo Deliberante a comienzos de 2018, las nuevas construcciones con superficies importantes deben respetar parámetros de energías alternativas y eficiencia energética.
Como la aplicación es gradual, el año pasado se les exigía cumplir estas disposiciones a las obras de más de cinco mil metros cuadrados de construcción y en este 2019 esto ya alcanzó a las de cuatro mil. El objetivo es llegar a 2022 con la obligatoriedad de que se implemente esta normativa para las obras de hasta 1000 metros cuadrados.
A la fecha, de las 14 edificaciones proyectadas, 10 de manera obligatoria y cuatro en forma voluntaria (ya que los metros cuadrados no lo requieren), se ubican nueve en la zona Centro Este y cinco en el Centro Oeste, las cuales ya tienen permiso provisorio de obra. Una de ellas está etiquetada como C, lo que implica estar entre las mejores calificadas. En total, representan 175 mil metros cuadrados de construcción, cuando hasta el año pasado ese número no llegaba ni a la mitad.
Existen 14 edificaciones proyectadas de este tipo, algunas cuyas obras ya comenzaron. Están en las zonas Centro Oeste y Centro Este de la ciudad.
Categorías
El Municipio evalúa la aplicación de seis parámetros de eficiencia energética y a cada uno se le otorga un puntaje. De ellos, son de aplicación obligatoria las envolventes, que involucran aberturas, paredes, techos y pisos para lograr la mejor adaptabilidad al clima local, para que en el invierno se conserve el calor dentro del edificio y que en el verano permanezca más fresco que el ambiente exterior.
En el caso de los residuos, se apunta a promover que las torres, que son grandes productoras de desechos, realicen su tratamiento en origen, es decir, en el mismo edificio, clasificándolos, compactándolos o al menos reduciendo su volumen.
También se prevé un receptáculo que permita almacenar y separar dentro del edificio la basura para después poder sacar los húmedos y los secos en los días previstos de recolección.
Los otros cuatro parámetros son terrazas verdes, ubicación, ventilación y asolamiento, junto con energías alternativas y el tratamiento de aguas residuales. Lo mismo para la captación de agua de lluvia para lavado o la grifería que se corta al minuto y que genera un uso responsable del recurso.
De acuerdo con cómo las construcciones los incorporen, estas obtienen una etiquetación, que va de la A a la F, donde la A representa la mejor calificación posible.
Desde la Subsecretaría de Obras Particulares se advirtió que para respetar la normativa vigente se debe cumplir al menos con las últimas dos, dado que no se puede hablar de un ahorro de energía sin una buena aislación de un edificio determinado.
Obtendrán importantes beneficios impositivos
Las edificaciones que obtengan la etiquetación A-B o C, es decir, que cuenten con elementos constructivos superiores a los exigidos por la normativa en vigencia, pueden acceder a beneficios impositivos. Esto se traduce en que abonarán el 50 por ciento del valor fijado como derecho de edificación para obra nueva, hasta la inspección final de verificación de las variables propuestas y obtener una quita de hasta un 10% anual de la tasa por servicios a la Propiedad Inmueble.
En ese nivel se ubican, por ejemplo, aquellos edificios que cuenten con paneles fotovoltaicos de alimentación, que posibiliten la producción de electricidad o calor. Con lo cual, no solo se trata de la generación de una energía limpia sino también que esto lleva el ahorro de energía eléctrica y de gas.
De hecho, existe un edificio ubicado en Leloir y Las Violetas que se hizo antes de la ordenanza que obliga a construir de manera sustentable y que cumple con estas características.
Luis López de Murillas. Subsecretario de Obras Particulares
1. ¿Cómo evalúa el desarrollo de este tipo de edificaciones?
A dos años de estar vigente la ordenanza, es un número importante. Hay cinco edificios que están en construcción, donde uno de ellos tiene una muy buena calificación.
2. ¿Todas las construcciones a futuro serán sustentables?
En 2023 vamos a ver si se hace extensivo para cualquier edificación. Por el momento es para medianas y de gran magnitud.
3. ¿Qué aportan además del ahorro energético?
Responde al cambio climático, donde está el compromiso de evitar el calentamiento global. Este será el aporte de Neuquén.
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La deforestación brasileña afectará gravemente a Argentina
La frenética deforestación en Brasil tendrá graves consecuencias en Argentina
Fecha de Publicación: 25/05/2019
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional
Se esperan más sequías y un aumento de 1,45 grados centígrados para el año 2050 en la región a causa de la desaparición de las selvas tropicales. La práctica crece de manera alarmante.
La deforestación en la Amazonia brasileña avanza de manera alarmante con la eliminación de 19 hectáreas por hora, en promedio, según una medición realizada en la primera quincena de mayo de acuerdo con datos oficiales.
Esta acción, que contamina los ecosistemas acuáticos y contribuye con el calentamiento global debido a que los árboles talados liberan carbono a la atmósfera, ya hizo desaparecer 6.880 hectáreas, una superficie
equivalente a la de unos 7 mil estadios de fútbol, en las primeras dos semanas de mayo, según informó el Sistema de Detección de Desmatamiento en Tiempo Real a través de información satelital del Instituto de
Pesquisas Espaciales.
Brasil es el hogar de más de la mitad de la biodiversidad del planeta, pero expertos advierten que santuarios ecológicos como la Amazonia y el Pantanal sufren la amenaza de grandes grupos económicos así como de mafias, con el marco de una retórica anti-ambientalista del presidente Jair Bolsonaro. Terratenientes que talan árboles centenarios para plantar soja, minería clandestina que contamina con mercurio ríos vitales para pobladores de zonas remotas, o traficantes de madera que diezman especies raras y valiosas: la amenaza a la biodiversidad puede adoptar diferentes caras en este país de dimensiones continentales.
Considerada el "pulmón del planeta", la Amazonia reúne una cantidad impresionante de especies: 40.000 plantas, 3.000 peces de agua dulce, alrededor de 1.300 tipos de pájaros y 370 de reptiles. Sin embargo, la deforestación, que había sido reducida drásticamente entre 2004 y 2012, registró en enero de 2019 un aumento de 54% en relación al mismo mes de 2018, según el Instituto del Hombre y el Medio Ambiente de la Amazonía (Imazon). Aunque le siguieron dos bajas en febrero (-57%) y marzo (-77%), en el primer trimestre del año desaparecieron 268 km2 de selva amazónica. En los últimos 12 meses, la deforestación avanzó 24%. “Antes tomábamos nuestro alimento directamente de los árboles. Actualmente necesitamos plantar”, dijo el anciano indígena Mojtidi Arara, que debe caminar una hora selva adentro para recoger bananas.
Phillip Fearnside, biólogo de la Universidad de Oxford, dice que la deforestación en la Amazonia brasileña destruye un ciclo hidrológico ambiental importantísimo para todo el planeta, pero especialmente para el propio Brasil y Argentina. Así, la práctica podría traducirse en una fuerte disminución de lluvias, situación que afectará al sur de Paraguay, sur de Brasil, Uruguay y el litoral argentino. De hecho, las fuertes sequías que afrontó Brasil en la última década muestran que el ecosistema regional está cambiando por completo. En cuanto a nuestro país,la sequía de 2018 fue uno de los desastres naturales más nocivos del año provocó pérdidas por 6.000 millones de dólares.
Entre agosto y abril pasados fueron eliminadas ilegalmente 8.200 hectáreas amazónicas en Brasil, en zonas que están bajo protección del Estado, en las cuales la deforestación debería ser cero. Los últimos números indican las peores cifras en una década, según las denuncias sobre un agravamiento del desmonte realizadas por entidades ambientalistas como WWF, entre otras. Todos estos datos fueron negados por el Ministerio de Medio Ambiente, mientras Bolsonaro defiende la expansión de las áreas ocupadas por agricultores y la explotación minera en zonas de la Amazonia, incluso en reservas indígenas.
El desmonte afectará lentamente las temperaturas al alterar las propiedades de la reflexión de la luz solar y la evapotranspiración, y la Universidad Estatal de Río de Janeiro predice que la deforestación brasileña podría resultar en un aumento de 1,45 grados centígrados para el año 2050 en la región. Los investigadores señalaron que su estudio en Brasil “ilustra que las políticas actuales de uso de la tierra pueden afectar al clima local futuro”. “La forestación tiene el potencial de revertir los impactos de la deforestación en el clima local, especialmente en las regiones tropicales y templadas”, agregaron.
Por otra parte, un estudio revelado en marzo pasado, realizado por /WWF-Brasil/ e /Imazon/, indica que enormes cantidades de agua dulce superficial se pierden cada año en la Amazonia por la intervención humana, especialmente por la deforestación. Según esta investigación, la región pierde en promedio 350 kilómetros cuadrados de agua dulce superficial cada año a causa de estos factores. Esta tendencia es más prominente en la zona conocida como el "arco de deforestación" en el sur del Amazonas y las áreas más afectadas por esta pérdida en la superficie de agua dulce son las planicies de inundación y las lagunas que se forman a partir del flujo y reflujo del agua.
Colapso ecológico
La asociación internacional /Tropical Forest Alliance/hizo recientemente un llamado "urgente" para evitar el “colapso ecológico” terminar con la "guerra" contra los bosques, como llama a la deforestación, que en 2018 acabó con 12 millones de hectáreas, un área de selvas tropicales equivalente a la superficie de Nicaragua. "Tenemos que actuar ya y debemos hacerlo con mucha más urgencia que hasta ahora", dijo su director, Justin Adams. "La vida es posible porque existimos en un clima muy estable, pero si seguimos esta guerra contra la naturaleza (...), entonces el futuro de nuestros hijos y nietos no será bueno", dijo la organización.
El año pasado la deforestación destruyó 12 millones de hectáreas de selvas tropicales, según el Instituto de Recursos Mundiales (WRI) y la plataforma Global Forest Watch. De ese total, 3,64 millones eran selvas vírgenes, fundamentales para la biodiversidad y combatir el cambio climático. Según los datos presentados por WRI y Global Forest Watch en la reunión, 2018 fue el cuarto peor año en términos de deforestación de la selva tropical, por detrás del 2014, 2016 y 2017. Los países más afectados son Brasil, Indonesia, Congo, Colombia y Bolivia. "Estamos destruyendo los bosques que hacen posible la vida" del humano y de otras miles de especies, aseguró Adams.
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Rosenkrantz y Macri socios mineros
Los intereses de Rosenkrantz y Macri en una causa en manos de la CSJN
Fecha de Publicación: 25/05/2019
Fuente: Urgente 24
Provincia/Región: Nacional
En una nota publicada de El Cohete a la Luna, Horacio Verbitsky reveló los detalles de una causa que está en manos de la Corte Suprema y en la que habría un interés del presidente de la misma, Carlos Rosenkrantz y de la empresa de la familia Macri. "El presidente de la empresa Oromin, cuyos intereses defendía Rosenkrantz y en cuyo directorio están el contador de Macrì en Geometales y el ex socio de Rosenkrantz, está asociado en Pascua Lama con la Barrick Gold", explica el periodista.
En una nota publicada en su sitio El Cohete a la Luna, "Un amigo de oro", Horacio Verbitsky reveló los "negocios mineros" entre el presidente de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz, y el presidente de la Nación Mauricio Macri.
Según el periodista, "Sideco Americana y Odebrecht son los principales accionistas del fondo de inversión Blackwood Group, creado en 1998, cuando el actual jefe de Estado era vicepresidente ejecutivo del holding familiar Sociedades Macri (Socma)".
Entre los integrantes de Blackwood Group figuraban empresas que forman o formaron parte del Grupo Macri. Una de ellas, Minera Geometales, "fue presentada en 2006 en una convención minera en Canadá por Franco Macri". La compañía realiza tareas de exploración de cobre y oro en la Argentina y otros países.
Minera Geometales "inscribió el hallazgo de tres yacimientos en el cinturón de cobre El Teniente, en terrenos lindantes a uno del primo Angelo Calcaterra y a otros del Ejército en Campo de los Andes". Una vez presidente, Mauricio Macri los puso a la venta. "Los nuevos yacimientos recibieron el nombre de algunas de las mujeres de la tribu: Valentina, por la hija mayor de Juliana Awada; Florencia, por la hermana menor del Presidente y Francesca por su sobrina, hija de su hermano Gianfranco Macrì, el blanqueador de la famiglia".
En 2014, el gobierno mendocino le quitó a los Macri por la resolución 454 del Consejo de Minería, la concesión del yacimiento Francesca por incumplimientos. El apoderado, el contador mendocino Julio Pulisich, apeló la medida. En marzo de 2018, el gobierno mendocino de Alfredo Cornejo firmó el decreto 304: “Revóquese la mencionada resolución y remítase la presente pieza administrativa al Honorable Consejo de Minería para el dictado de una nueva resolución ajustada a derecho”.
Carlos Rosenkrantz es ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde el año 2016, cuando el Poder Ejecutivo lo nombró para reemplazar a Carlos Fayt. Entonces, el juez entregó una lista de clientes del estudio que compartía con Gabriel Bouzat. "Entre ellos figuraba Oromin Explorations, una compañía minera con sede en Vancouver, Canadá", explica Verbitsky.
"La dirección de Oromin en la Argentina es Santa Fe 1193, piso 3°, donde funciona el estudio del que Rosenkrantz se retiró en 2016 para asumir como comisionado presidencial en la Corte Suprema (...) Pero además Bouzat es director de Oromin, donde comparte asientos con el contador Pulisich, quien además es el apoderado de la compañía".
"El presidente de Oromin SA es Chester Idziszek, quien también es el CEO de la compañía canadiense Battle Mountain-Gold-Inc, que hace una década fue adquirida por una minera estadounidense que tiene una decena de inversiones en la Argentina, Royal Gold. Entre otras asociaciones, Royal Gold posee el 5.23% de la minera que explota el yacimiento binacional de Pascua-Lama. El accionista principal de Pascua-Lama es la minera canadiense Barrick Gold. Como contamos en una edición anterior de El Cohete a la Luna, la Barrick pretende que la Corte Suprema declare inconstitucional la Ley de Glaciares, que impone restricciones a la explotación minera en defensa del medio ambiente. Es decir que el presidente de la empresa Oromin, cuyos intereses defendía Rosenkrantz y en cuyo directorio están el contador de Macrì en Geometales y el ex socio de Rosenkrantz, está asociado en Pascua Lama con la Barrick Gold", explica la nota de El Cohete a la Luna.
En ese enfrentamiento judicial están involucradas Barrick Exploraciones Argentinas SA y Exploraciones Mineras Argentinas SA, ambas concesionarias del lado argentino del emprendimiento binacional. Por ser una ley federal, la Corte declaró su competencia originaria en junio de 2011, como una acción declarativa de inconstitucionalidad. "El 12 de marzo de este año, la causa estuvo en la vocalía de Rosenkrantz, quien no se excusó", relata Verbitsky.
En el marco de la causa, la empresa Berrick presentó una ampliación de fundamentos. "En ese escrito refuta los argumentos del voto mayoritario opuesto a su pretensión, que sólo conocían los ministros de la Corte y sus colaboradores más próximos".
"En ese proyecto de voto había coincidido el triunvirato interventor de la Corte. A raíz de ello Lorenzetti, Rosatti y Maqueda entienden que Rosenkrantz fue el infidente y citan un precedente de diciembre del año pasado, con el fallo Blanco sobre haberes e indemnizaciones de jubilados", continúa el periodista.
Más adelante, la nota hace referencia al Código Iberoamericano de Ética Judicial, que define la imparcialidad del juez en estos términos: “El juez imparcial es aquel que persigue con objetividad y con fundamento en la prueba la verdad de los hechos, manteniendo a lo largo de todo el proceso una equivalente distancia con las partes y con sus abogados, y evita todo tipo de comportamiento que pueda reflejar favoritismo, predisposición o prejuicio”. Por eso “está obligado a abstenerse de intervenir en aquellas causas en las que se vea comprometida su imparcialidad o en las que un observador razonable pueda entender que hay motivo para pensar así” y “debe evitar toda apariencia de trato preferencial o especial con los abogados y con los justiciables”. Por eso “debe procurar no mantener reuniones con una de las partes o sus abogados (en su despacho o, con mayor razón, fuera del mismo) que las contrapartes y sus abogados puedan razonablemente considerar injustificadas”. "Igual que Rosenkrantz, pero al revés", remata Verbitsky.
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Fecha de Publicación: 25/05/2019
Fuente: Urgente 24
Provincia/Región: Nacional
En una nota publicada de El Cohete a la Luna, Horacio Verbitsky reveló los detalles de una causa que está en manos de la Corte Suprema y en la que habría un interés del presidente de la misma, Carlos Rosenkrantz y de la empresa de la familia Macri. "El presidente de la empresa Oromin, cuyos intereses defendía Rosenkrantz y en cuyo directorio están el contador de Macrì en Geometales y el ex socio de Rosenkrantz, está asociado en Pascua Lama con la Barrick Gold", explica el periodista.
En una nota publicada en su sitio El Cohete a la Luna, "Un amigo de oro", Horacio Verbitsky reveló los "negocios mineros" entre el presidente de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz, y el presidente de la Nación Mauricio Macri.
Según el periodista, "Sideco Americana y Odebrecht son los principales accionistas del fondo de inversión Blackwood Group, creado en 1998, cuando el actual jefe de Estado era vicepresidente ejecutivo del holding familiar Sociedades Macri (Socma)".
Entre los integrantes de Blackwood Group figuraban empresas que forman o formaron parte del Grupo Macri. Una de ellas, Minera Geometales, "fue presentada en 2006 en una convención minera en Canadá por Franco Macri". La compañía realiza tareas de exploración de cobre y oro en la Argentina y otros países.
Minera Geometales "inscribió el hallazgo de tres yacimientos en el cinturón de cobre El Teniente, en terrenos lindantes a uno del primo Angelo Calcaterra y a otros del Ejército en Campo de los Andes". Una vez presidente, Mauricio Macri los puso a la venta. "Los nuevos yacimientos recibieron el nombre de algunas de las mujeres de la tribu: Valentina, por la hija mayor de Juliana Awada; Florencia, por la hermana menor del Presidente y Francesca por su sobrina, hija de su hermano Gianfranco Macrì, el blanqueador de la famiglia".
En 2014, el gobierno mendocino le quitó a los Macri por la resolución 454 del Consejo de Minería, la concesión del yacimiento Francesca por incumplimientos. El apoderado, el contador mendocino Julio Pulisich, apeló la medida. En marzo de 2018, el gobierno mendocino de Alfredo Cornejo firmó el decreto 304: “Revóquese la mencionada resolución y remítase la presente pieza administrativa al Honorable Consejo de Minería para el dictado de una nueva resolución ajustada a derecho”.
Carlos Rosenkrantz es ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde el año 2016, cuando el Poder Ejecutivo lo nombró para reemplazar a Carlos Fayt. Entonces, el juez entregó una lista de clientes del estudio que compartía con Gabriel Bouzat. "Entre ellos figuraba Oromin Explorations, una compañía minera con sede en Vancouver, Canadá", explica Verbitsky.
"La dirección de Oromin en la Argentina es Santa Fe 1193, piso 3°, donde funciona el estudio del que Rosenkrantz se retiró en 2016 para asumir como comisionado presidencial en la Corte Suprema (...) Pero además Bouzat es director de Oromin, donde comparte asientos con el contador Pulisich, quien además es el apoderado de la compañía".
"El presidente de Oromin SA es Chester Idziszek, quien también es el CEO de la compañía canadiense Battle Mountain-Gold-Inc, que hace una década fue adquirida por una minera estadounidense que tiene una decena de inversiones en la Argentina, Royal Gold. Entre otras asociaciones, Royal Gold posee el 5.23% de la minera que explota el yacimiento binacional de Pascua-Lama. El accionista principal de Pascua-Lama es la minera canadiense Barrick Gold. Como contamos en una edición anterior de El Cohete a la Luna, la Barrick pretende que la Corte Suprema declare inconstitucional la Ley de Glaciares, que impone restricciones a la explotación minera en defensa del medio ambiente. Es decir que el presidente de la empresa Oromin, cuyos intereses defendía Rosenkrantz y en cuyo directorio están el contador de Macrì en Geometales y el ex socio de Rosenkrantz, está asociado en Pascua Lama con la Barrick Gold", explica la nota de El Cohete a la Luna.
En ese enfrentamiento judicial están involucradas Barrick Exploraciones Argentinas SA y Exploraciones Mineras Argentinas SA, ambas concesionarias del lado argentino del emprendimiento binacional. Por ser una ley federal, la Corte declaró su competencia originaria en junio de 2011, como una acción declarativa de inconstitucionalidad. "El 12 de marzo de este año, la causa estuvo en la vocalía de Rosenkrantz, quien no se excusó", relata Verbitsky.
En el marco de la causa, la empresa Berrick presentó una ampliación de fundamentos. "En ese escrito refuta los argumentos del voto mayoritario opuesto a su pretensión, que sólo conocían los ministros de la Corte y sus colaboradores más próximos".
"En ese proyecto de voto había coincidido el triunvirato interventor de la Corte. A raíz de ello Lorenzetti, Rosatti y Maqueda entienden que Rosenkrantz fue el infidente y citan un precedente de diciembre del año pasado, con el fallo Blanco sobre haberes e indemnizaciones de jubilados", continúa el periodista.
Más adelante, la nota hace referencia al Código Iberoamericano de Ética Judicial, que define la imparcialidad del juez en estos términos: “El juez imparcial es aquel que persigue con objetividad y con fundamento en la prueba la verdad de los hechos, manteniendo a lo largo de todo el proceso una equivalente distancia con las partes y con sus abogados, y evita todo tipo de comportamiento que pueda reflejar favoritismo, predisposición o prejuicio”. Por eso “está obligado a abstenerse de intervenir en aquellas causas en las que se vea comprometida su imparcialidad o en las que un observador razonable pueda entender que hay motivo para pensar así” y “debe evitar toda apariencia de trato preferencial o especial con los abogados y con los justiciables”. Por eso “debe procurar no mantener reuniones con una de las partes o sus abogados (en su despacho o, con mayor razón, fuera del mismo) que las contrapartes y sus abogados puedan razonablemente considerar injustificadas”. "Igual que Rosenkrantz, pero al revés", remata Verbitsky.
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Rosario se fortalece en la separación de residuos
Cada vez más rosarinos separan los residuos
Fecha de Publicación: 25/05/2019
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
En la zona noroeste ya son más de 7.500 hogares los que incorporaron este hábito que genera un impacto ambiental, social y económico.
A principios de 2017, el municipio lanzó el programa "Barrios Verdes" en distintas zonas del noroeste rosarino. La propuesta apuntaba a sectores que no contaban con contenedores, en los cuales se brindaría un servicio de recolección alternada que promueva la separación en origen. En menos de un año y medio, el 45 por ciento de estos hogares ya incorporó el hábito de la separación.
El programa comenzó en los barrios Hostal del Sol, San Eduardo y Aldea. Su característica principal es que la modalidad de recolección se basa en un cronograma fijo que estipula días y horarios de retiro para cada tipo de residuos, lo que favorece que los vecinos realicen un trabajo previo en la casa.
En la actualidad, el servicio se extiende a 11 barrios (Hostal del Sol, San Eduardo, Aldea, Fisherton R, Hostal del Sol Este, Fisherton Residencial, Parquefield, Lomas de Alberdi, Tango, Parque Habitacional Ibarlucea y Belgrano) y alcanza a 7.566 hogares, donde viven aproximadamente 20.000 personas.
Durante el primer año de implementación del programa, el porcentaje de hogares con separación se mantuvo alrededor del 15 por ciento. Durante el primer trimestre de 2019, esa cifra trepó al 45 por ciento, lo que refleja un gran crecimiento, no solo en términos relativos sino también en el plano absoluto, ya que actualmente el universo de hogares es superior al de hace dos años.
Cronograma
La recolección cuenta con una frecuencia de lunes a sábado con turno diurno de 6:30 a 12. Tres días se recogen materiales orgánicos (cáscaras de frutas y verduras, sobras de carne y yerba, entre otros) y tres días el resto de la basura (pañales, apósitos y envoltorio de galletitas, por ejemplo). Los reciclables, en tanto, tienen una jornada específica de recolección, también es factible que los vecinos pueden llevarlo hacia alguno de los centros de recepción distribuidos en el barrio.
Durante el año 2018 entre todos los hogares participantes de la iniciativa se lograron recuperar 1.080 toneladas de residuos orgánicos (un 37 por ciento más que en 2017).
Estos tienen como destino la planta de compostaje y no el relleno sanitario, lo que supone un cambio que genera un triple impacto ambiental, social y económico.
"En Rosario seguimos avanzando en distintas estrategias que tienen como objetivo incorporar en los ciudadanos el hábito de la separación de residuos. Con Barrios Verdes estamos promoviendo la separación en origen y la recolección a través de un servicio especial", señaló María Cecilia Alvarez, subsecretaria de Ambiente.
"De esta manera, el poder separar nos permite clasificar y valorizar mejor cada tipo de residuos; algunos se transforman en compost en nuestra planta y otros se envían a los tres emprendimientos de clasificación que venden este tipo de materiales", amplió.
Junto con el cambio de modalidad de recolección de los residuos, personal del municipio asiste con información para cada vecino, así como también se llevan adelante fiscalizaciones periódicas para evaluar criterios de separación y participación.
Distinguido
El programa obtuvo una distinción otorgada por la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente (Ategrus), en el marco de la Feria Internacional del Urbanismo y Medio Ambiente 2018.
Esta iniciativa se complementa con el resto de la higiene urbana, como los contenedores naranjas (ya sea los ubicados en vía pública o en espacios particulares, denominados centros de recepción).
El mantenimiento y la profundización de estas estrategias generaron que para fines del año pasado, uno de cada tres rosarinos ya separaban sus residuos.
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Fecha de Publicación: 25/05/2019
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
En la zona noroeste ya son más de 7.500 hogares los que incorporaron este hábito que genera un impacto ambiental, social y económico.
A principios de 2017, el municipio lanzó el programa "Barrios Verdes" en distintas zonas del noroeste rosarino. La propuesta apuntaba a sectores que no contaban con contenedores, en los cuales se brindaría un servicio de recolección alternada que promueva la separación en origen. En menos de un año y medio, el 45 por ciento de estos hogares ya incorporó el hábito de la separación.
El programa comenzó en los barrios Hostal del Sol, San Eduardo y Aldea. Su característica principal es que la modalidad de recolección se basa en un cronograma fijo que estipula días y horarios de retiro para cada tipo de residuos, lo que favorece que los vecinos realicen un trabajo previo en la casa.
En la actualidad, el servicio se extiende a 11 barrios (Hostal del Sol, San Eduardo, Aldea, Fisherton R, Hostal del Sol Este, Fisherton Residencial, Parquefield, Lomas de Alberdi, Tango, Parque Habitacional Ibarlucea y Belgrano) y alcanza a 7.566 hogares, donde viven aproximadamente 20.000 personas.
Durante el primer año de implementación del programa, el porcentaje de hogares con separación se mantuvo alrededor del 15 por ciento. Durante el primer trimestre de 2019, esa cifra trepó al 45 por ciento, lo que refleja un gran crecimiento, no solo en términos relativos sino también en el plano absoluto, ya que actualmente el universo de hogares es superior al de hace dos años.
Cronograma
La recolección cuenta con una frecuencia de lunes a sábado con turno diurno de 6:30 a 12. Tres días se recogen materiales orgánicos (cáscaras de frutas y verduras, sobras de carne y yerba, entre otros) y tres días el resto de la basura (pañales, apósitos y envoltorio de galletitas, por ejemplo). Los reciclables, en tanto, tienen una jornada específica de recolección, también es factible que los vecinos pueden llevarlo hacia alguno de los centros de recepción distribuidos en el barrio.
Durante el año 2018 entre todos los hogares participantes de la iniciativa se lograron recuperar 1.080 toneladas de residuos orgánicos (un 37 por ciento más que en 2017).
Estos tienen como destino la planta de compostaje y no el relleno sanitario, lo que supone un cambio que genera un triple impacto ambiental, social y económico.
"En Rosario seguimos avanzando en distintas estrategias que tienen como objetivo incorporar en los ciudadanos el hábito de la separación de residuos. Con Barrios Verdes estamos promoviendo la separación en origen y la recolección a través de un servicio especial", señaló María Cecilia Alvarez, subsecretaria de Ambiente.
"De esta manera, el poder separar nos permite clasificar y valorizar mejor cada tipo de residuos; algunos se transforman en compost en nuestra planta y otros se envían a los tres emprendimientos de clasificación que venden este tipo de materiales", amplió.
Junto con el cambio de modalidad de recolección de los residuos, personal del municipio asiste con información para cada vecino, así como también se llevan adelante fiscalizaciones periódicas para evaluar criterios de separación y participación.
Distinguido
El programa obtuvo una distinción otorgada por la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente (Ategrus), en el marco de la Feria Internacional del Urbanismo y Medio Ambiente 2018.
Esta iniciativa se complementa con el resto de la higiene urbana, como los contenedores naranjas (ya sea los ubicados en vía pública o en espacios particulares, denominados centros de recepción).
El mantenimiento y la profundización de estas estrategias generaron que para fines del año pasado, uno de cada tres rosarinos ya separaban sus residuos.
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Más pruebas contra la planta Treater en Neuquén
Presentan nuevas pruebas contra un basural petrolero
Fecha de Publicación: 24/05/2019
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Greenpeace y abogados ambientales ampliaron la denuncia contra la planta Treater de Añelo.
La organización internacional ecologista Greenpeace junto a la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH) de Neuquén y la Confederación Mapuche realizaron ante el fiscal Maximiliano Breid Obeid una ampliación de la denuncia y sumaron evidencias científicas sobre la contaminación ambiental en la planta Treater ubicada en el Parque Industrial de Añelo.
Emmanuel Guagliardo, abogado de las organizaciones, aseguró que “esta información es valiosa y consideramos de interés que el fiscal evalúe estos datos, de forma simultánea con los informes y pericias ordenados en el marco de la investigación”.
Por su parte, Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas aseguró que la próxima semana pedirán nuevas medidas de prueba para profundizar la investigación y continuar recabando evidencias de los delitos que se reprochan, tanto funcionarios públicos como a los gerentes de las operadoras, quienes son los principales responsables”.
En febrero pasado activistas de Greenpeace Argentina realizaron una protesta en un basural de la empresa petrolera, ubicada a cinco kilómetros de Añelo, para denunciar la contaminación. Al mismo tiempo reclamaron a las empresas de Vaca Muerta que “dejen de contaminar la Patagonia con residuos tóxicos”.
Leonel Mingo, miembro del programa de Clima y Energía de la organización, pidió que las empresas petroleras “dejen de contaminar el ecosistema de la Patagonia con sus residuos tóxicos y se cierre este basurero que viola leyes provinciales y nacionales”. Según Greenpeace, el “vertedero tóxico” es un predio de 13,6 hectáreas en el que se depositan “residuos peligrosos que no son tratados con las regulaciones correspondientes que exige la Ley Provincial de Neuquén 1875”.
Además habían denunciado que la descarga de los residuos se realiza en el suelo “sin una zanja de drenaje adecuada y sin revestimiento de impermeabilización” y que la empresa “no tiene en cuenta la seguridad de los trabajadores”.
Detallaron que en los residuos se hallaron “hidrocarburos, componentes volátiles y metales pesados que podrían alcanzar a comunidades cercanas al vertedero”.
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Piden una "solución urgente" para el biodiesel
Biodiesel: Perotti le reclamó a Nación una "solución urgente"
Fecha de Publicación: 24/05/2019
Fuente: Diario La Opinión
Provincia/Región: Nacional
Omar Perotti le pidió al gobierno nacional una respuesta con carácter de urgente para la "crítica situación del biodiesel" y advirtió que "solo en Santa Fe se encuentran en riesgo 3.500 empleos que dependen directa o indirectamente de la producción de biocombustibles".
En ese sentido, el candidato a gobernador le envió una nota al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, donde lo instó a tomar medidas "urgentes", en carácter de su rol institucional como senador nacional que representa a la provincia de Santa Fe. Además, presentó un proyecto de ley para aumentar el corte de los biocombustibles en un 30 por ciento en el gasoil y las naftas en todo el país.
En esta misiva, Perotti resaltó que la producción de biodiesel en la provincia de Santa Fe registró "una caída superior al 77% durante el primer bimestre de 2019 comparado con el primer bimestre del año anterior y del 70% respecto del mismo período en 2017".Por este motivo, subrayó "la preocupación puesta de manifiesto por los productores de biodiesel de mi provincia", atento "al incremento en el costo de los insumos, producido principalmente por la devaluación de la moneda y por el imprevisto cambio por parte de la subsecretaría de Hidrocarburos y Combustibles de la fórmula que fija el precio del biodiesel destinado a la mezcla para el mercado interno".
En ese marco, lamentó "la falta de acompañamiento para la promoción de los pequeños y medianos productores así como las restricciones del mercado exportador".
Perotti solicitó a la Nación que se incremente "de forma perentoria" el porcentaje del corte de biodiesel para su mezcla con gasoil o diésel oil y el del bioetanol para su mezcla con nafta, en función de "la evolución de las variables del mercado interno, conforme lo establece la referida normativa, y continuando con el objetivo de la misma, esto es, la promoción de la producción y uso sustentables de los biocombustibles".
También instó a "la urgente rectificación de la fórmula del precio de adquisición del biodiesel para el mercado interno, incluyendo el coeficiente de corrección intermensual, especialmente teniendo en cuenta la variación del tipo de cambio. Y la oportuna publicación de estos precios de referencia ya que durante el mes de marzo no se publicaron los precios de adquisición de los biocombustibles comprendidos en la ley 26.093".
Perotti subrayó que "resulta imperioso" dictar una regulación que ofrezca "mayor previsibilidad" a la matriz productiva de la bioenergía en la República Argentina, que "apoye los esquemas de valor agregado a la producción de soja y maíz", que "dinamice las economías regionales" y contribuya "al cumplimiento del compromiso asumido en el año 2015 respecto a las acciones concretas para el cuidado del medioambiente".
Por último, explicó que en su proyecto, al aumentar la mezcla de biocombustible en las naftas “estamos contribuyendo al desarrollo sostenible, a través de la dinamización económica y la generación de empleo pero también a través del incentivo a energías limpias”.
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Fecha de Publicación: 24/05/2019
Fuente: Diario La Opinión
Provincia/Región: Nacional
Omar Perotti le pidió al gobierno nacional una respuesta con carácter de urgente para la "crítica situación del biodiesel" y advirtió que "solo en Santa Fe se encuentran en riesgo 3.500 empleos que dependen directa o indirectamente de la producción de biocombustibles".
En ese sentido, el candidato a gobernador le envió una nota al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, donde lo instó a tomar medidas "urgentes", en carácter de su rol institucional como senador nacional que representa a la provincia de Santa Fe. Además, presentó un proyecto de ley para aumentar el corte de los biocombustibles en un 30 por ciento en el gasoil y las naftas en todo el país.
En esta misiva, Perotti resaltó que la producción de biodiesel en la provincia de Santa Fe registró "una caída superior al 77% durante el primer bimestre de 2019 comparado con el primer bimestre del año anterior y del 70% respecto del mismo período en 2017".Por este motivo, subrayó "la preocupación puesta de manifiesto por los productores de biodiesel de mi provincia", atento "al incremento en el costo de los insumos, producido principalmente por la devaluación de la moneda y por el imprevisto cambio por parte de la subsecretaría de Hidrocarburos y Combustibles de la fórmula que fija el precio del biodiesel destinado a la mezcla para el mercado interno".
En ese marco, lamentó "la falta de acompañamiento para la promoción de los pequeños y medianos productores así como las restricciones del mercado exportador".
Perotti solicitó a la Nación que se incremente "de forma perentoria" el porcentaje del corte de biodiesel para su mezcla con gasoil o diésel oil y el del bioetanol para su mezcla con nafta, en función de "la evolución de las variables del mercado interno, conforme lo establece la referida normativa, y continuando con el objetivo de la misma, esto es, la promoción de la producción y uso sustentables de los biocombustibles".
También instó a "la urgente rectificación de la fórmula del precio de adquisición del biodiesel para el mercado interno, incluyendo el coeficiente de corrección intermensual, especialmente teniendo en cuenta la variación del tipo de cambio. Y la oportuna publicación de estos precios de referencia ya que durante el mes de marzo no se publicaron los precios de adquisición de los biocombustibles comprendidos en la ley 26.093".
Perotti subrayó que "resulta imperioso" dictar una regulación que ofrezca "mayor previsibilidad" a la matriz productiva de la bioenergía en la República Argentina, que "apoye los esquemas de valor agregado a la producción de soja y maíz", que "dinamice las economías regionales" y contribuya "al cumplimiento del compromiso asumido en el año 2015 respecto a las acciones concretas para el cuidado del medioambiente".
Por último, explicó que en su proyecto, al aumentar la mezcla de biocombustible en las naftas “estamos contribuyendo al desarrollo sostenible, a través de la dinamización económica y la generación de empleo pero también a través del incentivo a energías limpias”.
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Más fallos contra las fumigaciones cerca de los colegios
Sin fumigaciones cerca de los colegios
Fecha de Publicación: 24/05/2019
Fuente: Diario Judicial
Provincia/Región: Entre Ríos
El STJ de Entre Ríos rechazó el recurso de apelación interpuesto por el Estado provincial, contra la sentencia que declaró la nulidad parcial del decreto que flexibilizó las distancias permitidas para fumigar en zonas rurales.
La Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos rechazó el recurso de apelación interpuesto por el Estado provincial contra la sentencia, mediante la cual se declaró la nulidad parcial el decreto 4407/18, que regula la aplicación vía aérea y terrestre de fitosanitarios. Todo ello en los autos "Foro Ecologista de Paraná c/Superior Gobierno - Acción de Amparo".
De este modo, la Sala del STJ rechazó el recurso de apelación articulado por el gobierno de la provincia y confirmó la sentencia mediante la cual se decretó la nulidad parcial del decreto provincial 4407/18 que estableció que las “aplicaciones terrestres de fitosanitarios” podían realizarse a una distancia de cien metros de las escuelas, y las aplicaciones aéreas a quinientos metros.
Cabe recordar que, en abril último, el camarista Andrés Marfil resolvió que el decreto era inconstitucional por violación de la “cosa juzgada” al no ajustarse al estándar normativo del fallo dictado primero por el integrante de la Sala II en lo Civil y Comercial de Paraná, Daniel Benedetto, y ratificado por el STJ. Dicha decisión prohibió la fumigación terrestre con agrotóxicos en un radio de 1000 metros alrededor de todas las escuelas rurales, y la fumigación aérea en un radio de 3000 metros.
La nulidad alcanza los artículos 1 y 2 del decreto del Poder Ejecutivo provincial que flexibilizó las distancias mínimas para pulverizaciones con agroquímicos. De este modo, queda en pie la prohibición de fumigar a menos de 1000 metros de forma terrestre, y a menos de 3000 metros de forma aérea en escuelas rurales.
La causa se inició por un amparo ambiental del Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) contra el Estado provincial, a fin de que se declare la nulidad y se revoque el decreto 4407/2018, por el cual el Poder Ejecutivo estableció distancias para efectuar fumigaciones con agrotóxicos en torno a las escuelas rurales.
Los amparistas esgrimieron que el texto "viola lo establecido por la sentencia que dispuso prohibir la fumigación terrestre con agrotóxicos en un radio de mil metros alrededor de todas las escuelas rurales, y la fumigación aérea con iguales pesticidas en un radio de tres mil metros alrededor de dichos establecimientos educativos". Dicho fallo también exhortó la realización de estudios que permitan “delinear pautas objetivas en torno al uso racional de químicos y agroquímicos”.
La nulidad alcanza los artículos 1 y 2 del decreto del Poder Ejecutivo provincial que flexibilizó las distancias mínimas para pulverizaciones con agroquímicos. De este modo, queda en pie la prohibición de fumigar a menos de 1000 metros de forma terrestre, y a menos de 3000 metros de forma aérea en escuelas rurales.
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