Argentina estuvo en la COP de cambio climático
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Argentina presente en la conferencia sobre cambio climático en Polonia
Fecha de Publicación: 14/12/2018
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
“Traigo la voz para pedir la descentralización, el acceso directo y la posibilidad de que los países en desarrollo tengan equidad y justicia en el acceso a los fondos”, aseguró Sergio Bergman durante su intervención.
El Secretario de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, participó esta tarde en Katowice, Polonia, del Tercer Diálogo de Alto Nivel de Ministros sobre Financiamiento Climático, realizado en la 24° Sesión de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP24), la que comenzó la semana pasada y continuará hasta el 14 de diciembre.
Bergman, que encabeza la delegación argentina en la conferencia internacional, aseguró allí: “La acción por el clima es uno de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y nos encontramos debatiendo sobre dinero cuando en el fondo la discusión es sobre valores”. También aseguró: “Esta política es de derechos humanos”.
El Secretario de Gobierno explicó asimismo: “Buscamos una transición justa entre nuestras sociedades para que nadie se quede atrás”, a la vez que indicó que “es tiempo que quienes más han contaminado, no solamente con generosidad sino con responsabilidad, pongan el dinero”. Afirmó, a su vez, la necesidad de transmitir este impulso “al mercado y a la economía, para no quedar solo en las buenas intenciones”; y explicó que “el sector privado está comprometido en que sus finanzas tengan una vinculación con la sustentabilidad climática”, a la vez que aseguró que “tiene que ser para ellos un buen negocio ser sustentables”.
El funcionario se refirió además a la movilización de recursos para el cambio climático: “Venimos a proponer que los mecanismos para alinear el financiamiento internacional con las prioridades nacionales puedan identificar las barreras para financiar esa implementación de forma eficiente, equitativa y justa para todos”. Y reclamó: “Traigo también la voz, al haber presidido el Foro de Ministros de Medioambiente Latinoamérica y el Caribe, para pedir la descentralización, el acceso directo y la posibilidad de que los países en desarrollo tengan equidad y justicia en el acceso a estos fondos”.
Finalmente, se refirió al Acuerdo de París, al señalar: “Lo hemos firmado para cumplirlo y París está aquí hoy; vinimos a fijar las reglas del juego y no a jugar con esas reglas. Es el tiempo de la acción y de la definición”. Por último, declaró: “El futuro es lo que hacemos hoy cuando decidimos y ese futuro puede ser sustentable. Cumplir París hoy asegura un mañana mejor para todos”.
Por otra parte, Bergman participó durante la mañana del evento del Pacto Mundial de Alcaldes por el Clima y la Energía —una alianza global de ciudades— donde compartió la visión de Argentina en relación a la integración entre niveles de gobierno en el contexto de la estrategia climática y del desarrollo sustentable nacional, con un enfoque particular en la financiación.
Por último, Bergman intervino en el evento de alto nivel de celebración del décimo aniversario del programa "Reducción de Emisiones de la Deforestación y la Degradación de los bosques" (ONU-REDD). Dicho programa tiene por objetivo asistir al Gobierno de Argentina en el establecimiento de un programa REDD+ como mecanismo para incentivar la protección, administración y mejor gestión de los recursos forestales para sostener los servicios ambientales y contribuir a la lucha global contra el cambio climático.
La agenda de la jornada del Secretario de Gobierno incluyó también participaciones en el “Pre 2020 Stocktake: High Level Part”; el evento paralelo “Ampliando la bioeconomía sostenible: un nuevo capítulo para la plataforma Biofuture Brasil, Polonia y la Agencia Internacional de Energía”; así como reuniones con Robert McKee, presidente del Grupo Directivo de Foundations 20 (F20) y Ramiro Fernández, de la Fundación Avina; y otra con directivos de General Electric. También participó de un encuentro en el que se abordó el mejor aprovechamiento de la ciencia disponible para aumentar la efectividad del financiamiento climático, en el que también intervinieron Petteri Taalas, secretario general de la Organización Meteorológica Mundial y Javier Manzanares, director ejecutivo del Fondo Verde del Clima.
Junto a Bergman, forman parte de la comitiva argentina en la COP24 la titular de la Unidad de Coordinación General, Patricia Holzman, y el secretario de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Carlos Gentile, ambos del área ambiental nacional.
En 2018 la conferencia climática adquiere una gran relevancia para la diplomacia internacional en esta materia, debido a los avances que se esperan de los países en sus preparativos para la implementación del Acuerdo de París. Por su parte, Argentina apoya el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) donde se llama a la acción de todos los países para combatir el cambio climático, no sobrepasar el promedio de temperatura mundial de 1.5 °C comparándolo con el periodo pre industrial, luchar por un desarrollo sustentable y erradicar la pobreza.
Asimismo, se esperan alcanzar logros claves para cumplir con las metas contempladas en el Acuerdo de París. La COP24 es la penúltima parada en el camino hacia 2020, año en que entrará en vigor dicho acuerdo. El principal objetivo de esta conferencia es efectuar un balance de los logros que los países han alcanzado y ajustar los niveles de ambición necesarios para alcanzar los objetivos de París. Se espera que todos eleven sus planes para recortar sus emisiones y aceleren la transformación energética de sus economías para abandonar de manera definitiva los contaminantes combustibles fósiles.
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Fecha de Publicación: 14/12/2018
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
“Traigo la voz para pedir la descentralización, el acceso directo y la posibilidad de que los países en desarrollo tengan equidad y justicia en el acceso a los fondos”, aseguró Sergio Bergman durante su intervención.
El Secretario de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, participó esta tarde en Katowice, Polonia, del Tercer Diálogo de Alto Nivel de Ministros sobre Financiamiento Climático, realizado en la 24° Sesión de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP24), la que comenzó la semana pasada y continuará hasta el 14 de diciembre.
Bergman, que encabeza la delegación argentina en la conferencia internacional, aseguró allí: “La acción por el clima es uno de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y nos encontramos debatiendo sobre dinero cuando en el fondo la discusión es sobre valores”. También aseguró: “Esta política es de derechos humanos”.
El Secretario de Gobierno explicó asimismo: “Buscamos una transición justa entre nuestras sociedades para que nadie se quede atrás”, a la vez que indicó que “es tiempo que quienes más han contaminado, no solamente con generosidad sino con responsabilidad, pongan el dinero”. Afirmó, a su vez, la necesidad de transmitir este impulso “al mercado y a la economía, para no quedar solo en las buenas intenciones”; y explicó que “el sector privado está comprometido en que sus finanzas tengan una vinculación con la sustentabilidad climática”, a la vez que aseguró que “tiene que ser para ellos un buen negocio ser sustentables”.
El funcionario se refirió además a la movilización de recursos para el cambio climático: “Venimos a proponer que los mecanismos para alinear el financiamiento internacional con las prioridades nacionales puedan identificar las barreras para financiar esa implementación de forma eficiente, equitativa y justa para todos”. Y reclamó: “Traigo también la voz, al haber presidido el Foro de Ministros de Medioambiente Latinoamérica y el Caribe, para pedir la descentralización, el acceso directo y la posibilidad de que los países en desarrollo tengan equidad y justicia en el acceso a estos fondos”.
Finalmente, se refirió al Acuerdo de París, al señalar: “Lo hemos firmado para cumplirlo y París está aquí hoy; vinimos a fijar las reglas del juego y no a jugar con esas reglas. Es el tiempo de la acción y de la definición”. Por último, declaró: “El futuro es lo que hacemos hoy cuando decidimos y ese futuro puede ser sustentable. Cumplir París hoy asegura un mañana mejor para todos”.
Por otra parte, Bergman participó durante la mañana del evento del Pacto Mundial de Alcaldes por el Clima y la Energía —una alianza global de ciudades— donde compartió la visión de Argentina en relación a la integración entre niveles de gobierno en el contexto de la estrategia climática y del desarrollo sustentable nacional, con un enfoque particular en la financiación.
Por último, Bergman intervino en el evento de alto nivel de celebración del décimo aniversario del programa "Reducción de Emisiones de la Deforestación y la Degradación de los bosques" (ONU-REDD). Dicho programa tiene por objetivo asistir al Gobierno de Argentina en el establecimiento de un programa REDD+ como mecanismo para incentivar la protección, administración y mejor gestión de los recursos forestales para sostener los servicios ambientales y contribuir a la lucha global contra el cambio climático.
La agenda de la jornada del Secretario de Gobierno incluyó también participaciones en el “Pre 2020 Stocktake: High Level Part”; el evento paralelo “Ampliando la bioeconomía sostenible: un nuevo capítulo para la plataforma Biofuture Brasil, Polonia y la Agencia Internacional de Energía”; así como reuniones con Robert McKee, presidente del Grupo Directivo de Foundations 20 (F20) y Ramiro Fernández, de la Fundación Avina; y otra con directivos de General Electric. También participó de un encuentro en el que se abordó el mejor aprovechamiento de la ciencia disponible para aumentar la efectividad del financiamiento climático, en el que también intervinieron Petteri Taalas, secretario general de la Organización Meteorológica Mundial y Javier Manzanares, director ejecutivo del Fondo Verde del Clima.
Junto a Bergman, forman parte de la comitiva argentina en la COP24 la titular de la Unidad de Coordinación General, Patricia Holzman, y el secretario de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Carlos Gentile, ambos del área ambiental nacional.
En 2018 la conferencia climática adquiere una gran relevancia para la diplomacia internacional en esta materia, debido a los avances que se esperan de los países en sus preparativos para la implementación del Acuerdo de París. Por su parte, Argentina apoya el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) donde se llama a la acción de todos los países para combatir el cambio climático, no sobrepasar el promedio de temperatura mundial de 1.5 °C comparándolo con el periodo pre industrial, luchar por un desarrollo sustentable y erradicar la pobreza.
Asimismo, se esperan alcanzar logros claves para cumplir con las metas contempladas en el Acuerdo de París. La COP24 es la penúltima parada en el camino hacia 2020, año en que entrará en vigor dicho acuerdo. El principal objetivo de esta conferencia es efectuar un balance de los logros que los países han alcanzado y ajustar los niveles de ambición necesarios para alcanzar los objetivos de París. Se espera que todos eleven sus planes para recortar sus emisiones y aceleren la transformación energética de sus economías para abandonar de manera definitiva los contaminantes combustibles fósiles.
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27 millones para no ir a juicio por contaminar
Un industrial ofrece una reparación ambiental inédita
Fecha de Publicación: 14/12/2018
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
Fecha de Publicación: 14/12/2018
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
El empresario Jorge Rocchia Ferro está dispuesto a desembolsar al menos $ 27 millones para suspender un juicio oral en Santiago del Estero.
Santiago del Estero denunció con insistencia la contaminación de la Cuenca Salí-Dulce: ese papel histórico tiene como correlato la mayor compensación de daño ambiental ofrecida por un industrial en esta región. Jorge Rocchia Ferro, propietario de la Compañía Azucarera Los Balcanes SA con sede en Tucumán, está dispuesto a desembolsar al menos $ 27 millones a los fines de obtener la suspensión del juicio a prueba en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) santiagueño. La probation implica beneficios para las jurisdicciones involucradas en el proceso y el financiamiento de infraestructura para el control de los ríos expuestos a la contaminación con desechos fabriles.
La propuesta de Rocchia Ferro, que afronta la imputación junto al ejecutivo José Coronel, ha de ser aceptada por el TOF que integran los camaristas Abelardo Basbús, Juan Carlos Reynaga y Federico Bothamley. Previamente debe dar su consentimiento la fiscala federal Indiana Garzón, que ya manifestó su oposición a otras ofertas más bajas, resistencia que frustró audiencias anteriores. Los acusados de Los Balcanes SA, empresa que explota el ingenio y destilería La Florida (fábrica ubicada en la localidad tucumana homónima), formalizaría esta semana un nuevo ofrecimiento. No se descarta que la compensación económica sea superior a la indicada. La probation además destina becas en la Universidad San Pablo-T, institución educativa ligada a Los Balcanes SA, a ciudadanos de Santiago del Estero. Los representantes de la empresa contactados ayer prefirieron no hacer comentarios para preservar la negociación en marcha. Sin perjuicio de ello, informaron que, además de la reparación ofertada en el proceso penal, la compañía lleva adelante inversiones para garantizar los estándares ambientales y evitar inconvenientes en el futuro (se informa por separado).
“Limosna”
El piso de $ 27 millones es producto de las propuestas desestimadas en el pasado. Esta suma considera desde la adquisición de camionetas 4x4 y una lancha hasta la construcción de una casa y la incorporación de equipamiento específico para controlar el cumplimiento de la legislación ambiental en la Cuenca Salí-Dulce (ver “Detalles...”). La Fiscalía de Estado de Santiago del Estero, uno de los querellantes en la causa, dictaminó que corresponde aceptar la probation, que permitirá a Rocchia Ferro y a Coronel librarse de un enjuiciamiento inminente. El 30 de noviembre pasado, el titular de ese órgano, Raúl Abate, manifestó que el resarcimiento ofrecido guarda relación con el perjuicio que la empresa ocasionó en la localidad santiagueña de El Palomar (departamento Jiménez) entre 2012 y 2013. El dictamen evoca la lucha de ese Estado provincial por controlar la disposición de vinaza y otros líquidos contaminantes en efluentes del río Salí por parte de los ingenios tucumanos. Luego del Embalse Río Hondo, el curso se transforma en el río Dulce y recorre el territorio santiagueño hasta desembocar en Córdoba.
La Provincia de Tucumán también es proclive a aceptar la proposición de Rocchia Ferro, según fuentes de la Fiscalía de Estado a cargo de Daniel Leiva. Pero el beneficio sólo prosperaría si la Fiscalía ante el TOF que dirige Garzón modifica su tesitura. El artículo 76 bis del Código Penal consigna que el tribunal debe acordar la suspensión del juicio con el consentimiento del Ministerio Público Fiscal. Semanas atrás, Garzón calificó de “limosna” la propuesta de $ 18 millones formulada por el industrial. El diario El Liberal indicó que la fiscala había alegado que el daño causado no podía quedar impune y que correspondía aplicar a los acusados una sanción penal, además de exigirles la reparación económica.
En los ámbitos tribunalicios confían en que la renuencia de Garzón podría ceder gracias a las mejoras realizadas al ofrecimiento, y porque resulta incierto el resultado del debate de los presuntos hechos ilícitos imputados a Rocchia Ferro y Coronel. Esta perspectiva valora el efecto ejemplar y preventivo de la compensación contenida en la probation.
“Pantanal putrefacto”
La causa en poder del TOF de Santiago del Estero acumula distintos procesos iniciados en esa jurisdicción y en Tucumán, e instruidos respectivamente por los fiscales federales Pedro Simón y Carlos Brito (N°1). El santiagueño Simón pidió en 2015 el juzgamiento de Rocchia Ferro y de Coronel por la vinaza detectada en el paraje El Palomar. Según el requerimiento de Simón, el desecho industrial provino de la fábrica de La Florida, y afectó el suelo, el aire y el agua, además de producir riesgos para la salud. El fiscal identificó dos derrames distintos en 2012 y 2013, e incumplimientos de órdenes judiciales y administrativas por parte de Los Balcanes SA. Simón dijo que los vecinos afectados tenían escasos recursos y tuvieron que modificar sus hábitos de vida.
Por su parte y también en 2015, el fiscal Brito requirió que Rocchia Ferro vaya a juicio por la descarga de residuos peligrosos con olor nauseabundo en un canal de riego ubicado en La Florida, que conecta a esa localidad tucumana con Santiago del Estero. En esa investigación abierta en 2011, Brito advirtió que la Secretaría de Medio Ambiente de Tucumán había clausurado preventivamente el ingenio luego de constatar que carecía de un plan para contener los derrames.
Las denuncias de contaminación de la Cuenca Salí-Dulce como consecuencia de la actividad industrial en Tucumán se intensificaron durante la década pasada. En 2005, el Gobierno de Santiago del Estero pidió en la Justicia Federal la apertura de una investigación que involucró a 22 empresas locales. Durante aquel año, las autoridades de la provincia vecina publicitaron un informe técnico que afirmaba que el vertido de desechos en los ríos había transformado al dique Frontal de Las Termas de Río Hondo en un “pantanal putrefacto”.
LA FIRMA DE ROCCHIA FERRO ASEVERÓ QUE TRABAJA POR CUIDAR EL AMBIENTE
La Compañía Azucarera Los Balcanes SA, que explota el ingenio y destilería La Florida, prefirió no hacer comentarios sobre la “probation” inédita que ofreció en el ámbito de un proceso penal en Santiago del Estero. Voceros de la firma tucumana expresaron que, más allá de esa reparación, estaban invirtiendo sumas cuantiosas para llegar a la meta de “vinaza cero” en menos de un año y concluir una planta de tratamiento de cenizas.
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Chaco es que que más ha deforestado en los últimos años
El Chaco es la provincia que más se deforestó en los últimos tres años
Fecha de Publicación: 14/12/2018
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
Revela que corren riesgo unos 3 millones de hectáreas del Impenetrable. También denuncia que más de la mitad de las zonas afectadas son protegidas.
La organización internacional Greenpeace (división Argentina-Chile-Colombia) emitió un informe donde denuncia que Chaco es la provincia argentina que más se deforestó en los últimos tres años.
El estudio de la entidad ecologista resalta como “muy preocupante el aumento de los desmontes ilegales: más de la mitad de la deforestación se realizó en zonas protegidas por la Ley de Bosques (54.327 de las 103.908 hectáreas desmontadas)”.
En este sentido, critican al gobierno provincial ya que aducen que “es clara la colaboración del gobierno provincial con grandes empresarios agropecuarios. Los cambios de zonificación prediales realizados para desmontar donde la normativa nacional no lo permite alcanzan a 67 fincas y abarcan una superficie de 51.768 hectáreas”.
Por tanto, continuar y avanzar con la implementación de “este artilugio pone en potencial riesgo a cerca de 3 millones de hectáreas de El Impenetrable”, señalan y agregan que permitir la deforestación en esas zonas “vulnera en forma flagrante la ley nacional vigente e ignora las demandas de la sociedad. Su desmonte tendrá un impacto ambiental significativo y afectará seriamente a muchas comunidades campesinas e indígenas”.
En tanto el coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, reclama tras expresar sus conclusiones del informe “derogar las disposiciones que habilitan la realización de recategorizaciones prediales; cancelar la ejecución de los desmontes autorizados en las fincas recategorizadas; y restaurar los bosques desmontados”.
Greenpeace asegura que los bosques nativos concentran más de la mitad de la biodiversidad terrestre del planeta y de ellos obtenemos bienes y servicios indispensables para nuestra supervivencia, como alimentos, maderas y medicinas.
“Son hogar y sustento de miles de comunidades indígenas y campesinas, y juegan un papel fundamental en la regulación climática, el mantenimiento de las fuentes y caudales de agua y la conservación de los suelos. Posiblemente son nuestro patrimonio natural más importante, pero también el más amenazado y depredado”, relatan.
Un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ubicó a Argentina entre los diez países que más desmontaron entre 1990 y 2015: se perdieron 7,6 millones de hectáreas (el tamaño de la provincia de Entre Ríos).
En este marco, agregan que “el 80% de la deforestación se concentra en cuatro provincias del norte: Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa. La principal causa es el avance de la frontera agropecuaria; y gran parte de la producción (soja transgénica y ganadería intensiva) es exportada hacia Europa y China.
La sanción, a fines de 2007, de la Ley de Bosques fue un ejemplo de la importancia de la participación de la sociedad civil, que presionó al Congreso Nacional mediante un millón de firmas. A más de diez años de su aprobación, su efectiva implementación enfrenta dificultades que deben ser resueltas de manera urgente”.
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Fecha de Publicación: 14/12/2018
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
Revela que corren riesgo unos 3 millones de hectáreas del Impenetrable. También denuncia que más de la mitad de las zonas afectadas son protegidas.
La organización internacional Greenpeace (división Argentina-Chile-Colombia) emitió un informe donde denuncia que Chaco es la provincia argentina que más se deforestó en los últimos tres años.
El estudio de la entidad ecologista resalta como “muy preocupante el aumento de los desmontes ilegales: más de la mitad de la deforestación se realizó en zonas protegidas por la Ley de Bosques (54.327 de las 103.908 hectáreas desmontadas)”.
En este sentido, critican al gobierno provincial ya que aducen que “es clara la colaboración del gobierno provincial con grandes empresarios agropecuarios. Los cambios de zonificación prediales realizados para desmontar donde la normativa nacional no lo permite alcanzan a 67 fincas y abarcan una superficie de 51.768 hectáreas”.
Por tanto, continuar y avanzar con la implementación de “este artilugio pone en potencial riesgo a cerca de 3 millones de hectáreas de El Impenetrable”, señalan y agregan que permitir la deforestación en esas zonas “vulnera en forma flagrante la ley nacional vigente e ignora las demandas de la sociedad. Su desmonte tendrá un impacto ambiental significativo y afectará seriamente a muchas comunidades campesinas e indígenas”.
En tanto el coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, reclama tras expresar sus conclusiones del informe “derogar las disposiciones que habilitan la realización de recategorizaciones prediales; cancelar la ejecución de los desmontes autorizados en las fincas recategorizadas; y restaurar los bosques desmontados”.
Greenpeace asegura que los bosques nativos concentran más de la mitad de la biodiversidad terrestre del planeta y de ellos obtenemos bienes y servicios indispensables para nuestra supervivencia, como alimentos, maderas y medicinas.
“Son hogar y sustento de miles de comunidades indígenas y campesinas, y juegan un papel fundamental en la regulación climática, el mantenimiento de las fuentes y caudales de agua y la conservación de los suelos. Posiblemente son nuestro patrimonio natural más importante, pero también el más amenazado y depredado”, relatan.
Un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ubicó a Argentina entre los diez países que más desmontaron entre 1990 y 2015: se perdieron 7,6 millones de hectáreas (el tamaño de la provincia de Entre Ríos).
En este marco, agregan que “el 80% de la deforestación se concentra en cuatro provincias del norte: Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa. La principal causa es el avance de la frontera agropecuaria; y gran parte de la producción (soja transgénica y ganadería intensiva) es exportada hacia Europa y China.
La sanción, a fines de 2007, de la Ley de Bosques fue un ejemplo de la importancia de la participación de la sociedad civil, que presionó al Congreso Nacional mediante un millón de firmas. A más de diez años de su aprobación, su efectiva implementación enfrenta dificultades que deben ser resueltas de manera urgente”.
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Informe oficial admite que el Bermejo está contaminado
La vida acuática del Bermejo está amenazada por la contaminación
Fecha de Publicación: 13/12/2018
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Norte
Un informe oficial, emitido tras la última mortandad de peces, agrandó las dudas. Los coliformes fecales superan todos los límites y hay niveles tóxicos de nitritos.
El pasado 27 de septiembre pobladores ribereños de Embarcación y Pichanal se encontraron con cientos de surubíes, dorados, bagres y sábalos muertos en el Bermejo por causas que aún no fueron aclaradas con rigor científico.
Sin consuelo ni respuestas, pescadores de Salta y Jujuy apuntaron en las redes sociales contra la vinaza, un desecho de la destilación del alcohol de caña que consume el oxígeno del agua y que tiene abierto un delicado conflicto entre Santiago del Estero y Tucumán por los estragos causados en la ictiofauna del sistema hídrico Salí-Dulce.
Rápidamente, Industrias Tabacal sacó un comunicado en el que aclaró que aportó a organismos competentes "información y muestras correspondientes al canal de ingreso y la compuerta de salida de la fábrica, obtenidas días previos al suceso mencionado, cuyos valores se encuentran dentro de los parámetros de la normativa vigente".
Siete años atrás, en septiembre de 2011, sus efluentes industriales ya habían sido señalados como supuesta causal de otra masiva mortandad de peces que movió actuaciones tanto en Salta como en Tarija (Bolivia). También por aquellos días el ingenio oranense había desmentido el supuesto impacto de sus vinazas y, poco después, el comité de frontera de Aguas Blancas y Bermejo apuntó a una empresa minera de Bolivia como presunta responsable. La Secretaría de Ambiente de la Provincia anunció entonces que, ni bien se completaran los análisis químicos, emitiría un informe concluyente que nunca salió. En siete años nada se supo de las muestras que se colectaron en el mismo tramo del Bermejo que ahora ocupa al Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).
"Falta de oxígeno"
El pasado 2 de octubre, el director Ejecutivo de la Agencia de Protección Ambiental, Ignacio Goytia, manifestó en los medios que ese organismo había descartado varias hipótesis, entre las que se incluía la posible contaminación con desechos de la industria sucro-alcoholera. Sin evidencias determinantes, el funcionario dijo que la mortandad de peces pudo deberse a una combinación de "altas temperaturas", "bajos caudales" y "falta de oxígeno" en el agua. Goytia aclaró, no obstante, que aguardaría los resultados de los análisis de laboratorio para confirmar o revisar la teoría.
Días después, ante un pedido de informes de Diputados, el Programa de Monitoreo Hídrico de la Provincia comenzó a preparar la contestación al requerimiento legislativo. El informe técnico fue elevado el 23 de octubre al secretario de Recursos Hídricos, Oscar Dean, y en la misma semana llegó a la Cámara Baja. Quizás por la complejidad de sus gráficos témporo-espaciales, o por la dificultosa interpretación de los parámetros expuestos, el informe quedó confinado en un escritorio y su contenido recién pudo conocerse días atrás.
Son 21 carillas que exponen diferentes indicadores de la crónica degradación ambiental que presenta el río Bermejo, fundamentalmente por las aguas residuales que recibe sin adecuado tratamiento, o directamente crudas, desde la cuenca superior tarijeña hasta Pichanal.
En el informe hay detalles que llaman la atención. En sus registros la continuidad de los muestreos realizados desde Aguas Blancas hasta la desembocadura del río San Francisco solo se evidencia desde 2012 hasta 2015. No hay una sola mención de análisis físicos, químicos y bacteriológicos que se hayan realizado durante 2016. De 2017 y 2018 solo hay dos referencias muy puntuales y con indicadores aislados.
Aún así, el informe deja ver el impacto de los efluentes cloacales, agrícolas e industriales de Bermejo y otras poblaciones de Tarija (Bolivia), Aguas Blancas, San Ramón de la Nueva Orán, Hipólito Yrigoyen, Embarcación y Pichanal.
En el tramo salteño de 160 kilómetros que se extiende desde Aguas Blancas hasta la desembocadura del río San Francisco, en Pichanal, el Bermejo recibe aportes de aguas residuales de Aguas Blancas, San Ramón de la Nueva Orán, Hipólito Yrigoyen y Embarcación. A través del sistema del río San Francisco se suman efluentes domiciliarios, industriales y agrícolas de otros municipios de Salta y Jujuy. Los técnicos de Recursos Hídricos remarcaron que los sistemas de tratamiento de Aguas Blancas y de la ciudad de Orán "se encuentran fuera de servicio y, en función a la información remitida por Aguas del Norte en respuesta a nuestro requerimiento, están pendientes obras de reparación y ampliación, por lo que dichos efluentes son vertidos sin tratamiento alguno".
Aguas Blancas
Los registros bacteriológicos expresados en las tablas gráficas del informe evidencian un acentuado impacto de las descargas cloacales crudas de Aguas Blancas y la vecina población fronteriza de Bermejo.
A dos kilómetros aguas abajo del puente internacional se midieron concentraciones de coliformes fecales que superan en 50 veces el valor guía fijado para la protección de la vida acuática. En coliformes totales, se registraron niveles hasta 1.000 veces más altos.
Las muestras que se tomaron aguas abajo de la localidad de Aguas Blancas y la fronteriza localidad de Bermejo también arrojaron concentraciones de amoníaco de hasta 4 miligramos por litro (mg/l), un valor que triplica el límite establecido por las normas nacionales.
En nitritos, otro claro indicador de contaminación con aguas residuales e industriales, se midieron valores de hasta 0,8 mg/l. La ley nacional de residuos peligrosos fija un máximo de 0,06 mg/l para la preservación de la vida acuática. Una amplía bibliografía científica advierte que valores de nitritos por encima de 0,1 mg/l, dependiendo del PH de las aguas, son tóxicos y se consideran un impedimento para el desarrollo de la vida piscícola.
Las mediciones en Orán
A la altura de Pozo Sarmiento, el Bermejo recibe los efluentes cloacales de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán. Allí los parámetros de contaminación asociados a la serie del nitrógeno, la cantidad de materia orgánica y el oxígeno disuelto son más bajos que en Aguas Blancas, debido a los caudales que aportan el río Pescado y otros cursos tributarios.
Sin embargo, la presencia de los aportes cloacales de la segunda ciudad más poblada de la provincia se manifiesta en una alta carga bacteriana. En el citado punto de muestreos se registraron concentraciones de coliformes fecales 40 veces más elevados que el valor guía de la legislación vigente y niveles de coliformes totales 50 veces mayores.
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Fecha de Publicación: 13/12/2018
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Norte
Un informe oficial, emitido tras la última mortandad de peces, agrandó las dudas. Los coliformes fecales superan todos los límites y hay niveles tóxicos de nitritos.
El pasado 27 de septiembre pobladores ribereños de Embarcación y Pichanal se encontraron con cientos de surubíes, dorados, bagres y sábalos muertos en el Bermejo por causas que aún no fueron aclaradas con rigor científico.
Sin consuelo ni respuestas, pescadores de Salta y Jujuy apuntaron en las redes sociales contra la vinaza, un desecho de la destilación del alcohol de caña que consume el oxígeno del agua y que tiene abierto un delicado conflicto entre Santiago del Estero y Tucumán por los estragos causados en la ictiofauna del sistema hídrico Salí-Dulce.
Rápidamente, Industrias Tabacal sacó un comunicado en el que aclaró que aportó a organismos competentes "información y muestras correspondientes al canal de ingreso y la compuerta de salida de la fábrica, obtenidas días previos al suceso mencionado, cuyos valores se encuentran dentro de los parámetros de la normativa vigente".
Siete años atrás, en septiembre de 2011, sus efluentes industriales ya habían sido señalados como supuesta causal de otra masiva mortandad de peces que movió actuaciones tanto en Salta como en Tarija (Bolivia). También por aquellos días el ingenio oranense había desmentido el supuesto impacto de sus vinazas y, poco después, el comité de frontera de Aguas Blancas y Bermejo apuntó a una empresa minera de Bolivia como presunta responsable. La Secretaría de Ambiente de la Provincia anunció entonces que, ni bien se completaran los análisis químicos, emitiría un informe concluyente que nunca salió. En siete años nada se supo de las muestras que se colectaron en el mismo tramo del Bermejo que ahora ocupa al Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).
"Falta de oxígeno"
El pasado 2 de octubre, el director Ejecutivo de la Agencia de Protección Ambiental, Ignacio Goytia, manifestó en los medios que ese organismo había descartado varias hipótesis, entre las que se incluía la posible contaminación con desechos de la industria sucro-alcoholera. Sin evidencias determinantes, el funcionario dijo que la mortandad de peces pudo deberse a una combinación de "altas temperaturas", "bajos caudales" y "falta de oxígeno" en el agua. Goytia aclaró, no obstante, que aguardaría los resultados de los análisis de laboratorio para confirmar o revisar la teoría.
Días después, ante un pedido de informes de Diputados, el Programa de Monitoreo Hídrico de la Provincia comenzó a preparar la contestación al requerimiento legislativo. El informe técnico fue elevado el 23 de octubre al secretario de Recursos Hídricos, Oscar Dean, y en la misma semana llegó a la Cámara Baja. Quizás por la complejidad de sus gráficos témporo-espaciales, o por la dificultosa interpretación de los parámetros expuestos, el informe quedó confinado en un escritorio y su contenido recién pudo conocerse días atrás.
Son 21 carillas que exponen diferentes indicadores de la crónica degradación ambiental que presenta el río Bermejo, fundamentalmente por las aguas residuales que recibe sin adecuado tratamiento, o directamente crudas, desde la cuenca superior tarijeña hasta Pichanal.
En el informe hay detalles que llaman la atención. En sus registros la continuidad de los muestreos realizados desde Aguas Blancas hasta la desembocadura del río San Francisco solo se evidencia desde 2012 hasta 2015. No hay una sola mención de análisis físicos, químicos y bacteriológicos que se hayan realizado durante 2016. De 2017 y 2018 solo hay dos referencias muy puntuales y con indicadores aislados.
Aún así, el informe deja ver el impacto de los efluentes cloacales, agrícolas e industriales de Bermejo y otras poblaciones de Tarija (Bolivia), Aguas Blancas, San Ramón de la Nueva Orán, Hipólito Yrigoyen, Embarcación y Pichanal.
En el tramo salteño de 160 kilómetros que se extiende desde Aguas Blancas hasta la desembocadura del río San Francisco, en Pichanal, el Bermejo recibe aportes de aguas residuales de Aguas Blancas, San Ramón de la Nueva Orán, Hipólito Yrigoyen y Embarcación. A través del sistema del río San Francisco se suman efluentes domiciliarios, industriales y agrícolas de otros municipios de Salta y Jujuy. Los técnicos de Recursos Hídricos remarcaron que los sistemas de tratamiento de Aguas Blancas y de la ciudad de Orán "se encuentran fuera de servicio y, en función a la información remitida por Aguas del Norte en respuesta a nuestro requerimiento, están pendientes obras de reparación y ampliación, por lo que dichos efluentes son vertidos sin tratamiento alguno".
Aguas Blancas
Los registros bacteriológicos expresados en las tablas gráficas del informe evidencian un acentuado impacto de las descargas cloacales crudas de Aguas Blancas y la vecina población fronteriza de Bermejo.
A dos kilómetros aguas abajo del puente internacional se midieron concentraciones de coliformes fecales que superan en 50 veces el valor guía fijado para la protección de la vida acuática. En coliformes totales, se registraron niveles hasta 1.000 veces más altos.
Las muestras que se tomaron aguas abajo de la localidad de Aguas Blancas y la fronteriza localidad de Bermejo también arrojaron concentraciones de amoníaco de hasta 4 miligramos por litro (mg/l), un valor que triplica el límite establecido por las normas nacionales.
En nitritos, otro claro indicador de contaminación con aguas residuales e industriales, se midieron valores de hasta 0,8 mg/l. La ley nacional de residuos peligrosos fija un máximo de 0,06 mg/l para la preservación de la vida acuática. Una amplía bibliografía científica advierte que valores de nitritos por encima de 0,1 mg/l, dependiendo del PH de las aguas, son tóxicos y se consideran un impedimento para el desarrollo de la vida piscícola.
Las mediciones en Orán
A la altura de Pozo Sarmiento, el Bermejo recibe los efluentes cloacales de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán. Allí los parámetros de contaminación asociados a la serie del nitrógeno, la cantidad de materia orgánica y el oxígeno disuelto son más bajos que en Aguas Blancas, debido a los caudales que aportan el río Pescado y otros cursos tributarios.
Sin embargo, la presencia de los aportes cloacales de la segunda ciudad más poblada de la provincia se manifiesta en una alta carga bacteriana. En el citado punto de muestreos se registraron concentraciones de coliformes fecales 40 veces más elevados que el valor guía de la legislación vigente y niveles de coliformes totales 50 veces mayores.
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Quieren los tucanes de nuevo en Tucumán
Buscan que los tucanes vuelen nuevamente en los cielos tucumanos
Fecha de Publicación: 13/12/2018
Fuente: El Tucumano
Provincia/Región: Tucumán
Un proyecto se propone a reintroducir esta especie que desapareció de la provincia durante la década del ochenta. Desde hace algunos años, se lo comenzó a ver esporádicamente en algunas zonas. Ahora, dos universidades y una dependencia pública trabajan para que vuelva.
Un grupo de especialistas trabajará en el proyecto “Retorno del Tucán grande a Tucumán”. La especie desapareció de la provincia en la década del ochenta y desde hace algunos años, se realizaron avistamientos esporádicos. Este viernes, se firmó un convenio para poner en marcha su reinserción en el ecosistema tucumano.
Este tipo de ave se consideraba casi extinto en la provincia a raíz de que es una especie muy buscada como mascota y, además, gran parte de su hábitat se perdió por el avance de la frontera agropecuaria, pero esa situación podría revertirse en un futuro cercano. Un convenio entre la Universidad de San Pablo T, la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional (UNT), la Dirección de Flora y Fauna Silvestre de la Provincia y la Secretaría de Desarrollo Productivo pondrá en marcha el primer proyecto de reintroducción de una especie de fauna silvestre en Tucumán y el NOA.
Juan Pablo Julliá, director de la Reserva San Pablo y de la de Horco Molle, explicó que el tucán desapareció a mediados de la década del 80 y reapareció en el 2010 en el Valle de la Sala y en Villa Nougués. "Desde entonces se lo ve esporádicamente y lo venimos siguiendo. Con este convenio trabajamos para devolverlo a las selvas tucumanas”, explicó.
Una de las principales amenazas contra esta y otras especies es el comercio de especies exóticas, que está tercera en el ranking de actividades ilícitas a nivel mundial. Por eso, uno de los puntos del proyecto contempla la lucha contra este tipo de prácticas.
Álvaro Simón Padrós, titular de la Secretaría de Desarrollo Productivo, señaló: “Hace poco hicimos el secuestro de varias jaulas con aves y la investigación la hizo la Policía Federal. Tal vez no tenemos los recursos para hacer la investigación y ahí hay que pedir la colaboración de la sociedad porque preservar la fauna silvestre debería ser una responsabilidad de toda la sociedad”. “Una de las maneras de preservar la fauna hoy es involucrándose, haciendo la denuncia y ahí el Estado comienza a funcionar”, agregó.
En ese sentido, Julliá explicó que el proyecto también prevé rescatar a los tucanes que están en manos de privados o en el circuito de tráficos. La intención es recuperarlos y devolverlos a la naturaleza en las sierras de San Javier.
Recursos humanos de Tucumán
El decano de la Facultad de Ciencias Naturales, Hugo Fernández, señaló que la apertura de las tareas de traer especies que se perdieron a la provincia se lleva adelante con profesionales de formados en la UNT. “Las hacemos con personal nuestro, son tucumanos formados en la Facultad de Ciencias Naturales de Tucumán. Es un orgullo que nuestros profesionales estén trabajando en proyectos de esta magnitud”, celebró.
Por su parte, Catalina Lonac, presidenta de la Fundación para el Desarrollo, destacó que se trabaje conjuntamente por este objetivo. “Tenemos que tener una mirada holística hacia la palabra desarrollo. No puede darse un desarrollo donde la naturaleza vaya en contra. A través de este proyecto, los tucumanos empezamos a caminar definitivamente todos juntos de la mano hacia un verdadero desarrollo", reflexionó.
Denunciá la venta ilegal
“Esta también es una oportunidad de educación ambiental, de generar sensibilización por lo que significa el trafico de fauna. Porque hay que saber que de las aves que se vende en los comercios, mueren entre 8 y 9 en el proceso de captura, traslado y comercialización”, advirtió Juliá.
Además, en esta época, el comercio ilegal de estas especies se incrementa. Desde el área de Fauna Silvestre de la Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos, que pertenece a la Secretaría de Estado de Desarrollo Productivo, solicitan que la población se abstenga de comprar las aves. Piden, además, que la población denunciar la venta en la vía pública. Para comunicarse con el Área de Fauna Silvestre, dirigirse a Córdoba 1.039, en San Miguel de Tucumán, o llamar al (0381) 4218150 – interno 118.
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Fecha de Publicación: 13/12/2018
Fuente: El Tucumano
Provincia/Región: Tucumán
Un proyecto se propone a reintroducir esta especie que desapareció de la provincia durante la década del ochenta. Desde hace algunos años, se lo comenzó a ver esporádicamente en algunas zonas. Ahora, dos universidades y una dependencia pública trabajan para que vuelva.
Un grupo de especialistas trabajará en el proyecto “Retorno del Tucán grande a Tucumán”. La especie desapareció de la provincia en la década del ochenta y desde hace algunos años, se realizaron avistamientos esporádicos. Este viernes, se firmó un convenio para poner en marcha su reinserción en el ecosistema tucumano.
Este tipo de ave se consideraba casi extinto en la provincia a raíz de que es una especie muy buscada como mascota y, además, gran parte de su hábitat se perdió por el avance de la frontera agropecuaria, pero esa situación podría revertirse en un futuro cercano. Un convenio entre la Universidad de San Pablo T, la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional (UNT), la Dirección de Flora y Fauna Silvestre de la Provincia y la Secretaría de Desarrollo Productivo pondrá en marcha el primer proyecto de reintroducción de una especie de fauna silvestre en Tucumán y el NOA.
Juan Pablo Julliá, director de la Reserva San Pablo y de la de Horco Molle, explicó que el tucán desapareció a mediados de la década del 80 y reapareció en el 2010 en el Valle de la Sala y en Villa Nougués. "Desde entonces se lo ve esporádicamente y lo venimos siguiendo. Con este convenio trabajamos para devolverlo a las selvas tucumanas”, explicó.
Una de las principales amenazas contra esta y otras especies es el comercio de especies exóticas, que está tercera en el ranking de actividades ilícitas a nivel mundial. Por eso, uno de los puntos del proyecto contempla la lucha contra este tipo de prácticas.
Álvaro Simón Padrós, titular de la Secretaría de Desarrollo Productivo, señaló: “Hace poco hicimos el secuestro de varias jaulas con aves y la investigación la hizo la Policía Federal. Tal vez no tenemos los recursos para hacer la investigación y ahí hay que pedir la colaboración de la sociedad porque preservar la fauna silvestre debería ser una responsabilidad de toda la sociedad”. “Una de las maneras de preservar la fauna hoy es involucrándose, haciendo la denuncia y ahí el Estado comienza a funcionar”, agregó.
En ese sentido, Julliá explicó que el proyecto también prevé rescatar a los tucanes que están en manos de privados o en el circuito de tráficos. La intención es recuperarlos y devolverlos a la naturaleza en las sierras de San Javier.
Recursos humanos de Tucumán
El decano de la Facultad de Ciencias Naturales, Hugo Fernández, señaló que la apertura de las tareas de traer especies que se perdieron a la provincia se lleva adelante con profesionales de formados en la UNT. “Las hacemos con personal nuestro, son tucumanos formados en la Facultad de Ciencias Naturales de Tucumán. Es un orgullo que nuestros profesionales estén trabajando en proyectos de esta magnitud”, celebró.
Por su parte, Catalina Lonac, presidenta de la Fundación para el Desarrollo, destacó que se trabaje conjuntamente por este objetivo. “Tenemos que tener una mirada holística hacia la palabra desarrollo. No puede darse un desarrollo donde la naturaleza vaya en contra. A través de este proyecto, los tucumanos empezamos a caminar definitivamente todos juntos de la mano hacia un verdadero desarrollo", reflexionó.
Denunciá la venta ilegal
“Esta también es una oportunidad de educación ambiental, de generar sensibilización por lo que significa el trafico de fauna. Porque hay que saber que de las aves que se vende en los comercios, mueren entre 8 y 9 en el proceso de captura, traslado y comercialización”, advirtió Juliá.
Además, en esta época, el comercio ilegal de estas especies se incrementa. Desde el área de Fauna Silvestre de la Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos, que pertenece a la Secretaría de Estado de Desarrollo Productivo, solicitan que la población se abstenga de comprar las aves. Piden, además, que la población denunciar la venta en la vía pública. Para comunicarse con el Área de Fauna Silvestre, dirigirse a Córdoba 1.039, en San Miguel de Tucumán, o llamar al (0381) 4218150 – interno 118.
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Acumar pasa al Ministerio del Interior
La Acumar quedará dentro de la órbita del Ministerio del Interior
Fecha de Publicación: 13/12/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
La Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) quedará en los próximos días dentro de la órbita del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, que conduce Rogelio Frigerio, adelantaron fuentes oficiales a *LA NACION*.
La decisión se hará efectiva en los próximos días a través de un DNU que firmará el presidente Mauricio Macri, que hasta ahora había permitido que el Ministerio de Ambiente tuviera injerencia.
La decisión del Presidente tendrá alto impacto político durante el año electoral. La Acumar mantiene una estrecha relación con 14 municipios del conurbano bonaerense que integran el consejo municipal del organismo.
El Ministerio del Interior, que tendrá ahora intervención directa en el organismo, tiene un amplio presupuesto para la construcción de viviendas y cloacas a lo largo de toda la provincia de Buenos Aires.
Desde el oficialismo remarcaron que, con este cambio, el Gobierno quiere "mejorar la eficiencia en la gestión del organismo y su coordinación con otras áreas para llevar adelante el plan de obras de expansión de la red de agua potable y saneamiento cloacal de los vecinos que viven a la vera del Riachuelo".
Pero en el Ejecutivo todavía no confirmaron quién será el próximo titular del organismo que en algún momento condujo la actual senadora Gladys González.
En la Casa Rosada, además, se hicieron eco de las críticas que recibe el organismo. Durante la última audiencia pública, celebrada en marzo, el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, sostuvo que la
Acumar no mostró avances significativos en la normalización de la cuenca.
El máximo tribunal creó el organismo justamente para solucionar los problemas de contaminación en 2006 y todavía monitorea lo que sucede en el organismo mediante la intervención de jueces.
El Ministerio del Interior también absorbe AySA, la empresa estatal de aguas, que tiene en marcha una megaobra de ingeniería sanitaria que mejorará los desagües cloacales de 4,3 millones de personas.
El saneamiento del Riachuelo sufrió en los últimos meses una complicación inesperada. Varias de las empresas que trabajaban con Acumar están complicadas en la causa judicial conocida como " los cuadernos de las coimas
Tal como publicó *LA NACION*, el juez federal Sergio Torres advirtió que no se están cumpliendo los plazos de avance previstos y pidió informes al Gobierno para saber cómo "garantizarán la continuación de las obras". Detalló además las causas penales y comerciales que complican a cada una de las empresas involucradas.
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Fecha de Publicación: 13/12/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
La Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) quedará en los próximos días dentro de la órbita del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, que conduce Rogelio Frigerio, adelantaron fuentes oficiales a *LA NACION*.
La decisión se hará efectiva en los próximos días a través de un DNU que firmará el presidente Mauricio Macri, que hasta ahora había permitido que el Ministerio de Ambiente tuviera injerencia.
La decisión del Presidente tendrá alto impacto político durante el año electoral. La Acumar mantiene una estrecha relación con 14 municipios del conurbano bonaerense que integran el consejo municipal del organismo.
El Ministerio del Interior, que tendrá ahora intervención directa en el organismo, tiene un amplio presupuesto para la construcción de viviendas y cloacas a lo largo de toda la provincia de Buenos Aires.
Desde el oficialismo remarcaron que, con este cambio, el Gobierno quiere "mejorar la eficiencia en la gestión del organismo y su coordinación con otras áreas para llevar adelante el plan de obras de expansión de la red de agua potable y saneamiento cloacal de los vecinos que viven a la vera del Riachuelo".
Pero en el Ejecutivo todavía no confirmaron quién será el próximo titular del organismo que en algún momento condujo la actual senadora Gladys González.
En la Casa Rosada, además, se hicieron eco de las críticas que recibe el organismo. Durante la última audiencia pública, celebrada en marzo, el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, sostuvo que la
Acumar no mostró avances significativos en la normalización de la cuenca.
El máximo tribunal creó el organismo justamente para solucionar los problemas de contaminación en 2006 y todavía monitorea lo que sucede en el organismo mediante la intervención de jueces.
El Ministerio del Interior también absorbe AySA, la empresa estatal de aguas, que tiene en marcha una megaobra de ingeniería sanitaria que mejorará los desagües cloacales de 4,3 millones de personas.
El saneamiento del Riachuelo sufrió en los últimos meses una complicación inesperada. Varias de las empresas que trabajaban con Acumar están complicadas en la causa judicial conocida como " los cuadernos de las coimas
Tal como publicó *LA NACION*, el juez federal Sergio Torres advirtió que no se están cumpliendo los plazos de avance previstos y pidió informes al Gobierno para saber cómo "garantizarán la continuación de las obras". Detalló además las causas penales y comerciales que complican a cada una de las empresas involucradas.
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Sierra Pintada podría ser remediada luego de décadas de olvido
Comienza el saneamiento de Sierra Pintada: puede durar 10 años
Fecha de Publicación: 12/12/2018
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
El Gobierno convocó a audiencia pública para comenzar el proceso de saneamiento del complejo Sierra Pintada, que tiene toneladas de residuos contaminantes. Usarán sustancias prohibidas por la 7722, pero no para producir sino para remediar. El proceso podría durar hasta una década.
Los pasivos dejados por el complejo fabril Sierra Pintada, de donde se producía uranio, es uno de los problemas ambientales más graves de Mendoza y el peor antecedente de la minería. Ahora se avanza en el proceso para sanear esos residuos contaminantes y para ello el Gobierno detonó el mecanismo para emitir la Declaración de Impacto Ambiental del proceso que debe llevar adelante la Comisión Nacional de Energía Atómica. El dato trascendente es que para ejecutar el proceso es necesario emular el proceso industrial por el cual se producía uranio y usar algunas de las sustancias que están prohibidas por la ley 7722, como el ácido sulfúrico. El proceso estimado de saneamiento completo puede durar hasta una década.
Ese proceso es uno de los desafíos ambientales más importantes que tiene Mendoza. Y tras un larguísimo proceso, se convocó a audiencia pública para ejecutarlo. En realidad es el segundo intento, pues hace una década se inició un camino similar y fracasó. Ahora se buscó consenso legal con la justicia y se convocó a una nueva audiencia para el 9 de enero.
La clave para ejecutar el proceso usando ácido sulfúrico es que la ley 7722 prohíbe el uso de sustancias para los procesos de exploración y explotación minera, pero no para el saneamiento de pasivos ambientales. Antes, se determinó el orden de prioridades según el riesgo de la basura acumulada. “En base a lo requerido y atendiendo a los potenciales riesgos de los pasivos ambientales sin gestionar, productos de las actividades mineras y del proceso productivo de concentrado de uranio, acuerda y coincide con el orden de prioridad establecido para la gestión de los mismos y sugiere el tratamiento y gestión inmediata de los pasivos ambientales como agua de cantera y residuos sólidos de disposición transitoria”, cita la resolución de la Dirección de Protección Ambiental que convoca a la audiencia. En ese sentido, aseguran que los procedimientos propuestos son “técnicamente factibles”.
La basura
Tras el cese de la actividad en Sierra Pintada quedaron abandonados los pasivos ambientales del proceso que se realizaba, pero también otros provenientes de Córdoba. Los residuos sólidos provienen de la concentración de dióxido de Uranio y están ubicados en trincheras construidas con de material proveniente de las colas solidas resultantes del procesamiento del mineral de Uranio en la planta. Pero además existen 5223 tambores equivalentes a 1.067 tn de precipitados húmedos. Los tambores fueron trasladados entre 1995 y 2000 desde la planta de Dioxitex, en Córdoba.
Las colas del proceso de producción es otro de los residuos peligrosos. Es material finamente particulado proveniente del uranio tratado en la planta, proveniente de la lixiviación con ácido sulfúrico. El total hay 1.056.162 m2 de ese material. Esas colas de mineral no fueron neutralizadas, ni cubiertas con material inerte por lo que “existe posibilidad de afectación de cursos de agua”. El agua de cantera tiene alta conductividad contienen metales pesados, con contenido de uranio superior al admisible.
Las prioridades son tratar el agua de cantera y los residuos sólidos. Luego las colas de tratamiento, los minerales de tratamiento.
Cómo se hará
El agua de cantera contiene radio, uranio y arsénico. Con el tratamiento se busca eliminar esos compuestos bajando su concentración a valores inferiores a los establecidos por las normas. Para el tratamiento se transporta el agua a cisternas de depósito, se circula el líquido a través de Resina de Intercambio Iónico que fija el Uranio. Las columnas de resinas saturadas de Uranio se lavan con solución acida. El precipitado conteniendo uranio se centrifuga, se extrusa y se seca. El efluente se trata con Sulfato férrico y Sulfato de Aluminio para precipitar el Arsénico y Radon como Sulfatos Se tratan aproximadamente 100.000 litros por año.
El tratamiento de los residuos sólidos es más complejo. Primero se realiza la apertura de los tachos, se hace un triple lavado (con agua de cantera). El agua de lavado se trata y se envía a diques de evaporación. Luego se diluye el uranio contenido en los sólidos con ácido sulfúrico (se usa en la solución agua de cantera); se decanta y se extrae el líquido conteniendo Uranio. Se trata el líquido a través de Resina de Intercambio Ionico que fija el Uranio. Se prevé extraer por año 2140 kg de Uranio
Los intentos anteriores para sanear el problema se bloquearon por la desconfianza de la comunidad de San Rafael. Es que el plan original del Ejecutivo nacional (con Néstor Kirchner como presidente) era reabrir la planta para volver a producir uranio. Esa idea era parte del plan nuclear, por el cual buscaban potenciar la energía atómica, producir uranio en Argentina y dejar de importar. Pero la reapertura de la mina encontró fuerte resistencia. Por eso el Gobierno separó los procesos y determinó, con comunicación a la CNEA, que debían sanearse los pasivos sin que ello implique la reactivación de la producción.
Desde el Gobierno aseguran que el proceso previo se demoró más de lo esperado, pero que para ellos es prioritario sanear esos pasivos por el riesgo potencial que tienen para el ambiente.
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Fecha de Publicación: 12/12/2018
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
El Gobierno convocó a audiencia pública para comenzar el proceso de saneamiento del complejo Sierra Pintada, que tiene toneladas de residuos contaminantes. Usarán sustancias prohibidas por la 7722, pero no para producir sino para remediar. El proceso podría durar hasta una década.
Los pasivos dejados por el complejo fabril Sierra Pintada, de donde se producía uranio, es uno de los problemas ambientales más graves de Mendoza y el peor antecedente de la minería. Ahora se avanza en el proceso para sanear esos residuos contaminantes y para ello el Gobierno detonó el mecanismo para emitir la Declaración de Impacto Ambiental del proceso que debe llevar adelante la Comisión Nacional de Energía Atómica. El dato trascendente es que para ejecutar el proceso es necesario emular el proceso industrial por el cual se producía uranio y usar algunas de las sustancias que están prohibidas por la ley 7722, como el ácido sulfúrico. El proceso estimado de saneamiento completo puede durar hasta una década.
Ese proceso es uno de los desafíos ambientales más importantes que tiene Mendoza. Y tras un larguísimo proceso, se convocó a audiencia pública para ejecutarlo. En realidad es el segundo intento, pues hace una década se inició un camino similar y fracasó. Ahora se buscó consenso legal con la justicia y se convocó a una nueva audiencia para el 9 de enero.
La clave para ejecutar el proceso usando ácido sulfúrico es que la ley 7722 prohíbe el uso de sustancias para los procesos de exploración y explotación minera, pero no para el saneamiento de pasivos ambientales. Antes, se determinó el orden de prioridades según el riesgo de la basura acumulada. “En base a lo requerido y atendiendo a los potenciales riesgos de los pasivos ambientales sin gestionar, productos de las actividades mineras y del proceso productivo de concentrado de uranio, acuerda y coincide con el orden de prioridad establecido para la gestión de los mismos y sugiere el tratamiento y gestión inmediata de los pasivos ambientales como agua de cantera y residuos sólidos de disposición transitoria”, cita la resolución de la Dirección de Protección Ambiental que convoca a la audiencia. En ese sentido, aseguran que los procedimientos propuestos son “técnicamente factibles”.
La basura
Tras el cese de la actividad en Sierra Pintada quedaron abandonados los pasivos ambientales del proceso que se realizaba, pero también otros provenientes de Córdoba. Los residuos sólidos provienen de la concentración de dióxido de Uranio y están ubicados en trincheras construidas con de material proveniente de las colas solidas resultantes del procesamiento del mineral de Uranio en la planta. Pero además existen 5223 tambores equivalentes a 1.067 tn de precipitados húmedos. Los tambores fueron trasladados entre 1995 y 2000 desde la planta de Dioxitex, en Córdoba.
Las colas del proceso de producción es otro de los residuos peligrosos. Es material finamente particulado proveniente del uranio tratado en la planta, proveniente de la lixiviación con ácido sulfúrico. El total hay 1.056.162 m2 de ese material. Esas colas de mineral no fueron neutralizadas, ni cubiertas con material inerte por lo que “existe posibilidad de afectación de cursos de agua”. El agua de cantera tiene alta conductividad contienen metales pesados, con contenido de uranio superior al admisible.
Las prioridades son tratar el agua de cantera y los residuos sólidos. Luego las colas de tratamiento, los minerales de tratamiento.
Cómo se hará
El agua de cantera contiene radio, uranio y arsénico. Con el tratamiento se busca eliminar esos compuestos bajando su concentración a valores inferiores a los establecidos por las normas. Para el tratamiento se transporta el agua a cisternas de depósito, se circula el líquido a través de Resina de Intercambio Iónico que fija el Uranio. Las columnas de resinas saturadas de Uranio se lavan con solución acida. El precipitado conteniendo uranio se centrifuga, se extrusa y se seca. El efluente se trata con Sulfato férrico y Sulfato de Aluminio para precipitar el Arsénico y Radon como Sulfatos Se tratan aproximadamente 100.000 litros por año.
El tratamiento de los residuos sólidos es más complejo. Primero se realiza la apertura de los tachos, se hace un triple lavado (con agua de cantera). El agua de lavado se trata y se envía a diques de evaporación. Luego se diluye el uranio contenido en los sólidos con ácido sulfúrico (se usa en la solución agua de cantera); se decanta y se extrae el líquido conteniendo Uranio. Se trata el líquido a través de Resina de Intercambio Ionico que fija el Uranio. Se prevé extraer por año 2140 kg de Uranio
Los intentos anteriores para sanear el problema se bloquearon por la desconfianza de la comunidad de San Rafael. Es que el plan original del Ejecutivo nacional (con Néstor Kirchner como presidente) era reabrir la planta para volver a producir uranio. Esa idea era parte del plan nuclear, por el cual buscaban potenciar la energía atómica, producir uranio en Argentina y dejar de importar. Pero la reapertura de la mina encontró fuerte resistencia. Por eso el Gobierno separó los procesos y determinó, con comunicación a la CNEA, que debían sanearse los pasivos sin que ello implique la reactivación de la producción.
Desde el Gobierno aseguran que el proceso previo se demoró más de lo esperado, pero que para ellos es prioritario sanear esos pasivos por el riesgo potencial que tienen para el ambiente.
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contaminación,
energía nuclear,
legislación y derecho ambiental,
Mendoza,
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Misiones: varios procedimientos por desmontes
Ecología y Gendarmería frenan desmontes en varios puntos de la provincia
Fecha de Publicación: 12/12/2018
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
En sucesivos y coordinados procedimientos realizados en conjunto por el Ministerio de Ecología y RNR de Misiones, a través de la Dirección General de Bosques Nativos y Dirección de Control Forestal, y la Gendarmería Nacional, Escuadrón XII de Irigoyen y San Pedro, se detectó actividad en incumplimiento a la normativa ambiental vigente en lotes varios ubicados municipios de San Pedro y de Bernardo de Irigoyen.
Así el pasado Lunes 3 de diciembre, se detectó un área de acopio de material forestal nativo, con una planchada sin autorización vigente, de 218 rollos de especies varias, con un volumen de 174, 73 m3, decomisándose un Camión Marca Fiat 673, sobre el cual se encontraron otros 11 rollizos con un total de 10 m3, asimismo también se procedió al decomiso de un zanello color naranja sin número de identificación, todo sobre el Lote 1-B Sección IX, Col. San Pedro.
El día Martes 4, en un lote lindante al Escuadrón 12 de Gendarmería de Bernardo de Irigoyen se detectó un rozado de 6 has. Sin autorización, que incluye apeo de araucaria angustifolia, entre otras especies nativas totalizando 7,08 m3, se cauciona una motosierra y una motoarrastradora Marca Pollack.
El día Miércoles 5, en el marco de un plan de aprovechamiento sobre Ruta 18, se detecta actividad en área no habilitada por obrajero no autorizado, se caucionan motosierra y motoarrastradora que se deja en depósito en la Comisaría de Irigoyen, se decomisan 22 rollos de especies varias.
Esto se concreta en el marco de la profundización de los trabajos de control y fiscalización de bosque nativo llevados adelante por la cartera ecológica, utilizando nuevas tecnologías de teledetección, que permiten contar con información casi en tiempo real sobre desmonte no autorizado, así como también mediante la utilización de las líneas de contacto directo con el ciudadano, “Ecología te Escucha”, además del apoyo e inteligencia de la Gendarmería y de la Policía provincial. El material forestal decomisado fue dejado en depósito de los titulares de los lotes mientras que los infractores fueron puestos a disposición de la justicia, mientras se continúa con los sumarios ambientales respectivos.
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Fecha de Publicación: 12/12/2018
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
En sucesivos y coordinados procedimientos realizados en conjunto por el Ministerio de Ecología y RNR de Misiones, a través de la Dirección General de Bosques Nativos y Dirección de Control Forestal, y la Gendarmería Nacional, Escuadrón XII de Irigoyen y San Pedro, se detectó actividad en incumplimiento a la normativa ambiental vigente en lotes varios ubicados municipios de San Pedro y de Bernardo de Irigoyen.
Así el pasado Lunes 3 de diciembre, se detectó un área de acopio de material forestal nativo, con una planchada sin autorización vigente, de 218 rollos de especies varias, con un volumen de 174, 73 m3, decomisándose un Camión Marca Fiat 673, sobre el cual se encontraron otros 11 rollizos con un total de 10 m3, asimismo también se procedió al decomiso de un zanello color naranja sin número de identificación, todo sobre el Lote 1-B Sección IX, Col. San Pedro.
El día Martes 4, en un lote lindante al Escuadrón 12 de Gendarmería de Bernardo de Irigoyen se detectó un rozado de 6 has. Sin autorización, que incluye apeo de araucaria angustifolia, entre otras especies nativas totalizando 7,08 m3, se cauciona una motosierra y una motoarrastradora Marca Pollack.
El día Miércoles 5, en el marco de un plan de aprovechamiento sobre Ruta 18, se detecta actividad en área no habilitada por obrajero no autorizado, se caucionan motosierra y motoarrastradora que se deja en depósito en la Comisaría de Irigoyen, se decomisan 22 rollos de especies varias.
Esto se concreta en el marco de la profundización de los trabajos de control y fiscalización de bosque nativo llevados adelante por la cartera ecológica, utilizando nuevas tecnologías de teledetección, que permiten contar con información casi en tiempo real sobre desmonte no autorizado, así como también mediante la utilización de las líneas de contacto directo con el ciudadano, “Ecología te Escucha”, además del apoyo e inteligencia de la Gendarmería y de la Policía provincial. El material forestal decomisado fue dejado en depósito de los titulares de los lotes mientras que los infractores fueron puestos a disposición de la justicia, mientras se continúa con los sumarios ambientales respectivos.
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Empresas sustentables beneficiadas con un proyecto de ley
Avanza en el Congreso ley para legalizar empresas sustentables
Fecha de Publicación: 12/12/2018
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional
Se trata de la ley de empresas BIC, un proyecto que brinda reconocimiento legal a las empresas de triple impacto. Buscan que se apruebe en una semana en el Senado.
En sesiones extraordinarias y a días de perder estado parlamentario, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley que le brindará reconocimiento legal a las empresas de triple impacto, es decir organizaciones que además de redito económico se ocupan del medio ambiente y el bienestar social.
El Ejecutivo acompañó un proyecto de ley gestado por Sistema B y ASEA (Asociación de Emprendedores Argentinos) que reconoce jurídicamente a las empresas de Beneficios e Interés Colectivo (BIC).La iniciativa tuvo dictamen en la Comisión de Legislación General en junio de 2017, pero recién 18 meses después llegó al recinto. El año pasado también entró el temario de extraordinarias pero no fue tratada.
Las empresas de triple impacto se desempeñan como organizaciones sin fines de lucro, pero ahora serán reconocidas legalmente al incorporar a la ley de Sociedades Comerciales. “Esta es una gran ley y es volver a apoyar a los emprendedores y darles el lugar que necesitan”, explica a ámbito.com Ezequiel Calcarami presidente de ASEA y amplia: “Ademásreconoce a aquellos emprendimientos que no solo tienen un impacto económico sino también un impacto social o ambiental”.
La iniciativa se aprobó por 117 votos aportados por Cambiemos, el justicialismo y el Frente Renovador, mientras que el kirchnerismo y la izquierda reunieron 36 sufragios por la negativa. La oposición dijo que la norma “atrasa” porque plantea beneficios impositivos.
En ese sentido, Soledad Noel, abogada miembro de Sistema B Argentina y del Grupo Jurídico B desmiente esa apreciación al tiempo que recuerda que el proyecto no habla de exenciones impositivas. En su lugar valora:“Esta sanción significa de 117 diputados de distintos partidos políticos vieron este proyecto una ley que genera valor, ese es el mensaje más relevante”.
Durante el debate el presidente de la comisión de Legislación General, Daniel Lipovetzky, destacó que "en la Argentina ya existen muchas empresas de este tipo que buscan cuidar el medio ambiente, pero es necesario otorgarle un marco legal".
La expectativa está puesta ahora en el Senado, tanto de Sistema B como de ASEA apuntan a que la ley salga este año y ya comenzaron las conversaciones informarles en la Cámara alta. “Tenemos una semana para fortalecer la articulación con los senadores y ya tenemos vínculo en las diferentes provincias. Ahora se viene la batalla en el Senado”, advierte Noel.
Por su parte Calcarami reiteró: “Estamos muy contentos y confiados de que va a salir. Esperamos que sea la semana que viene”.
El proyecto establece que serán empresas de Beneficios e Interés Colectivo las "sociedades constituidas conforme a alguno de los tipos previstos en la Ley General de Sociedades".
Además establece que para convertirse en una empresa de triple impacto, "las sociedades existentes deberán incorporar a su estatuto o contrato social las previsiones que se detallan en la presente ley e inscribir las modificaciones en el registro público respectivo".
Estas empresas deben incluir en el contrato social "el impacto social, ambiental, positivo y verificable que se obligan a generar" y contar con el respaldo del 75% de los socios con derechos a voto.
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Fecha de Publicación: 12/12/2018
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional
Se trata de la ley de empresas BIC, un proyecto que brinda reconocimiento legal a las empresas de triple impacto. Buscan que se apruebe en una semana en el Senado.
En sesiones extraordinarias y a días de perder estado parlamentario, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley que le brindará reconocimiento legal a las empresas de triple impacto, es decir organizaciones que además de redito económico se ocupan del medio ambiente y el bienestar social.
El Ejecutivo acompañó un proyecto de ley gestado por Sistema B y ASEA (Asociación de Emprendedores Argentinos) que reconoce jurídicamente a las empresas de Beneficios e Interés Colectivo (BIC).La iniciativa tuvo dictamen en la Comisión de Legislación General en junio de 2017, pero recién 18 meses después llegó al recinto. El año pasado también entró el temario de extraordinarias pero no fue tratada.
Las empresas de triple impacto se desempeñan como organizaciones sin fines de lucro, pero ahora serán reconocidas legalmente al incorporar a la ley de Sociedades Comerciales. “Esta es una gran ley y es volver a apoyar a los emprendedores y darles el lugar que necesitan”, explica a ámbito.com Ezequiel Calcarami presidente de ASEA y amplia: “Ademásreconoce a aquellos emprendimientos que no solo tienen un impacto económico sino también un impacto social o ambiental”.
La iniciativa se aprobó por 117 votos aportados por Cambiemos, el justicialismo y el Frente Renovador, mientras que el kirchnerismo y la izquierda reunieron 36 sufragios por la negativa. La oposición dijo que la norma “atrasa” porque plantea beneficios impositivos.
En ese sentido, Soledad Noel, abogada miembro de Sistema B Argentina y del Grupo Jurídico B desmiente esa apreciación al tiempo que recuerda que el proyecto no habla de exenciones impositivas. En su lugar valora:“Esta sanción significa de 117 diputados de distintos partidos políticos vieron este proyecto una ley que genera valor, ese es el mensaje más relevante”.
Durante el debate el presidente de la comisión de Legislación General, Daniel Lipovetzky, destacó que "en la Argentina ya existen muchas empresas de este tipo que buscan cuidar el medio ambiente, pero es necesario otorgarle un marco legal".
La expectativa está puesta ahora en el Senado, tanto de Sistema B como de ASEA apuntan a que la ley salga este año y ya comenzaron las conversaciones informarles en la Cámara alta. “Tenemos una semana para fortalecer la articulación con los senadores y ya tenemos vínculo en las diferentes provincias. Ahora se viene la batalla en el Senado”, advierte Noel.
Por su parte Calcarami reiteró: “Estamos muy contentos y confiados de que va a salir. Esperamos que sea la semana que viene”.
El proyecto establece que serán empresas de Beneficios e Interés Colectivo las "sociedades constituidas conforme a alguno de los tipos previstos en la Ley General de Sociedades".
Además establece que para convertirse en una empresa de triple impacto, "las sociedades existentes deberán incorporar a su estatuto o contrato social las previsiones que se detallan en la presente ley e inscribir las modificaciones en el registro público respectivo".
Estas empresas deben incluir en el contrato social "el impacto social, ambiental, positivo y verificable que se obligan a generar" y contar con el respaldo del 75% de los socios con derechos a voto.
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Modificación de la 7.722 en la incertidumbre
Los proyectos para modificar la Ley antiminera quedaron estancados
Fecha de Publicación: 11/12/2018
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza
Aseguran que están siendo estudiados pero esta semana los legisladores ni siquiera se reunieron
Parte del peronismo y del resto de la oposición frenaron los proyectos para modificar la Ley 7.722, conocida como antiminera, y estos podría no llegar a tratarse antes de fin de año.
Si bien no dan la discusión por terminada, los legisladores Alejandro Abraham (UC) y Juan Antonio Agulles (PJ), los autores de los proyectos con los que se pensaba reactivar el tema de minería, confirmaron que ayer no se pudieron firmar los despachos de ambas iniciativas, en las tres comisiones que las estudian: Legislación y Asuntos Constitucionales, Ambiente e Hidrocarburos.
Los legisladores se venían juntando todos los jueves en la mañana, esta semana la reunión se suspendió.
"Los dictámenes están listos, pero los legisladores los están estudiando", manifestó Agulles.
El senador Marcelo Romano (PI) quien es un férreo contrincante de la minería, aseguró: "El proyecto está en manos del gobierno, Alfredo Cornejo es un cobarde que no quiere dar la cara y decir que apoya la actividad minera".
Ahora, el desafío para el oficialismo y para ambos legisladores es intentar sacarlo adelante antes de fin de año, ya que el 2019 es electoral y ambos proyectos se pueden mezclar con lo electoral.
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Fecha de Publicación: 11/12/2018
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza
Aseguran que están siendo estudiados pero esta semana los legisladores ni siquiera se reunieron
Parte del peronismo y del resto de la oposición frenaron los proyectos para modificar la Ley 7.722, conocida como antiminera, y estos podría no llegar a tratarse antes de fin de año.
Si bien no dan la discusión por terminada, los legisladores Alejandro Abraham (UC) y Juan Antonio Agulles (PJ), los autores de los proyectos con los que se pensaba reactivar el tema de minería, confirmaron que ayer no se pudieron firmar los despachos de ambas iniciativas, en las tres comisiones que las estudian: Legislación y Asuntos Constitucionales, Ambiente e Hidrocarburos.
Los legisladores se venían juntando todos los jueves en la mañana, esta semana la reunión se suspendió.
"Los dictámenes están listos, pero los legisladores los están estudiando", manifestó Agulles.
El senador Marcelo Romano (PI) quien es un férreo contrincante de la minería, aseguró: "El proyecto está en manos del gobierno, Alfredo Cornejo es un cobarde que no quiere dar la cara y decir que apoya la actividad minera".
Ahora, el desafío para el oficialismo y para ambos legisladores es intentar sacarlo adelante antes de fin de año, ya que el 2019 es electoral y ambos proyectos se pueden mezclar con lo electoral.
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La "Liga Bioenergética" rechazan nuevos impuestos
Provincias productoras de biocombustibles insisten en rechazar el impuesto de Iguacel
Fecha de Publicación: 11/12/2018
Fuente: Bae Negocios
Provincia/Región: Nacional
Hoy, pasado el mediodía, las provincias productoras de biocombustibles conformadas en la Liga Bioenergética recibirán al secretario de Energía, Javier Iguacel, tras la decisión del funcionario de dar marcha atrás con su idea de aplicar impuestos al biodiésel y bioetanol en su mezcla con la nafta en el Congreso. Los gobernadores dejarán en claro que, de ninguna forma, aceptarán el arancel y pedirán que sea para los combustibles fósiles.
Fuentes de Energía no quisieron responder si volverán a la carga con el impuesto, pero destacaron que "la medida es buena" y que "el lobby de provincias como Tucumán impiden el progreso".
La idea de Iguacel en su momento era la de imponer vía ley, un impuesto para el bioetanol del 74% del monto pagado por las naftas. Mientras que el biodiésel llegaba al 92% en su mezcla con el gasoil.
Al respecto y en diálogo con BAE Negocios, el ministro de la Producción, Luis Fernández, aclaró que rechaza de plano el impuesto. "Eso es algo que se debe hacer con los fósiles, que son los que contaminan dióxido a la atmósfera y no pagan por ello", dijo.
Fernández agregó: "Como no se hacen los Consejos Federales de Energía -algo que sucedía antes-, no sabemos cuál es la política del Gobierno respecto de los biocombustibles".
Por lo pronto, la llegada de dos ex directores ligados al petróleo y el gas deja en claro el objetivo del Gobierno. Ayer en el portal web de Energía se podía leer la siguiente leyenda: "Fomentamos el desarrollo del petróleo y el gas, pilares de nuestra matriz energética".
Pasada algunas horas, el error fue subsanado luego de las críticas del propio sector de biocombustibles por la siguiente frase: "Aseguramos el abastecimiento de energía para un país en desarrollo".
Mal comienzo para el secretario Iguacel en lo que se considera hoy la primera reunión con la Liga. Y más aún si busca un consenso para insistir con el impuesto. La opción de que el mismo sea coparticipable no es mal visto por algunas provincias.
Desde la industria y el Parlamento reconocieron que hay una intensión por parte del Ejecutivo de volver a la carga con el tema, pero se busca que el mismo no sea tan perjudicial para el sector. La idea es incluirlo en las sesiones extraordinarias, por eso el acercamiento de Iguacel con la Liga.
Esta vez el Ejecutivo impulsará el proyecto desde la Comisión de Presupuesto y Hacienda, considerando que la de Energía está presidida por el FPV.
En definitiva, no se entiende lo que pasa puertas adentro del Gobierno. Un ejemplo de esto es que en el marco del G20, "Argentina firmó el acuerdo de París, para cumplirlo", dijo el secretario de Ambiente, Sergio Bergman. El mismo, como se sabe, habla de la decisión de 195 países que acordaron combatir el cambio climático e impulsar medidas e inversiones para un futuro bajo en emisiones de carbono, resiliente y sostenible.
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Fecha de Publicación: 11/12/2018
Fuente: Bae Negocios
Provincia/Región: Nacional
Hoy, pasado el mediodía, las provincias productoras de biocombustibles conformadas en la Liga Bioenergética recibirán al secretario de Energía, Javier Iguacel, tras la decisión del funcionario de dar marcha atrás con su idea de aplicar impuestos al biodiésel y bioetanol en su mezcla con la nafta en el Congreso. Los gobernadores dejarán en claro que, de ninguna forma, aceptarán el arancel y pedirán que sea para los combustibles fósiles.
Fuentes de Energía no quisieron responder si volverán a la carga con el impuesto, pero destacaron que "la medida es buena" y que "el lobby de provincias como Tucumán impiden el progreso".
La idea de Iguacel en su momento era la de imponer vía ley, un impuesto para el bioetanol del 74% del monto pagado por las naftas. Mientras que el biodiésel llegaba al 92% en su mezcla con el gasoil.
Al respecto y en diálogo con BAE Negocios, el ministro de la Producción, Luis Fernández, aclaró que rechaza de plano el impuesto. "Eso es algo que se debe hacer con los fósiles, que son los que contaminan dióxido a la atmósfera y no pagan por ello", dijo.
Fernández agregó: "Como no se hacen los Consejos Federales de Energía -algo que sucedía antes-, no sabemos cuál es la política del Gobierno respecto de los biocombustibles".
Por lo pronto, la llegada de dos ex directores ligados al petróleo y el gas deja en claro el objetivo del Gobierno. Ayer en el portal web de Energía se podía leer la siguiente leyenda: "Fomentamos el desarrollo del petróleo y el gas, pilares de nuestra matriz energética".
Pasada algunas horas, el error fue subsanado luego de las críticas del propio sector de biocombustibles por la siguiente frase: "Aseguramos el abastecimiento de energía para un país en desarrollo".
Mal comienzo para el secretario Iguacel en lo que se considera hoy la primera reunión con la Liga. Y más aún si busca un consenso para insistir con el impuesto. La opción de que el mismo sea coparticipable no es mal visto por algunas provincias.
Desde la industria y el Parlamento reconocieron que hay una intensión por parte del Ejecutivo de volver a la carga con el tema, pero se busca que el mismo no sea tan perjudicial para el sector. La idea es incluirlo en las sesiones extraordinarias, por eso el acercamiento de Iguacel con la Liga.
Esta vez el Ejecutivo impulsará el proyecto desde la Comisión de Presupuesto y Hacienda, considerando que la de Energía está presidida por el FPV.
En definitiva, no se entiende lo que pasa puertas adentro del Gobierno. Un ejemplo de esto es que en el marco del G20, "Argentina firmó el acuerdo de París, para cumplirlo", dijo el secretario de Ambiente, Sergio Bergman. El mismo, como se sabe, habla de la decisión de 195 países que acordaron combatir el cambio climático e impulsar medidas e inversiones para un futuro bajo en emisiones de carbono, resiliente y sostenible.
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Las amenazas a los bosques nativos de Tucumán
“No tenemos topadoras que desmontan pero hay acciones hormiga de miles de tucumanos”
Fecha de Publicación: 11/12/2018
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Las principales amenazas que enfrentan los bosques nativos son la falta de un ordenamiento territorial, los countries y el avance la frontera agrícola.
¿Alcanzaremos los tucumanos los objetivos de desarrollo sustentable?
“En Tucumán no hay grandes topadoras desmontando miles de hectáreas de bosques. Pero hay acciones hormiga de miles de tucumanos, como los empresarios inmobiliarios y agropecuarios o los enduristas. Y ese desmonte es el más difícil de detectar”. Fernando Korstanje no tiene pelos en la lengua para decir, delante de unas 50 personas, que el “desordenamiento” territorial, los countries y los cultivos han arrasado con los bosques nativos.
Lo dice, pese a que a él le cabe parte de la responsabilidad de morigerar esa situación. Korstanje es uno de los artífices de la actualización de la Ley Provincial de Bosques (8.304), que en unos meses saldrá a la luz. Durante años, trabajó con comunidades rurales para la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Alimentación y la Agricultura, (FAO, por sus siglas en inglés). Ese antecedente puede que le haya valido su contrato en la subdirección de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, que es la dependencia que debe poner los mapas al día.
“Lo mejor que tiene Tucumán son sus bosques. Por lejos, podríamos explotar el turismo sustentable. La Casa Histórica pasaría a ser un detalle, si lográsemos esa transformación”, ironiza. La semana pasada, Korstanje fue uno de los disertantes de un seminario sobre transición forestal.
En su exposición, hizo una instrospección respecto de ese proceso de actualización, que se inició en agosto pasado. Contó que, desde entonces, se llevaron a cabo 33 talleres de participación ciudadana, con productores agropecuarios, constructoras, deportistas y comunidades indígenas, entre otros grupos.
A esa etapa le sucederá una audiencia pública, en la que presentarán las conclusiones de los sondeos sectoriales y el nuevo mapa de bosques.
“La mayoría de los participantes planteó la necesidad de un ordenamiento territorial integral: ‘no me vengan a hablar de bosques, únicamente. Aquí necesitamos un ordenamiento para los bosques; para el crecimiento urbano; para los márgenes de los ríos; para los basurales; para las rutas que cortan pendientes; para las cloacas...’”, cuenta que expresaron los entrevistados.
- ¿Qué cree que Tucumán debería incrementar: su vocación conservacionista o “productivista”?
- Más del 50 % de las personas que respondieron a esas encuestas pidió que se aumente la vocación conservacionista. Hoy, una de las principales amenazas que enfrentan los bosques es la falta de orden en el territorio. Luego podríamos hablar de la expansión de los countries, del aprovechamiento silvopastoril, del descuido en estas áreas protegidas, de la agricultura en las riberas y de la usurpación de las tierras, en ese orden.
- ¿Qué opinan los representantes del sector productivo?
- Hubo mucho empuje de los sectores forestal y productivo para hacer intervenciones sustentables en las zonas de bosques nativos. Ellos han planteado que se puede conseguir una gestión sostenible y, al mismo tiempo, aumentar la producción agrícola. Se trata, dijeron, de ver al bosque como una oportunidad productiva; de salir del esquema de bosque cerrado.
- ¿A usted le gusta esa idea?
- Tengo dudas. Pienso que los bosques están para ser disfrutados... por mucho tiempo. Cada vez que hemos integrado la ganadería, hemos tenido malas experiencias. En general, eso ha significado un desmonte a cuentagotas: como las vacas pisotean y mastican los pastos, no crecen árboles.
- La ley nacional que protege los bosques ha cumplido 11 años. ¿Cree que ha habido resultados concretos contra la frontera agrícola?
- Sí. Aunque no hemos logrado recuperar ninguna de las hectáreas que han sido arrasadas por la soja, se ha logrado frenar el desmonte. La tasa de deforestación ha descendido con respecto al ritmo que tenía antes de la sanción de la ley. Un par de años atrás, se sembraba soja hasta en las banquinas.
- ¿Cuál será el eje de la actualización a nivel provincial?
- La nueva ley revalidará la existente; revalidará el actual ordenamiento de bosques. Queremos salvar lo que ha sobrevivido en las pendientes de las montañas. En las llanuras, en cambio, casi no quedan bosques. Para ello, además de ratificar el texto vigente tenemos que poner énfasis en la protección de los bordes de los ríos.
- ¿Por qué les adjudica importancia a las riberas?
- Los bosques son las paredes de los ríos. Si no se protegen esos sectores, se producen desbordes e inundaciones, como los que hemos visto. En Tucumán, la ley exige 57 metros de retiro. Pero si se mira un mapa de Google, se advierte que los pequeños productores, especialmente los cañeros, están al lado de los ríos. Hay que dejar los bordes libres.
- ¿La ayuda de los satélites es una oportunidad para salvar los árboles?
- Las imágenes satelitales son imprescindibles. Hoy contamos con información de organismos internacionales que generan mapas de alertas en tiempo real.
- Muchos bosques se encuentran habitados por comunidades indígenas. Es tema de discusión determinar dominio y tenencia.
- Creo que las comunidades originarias son las que mejor pueden conservar los bosques, si se las capacita. Según la ONU, los territorios que habitan los pueblos nativos sufren menos deforestación que otros.
- Se oye como un contexto difícil para la toma de decisiones.
- Sin dudas. La protección de los bosques enfrenta, de modo permanente, el derecho privado con el derecho colectivo. Hay gente que tiene fincas enteras dentro de bosques protegidos. A ellos habría que ofrecerles subsidios para reforestación. En medio de esa tensión permanente, lo que debe primar es el futuro de las generaciones. Nadie tiene el dominio absoluto de su propiedad. Hasta los derechos retroactivos están siendo discutidos.
- Se han hecho desmontes bajo el razonamiento de que, cuando un bosque cuenta con especies invasoras, como el ligustro, deja de ser nativo. Y por ende, no puede ser puesto bajo protección.
- Un bosque natural, aunque cuente con ligustros o con otras especies invasoras, sigue siendo un bosque. Y si se encuentra dentro de las categorías roja o amarilla de zonificación, más todavía: no puede sacarse ningún árbol. Hay que frenar el avance desde el cerro y hacia el cerro. Hoy se encuentra carcomido.
Zonificación
A fines de 2007, Argentina aprobó su Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (26.331). Fue reglamentada en febrero de 2009, tras el reclamo que por aquel entonces hicieron más de 70 organizaciones sociales y ecologistas.
La ley establece que las provincias deben realizar el ordenamiento territorial de sus bosques nativos (OTBN) a través de un proceso participativo, y cada cinco años. También categoriza los usos posibles para las tierras boscosas: desde la conservación hasta la posibilidad de transformación para la agricultura, pasando por el uso sustentable. Así las cosas, zonifica los bosques de la siguiente manera:
- Rojo: sectores de muy alto valor de conservación, que no deben desmontarse. Tienen que mantenerse como bosques para siempre. Se incluyen las reservas naturales (y áreas circundantes) y las cuencas hídricas de importancia.
- Amarillo: sectores de alto o medio valor de conservación, que pueden estar degradados y que podrían ser restaurados. Estas áreas no pueden desmontarse, pero podrían ser sometidas a algunos usos.
- Verde: sectores de bajo valor de conservación que pueden transformarse, tras una evaluación de impacto ambiental.
Un aspecto importante de la normativa es que se conformó un fondo nacional para la conservación de los bosques nativos, con el objetivo de compensar a las jurisdicciones que se ocupan de sus árboles. Este mecanismo se enmarca en la concepción de que el ordenamiento territorial por sí solo pierde sentido; necesita de políticas activas.
Al tratarse de recursos finitos, estos fondos pueden direccionarse a algunas áreas en desmedro de otras. “Cuando presentemos las conclusiones de los talleres, diremos que los consultados indicaron que ese dinero debería emplearse para la protección de las áreas protegidas, de las riberas y de las comunidades indígenas”, concluye Korstanje.
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Fecha de Publicación: 11/12/2018
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Las principales amenazas que enfrentan los bosques nativos son la falta de un ordenamiento territorial, los countries y el avance la frontera agrícola.
¿Alcanzaremos los tucumanos los objetivos de desarrollo sustentable?
“En Tucumán no hay grandes topadoras desmontando miles de hectáreas de bosques. Pero hay acciones hormiga de miles de tucumanos, como los empresarios inmobiliarios y agropecuarios o los enduristas. Y ese desmonte es el más difícil de detectar”. Fernando Korstanje no tiene pelos en la lengua para decir, delante de unas 50 personas, que el “desordenamiento” territorial, los countries y los cultivos han arrasado con los bosques nativos.
Lo dice, pese a que a él le cabe parte de la responsabilidad de morigerar esa situación. Korstanje es uno de los artífices de la actualización de la Ley Provincial de Bosques (8.304), que en unos meses saldrá a la luz. Durante años, trabajó con comunidades rurales para la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Alimentación y la Agricultura, (FAO, por sus siglas en inglés). Ese antecedente puede que le haya valido su contrato en la subdirección de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, que es la dependencia que debe poner los mapas al día.
“Lo mejor que tiene Tucumán son sus bosques. Por lejos, podríamos explotar el turismo sustentable. La Casa Histórica pasaría a ser un detalle, si lográsemos esa transformación”, ironiza. La semana pasada, Korstanje fue uno de los disertantes de un seminario sobre transición forestal.
En su exposición, hizo una instrospección respecto de ese proceso de actualización, que se inició en agosto pasado. Contó que, desde entonces, se llevaron a cabo 33 talleres de participación ciudadana, con productores agropecuarios, constructoras, deportistas y comunidades indígenas, entre otros grupos.
A esa etapa le sucederá una audiencia pública, en la que presentarán las conclusiones de los sondeos sectoriales y el nuevo mapa de bosques.
“La mayoría de los participantes planteó la necesidad de un ordenamiento territorial integral: ‘no me vengan a hablar de bosques, únicamente. Aquí necesitamos un ordenamiento para los bosques; para el crecimiento urbano; para los márgenes de los ríos; para los basurales; para las rutas que cortan pendientes; para las cloacas...’”, cuenta que expresaron los entrevistados.
- ¿Qué cree que Tucumán debería incrementar: su vocación conservacionista o “productivista”?
- Más del 50 % de las personas que respondieron a esas encuestas pidió que se aumente la vocación conservacionista. Hoy, una de las principales amenazas que enfrentan los bosques es la falta de orden en el territorio. Luego podríamos hablar de la expansión de los countries, del aprovechamiento silvopastoril, del descuido en estas áreas protegidas, de la agricultura en las riberas y de la usurpación de las tierras, en ese orden.
- ¿Qué opinan los representantes del sector productivo?
- Hubo mucho empuje de los sectores forestal y productivo para hacer intervenciones sustentables en las zonas de bosques nativos. Ellos han planteado que se puede conseguir una gestión sostenible y, al mismo tiempo, aumentar la producción agrícola. Se trata, dijeron, de ver al bosque como una oportunidad productiva; de salir del esquema de bosque cerrado.
- ¿A usted le gusta esa idea?
- Tengo dudas. Pienso que los bosques están para ser disfrutados... por mucho tiempo. Cada vez que hemos integrado la ganadería, hemos tenido malas experiencias. En general, eso ha significado un desmonte a cuentagotas: como las vacas pisotean y mastican los pastos, no crecen árboles.
- La ley nacional que protege los bosques ha cumplido 11 años. ¿Cree que ha habido resultados concretos contra la frontera agrícola?
- Sí. Aunque no hemos logrado recuperar ninguna de las hectáreas que han sido arrasadas por la soja, se ha logrado frenar el desmonte. La tasa de deforestación ha descendido con respecto al ritmo que tenía antes de la sanción de la ley. Un par de años atrás, se sembraba soja hasta en las banquinas.
- ¿Cuál será el eje de la actualización a nivel provincial?
- La nueva ley revalidará la existente; revalidará el actual ordenamiento de bosques. Queremos salvar lo que ha sobrevivido en las pendientes de las montañas. En las llanuras, en cambio, casi no quedan bosques. Para ello, además de ratificar el texto vigente tenemos que poner énfasis en la protección de los bordes de los ríos.
- ¿Por qué les adjudica importancia a las riberas?
- Los bosques son las paredes de los ríos. Si no se protegen esos sectores, se producen desbordes e inundaciones, como los que hemos visto. En Tucumán, la ley exige 57 metros de retiro. Pero si se mira un mapa de Google, se advierte que los pequeños productores, especialmente los cañeros, están al lado de los ríos. Hay que dejar los bordes libres.
- ¿La ayuda de los satélites es una oportunidad para salvar los árboles?
- Las imágenes satelitales son imprescindibles. Hoy contamos con información de organismos internacionales que generan mapas de alertas en tiempo real.
- Muchos bosques se encuentran habitados por comunidades indígenas. Es tema de discusión determinar dominio y tenencia.
- Creo que las comunidades originarias son las que mejor pueden conservar los bosques, si se las capacita. Según la ONU, los territorios que habitan los pueblos nativos sufren menos deforestación que otros.
- Se oye como un contexto difícil para la toma de decisiones.
- Sin dudas. La protección de los bosques enfrenta, de modo permanente, el derecho privado con el derecho colectivo. Hay gente que tiene fincas enteras dentro de bosques protegidos. A ellos habría que ofrecerles subsidios para reforestación. En medio de esa tensión permanente, lo que debe primar es el futuro de las generaciones. Nadie tiene el dominio absoluto de su propiedad. Hasta los derechos retroactivos están siendo discutidos.
- Se han hecho desmontes bajo el razonamiento de que, cuando un bosque cuenta con especies invasoras, como el ligustro, deja de ser nativo. Y por ende, no puede ser puesto bajo protección.
- Un bosque natural, aunque cuente con ligustros o con otras especies invasoras, sigue siendo un bosque. Y si se encuentra dentro de las categorías roja o amarilla de zonificación, más todavía: no puede sacarse ningún árbol. Hay que frenar el avance desde el cerro y hacia el cerro. Hoy se encuentra carcomido.
Zonificación
A fines de 2007, Argentina aprobó su Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (26.331). Fue reglamentada en febrero de 2009, tras el reclamo que por aquel entonces hicieron más de 70 organizaciones sociales y ecologistas.
La ley establece que las provincias deben realizar el ordenamiento territorial de sus bosques nativos (OTBN) a través de un proceso participativo, y cada cinco años. También categoriza los usos posibles para las tierras boscosas: desde la conservación hasta la posibilidad de transformación para la agricultura, pasando por el uso sustentable. Así las cosas, zonifica los bosques de la siguiente manera:
- Rojo: sectores de muy alto valor de conservación, que no deben desmontarse. Tienen que mantenerse como bosques para siempre. Se incluyen las reservas naturales (y áreas circundantes) y las cuencas hídricas de importancia.
- Amarillo: sectores de alto o medio valor de conservación, que pueden estar degradados y que podrían ser restaurados. Estas áreas no pueden desmontarse, pero podrían ser sometidas a algunos usos.
- Verde: sectores de bajo valor de conservación que pueden transformarse, tras una evaluación de impacto ambiental.
Un aspecto importante de la normativa es que se conformó un fondo nacional para la conservación de los bosques nativos, con el objetivo de compensar a las jurisdicciones que se ocupan de sus árboles. Este mecanismo se enmarca en la concepción de que el ordenamiento territorial por sí solo pierde sentido; necesita de políticas activas.
Al tratarse de recursos finitos, estos fondos pueden direccionarse a algunas áreas en desmedro de otras. “Cuando presentemos las conclusiones de los talleres, diremos que los consultados indicaron que ese dinero debería emplearse para la protección de las áreas protegidas, de las riberas y de las comunidades indígenas”, concluye Korstanje.
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El Parque Nacional Iberá se convirtió en ley
El Parque Nacional Iberá es Ley
Fecha de Publicación: 10/12/2018
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Corrientes
La norma sancionada busca proteger los recursos naturales y culturales de los esteros correntinos. Además, obtuvo media sanción el proyecto de creación de dos nuevas áreas marinas protegidas.
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que conduce Sergio Bergman, celebra la creación del Parque y Reserva Nacional Iberá, en Corrientes, que se convirtió en ley durante la jornada legislativa de hoy, en la que, a su vez, se dio media sanción para las áreas marinas protegidas Yaganes y Namuncurá – Banco Burdwood II.
“Uno de los objetivos del Gobierno nacional es duplicar la superficie de áreas protegidas, tema que encabeza la Secretaría de Ambiente y la Administración de Parques Nacionales (APN) en coordinación con el Consejo Federal de Medio Ambiente y otras áreas de gobierno. Esto se inscribe en el marco del compromiso que asumió el presidente Mauricio Macri de ampliar dicha superficie durante su mandato”, aseguró Bergman.
La norma nacional sancionada constituye formalmente el Parque y Reserva Nacional Iberá para proteger los recursos naturales y culturales de los esteros correntinos, tras la cesión de la jurisdicción ambiental de las tierras por parte del Estado provincial a la Administración de Parques Nacionales (APN). Esto fue posible mediante la aprobación de la Legislatura correntina a través de la Ley N.° 6384 aprobada en 2016.
El Congreso de la Nación brinda así el marco normativo al proceso de traspaso de las unidades operativas que Conservation Land Trust (CLT) donó al Estado nacional. En este contexto, la APN tomó posesión de los núcleos Cambyretá, en 2016, y San Nicolás, en 2017, mientras que recientemente comenzó el proceso de donación del portal Laguna Iberá. La conformación final del área protegida continuará con la incorporación de un núcleo operativo más para completar las 157 mil hectáreas del Parque Nacional Iberá. Asimismo, la ley aprobada contempla la protección de aproximadamente 23 mil hectáreas más bajo la categoría de Reserva Nacional.
Los Esteros del Iberá, además de representar uno de los humedales más importantes del país, albergan una enorme diversidad de vida silvestre, incluyendo especies con un frágil estado de conservación como el ciervo de los pantanos, el venado de las pampas, el aguará guazú y una amplia variedad de aves.
La creación del Parque Nacional Iberá había obtenido media sanción por unanimidad en la Cámara alta el 18 de abril último. Así, al proyecto de “cesión del dominio eminente y de la jurisdicción efectuada por la provincia de Corrientes al Estado nacional para la creación del Parque y Reserva Nacional Iberá” solo le restaba el aval de Diputados.
Luego de que el Gobierno nacional oficializó el tratamiento de este y otros proyectos mediante el Decreto 1087/2018, por el cual el presidente Mauricio Macri convocó al Congreso a sesiones extraordinarias, la Cámara baja aprobó y convirtió en ley la creación de la nueva área natural protegida.
Áreas marinas protegidas
Durante la sesión en Diputados también se dio tratamiento y consiguió media sanción el proyecto de Ley por el cual se crean las áreas marinas protegidas "Namuncurá — Banco Burdwood II" y "Yaganes", ubicadas en la Zona Económica Exclusiva del espacio marítimo argentino.
La creación de las mismas permitirá poner en funcionamiento el Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas, fortaleciendo la conservación de espacios marítimos estratégicos, la protección de especies amenazadas y atendiendo su conectividad, vulnerabilidad y características únicas.
Al respecto, Javier García Espil, director nacional de la Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos, explicó: “El proyecto de ley es el resultado de un largo proceso de construcción de consensos entre todos los sectores que realizan actividades en el mar Argentino”. A su vez indicó que “a partir de la identificación de las áreas de mayor valor de conservación, por su biodiversidad, se analizaron cuestiones que hacen al interés científico, turístico, pesquero, energético, del transporte, la defensa, la seguridad y las relaciones exteriores”.
La incorporación de estas reservas aportará más de 100 mil km2 a la superficie marina protegida, constituyendo el primer paso para lograr la protección del 10 % de los espacios marítimos argentinos, según lo previsto en el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 asumido por las partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Para convertirse en ley, la iniciativa deberá ser aprobada por la Cámara de Senadores.
Dichas áreas están ubicadas en la Zona Económica Exclusiva Argentina y constituyen sitios de importancia para la cría y desove de peces de alto valor comercial: Yaganes sumará a la protección marina costera cerca de 69 mil km2, mientras que Namuncurá–Banco Burdwood II abarcará más de 32 mil km2.
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Fecha de Publicación: 10/12/2018
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Corrientes
La norma sancionada busca proteger los recursos naturales y culturales de los esteros correntinos. Además, obtuvo media sanción el proyecto de creación de dos nuevas áreas marinas protegidas.
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que conduce Sergio Bergman, celebra la creación del Parque y Reserva Nacional Iberá, en Corrientes, que se convirtió en ley durante la jornada legislativa de hoy, en la que, a su vez, se dio media sanción para las áreas marinas protegidas Yaganes y Namuncurá – Banco Burdwood II.
“Uno de los objetivos del Gobierno nacional es duplicar la superficie de áreas protegidas, tema que encabeza la Secretaría de Ambiente y la Administración de Parques Nacionales (APN) en coordinación con el Consejo Federal de Medio Ambiente y otras áreas de gobierno. Esto se inscribe en el marco del compromiso que asumió el presidente Mauricio Macri de ampliar dicha superficie durante su mandato”, aseguró Bergman.
La norma nacional sancionada constituye formalmente el Parque y Reserva Nacional Iberá para proteger los recursos naturales y culturales de los esteros correntinos, tras la cesión de la jurisdicción ambiental de las tierras por parte del Estado provincial a la Administración de Parques Nacionales (APN). Esto fue posible mediante la aprobación de la Legislatura correntina a través de la Ley N.° 6384 aprobada en 2016.
El Congreso de la Nación brinda así el marco normativo al proceso de traspaso de las unidades operativas que Conservation Land Trust (CLT) donó al Estado nacional. En este contexto, la APN tomó posesión de los núcleos Cambyretá, en 2016, y San Nicolás, en 2017, mientras que recientemente comenzó el proceso de donación del portal Laguna Iberá. La conformación final del área protegida continuará con la incorporación de un núcleo operativo más para completar las 157 mil hectáreas del Parque Nacional Iberá. Asimismo, la ley aprobada contempla la protección de aproximadamente 23 mil hectáreas más bajo la categoría de Reserva Nacional.
Los Esteros del Iberá, además de representar uno de los humedales más importantes del país, albergan una enorme diversidad de vida silvestre, incluyendo especies con un frágil estado de conservación como el ciervo de los pantanos, el venado de las pampas, el aguará guazú y una amplia variedad de aves.
La creación del Parque Nacional Iberá había obtenido media sanción por unanimidad en la Cámara alta el 18 de abril último. Así, al proyecto de “cesión del dominio eminente y de la jurisdicción efectuada por la provincia de Corrientes al Estado nacional para la creación del Parque y Reserva Nacional Iberá” solo le restaba el aval de Diputados.
Luego de que el Gobierno nacional oficializó el tratamiento de este y otros proyectos mediante el Decreto 1087/2018, por el cual el presidente Mauricio Macri convocó al Congreso a sesiones extraordinarias, la Cámara baja aprobó y convirtió en ley la creación de la nueva área natural protegida.
Áreas marinas protegidas
Durante la sesión en Diputados también se dio tratamiento y consiguió media sanción el proyecto de Ley por el cual se crean las áreas marinas protegidas "Namuncurá — Banco Burdwood II" y "Yaganes", ubicadas en la Zona Económica Exclusiva del espacio marítimo argentino.
La creación de las mismas permitirá poner en funcionamiento el Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas, fortaleciendo la conservación de espacios marítimos estratégicos, la protección de especies amenazadas y atendiendo su conectividad, vulnerabilidad y características únicas.
Al respecto, Javier García Espil, director nacional de la Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos, explicó: “El proyecto de ley es el resultado de un largo proceso de construcción de consensos entre todos los sectores que realizan actividades en el mar Argentino”. A su vez indicó que “a partir de la identificación de las áreas de mayor valor de conservación, por su biodiversidad, se analizaron cuestiones que hacen al interés científico, turístico, pesquero, energético, del transporte, la defensa, la seguridad y las relaciones exteriores”.
La incorporación de estas reservas aportará más de 100 mil km2 a la superficie marina protegida, constituyendo el primer paso para lograr la protección del 10 % de los espacios marítimos argentinos, según lo previsto en el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 asumido por las partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Para convertirse en ley, la iniciativa deberá ser aprobada por la Cámara de Senadores.
Dichas áreas están ubicadas en la Zona Económica Exclusiva Argentina y constituyen sitios de importancia para la cría y desove de peces de alto valor comercial: Yaganes sumará a la protección marina costera cerca de 69 mil km2, mientras que Namuncurá–Banco Burdwood II abarcará más de 32 mil km2.
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Malas perspectivas para el biodiesel argentino en Europa
Europa vuelve a cerrar sus fronteras al biodiesel argentino
Fecha de Publicación: 10/12/2018
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional
Tras las quejas de los productores europeos, un informe oficial recomienda elevar los aranceles hasta el 33%, lo que implica el cierre de hecho del mercado. Está sujeto a la aprobación de los Estados miembro. Fuerte golpe a la política de libre comercio que impulsa el gobierno de Mauricio Macri.
La prédica del gobierno nacional de que Argentina debe abrirse al mundo y recibir las importaciones sin trabas ya que ello implicará un incremento de las exportaciones, recibió un duro golpe cuando trascendió que la Comisión Europea recomendará a los países de la Unión la adopción de un arancel de entre el 25% y el 33,4% para las compras de biodiesel argentino.
Si bien aún no salió la decisión final del órgano Ejecutivo de la UE, se espera que la propuesta de la Comisión Europea avance dados los antecedentes en la materia.
“Aunque esto aún require de la confirmación de los Estados miembro, esta es una buena noticia para la industria”, dijo a la agencia Reuters Kristell Guizouarn, titular de la Junta Europea de Biodiesel.
"Sobre la base de las conclusiones alcanzadas por la Comisión (...) debería imponerse un derecho compensatorio definitivo para evitar la materialización de la inminente amenaza de importante daño causado a la industria de la Unión por las importaciones subvencionadas", dijo la Comisión en su recomendación.
Según el informe de la Comisión Europea, los embarques masivos de biodiesel argentino “amenazan la industria” continental de biocombustibles. El reporte fue el resultado de una investigación reclamada por productores de biocombustibles de la UE, quienes aseguran haber sido impactados por las importaciones del producto argentino desde que la Unión redujo los aranceles que impone al producto argentino tras una resolución de la Organización Mundial de Comercio (OMC), y que por ello debieron recortar su producción.
Según Reuters, la recomendación de la Comisión es no aplicar tarifas en forma provisoria en septiembre e ir hacia tarifas permanentes a partir de enero próximo.
La UE considera que la producción de biodiesel está subsidiada en la Argentina porque los productores pagan menos derechos por la exportación de biodiesel que por la de porotos.
Sin embargo, esa política cambió desde julio y prevé una confluencia entre ambos impuestos hacia diciembre de 2019.
A la industria argentina de biodiesel se le presenta un escenario muy pesimista. El mercado de los Estados Unidos se cerró a principios de año cuando la administración de Donald Trump impuso tarifas de hasta el 72% a las importaciones del producto desde la Argentina. Ahora la UE se suma con esta tanda de aranceles.
Según Gustavo Idígoras, director del Centro de Estudios de Sistema Agroalimentario de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, “la Argentina no tiene subsidios a la soja ni a la harina, menos al aceite y mucho menos al biodiesel, pero debe lidiar con un mundo altamente proteccionista y subsidiado”.
El experto señala que los países importadores impulsan las compras de poroto de soja o, en el mejor de los casos, de aceite de soja, que es la base para la producción del biodiesel. “perder exportaciones de biodiesel es confirmar la victoria del proteccionismo de los países compradores”, señala.
Agrega que “la existencia de derechos diferenciales de exportación entre materias primas y productos industrializados no es un subsidio de acuerdo con la OMC. Es exclusivamente un impuesto al producto exportado con fines recaudatorios, pero no genera beneficio para la exportación”.
Además, “es un mecanismo eficiente para contrarrestar el escalonamiento arancelario en los países compradores, que aplican mayores aranceles sobre la base del nivel de industrialización”, indica.
Y concluye: “Evitemos entrar en la falsa dicotomía de libre comercio puro: no existe y no existirá”.
Lo cierto es que sin mercados externos, la industria local de biodiesel mira al gobierno para que eleve el corte de gasoil hasta el 20% o más. La capacidad de producción está en torno de los 4,5 millones de toneladas anuales y, con el corte actual, se vuelca al mercado interno un millón de toneladas.
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Fecha de Publicación: 10/12/2018
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional
Tras las quejas de los productores europeos, un informe oficial recomienda elevar los aranceles hasta el 33%, lo que implica el cierre de hecho del mercado. Está sujeto a la aprobación de los Estados miembro. Fuerte golpe a la política de libre comercio que impulsa el gobierno de Mauricio Macri.
La prédica del gobierno nacional de que Argentina debe abrirse al mundo y recibir las importaciones sin trabas ya que ello implicará un incremento de las exportaciones, recibió un duro golpe cuando trascendió que la Comisión Europea recomendará a los países de la Unión la adopción de un arancel de entre el 25% y el 33,4% para las compras de biodiesel argentino.
Si bien aún no salió la decisión final del órgano Ejecutivo de la UE, se espera que la propuesta de la Comisión Europea avance dados los antecedentes en la materia.
“Aunque esto aún require de la confirmación de los Estados miembro, esta es una buena noticia para la industria”, dijo a la agencia Reuters Kristell Guizouarn, titular de la Junta Europea de Biodiesel.
"Sobre la base de las conclusiones alcanzadas por la Comisión (...) debería imponerse un derecho compensatorio definitivo para evitar la materialización de la inminente amenaza de importante daño causado a la industria de la Unión por las importaciones subvencionadas", dijo la Comisión en su recomendación.
Según el informe de la Comisión Europea, los embarques masivos de biodiesel argentino “amenazan la industria” continental de biocombustibles. El reporte fue el resultado de una investigación reclamada por productores de biocombustibles de la UE, quienes aseguran haber sido impactados por las importaciones del producto argentino desde que la Unión redujo los aranceles que impone al producto argentino tras una resolución de la Organización Mundial de Comercio (OMC), y que por ello debieron recortar su producción.
Según Reuters, la recomendación de la Comisión es no aplicar tarifas en forma provisoria en septiembre e ir hacia tarifas permanentes a partir de enero próximo.
La UE considera que la producción de biodiesel está subsidiada en la Argentina porque los productores pagan menos derechos por la exportación de biodiesel que por la de porotos.
Sin embargo, esa política cambió desde julio y prevé una confluencia entre ambos impuestos hacia diciembre de 2019.
A la industria argentina de biodiesel se le presenta un escenario muy pesimista. El mercado de los Estados Unidos se cerró a principios de año cuando la administración de Donald Trump impuso tarifas de hasta el 72% a las importaciones del producto desde la Argentina. Ahora la UE se suma con esta tanda de aranceles.
Según Gustavo Idígoras, director del Centro de Estudios de Sistema Agroalimentario de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, “la Argentina no tiene subsidios a la soja ni a la harina, menos al aceite y mucho menos al biodiesel, pero debe lidiar con un mundo altamente proteccionista y subsidiado”.
El experto señala que los países importadores impulsan las compras de poroto de soja o, en el mejor de los casos, de aceite de soja, que es la base para la producción del biodiesel. “perder exportaciones de biodiesel es confirmar la victoria del proteccionismo de los países compradores”, señala.
Agrega que “la existencia de derechos diferenciales de exportación entre materias primas y productos industrializados no es un subsidio de acuerdo con la OMC. Es exclusivamente un impuesto al producto exportado con fines recaudatorios, pero no genera beneficio para la exportación”.
Además, “es un mecanismo eficiente para contrarrestar el escalonamiento arancelario en los países compradores, que aplican mayores aranceles sobre la base del nivel de industrialización”, indica.
Y concluye: “Evitemos entrar en la falsa dicotomía de libre comercio puro: no existe y no existirá”.
Lo cierto es que sin mercados externos, la industria local de biodiesel mira al gobierno para que eleve el corte de gasoil hasta el 20% o más. La capacidad de producción está en torno de los 4,5 millones de toneladas anuales y, con el corte actual, se vuelca al mercado interno un millón de toneladas.
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El proyecto de Vale de interés de China
El gobierno chino interesado en el potasio de Mendoza
Fecha de Publicación: 10/12/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Reactivar el proyecto de Vale requiere una inversión de U$S 1.500 millones y el precio internacional del mineral desalienta a las empresas.
El Gobierno de Mendoza espera que antes de fin de año una delegación del ente chino que se encarga de la producción e importación de potasio (la Shanghai Potash) visite la provincia, particularmente el sur de Malargüe, para estudiar la reingeniería del proyecto minero Potasio Río Colorado a fin de evaluar una posible inversión. Para avanzar con la explotación se necesitan unos U$S 1.500 millones y un inversor que desarrolle un negocio a “mediano y largo plazo” para poner a producir la mina.
Desde el 2013, cuando la minera Vale adujo problemas económicos por la abrupta caída del precio del mineral a nivel mundial y suspendió el proyecto, hubo más de un interesado en retomar los trabajos en el sur mendocino. El Gobierno mantuvo conversaciones con empresarios ingleses, australianos y estadounidenses, pero todos evaluaron que en este contexto internacional no resulta atractivo sumar mayor oferta de potasio.
Según explicó el subsecretario de Energía de la provincia, Emilio Guiñazú, el mercado mundial mueve 60 millones de toneladas de potasio al año, pero tiene una capacidad de abastecimiento de 80 millones anuales. Ese excedente de 20 millones fue el que hizo caer el precio de más de 600 dólares por tonelada al precio actual, estimado en 200 dólares por tonelada.
“En ese contexto una inversión nueva le agregaría producción al mercado (y aumentaría el excedente). Por eso no resulta atractivo el proyecto para quienes ya tienen están en el negocio”, explicó el funcionario de Energía.
La particularidad china
La situación de los inversores chinos es diferente a la de las empresas de otras partes del mundo, porque son ellos quienes marcan el ritmo al mercado mundial del potasio.
Ese país consume el 20% del potasio mundial e importa el 50% de lo que consume.
“Ellos mostraron mucho interés en el proyecto y los invitamos a visitar la provincia. Recientemente confirmaron que vienen y comenzamos a preparar los papeles para sus visas. Antes de fin de año esperamos tener la delegación de China haciendo una inspección de Potasio Río Colorado”, agregó Guiñazú.
De acuerdo con el funcionario, el país asiático proyecta sus inversiones mirando hacia los próximos 50 años, entendiendo que evaluar el mercado a cinco años (cuando el precio del potasio podría subir y aumentar la rentabilidad) es mirar a corto plazo.
El objetivo de Mendoza
En 2009, cuando llegó Vale a la provincia, el precio del potasio alcanzaba su máximo valor por tonelada (más de 600 dólares). En ese momento la brasileña había comprometido una inversión de U$S 6.300 millones para extraer cuatro millones de toneladas por año.
En abril del año 2016 se comenzó a trabajar en la reingeniería del proyecto para reducir la inversión a alrededor de U$S 1.500 millones para producir 1,4 millones de toneladas.
De acuerdo con Guiñazú, estos números habrían sido del agrado de los funcionarios chinos.
A principios de noviembre, el ministro de Economía de la provincia, Martín Kerchner, mantuvo una reunión con Wei Chengguang, presidente de la Shanghai Potash, durante su viaje por Asia y desde su cartera esperan que dentro de poco la misión comercial de sus primeros frutos.
“Cuando arrancamos la gestión nos juntamos con Vale para hacer una reingeniería de U$S 1.500 millones para producir 1,4 millones de toneladas por año. Sigue siendo un número importante y quien entre al proyecto tiene que tener una mirada de largo plazo. China sabe que en cuatro o cinco años la demanda será mayor y producirá un aumento en el precio del potasio”, indicó Guiñazú y agregó que aunque el proyecto de reactivación será a mediano plazo y excederá a la actual gestión, “el objetivo es que el yacimiento se reactive y se requiere una visión estratégica del asunto”.
La provincia es protagonista de las inversiones asiáticas
En el marco de las reuniones que mantuvo el presidente Mauricio Macri con su par chino Xi Jinping la semana pasada en el G20, se firmó un Memorándum de Entendimiento para el Área de Minería por el que las partes se comprometen a “llevar a cabo la cooperación para la investigación, exploración y explotación de productos minerales como el litio, el cobre y las sales de potasio”.
No se menciona a la provincia y, de acuerdo con fuentes del Gobierno Nacional, se trata de una “carta de intención sobre la que hay que negociar”. Sin embargo, en principio se habla de inversiones de entre 5.500 millones y 6.500 millones de dólares de inversión China en minería Argentina, y sólo el proyecto en Malargüe requiere 1.500 millones de dólares.
Extracción de oro y cobre en Uspallata
Los senadores peronistas Alejandro Abraham y Juan Antonio Aguelles presentaron un proyecto que le permitiría a la minera San Jorge avanzar con la extracción de oro y cobre en Uspallata.
La iniciativa, que propone modificar la ley 7.722, obtuvo un discreto apoyo del gobierno provincial y esperanzaron al sector minero. Es que si bien el texto mantiene la prohibición al cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico, se agregaría una frase al párrafo más controversial. En lugar de decir “y otras sustancias similares”, dirá “y otras sustancias que puedan afectar los recursos hídricos”.
Así, con una buena planificación ambiental, proyectos como Cerro Amarillo, Hierro Indio y la extracción de oro y cobre que planea hacer San Jorge en Uspallata, tendrían una posibilidad de realizarse.
La propuesta de los senadores se discutirán la próxima semana, pero en lo inmediato el Subsecretario de Energía de la Provincia, Emilio Guiñazú, aseguró que el plan de San Jorge no están en condiciones de ponerse en marcha.
No obstante aclaró que la minera deberá actualizar su informe de impacto ambiental y cumplir con los pasos que la ley exige.
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Fecha de Publicación: 10/12/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Reactivar el proyecto de Vale requiere una inversión de U$S 1.500 millones y el precio internacional del mineral desalienta a las empresas.
El Gobierno de Mendoza espera que antes de fin de año una delegación del ente chino que se encarga de la producción e importación de potasio (la Shanghai Potash) visite la provincia, particularmente el sur de Malargüe, para estudiar la reingeniería del proyecto minero Potasio Río Colorado a fin de evaluar una posible inversión. Para avanzar con la explotación se necesitan unos U$S 1.500 millones y un inversor que desarrolle un negocio a “mediano y largo plazo” para poner a producir la mina.
Desde el 2013, cuando la minera Vale adujo problemas económicos por la abrupta caída del precio del mineral a nivel mundial y suspendió el proyecto, hubo más de un interesado en retomar los trabajos en el sur mendocino. El Gobierno mantuvo conversaciones con empresarios ingleses, australianos y estadounidenses, pero todos evaluaron que en este contexto internacional no resulta atractivo sumar mayor oferta de potasio.
Según explicó el subsecretario de Energía de la provincia, Emilio Guiñazú, el mercado mundial mueve 60 millones de toneladas de potasio al año, pero tiene una capacidad de abastecimiento de 80 millones anuales. Ese excedente de 20 millones fue el que hizo caer el precio de más de 600 dólares por tonelada al precio actual, estimado en 200 dólares por tonelada.
“En ese contexto una inversión nueva le agregaría producción al mercado (y aumentaría el excedente). Por eso no resulta atractivo el proyecto para quienes ya tienen están en el negocio”, explicó el funcionario de Energía.
La particularidad china
La situación de los inversores chinos es diferente a la de las empresas de otras partes del mundo, porque son ellos quienes marcan el ritmo al mercado mundial del potasio.
Ese país consume el 20% del potasio mundial e importa el 50% de lo que consume.
“Ellos mostraron mucho interés en el proyecto y los invitamos a visitar la provincia. Recientemente confirmaron que vienen y comenzamos a preparar los papeles para sus visas. Antes de fin de año esperamos tener la delegación de China haciendo una inspección de Potasio Río Colorado”, agregó Guiñazú.
De acuerdo con el funcionario, el país asiático proyecta sus inversiones mirando hacia los próximos 50 años, entendiendo que evaluar el mercado a cinco años (cuando el precio del potasio podría subir y aumentar la rentabilidad) es mirar a corto plazo.
El objetivo de Mendoza
En 2009, cuando llegó Vale a la provincia, el precio del potasio alcanzaba su máximo valor por tonelada (más de 600 dólares). En ese momento la brasileña había comprometido una inversión de U$S 6.300 millones para extraer cuatro millones de toneladas por año.
En abril del año 2016 se comenzó a trabajar en la reingeniería del proyecto para reducir la inversión a alrededor de U$S 1.500 millones para producir 1,4 millones de toneladas.
De acuerdo con Guiñazú, estos números habrían sido del agrado de los funcionarios chinos.
A principios de noviembre, el ministro de Economía de la provincia, Martín Kerchner, mantuvo una reunión con Wei Chengguang, presidente de la Shanghai Potash, durante su viaje por Asia y desde su cartera esperan que dentro de poco la misión comercial de sus primeros frutos.
“Cuando arrancamos la gestión nos juntamos con Vale para hacer una reingeniería de U$S 1.500 millones para producir 1,4 millones de toneladas por año. Sigue siendo un número importante y quien entre al proyecto tiene que tener una mirada de largo plazo. China sabe que en cuatro o cinco años la demanda será mayor y producirá un aumento en el precio del potasio”, indicó Guiñazú y agregó que aunque el proyecto de reactivación será a mediano plazo y excederá a la actual gestión, “el objetivo es que el yacimiento se reactive y se requiere una visión estratégica del asunto”.
La provincia es protagonista de las inversiones asiáticas
En el marco de las reuniones que mantuvo el presidente Mauricio Macri con su par chino Xi Jinping la semana pasada en el G20, se firmó un Memorándum de Entendimiento para el Área de Minería por el que las partes se comprometen a “llevar a cabo la cooperación para la investigación, exploración y explotación de productos minerales como el litio, el cobre y las sales de potasio”.
No se menciona a la provincia y, de acuerdo con fuentes del Gobierno Nacional, se trata de una “carta de intención sobre la que hay que negociar”. Sin embargo, en principio se habla de inversiones de entre 5.500 millones y 6.500 millones de dólares de inversión China en minería Argentina, y sólo el proyecto en Malargüe requiere 1.500 millones de dólares.
Extracción de oro y cobre en Uspallata
Los senadores peronistas Alejandro Abraham y Juan Antonio Aguelles presentaron un proyecto que le permitiría a la minera San Jorge avanzar con la extracción de oro y cobre en Uspallata.
La iniciativa, que propone modificar la ley 7.722, obtuvo un discreto apoyo del gobierno provincial y esperanzaron al sector minero. Es que si bien el texto mantiene la prohibición al cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico, se agregaría una frase al párrafo más controversial. En lugar de decir “y otras sustancias similares”, dirá “y otras sustancias que puedan afectar los recursos hídricos”.
Así, con una buena planificación ambiental, proyectos como Cerro Amarillo, Hierro Indio y la extracción de oro y cobre que planea hacer San Jorge en Uspallata, tendrían una posibilidad de realizarse.
La propuesta de los senadores se discutirán la próxima semana, pero en lo inmediato el Subsecretario de Energía de la Provincia, Emilio Guiñazú, aseguró que el plan de San Jorge no están en condiciones de ponerse en marcha.
No obstante aclaró que la minera deberá actualizar su informe de impacto ambiental y cumplir con los pasos que la ley exige.
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