Estado reconoce plaguicidas en alimentos
08:00 | 
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Comer veneno: el Estado reconoce que frutas y verduras vienen con agroquímicos
Fecha de Publicación: 03/05/2017
Fuente: Adelanto 24
Provincia/Región: Nacional
Expedientes del SENASA detallan operativos en los que se constató partidas fumigadas con hasta 22 pesticidas puestas a la venta en el Mercado Central porteño y sus pares de Mar del Plata y La Plata. Peras, apio, mandarinas, manzanas, frutillas y zanahorias, entre los productos contaminados a niveles dramáticos.
Casi el 98% de las partidas de peras ofertadas entre 2011 y 2013 en el Mercado Central de Buenos Aires y sus similares de La Plata y General Pueyrredón -Mar del Plata- dieron positivo en 20 variedades de insecticidas y fungicidas. Prácticamente el 93% de las muestras de apio monitoreadas en los mismos puntos evidenció restos de 16 agroquímicos. Más del 91% de las mandarinas que se comercializaron por entonces en estos también centros de distribución presentaron trazas de otros 16 pesticidas.
Las manzanas, otro ejemplo: el 85% de la fruta reveló presencia de 22 tipos de insecticidas, fungicidas y acaricidas. El 76,6% de las muestras de frutilla expuso restos de 17 plaguicidas. De un total de 27 frutas, verduras y producciones similares relevadas, sólo 4 variedades dieron 0 en contaminación: cebolla, batata, yerba mate y almendras.
Ya en 2016, una experiencia similar -aunque asentada de otra manera en distintos expedientes- fue más allá: ubicó que el 65,4% de las partidas de apio puestas a la venta en los mismos sitios contenía concentraciones de, principalmente, insecticidas y fungicidas por encima de los LMR (Límites Máximos de Residuos) que fija la normativa vigente en la Argentina para este tipo de alimentos.
En total, se constató la presencia de 21 agroquímicos sólo en ese producto, entre ellos el insecticida endosulfán, de uso prohibido en la Argentina desde mediados de 2013. En la zanahoria, el 62,5% de las muestras analizadas dio un resultado similar -6 principios activos, divididos entre insecticidas y fungicidas-.
El pimiento no fue la excepción: el 50% de las muestras reveló una concentración de tóxicos que viola las pautas legales. Se ubicaron 3 pesticidas. En el caso de la frutilla, el 41,6% de la fruta analizada entre 2014 y 2016 también arrojó como resultado una contaminación superior a lo fijado por los LMR. Diecisiete agroquímicos detectados. De 34 productos monitoreados, apenas 8 se ubicaron dentro de lo permitido. O sea, respetando los límites prefijados. Eso sí, estos últimos expedientes no aclaran si en aquellos casos en los que no se violaron los LMR se detectaron o no trazas de agroquímicos en la fruta y la verdura.
Todo este detalle se encuentra volcado en sendos documentos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) a los que, por pedido legal, accedió la ONG ambientalista Naturaleza de Derechos y que fueron acercados a Adelanto 24 en las últimas horas. En concreto, los resultados revelan que el Estado argentino sabe que prácticamente el total de las frutas y verduras que se comercializan en el país se encuentra de alguna forma contaminado con agroquímicos.
“Los datos forman parte de la respuesta de SENASA a un pedido de registros de controles que se hayan llevado a cabo en los últimos 5 años en el Mercado Central y los regionales de La Plata y Pueyrredón. La realidad es que se trata de información contundente aunque incompleta: SENASA en ningún momento aclara las cantidades ubicadas en cada producto y qué decisión tomó respecto del destino de tanta fruta y verdura contaminada”, comentó a Adelanto 24 Fernando Cabaleiro, abogado y titular de Naturaleza de Derechos.
“Las planillas que entregó el organismo corresponden a controles en 2013 y 2016. Y varían en la forma en que se asentaron los datos. En la primera experiencia SENASA expuso en detalle todos los casos positivos de contaminación. Ya en el trabajo de 2016 se cuidó y sólo mencionó a aquellos que superaron los límites permitidos. Nunca precisó si igual ubicó agroquímicos en las frutas y verduras que no violaron la pauta de toxicidad establecida”, agregó.
Según Cabaleiro, los datos fueron entregados sólo cuando Naturaleza de Derechos dio un plazo con promesa anticipada de acción legal en caso de ser incumplido. “Acá es el propio Estado el que reconoce que las frutas y las verduras llegan a los mercados totalmente contaminadas. Igualmente, el SENASA contestó con información parcial, muy mal elaborada. Eso expone que hay un desinterés del mismo organismo respecto de lo que ocurre”, dijo.
Ver Informe Completo
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Fecha de Publicación: 03/05/2017
Fuente: Adelanto 24
Provincia/Región: Nacional
Expedientes del SENASA detallan operativos en los que se constató partidas fumigadas con hasta 22 pesticidas puestas a la venta en el Mercado Central porteño y sus pares de Mar del Plata y La Plata. Peras, apio, mandarinas, manzanas, frutillas y zanahorias, entre los productos contaminados a niveles dramáticos.
Casi el 98% de las partidas de peras ofertadas entre 2011 y 2013 en el Mercado Central de Buenos Aires y sus similares de La Plata y General Pueyrredón -Mar del Plata- dieron positivo en 20 variedades de insecticidas y fungicidas. Prácticamente el 93% de las muestras de apio monitoreadas en los mismos puntos evidenció restos de 16 agroquímicos. Más del 91% de las mandarinas que se comercializaron por entonces en estos también centros de distribución presentaron trazas de otros 16 pesticidas.
Las manzanas, otro ejemplo: el 85% de la fruta reveló presencia de 22 tipos de insecticidas, fungicidas y acaricidas. El 76,6% de las muestras de frutilla expuso restos de 17 plaguicidas. De un total de 27 frutas, verduras y producciones similares relevadas, sólo 4 variedades dieron 0 en contaminación: cebolla, batata, yerba mate y almendras.
Ya en 2016, una experiencia similar -aunque asentada de otra manera en distintos expedientes- fue más allá: ubicó que el 65,4% de las partidas de apio puestas a la venta en los mismos sitios contenía concentraciones de, principalmente, insecticidas y fungicidas por encima de los LMR (Límites Máximos de Residuos) que fija la normativa vigente en la Argentina para este tipo de alimentos.
En total, se constató la presencia de 21 agroquímicos sólo en ese producto, entre ellos el insecticida endosulfán, de uso prohibido en la Argentina desde mediados de 2013. En la zanahoria, el 62,5% de las muestras analizadas dio un resultado similar -6 principios activos, divididos entre insecticidas y fungicidas-.
El pimiento no fue la excepción: el 50% de las muestras reveló una concentración de tóxicos que viola las pautas legales. Se ubicaron 3 pesticidas. En el caso de la frutilla, el 41,6% de la fruta analizada entre 2014 y 2016 también arrojó como resultado una contaminación superior a lo fijado por los LMR. Diecisiete agroquímicos detectados. De 34 productos monitoreados, apenas 8 se ubicaron dentro de lo permitido. O sea, respetando los límites prefijados. Eso sí, estos últimos expedientes no aclaran si en aquellos casos en los que no se violaron los LMR se detectaron o no trazas de agroquímicos en la fruta y la verdura.
Todo este detalle se encuentra volcado en sendos documentos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) a los que, por pedido legal, accedió la ONG ambientalista Naturaleza de Derechos y que fueron acercados a Adelanto 24 en las últimas horas. En concreto, los resultados revelan que el Estado argentino sabe que prácticamente el total de las frutas y verduras que se comercializan en el país se encuentra de alguna forma contaminado con agroquímicos.
“Los datos forman parte de la respuesta de SENASA a un pedido de registros de controles que se hayan llevado a cabo en los últimos 5 años en el Mercado Central y los regionales de La Plata y Pueyrredón. La realidad es que se trata de información contundente aunque incompleta: SENASA en ningún momento aclara las cantidades ubicadas en cada producto y qué decisión tomó respecto del destino de tanta fruta y verdura contaminada”, comentó a Adelanto 24 Fernando Cabaleiro, abogado y titular de Naturaleza de Derechos.
“Las planillas que entregó el organismo corresponden a controles en 2013 y 2016. Y varían en la forma en que se asentaron los datos. En la primera experiencia SENASA expuso en detalle todos los casos positivos de contaminación. Ya en el trabajo de 2016 se cuidó y sólo mencionó a aquellos que superaron los límites permitidos. Nunca precisó si igual ubicó agroquímicos en las frutas y verduras que no violaron la pauta de toxicidad establecida”, agregó.
Según Cabaleiro, los datos fueron entregados sólo cuando Naturaleza de Derechos dio un plazo con promesa anticipada de acción legal en caso de ser incumplido. “Acá es el propio Estado el que reconoce que las frutas y las verduras llegan a los mercados totalmente contaminadas. Igualmente, el SENASA contestó con información parcial, muy mal elaborada. Eso expone que hay un desinterés del mismo organismo respecto de lo que ocurre”, dijo.
Ver Informe Completo
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Sequía no afectó dramáticamente en Río Negro
La sequía dio tregua a los ambientes acuáticos
Fecha de Publicación: 03/05/2017
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
La reducción de la humedad fue crítica en febrero. “Es un problema serio pero todavía no es dramático”, dice un informe técnico que hizo el Centro de Ecología Aplicada de Neuquén.
La sequía que aquejó este año a los ríos y arroyos del centro y norte neuquino complicó a comunidades y puso en riesgo áreas productivas. Las cicatrices que podía dejar sobre el ecosistema era uno de los factores que preocupaba pero los especialistas aseguran que no hubo grandes daños. Destacaron que el tiempo crítico pasó y hay que esperar que el invierno traiga la lluvia.
En febrero y marzo el Centro de Ecología Aplicada de Neuquén (CEAN) realizó estudios de los ambientes acuáticos en condiciones de extrema sequía y bajos caudales. “La idea era analizar los daños y evaluar si había que tomar alguna medida. Los resultados dan que la sequía es muy pronunciada, pero está dentro de los parámetros de las sequías históricas grandes. Es un problema serio, pero todavía no es dramático”, dijo Pablo Hualde, técnico en Acuicultura del CEAN.
La tendencia de los análisis de caudales históricos para la cuenca del Neuquén muestra un incremento a partir del mes de abril producto de las lluvias en alta montaña. “No hubo perdidas grandes. Al bajar las temperaturas, la situación crítica se atenúa. Desde el punto de vista biológico, la crisis fue en febrero. Generó preocupación, pero no hubo que hacer cambios”, explicó Hualde.
Según el informe, la disminución de las temperaturas del aire de otoño favorece una mayor concentración de oxígeno disuelto en el agua y bajas temperaturas de agua. Eso se traduce en mejores condiciones de hábitat para los peces.
“Los usos del agua, por un lado y los modelos de cambio climático, hace que el agua o las precipitaciones para esta zona sean menores cada año. Por eso, se pronostica que para estas zonas, la sequía se puede acentuar y hay que ir haciendo previsiones”, contó Hualde.
Los técnicos comentaron que no es lo que fueron a analizar pero ven que las comunidades están preocupadas por la sequía. Sobre todo en los lugares que usan agua de vertientes que se secaron o que, por ejemplo, usaban el agua del Curi Leuvú que se secó para la producción.
El trabajo lo llevaron a cabo en los ríos Alto Neuquén, los arroyos tributarios de Manzano Amargo y Varvarco, la cuenca del río Nahueve, el Trocomán y el Agrio, entre otros. Lo hicieron en conjunto con guardafaunas de la Regional Norte, Martín Muñoz de la localidad de Varvarco y Ernesto Parada de la localidad de las Ovejas.
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Fecha de Publicación: 03/05/2017
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
La reducción de la humedad fue crítica en febrero. “Es un problema serio pero todavía no es dramático”, dice un informe técnico que hizo el Centro de Ecología Aplicada de Neuquén.
La sequía que aquejó este año a los ríos y arroyos del centro y norte neuquino complicó a comunidades y puso en riesgo áreas productivas. Las cicatrices que podía dejar sobre el ecosistema era uno de los factores que preocupaba pero los especialistas aseguran que no hubo grandes daños. Destacaron que el tiempo crítico pasó y hay que esperar que el invierno traiga la lluvia.
En febrero y marzo el Centro de Ecología Aplicada de Neuquén (CEAN) realizó estudios de los ambientes acuáticos en condiciones de extrema sequía y bajos caudales. “La idea era analizar los daños y evaluar si había que tomar alguna medida. Los resultados dan que la sequía es muy pronunciada, pero está dentro de los parámetros de las sequías históricas grandes. Es un problema serio, pero todavía no es dramático”, dijo Pablo Hualde, técnico en Acuicultura del CEAN.
La tendencia de los análisis de caudales históricos para la cuenca del Neuquén muestra un incremento a partir del mes de abril producto de las lluvias en alta montaña. “No hubo perdidas grandes. Al bajar las temperaturas, la situación crítica se atenúa. Desde el punto de vista biológico, la crisis fue en febrero. Generó preocupación, pero no hubo que hacer cambios”, explicó Hualde.
Según el informe, la disminución de las temperaturas del aire de otoño favorece una mayor concentración de oxígeno disuelto en el agua y bajas temperaturas de agua. Eso se traduce en mejores condiciones de hábitat para los peces.
“Los usos del agua, por un lado y los modelos de cambio climático, hace que el agua o las precipitaciones para esta zona sean menores cada año. Por eso, se pronostica que para estas zonas, la sequía se puede acentuar y hay que ir haciendo previsiones”, contó Hualde.
Los técnicos comentaron que no es lo que fueron a analizar pero ven que las comunidades están preocupadas por la sequía. Sobre todo en los lugares que usan agua de vertientes que se secaron o que, por ejemplo, usaban el agua del Curi Leuvú que se secó para la producción.
El trabajo lo llevaron a cabo en los ríos Alto Neuquén, los arroyos tributarios de Manzano Amargo y Varvarco, la cuenca del río Nahueve, el Trocomán y el Agrio, entre otros. Lo hicieron en conjunto con guardafaunas de la Regional Norte, Martín Muñoz de la localidad de Varvarco y Ernesto Parada de la localidad de las Ovejas.
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Catriel: conflicto por megabasurero petrolero
Alerta en Catriel por un megabasurero de residuos petroleros
Fecha de Publicación: 03/05/2017
Fuente: Tiempo argentino
Provincia/Región: Río Negro
"Nunca tuvimos acceso a la información, el expediente salimos a buscarlo nosotros. Ahora no nos queda otra que organizarnos y resistir", dice Natalia Castillo, integrante de Asamblea Permanente Socioambiental Catriel. Los vecinos de esa ciudad rionegrina, Capital Provincial del Petróleo y encrucijada histórica de la exploración hidrocarburífera en Río Negro, desde que en 1959 YPF detectó el célebre pozo RCO XI, se preparan medio siglo más tarde para una lucha que presagian larga y desigual. Se cierne sobre ellos la amenaza de convivir con un mega basurero de residuos petroleros, el más grande del continente, que ocuparía, según el proyecto que impulsan el gobierno provincial y la intendencia, unas 300 hectáreas.
"Este es un pueblo con pasivos ambientales muy grandes, provocados durante décadas por la explotación convencional. Aquí hay una demanda social muy fuerte, hay enfermedades oncológicas. Y a estas personas les dicen que van a traer una planta de remediación, cuando en realidad se trata de una planta de tratamiento de residuos del fracking, que es una técnica que genera muchos desechos, que pueden contener metales pesados y material radiactivo provenientes del subsuelo", explica Martín Álvarez Mullally, investigador del Observatorio Petrolero Sur.
Para dar una idea de las dimensiones del emprendimiento que pretende llevar adelante la empresa neuquina Crexell Soluciones Ambientales SA, vinculada a la familia Sapag (ver recuadro), la mayor planta de residuos tóxicos derivados de la explotación de hidrocarburos no convencionales es la de la Compañía de Saneamiento y Recuperación de Materiales SA (Comarsa), instalada desde 2008 en el Parque Industrial de la ciudad de Neuquén, que tiene 34 hectáreas. La de Catriel, que se intalaría en la meseta de Bayo Mesa, a pocos kilómetros del ejido urbano, será nueve veces más grande. En un pueblo de 18 mil habitantes, generaría apenas 37 puestos de trabajo.
Como la normativa impide trasladar residuos peligrosos de una a otra provincia, hoy Río Negro pide permiso a Neuquén para depositar allí los desechos resultantes de Estación Fernández Oro, en la región del Alto Valle, donde por la rápida expansión del negocio del tight gas ya hay 300 pozos perforados. "El estudio de impacto ambiental que presentó Crexell deja entrever que en el basurero de Catriel se trataría ese tipo de residuos, y la puerta abierta para recibir material contaminante de otras jurisdicciones, eventualmente los provenientes de Vaca Muerta", sostiene Álvarez Mullally. La lista de los elementos tóxicos que llegarían a Catriel enumera "suelos contaminados con hidrocarburos, cutting, aguas con hidrocarburos, flowback, líquidos provenientes de perforaciones no convencionales y residuos semi-sólidos con hidrocarburos, comúnmente denominados 'fondos de tanques'".
La audiencia pública que tuvo lugar el 31 de marzo pasado atestiguó el rechazo de los habitantes de Catriel al proyecto, presentado por la secretaria de Ambiente rionegrina, Dina Migani, quien protagoniza un caso flagrante de conflicto de intereses, por lo que ya fue denunciada por incompatibilidad por la senadora Magdalena Odarda (CC-ARI): Migani es dueña de Quinpe, una empresa de servicios petroleros que incluyen el traslado de sus residuos. "Está claro que la encargada de aprobar el informe ambiental no va a atentar contra su propio negocio –dice Natalia Castillo–. Hoy no hay mecanismos democráticos, porque la audiencia pública no es vinculante. Estamos juntando firmas para una consulta popular. El intendente (Carlos Johnston, de Juntos Somos Río Negro, que fue noticia en 2012 cuando estuvo tres días con paradero desconocido) cerró la audiencia diciendo que no iba a permitir un referéndum, como si fuera el dueño del pueblo".
Tienen por delante una ardua batalla. Cuando el Concejo Deliberante de Allen votó por unanimidad prohibir el fracking, el Tribunal Superior de Justicia neuquino declaró inconstitucional la ordenanza, porque sobre los recursos del subsuelo debe legislar la provincia. En Vista Alegre,una localidad camino a Vaca Muerta, los vecinos ya están haciendo cortes de ruta para que se respete una ordenanza similar. «
La empresa de los Sapag
Crexell Soluciones Ambientales SA pertenece a Nicolás Crexell, sobrino del exgobernador de Neuquén Jorge Sapag y hermano de la senadora nacional Lucila Crexell, del Movimiento Popular Neuquino. Será su segundo emprendimiento en el rubro, luego de que el año pasado abriera la planta de Servicios Ambientales de Neuquén, en Añelo, en sociedad con la firma Befesa. Los negocios petroleros de la familia, vinculados a los servicios de grúas y transporte, tuvieron un fuerte impulso a partir de Vaca Muerta, y ahora buscan diversificarse con el mayor basurero de desechos hidrocarburíferos del continente.
Colorado
El proyecto de Crexell está frenado a la espera de un nuevo informe hídrico. Ocurre que el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco), que integran cuatro provincias (Neuquén, La Pampa, Mendoza y Río Negro), quiere saber si la ubicación de la planta afectará de un modo la cuenca de ese río patagónico, en cuya margen derecha está Catriel.
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Fecha de Publicación: 03/05/2017
Fuente: Tiempo argentino
Provincia/Región: Río Negro
"Nunca tuvimos acceso a la información, el expediente salimos a buscarlo nosotros. Ahora no nos queda otra que organizarnos y resistir", dice Natalia Castillo, integrante de Asamblea Permanente Socioambiental Catriel. Los vecinos de esa ciudad rionegrina, Capital Provincial del Petróleo y encrucijada histórica de la exploración hidrocarburífera en Río Negro, desde que en 1959 YPF detectó el célebre pozo RCO XI, se preparan medio siglo más tarde para una lucha que presagian larga y desigual. Se cierne sobre ellos la amenaza de convivir con un mega basurero de residuos petroleros, el más grande del continente, que ocuparía, según el proyecto que impulsan el gobierno provincial y la intendencia, unas 300 hectáreas.
"Este es un pueblo con pasivos ambientales muy grandes, provocados durante décadas por la explotación convencional. Aquí hay una demanda social muy fuerte, hay enfermedades oncológicas. Y a estas personas les dicen que van a traer una planta de remediación, cuando en realidad se trata de una planta de tratamiento de residuos del fracking, que es una técnica que genera muchos desechos, que pueden contener metales pesados y material radiactivo provenientes del subsuelo", explica Martín Álvarez Mullally, investigador del Observatorio Petrolero Sur.
Para dar una idea de las dimensiones del emprendimiento que pretende llevar adelante la empresa neuquina Crexell Soluciones Ambientales SA, vinculada a la familia Sapag (ver recuadro), la mayor planta de residuos tóxicos derivados de la explotación de hidrocarburos no convencionales es la de la Compañía de Saneamiento y Recuperación de Materiales SA (Comarsa), instalada desde 2008 en el Parque Industrial de la ciudad de Neuquén, que tiene 34 hectáreas. La de Catriel, que se intalaría en la meseta de Bayo Mesa, a pocos kilómetros del ejido urbano, será nueve veces más grande. En un pueblo de 18 mil habitantes, generaría apenas 37 puestos de trabajo.
Como la normativa impide trasladar residuos peligrosos de una a otra provincia, hoy Río Negro pide permiso a Neuquén para depositar allí los desechos resultantes de Estación Fernández Oro, en la región del Alto Valle, donde por la rápida expansión del negocio del tight gas ya hay 300 pozos perforados. "El estudio de impacto ambiental que presentó Crexell deja entrever que en el basurero de Catriel se trataría ese tipo de residuos, y la puerta abierta para recibir material contaminante de otras jurisdicciones, eventualmente los provenientes de Vaca Muerta", sostiene Álvarez Mullally. La lista de los elementos tóxicos que llegarían a Catriel enumera "suelos contaminados con hidrocarburos, cutting, aguas con hidrocarburos, flowback, líquidos provenientes de perforaciones no convencionales y residuos semi-sólidos con hidrocarburos, comúnmente denominados 'fondos de tanques'".
La audiencia pública que tuvo lugar el 31 de marzo pasado atestiguó el rechazo de los habitantes de Catriel al proyecto, presentado por la secretaria de Ambiente rionegrina, Dina Migani, quien protagoniza un caso flagrante de conflicto de intereses, por lo que ya fue denunciada por incompatibilidad por la senadora Magdalena Odarda (CC-ARI): Migani es dueña de Quinpe, una empresa de servicios petroleros que incluyen el traslado de sus residuos. "Está claro que la encargada de aprobar el informe ambiental no va a atentar contra su propio negocio –dice Natalia Castillo–. Hoy no hay mecanismos democráticos, porque la audiencia pública no es vinculante. Estamos juntando firmas para una consulta popular. El intendente (Carlos Johnston, de Juntos Somos Río Negro, que fue noticia en 2012 cuando estuvo tres días con paradero desconocido) cerró la audiencia diciendo que no iba a permitir un referéndum, como si fuera el dueño del pueblo".
Tienen por delante una ardua batalla. Cuando el Concejo Deliberante de Allen votó por unanimidad prohibir el fracking, el Tribunal Superior de Justicia neuquino declaró inconstitucional la ordenanza, porque sobre los recursos del subsuelo debe legislar la provincia. En Vista Alegre,una localidad camino a Vaca Muerta, los vecinos ya están haciendo cortes de ruta para que se respete una ordenanza similar. «
La empresa de los Sapag
Crexell Soluciones Ambientales SA pertenece a Nicolás Crexell, sobrino del exgobernador de Neuquén Jorge Sapag y hermano de la senadora nacional Lucila Crexell, del Movimiento Popular Neuquino. Será su segundo emprendimiento en el rubro, luego de que el año pasado abriera la planta de Servicios Ambientales de Neuquén, en Añelo, en sociedad con la firma Befesa. Los negocios petroleros de la familia, vinculados a los servicios de grúas y transporte, tuvieron un fuerte impulso a partir de Vaca Muerta, y ahora buscan diversificarse con el mayor basurero de desechos hidrocarburíferos del continente.
Colorado
El proyecto de Crexell está frenado a la espera de un nuevo informe hídrico. Ocurre que el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco), que integran cuatro provincias (Neuquén, La Pampa, Mendoza y Río Negro), quiere saber si la ubicación de la planta afectará de un modo la cuenca de ese río patagónico, en cuya margen derecha está Catriel.
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Escenario climático poco alentador para Argentina
¿Cómo afecta a la Argentina que la temperatura aumente 1.5°C en los próximos 25 años?
Fecha de Publicación: 02/05/2017
Fuente: ComicaRSE
Provincia/Región: Nacional
Veinticinco años podrían parecer mucho tiempo, pero para la Argentina significan la diferencia entre un país devastado por desastres naturales o un país con desarrollo social y ambiental equitativo. La comunidad científica nos advierte que en sólo 25 años la temperatura de la Argentina aumentará 1.5°C, y esto podría significar que muchas ciudades desaparezcan bajo el agua con efectos sobre las fuentes de alimentación, la salud y el acceso al agua potable. No hay dudas que serán millones de vidas afectadas por los impactos irreversibles del cambio climático en el desarrollo social y económico de la Argentina.
El calentamiento global es inequívoco. Estas últimas décadas han sido las más cálidas para nuestro planeta. Según el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) la temperatura global aumentó un 0,8°C con graves consecuencias. La Argentina, por su parte, ha superado este aumento de temperatura ya que en regiones como la Patagonia ha llegado a aumentar más de 1°C en los últimos años. Además se proyecta que se supere el límite de 1.5°C en los próximos 25 años. Un tiempo muy corto si pensamos que los compromisos que se hicieron en París se establecieron para fines de siglo.
El Acuerdo de París marcó un antes y un después. Las 195 naciones acordaron combatir el cambio climático y se comprometieron a mantener el aumento de la temperatura por debajo de los 2°C. Si bien se creía que esta cifra era ambiciosa, algunos no estaban tan de acuerdo. Las islas del Pacífico y los países más vulnerables al cambio climático veían peligrar su subsistencia por el aumento del nivel del mar, que se proyectaba catastrófico con esta meta de 2°C; por ello su reclamo era que la meta sea 1.5°C. En una entrevista exclusiva, Peter Thomson, Presidente del 71º período de Sesiones de la Asamblea General de la ONU, respondió cuál era la diferencia de este medio grado para islas como Fiyi, su país natal.
"1.5°C es donde las cosas empiezan a cambiar, con impactos catastróficos, y estamos casi ahí. Esto podría significar nuestra subsistencia, es algo existencial para nosotros”.
Sus pedidos fueron escuchados y se incluyó en el Acuerdo de París un párrafo que reafirma la necesidad de hacer esfuerzos para que el aumento no supere este límite. También se logró que el IPCC inicie investigaciones sobre el impacto que tendría un calentamiento global de 1.5°C, ya que hasta el momento las proyecciones están hechas para los 2°C.
Pero ¿Qué significa esta diferencia de medio grado para la Argentina? ¿Por qué es importante que la temperatura no aumente más de 1.5°C en nuestro país? Carolina Vera, investigadora del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera, explica el desafío que tenemos por delante: “Ese medio grado puede significar una gran diferencia para el futuro de la Argentina, es la diferencia entre un país en caos o uno con desarrollo.”
Vera conoce bien de lo que habla, porque desde 2015 preside el Grupo de Trabajo I del IPPC donde investiga sobre las bases físicas del cambio climático, en el mundo y en la Argentina. Además coordinó la elaboración de un informe para la Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático que analiza el impacto del calentamiento global en nuestro país en los últimos 50 años. En una entrevista exclusiva para esta nota, Vera presenta los resultados alarmantes de su última investigación.
“No necesitamos remitirnos a las proyecciones climáticas de fines de siglo para ver cómo afecta medio grado de aumento de las temperaturas en Argentina. Los datos ya están accesibles hoy. Ya podemos ver los impactos del calentamiento global en nuestro país. En los últimos 50 años el aumento promedio de las temperaturas en el país alcanzó y superó el medio grado. Ese medio grado ha significado un aumento en las lluvias y en los eventos extremos, todos vinculados al calentamiento global por actividad humana.
Esto sólo empeorará. Estamos a la vuelta de la esquina del límite de 1.5°C”.
En el informe, Vera y su equipo anticipan que el país alcanzará un aumento de temperatura de 1.5°C en los próximos 25 años. Esto generará eventos climáticos adversos cada vez más frecuentes. Se espera un aumento de los fenómenos extremos relacionados con las altas temperaturas y las precipitaciones intensas en la mayoría de las regiones del país. Se producirán inundaciones en la zona central, sequías más prolongadas en Cuyo, lluvias intensas y tornados más frecuentes en el Norte y el Litoral. El caudal de los ríos de la cuenca del Plata sufrirá alteraciones y el Mar Argentino crecerá en promedio tres milímetros por año, dejando bajo el agua a cerca del 19% de la población argentina.
Esta proyección de la subida del mar se puede ver en el Mapa online animado diseñado por la organización Climate Central, que permite pronosticar cómo subiría el nivel del mar, con un aumento de 1.5°C y en el caso más extremo de 4°C.
Estos eventos climáticos extremos no sólo traerán como consecuencia desastres naturales. El aumento de la temperatura también producirá impactos negativos en la vulnerabilidad social y en el desarrollo de la Argentina. Respecto a esto, el Banco Mundial junto al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, llevó adelante un Análisis donde evaluó el impacto del calentamiento global en el desarrollo socio-económico del país. Determinó que las inundaciones generan el 95% de los daños económicos causados por el aumento de temperatura, y representan uno de los riesgos sociales más desafiantes para la Argentina.
No hay dudas que serán millones de vidas afectadas por los impactos irreversibles del cambio climático en el desarrollo. Este escenario está sucediendo hoy y no hará más que empeorar. Los próximos 25 años serán determinantes para frenar consecuencias aún peores.
La comunidad científica internacional es clara cuando dice que el aumento de 1.5°C es el mejor de los escenarios que se puede proyectar. Es el “peor de los males”, afirma Vera. Las consecuencias más desastrosas se verán si decidimos no hacer nada y seguimos emitiendo como lo estamos haciendo ahora. En este “business as usual” la temperatura escalará a los 4°C. Será necesario trabajar en un sistema energético más eficiente, que abandone la explotación de combustibles fósiles y busque alternativas sostenibles. Pero se deberá ir más allá de sólo reducir emisiones. Vera nos advierte que el mayor desafío será la captura de emisiones, es decir, crear los medios para que las emisiones de la atmósfera sean capturadas y se reduzcan, por ejemplo a través de la reforestación. Si tomamos en cuenta que la Argentina perdió en los últimos 10 años el 12% de sus zonas forestales (el equivalente a una cancha de fútbol por minuto) entonces estamos frente a un desafío enorme.
El Gobierno argentino reconoce este desafío y por ello anunció que fijará metas de reducción de emisiones aún más ambiciosas que las presentadas hasta el momento. Además creará un Gabinete Climático Nacional para trabajar con los sectores más críticos, como el Agro y el Transporte, los mayores contribuyentes de emisiones en el país, y también los sectores más afectados por el impacto del cambio climático (PNUD Argentina).
Veinticinco años están a la vuelta de la esquina. Ya no es necesario esperar a ver las consecuencias del aumento de temperatura en Argentina, hoy los desastres naturales están a la vista. Los escépticos han quedado en la historia. El aumento del 1.5C es inevitable y necesitamos cambiar bruscamente de dirección para no quedarnos sin Planeta. Bien lo recuerda el ex Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-Moon: “No tenemos plan B, porque no hay Planeta B”.
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Fecha de Publicación: 02/05/2017
Fuente: ComicaRSE
Provincia/Región: Nacional
Veinticinco años podrían parecer mucho tiempo, pero para la Argentina significan la diferencia entre un país devastado por desastres naturales o un país con desarrollo social y ambiental equitativo. La comunidad científica nos advierte que en sólo 25 años la temperatura de la Argentina aumentará 1.5°C, y esto podría significar que muchas ciudades desaparezcan bajo el agua con efectos sobre las fuentes de alimentación, la salud y el acceso al agua potable. No hay dudas que serán millones de vidas afectadas por los impactos irreversibles del cambio climático en el desarrollo social y económico de la Argentina.
El calentamiento global es inequívoco. Estas últimas décadas han sido las más cálidas para nuestro planeta. Según el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) la temperatura global aumentó un 0,8°C con graves consecuencias. La Argentina, por su parte, ha superado este aumento de temperatura ya que en regiones como la Patagonia ha llegado a aumentar más de 1°C en los últimos años. Además se proyecta que se supere el límite de 1.5°C en los próximos 25 años. Un tiempo muy corto si pensamos que los compromisos que se hicieron en París se establecieron para fines de siglo.
El Acuerdo de París marcó un antes y un después. Las 195 naciones acordaron combatir el cambio climático y se comprometieron a mantener el aumento de la temperatura por debajo de los 2°C. Si bien se creía que esta cifra era ambiciosa, algunos no estaban tan de acuerdo. Las islas del Pacífico y los países más vulnerables al cambio climático veían peligrar su subsistencia por el aumento del nivel del mar, que se proyectaba catastrófico con esta meta de 2°C; por ello su reclamo era que la meta sea 1.5°C. En una entrevista exclusiva, Peter Thomson, Presidente del 71º período de Sesiones de la Asamblea General de la ONU, respondió cuál era la diferencia de este medio grado para islas como Fiyi, su país natal.
"1.5°C es donde las cosas empiezan a cambiar, con impactos catastróficos, y estamos casi ahí. Esto podría significar nuestra subsistencia, es algo existencial para nosotros”.
Sus pedidos fueron escuchados y se incluyó en el Acuerdo de París un párrafo que reafirma la necesidad de hacer esfuerzos para que el aumento no supere este límite. También se logró que el IPCC inicie investigaciones sobre el impacto que tendría un calentamiento global de 1.5°C, ya que hasta el momento las proyecciones están hechas para los 2°C.
Pero ¿Qué significa esta diferencia de medio grado para la Argentina? ¿Por qué es importante que la temperatura no aumente más de 1.5°C en nuestro país? Carolina Vera, investigadora del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera, explica el desafío que tenemos por delante: “Ese medio grado puede significar una gran diferencia para el futuro de la Argentina, es la diferencia entre un país en caos o uno con desarrollo.”
Vera conoce bien de lo que habla, porque desde 2015 preside el Grupo de Trabajo I del IPPC donde investiga sobre las bases físicas del cambio climático, en el mundo y en la Argentina. Además coordinó la elaboración de un informe para la Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático que analiza el impacto del calentamiento global en nuestro país en los últimos 50 años. En una entrevista exclusiva para esta nota, Vera presenta los resultados alarmantes de su última investigación.
“No necesitamos remitirnos a las proyecciones climáticas de fines de siglo para ver cómo afecta medio grado de aumento de las temperaturas en Argentina. Los datos ya están accesibles hoy. Ya podemos ver los impactos del calentamiento global en nuestro país. En los últimos 50 años el aumento promedio de las temperaturas en el país alcanzó y superó el medio grado. Ese medio grado ha significado un aumento en las lluvias y en los eventos extremos, todos vinculados al calentamiento global por actividad humana.
Esto sólo empeorará. Estamos a la vuelta de la esquina del límite de 1.5°C”.
En el informe, Vera y su equipo anticipan que el país alcanzará un aumento de temperatura de 1.5°C en los próximos 25 años. Esto generará eventos climáticos adversos cada vez más frecuentes. Se espera un aumento de los fenómenos extremos relacionados con las altas temperaturas y las precipitaciones intensas en la mayoría de las regiones del país. Se producirán inundaciones en la zona central, sequías más prolongadas en Cuyo, lluvias intensas y tornados más frecuentes en el Norte y el Litoral. El caudal de los ríos de la cuenca del Plata sufrirá alteraciones y el Mar Argentino crecerá en promedio tres milímetros por año, dejando bajo el agua a cerca del 19% de la población argentina.
Esta proyección de la subida del mar se puede ver en el Mapa online animado diseñado por la organización Climate Central, que permite pronosticar cómo subiría el nivel del mar, con un aumento de 1.5°C y en el caso más extremo de 4°C.
Estos eventos climáticos extremos no sólo traerán como consecuencia desastres naturales. El aumento de la temperatura también producirá impactos negativos en la vulnerabilidad social y en el desarrollo de la Argentina. Respecto a esto, el Banco Mundial junto al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, llevó adelante un Análisis donde evaluó el impacto del calentamiento global en el desarrollo socio-económico del país. Determinó que las inundaciones generan el 95% de los daños económicos causados por el aumento de temperatura, y representan uno de los riesgos sociales más desafiantes para la Argentina.
No hay dudas que serán millones de vidas afectadas por los impactos irreversibles del cambio climático en el desarrollo. Este escenario está sucediendo hoy y no hará más que empeorar. Los próximos 25 años serán determinantes para frenar consecuencias aún peores.
La comunidad científica internacional es clara cuando dice que el aumento de 1.5°C es el mejor de los escenarios que se puede proyectar. Es el “peor de los males”, afirma Vera. Las consecuencias más desastrosas se verán si decidimos no hacer nada y seguimos emitiendo como lo estamos haciendo ahora. En este “business as usual” la temperatura escalará a los 4°C. Será necesario trabajar en un sistema energético más eficiente, que abandone la explotación de combustibles fósiles y busque alternativas sostenibles. Pero se deberá ir más allá de sólo reducir emisiones. Vera nos advierte que el mayor desafío será la captura de emisiones, es decir, crear los medios para que las emisiones de la atmósfera sean capturadas y se reduzcan, por ejemplo a través de la reforestación. Si tomamos en cuenta que la Argentina perdió en los últimos 10 años el 12% de sus zonas forestales (el equivalente a una cancha de fútbol por minuto) entonces estamos frente a un desafío enorme.
El Gobierno argentino reconoce este desafío y por ello anunció que fijará metas de reducción de emisiones aún más ambiciosas que las presentadas hasta el momento. Además creará un Gabinete Climático Nacional para trabajar con los sectores más críticos, como el Agro y el Transporte, los mayores contribuyentes de emisiones en el país, y también los sectores más afectados por el impacto del cambio climático (PNUD Argentina).
Veinticinco años están a la vuelta de la esquina. Ya no es necesario esperar a ver las consecuencias del aumento de temperatura en Argentina, hoy los desastres naturales están a la vista. Los escépticos han quedado en la historia. El aumento del 1.5C es inevitable y necesitamos cambiar bruscamente de dirección para no quedarnos sin Planeta. Bien lo recuerda el ex Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-Moon: “No tenemos plan B, porque no hay Planeta B”.
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Plan de Acción Extinción Cero
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El ministerio de Ambiente presentó un plan contra la extinción de especies
Fecha de Publicación: 02/05/2017
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional
El Plan de Acción Extinción Cero apunta a la conservación y prevención de especies autóctonas en peligro, como el yaguareté, el venado de las pampas, la ranita del Pehuenche, el cardenal amarillo, entre otras.
Unos 160 alumnos de escuelas públicas del partido bonaerense de Vicente López participaron de actividades educativas, lúdicas y talleres sobre educación ambiental en la presentación del programa Extinción Cero que busca la conservación de especies autóctonas, en la que el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, remarcó que “los chicos son promotores y despertadores de conciencia”.
“Los chicos y los jóvenes son los que nos terminan enseñando a los adultos, nos van marcando estas nuevas tendencias, por eso es fundamental apuntar a la educación ambiental en los niveles iniciales y, para ello, es importantísima la articulación de los distintos ministerios y la participación de los gobiernos provinciales y municipales”, dijo Bergman a Télam tras la presentación del Plan de Acción Extinción Cero, que apunta a la conservación y prevención de especies autóctonas en peligro.
Para este programa se “estudiaron las especies argentinas que están en peligro crítico de extinción y se priorizaron siete, a las que se le realizará una tarea de seguimiento y acompañamiento para protegerlas”, explicó el ministro, quien detalló que se apunta a “cuidar el hábitat de cada población, combatir la caza furtiva y el tráfico ilegal de fauna”.
En este sentido, aseguró que es “esencial el trabajo interdisciplinario tanto con el ministerio de Seguridad” para llevar adelante operativos contra este tipo de delitos, como con la cartera de educación “que permite llegar a los más chicos, que son los niños que ya saben identificar estas especies protegidas”.
La primera etapa del programa apuntará a crear un plan de acción enfocado en la conservación y protección del yaguareté, el venado de las pampas, la ranita del Pehuenche, el cauquén colorado, el cardenal amarillo, el macá tobiano y la mojarra desnuda.
Para esta selección se tuvo en cuenta el peligro de extinción crítico que afrontan estas especies y la representación de cada una las ecorregiones del país.
“Si le preguntamos a un ciudadano medio sobre cualquiera de estas especies, es muy probable que no las conozca, por eso consideramos que hay que trabajar desde la escuela, con educación ambiental apuntada a los mas pequeños, en la concientización y el cuidado de todas las especies”, señaló el ministro.
Para Bergman, “estos animales están en peligro, en muchos casos por las actividades que realiza el hombre, malversando y depredando la naturaleza, ya que la consideraba como un bien ilimitado, y estos animales en riesgo son parte del resultado”.
El secretario de Política Ambiental y Cambio Climático, Diego Moreno, señaló que para la confección de este plan se realizó “un primer relevamiento de 15 especies en riesgo critico y, en esta primera etapa vamos a trabajar con estos 7 proyectos, en conjunto con los gobiernos provinciales, municipales y organizaciones de la sociedad civil”.
“Esto es un trabajo de todos, vamos a desarrollar acciones concretas para atacar las amenazas que estas especies tienen”, agregó y explicó que junto al ministerio de Seguridad "apuntaremos al fortalecimiento para detectar el mercado ilegal de fauna silvestre, talleres de capacitación para personal de frontera, donde se harán mayores controles”.
“Otro de los punto conflictivo es la introducción de especies exóticas de otros continentes, que son traídas y luego compiten y desplazan a especies autóctonas", evaluó Moreno.
Como parte de esta iniciativa, que se presentó en el Paseo de la Costa de Vicente López, se actualizarán las “Listas Rojas”, evaluando todas las especies de diferentes grupos que se encuentran en Argentina, y se las categorizará según su nivel de amenaza.
La tarea comenzará con aves y mamíferos, una acción que no se realizaba desde 2010 y 2004, respectivamente.
El programa se realizará en el marco de la Estrategia Nacional de Biodiversidad que lleva adelante el ministerio de Ambiente en articulación con las provincias y municipios y en colaboración con organismos nacionales, de la sociedad civil y el sector académico.
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Fecha de Publicación: 02/05/2017
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional
El Plan de Acción Extinción Cero apunta a la conservación y prevención de especies autóctonas en peligro, como el yaguareté, el venado de las pampas, la ranita del Pehuenche, el cardenal amarillo, entre otras.
Unos 160 alumnos de escuelas públicas del partido bonaerense de Vicente López participaron de actividades educativas, lúdicas y talleres sobre educación ambiental en la presentación del programa Extinción Cero que busca la conservación de especies autóctonas, en la que el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, remarcó que “los chicos son promotores y despertadores de conciencia”.
“Los chicos y los jóvenes son los que nos terminan enseñando a los adultos, nos van marcando estas nuevas tendencias, por eso es fundamental apuntar a la educación ambiental en los niveles iniciales y, para ello, es importantísima la articulación de los distintos ministerios y la participación de los gobiernos provinciales y municipales”, dijo Bergman a Télam tras la presentación del Plan de Acción Extinción Cero, que apunta a la conservación y prevención de especies autóctonas en peligro.
Para este programa se “estudiaron las especies argentinas que están en peligro crítico de extinción y se priorizaron siete, a las que se le realizará una tarea de seguimiento y acompañamiento para protegerlas”, explicó el ministro, quien detalló que se apunta a “cuidar el hábitat de cada población, combatir la caza furtiva y el tráfico ilegal de fauna”.
En este sentido, aseguró que es “esencial el trabajo interdisciplinario tanto con el ministerio de Seguridad” para llevar adelante operativos contra este tipo de delitos, como con la cartera de educación “que permite llegar a los más chicos, que son los niños que ya saben identificar estas especies protegidas”.
La primera etapa del programa apuntará a crear un plan de acción enfocado en la conservación y protección del yaguareté, el venado de las pampas, la ranita del Pehuenche, el cauquén colorado, el cardenal amarillo, el macá tobiano y la mojarra desnuda.
Para esta selección se tuvo en cuenta el peligro de extinción crítico que afrontan estas especies y la representación de cada una las ecorregiones del país.
“Si le preguntamos a un ciudadano medio sobre cualquiera de estas especies, es muy probable que no las conozca, por eso consideramos que hay que trabajar desde la escuela, con educación ambiental apuntada a los mas pequeños, en la concientización y el cuidado de todas las especies”, señaló el ministro.
Para Bergman, “estos animales están en peligro, en muchos casos por las actividades que realiza el hombre, malversando y depredando la naturaleza, ya que la consideraba como un bien ilimitado, y estos animales en riesgo son parte del resultado”.
El secretario de Política Ambiental y Cambio Climático, Diego Moreno, señaló que para la confección de este plan se realizó “un primer relevamiento de 15 especies en riesgo critico y, en esta primera etapa vamos a trabajar con estos 7 proyectos, en conjunto con los gobiernos provinciales, municipales y organizaciones de la sociedad civil”.
“Esto es un trabajo de todos, vamos a desarrollar acciones concretas para atacar las amenazas que estas especies tienen”, agregó y explicó que junto al ministerio de Seguridad "apuntaremos al fortalecimiento para detectar el mercado ilegal de fauna silvestre, talleres de capacitación para personal de frontera, donde se harán mayores controles”.
“Otro de los punto conflictivo es la introducción de especies exóticas de otros continentes, que son traídas y luego compiten y desplazan a especies autóctonas", evaluó Moreno.
Como parte de esta iniciativa, que se presentó en el Paseo de la Costa de Vicente López, se actualizarán las “Listas Rojas”, evaluando todas las especies de diferentes grupos que se encuentran en Argentina, y se las categorizará según su nivel de amenaza.
La tarea comenzará con aves y mamíferos, una acción que no se realizaba desde 2010 y 2004, respectivamente.
El programa se realizará en el marco de la Estrategia Nacional de Biodiversidad que lleva adelante el ministerio de Ambiente en articulación con las provincias y municipios y en colaboración con organismos nacionales, de la sociedad civil y el sector académico.
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Chubut: gobernador nuevamente se manifiesta contra la minería
Das Neves reiteró que no existe lugar para la minería en Chubut
Fecha de Publicación: 02/05/2017
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
Recordó la conversación que mantuvo al respecto con el presidente Macri. "Le dije que en un par de días le mandaba una botella de vino que se hace en la Meseta", afirmó. En ese contexto, valoró la labor de los 30 productores que trabajan en la vitivinicultura.
El gobernador Mario Das Neves, afirmó ayer en Dolavon: "vengo a dar las peleas que creo que son las que corresponden" al referirse a su postura contra el desarrollo de la megaminería en Chubut.
Al presidir el 98° aniversario de la localidad remarcó en su discurso: "yo vengo a dar las peleas que creo que son las que corresponden, las peleas que como el otro día al propio presidente de la Nación, Mauricio Macri, arriba del escenario en el Salón Blanco, cuando él en un momento de charla me decía cuándo van permitir la inversión de la minería en la Meseta Central y yo le contesté que en un par de días te mando una botella de vino y te vas a dar cuenta que en la Meseta Central también se pueden hacer otras cosas como se están haciendo".
Y en ese sentido subrayó: "hay 30 productores vitivinícolas en toda la provincia encontrando un recurso económico importantísimo que da lugar a mucha gente. Yo le dije al Presidente ese día: nos piden minería y nosotros no estamos teniendo agua".
Fecha de Publicación: 02/05/2017
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
Recordó la conversación que mantuvo al respecto con el presidente Macri. "Le dije que en un par de días le mandaba una botella de vino que se hace en la Meseta", afirmó. En ese contexto, valoró la labor de los 30 productores que trabajan en la vitivinicultura.
El gobernador Mario Das Neves, afirmó ayer en Dolavon: "vengo a dar las peleas que creo que son las que corresponden" al referirse a su postura contra el desarrollo de la megaminería en Chubut.
Al presidir el 98° aniversario de la localidad remarcó en su discurso: "yo vengo a dar las peleas que creo que son las que corresponden, las peleas que como el otro día al propio presidente de la Nación, Mauricio Macri, arriba del escenario en el Salón Blanco, cuando él en un momento de charla me decía cuándo van permitir la inversión de la minería en la Meseta Central y yo le contesté que en un par de días te mando una botella de vino y te vas a dar cuenta que en la Meseta Central también se pueden hacer otras cosas como se están haciendo".
Y en ese sentido subrayó: "hay 30 productores vitivinícolas en toda la provincia encontrando un recurso económico importantísimo que da lugar a mucha gente. Yo le dije al Presidente ese día: nos piden minería y nosotros no estamos teniendo agua".
Indignante porcentaje ejecutado para prevenir inundaciones
Solo se ejecutó un 2,56% de un programa para prevenir inundaciones
Fecha de Publicación: 01/05/2017
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional
Las aguas bajan turbias. No las detienen los bosques nativos ni la barrera natural de los humedales, arrasados unos y otros por la expansión de la frontera agrícola, eje del único modelo productivo que impulsa como un credo el gobierno nacional. Pero tampoco encuentran dique en la gestión de prevención y/o mitigación que este debería desplegar ante catástrofes que ya son recurrentes. Al mismo tiempo que un informe del propio Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable le apunta al descontrol del avance agroindustrial como causa principal de las inundaciones, el área que debe remediar el efecto devastador de estos fenómenos está virtualmente paralizada.
El programa "Acciones de Protección Civil, Prevención de Emergencias y Alerta Temprana a Desastres" del Ministerio de Seguridad tiene un presupuesto de 1463 millones de pesos. Es el más importante de la cartera que comanda Patricia Bullrich: reúne poco menos de un tercio de los 4857 millones que tiene asignados en 2017. Entre las tareas de la Secretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes está la de implementar acciones "tendientes a prevenir, evitar, disminuir o mitigar los efectos de los desastres naturales o aquellos causados por el hombre", coordinando "el empleo de los recursos humanos y materiales del Estado Nacional en las etapas de mitigación, respuesta y reconstrucción", en el marco del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (SINAGIR). Sin embargo, y a pesar de las recurrentes inundaciones que en lo que va del año ya afectaron a once provincias, el programa que debe paliar estas calamidades solo llevaba ejecutados al día 20 de abril unos 37.410.000 pesos, apenas el 2,56% de su presupuesto.
El coronel (R) Emilio Renda, licenciado en Estrategia y Organización y veterano de decenas de catástrofes –desde la inundación de Santa Fe en 2003, durante la gobernación de Reutemann, hasta la erupción del Puyehue en 2011–, lidera la Secretaría que coordina la asistencia a damnificados por los anegamientos en todo el país, y días atrás acompañó al presidente Mauricio Macri a Tucumán. Recorrieron las zonas inundadas y analizaron las obras necesarias para prevenirlas. El grupo de trabajo del SINAGIR, que incluye a funcionarios de Recursos Hídricos, Vialidad Nacional y Agroindustria y cuyo objetivo primordial es reducir el impacto de las inundaciones en poblaciones de la llamada "zona núcleo" (sudeste cordobés, centro y sur de Santa Fe, norte bonaerense y La Pampa), se reunió dos veces este año. En septiembre prevé presentar un Plan Nacional de Reducción de Riesgos de Desastres.
De momento, las actividades del área, amén de la fuerte subejecución presupuestaria, se centran en la asistencia a evacuados, que suman varios miles en lo que va del año. Y las eventuales políticas de prevención naufragan frente a la apuesta a un modelo agrícola, abiertamente patrocinado por el gobierno pero también objetado por documentos oficiales. El extenso Informe del Estado del Ambiente presentado el jueves por la cartera que conduce Sergio Bergman da cuenta del progresivo deterioro de los humedales, que sirven como amortiguadores para las inundaciones, y concluye que la principal causa es "la conversión o el drenaje para el desarrollo de la agricultura". Andrés Napoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, celebró la presentación del informe pero señaló como principal déficit de la gestión Cambiemos “la ausencia de un actor institucional que lidere la agenda ambiental", en referencia a las tensiones insolubles entre los ministerios de Ambiente, Agroindustria y Energía y Minería.
Con motivo del Día de la Tierra, celebrado ayer, la organización ecologista Greenpeace renovó su reclamo al gobierno de una política ambiental que proteja los bosques nativos, señalando la responsabilidad del modelo agropecuario en el proceso de deforestación (2 millones de hectáreas menos desde 2014), principal causa de los anegamientos. "Desde el comienzo de 2017 somos testigos, mes a mes, de las inundaciones en nuestro país –sostuvo Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace–. Una hectárea con bosques absorbe diez veces más precipitaciones que una hectárea con soja. Más desmontes es sinónimo de más inundaciones”.
La Nación ya se comprometió con los gobernadores a invertir $ 1000 millones para obras de prevención de inundaciones en la zona núcleo, y anunció otros $ 1500 millones para reconstruir la castigada Comodoro Rivadavia. Pero el germen de la catástrofe está en su propio dogma agroexportador. Aún no respondió al pedido de $ 600 millones que le hizo el gobierno tucumano. En paralelo, asignó $ 1000 millones al programa de "Estímulo Agrícola del Plan Belgrano", subsidios para productores de soja de esa provincia y otras nueve del norte argentino, casi todas afectadas por crecidas, pero a cuyos rindes se apuesta este año para apuntalar un modelo que no tiene plan B. «
Menos catástrofes y más armas
La subejecución del programa destinado a prevenir desastres contrasta fuertemente con las erogaciones que viene realizando el Ministerio de Seguridad en otras áreas, como la de "Acciones Inherentes a la Tecnología, Equipamiento y Logística de la Seguridad", que en tres meses y medio ya comprometió 592,5 millones de pesos para equipar a las distintas fuerzas de seguridad, el 75% de un total de 793,3 millones asignados. Parte de esos fondos se destinaron a comprar equipamiento antidisturbios, con la mira puesta en la represión de protestas y piquetes. El martes pasado, el relanzamiento de la Policía Federal le permitió a la ministra Bullrich mostrar los flamantes pertrechos. Los miembros del GEOF lucieron sus nuevas ametralladoras Minimi Saw M249 belgas y cámaras GoPro en los cascos. También hubo drones para filmaciones y seguimientos, un blindado antidisturbios con tronera lanzagases y hasta trajes anti-radiación para la brigada de Riesgos Especiales.
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Fecha de Publicación: 01/05/2017
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional
Las aguas bajan turbias. No las detienen los bosques nativos ni la barrera natural de los humedales, arrasados unos y otros por la expansión de la frontera agrícola, eje del único modelo productivo que impulsa como un credo el gobierno nacional. Pero tampoco encuentran dique en la gestión de prevención y/o mitigación que este debería desplegar ante catástrofes que ya son recurrentes. Al mismo tiempo que un informe del propio Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable le apunta al descontrol del avance agroindustrial como causa principal de las inundaciones, el área que debe remediar el efecto devastador de estos fenómenos está virtualmente paralizada.
El programa "Acciones de Protección Civil, Prevención de Emergencias y Alerta Temprana a Desastres" del Ministerio de Seguridad tiene un presupuesto de 1463 millones de pesos. Es el más importante de la cartera que comanda Patricia Bullrich: reúne poco menos de un tercio de los 4857 millones que tiene asignados en 2017. Entre las tareas de la Secretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes está la de implementar acciones "tendientes a prevenir, evitar, disminuir o mitigar los efectos de los desastres naturales o aquellos causados por el hombre", coordinando "el empleo de los recursos humanos y materiales del Estado Nacional en las etapas de mitigación, respuesta y reconstrucción", en el marco del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (SINAGIR). Sin embargo, y a pesar de las recurrentes inundaciones que en lo que va del año ya afectaron a once provincias, el programa que debe paliar estas calamidades solo llevaba ejecutados al día 20 de abril unos 37.410.000 pesos, apenas el 2,56% de su presupuesto.
El coronel (R) Emilio Renda, licenciado en Estrategia y Organización y veterano de decenas de catástrofes –desde la inundación de Santa Fe en 2003, durante la gobernación de Reutemann, hasta la erupción del Puyehue en 2011–, lidera la Secretaría que coordina la asistencia a damnificados por los anegamientos en todo el país, y días atrás acompañó al presidente Mauricio Macri a Tucumán. Recorrieron las zonas inundadas y analizaron las obras necesarias para prevenirlas. El grupo de trabajo del SINAGIR, que incluye a funcionarios de Recursos Hídricos, Vialidad Nacional y Agroindustria y cuyo objetivo primordial es reducir el impacto de las inundaciones en poblaciones de la llamada "zona núcleo" (sudeste cordobés, centro y sur de Santa Fe, norte bonaerense y La Pampa), se reunió dos veces este año. En septiembre prevé presentar un Plan Nacional de Reducción de Riesgos de Desastres.
De momento, las actividades del área, amén de la fuerte subejecución presupuestaria, se centran en la asistencia a evacuados, que suman varios miles en lo que va del año. Y las eventuales políticas de prevención naufragan frente a la apuesta a un modelo agrícola, abiertamente patrocinado por el gobierno pero también objetado por documentos oficiales. El extenso Informe del Estado del Ambiente presentado el jueves por la cartera que conduce Sergio Bergman da cuenta del progresivo deterioro de los humedales, que sirven como amortiguadores para las inundaciones, y concluye que la principal causa es "la conversión o el drenaje para el desarrollo de la agricultura". Andrés Napoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, celebró la presentación del informe pero señaló como principal déficit de la gestión Cambiemos “la ausencia de un actor institucional que lidere la agenda ambiental", en referencia a las tensiones insolubles entre los ministerios de Ambiente, Agroindustria y Energía y Minería.
Con motivo del Día de la Tierra, celebrado ayer, la organización ecologista Greenpeace renovó su reclamo al gobierno de una política ambiental que proteja los bosques nativos, señalando la responsabilidad del modelo agropecuario en el proceso de deforestación (2 millones de hectáreas menos desde 2014), principal causa de los anegamientos. "Desde el comienzo de 2017 somos testigos, mes a mes, de las inundaciones en nuestro país –sostuvo Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace–. Una hectárea con bosques absorbe diez veces más precipitaciones que una hectárea con soja. Más desmontes es sinónimo de más inundaciones”.
La Nación ya se comprometió con los gobernadores a invertir $ 1000 millones para obras de prevención de inundaciones en la zona núcleo, y anunció otros $ 1500 millones para reconstruir la castigada Comodoro Rivadavia. Pero el germen de la catástrofe está en su propio dogma agroexportador. Aún no respondió al pedido de $ 600 millones que le hizo el gobierno tucumano. En paralelo, asignó $ 1000 millones al programa de "Estímulo Agrícola del Plan Belgrano", subsidios para productores de soja de esa provincia y otras nueve del norte argentino, casi todas afectadas por crecidas, pero a cuyos rindes se apuesta este año para apuntalar un modelo que no tiene plan B. «
Menos catástrofes y más armas
La subejecución del programa destinado a prevenir desastres contrasta fuertemente con las erogaciones que viene realizando el Ministerio de Seguridad en otras áreas, como la de "Acciones Inherentes a la Tecnología, Equipamiento y Logística de la Seguridad", que en tres meses y medio ya comprometió 592,5 millones de pesos para equipar a las distintas fuerzas de seguridad, el 75% de un total de 793,3 millones asignados. Parte de esos fondos se destinaron a comprar equipamiento antidisturbios, con la mira puesta en la represión de protestas y piquetes. El martes pasado, el relanzamiento de la Policía Federal le permitió a la ministra Bullrich mostrar los flamantes pertrechos. Los miembros del GEOF lucieron sus nuevas ametralladoras Minimi Saw M249 belgas y cámaras GoPro en los cascos. También hubo drones para filmaciones y seguimientos, un blindado antidisturbios con tronera lanzagases y hasta trajes anti-radiación para la brigada de Riesgos Especiales.
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Gualeguaychú volvió a marchar
Vecinos de Gualeguaychú volvieron a protestar contra la papelera ex Botnia
Fecha de Publicación: 01/05/2017
Fuente: TN
Provincia/Región: Entre Ríos
Marcharon frente a la planta que ahora está en manos de la empresa UPM, en la localidad uruguaya de Fray Bentos.
Vecinos de la ciudad argentina de Gualeguaychú se movilizaron para volver a protestar contra la actividad de una planta de pasta celulosa de la empresa finlandesa UPM, que antes funcionaba bajo el nombre de Botnia, emplazada frente a sus costas, en la localidad uruguaya de Fray Bentos.
Es la décimo tercera marcha anual que organiza la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú al puente General San Martín, sobre el río Uruguay, el principal paso fronterizo entre Argentina y Uruguay. "Expresamos la defensa del ambiente con nuestro grito: sí a la vida y no al saqueo y la contaminación. Por su parte, el Gobierno uruguayo se desvive por atraer capitales para estas industrias, siendo el cómplice necesario y permanente para llevar a cabo estos emprendimientos letales", dijeron los manifestantes en el discurso que leyeron durante la marcha.
La primera movilización masiva hacia el puente Gualeguaychú-Fray Bentos se hizo el 30 de abril de 2005, cuando los asambleístas iniciaron una serie de protestas contra la instalación de una planta de la entonces firma finlandesa Botnia y de otras similares en la ribera uruguaya del río que marca la frontera entre los dos países. Por las protestas de los argentinos, el paso en el puente internacional estuvo cerrado casi un año, entre 2006 y 2007.
El gobierno kirchnerista, por entonces con el presidente Néstor Kirchner, demandó a Uruguay en 2006 ante la Corte Internacional de La Haya por haber dejado que se autorice que Botnia levante una planta sobre un curso de agua de administración binacional. En 2010, ese tribunal internacional dictaminó que la planta no contaminaba pero que Uruguay no había informado debidamente a Argentina sobre los detalles de la construcción. La corte ordenó además hacer controles periódicos en el entorno de la fábrica.
En noviembre pasado, un informe técnico reveló que en controles realizados entre 2011 y 2015 se detectaron distintos elementos contaminantes en la planta, pero también en otros puntos del río Uruguay. La elaboración del informe fue encomendado a un comité científico por la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), integrada por representantes de los dos países.
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Fecha de Publicación: 01/05/2017
Fuente: TN
Provincia/Región: Entre Ríos
Marcharon frente a la planta que ahora está en manos de la empresa UPM, en la localidad uruguaya de Fray Bentos.
Vecinos de la ciudad argentina de Gualeguaychú se movilizaron para volver a protestar contra la actividad de una planta de pasta celulosa de la empresa finlandesa UPM, que antes funcionaba bajo el nombre de Botnia, emplazada frente a sus costas, en la localidad uruguaya de Fray Bentos.
Es la décimo tercera marcha anual que organiza la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú al puente General San Martín, sobre el río Uruguay, el principal paso fronterizo entre Argentina y Uruguay. "Expresamos la defensa del ambiente con nuestro grito: sí a la vida y no al saqueo y la contaminación. Por su parte, el Gobierno uruguayo se desvive por atraer capitales para estas industrias, siendo el cómplice necesario y permanente para llevar a cabo estos emprendimientos letales", dijeron los manifestantes en el discurso que leyeron durante la marcha.
La primera movilización masiva hacia el puente Gualeguaychú-Fray Bentos se hizo el 30 de abril de 2005, cuando los asambleístas iniciaron una serie de protestas contra la instalación de una planta de la entonces firma finlandesa Botnia y de otras similares en la ribera uruguaya del río que marca la frontera entre los dos países. Por las protestas de los argentinos, el paso en el puente internacional estuvo cerrado casi un año, entre 2006 y 2007.
El gobierno kirchnerista, por entonces con el presidente Néstor Kirchner, demandó a Uruguay en 2006 ante la Corte Internacional de La Haya por haber dejado que se autorice que Botnia levante una planta sobre un curso de agua de administración binacional. En 2010, ese tribunal internacional dictaminó que la planta no contaminaba pero que Uruguay no había informado debidamente a Argentina sobre los detalles de la construcción. La corte ordenó además hacer controles periódicos en el entorno de la fábrica.
En noviembre pasado, un informe técnico reveló que en controles realizados entre 2011 y 2015 se detectaron distintos elementos contaminantes en la planta, pero también en otros puntos del río Uruguay. La elaboración del informe fue encomendado a un comité científico por la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), integrada por representantes de los dos países.
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Barrick y Shandong presentaron la reingeniería de Veladero
Minería: Barrick y Shandong Gold entregaron el plan de reingeniería de Veladero
Fecha de Publicación: 01/05/2017
Fuente: Diario La Provincia de San Juan
Provincia/Región: San Juan
Las empresas ahora asociadas para explotar el yacimiento propusieron un trabajo que demandará dos meses de trabajo. La semana que viene se definirá.
Las mineras Barrick Gold y Shandong Gold, que operan en San Juan la mina de oro y plata Veladero, presentaron en el Ministerio de Minería de la provincia el proyecto de reingeniería del Valle de Lixiviación del emprendimiento, exigido por el gobierno provincial para rehabilitar los trabajos productivos en la cordillera.
Las empresas ahora asociadas para explotar el yacimiento propusieron un trabajo que demandará dos meses de trabajo, por lo que en caso de ser aprobado la semana que viene las operaciones suspendidas por el gobierno y la justicia de Jáchal, podrían recomenzar a mediados de año, informó una fuente de esa cartera.
De acuerdo a esa información, las empresas con derecho de explotación de la mina situada en el departamento de Iglesia, y que está paralizada por el colapso de una cañería que el gobierno exige cambiar, propusieron ampliar el Valle de Lixiviación y cambiar las cañerías coarrugadas por caños de 7.5 centímetros de espesor que irán termosoldados.
Los técnicos que empezaron a revisar los alcances de la reforma indicaron que "el proyecto a priori es superador ya que cuenta con las medidas que habían sido solicitadas por la Policía Minera y además se agregaron otros elementos que hacen que sea aún mejor el plan de reingeniería".
Entre las modificaciones del plan, se prevé el traslado de los caños que transportan la solución unos 40 metros hacia el medio del Valle de Lixiviación, y se elevará de 5 a 7 la cantidad de caños con una válvula para poder cortar o habilitar el material en caso de que se produzca la sobrecarga o saturación.
El proyecto establece que las cañerías irán a una caja de transferencias donde ingresa el flujo por cinco de esos caños y sale por los siete, pero para mayor seguridad, el material de los caños también se cambiará al igual que la unión de los mismos que ya no serán del corrugado que se venían utilizando.
Con respecto al camino lateral, se prevé que se convierta en parte del Valle de Lixiviación, para lo cual se extenderá la geomembrana hasta el cerro, ganando así unos 6 metros que pasarán a integrar el valle.
La iniciativa presentada ayer está siendo analizada por personal especializado, que incluye a un ingeniero hidráulico dado que "más que minero, el proyecto requiere de un proceso hidráulico por lo que los cálculos serán fundamentales", según las fuentes.
En el Ministerio de Minería estiman que "la semana próxima se terminará de revisar el plan", y calculan que una vez que los técnicos lo aprueben, la demora en concretar las mejoras podría demandar unos dos meses, tras lo cual el gobierno levantaría la sanción que rige sobre el sector de cianuración para así volver a la actividad.
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Fecha de Publicación: 01/05/2017
Fuente: Diario La Provincia de San Juan
Provincia/Región: San Juan
Las empresas ahora asociadas para explotar el yacimiento propusieron un trabajo que demandará dos meses de trabajo. La semana que viene se definirá.
Las mineras Barrick Gold y Shandong Gold, que operan en San Juan la mina de oro y plata Veladero, presentaron en el Ministerio de Minería de la provincia el proyecto de reingeniería del Valle de Lixiviación del emprendimiento, exigido por el gobierno provincial para rehabilitar los trabajos productivos en la cordillera.
Las empresas ahora asociadas para explotar el yacimiento propusieron un trabajo que demandará dos meses de trabajo, por lo que en caso de ser aprobado la semana que viene las operaciones suspendidas por el gobierno y la justicia de Jáchal, podrían recomenzar a mediados de año, informó una fuente de esa cartera.
De acuerdo a esa información, las empresas con derecho de explotación de la mina situada en el departamento de Iglesia, y que está paralizada por el colapso de una cañería que el gobierno exige cambiar, propusieron ampliar el Valle de Lixiviación y cambiar las cañerías coarrugadas por caños de 7.5 centímetros de espesor que irán termosoldados.
Los técnicos que empezaron a revisar los alcances de la reforma indicaron que "el proyecto a priori es superador ya que cuenta con las medidas que habían sido solicitadas por la Policía Minera y además se agregaron otros elementos que hacen que sea aún mejor el plan de reingeniería".
Entre las modificaciones del plan, se prevé el traslado de los caños que transportan la solución unos 40 metros hacia el medio del Valle de Lixiviación, y se elevará de 5 a 7 la cantidad de caños con una válvula para poder cortar o habilitar el material en caso de que se produzca la sobrecarga o saturación.
El proyecto establece que las cañerías irán a una caja de transferencias donde ingresa el flujo por cinco de esos caños y sale por los siete, pero para mayor seguridad, el material de los caños también se cambiará al igual que la unión de los mismos que ya no serán del corrugado que se venían utilizando.
Con respecto al camino lateral, se prevé que se convierta en parte del Valle de Lixiviación, para lo cual se extenderá la geomembrana hasta el cerro, ganando así unos 6 metros que pasarán a integrar el valle.
La iniciativa presentada ayer está siendo analizada por personal especializado, que incluye a un ingeniero hidráulico dado que "más que minero, el proyecto requiere de un proceso hidráulico por lo que los cálculos serán fundamentales", según las fuentes.
En el Ministerio de Minería estiman que "la semana próxima se terminará de revisar el plan", y calculan que una vez que los técnicos lo aprueben, la demora en concretar las mejoras podría demandar unos dos meses, tras lo cual el gobierno levantaría la sanción que rige sobre el sector de cianuración para así volver a la actividad.
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Acumar autoriza volvamiento de contaminantes
Acumar autorizó a verter al Riachuelo siete sustancias contaminantes prohibidas desde hace años
Fecha de Publicación: 30/04/2017
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Riachuelo
Son elementos tóxicos, como aldrin, clordano y dieldrín
"Vergonzosa". El adjetivo elegido es contundente. Las cinco ONG que integran el Cuerpo Colegiado creado por la Corte Suprema para controlar sus disposiciones en torno al saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo cuestionaron con dureza una reciente resolución de Acumar que, entre otras cosas, autorizó a las empresas a descargar sobre los ríos y sus afluentes siete sustancias que están prohibidas desde hace años.
Los representantes del Cuerpo Colegiado se reunieron ayer con la titular de Acumar, Gladys González, a quien le presentaron varios documentos, uno de los cuales analiza la resolución 46/2017, que regula los límites admisibles de vertido de efluentes líquidos, es decir, cuánto pueden contaminar las empresas.
Primera cuestión: el Cuerpo Colegiado reprobó la forma en que se miden los elementos, ya que se fijaron los límites de concentración de contaminantes "sin considerar la masa total descargada ni el efecto tóxico de los contaminantes". Esto que parece técnico y difícil de entender lo explicó a Infobae María José Lubertino, directora de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), una de las cinco ONG que intervinieron. "Lo que la Corte insiste desde el principio es que no sólo se hagan muestreos puntuales en el lugar de las descargas, sino que se evalúe el impacto sobre el total de la masa de agua, porque la contaminación se acumula", precisó. "A mayor saturación de tóxicos, más dificultades de oxigenación del total de la masa", añadió.
Desde FARN, otra ONG del grupo, Andrés Nápoli aclaró: "Lo importante es ver cuántos contaminantes puede absorber el río para distribuir esas cuotas entre los agentes contaminantes. Acá se hace al revés, se les dice a las empresas cuánto pueden contaminar sin calcular la carga total de contaminantes del río".
Sin embargo, lo que más llamó la atención es que las tablas de límites que figuran en los anexos de la resolución sumaron contaminantes orgánicos persistentes a los elementos tóxicos que ya estaban autorizados. Son siete: aldrin, clordano, DDT, dieldrín, endosulfán, endrín, heptacloro, lindano y paration. La mayoría fueron prohibidos en los años 90, aunque muchos ya figuraban en leyes de hace décadas, como la 18.079, que en 1969 prohibió el uso de ciertas sustancias en el tratamiento de praderas y de algunas especies animales.
No objetante, hay una contradicción. Porque la misma resolución menciona entre sus antecedentes a la ley 26.011, que es la que aprobó el Convenio de Estocolmo y cuyos objetivos no son compatibles con lo que aprobó ACUMAR. "No se explica ni puede advertirse cuál es el propósito de establecer límites permitidos de concentración para sustancias que nunca deberían ser vertidas. Se trata de sustancias que tienen restricciones y prohibiciones en legislaciones de distintos países, incluyendo el nuestro", subrayó el documento de las ONG, al que Infobae tuvo acceso.
En la reunión, Gladys González alegó que se incluyeron esos parámetros para que los inspectores lo verifiquen, pero las ONG le contestaron que, de ser cierto el argumento, en todo caso deberían incluir esa función en el reglamento de inspecciones y no en la norma que regula la calidad del agua. Al parecer, la presidente de Acumar prometió reformar la resolución.
Hay otra cuestión que alarmó a las ONG. La resolución divide la cuenca en tres tramos y establece cuatro categorías de calidad de agua. Cada tramo tiene distintas metas en cuanto a la calidad de agua a la que aspira a llegar con el tiempo. Más allá de que los plazos son excesivamente amplios (entre 7 y 15 años), el Cuerpo Colegiado criticó que el anexo III establece que para ninguno de los usos de la cuenca es relevante monitorear la presencia de varios contaminantes orgánicos contaminantes como arsénico total, cadmio total o mercurio total. Y para algunos usos también considera que no es importante analizar la presencia de coliformes fecales y escherichia coli.
A su vez, las ONG remarcaron, además, que para el uso II y III, que implican contacto con el agua, se admite la presencia de nitrógeno amoniacal, nitrato, escherichia coli, fósforo total, cromo y plomo.
El documento también hace hincapié en la forma de medir la presencia de aceites y grasas. Dice la resolución que "no deben estar presentes en concentraciones que sean detectables a simple vista o por el olor". Por ende, el parámetro queda supeditado a un análisis subjetivo y no científico.
Una novedad: esta mañana, el Juzgado Federal N° 2 de Morón, que tiene a cargo la ejecución de una parte del fallo "Mendoza" de la Corte Suprema, le pidió al Cuerpo Colegiado que emita una opinión formal de la resolución. Será, como anticipa el documento repasado en este artículo, lapidable. Todo, mientras Gladys González se empieza a pegar a la gobernadora María Eugenia Vidal para recorrer la provincia de Buenos Aires y ponerse el traje de candidato. La pregunta, entonces, es si lo que ocurrió en Acumar desde la asunción de Cambiemos a nivel nacional, provincial y porteño, será parte de la campaña o volverá a ser invisibilizado.
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Fecha de Publicación: 30/04/2017
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Riachuelo
Son elementos tóxicos, como aldrin, clordano y dieldrín
"Vergonzosa". El adjetivo elegido es contundente. Las cinco ONG que integran el Cuerpo Colegiado creado por la Corte Suprema para controlar sus disposiciones en torno al saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo cuestionaron con dureza una reciente resolución de Acumar que, entre otras cosas, autorizó a las empresas a descargar sobre los ríos y sus afluentes siete sustancias que están prohibidas desde hace años.
Los representantes del Cuerpo Colegiado se reunieron ayer con la titular de Acumar, Gladys González, a quien le presentaron varios documentos, uno de los cuales analiza la resolución 46/2017, que regula los límites admisibles de vertido de efluentes líquidos, es decir, cuánto pueden contaminar las empresas.
Primera cuestión: el Cuerpo Colegiado reprobó la forma en que se miden los elementos, ya que se fijaron los límites de concentración de contaminantes "sin considerar la masa total descargada ni el efecto tóxico de los contaminantes". Esto que parece técnico y difícil de entender lo explicó a Infobae María José Lubertino, directora de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), una de las cinco ONG que intervinieron. "Lo que la Corte insiste desde el principio es que no sólo se hagan muestreos puntuales en el lugar de las descargas, sino que se evalúe el impacto sobre el total de la masa de agua, porque la contaminación se acumula", precisó. "A mayor saturación de tóxicos, más dificultades de oxigenación del total de la masa", añadió.
Desde FARN, otra ONG del grupo, Andrés Nápoli aclaró: "Lo importante es ver cuántos contaminantes puede absorber el río para distribuir esas cuotas entre los agentes contaminantes. Acá se hace al revés, se les dice a las empresas cuánto pueden contaminar sin calcular la carga total de contaminantes del río".
Sin embargo, lo que más llamó la atención es que las tablas de límites que figuran en los anexos de la resolución sumaron contaminantes orgánicos persistentes a los elementos tóxicos que ya estaban autorizados. Son siete: aldrin, clordano, DDT, dieldrín, endosulfán, endrín, heptacloro, lindano y paration. La mayoría fueron prohibidos en los años 90, aunque muchos ya figuraban en leyes de hace décadas, como la 18.079, que en 1969 prohibió el uso de ciertas sustancias en el tratamiento de praderas y de algunas especies animales.
No objetante, hay una contradicción. Porque la misma resolución menciona entre sus antecedentes a la ley 26.011, que es la que aprobó el Convenio de Estocolmo y cuyos objetivos no son compatibles con lo que aprobó ACUMAR. "No se explica ni puede advertirse cuál es el propósito de establecer límites permitidos de concentración para sustancias que nunca deberían ser vertidas. Se trata de sustancias que tienen restricciones y prohibiciones en legislaciones de distintos países, incluyendo el nuestro", subrayó el documento de las ONG, al que Infobae tuvo acceso.
En la reunión, Gladys González alegó que se incluyeron esos parámetros para que los inspectores lo verifiquen, pero las ONG le contestaron que, de ser cierto el argumento, en todo caso deberían incluir esa función en el reglamento de inspecciones y no en la norma que regula la calidad del agua. Al parecer, la presidente de Acumar prometió reformar la resolución.
Hay otra cuestión que alarmó a las ONG. La resolución divide la cuenca en tres tramos y establece cuatro categorías de calidad de agua. Cada tramo tiene distintas metas en cuanto a la calidad de agua a la que aspira a llegar con el tiempo. Más allá de que los plazos son excesivamente amplios (entre 7 y 15 años), el Cuerpo Colegiado criticó que el anexo III establece que para ninguno de los usos de la cuenca es relevante monitorear la presencia de varios contaminantes orgánicos contaminantes como arsénico total, cadmio total o mercurio total. Y para algunos usos también considera que no es importante analizar la presencia de coliformes fecales y escherichia coli.
A su vez, las ONG remarcaron, además, que para el uso II y III, que implican contacto con el agua, se admite la presencia de nitrógeno amoniacal, nitrato, escherichia coli, fósforo total, cromo y plomo.
El documento también hace hincapié en la forma de medir la presencia de aceites y grasas. Dice la resolución que "no deben estar presentes en concentraciones que sean detectables a simple vista o por el olor". Por ende, el parámetro queda supeditado a un análisis subjetivo y no científico.
Una novedad: esta mañana, el Juzgado Federal N° 2 de Morón, que tiene a cargo la ejecución de una parte del fallo "Mendoza" de la Corte Suprema, le pidió al Cuerpo Colegiado que emita una opinión formal de la resolución. Será, como anticipa el documento repasado en este artículo, lapidable. Todo, mientras Gladys González se empieza a pegar a la gobernadora María Eugenia Vidal para recorrer la provincia de Buenos Aires y ponerse el traje de candidato. La pregunta, entonces, es si lo que ocurrió en Acumar desde la asunción de Cambiemos a nivel nacional, provincial y porteño, será parte de la campaña o volverá a ser invisibilizado.
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Entre Ríos: 20 denuncias semanales por desmonte
Se reciben en promedio 20 denuncias semanales por tala de monte nativo
Fecha de Publicación: 30/04/2017
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Entre Ríos
Así lo confirmaron desde la Dirección de Recursos Naturales. "Es algo muy difícil de parar", reconocen
Un promedio de 20 denuncias por semana dando cuenta del desmonte de bosques nativos en diferentes regiones de la provincia de Entre Ríos son las que recibe la Dirección General de Recursos Naturales de la Provincia, el área a cargo de la inspección y el control de una práctica que está penada por la ley. Suele suceder que esa cantidad de denuncias corresponden a tres o cuatro desmontes ocurridos en tierras consideradas fértiles o aptas para la producción de determinado emprendimiento. La situación no es nueva, e incluso el 20 de abril se hizo público un fallo judicial que condenó a la empresa Masnou por realizar desmonte en un establecimiento de Sauce de Luna, Departamento Federal, excediéndose en la superficie autorizada: el gobierno había concedido un permiso para tala 100 hectáreas, pero la firma agropecuaria desmontó 242. "Estamos labrando infracciones todas las semanas; tenemos hasta cinco denuncias por un mismo desmonte. Eso habla bien de la conciencia de la gente. Es algo muy difícil de parar porque desmontar en tierras que son fértiles te da una rentabilidad alta", aseguró el titular de la Dirección General de Recursos Naturales, Claudio Ledesma.
Según datos oficiales se han llevado adelante desmontes en tierras que no tienen valor económico y que luego se abandonan después de la primera cosecha. Al trazar un diagnóstico de esta problemática, el funcionario remarcó que es una modalidad difícil de erradicar. "Hay productores que lo incorporan como parte de los gastos de labranza, incluyendo la multa que se cobra, las cuales se están aplicando permanentemente", planteó Ledesma en diálogo con UNO.
Las regiones con mejores suelos se pueden encontrar en el Departamento Villaguay, La Paz, y en el sur de la provincia, se reconoció desde la repartición. La tarea de fiscalización y control una vez que se reciben las denuncias está a cargo de dos equipos que se movilizan en forma terrestre. Al mismo tiempo, la Secretaría de Ambiente realiza un vuelo mensual con la finalidad de detectar mediante el sistema de GPS desmontes en diferentes puntos del territorio. "Se verifican alrededor de 20 desmontes vía aérea", detalló Ledesma.
"Es muy difícil que alguien desmonte y no lo tengamos registrado. Es algo que no se puede esconder, porque lo ves hoy o lo visualizás dentro de una semana. Porque disponemos de las imágenes satelitales", enfatizó.
Normativa
Son dos las leyes que establecen claramente la competencia del Estado en la regulación de sus recursos naturales y en la protección del medio ambiente. Una de ellas es la Ley provincial Nº 10.284 de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo, que quedó sancionada en febrero de 2014, pero que recién fue reglamentada el 13 de mayo de 2015. La siguiente tiene alcance nacional, la Nº 25.675 que establece los presupuestos mínimos de protección ambiental. "Atendemos el 100% de las denuncias que se reciben en la Dirección", sostuvo Ledesma. Señaló que las denuncias se pueden realizar a través de los siguientes números telefónicos: 0800-monte, o a las líneas de Recursos Naturales, (0343) 4207870, 4208876 y 4227398.
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Fecha de Publicación: 30/04/2017
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Entre Ríos
Así lo confirmaron desde la Dirección de Recursos Naturales. "Es algo muy difícil de parar", reconocen
Un promedio de 20 denuncias por semana dando cuenta del desmonte de bosques nativos en diferentes regiones de la provincia de Entre Ríos son las que recibe la Dirección General de Recursos Naturales de la Provincia, el área a cargo de la inspección y el control de una práctica que está penada por la ley. Suele suceder que esa cantidad de denuncias corresponden a tres o cuatro desmontes ocurridos en tierras consideradas fértiles o aptas para la producción de determinado emprendimiento. La situación no es nueva, e incluso el 20 de abril se hizo público un fallo judicial que condenó a la empresa Masnou por realizar desmonte en un establecimiento de Sauce de Luna, Departamento Federal, excediéndose en la superficie autorizada: el gobierno había concedido un permiso para tala 100 hectáreas, pero la firma agropecuaria desmontó 242. "Estamos labrando infracciones todas las semanas; tenemos hasta cinco denuncias por un mismo desmonte. Eso habla bien de la conciencia de la gente. Es algo muy difícil de parar porque desmontar en tierras que son fértiles te da una rentabilidad alta", aseguró el titular de la Dirección General de Recursos Naturales, Claudio Ledesma.
Según datos oficiales se han llevado adelante desmontes en tierras que no tienen valor económico y que luego se abandonan después de la primera cosecha. Al trazar un diagnóstico de esta problemática, el funcionario remarcó que es una modalidad difícil de erradicar. "Hay productores que lo incorporan como parte de los gastos de labranza, incluyendo la multa que se cobra, las cuales se están aplicando permanentemente", planteó Ledesma en diálogo con UNO.
Las regiones con mejores suelos se pueden encontrar en el Departamento Villaguay, La Paz, y en el sur de la provincia, se reconoció desde la repartición. La tarea de fiscalización y control una vez que se reciben las denuncias está a cargo de dos equipos que se movilizan en forma terrestre. Al mismo tiempo, la Secretaría de Ambiente realiza un vuelo mensual con la finalidad de detectar mediante el sistema de GPS desmontes en diferentes puntos del territorio. "Se verifican alrededor de 20 desmontes vía aérea", detalló Ledesma.
"Es muy difícil que alguien desmonte y no lo tengamos registrado. Es algo que no se puede esconder, porque lo ves hoy o lo visualizás dentro de una semana. Porque disponemos de las imágenes satelitales", enfatizó.
Normativa
Son dos las leyes que establecen claramente la competencia del Estado en la regulación de sus recursos naturales y en la protección del medio ambiente. Una de ellas es la Ley provincial Nº 10.284 de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo, que quedó sancionada en febrero de 2014, pero que recién fue reglamentada el 13 de mayo de 2015. La siguiente tiene alcance nacional, la Nº 25.675 que establece los presupuestos mínimos de protección ambiental. "Atendemos el 100% de las denuncias que se reciben en la Dirección", sostuvo Ledesma. Señaló que las denuncias se pueden realizar a través de los siguientes números telefónicos: 0800-monte, o a las líneas de Recursos Naturales, (0343) 4207870, 4208876 y 4227398.
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El Zoo de Mendoza sigue su reconversión
En el Zoo de Mendoza siguen apurando la reconversión a ecoparque
Fecha de Publicación: 30/04/2017
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza
Luego de las polémicas pero con la ley aprobada, la idea es que antes de fines de año se pueda abrir un sector del paseo que ya esté transformado, antes de fin de año.
Aunque el traslado de la chimpancé Cecilia al santuario de Sorocaba, en Brasil, se llevó todos los flashes, en el Zoo de Mendoza siguen trabajando para la reconversión a ecoparque.
Luego de las polémicas pero con la ley aprobada, la idea es que antes de fines de año se pueda abrir un sector del paseo que ya esté transformado, dejando de lado el exhibicionismo animal y dando lugar a las innovaciones tecnológicas, como pueden ser la realidad virtual y salas 3D.
"No podemos dar un porcentaje concreto porque realmente es mucho el trabajo que se está haciendo y el que queda por hacer. La idea, no con una fecha puesta, es que en el segundo semestre o a finales de año se pueda reabrir un sector como ecoparque reconvertido, o en un 85% o 90%", expresaron desde la Secretaría de Ambiente.
Lo que es seguro es que al momento de la reapertura no se verán animales como los que alguna vez pisaron el zoológico. Desde ahora se hará foco en la conservación y en la conciencia relacionada al medio ambiente como también a la flora y fauna mendocinas.
Para lograr eso, los ideólogos del proyecto piensan en la utilización de la tecnología, que remplazará a los animales de carne y hueso. Todavía restan definiciones pero dos opciones son la realidad virtual y las salas 3D, con las que, sobre todos los niños que visiten el paseo, puedan aprender sobre el medio ambiente y la importancia de que un animal viva en su hábitat y no en cautiverio.
No todos se van
Quedan todavía aproximadamente 2.000 animales en el Zoológico, y el objetivo es derivar a la mayoría de ellos a santuarios, reservas naturales o granjas escuelas.
"Los que no puedan ser trasladados quedarán en Mendoza pero en mejores condiciones, ya que la reconversión del paseo tiene esa premisa respecto a la infraestructura. Se está haciendo con prioridades para quienes más lo necesitan", afirmaron desde la Secretaría de Ambiente.
De los exóticos, entre los cuales se cuentan cuatro elefantes, once osos pardos, tres leones, dos hipopótamas y donde también hay tucanes, monos, pecaríes, búfalos y guacamayos, entre otros, la gran mayoría puede ser trasladada.
Respecto a los osos pardos, la idea es derivar a más de la mitad, mientras que los que queden acá por ser demasiado viejos tendrán un nuevo espacio ubicado en el alto, donde tendrán una mejor calidad de vida.
Los elefantes, en tanto, irán a un santuario brasileño con el que la Secretaría de Ambiente ya firmó un convenio.
En cuanto a los de corral, la Ley de Ecoparque aprueba la derivación a granjas educativas sin la necesidad de ser subastados, por lo que su destino está en dichos espacios.
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Fecha de Publicación: 30/04/2017
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza
Luego de las polémicas pero con la ley aprobada, la idea es que antes de fines de año se pueda abrir un sector del paseo que ya esté transformado, antes de fin de año.
Aunque el traslado de la chimpancé Cecilia al santuario de Sorocaba, en Brasil, se llevó todos los flashes, en el Zoo de Mendoza siguen trabajando para la reconversión a ecoparque.
Luego de las polémicas pero con la ley aprobada, la idea es que antes de fines de año se pueda abrir un sector del paseo que ya esté transformado, dejando de lado el exhibicionismo animal y dando lugar a las innovaciones tecnológicas, como pueden ser la realidad virtual y salas 3D.
"No podemos dar un porcentaje concreto porque realmente es mucho el trabajo que se está haciendo y el que queda por hacer. La idea, no con una fecha puesta, es que en el segundo semestre o a finales de año se pueda reabrir un sector como ecoparque reconvertido, o en un 85% o 90%", expresaron desde la Secretaría de Ambiente.
Lo que es seguro es que al momento de la reapertura no se verán animales como los que alguna vez pisaron el zoológico. Desde ahora se hará foco en la conservación y en la conciencia relacionada al medio ambiente como también a la flora y fauna mendocinas.
Para lograr eso, los ideólogos del proyecto piensan en la utilización de la tecnología, que remplazará a los animales de carne y hueso. Todavía restan definiciones pero dos opciones son la realidad virtual y las salas 3D, con las que, sobre todos los niños que visiten el paseo, puedan aprender sobre el medio ambiente y la importancia de que un animal viva en su hábitat y no en cautiverio.
No todos se van
Quedan todavía aproximadamente 2.000 animales en el Zoológico, y el objetivo es derivar a la mayoría de ellos a santuarios, reservas naturales o granjas escuelas.
"Los que no puedan ser trasladados quedarán en Mendoza pero en mejores condiciones, ya que la reconversión del paseo tiene esa premisa respecto a la infraestructura. Se está haciendo con prioridades para quienes más lo necesitan", afirmaron desde la Secretaría de Ambiente.
De los exóticos, entre los cuales se cuentan cuatro elefantes, once osos pardos, tres leones, dos hipopótamas y donde también hay tucanes, monos, pecaríes, búfalos y guacamayos, entre otros, la gran mayoría puede ser trasladada.
Respecto a los osos pardos, la idea es derivar a más de la mitad, mientras que los que queden acá por ser demasiado viejos tendrán un nuevo espacio ubicado en el alto, donde tendrán una mejor calidad de vida.
Los elefantes, en tanto, irán a un santuario brasileño con el que la Secretaría de Ambiente ya firmó un convenio.
En cuanto a los de corral, la Ley de Ecoparque aprueba la derivación a granjas educativas sin la necesidad de ser subastados, por lo que su destino está en dichos espacios.
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El "gran logro" de Uñac: "autocontrol minero", sin palabras
Efecto Uñac: Las mineras harán autocontrol de calidad
Fecha de Publicación: 29/04/2017
Fuente: Ugente 24
Provincia/Región: San Juan
Sergio Uñac, gobernador de San Juan, consiguió finalmente un mayor compromiso de las empresas mineras con el cuidado de las personas y el medio ambiente: los incidentes en la mina Veladero -hoy suspendida-, y el mix de reclamos y sanciones de Uñac aceleraron un plan que la cámara empresaria preparaba para 2018. Se trata de una iniciativa llamada TSM o Towards Sustainable Mining, que ya se utiliza en Canadá y Finlandia: herramientas e indicadores para elaborar informes sobre cómo se opera en cada proyecto, que permitan comparar con los estándares globales. En las evaluaciones participarán ONGs y las comunidades de influencia.
Florencia Lendoiro explicó, en el diario El Cronista Comercial, que las mineras ejecutarán en 2017 un programa que evaluaban para 2018: nadie quiere repetir la experiencia que ocurrió en la mina sanjuanina Veladero de Barrick, hoy suspendida.
La iniciativa de minería sustentable llamada TSM (Towards Sustainable Mining), ya se utiliza en Canadá y Finlandia.
Increíble que pensaran en implementarlo en 2018 en la Argentina, cuando desde febrero ya la tenían en vigencia, por ejemplo, en Botswana.
Pero desde diciembre 2016 el modelo estaba aplicándose en la Minera Candelaria, en la Región de Atacama (Chile).
Según explicó el gerente general de Administración del distrito minero Candelaria, Sergio Armstrong, la estrategia sustentable para el manejo del recurso hídrico que se diseñó aplicó el concepto Cero Descarga, que permite reutilizar en promedio más del 85% del agua usada en el proceso minero. Posteriormente fue implementado un proyecto para utilizar aguas tratadas y el tercer gran paso fue la puesta en marcha de la planta desalinizadora.
¿Cómo será en San Juan? Bueno, dependerá de lo que le presenten a Uñac, y éste acepte.
El TMS consiste en herramientas e indicadores para elaborar informes sobre cómo se opera en cada proyecto, que permitan comparar la forma en que trabajan las multinacionales en la Argentina con respecto a los estándares que cumplen en otros países.
Uñac sancionó a minera Barrick marcando el rumbo para que la Cámara Argentina de Empresarios Mineros tomará la decisión de cambiar el rumbo de trabajo, recordó El Cronista, y agregó: "(...) el primer mandatario de la provincia, en la reunión que mantuvo con la cúpula de las empresas que tienen la explotación de emprendimiento minero, les exigió que recuperen la credibilidad y la confianza que perdieron de la comunidad, debido a la cantidad de errores cometidos y además impuso como prioridad el cuidado de cada uno de los habitantes de la provincia, en particular de las zonas afectadas por el incidente y del cuidado medioambiental."
Para Marcelo Alvarez, presidente de Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), es importante tener herramientas para desterrar la idea de "doble estándar" que tiene la sociedad sobre las empresas mineras. "Aunque no sea real, hoy no tenemos datos para refutar lo que dicen muchos, eso de que seguramente acá las mineras no cumplen con planes para evitar incidentes como sí lo hacen en países como Canadá", dijo. Y explicó que por eso se implementará el TSM, para que se puedan hacer comparaciones sobre la metodología de trabajo en el mundo. "Es una herramienta de control y autodisciplina", resumió Alvarez.
Como se trata de un plan diseñado por la Asociación de Mineras de Canadá, el presidente de CAEM explicó que las primeras firmas que realizarán informes serán originarias de ese país. Son justamente las más grandes que operan en Argentina como Gold Corp y la propia Barrick. Los primeros informes estarían listos a fin de año y el resto -los de firmas de otro origen-, un año después.
Alvarez adelantó estos detalles durante la presentación de la nueva ArMinera, la exposición del sector que se realizará entre el 9 y el 11 de mayo en el Centro Costa Salguero, donde se oficializará el lanzamiento del TSM.
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Fecha de Publicación: 29/04/2017
Fuente: Ugente 24
Provincia/Región: San Juan
Sergio Uñac, gobernador de San Juan, consiguió finalmente un mayor compromiso de las empresas mineras con el cuidado de las personas y el medio ambiente: los incidentes en la mina Veladero -hoy suspendida-, y el mix de reclamos y sanciones de Uñac aceleraron un plan que la cámara empresaria preparaba para 2018. Se trata de una iniciativa llamada TSM o Towards Sustainable Mining, que ya se utiliza en Canadá y Finlandia: herramientas e indicadores para elaborar informes sobre cómo se opera en cada proyecto, que permitan comparar con los estándares globales. En las evaluaciones participarán ONGs y las comunidades de influencia.
Florencia Lendoiro explicó, en el diario El Cronista Comercial, que las mineras ejecutarán en 2017 un programa que evaluaban para 2018: nadie quiere repetir la experiencia que ocurrió en la mina sanjuanina Veladero de Barrick, hoy suspendida.
La iniciativa de minería sustentable llamada TSM (Towards Sustainable Mining), ya se utiliza en Canadá y Finlandia.
Increíble que pensaran en implementarlo en 2018 en la Argentina, cuando desde febrero ya la tenían en vigencia, por ejemplo, en Botswana.
Pero desde diciembre 2016 el modelo estaba aplicándose en la Minera Candelaria, en la Región de Atacama (Chile).
Según explicó el gerente general de Administración del distrito minero Candelaria, Sergio Armstrong, la estrategia sustentable para el manejo del recurso hídrico que se diseñó aplicó el concepto Cero Descarga, que permite reutilizar en promedio más del 85% del agua usada en el proceso minero. Posteriormente fue implementado un proyecto para utilizar aguas tratadas y el tercer gran paso fue la puesta en marcha de la planta desalinizadora.
¿Cómo será en San Juan? Bueno, dependerá de lo que le presenten a Uñac, y éste acepte.
El TMS consiste en herramientas e indicadores para elaborar informes sobre cómo se opera en cada proyecto, que permitan comparar la forma en que trabajan las multinacionales en la Argentina con respecto a los estándares que cumplen en otros países.
Uñac sancionó a minera Barrick marcando el rumbo para que la Cámara Argentina de Empresarios Mineros tomará la decisión de cambiar el rumbo de trabajo, recordó El Cronista, y agregó: "(...) el primer mandatario de la provincia, en la reunión que mantuvo con la cúpula de las empresas que tienen la explotación de emprendimiento minero, les exigió que recuperen la credibilidad y la confianza que perdieron de la comunidad, debido a la cantidad de errores cometidos y además impuso como prioridad el cuidado de cada uno de los habitantes de la provincia, en particular de las zonas afectadas por el incidente y del cuidado medioambiental."
Para Marcelo Alvarez, presidente de Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), es importante tener herramientas para desterrar la idea de "doble estándar" que tiene la sociedad sobre las empresas mineras. "Aunque no sea real, hoy no tenemos datos para refutar lo que dicen muchos, eso de que seguramente acá las mineras no cumplen con planes para evitar incidentes como sí lo hacen en países como Canadá", dijo. Y explicó que por eso se implementará el TSM, para que se puedan hacer comparaciones sobre la metodología de trabajo en el mundo. "Es una herramienta de control y autodisciplina", resumió Alvarez.
Como se trata de un plan diseñado por la Asociación de Mineras de Canadá, el presidente de CAEM explicó que las primeras firmas que realizarán informes serán originarias de ese país. Son justamente las más grandes que operan en Argentina como Gold Corp y la propia Barrick. Los primeros informes estarían listos a fin de año y el resto -los de firmas de otro origen-, un año después.
Alvarez adelantó estos detalles durante la presentación de la nueva ArMinera, la exposición del sector que se realizará entre el 9 y el 11 de mayo en el Centro Costa Salguero, donde se oficializará el lanzamiento del TSM.
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Traslado de guardaparques en Misiones sin avance
Nueva audiencia por el traslado de guardaparques, sin muchos avances
Fecha de Publicación: 29/04/2017
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones
Este miércoles se llevó a cabo una nueva audiencia entre autoridades del Ministerio de Ecología de Misiones y representantes gremiales de los guardaparques provinciales enrolados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
La reunión tuvo lugar en el edificio de la cartera ambiental y por el gremio acompañaron a los defensores de la naturaleza su secretario general, César Fariña, y el asesor jurídico, Jorge Sabulanes, mientras que por Ecología se presentó el subsecretario Juan Manuel Díaz junto a otros funcionarios.
Sergio Ilchuk, Leonardo Rangel Olivera, Quike Cardozo, Javier Baez, Diego Ciarmiello y Santiago Belliti, fueron los guardaparques presentes.
El tema excluyente en esta instancia de diálogo fue nuevamente el reclamo que viene sosteniendo el sindicato de los estatales para que se deje sin efecto la resolución que ordenó el traslado de un conjunto de guardaparques que presta servicio en el Parque Moconá y otras áreas protegidas, "castigados" por oponerse al proyecto oficialista de abrir un camino en el Lote 8 de la Reserva Yabotí.
Tras los intercambios de posturas, las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio y volver a encontrarse en la mesa de diálogo la próxima semana.
"Hubo avances en la comunicación, confiamos que de esta mesa de diálogo va a tener resultados positivos. Nosotros venimos pidiendo desde hace un tiempo y a través de vías administrativas pero también de manifestaciones, que estos guardaparques permanezcan en sus lugares de trabajo. Estamos dispuestos a sostener el diálogo con la condición de que no se descuente ni haya ningún tipo de sanción a ningún guardaparques, porque cada una de las medidas que se tomaron se hicieron bajo tutela gremial, fueron acciones sindicales. Hoy creemos que estamos en vía de resolver este conflicto", expresaron desde el sindicato al culminar la reunión.
Repercusión
La lucha que vienen sosteniendo los guardaparques ante los traslados compulsivos, en defensa del Parque Moconá y por lograr condiciones óptimas de trabajo tuvo una fuerte repercusión tanto en la provincia como a nivel nacional, debido al gran apoyo recibido tanto por organizaciones sociales como de parte de la ciudadanía en general, expresada en diversas manifestaciones.
En este contexto, esta lucha tendrá su espacio en la 43ª Feria Internacional del Libro, ya que desde ATE Nacional dispondrán de un espacio en el stand de la organización, para que los guardaparques puedan mostrar su problemática a través de una producción audiovisual realizada por la Agencia de Noticias ATE Misiones y Canal Abierto, que se estrenará en dicha actividad.
Será el próximo 3 de mayo a las 18:00 en el predio de La Rural, en Capital Federal.
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Fecha de Publicación: 29/04/2017
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones
Este miércoles se llevó a cabo una nueva audiencia entre autoridades del Ministerio de Ecología de Misiones y representantes gremiales de los guardaparques provinciales enrolados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
La reunión tuvo lugar en el edificio de la cartera ambiental y por el gremio acompañaron a los defensores de la naturaleza su secretario general, César Fariña, y el asesor jurídico, Jorge Sabulanes, mientras que por Ecología se presentó el subsecretario Juan Manuel Díaz junto a otros funcionarios.
Sergio Ilchuk, Leonardo Rangel Olivera, Quike Cardozo, Javier Baez, Diego Ciarmiello y Santiago Belliti, fueron los guardaparques presentes.
El tema excluyente en esta instancia de diálogo fue nuevamente el reclamo que viene sosteniendo el sindicato de los estatales para que se deje sin efecto la resolución que ordenó el traslado de un conjunto de guardaparques que presta servicio en el Parque Moconá y otras áreas protegidas, "castigados" por oponerse al proyecto oficialista de abrir un camino en el Lote 8 de la Reserva Yabotí.
Tras los intercambios de posturas, las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio y volver a encontrarse en la mesa de diálogo la próxima semana.
"Hubo avances en la comunicación, confiamos que de esta mesa de diálogo va a tener resultados positivos. Nosotros venimos pidiendo desde hace un tiempo y a través de vías administrativas pero también de manifestaciones, que estos guardaparques permanezcan en sus lugares de trabajo. Estamos dispuestos a sostener el diálogo con la condición de que no se descuente ni haya ningún tipo de sanción a ningún guardaparques, porque cada una de las medidas que se tomaron se hicieron bajo tutela gremial, fueron acciones sindicales. Hoy creemos que estamos en vía de resolver este conflicto", expresaron desde el sindicato al culminar la reunión.
Repercusión
La lucha que vienen sosteniendo los guardaparques ante los traslados compulsivos, en defensa del Parque Moconá y por lograr condiciones óptimas de trabajo tuvo una fuerte repercusión tanto en la provincia como a nivel nacional, debido al gran apoyo recibido tanto por organizaciones sociales como de parte de la ciudadanía en general, expresada en diversas manifestaciones.
En este contexto, esta lucha tendrá su espacio en la 43ª Feria Internacional del Libro, ya que desde ATE Nacional dispondrán de un espacio en el stand de la organización, para que los guardaparques puedan mostrar su problemática a través de una producción audiovisual realizada por la Agencia de Noticias ATE Misiones y Canal Abierto, que se estrenará en dicha actividad.
Será el próximo 3 de mayo a las 18:00 en el predio de La Rural, en Capital Federal.
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Córdoba: controversia por contaminación cloacal
Entre la desidia y la contaminación
Fecha de Publicación: 29/04/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
La Provincia y la Municipalidad, cada una en lo que atañe a sus responsabilidades de control y ejecución de obras, tienen el deber de revertir la postal de inmundicia que muestra el río Suquía y que pone en riesgo la salud de los ciudadanos. Bajo Grande: el tratamiento de líquidos contaminantes es casi nulo
La degradación sin medida ni control del río Suquía, a su paso por la ciudad de Córdoba, se ha agravado en las últimas décadas, al extremo de convertir a su cauce en un depósito de residuos de distinta naturaleza y procedencia, con severos efectos contaminantes.
Entre las causas que contribuyen a incrementar ese grado de contaminación se anotan los líquidos cloacales que no terminan de ser tratados en la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Bajo Grande, ubicada en la zona de Chacra de la Merced, en la periferia este de la capital provincial.
Es un antiguo problema al que tanto las autoridades municipales como las provinciales no aciertan en hallar soluciones en cuanto a sus responsabilidades jurisdiccionales, pese a los análisis y a las advertencias que dan cuenta de que la planta está sobrepasada en su capacidad de tratamiento de los efluentes que van al río.
Las promesas de construcción de una nueva planta depuradora aún no fueron cumplidas. Tampoco prosperaron las planificaciones de corto alcance tendientes a remediar una situación de virtual colapso que pone en riesgo la salud de la población y del ecosistema en general.
Un informe de este diario publicado el pasado martes, sustentado en análisis químicos, revela que los líquidos cloacales que ingresan a la planta de Bajo Grande son arrojados aguas abajo del río Suquía casi con el mismo nivel de contaminación con el que ingresaron.
Además, en una recorrida por las instalaciones se observó que varios de los equipos de depuración están inactivos, lo cual coincide con lo que vienen alertando los propios agentes municipales asignados a esas tareas.
Los expertos trazan un diagnóstico desalentador. La bióloga Adriana Abril afirma que los valores coliformes (especies bacterianas) son muy altos y no difieren mucho entre la entrada y la salida de la planta. Es decir, no se realiza cloración, entre otros procedimientos.
Si tenemos en cuenta que los informes que alertan sobre la falta de tratamiento de las aguas servidas en la Estación de Bajo Grande datan de dos décadas atrás, se puede inferir que es muy poco lo que el Estado ha planificado y concretado y que las promesas de obras han pasado de largo como el río que arrastra aguas contaminadas.
No hay margen para posponer una remediación integral, que deberá atender el exponencial crecimiento de la red cloacal en Córdoba desde que la planta fue inaugurada en 1987.
La Provincia y la Municipalidad, cada una en lo que atañe a sus responsabilidades de control y ejecución de obras, tienen el deber de revertir la postal de inmundicia que muestra el río Suquía y que pone en riesgo la salud de los ciudadanos.
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Fecha de Publicación: 29/04/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
La Provincia y la Municipalidad, cada una en lo que atañe a sus responsabilidades de control y ejecución de obras, tienen el deber de revertir la postal de inmundicia que muestra el río Suquía y que pone en riesgo la salud de los ciudadanos. Bajo Grande: el tratamiento de líquidos contaminantes es casi nulo
La degradación sin medida ni control del río Suquía, a su paso por la ciudad de Córdoba, se ha agravado en las últimas décadas, al extremo de convertir a su cauce en un depósito de residuos de distinta naturaleza y procedencia, con severos efectos contaminantes.
Entre las causas que contribuyen a incrementar ese grado de contaminación se anotan los líquidos cloacales que no terminan de ser tratados en la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Bajo Grande, ubicada en la zona de Chacra de la Merced, en la periferia este de la capital provincial.
Es un antiguo problema al que tanto las autoridades municipales como las provinciales no aciertan en hallar soluciones en cuanto a sus responsabilidades jurisdiccionales, pese a los análisis y a las advertencias que dan cuenta de que la planta está sobrepasada en su capacidad de tratamiento de los efluentes que van al río.
Las promesas de construcción de una nueva planta depuradora aún no fueron cumplidas. Tampoco prosperaron las planificaciones de corto alcance tendientes a remediar una situación de virtual colapso que pone en riesgo la salud de la población y del ecosistema en general.
Un informe de este diario publicado el pasado martes, sustentado en análisis químicos, revela que los líquidos cloacales que ingresan a la planta de Bajo Grande son arrojados aguas abajo del río Suquía casi con el mismo nivel de contaminación con el que ingresaron.
Además, en una recorrida por las instalaciones se observó que varios de los equipos de depuración están inactivos, lo cual coincide con lo que vienen alertando los propios agentes municipales asignados a esas tareas.
Los expertos trazan un diagnóstico desalentador. La bióloga Adriana Abril afirma que los valores coliformes (especies bacterianas) son muy altos y no difieren mucho entre la entrada y la salida de la planta. Es decir, no se realiza cloración, entre otros procedimientos.
Si tenemos en cuenta que los informes que alertan sobre la falta de tratamiento de las aguas servidas en la Estación de Bajo Grande datan de dos décadas atrás, se puede inferir que es muy poco lo que el Estado ha planificado y concretado y que las promesas de obras han pasado de largo como el río que arrastra aguas contaminadas.
No hay margen para posponer una remediación integral, que deberá atender el exponencial crecimiento de la red cloacal en Córdoba desde que la planta fue inaugurada en 1987.
La Provincia y la Municipalidad, cada una en lo que atañe a sus responsabilidades de control y ejecución de obras, tienen el deber de revertir la postal de inmundicia que muestra el río Suquía y que pone en riesgo la salud de los ciudadanos.
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