FAA quiere el desmonte en Córdoba
08:00 | 
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Federación Agraria quiere 1,9 millones de hectáreas menos
Fecha de Publicación: 03/12/2016
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Como en 2009 cuando se sancionó la ley que lo creó, el ordenamiento territorial de los bosques nativos (OTBN) de Córdoba sigue planteando diferencias irreconciliables entre el sector rural y el ambientalismo.
Este año, la Provincia convocó a una mesa para actualizar el mapa de la ley 9.814, que pinta a estos ecosistemas en tres colores, según su estado de conservación y las actividades permitidas.
Pero en este espacio, las diferentes posturas de los sectores rurales y de las ONG ambientalistas y ecólogos no llegan a un acuerdo que permita elevar un proyecto consensuado para que la Legislatura lo apruebe.
Hace unos días, la Federación Agraria Argentina (FAA) dejó clara su postura de que el OTBN de Córdoba está “sobredimensionado” y que requiere un sinceramiento.
“Creemos que la cobertura vegetal ‘bosque nativo’ en la provincia no debería superar en total los dos millones de hectáreas, correspondiendo a la categoría roja entre 500 mil y 600 mil, y a la categoría amarilla alrededor de 1.5 millones hectáreas”, detalla un documento presentado en esta mesa de diálogo.
Pero según estudios realizados por expertos, la provincia tiene 3,6 millones de hectáreas con bosque nativo, es decir, 1,6 millones de hectáreas más que la postura de la FAA.
El trabajo fue realizado en 2009 por los ecólogos Marcel Zak y Marcelo Cabido, y es el estudio científico del bosque nativo cordobés más detallado hasta la fecha.
En el recuento se incluyen el bosque abierto, matorrales en diferentes estados y ecosistemas halófitos (ambientes salinos).
El mapa provincial actual suma cuatro millones de hectáreas, es decir 1,9 millones más de hectáreas que la idea de la FAA.
“Las gravísimas distorsiones originadas en el mapa inicial y en toda la etapa reglamentaria de la ley más una gestión arbitraria y discrecional por parte de la autoridad de aplicación concluyeron en una errónea clasificación de las categorías de conservación”, señalan desde la FAA.
Uno de los argumentos de la FAA para reducir la superficie protegida es el mismo que el esbozado por la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez) hace unas semanas: el ser humano debe manejar los predios con ambientes autóctonos degradados, como matorrales, para que el bosque vuelva.
Desde el ambientalismo sostienen que estos matorrales brindan la mayoría de los servicios ecosistémicos por los cuales la ley decidió proteger los bosque como mantener la fertilidad del suelo, regular el agua y el clima y secuestrar dióxido de carbono responsable de cambio climático.
“Querer excluir del OTBN estructuras de vegetación simplemente por no haber llegado a su estado de máximo desarrollo arbóreo no es correcto, según los criterios propuestos por las diferentes resoluciones”, señala un documento firmado por integrantes del Foro Ambiental Córdoba, el Movimiento Campesino de Córdoba, la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), varios institutos de la Universidad Nacional de Córdoba y el Conicet.
También sostienen que la ley no permite recategorizar hacia clasificaciones de menor valor, como proponen desde el sector rural.
Los ruralistas quieren la producción silvopastoril. Desde el ambientalismo sostienen que la actividad silvopastoril en zona amarilla debería estar sometida a un proceso de evaluación de impacto ambiental y que la ley no permite el desmonte selectivo ni la implantación de pasturas exóticas.
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Fecha de Publicación: 03/12/2016
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Como en 2009 cuando se sancionó la ley que lo creó, el ordenamiento territorial de los bosques nativos (OTBN) de Córdoba sigue planteando diferencias irreconciliables entre el sector rural y el ambientalismo.
Este año, la Provincia convocó a una mesa para actualizar el mapa de la ley 9.814, que pinta a estos ecosistemas en tres colores, según su estado de conservación y las actividades permitidas.
Pero en este espacio, las diferentes posturas de los sectores rurales y de las ONG ambientalistas y ecólogos no llegan a un acuerdo que permita elevar un proyecto consensuado para que la Legislatura lo apruebe.
Hace unos días, la Federación Agraria Argentina (FAA) dejó clara su postura de que el OTBN de Córdoba está “sobredimensionado” y que requiere un sinceramiento.
“Creemos que la cobertura vegetal ‘bosque nativo’ en la provincia no debería superar en total los dos millones de hectáreas, correspondiendo a la categoría roja entre 500 mil y 600 mil, y a la categoría amarilla alrededor de 1.5 millones hectáreas”, detalla un documento presentado en esta mesa de diálogo.
Pero según estudios realizados por expertos, la provincia tiene 3,6 millones de hectáreas con bosque nativo, es decir, 1,6 millones de hectáreas más que la postura de la FAA.
El trabajo fue realizado en 2009 por los ecólogos Marcel Zak y Marcelo Cabido, y es el estudio científico del bosque nativo cordobés más detallado hasta la fecha.
En el recuento se incluyen el bosque abierto, matorrales en diferentes estados y ecosistemas halófitos (ambientes salinos).
El mapa provincial actual suma cuatro millones de hectáreas, es decir 1,9 millones más de hectáreas que la idea de la FAA.
“Las gravísimas distorsiones originadas en el mapa inicial y en toda la etapa reglamentaria de la ley más una gestión arbitraria y discrecional por parte de la autoridad de aplicación concluyeron en una errónea clasificación de las categorías de conservación”, señalan desde la FAA.
Uno de los argumentos de la FAA para reducir la superficie protegida es el mismo que el esbozado por la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez) hace unas semanas: el ser humano debe manejar los predios con ambientes autóctonos degradados, como matorrales, para que el bosque vuelva.
Desde el ambientalismo sostienen que estos matorrales brindan la mayoría de los servicios ecosistémicos por los cuales la ley decidió proteger los bosque como mantener la fertilidad del suelo, regular el agua y el clima y secuestrar dióxido de carbono responsable de cambio climático.
“Querer excluir del OTBN estructuras de vegetación simplemente por no haber llegado a su estado de máximo desarrollo arbóreo no es correcto, según los criterios propuestos por las diferentes resoluciones”, señala un documento firmado por integrantes del Foro Ambiental Córdoba, el Movimiento Campesino de Córdoba, la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), varios institutos de la Universidad Nacional de Córdoba y el Conicet.
También sostienen que la ley no permite recategorizar hacia clasificaciones de menor valor, como proponen desde el sector rural.
Los ruralistas quieren la producción silvopastoril. Desde el ambientalismo sostienen que la actividad silvopastoril en zona amarilla debería estar sometida a un proceso de evaluación de impacto ambiental y que la ley no permite el desmonte selectivo ni la implantación de pasturas exóticas.
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Atanor y la contaminación en San Nicolás
La contaminación alrededor de Atanor
Fecha de Publicación: 03/12/2016
Fuente: FM La Tribu
Provincia/Región: Buenos Aires
La empresa Atanor está envuelta en una causa judicial por los cientos de casos de cáncer en vecinos de San Nicolás.
Una de las plantas de Atanor, en donde se produce Atrazina, agroquímicos, herbicidas, insecticidad y humectantes, fue clausurada hace dos meses a raíz de una campaña de denuncias encabezada por la ONG Protección Ambiental del Río Paraná. La clausura duró poco más de un mes, ya que a mediados de octubre se levantó el cierre de la fábrica.
A esto se suma el hecho de que el domingo 20 de noviembre hubo una importante explosión seguida de incendio en un depósito de bidones vacíos. Se confirmó luego que el incendio no alcanzó a afectar el depósito de sustancias químicas.
Nora Toia, periodista de San Nicolás e integrante de la ONG Protección Ambiental Rio Paraná, aclara la situación de la empresa Atanor, radicada en dicha ciudad bonaerense.
Toia también se refiere a la falta de intervención en el tema de las autoridades municipales.
Fecha de Publicación: 03/12/2016
Fuente: FM La Tribu
Provincia/Región: Buenos Aires
La empresa Atanor está envuelta en una causa judicial por los cientos de casos de cáncer en vecinos de San Nicolás.
Una de las plantas de Atanor, en donde se produce Atrazina, agroquímicos, herbicidas, insecticidad y humectantes, fue clausurada hace dos meses a raíz de una campaña de denuncias encabezada por la ONG Protección Ambiental del Río Paraná. La clausura duró poco más de un mes, ya que a mediados de octubre se levantó el cierre de la fábrica.
A esto se suma el hecho de que el domingo 20 de noviembre hubo una importante explosión seguida de incendio en un depósito de bidones vacíos. Se confirmó luego que el incendio no alcanzó a afectar el depósito de sustancias químicas.
Nora Toia, periodista de San Nicolás e integrante de la ONG Protección Ambiental Rio Paraná, aclara la situación de la empresa Atanor, radicada en dicha ciudad bonaerense.
Toia también se refiere a la falta de intervención en el tema de las autoridades municipales.
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Las mineras en pie de guerra por las retenciones
Las mineras se niegan a financiar los cambios en Ganancias
Fecha de Publicación: 03/12/2016
Fuente: Adelanto24
Provincia/Región: Nacional
Empezaron a hacer lobby para sepultar la idea de que un eventual cambio el impuesto sea compensado con sumas provenientes de la minería, como propone el massismo. El sector podría aportar hasta $ 5.000 millones anuales. Cuentan con el respaldo de Francisco Cabrera.
La decisión de Mauricio Macri de erradicar las retenciones a la minería terminó transformando, en menos de un año, a las empresas del sector y sus organizaciones en actores con una capacidad de lobby de una potencia impensada.
Así, la injerencia de Barrick y compañía a la hora de fijar presión sobre el estamento político ya puede emparentarse directamente con el poder que se le conoce a, por citar dos casos, la Sociedad Rural o la Unión Industrial.
Una muestra de este crecimiento en términos de bloque con incidencia en las decisiones viene tomando forma ahora que se discuten cambios en el Impuesto a las Ganancias. Agrupadas en la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), las firmas del ramo salieron al cruce las propuestas de la oposición que reclaman la vuelta de las retenciones a la actividad.
Ocurre que, de reinstalarse el régimen, las mineras deberán efectuar aportes anuales por cuanto menos $ 5.000 millones. Dicha cifra permitiría al Ejecutivo cubrir el hueco que originará la eventual suba del mínimo no imponible.
De ahí que, sobre todo en el transcurso de esta semana, las principales compañías de la extracción no sólo anticiparon a los gobernadores de territorios mineros que recortarán inversiones si vuelve el esquema: también iniciaron, entre bambalinas, una campaña para que se discuta a la par un potencial retorno de retenciones para la soja.
“Macri le dio a las mineras un status que llevó al sector a creerse que es tan importante como el campo. En las provincias donde ya estaban intensificaron su poder sobre el bloque político local. Y ahora empezaron a agitar que bajarán los puestos de trabajo si el Gobierno cambia la estructura de costos para el sector”, aseguró a Adelanto 24 una fuente del Frente Renovador.
Precisamente dicha agrupación es que la que encabeza el reclamo para que los pagos recortados a las mineras pasen en breve a cubrir los aportes que hoy corren por cuenta de miles de trabajadores.
“En concreto, representantes de distintas mineras nos dijeron que no permitirán que la cosa cambie. Que los trabajadores que hoy pagan Ganancias se arreglen y ya. Una actitud similar tienen los empresarios de los juegos de azar”, agregó.
Con vistas a ser discutida con mayor amplitud en el primer tramo de 2017, la propuesta del massismo –que cuenta con el apoyo de otras fuerzas– contempla duplicar el mínimo no imponible y establecer diferentes escalas de pago.
La intención de la potencial normativa es consolidar una recaudación extra a través de, justamente, las retenciones a la minería, además de impulsar la implementación de tributos al juego y la renta financiera.
En el torno de Sergio Massa, según pudo saber Adelanto 24, crece la idea de que el lobby de CAEM cuenta con el secreto respaldo de Francisco Cabrera, actual Ministro de Producción.
En cuanto a la reacción de las mineras, las empresas de la extracción dieron a conocer en las últimas horas una serie de comunicados alegando que “volver a gravar la actividad significa un ataque a la seguridad jurídica, con consecuencias negativas más allá del sector minero”.
Para el sector, el retorno de las retenciones “generaría una pérdida de competitividad frente a otros países de la región. Repercutiría en una menor creación de fuentes de trabajo y perjudicaría a las economías regionales que más necesitan de la minería, por ser su principal recurso”.
En una declaración a la que accedió este medio, CAEM expuso: “En función del cambio de escenario que significó la quita de retenciones y de la percepción de una mayor seguridad jurídica, el sector minero planificó inversiones por U$S 20.000 millones, que se encuentran actualmente en sus etapas iniciales. De hecho, durante este año ya se han anunciado proyectos, por un total de U$S 1.900 millones de inversión, que ya han comenzado su curso.”
Según la organización, la quita de retenciones motivó las siguientes situaciones en el escenario minero:
“La mejora en la competitividad logró alargar el tiempo de producción de varios emprendimientos. Entre ellos: Alumbrera, Pirquitas, Casposo, Manantial Espejo y Sierra Grande.”
“Tomando los 5 proyectos que lograron extender su vida productiva se lograron exportaciones por u$s1.300 millones.”
“Los mencionados proyectos, funcionando gracias al cambio en las retenciones, destinan u$s870 millones al pago de proveedores y mano de obra, dinero que queda en el país.”
“La medida permitió preservar 12.000 puestos de trabajo (entre empleos directos e indirectos).”
“Ocho empresas anunciaron inversiones por u$s1.900 millones este año.”
Lo no dicho por el sector es que las mineras, además de no pagar retenciones, continúan siendo beneficiadas con excepciones al pago de IVA, impuesto al cheque y sellos, entre otros conceptos.
Los favores también incluyen ciertas “facilidades” para el pago de, precisamente, el Impuesto a las Ganancias.
En paralelo, Barrick y sus pares carecen de la obligación de reingresar al país las divisas que obtienen por la venta del producto final en el exterior.
Otra ventaja de la que gozan las mineras: desde 1993, las mineras poseen un régimen de estabilidad fiscal por el término de tres décadas. Esto, a partir de la fecha de presentación del estudio de factibilidad de un proyecto.
El régimen implica que todos los beneficios, exenciones, desgravaciones e incentivos otorgados no podrán ser modificados en el término de 30 años.
Este esquema comprende impuestos directos, tasas y contribuciones impositivas, derechos aduaneros, y de importación y exportación. También erradica la posibilidad de que se impulsen nuevos tributos o se alteren las alícuotas.
El último aspecto a destacar corresponde a lo que pagan las mineras en conceptos de regalías por el mineral que extraen: producto de la quita de impuestos y otros favores, apenas alcanza al 3 por ciento.
A eso hay que sumarle que rara vez se controla el material que sale de la Argentina -el procesamiento se hace fronteras hacia afuera-, por lo que tampoco pueden descartarse situaciones de auténtico contrabando de minerales.
Sin embargo, la decisión de obstaculizar cualquier potencial retorno de las retenciones ya es una consigna a la que suscriben CAEM y todos sus asociados. Desde la perspectiva de sostener un beneficio obtenido en la primera hora del macrismo al frente del Ejecutivo nacional. Y bajo la certeza de que la minería hoy tiene un peso económico y un poder de lobby que nada tiene que envidiarle al campo.
Mientras tanto, Ganancias continúa siendo el gran dolor de cabeza para los sectores que nada saben de beneficios, excepciones y otras bondades impositivas.
Las compañías que extraen minerales en el país, de capital extranjero prácticamente en su totalidad, comenzaron a mostrar que harán todo lo posible para los únicos afectados sean los mismos de siempre.
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Fecha de Publicación: 03/12/2016
Fuente: Adelanto24
Provincia/Región: Nacional
Empezaron a hacer lobby para sepultar la idea de que un eventual cambio el impuesto sea compensado con sumas provenientes de la minería, como propone el massismo. El sector podría aportar hasta $ 5.000 millones anuales. Cuentan con el respaldo de Francisco Cabrera.
La decisión de Mauricio Macri de erradicar las retenciones a la minería terminó transformando, en menos de un año, a las empresas del sector y sus organizaciones en actores con una capacidad de lobby de una potencia impensada.
Así, la injerencia de Barrick y compañía a la hora de fijar presión sobre el estamento político ya puede emparentarse directamente con el poder que se le conoce a, por citar dos casos, la Sociedad Rural o la Unión Industrial.
Una muestra de este crecimiento en términos de bloque con incidencia en las decisiones viene tomando forma ahora que se discuten cambios en el Impuesto a las Ganancias. Agrupadas en la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), las firmas del ramo salieron al cruce las propuestas de la oposición que reclaman la vuelta de las retenciones a la actividad.
Ocurre que, de reinstalarse el régimen, las mineras deberán efectuar aportes anuales por cuanto menos $ 5.000 millones. Dicha cifra permitiría al Ejecutivo cubrir el hueco que originará la eventual suba del mínimo no imponible.
De ahí que, sobre todo en el transcurso de esta semana, las principales compañías de la extracción no sólo anticiparon a los gobernadores de territorios mineros que recortarán inversiones si vuelve el esquema: también iniciaron, entre bambalinas, una campaña para que se discuta a la par un potencial retorno de retenciones para la soja.
“Macri le dio a las mineras un status que llevó al sector a creerse que es tan importante como el campo. En las provincias donde ya estaban intensificaron su poder sobre el bloque político local. Y ahora empezaron a agitar que bajarán los puestos de trabajo si el Gobierno cambia la estructura de costos para el sector”, aseguró a Adelanto 24 una fuente del Frente Renovador.
Precisamente dicha agrupación es que la que encabeza el reclamo para que los pagos recortados a las mineras pasen en breve a cubrir los aportes que hoy corren por cuenta de miles de trabajadores.
“En concreto, representantes de distintas mineras nos dijeron que no permitirán que la cosa cambie. Que los trabajadores que hoy pagan Ganancias se arreglen y ya. Una actitud similar tienen los empresarios de los juegos de azar”, agregó.
Con vistas a ser discutida con mayor amplitud en el primer tramo de 2017, la propuesta del massismo –que cuenta con el apoyo de otras fuerzas– contempla duplicar el mínimo no imponible y establecer diferentes escalas de pago.
La intención de la potencial normativa es consolidar una recaudación extra a través de, justamente, las retenciones a la minería, además de impulsar la implementación de tributos al juego y la renta financiera.
En el torno de Sergio Massa, según pudo saber Adelanto 24, crece la idea de que el lobby de CAEM cuenta con el secreto respaldo de Francisco Cabrera, actual Ministro de Producción.
En cuanto a la reacción de las mineras, las empresas de la extracción dieron a conocer en las últimas horas una serie de comunicados alegando que “volver a gravar la actividad significa un ataque a la seguridad jurídica, con consecuencias negativas más allá del sector minero”.
Para el sector, el retorno de las retenciones “generaría una pérdida de competitividad frente a otros países de la región. Repercutiría en una menor creación de fuentes de trabajo y perjudicaría a las economías regionales que más necesitan de la minería, por ser su principal recurso”.
En una declaración a la que accedió este medio, CAEM expuso: “En función del cambio de escenario que significó la quita de retenciones y de la percepción de una mayor seguridad jurídica, el sector minero planificó inversiones por U$S 20.000 millones, que se encuentran actualmente en sus etapas iniciales. De hecho, durante este año ya se han anunciado proyectos, por un total de U$S 1.900 millones de inversión, que ya han comenzado su curso.”
Según la organización, la quita de retenciones motivó las siguientes situaciones en el escenario minero:
“La mejora en la competitividad logró alargar el tiempo de producción de varios emprendimientos. Entre ellos: Alumbrera, Pirquitas, Casposo, Manantial Espejo y Sierra Grande.”
“Tomando los 5 proyectos que lograron extender su vida productiva se lograron exportaciones por u$s1.300 millones.”
“Los mencionados proyectos, funcionando gracias al cambio en las retenciones, destinan u$s870 millones al pago de proveedores y mano de obra, dinero que queda en el país.”
“La medida permitió preservar 12.000 puestos de trabajo (entre empleos directos e indirectos).”
“Ocho empresas anunciaron inversiones por u$s1.900 millones este año.”
Lo no dicho por el sector es que las mineras, además de no pagar retenciones, continúan siendo beneficiadas con excepciones al pago de IVA, impuesto al cheque y sellos, entre otros conceptos.
Los favores también incluyen ciertas “facilidades” para el pago de, precisamente, el Impuesto a las Ganancias.
En paralelo, Barrick y sus pares carecen de la obligación de reingresar al país las divisas que obtienen por la venta del producto final en el exterior.
Otra ventaja de la que gozan las mineras: desde 1993, las mineras poseen un régimen de estabilidad fiscal por el término de tres décadas. Esto, a partir de la fecha de presentación del estudio de factibilidad de un proyecto.
El régimen implica que todos los beneficios, exenciones, desgravaciones e incentivos otorgados no podrán ser modificados en el término de 30 años.
Este esquema comprende impuestos directos, tasas y contribuciones impositivas, derechos aduaneros, y de importación y exportación. También erradica la posibilidad de que se impulsen nuevos tributos o se alteren las alícuotas.
El último aspecto a destacar corresponde a lo que pagan las mineras en conceptos de regalías por el mineral que extraen: producto de la quita de impuestos y otros favores, apenas alcanza al 3 por ciento.
A eso hay que sumarle que rara vez se controla el material que sale de la Argentina -el procesamiento se hace fronteras hacia afuera-, por lo que tampoco pueden descartarse situaciones de auténtico contrabando de minerales.
Sin embargo, la decisión de obstaculizar cualquier potencial retorno de las retenciones ya es una consigna a la que suscriben CAEM y todos sus asociados. Desde la perspectiva de sostener un beneficio obtenido en la primera hora del macrismo al frente del Ejecutivo nacional. Y bajo la certeza de que la minería hoy tiene un peso económico y un poder de lobby que nada tiene que envidiarle al campo.
Mientras tanto, Ganancias continúa siendo el gran dolor de cabeza para los sectores que nada saben de beneficios, excepciones y otras bondades impositivas.
Las compañías que extraen minerales en el país, de capital extranjero prácticamente en su totalidad, comenzaron a mostrar que harán todo lo posible para los únicos afectados sean los mismos de siempre.
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Liberación de cóndores en Mendoza
Proteccionistas sanrafaelinos viajan a la liberación de cóndores en Vallecitos
Fecha de Publicación: 02/12/2016
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza
Tres meses después de que los encontraran envenenados cerca de la Ruta 7 en la provincia de Mendoza, los cóndores Che y Xumac serán liberados en una ceremonia especial a la que asistirán varios sanrafaelinos del grupo Frassati Aventura, en el marco del apoyo al proyecto para crear un santuario en la zona del Valle Grande.
Che es una hembra adulta que fue encontrada por un turista sobre la RN 7, camino a Uspallata. El Departamento de Fauna de Dirección de Recursos Naturales Renovables, Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, cuando se dirigían en su búsqueda encontraron otro ejemplar de cóndor macho adulto (Xumec), en las mismas condiciones que la hembra a la vera de la Ruta 7. En conjunto con Gendarmería Nacional y Policía de Uspallata realizaron ambos rescates.
Luego llevaron adelante el traslado de ambos ejemplares, donde se les realizaron los primeros auxilios. Desde allí, una vez estabilizados gracias al apoyo de Fundación Aerolíneas Argentinas, fueron derivados para sus rehabilitaciones al Ecoparque de Buenos Aires en el marco del Programa de Conservación de Cóndor Andino.
Ambos tenían un cuadro agudo de intoxicación por veneno. Afortunadamente se pudieron llevar adelante los tratamientos y cuidados necesarios para revertir dicha situación. Al haber rescatado ambos ejemplares en la misma zona, con el mismo cuadro, es posible que se hayan alimentado de la misma carroña envenenada.
Luego de tres meses de un intenso tratamiento, el equipo técnico pudo rehabilitarlo para su liberación.
Los ejemplares serán monitoreados con transmisor satelital para su estudio. La información científica será de vital importancia para la especie, especialmente para la provincia de Mendoza.
Hoy, ambos serán liberados en el Cordón del Plata para que puedan regresar a su ambiente natural.
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Fecha de Publicación: 02/12/2016
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza
Tres meses después de que los encontraran envenenados cerca de la Ruta 7 en la provincia de Mendoza, los cóndores Che y Xumac serán liberados en una ceremonia especial a la que asistirán varios sanrafaelinos del grupo Frassati Aventura, en el marco del apoyo al proyecto para crear un santuario en la zona del Valle Grande.
Che es una hembra adulta que fue encontrada por un turista sobre la RN 7, camino a Uspallata. El Departamento de Fauna de Dirección de Recursos Naturales Renovables, Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, cuando se dirigían en su búsqueda encontraron otro ejemplar de cóndor macho adulto (Xumec), en las mismas condiciones que la hembra a la vera de la Ruta 7. En conjunto con Gendarmería Nacional y Policía de Uspallata realizaron ambos rescates.
Luego llevaron adelante el traslado de ambos ejemplares, donde se les realizaron los primeros auxilios. Desde allí, una vez estabilizados gracias al apoyo de Fundación Aerolíneas Argentinas, fueron derivados para sus rehabilitaciones al Ecoparque de Buenos Aires en el marco del Programa de Conservación de Cóndor Andino.
Ambos tenían un cuadro agudo de intoxicación por veneno. Afortunadamente se pudieron llevar adelante los tratamientos y cuidados necesarios para revertir dicha situación. Al haber rescatado ambos ejemplares en la misma zona, con el mismo cuadro, es posible que se hayan alimentado de la misma carroña envenenada.
Luego de tres meses de un intenso tratamiento, el equipo técnico pudo rehabilitarlo para su liberación.
Los ejemplares serán monitoreados con transmisor satelital para su estudio. La información científica será de vital importancia para la especie, especialmente para la provincia de Mendoza.
Hoy, ambos serán liberados en el Cordón del Plata para que puedan regresar a su ambiente natural.
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La Barrick puso su camarita... ¿y los glaciares?
Barrick habilitó un sistema de cámaras para monitorear la mina Veladero
Fecha de Publicación: 02/12/2016
Fuente: Diario La Provincia
Provincia/Región: San Juan
'Este proyecto busca dar respuesta a lo solicitado por la autoridad minera de la provincia, en términos de mayor transparencia y optimización de los controles', manifestó la empresa.
Barrick Argentina completó la instalación de un sistema de cámaras de monitoreo que transmitirán, en tiempo real, las áreas operativas, la zona de campamento y el camino de Veladero, la mina situada en el corazón de la cordillera sanjuanina.
Cabe destacar además que cualquier persona podrá visualizar la transmisión online a través del sitio web de la compañía. Se trata de la primera mina operada por Barrick en el mundo que cuenta con este sistema de monitoreo online y de público acceso. Asimismo, cumple con lo solicitado por la autoridad minera de la provincia de San Juan, acerca de la instalación de cámaras en áreas clave del valle de lixiviación.
A ese pedido, la compañía ha incorporado dos cámaras fuera del valle que muestran los movimientos en la zona de campamento y del tráfico a través del camino minero, a unos 60 kilómetros de la entrada a la mina.
La medida está alineada con la visión de Barrick a nivel mundial, cuyo propósito es aprovechar el potencial de la tecnología digital en la minería. Además, el nuevo sistema de imágenes en vivo permitirá acercar a la comunidad la actividad de Veladero –una mina emplazada a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar.
La instalación cuenta con seis cámaras digitales de video con tecnología HD y adaptadas a las
condiciones climáticas extremas de esa parte de la cordillera. Cuatro de ellas se encuentran en distintos puntos del valle de lixiviación y permiten monitorear cómo se trabaja durante las 24 horas.
Las restantes están ubicadas en el campamento y en el camino minero que permite apreciar el tránsito de acceso y salida de Veladero, al igual que la flora y la fauna de la zona.
Su monitoreo permite tener en tiempo real una visión integral que incluye, por ejemplo, la vida silvestre, las actividades laborales y el estado de caminos. "Estamos orgullosos de poder dar este paso tan importante y único en la minería que se enmarca en nuestro fuerte compromiso con la transparencia.
Esta iniciativa tiene como fin brindarle mayor seguridad a la comunidad y a las autoridades respecto a nuestra forma de operar”, mencionó Juan Bautista Ordoñez, director ejecutivo de Barrick Argentina.
Cabe señalar que las cámaras poseen un modo infrarrojo para poder observar de noche objetos a más de 500 metros. Se trata de equipos que fueron seleccionados luego de muchas pruebas y experiencias en diferentes puntos de los Andes y han resultado óptimos para condiciones climáticas adversas, típicas de la alta montaña.
La página para acceder a observar la mina Veladero es barricklatam.com/argentina, en la sección "Cámaras Veladero” (link directo: http://barricklatam.com/barrick-argentina-camaras/).
Características técnicas
El sistema de monitoreo instalado está constituido por seis cámaras IP robotizadas con control PTZ (por el acrónimo pan-tilt-zoom), entre las cuales cinco de ellas cuentan con una resolución de 1280 x 720 pixeles, mientras que la restante es de 800 x 600 pixeles. Todas disponen de un sistema de iluminación infrarrojo con cobertura de hasta 150 metros de distancia.
Las señales de las cámaras son enviadas directamente a un servidor de streaming, donde los usuarios de internet pueden acceder libremente a las imágenes. Además, el servidor permite el almacenamiento de los últimos siete días de grabación en vivo de cada cámara. De ese modo, si alguna de ellas se dañara, sería posible acceder a las imágenes registradas previamente.
Ubicación de las cámaras y funciones
Las cámaras están ubicadas en los siguientes lugares:
• Cerro Veladero. Instalada de frente al campamento, permite observar las actividades diarias en una de las zonas con mayor movimiento de personal. La cámara se halla instalada en un punto elevado junto a las antenas de comunicación y ofrece una vista panorámica del campamento, el gimnasio y el hospital, entre otras instalaciones. Resulta de gran utilidad para observar las condiciones meteorológicas del lugar.
• Perímetro Norte del Valle. Ofrece una vista panorámica hasta las bombas que impulsan la
solución de proceso, un área de significativa importancia para la operación. También pueden
observarse las válvulas en ese tramo de tuberías y parte del Canal Norte. Si bien la empresa ya contaba en esta zona con cámaras de monitoreo, los nuevos equipos permiten compartir las imágenes con autoridades y público en general.
• Perímetro Sur del Valle. Permite monitorear las tuberías colectoras que captan la solución rica (con oro y plata) y la transportan hasta el área de almacenamiento para luego ser enviada mediante bombeo hasta la planta de proceso.
• Muro del Valle. Ubicada en el valle del río Potrerillos, muestra el lado externo del muro del valle de lixiviación. También permite observar la compuerta del Canal Norte.
• Río Potrerillos. Se encuentra instalada casi final del río Potrerillos, justo antes de su desembocadura en el río Las Taguas. Permite visualizar uno de los principales puntos de monitoreo del equipo de Medioambiente (denominado SW6) y observar el flujo del caudal del río a través de un aforador.
• Sepultura – Camino Minero. Se trata de la cámara más alejada del valle, que muestra el ingreso y salida de vehículos de Veladero, instalada junto a unas oficinas desde donde se administra el tráfico de todo el camino, incluyendo el transporte de personal y el de carga. Orientada de cara al Valle del Cura, también ofrece vistas de la flora y la fauna autóctonas. Permite también observar el estado del clima.
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Fecha de Publicación: 02/12/2016
Fuente: Diario La Provincia
Provincia/Región: San Juan
'Este proyecto busca dar respuesta a lo solicitado por la autoridad minera de la provincia, en términos de mayor transparencia y optimización de los controles', manifestó la empresa.
Barrick Argentina completó la instalación de un sistema de cámaras de monitoreo que transmitirán, en tiempo real, las áreas operativas, la zona de campamento y el camino de Veladero, la mina situada en el corazón de la cordillera sanjuanina.
Cabe destacar además que cualquier persona podrá visualizar la transmisión online a través del sitio web de la compañía. Se trata de la primera mina operada por Barrick en el mundo que cuenta con este sistema de monitoreo online y de público acceso. Asimismo, cumple con lo solicitado por la autoridad minera de la provincia de San Juan, acerca de la instalación de cámaras en áreas clave del valle de lixiviación.
A ese pedido, la compañía ha incorporado dos cámaras fuera del valle que muestran los movimientos en la zona de campamento y del tráfico a través del camino minero, a unos 60 kilómetros de la entrada a la mina.
La medida está alineada con la visión de Barrick a nivel mundial, cuyo propósito es aprovechar el potencial de la tecnología digital en la minería. Además, el nuevo sistema de imágenes en vivo permitirá acercar a la comunidad la actividad de Veladero –una mina emplazada a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar.
La instalación cuenta con seis cámaras digitales de video con tecnología HD y adaptadas a las
condiciones climáticas extremas de esa parte de la cordillera. Cuatro de ellas se encuentran en distintos puntos del valle de lixiviación y permiten monitorear cómo se trabaja durante las 24 horas.
Las restantes están ubicadas en el campamento y en el camino minero que permite apreciar el tránsito de acceso y salida de Veladero, al igual que la flora y la fauna de la zona.
Su monitoreo permite tener en tiempo real una visión integral que incluye, por ejemplo, la vida silvestre, las actividades laborales y el estado de caminos. "Estamos orgullosos de poder dar este paso tan importante y único en la minería que se enmarca en nuestro fuerte compromiso con la transparencia.
Esta iniciativa tiene como fin brindarle mayor seguridad a la comunidad y a las autoridades respecto a nuestra forma de operar”, mencionó Juan Bautista Ordoñez, director ejecutivo de Barrick Argentina.
Cabe señalar que las cámaras poseen un modo infrarrojo para poder observar de noche objetos a más de 500 metros. Se trata de equipos que fueron seleccionados luego de muchas pruebas y experiencias en diferentes puntos de los Andes y han resultado óptimos para condiciones climáticas adversas, típicas de la alta montaña.
La página para acceder a observar la mina Veladero es barricklatam.com/argentina, en la sección "Cámaras Veladero” (link directo: http://barricklatam.com/barrick-argentina-camaras/).
Características técnicas
El sistema de monitoreo instalado está constituido por seis cámaras IP robotizadas con control PTZ (por el acrónimo pan-tilt-zoom), entre las cuales cinco de ellas cuentan con una resolución de 1280 x 720 pixeles, mientras que la restante es de 800 x 600 pixeles. Todas disponen de un sistema de iluminación infrarrojo con cobertura de hasta 150 metros de distancia.
Las señales de las cámaras son enviadas directamente a un servidor de streaming, donde los usuarios de internet pueden acceder libremente a las imágenes. Además, el servidor permite el almacenamiento de los últimos siete días de grabación en vivo de cada cámara. De ese modo, si alguna de ellas se dañara, sería posible acceder a las imágenes registradas previamente.
Ubicación de las cámaras y funciones
Las cámaras están ubicadas en los siguientes lugares:
• Cerro Veladero. Instalada de frente al campamento, permite observar las actividades diarias en una de las zonas con mayor movimiento de personal. La cámara se halla instalada en un punto elevado junto a las antenas de comunicación y ofrece una vista panorámica del campamento, el gimnasio y el hospital, entre otras instalaciones. Resulta de gran utilidad para observar las condiciones meteorológicas del lugar.
• Perímetro Norte del Valle. Ofrece una vista panorámica hasta las bombas que impulsan la
solución de proceso, un área de significativa importancia para la operación. También pueden
observarse las válvulas en ese tramo de tuberías y parte del Canal Norte. Si bien la empresa ya contaba en esta zona con cámaras de monitoreo, los nuevos equipos permiten compartir las imágenes con autoridades y público en general.
• Perímetro Sur del Valle. Permite monitorear las tuberías colectoras que captan la solución rica (con oro y plata) y la transportan hasta el área de almacenamiento para luego ser enviada mediante bombeo hasta la planta de proceso.
• Muro del Valle. Ubicada en el valle del río Potrerillos, muestra el lado externo del muro del valle de lixiviación. También permite observar la compuerta del Canal Norte.
• Río Potrerillos. Se encuentra instalada casi final del río Potrerillos, justo antes de su desembocadura en el río Las Taguas. Permite visualizar uno de los principales puntos de monitoreo del equipo de Medioambiente (denominado SW6) y observar el flujo del caudal del río a través de un aforador.
• Sepultura – Camino Minero. Se trata de la cámara más alejada del valle, que muestra el ingreso y salida de vehículos de Veladero, instalada junto a unas oficinas desde donde se administra el tráfico de todo el camino, incluyendo el transporte de personal y el de carga. Orientada de cara al Valle del Cura, también ofrece vistas de la flora y la fauna autóctonas. Permite también observar el estado del clima.
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Amparo para proteger al Limay
Presentan un amparo para que dejen de contaminar el Limay
Fecha de Publicación: 02/12/2016
Fuente: Neuquén al Instante
Provincia/Región: Neuquén
La justicia deberá determinar el cese del vertido de líquidos de aguas servidas o contaminadas hacia el brazo del río Limay en la zona de los clubes.
El Defensor del Pueblo de la Ciudad de Neuquén, presentó un amparo colectivo ambiental.
El objetivo es que la justicia determine el cese en forma inmediata el vertido de líquidos de aguas servidas o contaminadas hacia el brazo del río Limay en la zona de los clubes.
Se trata de una cañería ubicada en el límite del Cepron que a toda hora arroja desechos. La acción, promovida contra la municipalidad de Neuquén, el Epas y la Subsecretaría de Recursos Hídricos se lleva adelante en el Juzgado Civil Nº 2 a cargo de Alejandra Bozzano.
En la presentación, el defensor, Ricardo Riva consideró las denuncias de vecinos, fotos, videos, en los que se observa el color oscuro del líquido que discurre en un lugar donde se realizan actividades recreativas.
Agregó que el vertido ocasiona daños directos a los vecinos que utilizan la zona balnearia y lesiona derechos de incidencia colectiva de todos los habitantes de la ciudad, que fundamentan la legitimación activa de la Defensoría del Pueblo.
Respecto a los organismos denunciados, Riva afirmó que es indiscutible la obligación de la Municipalidad para resguardar el ambiente y que se le puede reprochar la falta de ejercicio del poder de policía, por acción u omisión, por tratarse de una conexión pluvial que no descarga en óptimas condiciones. Agrega que en caso de detectarse conexiones clandestinas de efluentes cloacales el Epas también tiene atribuciones para intervenir y sancionar a sus responsables.
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Fecha de Publicación: 02/12/2016
Fuente: Neuquén al Instante
Provincia/Región: Neuquén
La justicia deberá determinar el cese del vertido de líquidos de aguas servidas o contaminadas hacia el brazo del río Limay en la zona de los clubes.
El Defensor del Pueblo de la Ciudad de Neuquén, presentó un amparo colectivo ambiental.
El objetivo es que la justicia determine el cese en forma inmediata el vertido de líquidos de aguas servidas o contaminadas hacia el brazo del río Limay en la zona de los clubes.
Se trata de una cañería ubicada en el límite del Cepron que a toda hora arroja desechos. La acción, promovida contra la municipalidad de Neuquén, el Epas y la Subsecretaría de Recursos Hídricos se lleva adelante en el Juzgado Civil Nº 2 a cargo de Alejandra Bozzano.
En la presentación, el defensor, Ricardo Riva consideró las denuncias de vecinos, fotos, videos, en los que se observa el color oscuro del líquido que discurre en un lugar donde se realizan actividades recreativas.
Agregó que el vertido ocasiona daños directos a los vecinos que utilizan la zona balnearia y lesiona derechos de incidencia colectiva de todos los habitantes de la ciudad, que fundamentan la legitimación activa de la Defensoría del Pueblo.
Respecto a los organismos denunciados, Riva afirmó que es indiscutible la obligación de la Municipalidad para resguardar el ambiente y que se le puede reprochar la falta de ejercicio del poder de policía, por acción u omisión, por tratarse de una conexión pluvial que no descarga en óptimas condiciones. Agrega que en caso de detectarse conexiones clandestinas de efluentes cloacales el Epas también tiene atribuciones para intervenir y sancionar a sus responsables.
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Pergamino contaminado, glifosato en personas y agua
Encuentran contaminación con glifosato en habitantes y en el agua de Pergamino
Fecha de Publicación: 01/12/2016
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Buenos Aires
Los datos surgieron de análisis que hicieron investigadores de dos facultades de la Universidad de Buenos Aires.
El debate sobre la ley de agroquímicos en la provincia de Buenos Aires puso sobre la mesa la problemática de la contaminación y la precarización de la vida de millones de bonaerenses. En un territorio con preponderancia agrícola, el uso de químicos para fumigación se vuelve una afección corriente en varios distritos del interior del país.
En Pergamino, por ejemplo, se detectó existencia de glifosato en personas, arroyo y río, lo que prendió la luz de alarma en las organizaciones ambientalistas y el estado. Los datos fueron extraídos de un informe realizado por las Facultades de Agronomía y de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Restos de glifosato. El muestreo constó en exámenes epidemiológicos y toxicológicos realizados a 149 voluntarios. Los estudios dieron constancia de restos de glifosato debido a la exposición a insecticidas asociada al uso doméstico de productos, al tiempo que reafirmaron que la población "no expuesta" es la que presenta mayores dificultades respiratorias.
La investigación fue llevada a cabo entre 2014 y 2015 a partir del financiamiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Según consigna el portal El Federal, el ingeniero Eduardo Pagano, investigador responsable del proyecto, aseguró durante un debate en el Concejo Deliberante que el objetivo del trabajo fue "obtener una perspectiva que contribuya a la toma de decisiones para proteger la salud y el ambiente, a partir de la aplicación de buenas prácticas agrícolas para lograr que los productos alimentarios no afecten la salud ni la seguridad alimentaria de la población".
Los análisis hídricos fueron hechos en la confluencia del Botija y el arroyo Pergamino hasta el puente de la ruta 8. Además se tomaron muestras de una zona más al norte del partido bonaerense.
En el agua potable. Los investigadores señalaron que se han encontrado dichos compuestos en algunas muestras de la red de agua potable, aunque aclararon que se daba en niveles bajos. Además aclararon que el arroyo Pergamino está más contaminado que el Botija.
"El 68 por ciento de los voluntarios del estudio comentaron padecer algún problema de salud. El 60 tenía diagnóstico y seguimiento médico; y entre las patologías prevalentes aparecieron la hipertensión, alergias y problemas respiratorios. El 75 por ciento de los voluntarios consume medicamentos habitualmente y el 30 por ciento se automedica", aseguró al portal InfoGEI, la doctora María Irigoyen, integrante del equipo.
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Fecha de Publicación: 01/12/2016
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Buenos Aires
Los datos surgieron de análisis que hicieron investigadores de dos facultades de la Universidad de Buenos Aires.
El debate sobre la ley de agroquímicos en la provincia de Buenos Aires puso sobre la mesa la problemática de la contaminación y la precarización de la vida de millones de bonaerenses. En un territorio con preponderancia agrícola, el uso de químicos para fumigación se vuelve una afección corriente en varios distritos del interior del país.
En Pergamino, por ejemplo, se detectó existencia de glifosato en personas, arroyo y río, lo que prendió la luz de alarma en las organizaciones ambientalistas y el estado. Los datos fueron extraídos de un informe realizado por las Facultades de Agronomía y de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Restos de glifosato. El muestreo constó en exámenes epidemiológicos y toxicológicos realizados a 149 voluntarios. Los estudios dieron constancia de restos de glifosato debido a la exposición a insecticidas asociada al uso doméstico de productos, al tiempo que reafirmaron que la población "no expuesta" es la que presenta mayores dificultades respiratorias.
La investigación fue llevada a cabo entre 2014 y 2015 a partir del financiamiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Según consigna el portal El Federal, el ingeniero Eduardo Pagano, investigador responsable del proyecto, aseguró durante un debate en el Concejo Deliberante que el objetivo del trabajo fue "obtener una perspectiva que contribuya a la toma de decisiones para proteger la salud y el ambiente, a partir de la aplicación de buenas prácticas agrícolas para lograr que los productos alimentarios no afecten la salud ni la seguridad alimentaria de la población".
Los análisis hídricos fueron hechos en la confluencia del Botija y el arroyo Pergamino hasta el puente de la ruta 8. Además se tomaron muestras de una zona más al norte del partido bonaerense.
En el agua potable. Los investigadores señalaron que se han encontrado dichos compuestos en algunas muestras de la red de agua potable, aunque aclararon que se daba en niveles bajos. Además aclararon que el arroyo Pergamino está más contaminado que el Botija.
"El 68 por ciento de los voluntarios del estudio comentaron padecer algún problema de salud. El 60 tenía diagnóstico y seguimiento médico; y entre las patologías prevalentes aparecieron la hipertensión, alergias y problemas respiratorios. El 75 por ciento de los voluntarios consume medicamentos habitualmente y el 30 por ciento se automedica", aseguró al portal InfoGEI, la doctora María Irigoyen, integrante del equipo.
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San Luis reforesta con ayuda de Chaco
Con la contribución de Chaco, San Luis trabaja en la reforestación de la Cuenca del Morro
Fecha de Publicación: 01/12/2016
Fuente: Diario Chaco
Provincia/Región: Chaco - San Luis
El gobierno del Chaco, a través del IIFA, asumió el compromiso de ser parte de la solución a la problemática ambiental de la provincia de San Luis.
Ya llegaron a San Luis los primeros 50.000 algarrobos chaqueños que van a contribuir a recuperar el equilibro hídrico en la Cuenca del Morro. Es el primer envío de 1.000.000 de plantines comprometidos en el lapso de dos años. Intenso trabajo coordinado entre el Instituto de Investigaciones Forestales y Agropecuarias (IIFA) del Chaco y los Ministerios de Producción y de Planificación y Ambiente.
El desequilibrio hídrico de la Cuenca del Morro, que afecta a 373.000 hectáreas de territorio puntano, es el problema ambiental más grave que enfrenta la provincia de San Luis. Las causas identificadas son el cambio en el uso de los suelos y la ausencia de buenas prácticas en el manejo de los mismos. Grandes superficies, antes cubiertas de pasturas naturales y bosque nativo, han sido volcadas al monocultivo, especialmente soja.
La capacidad de absorción que brindaban los árboles hoy no está, y el agua de las lluvias corre hacia la cuenca baja arrastrando sedimentos y produciendo un proceso de erosión que trae aparejado al ascenso de las napas. El aumento en un 40% de los cursos de ríos existentes, campos sedimentados y rutas y caminos cortados, es el resultado y la prueba del gran desbalance hídrico que hoy afecta a la Cuenca del Morro.
El Gobierno de San Luis declaró la ley de Emergencia Pública en materia Ambiental en la Cuenca del Morro y su área de influencia por 5 años, de la que surgen tres acciones prioritarias: la elaboración de un plan de manejo de uso de suelo sustentable, la protección de los bosques nativos y un plan de forestación y reforestación con más de 6.000.000 de árboles y plantas para cubrir el 5% de la superficie afectada.
El jueves pasado se realizó la carga del primer camión con algarrobos chaqueños que tienen como destino la Cuneca del Morro, en la Provincia de San Luis. Es el primero de más de una veintena que se realizarán durante dos años, para así alcanzar la suma de un millón de algarrobos, que serán plantados en la región puntana que hoy sufre la emergencia ambiental.
Los algarrobos fueron producidos en el vivero del Instituto de Investigaciones Forestales y Agropecuarias (IIFA), que se ubica en Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco. Allí trabajan actualmente 12 personas, dedicadas también a producir los plantines que son requeridos por los productores chaqueños para los Planes de Promoción de Inversiones para Bosques Cultivados contemplados en la Ley Nacional 25.080.
También se producen plantines de otras especies nativas y exóticas que tienen como destino los planes de arbolado urbano que se llevan adelante en distintos municipios del territorio provincial.
Luego del convenio firmado por los gobernadores de Chaco Domingo Peppo y de San Luis Alberto Rodríguez Saá, se acordó proveer a la provincia puntada de un millón de algarrobos blancos, con entregas parciales en el lapso de dos años.
El sábado 26 de noviembre llegaron al Centro de Logística Forestal de Villa Mercedes, San Luis, los primeros 50.000 plantines que habían sido cargados 24 horas antes en el corazón del Chaco. Posteriormente, un equipo de alrededor de 400 personas saldrá al campo a seguir con los cronogramas de plantación diagramados por el Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción del gobierno sanluiseño.
Se están dando los primeros resultados concretos de un gran trabajo federal entre ambas provincias, articulado en Chaco por los Ministerios de Planificación, Ambiente e Innovación Tecnológica y Ministerio de Producción con el IIFA, mientras que San Luis el trabajo recayó en el Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción.
El Gobierno del Chaco, a través de la experiencia del IIFA, trasciende los límites provinciales y asumió el compromiso de ser parte de la solución a la problemática ambiental de la provincia de San Luis.
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Fecha de Publicación: 01/12/2016
Fuente: Diario Chaco
Provincia/Región: Chaco - San Luis
El gobierno del Chaco, a través del IIFA, asumió el compromiso de ser parte de la solución a la problemática ambiental de la provincia de San Luis.
Ya llegaron a San Luis los primeros 50.000 algarrobos chaqueños que van a contribuir a recuperar el equilibro hídrico en la Cuenca del Morro. Es el primer envío de 1.000.000 de plantines comprometidos en el lapso de dos años. Intenso trabajo coordinado entre el Instituto de Investigaciones Forestales y Agropecuarias (IIFA) del Chaco y los Ministerios de Producción y de Planificación y Ambiente.
El desequilibrio hídrico de la Cuenca del Morro, que afecta a 373.000 hectáreas de territorio puntano, es el problema ambiental más grave que enfrenta la provincia de San Luis. Las causas identificadas son el cambio en el uso de los suelos y la ausencia de buenas prácticas en el manejo de los mismos. Grandes superficies, antes cubiertas de pasturas naturales y bosque nativo, han sido volcadas al monocultivo, especialmente soja.
La capacidad de absorción que brindaban los árboles hoy no está, y el agua de las lluvias corre hacia la cuenca baja arrastrando sedimentos y produciendo un proceso de erosión que trae aparejado al ascenso de las napas. El aumento en un 40% de los cursos de ríos existentes, campos sedimentados y rutas y caminos cortados, es el resultado y la prueba del gran desbalance hídrico que hoy afecta a la Cuenca del Morro.
El Gobierno de San Luis declaró la ley de Emergencia Pública en materia Ambiental en la Cuenca del Morro y su área de influencia por 5 años, de la que surgen tres acciones prioritarias: la elaboración de un plan de manejo de uso de suelo sustentable, la protección de los bosques nativos y un plan de forestación y reforestación con más de 6.000.000 de árboles y plantas para cubrir el 5% de la superficie afectada.
El jueves pasado se realizó la carga del primer camión con algarrobos chaqueños que tienen como destino la Cuneca del Morro, en la Provincia de San Luis. Es el primero de más de una veintena que se realizarán durante dos años, para así alcanzar la suma de un millón de algarrobos, que serán plantados en la región puntana que hoy sufre la emergencia ambiental.
Los algarrobos fueron producidos en el vivero del Instituto de Investigaciones Forestales y Agropecuarias (IIFA), que se ubica en Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco. Allí trabajan actualmente 12 personas, dedicadas también a producir los plantines que son requeridos por los productores chaqueños para los Planes de Promoción de Inversiones para Bosques Cultivados contemplados en la Ley Nacional 25.080.
También se producen plantines de otras especies nativas y exóticas que tienen como destino los planes de arbolado urbano que se llevan adelante en distintos municipios del territorio provincial.
Luego del convenio firmado por los gobernadores de Chaco Domingo Peppo y de San Luis Alberto Rodríguez Saá, se acordó proveer a la provincia puntada de un millón de algarrobos blancos, con entregas parciales en el lapso de dos años.
El sábado 26 de noviembre llegaron al Centro de Logística Forestal de Villa Mercedes, San Luis, los primeros 50.000 plantines que habían sido cargados 24 horas antes en el corazón del Chaco. Posteriormente, un equipo de alrededor de 400 personas saldrá al campo a seguir con los cronogramas de plantación diagramados por el Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción del gobierno sanluiseño.
Se están dando los primeros resultados concretos de un gran trabajo federal entre ambas provincias, articulado en Chaco por los Ministerios de Planificación, Ambiente e Innovación Tecnológica y Ministerio de Producción con el IIFA, mientras que San Luis el trabajo recayó en el Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción.
El Gobierno del Chaco, a través de la experiencia del IIFA, trasciende los límites provinciales y asumió el compromiso de ser parte de la solución a la problemática ambiental de la provincia de San Luis.
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Las retenciones mineras puestas en discusión
Oposición insiste con retenciones mineras para financiar cambios en Ganancias
Fecha de Publicación: 01/12/2016
Fuente: El Cronista
Provincia/Región: Nacional
La comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados comenzará a debatir hoy a las 16 los más de 50 proyectos de reforma del Impuesto a las Ganancias con el objetivo de darle forma a un consenso que permita el jueves emitir un dictamen. Allí, está previsto que los legisladores del cuerpo asesor encabezado por el oficialista Luciano Laspina, escuchen primero al titular de la AFIP, Alberto Abad, único expositor pautado antes del inicio de las discusiones en torno a las distintas iniciativas. En la previa de la discusión, el economista y diputado del Frente Renovador, Marco Lavagna, insistió en reclamar que "vuelvan las retenciones a la minería" que, según sus cálculos, significarían una recaudación de $ 5000 millones anuales para financiar los cambios en el impuesto.
En el marco del debate en comisión, los distintos bloques procurarán avanzar en las negociaciones, con la mirada puesta en la sesión acordada para el próximo 6 de diciembre. Esa fecha surgió del acuerdo alcanzado la semana pasada, luego de una ofensiva opositora para intentar aprobar un proyecto en el marco de una sesión especial que había sido convocada para el jueves último. El Gobierno reaccionó a los movimientos opositores apurando la presentación de su propio proyecto y asumiendo el compromiso de acelerar el tratamiento en el Congreso, lo que quedó plasmado con la inclusión del tema en la agenda de convocatoria a sesiones extraordinarias para diciembre.
De hecho, los legisladores del Frente Renovador, del bloque Justicialista y de otras bancadas minoritarias que motorizaban la embestida accedieron a desactivar la sesión especial cuando el llamado a extraordinarias se hizo efectivo, como así también un cronograma para el tratamiento de las iniciativas.
El proyecto del Gobierno contempla elevar un 15% el mínimo no imponible y actualizar las escalas para calcular las deducciones a los trabajadores, que van desde el 5% al 35%, aunque para los que paguen por primera vez, se reduce al 2,5%.
Como contrapartida, la iniciativa del Frente Renovador propone elevar en un 60% el mínimo no imponible, llevándolo a un nuevo piso de $ 48.000 para casados con dos hijos y de $ 34.000 para los solteros, lo que según el massismo generaría un costo fiscal de $ 48.500 millones; número que el Gobierno estima en el doble.
En cambio, el proyecto del Gobierno tiene el costo fiscal previsto en el proyecto de Presupuesto aprobado por Diputados, de $ 27.500 millones, cifra que la Casa Rosada acordó con los gobernadores.
En declaraciones radiales, Lavagna dijo que el Frente Renovador está "confiado" con la propuesta que dio a conocer y agregó: "Estimamos que se recaudarían 20.000 millones de gravar renta financiera, Lebacs, fideicomisos financieros y utilidades de empresas".
Por su parte, el diputado Daniel Lipovetzky (PRO), reconoció: "Todos quisiéramos eliminar el impuesto a las ganancias, pero hay que pensar que este año hubo un Estado presente en todos los temas sociales, con un esfuerzo fiscal muy grande, y vamos a votar una ley de Emergencia Social".
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Fecha de Publicación: 01/12/2016
Fuente: El Cronista
Provincia/Región: Nacional
La comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados comenzará a debatir hoy a las 16 los más de 50 proyectos de reforma del Impuesto a las Ganancias con el objetivo de darle forma a un consenso que permita el jueves emitir un dictamen. Allí, está previsto que los legisladores del cuerpo asesor encabezado por el oficialista Luciano Laspina, escuchen primero al titular de la AFIP, Alberto Abad, único expositor pautado antes del inicio de las discusiones en torno a las distintas iniciativas. En la previa de la discusión, el economista y diputado del Frente Renovador, Marco Lavagna, insistió en reclamar que "vuelvan las retenciones a la minería" que, según sus cálculos, significarían una recaudación de $ 5000 millones anuales para financiar los cambios en el impuesto.
En el marco del debate en comisión, los distintos bloques procurarán avanzar en las negociaciones, con la mirada puesta en la sesión acordada para el próximo 6 de diciembre. Esa fecha surgió del acuerdo alcanzado la semana pasada, luego de una ofensiva opositora para intentar aprobar un proyecto en el marco de una sesión especial que había sido convocada para el jueves último. El Gobierno reaccionó a los movimientos opositores apurando la presentación de su propio proyecto y asumiendo el compromiso de acelerar el tratamiento en el Congreso, lo que quedó plasmado con la inclusión del tema en la agenda de convocatoria a sesiones extraordinarias para diciembre.
De hecho, los legisladores del Frente Renovador, del bloque Justicialista y de otras bancadas minoritarias que motorizaban la embestida accedieron a desactivar la sesión especial cuando el llamado a extraordinarias se hizo efectivo, como así también un cronograma para el tratamiento de las iniciativas.
El proyecto del Gobierno contempla elevar un 15% el mínimo no imponible y actualizar las escalas para calcular las deducciones a los trabajadores, que van desde el 5% al 35%, aunque para los que paguen por primera vez, se reduce al 2,5%.
Como contrapartida, la iniciativa del Frente Renovador propone elevar en un 60% el mínimo no imponible, llevándolo a un nuevo piso de $ 48.000 para casados con dos hijos y de $ 34.000 para los solteros, lo que según el massismo generaría un costo fiscal de $ 48.500 millones; número que el Gobierno estima en el doble.
En cambio, el proyecto del Gobierno tiene el costo fiscal previsto en el proyecto de Presupuesto aprobado por Diputados, de $ 27.500 millones, cifra que la Casa Rosada acordó con los gobernadores.
En declaraciones radiales, Lavagna dijo que el Frente Renovador está "confiado" con la propuesta que dio a conocer y agregó: "Estimamos que se recaudarían 20.000 millones de gravar renta financiera, Lebacs, fideicomisos financieros y utilidades de empresas".
Por su parte, el diputado Daniel Lipovetzky (PRO), reconoció: "Todos quisiéramos eliminar el impuesto a las ganancias, pero hay que pensar que este año hubo un Estado presente en todos los temas sociales, con un esfuerzo fiscal muy grande, y vamos a votar una ley de Emergencia Social".
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La agricultura se llevó la superficie de Jujuy en 7 años
Deforestación: en 7 años se perdió una superficie equivalente a Jujuy
Fecha de Publicación: 30/11/2016
Fuente: Minuto Uno
Provincia/Región: Nacional
El 90% de los desmontes se produjo en las provincias del norte del país, según un informe del Banco Mundial que marca los daños económicos y sociales por la falta de políticas de protección.
La Argentina sancionó en 2007 la Ley de Protección de Bosques con el objetivo de frenar la deforestación. Pero su aplicación brilla por su ausencia. Entre 2007 y 2014, se perdieron alrededor de 5 millones de hectáreas, una provincia de Jujuy entera, de acuerdo a un reciente informe del Banco Mundial.
Y precisa que el 90% de la deforestación se produjo en las provincias del norte. En el Gran Chaco, en los primeros ocho meses de 2016, en Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco, se desmontaron 60.188 hectáreas para desarrollos agropecuarios, lo que equivale a la superficie de tres ciudades como Buenos Aires, publica el diario Clarín.
El Análisis Ambiental para la Argentina del Banco Mundial de octubre último sitúa la degradación ambiental (el desmonte, las inundaciones urbanas y ribereñas, la contaminación del aire, el uso de agroquímicos, entre otros factores) en el 8,1% del PBI argentino, calculado en unos 40.000 millones de dólares.
"Los supuestos beneficios de los emprendimientos económicos, con el avance de la frontera agropecuaria, son de corto plazo. Pero los costos están en el largo plazo. El daño al suelo es el costo más grande la deforestación. El objetivo es que, con datos y evidencias del daño ambiental que presenta el reporte, se puedan decidir políticas públicas que protejan el crecimiento sustentable", señaló al matutino Jesko Hentschel, director del Banco Mundial.
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Fecha de Publicación: 30/11/2016
Fuente: Minuto Uno
Provincia/Región: Nacional
El 90% de los desmontes se produjo en las provincias del norte del país, según un informe del Banco Mundial que marca los daños económicos y sociales por la falta de políticas de protección.
La Argentina sancionó en 2007 la Ley de Protección de Bosques con el objetivo de frenar la deforestación. Pero su aplicación brilla por su ausencia. Entre 2007 y 2014, se perdieron alrededor de 5 millones de hectáreas, una provincia de Jujuy entera, de acuerdo a un reciente informe del Banco Mundial.
Y precisa que el 90% de la deforestación se produjo en las provincias del norte. En el Gran Chaco, en los primeros ocho meses de 2016, en Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco, se desmontaron 60.188 hectáreas para desarrollos agropecuarios, lo que equivale a la superficie de tres ciudades como Buenos Aires, publica el diario Clarín.
El Análisis Ambiental para la Argentina del Banco Mundial de octubre último sitúa la degradación ambiental (el desmonte, las inundaciones urbanas y ribereñas, la contaminación del aire, el uso de agroquímicos, entre otros factores) en el 8,1% del PBI argentino, calculado en unos 40.000 millones de dólares.
"Los supuestos beneficios de los emprendimientos económicos, con el avance de la frontera agropecuaria, son de corto plazo. Pero los costos están en el largo plazo. El daño al suelo es el costo más grande la deforestación. El objetivo es que, con datos y evidencias del daño ambiental que presenta el reporte, se puedan decidir políticas públicas que protejan el crecimiento sustentable", señaló al matutino Jesko Hentschel, director del Banco Mundial.
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'Mapa' de dioxinas de Buenos Aires
Científicos de la UNLP realizaron el primer 'mapa' bonaerense de contaminación por dioxinas
Fecha de Publicación: 30/11/2016
Fuente: infoblancosobrenegro.com
Provincia/Región: Buenos Aires
Las dioxinas y furanos, a menudo englobados simplemente como dioxinas, son un grupo de contaminantes orgánicos clorados que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera como una preocupación mayor para la salud pública. Científicos de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) publicaron el primer “mapa” o registro de la concentración de estas sustancias en el aire de 18 lugares rurales y urbanos de la provincia de Buenos Aires.
“Aunque la inhalación no es una vía de ingreso importante en seres humanos, el riesgo de su presencia en aire radica en su probable transferencia a las cadenas alimentarias”, señaló a la Agencia CyTA-Leloir la autora principal del estudio, la doctora Natalia Cappelletti, del Laboratorio de Química Ambiental y Biogeoquímica de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la UNLP. Según la OMS, más del 90% de la exposición humana a esas sustancias se produce por medio de los alimentos, en particular los productos cárnicos y lácteos, pescados y mariscos.
Las dioxinas y furanos provienen de fuentes tales como quemas no controladas de residuos, incineradores en mal estado y ciertos procesos industriales. “La exposición prolongada a estos compuestos se ha relacionado con efectos carcinogénicos y alteraciones inmunológicas, del sistema nervioso, del desarrollo, del sistema endocrino y de la función reproductora”, afirmó la investigadora del CONICET.
Para este estudio, publicado en la revista “Science of the Total Environment”, los investigadores ubicaron captadores de aire durante dos a tres meses en 18 locaciones bonaerenses y luego realizaron las determinaciones en laboratorio.
Como era de esperar, en el campo las concentraciones promedio de dioxinas y furanos resultaron ser entre diez y treinta veces inferiores a las registradas en ciudades (aunque todavía inferiores a los máximos valores admitidos por la OMS). Sin embargo, los autores encontraron un sitio rural con niveles muy elevados de estos compuestos, lo que podría atribuirse a la emisión de incineradores municipales.
Para Cappelletti, la prevención o reducción de esos contaminantes debe basarse en un control estricto de los procesos industriales y de gestión de residuos. “Además, es preciso incluir el monitoreo de esos compuestos en diversas etapas de producción de los alimentos”, añadió.
Los investigadores fueron liderados por el doctor Juan Carlos Colombo, de la UNLP, y también participaron otros miembros de su grupo: las doctoras Julia Astoviza y María Carolina Migoya.
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Fecha de Publicación: 30/11/2016
Fuente: infoblancosobrenegro.com
Provincia/Región: Buenos Aires
Las dioxinas y furanos, a menudo englobados simplemente como dioxinas, son un grupo de contaminantes orgánicos clorados que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera como una preocupación mayor para la salud pública. Científicos de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) publicaron el primer “mapa” o registro de la concentración de estas sustancias en el aire de 18 lugares rurales y urbanos de la provincia de Buenos Aires.
“Aunque la inhalación no es una vía de ingreso importante en seres humanos, el riesgo de su presencia en aire radica en su probable transferencia a las cadenas alimentarias”, señaló a la Agencia CyTA-Leloir la autora principal del estudio, la doctora Natalia Cappelletti, del Laboratorio de Química Ambiental y Biogeoquímica de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la UNLP. Según la OMS, más del 90% de la exposición humana a esas sustancias se produce por medio de los alimentos, en particular los productos cárnicos y lácteos, pescados y mariscos.
Las dioxinas y furanos provienen de fuentes tales como quemas no controladas de residuos, incineradores en mal estado y ciertos procesos industriales. “La exposición prolongada a estos compuestos se ha relacionado con efectos carcinogénicos y alteraciones inmunológicas, del sistema nervioso, del desarrollo, del sistema endocrino y de la función reproductora”, afirmó la investigadora del CONICET.
Para este estudio, publicado en la revista “Science of the Total Environment”, los investigadores ubicaron captadores de aire durante dos a tres meses en 18 locaciones bonaerenses y luego realizaron las determinaciones en laboratorio.
Como era de esperar, en el campo las concentraciones promedio de dioxinas y furanos resultaron ser entre diez y treinta veces inferiores a las registradas en ciudades (aunque todavía inferiores a los máximos valores admitidos por la OMS). Sin embargo, los autores encontraron un sitio rural con niveles muy elevados de estos compuestos, lo que podría atribuirse a la emisión de incineradores municipales.
Para Cappelletti, la prevención o reducción de esos contaminantes debe basarse en un control estricto de los procesos industriales y de gestión de residuos. “Además, es preciso incluir el monitoreo de esos compuestos en diversas etapas de producción de los alimentos”, añadió.
Los investigadores fueron liderados por el doctor Juan Carlos Colombo, de la UNLP, y también participaron otros miembros de su grupo: las doctoras Julia Astoviza y María Carolina Migoya.
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Sigue el atropello de Manaos sobre campesinos
Santiago del Estero: disputa por tierras y desmonte ilegal
Fecha de Publicación: 30/11/2016
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Santiago del Estero
Orlando Canido, dueño de la gaseosa Manaos, quiere deforestar, pese a la restricción oficial. Resistencia indígena.
En las últimas dos décadas, los conflictos por la titularidad de tierras en las que están asentadas las comunidades indígenas recrudecieron por la activación de los desarrollos agropecuarios en regiones forestales.
Aunque el Estado reconoce los derechos comunales de propiedad de los pueblos indígenas, la falta de entrega de títulos de dominio es fuente de tensión social y litigios judiciales. El conflicto emerge cuando las tierras son comercializadas con las comunidades en su interior, se inicia la deforestación y se intenta forzar el éxodo de las etnias.
En los últimos años, se produjeron más de 300 conflictos con estas características en áreas de bosque.
Uno de los que alcanzó resonancia pública en estos meses lo protagonizó el empresario Orlando Canido, dueño de la popular gaseosa “Manaos”.
En el año 2014, el empresario presentó el título de compra de un campo con dos lotes, de 1.000 y de 1.163 hectáreas en las localidades de Bajo Hondo y El Colorado, a 270 kilómetros al noroeste de la capital santiagueña. De inmediato presentó en la Dirección de Bosques de la provincia un proyecto productivo agrícola en el área forestal.
La Dirección, en primera instancia, aprobó el proyecto, y Canido inició el desmonte de 55 hectáreas, pero no pudo seguir porque los aborígenes interrumpieron el avance de las topadoras, y el Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina (MOCASE VC) hizo un reclamo judicial por la posesión de las tierras. A partir de entonces, la Dirección de Bosques ordenó la suspensión del desmonte hasta que la justicia resolviera el conflicto.
Las páginas del expediente son una sucesión de denuncias cruzadas. Canido acusó a integrantes de la comunidad indígena Guaycurú de haber tomado su campo sin “fundamento jurídico ni acreditación de derecho alguno sino por simple invocación a la comunidad aborigen”.
A su vez, los miembros de la comunidad indígena relataron que “ya cansados de los retardos de la justicia y falta de respuesta, y siguiendo el consejo de representantes y consejeros, optaron por tomar el campo”.
El gobierno intentó resolver el conflicto en la “Mesa de Tierras” con el diálogo entre las partes. Pero el conflicto no se resolvió. Y volvieron las denuncias de ambas partes: los aborígenes por “intimidación de hombres armados” y Canido, “por daños a su propiedad y sus bienes”.
Casi un año después, en septiembre de 2015, con el plan suspendido, Canido decidió continuar con el proyecto agropecuario: con cinco topadoras taló otras 220 hectáreas de bosque, y fue obligado a detener el desmonte por la Dirección de Bosques, que le realizó un sumario. “Canido está en infracción por ese desmonte y se están haciendo las pericias administrativas”, indica Víctor Rosales, su director.
Fuentes de su entorno aseguran que el empresario es propietario de 40 mil hectáreas en la provincia y emplea a más de media población para tareas de campo en Bajo Hondo, la zona del conflicto. En mayo de 2016, la entonces jueza Lucrecia Martínez Llanos ordenó el desalojo de la comunidad pero la orden no se puedo ejecutar por resistencia del MOCASE VC. En julio, una nueva orden tampoco pudo efectivizarse.
Desde entonces, un grupo relacionado con Canido se asentó en un campo de su propiedad, al lado de la tierra en litigio, con actitudes amenazantes. Y en septiembre, según consta en el expediente, con 3 camionetas y 15 hombres armados, irrumpieron en la tierra en conflicto: mataron animales, prendieron fuego ranchos de la comunidad, y los obligaron a escapar al monte. En el ataque, balearon en la pierna a uno de ellos. El empresario Canido no respondió a los mensajes en su celular de este diario.
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Fecha de Publicación: 30/11/2016
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Santiago del Estero
Orlando Canido, dueño de la gaseosa Manaos, quiere deforestar, pese a la restricción oficial. Resistencia indígena.
En las últimas dos décadas, los conflictos por la titularidad de tierras en las que están asentadas las comunidades indígenas recrudecieron por la activación de los desarrollos agropecuarios en regiones forestales.
Aunque el Estado reconoce los derechos comunales de propiedad de los pueblos indígenas, la falta de entrega de títulos de dominio es fuente de tensión social y litigios judiciales. El conflicto emerge cuando las tierras son comercializadas con las comunidades en su interior, se inicia la deforestación y se intenta forzar el éxodo de las etnias.
En los últimos años, se produjeron más de 300 conflictos con estas características en áreas de bosque.
Uno de los que alcanzó resonancia pública en estos meses lo protagonizó el empresario Orlando Canido, dueño de la popular gaseosa “Manaos”.
En el año 2014, el empresario presentó el título de compra de un campo con dos lotes, de 1.000 y de 1.163 hectáreas en las localidades de Bajo Hondo y El Colorado, a 270 kilómetros al noroeste de la capital santiagueña. De inmediato presentó en la Dirección de Bosques de la provincia un proyecto productivo agrícola en el área forestal.
La Dirección, en primera instancia, aprobó el proyecto, y Canido inició el desmonte de 55 hectáreas, pero no pudo seguir porque los aborígenes interrumpieron el avance de las topadoras, y el Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina (MOCASE VC) hizo un reclamo judicial por la posesión de las tierras. A partir de entonces, la Dirección de Bosques ordenó la suspensión del desmonte hasta que la justicia resolviera el conflicto.
Las páginas del expediente son una sucesión de denuncias cruzadas. Canido acusó a integrantes de la comunidad indígena Guaycurú de haber tomado su campo sin “fundamento jurídico ni acreditación de derecho alguno sino por simple invocación a la comunidad aborigen”.
A su vez, los miembros de la comunidad indígena relataron que “ya cansados de los retardos de la justicia y falta de respuesta, y siguiendo el consejo de representantes y consejeros, optaron por tomar el campo”.
El gobierno intentó resolver el conflicto en la “Mesa de Tierras” con el diálogo entre las partes. Pero el conflicto no se resolvió. Y volvieron las denuncias de ambas partes: los aborígenes por “intimidación de hombres armados” y Canido, “por daños a su propiedad y sus bienes”.
Casi un año después, en septiembre de 2015, con el plan suspendido, Canido decidió continuar con el proyecto agropecuario: con cinco topadoras taló otras 220 hectáreas de bosque, y fue obligado a detener el desmonte por la Dirección de Bosques, que le realizó un sumario. “Canido está en infracción por ese desmonte y se están haciendo las pericias administrativas”, indica Víctor Rosales, su director.
Fuentes de su entorno aseguran que el empresario es propietario de 40 mil hectáreas en la provincia y emplea a más de media población para tareas de campo en Bajo Hondo, la zona del conflicto. En mayo de 2016, la entonces jueza Lucrecia Martínez Llanos ordenó el desalojo de la comunidad pero la orden no se puedo ejecutar por resistencia del MOCASE VC. En julio, una nueva orden tampoco pudo efectivizarse.
Desde entonces, un grupo relacionado con Canido se asentó en un campo de su propiedad, al lado de la tierra en litigio, con actitudes amenazantes. Y en septiembre, según consta en el expediente, con 3 camionetas y 15 hombres armados, irrumpieron en la tierra en conflicto: mataron animales, prendieron fuego ranchos de la comunidad, y los obligaron a escapar al monte. En el ataque, balearon en la pierna a uno de ellos. El empresario Canido no respondió a los mensajes en su celular de este diario.
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Anulan absolucion de directivos de ingenio tucumano
Anulan un fallo que absolvió a los directivos del ingenio La trinidad
Fecha de Publicación: 29/11/2016
Fuente: El Intransigente
Provincia/Región: Tucumán
Los directores del ingenio tucumano están sospechados de contaminar los ríos Salí y Dulce con desechos industriales
La Cámara Federal de Casación Penal anuló un fallo que había absuelto a dos directores del ingenio tucumano La Trinidad, sospechados de contaminación con desechos industriales a la cuenca de los ríos Salí-Dulce y ordenó que se dicte una nueva sentencia con respecto a la ley que protege el medio ambiente.
La Sala I de la Cámara de Casación, con las firmas de Ana María Figueroa, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, remarcó las pruebas que indicaban que la contaminación de las aguas era diez veces más alta que los valores permitidos y que se valoró como testigos a los funcionarios provinciales que debían controlar el funcionamiento del ingenio.
"No es posible separar en compartimientos estancos la tutela que el Estado debe llevar a cabo sobre el medio ambiente de la protección a la salud pública", sostuvo el fallo, al que accedió DyN.
Los jueces remarcaron que "el daño que traen aparejadas las conductas que la ley 24.051 [de residuos peligrosos] reprime, exige el mayor de los celos cuando de su investigación y juzgamiento se trata, toda vez que son derechos regulados en la Constitución Nacional y en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos".
En junio de 2015, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán absolvió a Luis Alberto Drube y Santiago Daniel Gasep, socios de empresa Azucarera del Sur, administradora del ingenio La Trinidad.
El fiscal federal, Pablo Camuñas, había pedido la condena a cuatro años y seis meses de prisión para Gasep y cuatro años a Drube. Por eso apeló la absolución y ahora la Sala I de la Cámara de Casación hizo lugar y resolvió reenviar el caso nuevamente al TOF de Tucumán para que dicte una nueva sentencia.
La causa se inició en 2007 ante la sospecha de que el ingenio y destilería La Trinidad afectaba cursos de agua que desembocan en la cuenca Salí-Dulce. La instrucción estuvo a cargo del fiscal general federal Antonio Gustavo Gómez quien tras una serie de actuaciones la giró al fiscal Carlo Brito. En la causa, se verificó que los valores de demanda química y bioquímica de oxígeno en el agua analizada eran muy superiores a lo permitido por la ley de Residuos Peligrosos 24.051. Según las pruebas, había en una zona rural una "laguna de sacrificio" que recibía los efluentes tóxicos emitidos por el Ingenio La Trinidad, y que no cumplía con la aislación requerida para que los tóxicos no ingresaran al suelo.
Además, en ocasiones la laguna desbordaba y el agua contaminada llegaba a arroyos de la cuenca Salí Dulce.
El TOF otorgó preeminencia en la sentencia absolutoria a los testimonios de funcionarios provinciales que debían controlar que la empresa respetara los estándares mínimos requeridos para funcionar sin dañar el medio ambiente, "sin tomar en cuenta en la valoración de sendas exposiciones que ellos poseen un interés -aunque sea indirecto en el resultado de este proceso, pues está indudablemente vinculado con la eficacia de su gestión en la administración pública", dijo Casación.
Figueroa, en su voto, señaló que "no se advierte que el tribunal haya realizado un reconocimiento al status constitucional del derecho al goce de un ambiente sano".
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Fecha de Publicación: 29/11/2016
Fuente: El Intransigente
Provincia/Región: Tucumán
Los directores del ingenio tucumano están sospechados de contaminar los ríos Salí y Dulce con desechos industriales
La Cámara Federal de Casación Penal anuló un fallo que había absuelto a dos directores del ingenio tucumano La Trinidad, sospechados de contaminación con desechos industriales a la cuenca de los ríos Salí-Dulce y ordenó que se dicte una nueva sentencia con respecto a la ley que protege el medio ambiente.
La Sala I de la Cámara de Casación, con las firmas de Ana María Figueroa, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, remarcó las pruebas que indicaban que la contaminación de las aguas era diez veces más alta que los valores permitidos y que se valoró como testigos a los funcionarios provinciales que debían controlar el funcionamiento del ingenio.
"No es posible separar en compartimientos estancos la tutela que el Estado debe llevar a cabo sobre el medio ambiente de la protección a la salud pública", sostuvo el fallo, al que accedió DyN.
Los jueces remarcaron que "el daño que traen aparejadas las conductas que la ley 24.051 [de residuos peligrosos] reprime, exige el mayor de los celos cuando de su investigación y juzgamiento se trata, toda vez que son derechos regulados en la Constitución Nacional y en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos".
En junio de 2015, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán absolvió a Luis Alberto Drube y Santiago Daniel Gasep, socios de empresa Azucarera del Sur, administradora del ingenio La Trinidad.
El fiscal federal, Pablo Camuñas, había pedido la condena a cuatro años y seis meses de prisión para Gasep y cuatro años a Drube. Por eso apeló la absolución y ahora la Sala I de la Cámara de Casación hizo lugar y resolvió reenviar el caso nuevamente al TOF de Tucumán para que dicte una nueva sentencia.
La causa se inició en 2007 ante la sospecha de que el ingenio y destilería La Trinidad afectaba cursos de agua que desembocan en la cuenca Salí-Dulce. La instrucción estuvo a cargo del fiscal general federal Antonio Gustavo Gómez quien tras una serie de actuaciones la giró al fiscal Carlo Brito. En la causa, se verificó que los valores de demanda química y bioquímica de oxígeno en el agua analizada eran muy superiores a lo permitido por la ley de Residuos Peligrosos 24.051. Según las pruebas, había en una zona rural una "laguna de sacrificio" que recibía los efluentes tóxicos emitidos por el Ingenio La Trinidad, y que no cumplía con la aislación requerida para que los tóxicos no ingresaran al suelo.
Además, en ocasiones la laguna desbordaba y el agua contaminada llegaba a arroyos de la cuenca Salí Dulce.
El TOF otorgó preeminencia en la sentencia absolutoria a los testimonios de funcionarios provinciales que debían controlar que la empresa respetara los estándares mínimos requeridos para funcionar sin dañar el medio ambiente, "sin tomar en cuenta en la valoración de sendas exposiciones que ellos poseen un interés -aunque sea indirecto en el resultado de este proceso, pues está indudablemente vinculado con la eficacia de su gestión en la administración pública", dijo Casación.
Figueroa, en su voto, señaló que "no se advierte que el tribunal haya realizado un reconocimiento al status constitucional del derecho al goce de un ambiente sano".
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El desmanejo de los agrotóxicos en La Pampa asusta
Colectivo Sanitario de La Pampa advierte sobre nuevos casos de contaminación en la provincia
Fecha de Publicación: 29/11/2016
Fuente: InfoPico
Provincia/Región: La Pampa
Desde el Colectivo Sanitario de La Pampa hace un tiempo que venimos advirtiendo y poniendo en conocimiento tanto a la población como a las autoridades de los riesgos que genera el uso de productos agroquímicos como mecanismo para mejorar la producción agropecuaria.
Lamentablemente no tenemos información que desde el estado se estén instrumentando políticas de control y monitoreo sobre esta realidad, como tampoco vemos que desde el orden legislativo nuestros legisladores asuman un compromiso sobre este tema orientado a la prevención y a la protección de la salud de la población y del ambiente. De hecho el Colectivo Sanitario de La Pampa envió hace pocas semanas una nota a cada bloque y al presidente de la Cámara de Diputados solicitando que esta impulse un debate público abierto con la participación de todos los sectores comprometidos en esta problemática y la población en general. Nunca tuvimos respuesta como tampoco vimos manifestaciones públicas de parte de ningún bloque asumiendo posición sobre esto.
En estos días están apareciendo noticias en distintos medios de incidentes de contaminación que pudieron ser evitables y que reflejan nuestra preocupación; por ejemplo, la mortandad de cientos de animales vacunos en Ingeniero Luiggi por ingerir agua contaminada con agroquímicos; las grandes precipitaciones que hubo en la provincia permitió que se formaran grandes espejos de agua como lo que sucedió en Vértiz lo cual puso en evidencia la contaminación con cientos de bidones plásticos flotando, y que fueron utilizados como envases de agroquímicos. También está la denuncia hecha por un vecino de Intendente Alvear ante la Fiscalía, por la intoxicación de un equino y destrucción de plantaciones; en todos los casos son impactantes las imágenes fotográficas que ilustran estos hechos. El Colectivo Sanitario de La Pampa permanentemente recibe correos, mensajes de personas de distintos lugares de la provincia que denuncian situaciones que ponen en riesgo la salud de la población, algunos ejemplos son los depósitos de bidones con agroquímicos en los pueblos, la presencia de las pulverizadoras (“mosquitos”) estacionados con total indiferencia también en el pueblo, la “fumigación” que se ve diariamente en las plazas de las localidades en sitios donde juegan los niños, etc.
Como decimos en las discusiones de nuestro espacio, no somos alarmistas ni nos interesa difundir mensajes catastróficos pero creemos que es necesario dar a conocer la realidad con ejemplos de lo que cotidianamente ocurre en nuestra provincia. Quisiéramos ver que se produzca la reacción que impulse a trabajar seriamente, especialmente a todas las autoridades del estado provincial y municipal, tendiente a proteger tanto la salud humana como la del medio ambiente. Está claro que se necesita empezar a trabajar ya, antes de que estos problemas se agraven. Afortunadamente podemos comprobar que desde nuestra aparición como espacio de reflexión y difusión se multiplica la información sobre hechos que tienen que ver con el uso irresponsable de agroquímicos. Es para nosotros una señal inequívoca de que, al menos la población, está tomando conciencia de los graves riesgos a la que está sometida su salud.
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Fecha de Publicación: 29/11/2016
Fuente: InfoPico
Provincia/Región: La Pampa
Desde el Colectivo Sanitario de La Pampa hace un tiempo que venimos advirtiendo y poniendo en conocimiento tanto a la población como a las autoridades de los riesgos que genera el uso de productos agroquímicos como mecanismo para mejorar la producción agropecuaria.
Lamentablemente no tenemos información que desde el estado se estén instrumentando políticas de control y monitoreo sobre esta realidad, como tampoco vemos que desde el orden legislativo nuestros legisladores asuman un compromiso sobre este tema orientado a la prevención y a la protección de la salud de la población y del ambiente. De hecho el Colectivo Sanitario de La Pampa envió hace pocas semanas una nota a cada bloque y al presidente de la Cámara de Diputados solicitando que esta impulse un debate público abierto con la participación de todos los sectores comprometidos en esta problemática y la población en general. Nunca tuvimos respuesta como tampoco vimos manifestaciones públicas de parte de ningún bloque asumiendo posición sobre esto.
En estos días están apareciendo noticias en distintos medios de incidentes de contaminación que pudieron ser evitables y que reflejan nuestra preocupación; por ejemplo, la mortandad de cientos de animales vacunos en Ingeniero Luiggi por ingerir agua contaminada con agroquímicos; las grandes precipitaciones que hubo en la provincia permitió que se formaran grandes espejos de agua como lo que sucedió en Vértiz lo cual puso en evidencia la contaminación con cientos de bidones plásticos flotando, y que fueron utilizados como envases de agroquímicos. También está la denuncia hecha por un vecino de Intendente Alvear ante la Fiscalía, por la intoxicación de un equino y destrucción de plantaciones; en todos los casos son impactantes las imágenes fotográficas que ilustran estos hechos. El Colectivo Sanitario de La Pampa permanentemente recibe correos, mensajes de personas de distintos lugares de la provincia que denuncian situaciones que ponen en riesgo la salud de la población, algunos ejemplos son los depósitos de bidones con agroquímicos en los pueblos, la presencia de las pulverizadoras (“mosquitos”) estacionados con total indiferencia también en el pueblo, la “fumigación” que se ve diariamente en las plazas de las localidades en sitios donde juegan los niños, etc.
Como decimos en las discusiones de nuestro espacio, no somos alarmistas ni nos interesa difundir mensajes catastróficos pero creemos que es necesario dar a conocer la realidad con ejemplos de lo que cotidianamente ocurre en nuestra provincia. Quisiéramos ver que se produzca la reacción que impulse a trabajar seriamente, especialmente a todas las autoridades del estado provincial y municipal, tendiente a proteger tanto la salud humana como la del medio ambiente. Está claro que se necesita empezar a trabajar ya, antes de que estos problemas se agraven. Afortunadamente podemos comprobar que desde nuestra aparición como espacio de reflexión y difusión se multiplica la información sobre hechos que tienen que ver con el uso irresponsable de agroquímicos. Es para nosotros una señal inequívoca de que, al menos la población, está tomando conciencia de los graves riesgos a la que está sometida su salud.
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Cuarto intermedio en juicio por homicidio con agroquímico
Una semana más para la causa
Fecha de Publicación: 29/11/2016
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Corrientes
Ya se recogieron los primeros testimonios y el tribunal correntino se vuelve a reunir el 5 de diciembre. Es el primer caso de homicidio por uso indiscriminado de agrotóxicos en la historia argentina.
La Justicia correntina decidió ayer establecer un cuarto intermedio para el 5 de diciembre próximo en el juicio por el homicidio del chico de cinco años Santiago Nicolás Arévalo y las serias lesiones que sufrió su prima Celeste Estévez, de entonces 4 años, a raíz de la intoxicación con agrotóxicos ocurrida en la localidad de Lavalle en 2011. La defensa de Ricardo Nicolás Prieto, acusado de haber fumigado con las cortinas de los tendaleros levantas y permitiendo así la propagación de los plaguicidas tóxicos hacia la casa de sus vecinos, planteó el pasado lunes un pedido de nulidad que fue desestimado por el Tribunal Oral Penal de Goya.
La tragedia ocurrió en marzo de 2011, cuando Santiago Nicolás y Celeste absorbieron los plaguicidas tóxicos que usaba Prieto para fumigar las plantaciones de tomate de su quinta, ubicada junto a la casa de la familia Arévalo. El chico, además de inhalar el gas, pisó un charco con el veneno, lo cual le causó la muerte dos días más tarde. Celeste, que hoy tiene 7 años, se salvó por sólo haber inhalado el veneno, pero después del accidente pasó tres meses internada en el Hospital Garrahan y quedó con secuelas permanentes.
La acusación que cae sobre Prieto sostiene que “en la chacra de tomates y hortalizas ubicada en Puerto Viejo Lavalle se hicieron fumigar plantaciones sin la prevención de controlar en forma personal el proceso, que se realizó con las cortinas de los tendaleros levantadas”, de modo que fue imputado por “homicidio culposo y lesiones culposas en concurso ideal”.
El Tribunal presidido por el juez Julio Duarte y sus pares Romelio Díaz Colodrero y José Luis Acosta, definió ayer que las audiencias se retomarán el lunes 5 de diciembre. La ronda de testimonios tuvo inicio el martes último con las declaraciónes de Gladis Arévalo, madre del Santiago Nicolas, y de Miguel Ángel Escobar, padrastro de Celeste. Cerraron la primera serie de testimonios las declaraciones, durante el día viernes, del médico Guillermo Ivaldi y de dos ingenieros agrónomos, Carlos Alberto Pezzelato y Juan Alberto Sablich, propuestos por la defensa del productor agrario acusado, conformada por los abogados Diego Brest y Ariel Brest Enjuanes.
Durante la última audiencia se hicieron presentes frente a la sede del Tribunal de Goya manifestantes de organizaciones de Derechos Humanos, agrupaciones políticas y vecinos de Lavalle, quienes acompañaron a los familiares de los chicos y reclamaron una condena justa para el productor agrario acusado. Terminadas las declaraciones, el abogado querellante, Julián Segovia, se dirigió a los manifestantes y afirmó que “en representación de las familias voy a pedir condena porque hay pruebas suficientes para hacerlo”.
“Creo que los jueces están ante la posibilidad única en el país para dictar una condena”, aseguró Segovia, antes de aclarar que con esto “no se ataca a la producción hortícola, sino que la cuestión aquí es la mala práctica”, agregó en referencia al uso de agrotóxicos que hoy están prohibidos en todo el mundo.
En diálogo con PáginaI12, Segovia dijo que está “convencido de que las pruebas que se recolectaron durante más de 5 años son contundentes para que se declare culpable a Prieto. Hay estudios de suelo, de las plantes de tomate, análisis realizados a Celeste, y está la autposia de Santiago Nicolás que habla de una intoxicación aguda”. El abogado contó además que en la zona de Lavalle es muy normal que los vecinos tengan problemas de salud a raíz de la intoxicación con agrotóxicos: “una hermana de Celeste está con tratamientos por hidrocefalia, en estos días la van a operar por segunda vez. Cuando fueron a la consulta los médicos le preguntaron a la madre si vivía cerca de una tomatera o alguna plantación similar, porque lo más probable era que se haya agarrado la enfermedad por la inhalación de agrotóxicos”.
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Fecha de Publicación: 29/11/2016
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Corrientes
Ya se recogieron los primeros testimonios y el tribunal correntino se vuelve a reunir el 5 de diciembre. Es el primer caso de homicidio por uso indiscriminado de agrotóxicos en la historia argentina.
La Justicia correntina decidió ayer establecer un cuarto intermedio para el 5 de diciembre próximo en el juicio por el homicidio del chico de cinco años Santiago Nicolás Arévalo y las serias lesiones que sufrió su prima Celeste Estévez, de entonces 4 años, a raíz de la intoxicación con agrotóxicos ocurrida en la localidad de Lavalle en 2011. La defensa de Ricardo Nicolás Prieto, acusado de haber fumigado con las cortinas de los tendaleros levantas y permitiendo así la propagación de los plaguicidas tóxicos hacia la casa de sus vecinos, planteó el pasado lunes un pedido de nulidad que fue desestimado por el Tribunal Oral Penal de Goya.
La tragedia ocurrió en marzo de 2011, cuando Santiago Nicolás y Celeste absorbieron los plaguicidas tóxicos que usaba Prieto para fumigar las plantaciones de tomate de su quinta, ubicada junto a la casa de la familia Arévalo. El chico, además de inhalar el gas, pisó un charco con el veneno, lo cual le causó la muerte dos días más tarde. Celeste, que hoy tiene 7 años, se salvó por sólo haber inhalado el veneno, pero después del accidente pasó tres meses internada en el Hospital Garrahan y quedó con secuelas permanentes.
La acusación que cae sobre Prieto sostiene que “en la chacra de tomates y hortalizas ubicada en Puerto Viejo Lavalle se hicieron fumigar plantaciones sin la prevención de controlar en forma personal el proceso, que se realizó con las cortinas de los tendaleros levantadas”, de modo que fue imputado por “homicidio culposo y lesiones culposas en concurso ideal”.
El Tribunal presidido por el juez Julio Duarte y sus pares Romelio Díaz Colodrero y José Luis Acosta, definió ayer que las audiencias se retomarán el lunes 5 de diciembre. La ronda de testimonios tuvo inicio el martes último con las declaraciónes de Gladis Arévalo, madre del Santiago Nicolas, y de Miguel Ángel Escobar, padrastro de Celeste. Cerraron la primera serie de testimonios las declaraciones, durante el día viernes, del médico Guillermo Ivaldi y de dos ingenieros agrónomos, Carlos Alberto Pezzelato y Juan Alberto Sablich, propuestos por la defensa del productor agrario acusado, conformada por los abogados Diego Brest y Ariel Brest Enjuanes.
Durante la última audiencia se hicieron presentes frente a la sede del Tribunal de Goya manifestantes de organizaciones de Derechos Humanos, agrupaciones políticas y vecinos de Lavalle, quienes acompañaron a los familiares de los chicos y reclamaron una condena justa para el productor agrario acusado. Terminadas las declaraciones, el abogado querellante, Julián Segovia, se dirigió a los manifestantes y afirmó que “en representación de las familias voy a pedir condena porque hay pruebas suficientes para hacerlo”.
“Creo que los jueces están ante la posibilidad única en el país para dictar una condena”, aseguró Segovia, antes de aclarar que con esto “no se ataca a la producción hortícola, sino que la cuestión aquí es la mala práctica”, agregó en referencia al uso de agrotóxicos que hoy están prohibidos en todo el mundo.
En diálogo con PáginaI12, Segovia dijo que está “convencido de que las pruebas que se recolectaron durante más de 5 años son contundentes para que se declare culpable a Prieto. Hay estudios de suelo, de las plantes de tomate, análisis realizados a Celeste, y está la autposia de Santiago Nicolás que habla de una intoxicación aguda”. El abogado contó además que en la zona de Lavalle es muy normal que los vecinos tengan problemas de salud a raíz de la intoxicación con agrotóxicos: “una hermana de Celeste está con tratamientos por hidrocefalia, en estos días la van a operar por segunda vez. Cuando fueron a la consulta los médicos le preguntaron a la madre si vivía cerca de una tomatera o alguna plantación similar, porque lo más probable era que se haya agarrado la enfermedad por la inhalación de agrotóxicos”.
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