Sigue el atropello de Manaos sobre campesinos
08:00 | 
Publicado por
Eco Sitio |
Santiago del Estero: disputa por tierras y desmonte ilegal
Fecha de Publicación: 30/11/2016
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Santiago del Estero
Orlando Canido, dueño de la gaseosa Manaos, quiere deforestar, pese a la restricción oficial. Resistencia indígena.
En las últimas dos décadas, los conflictos por la titularidad de tierras en las que están asentadas las comunidades indígenas recrudecieron por la activación de los desarrollos agropecuarios en regiones forestales.
Aunque el Estado reconoce los derechos comunales de propiedad de los pueblos indígenas, la falta de entrega de títulos de dominio es fuente de tensión social y litigios judiciales. El conflicto emerge cuando las tierras son comercializadas con las comunidades en su interior, se inicia la deforestación y se intenta forzar el éxodo de las etnias.
En los últimos años, se produjeron más de 300 conflictos con estas características en áreas de bosque.
Uno de los que alcanzó resonancia pública en estos meses lo protagonizó el empresario Orlando Canido, dueño de la popular gaseosa “Manaos”.
En el año 2014, el empresario presentó el título de compra de un campo con dos lotes, de 1.000 y de 1.163 hectáreas en las localidades de Bajo Hondo y El Colorado, a 270 kilómetros al noroeste de la capital santiagueña. De inmediato presentó en la Dirección de Bosques de la provincia un proyecto productivo agrícola en el área forestal.
La Dirección, en primera instancia, aprobó el proyecto, y Canido inició el desmonte de 55 hectáreas, pero no pudo seguir porque los aborígenes interrumpieron el avance de las topadoras, y el Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina (MOCASE VC) hizo un reclamo judicial por la posesión de las tierras. A partir de entonces, la Dirección de Bosques ordenó la suspensión del desmonte hasta que la justicia resolviera el conflicto.
Las páginas del expediente son una sucesión de denuncias cruzadas. Canido acusó a integrantes de la comunidad indígena Guaycurú de haber tomado su campo sin “fundamento jurídico ni acreditación de derecho alguno sino por simple invocación a la comunidad aborigen”.
A su vez, los miembros de la comunidad indígena relataron que “ya cansados de los retardos de la justicia y falta de respuesta, y siguiendo el consejo de representantes y consejeros, optaron por tomar el campo”.
El gobierno intentó resolver el conflicto en la “Mesa de Tierras” con el diálogo entre las partes. Pero el conflicto no se resolvió. Y volvieron las denuncias de ambas partes: los aborígenes por “intimidación de hombres armados” y Canido, “por daños a su propiedad y sus bienes”.
Casi un año después, en septiembre de 2015, con el plan suspendido, Canido decidió continuar con el proyecto agropecuario: con cinco topadoras taló otras 220 hectáreas de bosque, y fue obligado a detener el desmonte por la Dirección de Bosques, que le realizó un sumario. “Canido está en infracción por ese desmonte y se están haciendo las pericias administrativas”, indica Víctor Rosales, su director.
Fuentes de su entorno aseguran que el empresario es propietario de 40 mil hectáreas en la provincia y emplea a más de media población para tareas de campo en Bajo Hondo, la zona del conflicto. En mayo de 2016, la entonces jueza Lucrecia Martínez Llanos ordenó el desalojo de la comunidad pero la orden no se puedo ejecutar por resistencia del MOCASE VC. En julio, una nueva orden tampoco pudo efectivizarse.
Desde entonces, un grupo relacionado con Canido se asentó en un campo de su propiedad, al lado de la tierra en litigio, con actitudes amenazantes. Y en septiembre, según consta en el expediente, con 3 camionetas y 15 hombres armados, irrumpieron en la tierra en conflicto: mataron animales, prendieron fuego ranchos de la comunidad, y los obligaron a escapar al monte. En el ataque, balearon en la pierna a uno de ellos. El empresario Canido no respondió a los mensajes en su celular de este diario.
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Fecha de Publicación: 30/11/2016
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Santiago del Estero
Orlando Canido, dueño de la gaseosa Manaos, quiere deforestar, pese a la restricción oficial. Resistencia indígena.
En las últimas dos décadas, los conflictos por la titularidad de tierras en las que están asentadas las comunidades indígenas recrudecieron por la activación de los desarrollos agropecuarios en regiones forestales.
Aunque el Estado reconoce los derechos comunales de propiedad de los pueblos indígenas, la falta de entrega de títulos de dominio es fuente de tensión social y litigios judiciales. El conflicto emerge cuando las tierras son comercializadas con las comunidades en su interior, se inicia la deforestación y se intenta forzar el éxodo de las etnias.
En los últimos años, se produjeron más de 300 conflictos con estas características en áreas de bosque.
Uno de los que alcanzó resonancia pública en estos meses lo protagonizó el empresario Orlando Canido, dueño de la popular gaseosa “Manaos”.
En el año 2014, el empresario presentó el título de compra de un campo con dos lotes, de 1.000 y de 1.163 hectáreas en las localidades de Bajo Hondo y El Colorado, a 270 kilómetros al noroeste de la capital santiagueña. De inmediato presentó en la Dirección de Bosques de la provincia un proyecto productivo agrícola en el área forestal.
La Dirección, en primera instancia, aprobó el proyecto, y Canido inició el desmonte de 55 hectáreas, pero no pudo seguir porque los aborígenes interrumpieron el avance de las topadoras, y el Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina (MOCASE VC) hizo un reclamo judicial por la posesión de las tierras. A partir de entonces, la Dirección de Bosques ordenó la suspensión del desmonte hasta que la justicia resolviera el conflicto.
Las páginas del expediente son una sucesión de denuncias cruzadas. Canido acusó a integrantes de la comunidad indígena Guaycurú de haber tomado su campo sin “fundamento jurídico ni acreditación de derecho alguno sino por simple invocación a la comunidad aborigen”.
A su vez, los miembros de la comunidad indígena relataron que “ya cansados de los retardos de la justicia y falta de respuesta, y siguiendo el consejo de representantes y consejeros, optaron por tomar el campo”.
El gobierno intentó resolver el conflicto en la “Mesa de Tierras” con el diálogo entre las partes. Pero el conflicto no se resolvió. Y volvieron las denuncias de ambas partes: los aborígenes por “intimidación de hombres armados” y Canido, “por daños a su propiedad y sus bienes”.
Casi un año después, en septiembre de 2015, con el plan suspendido, Canido decidió continuar con el proyecto agropecuario: con cinco topadoras taló otras 220 hectáreas de bosque, y fue obligado a detener el desmonte por la Dirección de Bosques, que le realizó un sumario. “Canido está en infracción por ese desmonte y se están haciendo las pericias administrativas”, indica Víctor Rosales, su director.
Fuentes de su entorno aseguran que el empresario es propietario de 40 mil hectáreas en la provincia y emplea a más de media población para tareas de campo en Bajo Hondo, la zona del conflicto. En mayo de 2016, la entonces jueza Lucrecia Martínez Llanos ordenó el desalojo de la comunidad pero la orden no se puedo ejecutar por resistencia del MOCASE VC. En julio, una nueva orden tampoco pudo efectivizarse.
Desde entonces, un grupo relacionado con Canido se asentó en un campo de su propiedad, al lado de la tierra en litigio, con actitudes amenazantes. Y en septiembre, según consta en el expediente, con 3 camionetas y 15 hombres armados, irrumpieron en la tierra en conflicto: mataron animales, prendieron fuego ranchos de la comunidad, y los obligaron a escapar al monte. En el ataque, balearon en la pierna a uno de ellos. El empresario Canido no respondió a los mensajes en su celular de este diario.
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