¿El gobierno dió el OK para Lama?
08:00 | 
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Eco Sitio |
Luz verde para la Barrick
Fecha de Publicación: 20/11/2016
Fuente: Revista Veintitres
Provincia/Región: Nacional - San Juan
La minera canadiense decidió extraer mineral y hacer una mina en Lama, San Juan, lado argentino. Comenzará un plan de desarrollo integrado en el cinturón El Indio, en la misma provincia.
Nadie duda de que el presidente Mauricio Macri busca impulsar a pleno la minería. La eliminación de las retenciones mineras anunciadas en febrero pasado, que representan una pérdida para el Estado de 223 millones de dólares por derechos de exportación, son sólo el puntapié inicial que beneficia a un sector, bastante cuestionado por buena parte de la sociedad. En el último Coloquio de IDEA, frente a la atenta mirada de Ricardo Lagos, ex presidente de Chile, quien en medio del anuncio de su precandidatura presidencial deberá declarar en un proceso judicial respecto de la propiedad de los terrenos donde se encuentra emplazado Pascua Lama, el proyecto minero de la empresa canadiense Barrick Gold, Macri le hizo un guiño al chileno y fue más allá: “Tenemos que tener una minería sustentable, como han logrado desarrollar nuestros hermanos chilenos, y también otros países como Canadá”. Los representantes de Barrick Gold presentes en IDEA festejaron el apoyo oficial y confirmaron a Veintitrés que comenzaron los estudios para volver a poner en marcha Pascua Lama, del lado argentino.
El 1 de septiembre, la compañía minera anunció desde su sede en Toronto la designación de George Bee como vicepresidente senior para el desarrollo de Lama (lado argentino). El primer proyecto binacional argentino chileno había empezado a desacelerarse en 2013 y se decidió su suspensión a fines de 2014. Para dimensionar lo que representa Pascua Lama, equivale a 15,4 millones de onzas de oro y 674 millones de onzas de plata. Un dato no menor, teniendo en cuenta que la onza de oro cotiza a 1.261 dólares. Pero vale aclarar que la mayor parte de los minerales se encuentran del lado chileno en un 80% y del lado argentino un 20 por ciento.
Barrick explica en un comunicado oficial: “Una evaluación reciente por parte del equipo del proyecto indica que un proyecto inicial, simple y escalable en Lama, utilizando métodos de minería subterránea, puede ser la mejor opción para comenzar un plan de desarrollo escalonado para Pascua Lama. De ser exitoso, el flujo de efectivo de Lama podría ser utilizado para financiar con el tiempo el desarrollo adicional en ambos lados de la frontera”. Juan Ordóñez, director ejecutivo de Barrick Gold, da detalles del proyecto de reactivación de Lama: “Hay una modificación sustancial en el proyecto, antes se iba a extraer del lado chileno, ahora se extraerá mineral del lado argentino. Hay que diseñar una mina que antes no estaba prevista”, explica. Antes de la paralización de la obra en 2014, Pascua Lama llevaba invertidos 5.000 millones de dólares, confirman en Barrick.
Pero los proyectos de la mina canadiense, que hoy opera Veladero en San Juan, son más ambiciosos. En las últimas tres líneas del comunicado originado en Toronto, casi de manera casual se incluye que “a medida que avanza la opción de un proyecto inicial para Lama, Bee, su vicepresidente senior, comenzará también a desarrollar un plan de desarrollo integrado en el cinturón El Indio, un tramo de 50 kilómetros de tierras altamente prospectivas en esa región”. Aunque en la oficina local no pueden ampliar el tema, se sabe que se trata de un tramo de 140 kilómetros de longitud. En el mundo minero se sostiene que “la zona del cinturón del Indio es a la minería lo que Vaca Muerta es a la energía”, como para dimensionar de qué trata el tema, es una de las zonas más ricas del mundo para la explotación metalífera.
El nombramiento de George Bee para poner a punto la reactivación de Lama pasó casi desapercibido, porque a pocas horas de su designación y días antes que se cumpla el aniversario del mayor desastre minero de la historia del país, la mina Veladero que explota Barrick Gold en San Juan volvió a ser noticia por un derrame de material cianurado, en el valle de lixiviación del yacimiento, que cerró Veladero por 15 días. Lo que obligó a la empresa canadiense a desplazar al ejecutivo Rick Baker, gerente general de la mina Veladero, tras el nuevo derrame. En noviembre del año pasado había renunciado Guillermo Caló, su director ejecutivo, a causa del primer y más grave episodio. La versión oficial indica: “El incidente no provocó daños ni puso en riesgo la salud de las personas ni el medioambiente. Asimismo, cabe señalar que nunca hubo derrame de solución cianurada ni hubo contacto con cursos de agua ni con canales de desvío”. Sin embargo, el ministro de Ambiente de la Nación, Sergio Bergman, radicó una denuncia penal para que la Justicia investigue las responsabilidades de la empresa Barrick Gold, operadora de la mina Veladero de San Juan, por el derrame de material cianurado. Como respuesta: “Elevamos la altura de los 7,5 kilómetros de berma, el borde del valle de lixiviación entre 1,20 a 1,40 más alto para asegurarnos que nada se escurra”, explica Ordóñez. Veladero obtuvo 795 millones de dólares en 2015.
Con luz verde, el sector minero tiene previstas inversiones de 20.000 millones de dólares en los próximos 5 años. Mientras, el gobierno nacional avanza en un nuevo convenio con todas las provincias por la actividad minera, que se plasmará a través de una ley y cambiará el esquema actual. Hoy hay regalías del 3% y esto permitiría rediscutir la rentabilidad y la zonificación.
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Fecha de Publicación: 20/11/2016
Fuente: Revista Veintitres
Provincia/Región: Nacional - San Juan
La minera canadiense decidió extraer mineral y hacer una mina en Lama, San Juan, lado argentino. Comenzará un plan de desarrollo integrado en el cinturón El Indio, en la misma provincia.
Nadie duda de que el presidente Mauricio Macri busca impulsar a pleno la minería. La eliminación de las retenciones mineras anunciadas en febrero pasado, que representan una pérdida para el Estado de 223 millones de dólares por derechos de exportación, son sólo el puntapié inicial que beneficia a un sector, bastante cuestionado por buena parte de la sociedad. En el último Coloquio de IDEA, frente a la atenta mirada de Ricardo Lagos, ex presidente de Chile, quien en medio del anuncio de su precandidatura presidencial deberá declarar en un proceso judicial respecto de la propiedad de los terrenos donde se encuentra emplazado Pascua Lama, el proyecto minero de la empresa canadiense Barrick Gold, Macri le hizo un guiño al chileno y fue más allá: “Tenemos que tener una minería sustentable, como han logrado desarrollar nuestros hermanos chilenos, y también otros países como Canadá”. Los representantes de Barrick Gold presentes en IDEA festejaron el apoyo oficial y confirmaron a Veintitrés que comenzaron los estudios para volver a poner en marcha Pascua Lama, del lado argentino.
El 1 de septiembre, la compañía minera anunció desde su sede en Toronto la designación de George Bee como vicepresidente senior para el desarrollo de Lama (lado argentino). El primer proyecto binacional argentino chileno había empezado a desacelerarse en 2013 y se decidió su suspensión a fines de 2014. Para dimensionar lo que representa Pascua Lama, equivale a 15,4 millones de onzas de oro y 674 millones de onzas de plata. Un dato no menor, teniendo en cuenta que la onza de oro cotiza a 1.261 dólares. Pero vale aclarar que la mayor parte de los minerales se encuentran del lado chileno en un 80% y del lado argentino un 20 por ciento.
Barrick explica en un comunicado oficial: “Una evaluación reciente por parte del equipo del proyecto indica que un proyecto inicial, simple y escalable en Lama, utilizando métodos de minería subterránea, puede ser la mejor opción para comenzar un plan de desarrollo escalonado para Pascua Lama. De ser exitoso, el flujo de efectivo de Lama podría ser utilizado para financiar con el tiempo el desarrollo adicional en ambos lados de la frontera”. Juan Ordóñez, director ejecutivo de Barrick Gold, da detalles del proyecto de reactivación de Lama: “Hay una modificación sustancial en el proyecto, antes se iba a extraer del lado chileno, ahora se extraerá mineral del lado argentino. Hay que diseñar una mina que antes no estaba prevista”, explica. Antes de la paralización de la obra en 2014, Pascua Lama llevaba invertidos 5.000 millones de dólares, confirman en Barrick.
Pero los proyectos de la mina canadiense, que hoy opera Veladero en San Juan, son más ambiciosos. En las últimas tres líneas del comunicado originado en Toronto, casi de manera casual se incluye que “a medida que avanza la opción de un proyecto inicial para Lama, Bee, su vicepresidente senior, comenzará también a desarrollar un plan de desarrollo integrado en el cinturón El Indio, un tramo de 50 kilómetros de tierras altamente prospectivas en esa región”. Aunque en la oficina local no pueden ampliar el tema, se sabe que se trata de un tramo de 140 kilómetros de longitud. En el mundo minero se sostiene que “la zona del cinturón del Indio es a la minería lo que Vaca Muerta es a la energía”, como para dimensionar de qué trata el tema, es una de las zonas más ricas del mundo para la explotación metalífera.
El nombramiento de George Bee para poner a punto la reactivación de Lama pasó casi desapercibido, porque a pocas horas de su designación y días antes que se cumpla el aniversario del mayor desastre minero de la historia del país, la mina Veladero que explota Barrick Gold en San Juan volvió a ser noticia por un derrame de material cianurado, en el valle de lixiviación del yacimiento, que cerró Veladero por 15 días. Lo que obligó a la empresa canadiense a desplazar al ejecutivo Rick Baker, gerente general de la mina Veladero, tras el nuevo derrame. En noviembre del año pasado había renunciado Guillermo Caló, su director ejecutivo, a causa del primer y más grave episodio. La versión oficial indica: “El incidente no provocó daños ni puso en riesgo la salud de las personas ni el medioambiente. Asimismo, cabe señalar que nunca hubo derrame de solución cianurada ni hubo contacto con cursos de agua ni con canales de desvío”. Sin embargo, el ministro de Ambiente de la Nación, Sergio Bergman, radicó una denuncia penal para que la Justicia investigue las responsabilidades de la empresa Barrick Gold, operadora de la mina Veladero de San Juan, por el derrame de material cianurado. Como respuesta: “Elevamos la altura de los 7,5 kilómetros de berma, el borde del valle de lixiviación entre 1,20 a 1,40 más alto para asegurarnos que nada se escurra”, explica Ordóñez. Veladero obtuvo 795 millones de dólares en 2015.
Con luz verde, el sector minero tiene previstas inversiones de 20.000 millones de dólares en los próximos 5 años. Mientras, el gobierno nacional avanza en un nuevo convenio con todas las provincias por la actividad minera, que se plasmará a través de una ley y cambiará el esquema actual. Hoy hay regalías del 3% y esto permitiría rediscutir la rentabilidad y la zonificación.
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Humedales y pujas de poder
Los humedales no tienen quién los cuide
Fecha de Publicación: 20/11/2016
Fuente: UNSAM - Agencia TSS
Provincia/Región: Nacional
El proyecto de ley de Presupuestos Mínimos para la Conservación y el Uso Sustentable de los Humedales en la Argentina perderá estado parlamentario a fin de mes, a menos que la Cámara de Senadores la trate en alguna de las dos sesiones que restan antes de que termine el mes de noviembre. Esto significaría que quede sin efecto el dictamen que el año pasado presentó la Comisión de Ambiente, encabezada por el senador Pino Solanas (Sur-Unen) –junto con Magdalena Odarda (Río Negro, Alianza Frente Progresista), Jaime Linares (Buenos Aires, Frente Amplio Progresista) y Mirtha Luna (La Rioja, Alianza Frente para la Victoria Riojano)– y con la firma de 16 senadores. Algo similar había pasado con un dictamen anterior, presentado en 2013 por Rubén Giustiniani –por entonces senador por el Partido Socialista– y que había sido aprobado por unanimidad en Senadores, pero quedó estancado en el recinto de diputados.
“El oficialismo no quiere ninguna ley de humedales y está tratando de boicotearla de todas las maneras posibles, incluso de manera antirreglamentaria”, dice el abogado ambientalista Enrique Viale, asesor de Solanas. Y advierte que “entre todos los artilugios que se hicieron para boicotear la ley, el último que encontramos es la creación de una especie de dictamen de minoría que impulsa la presidencia de la Comisión de Agricultura –a cargo del senador entrerriano Alfredo De Angeli (Frente Pro)–, que le quita protección a los humedales y los vuelve una zona de producción y les quita la moratoria”.
La moratoria a la que hace referencia el especialista, que además es fundador de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, es uno de los puntos incluidos en el proyecto inicial, mediante la cual se propone un plazo extendido para hacer un inventario de humedales del país para, posteriormente, establecer categorías de protección y modos de uso.
“El proyecto del Pro no tiene moratoria, con lo cual ni bien salga van a avanzar sobre los humedales como una carrera, cosa que ya está pasando desde que el proyecto entró en el Congreso, que se ha incrementado la presión sobre los humedales; es el caso de la Cooperativa Isla Esperanza, de Tigre, que la han incendiado hace muy poco porque estaban protegiendo ese humedal desde la producción”, ejemplifica Franco Seguesso, del área de campañas de Greenpeace, y subraya que este es un punto relevante, ya que a diferencia de lo que muchos suponen o sostienen, “hay producción que protege los humedales y no es que no se puede producir en ellos”.
La investigadora Patricia Pintos, del Centro de Investigaciones Geográficas de la Universidad Nacional de La Plata, estudia el avance de las urbanizaciones cerradas en humedales que impactan en los procesos de inundación en la cuenca del Río Luján. Según Pintos, “el proyecto del senador Solanas admite la continuidad de actividades que son respetuosas de los ciclos naturales de los ecosistemas. Por el contrario, entendemos que este nuevo proyecto –por el presentado por senadores del Pro– es proclive al proceso de desarrollo y ocupación de humedales ligado a la actividad agroproductiva de la soja y al extractivismo inmobiliario”.
Para Claudio Baigun, investigador del CONICET y del Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental (3iA) de la Universidad de San Martin (UNSAM), en el nuevo dictamen “eliminaron el artículo 8, que dice que hay que respetar si el humedal tiene un valor para grupos vulnerables. El agua es la vida de la gente que vive allí en un montón de dimensiones, ya sea para tomarla, para pescar o llevar ganado. Eso, en este nuevo proyecto, no existe más”.
Baigun, junto a otros colegas del 3iA, participaron de los debates anteriores y presentaron algunas recomendaciones. Entre ellas, que el ordenamiento ambiental del territorio no debería ser visto como una herramienta para definir áreas a conservar (áreas protegidas, intangibles) y áreas que puedan modificarse y utilizarse sin ningún tipo de reglamentación, sino como un instrumento para articular la conservación de los ecosistemas, sus funciones, procesos y los servicios que brindan, con la diversidad de actividades productivas e intervenciones humanas, y que la forma en que estas se desarrollen sea compatible con las características del ambiente.
“Los humedales son sistemas que difieren del concepto estático de área de conservación intocable. Aquí se está poniendo en juego otro paradigma y hay que entender que los ecosistemas se pueden usar pero de una manera particular”, dice Patricia Kandus, doctora en Ciencias Biológicas y directora del Laboratorio de Ecología, Teledetección y Eco-Informática (LETyE) del 3iA, que trabaja en la elaboración de un mapa de regiones de humedales de la Argentina.
“Cuesta mucho pensar que hay lugares que no tienen siempre el mismo uso, en los que hay años en los que está todo inundado y se los puede usar de una manera, y otros en los que está todo seco y surgen nuevas formas de aprovechamiento. Esa mirada de que las cosas pueden cambiar, no solo en función de las reglas del mercado, sino también de las reglas de la naturaleza, permite desarrollar tecnologías y generar usos productivos acordes con la dinámica de los humedales”, coincide su colega Priscila Minotti, investigadora y docente del 3iA, quien junto con Kandus tienen a cargo un equipo de investigación que incluye a especialistas en matemática, ciencias ambientales, geología y geografía.
Mientras que el 40 % del territorio argentino es árido o seco, se estima que más de un 20 % del mismo está ocupado por humedales que cumplen con funciones ambientales vitales, como mantener los ciclos hidrológicos, retener agua u ofrecerla, según sea necesario, y hasta filtrar cierto tipo de contaminantes. En muchos casos, también constituyen un recurso vital para las comunidades.
Como su nombre lo indica, un humedal es un lugar en el que hay humedad; esto quiere decir que por momentos puede estar inundado, pero a veces también seco, o ser una especie de barro. Los hay de agua dulce o de río (vinculados a las cuencas), y también de agua salada o de mar; se pueden encontrar en la llanura, en la montaña y hasta en la puna (como las denominadas zonas periglaciares, que también son un tipo de humedal).
“En gran parte del mundo, los humedales se perdieron con las actividades tradicionales. Entonces, en los congresos se ve que las problemáticas que presentan los países desarrollados tienen que ver con cómo restaurar humedales, cómo reconstruirlos, porque se empiezan a dar cuenta que los necesitan para recuperar los ecosistemas que perdieron”, dice Kandus, y agrega que “la Argentina todavía tiene muchos humedales que pueden ser usados racionalmente”, aunque esta ventaja está en riesgo tras el avance de emprendimientos agrícolas, inmobiliarios y mineros sobre estos territorios, que muchas veces se consideran improductivos.
Participación cero
“¿Señor presidente, puedo hacer uso de la palabra?”, se oyó decir a una voz proveniente del fondo de la sala, en la última sesión de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Senadores –en la que estuvo presente TSS–, presidida por Alfredo de Angeli el pasado martes 15 de noviembre, justo antes de que los legisladores presentes se dispusiera a firmar el dictamen del cuestionado nuevo proyecto, tras una sesión que duró poco más de media hora.
“Somos de las organizaciones sociales y ambientales y tenemos algo para decirles”, insistió la voz en medio del murmullo de las autoridades de la sala, quienes finalmente respondieron: “Lamentablemente ya no hay tiempo, hemos trabajado mucho en este proyecto”.
Y aunque las voces que se multiplicaban en el recinto reclamaban ser escuchadas y recordaban que ya se trabaja en este tema desde hace al menos cinco años, y que existe otro proyecto redactado con la participación de las organizaciones civiles y el asesoramiento de instituciones académicas, los senadores De Angeli, María Cristina del Valle Fiore Viñuales (Salta, por el Frente para la Victoria) y Silvia del Rosario Giacoppo (Jujuy, por la Unión Cívica Radical) firmaron el dictamen y se retiraron rápidamente sin hacer declaraciones.
Martín Nunziata fue uno de los que se acercaron al Congreso esa tarde. Vecino de Tigre y miembro de la Asamblea del Delta y Río de la Plata, le dijo a TSS: “No hay un sistema más productivo que los humedales. Nosotros no decimos que no se pueden hacer cosas productivas y, de hecho, yo vivo allí hace 40 años. Tigre, por ejemplo, ha perdido el 50 % de su territorio por emprendimientos inmobiliarios, lo que demuestra que tiene que haber una ley que le ponga un fin a esto, porque, además, están expulsando a gente de esos lugares y los están destruyendo ambientalmente”.
Finalmente, con tres firmas y sin el quorum necesario de diez legisladores para sesionar, el cuestionado nuevo dictamen quedó presentado. En el reciento también estuvieron presentes las senadoras María Graciela De la Rosa (Formosa, por Alianza Frente para la Victoria), María Ester Labado (Santa Cruz, Alianza Frente para la Victoria) y Sandra Giménez (Misiones, del Frente Renovador de la Concordia) –estas últimas sostuvieron su firma en el dictamen previo, de la Comisión de Ambiente– y los senadores Alfredo Luenzo (Chubut Somos Todos), Eduardo Aguilar (Chaco, por el Frente para la Victoria) y Daniel Raúl Pérsico (San Luis, Alianza Frente para la Victoria).
Se esperaba que ayer miércoles, en labor parlamentaria, los jefes de bloque incluyeran estos proyectos para su tratamiento, pero no fue así y el trámite parlamentario pasó para la próxima sesión del miércoles 23 de noviembre.
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Fecha de Publicación: 20/11/2016
Fuente: UNSAM - Agencia TSS
Provincia/Región: Nacional
El proyecto de ley de Presupuestos Mínimos para la Conservación y el Uso Sustentable de los Humedales en la Argentina perderá estado parlamentario a fin de mes, a menos que la Cámara de Senadores la trate en alguna de las dos sesiones que restan antes de que termine el mes de noviembre. Esto significaría que quede sin efecto el dictamen que el año pasado presentó la Comisión de Ambiente, encabezada por el senador Pino Solanas (Sur-Unen) –junto con Magdalena Odarda (Río Negro, Alianza Frente Progresista), Jaime Linares (Buenos Aires, Frente Amplio Progresista) y Mirtha Luna (La Rioja, Alianza Frente para la Victoria Riojano)– y con la firma de 16 senadores. Algo similar había pasado con un dictamen anterior, presentado en 2013 por Rubén Giustiniani –por entonces senador por el Partido Socialista– y que había sido aprobado por unanimidad en Senadores, pero quedó estancado en el recinto de diputados.
“El oficialismo no quiere ninguna ley de humedales y está tratando de boicotearla de todas las maneras posibles, incluso de manera antirreglamentaria”, dice el abogado ambientalista Enrique Viale, asesor de Solanas. Y advierte que “entre todos los artilugios que se hicieron para boicotear la ley, el último que encontramos es la creación de una especie de dictamen de minoría que impulsa la presidencia de la Comisión de Agricultura –a cargo del senador entrerriano Alfredo De Angeli (Frente Pro)–, que le quita protección a los humedales y los vuelve una zona de producción y les quita la moratoria”.
La moratoria a la que hace referencia el especialista, que además es fundador de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, es uno de los puntos incluidos en el proyecto inicial, mediante la cual se propone un plazo extendido para hacer un inventario de humedales del país para, posteriormente, establecer categorías de protección y modos de uso.
“El proyecto del Pro no tiene moratoria, con lo cual ni bien salga van a avanzar sobre los humedales como una carrera, cosa que ya está pasando desde que el proyecto entró en el Congreso, que se ha incrementado la presión sobre los humedales; es el caso de la Cooperativa Isla Esperanza, de Tigre, que la han incendiado hace muy poco porque estaban protegiendo ese humedal desde la producción”, ejemplifica Franco Seguesso, del área de campañas de Greenpeace, y subraya que este es un punto relevante, ya que a diferencia de lo que muchos suponen o sostienen, “hay producción que protege los humedales y no es que no se puede producir en ellos”.
La investigadora Patricia Pintos, del Centro de Investigaciones Geográficas de la Universidad Nacional de La Plata, estudia el avance de las urbanizaciones cerradas en humedales que impactan en los procesos de inundación en la cuenca del Río Luján. Según Pintos, “el proyecto del senador Solanas admite la continuidad de actividades que son respetuosas de los ciclos naturales de los ecosistemas. Por el contrario, entendemos que este nuevo proyecto –por el presentado por senadores del Pro– es proclive al proceso de desarrollo y ocupación de humedales ligado a la actividad agroproductiva de la soja y al extractivismo inmobiliario”.
Para Claudio Baigun, investigador del CONICET y del Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental (3iA) de la Universidad de San Martin (UNSAM), en el nuevo dictamen “eliminaron el artículo 8, que dice que hay que respetar si el humedal tiene un valor para grupos vulnerables. El agua es la vida de la gente que vive allí en un montón de dimensiones, ya sea para tomarla, para pescar o llevar ganado. Eso, en este nuevo proyecto, no existe más”.
Baigun, junto a otros colegas del 3iA, participaron de los debates anteriores y presentaron algunas recomendaciones. Entre ellas, que el ordenamiento ambiental del territorio no debería ser visto como una herramienta para definir áreas a conservar (áreas protegidas, intangibles) y áreas que puedan modificarse y utilizarse sin ningún tipo de reglamentación, sino como un instrumento para articular la conservación de los ecosistemas, sus funciones, procesos y los servicios que brindan, con la diversidad de actividades productivas e intervenciones humanas, y que la forma en que estas se desarrollen sea compatible con las características del ambiente.
“Los humedales son sistemas que difieren del concepto estático de área de conservación intocable. Aquí se está poniendo en juego otro paradigma y hay que entender que los ecosistemas se pueden usar pero de una manera particular”, dice Patricia Kandus, doctora en Ciencias Biológicas y directora del Laboratorio de Ecología, Teledetección y Eco-Informática (LETyE) del 3iA, que trabaja en la elaboración de un mapa de regiones de humedales de la Argentina.
“Cuesta mucho pensar que hay lugares que no tienen siempre el mismo uso, en los que hay años en los que está todo inundado y se los puede usar de una manera, y otros en los que está todo seco y surgen nuevas formas de aprovechamiento. Esa mirada de que las cosas pueden cambiar, no solo en función de las reglas del mercado, sino también de las reglas de la naturaleza, permite desarrollar tecnologías y generar usos productivos acordes con la dinámica de los humedales”, coincide su colega Priscila Minotti, investigadora y docente del 3iA, quien junto con Kandus tienen a cargo un equipo de investigación que incluye a especialistas en matemática, ciencias ambientales, geología y geografía.
Mientras que el 40 % del territorio argentino es árido o seco, se estima que más de un 20 % del mismo está ocupado por humedales que cumplen con funciones ambientales vitales, como mantener los ciclos hidrológicos, retener agua u ofrecerla, según sea necesario, y hasta filtrar cierto tipo de contaminantes. En muchos casos, también constituyen un recurso vital para las comunidades.
Como su nombre lo indica, un humedal es un lugar en el que hay humedad; esto quiere decir que por momentos puede estar inundado, pero a veces también seco, o ser una especie de barro. Los hay de agua dulce o de río (vinculados a las cuencas), y también de agua salada o de mar; se pueden encontrar en la llanura, en la montaña y hasta en la puna (como las denominadas zonas periglaciares, que también son un tipo de humedal).
“En gran parte del mundo, los humedales se perdieron con las actividades tradicionales. Entonces, en los congresos se ve que las problemáticas que presentan los países desarrollados tienen que ver con cómo restaurar humedales, cómo reconstruirlos, porque se empiezan a dar cuenta que los necesitan para recuperar los ecosistemas que perdieron”, dice Kandus, y agrega que “la Argentina todavía tiene muchos humedales que pueden ser usados racionalmente”, aunque esta ventaja está en riesgo tras el avance de emprendimientos agrícolas, inmobiliarios y mineros sobre estos territorios, que muchas veces se consideran improductivos.
Participación cero
“¿Señor presidente, puedo hacer uso de la palabra?”, se oyó decir a una voz proveniente del fondo de la sala, en la última sesión de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Senadores –en la que estuvo presente TSS–, presidida por Alfredo de Angeli el pasado martes 15 de noviembre, justo antes de que los legisladores presentes se dispusiera a firmar el dictamen del cuestionado nuevo proyecto, tras una sesión que duró poco más de media hora.
“Somos de las organizaciones sociales y ambientales y tenemos algo para decirles”, insistió la voz en medio del murmullo de las autoridades de la sala, quienes finalmente respondieron: “Lamentablemente ya no hay tiempo, hemos trabajado mucho en este proyecto”.
Y aunque las voces que se multiplicaban en el recinto reclamaban ser escuchadas y recordaban que ya se trabaja en este tema desde hace al menos cinco años, y que existe otro proyecto redactado con la participación de las organizaciones civiles y el asesoramiento de instituciones académicas, los senadores De Angeli, María Cristina del Valle Fiore Viñuales (Salta, por el Frente para la Victoria) y Silvia del Rosario Giacoppo (Jujuy, por la Unión Cívica Radical) firmaron el dictamen y se retiraron rápidamente sin hacer declaraciones.
Martín Nunziata fue uno de los que se acercaron al Congreso esa tarde. Vecino de Tigre y miembro de la Asamblea del Delta y Río de la Plata, le dijo a TSS: “No hay un sistema más productivo que los humedales. Nosotros no decimos que no se pueden hacer cosas productivas y, de hecho, yo vivo allí hace 40 años. Tigre, por ejemplo, ha perdido el 50 % de su territorio por emprendimientos inmobiliarios, lo que demuestra que tiene que haber una ley que le ponga un fin a esto, porque, además, están expulsando a gente de esos lugares y los están destruyendo ambientalmente”.
Finalmente, con tres firmas y sin el quorum necesario de diez legisladores para sesionar, el cuestionado nuevo dictamen quedó presentado. En el reciento también estuvieron presentes las senadoras María Graciela De la Rosa (Formosa, por Alianza Frente para la Victoria), María Ester Labado (Santa Cruz, Alianza Frente para la Victoria) y Sandra Giménez (Misiones, del Frente Renovador de la Concordia) –estas últimas sostuvieron su firma en el dictamen previo, de la Comisión de Ambiente– y los senadores Alfredo Luenzo (Chubut Somos Todos), Eduardo Aguilar (Chaco, por el Frente para la Victoria) y Daniel Raúl Pérsico (San Luis, Alianza Frente para la Victoria).
Se esperaba que ayer miércoles, en labor parlamentaria, los jefes de bloque incluyeran estos proyectos para su tratamiento, pero no fue así y el trámite parlamentario pasó para la próxima sesión del miércoles 23 de noviembre.
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Confusa situación con Pelambres
La empresa chilena ratificó que no removerá el megabasurero minero en San Juan
Fecha de Publicación: 20/11/2016
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: San Juan
La firma Antofagasta Minerals empezó a retirar los neumáticos que había colocado sin cumplir con su propio plan de protección ambiental
Tras la habilitación de un paso fronterizo ocasional, la minera chilena Los Pelambres, que montó un botadero ilegal del lado argentinos de la frontera, comenzó a retirar unos 500 neumáticos gigantes que apiló sin ningún tipo de protección ambiental, pero ratificó que no removerá la escombrera, que de acuerdo a dos reportes oficiales, ya contaminó la zona.
"Una vez que retiremos todos los neumáticos, sólo va a quedar roca inerte. Por lo tanto, esperamos que nadie hable de nuevo de basurero, porque la roca removida no es considerada basura en ninguna parte del mundo", desafió el gerente general de Minera Los Pelambres, Robert Mayne-Nicholls, imputado por la Justicia sanjuanina por los delitos de contaminación, usurpación de propiedad privada y usurpación de aguas.
"Con el retiro de los neumáticos, (la escombrera) Cerro Amarillo vuelve a ser sólo un depósito de rocas, como muchos otros que existen en Chile, en la Argentina y en todas partes del mundo", añadió el ejecutivo, que era titular en Chile de la minera Barrick Gold cuando la empresa contaminó glaciares en la zona del proyecto Pascua Lama, que terminó siendo frenado por la justicia trasandina por el impacto ambiental que provocó.
La afirmación de Mayne-Nicholls contradice dos análisis del gobierno argentino y un tercero de una consultora privada, que coinciden en que la escombrera contaminó el territorio sanjuanino y hasta provocó la extinción de lagunas y vegas.
En ese sentido, un análisis realizado por el Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar) en abril de 2014 detectó altos niveles de metales pesados en una laguna y un arroyo que tenían agua de buena calidad. Ambos están ubicados en el valle del río de la Carnicería, un afluente del río San Juan, el más importante de la provincia. Por eso, desde el sector ambientalista numerosas organizaciones exigieron la remoción del botadero, que costaría unos 200 millones de dólares, pero que es resistida por Los Pelambres.
"Desde el punto de vista técnico minero, que es nuestra competencia, para lograr el objetivo de proteger el medio ambiente y evitar cualquier riesgo futuro, lo que se debería hacer es un aislamiento o cierre de Cerro Amarillo. Eso es lo que realizan todas las empresas mineras serias del mundo cuando dejan de operar un botadero", advirtió Mayne-Nicholls desde Chile.
En esta primera semana de trabajo, la empresa retiró 140 neumáticos, que de acuerdo a su propio plan de acción aprobado por el gobierno chileno, deberían haber sido colocadas sobre material aislante, algo que la minera no cumplió y ninguna autoridad le exigió.
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Fecha de Publicación: 20/11/2016
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: San Juan
La firma Antofagasta Minerals empezó a retirar los neumáticos que había colocado sin cumplir con su propio plan de protección ambiental
Tras la habilitación de un paso fronterizo ocasional, la minera chilena Los Pelambres, que montó un botadero ilegal del lado argentinos de la frontera, comenzó a retirar unos 500 neumáticos gigantes que apiló sin ningún tipo de protección ambiental, pero ratificó que no removerá la escombrera, que de acuerdo a dos reportes oficiales, ya contaminó la zona.
"Una vez que retiremos todos los neumáticos, sólo va a quedar roca inerte. Por lo tanto, esperamos que nadie hable de nuevo de basurero, porque la roca removida no es considerada basura en ninguna parte del mundo", desafió el gerente general de Minera Los Pelambres, Robert Mayne-Nicholls, imputado por la Justicia sanjuanina por los delitos de contaminación, usurpación de propiedad privada y usurpación de aguas.
"Con el retiro de los neumáticos, (la escombrera) Cerro Amarillo vuelve a ser sólo un depósito de rocas, como muchos otros que existen en Chile, en la Argentina y en todas partes del mundo", añadió el ejecutivo, que era titular en Chile de la minera Barrick Gold cuando la empresa contaminó glaciares en la zona del proyecto Pascua Lama, que terminó siendo frenado por la justicia trasandina por el impacto ambiental que provocó.
La afirmación de Mayne-Nicholls contradice dos análisis del gobierno argentino y un tercero de una consultora privada, que coinciden en que la escombrera contaminó el territorio sanjuanino y hasta provocó la extinción de lagunas y vegas.
En ese sentido, un análisis realizado por el Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar) en abril de 2014 detectó altos niveles de metales pesados en una laguna y un arroyo que tenían agua de buena calidad. Ambos están ubicados en el valle del río de la Carnicería, un afluente del río San Juan, el más importante de la provincia. Por eso, desde el sector ambientalista numerosas organizaciones exigieron la remoción del botadero, que costaría unos 200 millones de dólares, pero que es resistida por Los Pelambres.
"Desde el punto de vista técnico minero, que es nuestra competencia, para lograr el objetivo de proteger el medio ambiente y evitar cualquier riesgo futuro, lo que se debería hacer es un aislamiento o cierre de Cerro Amarillo. Eso es lo que realizan todas las empresas mineras serias del mundo cuando dejan de operar un botadero", advirtió Mayne-Nicholls desde Chile.
En esta primera semana de trabajo, la empresa retiró 140 neumáticos, que de acuerdo a su propio plan de acción aprobado por el gobierno chileno, deberían haber sido colocadas sobre material aislante, algo que la minera no cumplió y ninguna autoridad le exigió.
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El Yaguareté intentando sobrevivir
El Yaguareté resiste en apenas el 3% de su hábitat y buscan frenar su extinción
Fecha de Publicación: 19/11/2016
Fuente: Conicet
Provincia/Región: Nacional
Un estudio sobre el Bosque Atlántico -que se extiende entre Argentina, Paraguay y Brasil-, determinó que la especie está en peligro y que podría desaparecer en pocas décadas.
Hace algunos siglos, la exuberancia de la flora y la fauna de Sudamérica servía de hogar a una de las especies más impactantes de la naturaleza: el yaguareté. El crecimiento de las ciudades y la extensión de las superficies dedicadas a la agricultura cambiaron las características de su hábitat y cada vez quedan menos ambientes aptos para la especie, por lo que se extinguió en varias regiones y sobreviven pocos ejemplares.
Un estudio dirigido por investigadores del Instituto de Biología Subtropical (IBS, CONICET – UNaM) determinó que se perdió más del 85 por ciento del hábitat del yaguareté en el Bosque Atlántico – la región ecológica de casi 2 millones de kilómetros cuadrados que abarca la provincia argentina de Misiones, se extiende por el este de Paraguay y llega hasta el centro de Brasil – y que las poblaciones resisten actualmente en apenas el 3 por ciento de su territorio original. El trabajo, que fue publicado esta semana en la revista Scientific Reports y está basado en datos provenientes de 14 grupos de investigación de diferentes países, estima que quedan menos de 300 ejemplares y que se debe frenar su mortandad para lograr la conservación de la especie.
Los investigadores advierten que, si no se adoptan medidas serias de protección, las últimas poblaciones de yaguaretés podrían desaparecer en los próximos 50 años. Para preservar a los animales restantes, indican que será fundamental el aporte de los gobiernos de todos los países involucrados, como así también de organizaciones internacionales de protección ambiental.
“Esta es la primera vez que se combina en un estudio la información de tantas instituciones y si bien sabíamos que la situación del yaguareté en el Bosque Atlántico estaba muy comprometida, los resultados definitivos impactan. El estado de la especie es muy grave y requiere acciones concretas y urgentes”, asegura el investigador asistente del CONICET en el IBS, Agustín Paviolo. Desde la provincia de Misiones, el biólogo coordinó el trabajo que reunió esfuerzos de equipos de Argentina, Brasil, Paraguay y Estados Unidos.
El análisis de los investigadores se basó en múltiples fuentes de información, que permitieron estimar cuántos yaguaretés quedan y dónde subsisten. Se estudiaron imágenes de cámaras trampa, localizaciones de ejemplares seguidos mediante collares con dispositivos satelitales, huellas, registros de avistajes, casos de ataques a ganado y animales que fueron atropellados en rutas.
La información recopilada permitió identificar que el hábitat que persiste está distribuido de manera muy dispersa y que la especie subsiste en sólo el 3 por ciento de la región. Se hallaron tres núcleos importantes que permiten la supervivencia de poco más de 50 yaguaretés en su entorno natural, ubicados en la región de la cuenca alta del Río Paraná en Brasil; en la Sierra de Mar cercana a la costa del estado de San Pablo; y en la región que abarca el centro y el norte de la provincia de Misiones. También se encontraron otras cuatro poblaciones más pequeñas, que tienen apenas entre 5 y 15 individuos cada una.
Los investigadores también analizaron la potencial conexión de esas poblaciones y concluyeron que, en algunos casos, se pueden proyectar estrategias de restauración de corredores naturales que permitan el intercambio de individuos. “Esto no será posible entre todas las poblaciones que identificamos, porque algunas están muy alejadas. Ahí tendremos que pensar en otras estrategias, como mover yaguaretés de una población a otra. Eso también será necesario para cuidar la variabilidad genética, porque cuando empiezan a reproducirse entre individuos emparentados pueden aparecer problemas reproductivos”, explica Carlos de Angelo, investigador asistente del CONICET en el IBS.
“Las poblaciones que persisten no tienen perspectiva de supervivencia si la situación de conservación no cambia rápidamente porque son muy pequeñas. Nos queda muy poca superficie de selva funcionando como debe ser. Solo hay tres poblaciones que tienen algo más de margen, porque están en parches de hábitat que son un poco más grandes y una de ellas es la de Misiones,” explica Paviolo. A diferencia de Brasil, donde se instalaron grandes ciudades con millones de habitantes, y de Paraguay, donde se destinaron extensas superficies al cultivo de la soja en los últimos 30 años, la porción argentina del Bosque Atlántico sufrió un menor impacto.
Pero ¿cuáles serían las consecuencias de la desaparición del yaguareté? Si bien la extinción de cualquier componente de un ecosistema genera consecuencias, en este caso se trata del predador tope, es decir, de la especie que está por encima de todas en la cadena alimenticia.
“Tendría efectos no solamente en las especies que el yaguareté consume de manera directa, sino también en otras y en gran parte de los procesos ecosistémicos que ocurren en la selva. Si consideramos que el Bosque Atlántico es una de las regiones con mayor diversidad del mundo, estaríamos perdiendo una pieza clave para esta importante región”, explica Mario Di Bitetti, otro de los autores del trabajo, quien se desempeña como investigador independiente del CONICET y director del IBS.
El trabajo también permitió identificar que, además de la pérdida del hábitat, la especie está expuesta a otras amenazas como la caza, la persecución para evitar ataques al ganado y los atropellamientos en rutas. Estos factores, explican los investigadores, deberían ser rápidamente atendidos, con medidas de control más efectivas para frenar la mortandad de los pocos ejemplares que quedan.
Aunque en la última década aumentaron los esfuerzos para proteger al yaguareté en la región, las acciones aún son insuficientes para asegurar la conservación de la especie. La intención de este diagnóstico, explican los investigadores, es sentar las bases para un plan maestro de conservación del Bosque Atlántico, que requerirá de decisiones políticas y aportes económicos de parte de los tres países. “Es muy importante que la sociedad tome conciencia de esta realidad y del problema que puede significar para el ambiente la pérdida de una especie como el yaguareté, que tiene una función clave”, finalizó Di Bitetti.
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Fecha de Publicación: 19/11/2016
Fuente: Conicet
Provincia/Región: Nacional
Un estudio sobre el Bosque Atlántico -que se extiende entre Argentina, Paraguay y Brasil-, determinó que la especie está en peligro y que podría desaparecer en pocas décadas.
Hace algunos siglos, la exuberancia de la flora y la fauna de Sudamérica servía de hogar a una de las especies más impactantes de la naturaleza: el yaguareté. El crecimiento de las ciudades y la extensión de las superficies dedicadas a la agricultura cambiaron las características de su hábitat y cada vez quedan menos ambientes aptos para la especie, por lo que se extinguió en varias regiones y sobreviven pocos ejemplares.
Un estudio dirigido por investigadores del Instituto de Biología Subtropical (IBS, CONICET – UNaM) determinó que se perdió más del 85 por ciento del hábitat del yaguareté en el Bosque Atlántico – la región ecológica de casi 2 millones de kilómetros cuadrados que abarca la provincia argentina de Misiones, se extiende por el este de Paraguay y llega hasta el centro de Brasil – y que las poblaciones resisten actualmente en apenas el 3 por ciento de su territorio original. El trabajo, que fue publicado esta semana en la revista Scientific Reports y está basado en datos provenientes de 14 grupos de investigación de diferentes países, estima que quedan menos de 300 ejemplares y que se debe frenar su mortandad para lograr la conservación de la especie.
Los investigadores advierten que, si no se adoptan medidas serias de protección, las últimas poblaciones de yaguaretés podrían desaparecer en los próximos 50 años. Para preservar a los animales restantes, indican que será fundamental el aporte de los gobiernos de todos los países involucrados, como así también de organizaciones internacionales de protección ambiental.
“Esta es la primera vez que se combina en un estudio la información de tantas instituciones y si bien sabíamos que la situación del yaguareté en el Bosque Atlántico estaba muy comprometida, los resultados definitivos impactan. El estado de la especie es muy grave y requiere acciones concretas y urgentes”, asegura el investigador asistente del CONICET en el IBS, Agustín Paviolo. Desde la provincia de Misiones, el biólogo coordinó el trabajo que reunió esfuerzos de equipos de Argentina, Brasil, Paraguay y Estados Unidos.
El análisis de los investigadores se basó en múltiples fuentes de información, que permitieron estimar cuántos yaguaretés quedan y dónde subsisten. Se estudiaron imágenes de cámaras trampa, localizaciones de ejemplares seguidos mediante collares con dispositivos satelitales, huellas, registros de avistajes, casos de ataques a ganado y animales que fueron atropellados en rutas.
La información recopilada permitió identificar que el hábitat que persiste está distribuido de manera muy dispersa y que la especie subsiste en sólo el 3 por ciento de la región. Se hallaron tres núcleos importantes que permiten la supervivencia de poco más de 50 yaguaretés en su entorno natural, ubicados en la región de la cuenca alta del Río Paraná en Brasil; en la Sierra de Mar cercana a la costa del estado de San Pablo; y en la región que abarca el centro y el norte de la provincia de Misiones. También se encontraron otras cuatro poblaciones más pequeñas, que tienen apenas entre 5 y 15 individuos cada una.
Los investigadores también analizaron la potencial conexión de esas poblaciones y concluyeron que, en algunos casos, se pueden proyectar estrategias de restauración de corredores naturales que permitan el intercambio de individuos. “Esto no será posible entre todas las poblaciones que identificamos, porque algunas están muy alejadas. Ahí tendremos que pensar en otras estrategias, como mover yaguaretés de una población a otra. Eso también será necesario para cuidar la variabilidad genética, porque cuando empiezan a reproducirse entre individuos emparentados pueden aparecer problemas reproductivos”, explica Carlos de Angelo, investigador asistente del CONICET en el IBS.
“Las poblaciones que persisten no tienen perspectiva de supervivencia si la situación de conservación no cambia rápidamente porque son muy pequeñas. Nos queda muy poca superficie de selva funcionando como debe ser. Solo hay tres poblaciones que tienen algo más de margen, porque están en parches de hábitat que son un poco más grandes y una de ellas es la de Misiones,” explica Paviolo. A diferencia de Brasil, donde se instalaron grandes ciudades con millones de habitantes, y de Paraguay, donde se destinaron extensas superficies al cultivo de la soja en los últimos 30 años, la porción argentina del Bosque Atlántico sufrió un menor impacto.
Pero ¿cuáles serían las consecuencias de la desaparición del yaguareté? Si bien la extinción de cualquier componente de un ecosistema genera consecuencias, en este caso se trata del predador tope, es decir, de la especie que está por encima de todas en la cadena alimenticia.
“Tendría efectos no solamente en las especies que el yaguareté consume de manera directa, sino también en otras y en gran parte de los procesos ecosistémicos que ocurren en la selva. Si consideramos que el Bosque Atlántico es una de las regiones con mayor diversidad del mundo, estaríamos perdiendo una pieza clave para esta importante región”, explica Mario Di Bitetti, otro de los autores del trabajo, quien se desempeña como investigador independiente del CONICET y director del IBS.
El trabajo también permitió identificar que, además de la pérdida del hábitat, la especie está expuesta a otras amenazas como la caza, la persecución para evitar ataques al ganado y los atropellamientos en rutas. Estos factores, explican los investigadores, deberían ser rápidamente atendidos, con medidas de control más efectivas para frenar la mortandad de los pocos ejemplares que quedan.
Aunque en la última década aumentaron los esfuerzos para proteger al yaguareté en la región, las acciones aún son insuficientes para asegurar la conservación de la especie. La intención de este diagnóstico, explican los investigadores, es sentar las bases para un plan maestro de conservación del Bosque Atlántico, que requerirá de decisiones políticas y aportes económicos de parte de los tres países. “Es muy importante que la sociedad tome conciencia de esta realidad y del problema que puede significar para el ambiente la pérdida de una especie como el yaguareté, que tiene una función clave”, finalizó Di Bitetti.
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Chaco lleva al COFELMA los humedales y agroquímicos
Humedales y Fitosanitarios, la agenda que lleva el Chaco al COFELMA
Fecha de Publicación: 19/11/2016
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
Diputados de la comisión de Recursos Naturales participarán el próximo 21 de noviembre del segundo encuentro nacional del Consejo Federal del Medio Ambiente. En ese contexto, los legisladores informaron que lograron incluir en la agenda el debate por una ley de Humedales y otra de Fitosanitarios además del reclamo de más recursos por la ley de Bosques.
En una sesión realizada este lunes, los integrantes de la comisión de Recursos Naturales y Ambiente que preside el diputado del Frente Grande, Daniel Trabalón, destacó la invitación recibida por parte del Consejo Federal Legislativo de Medio Ambiente (Cofelma) que se reunirá para tratar la problemática ambiental. Se trata del Segundo Encuentro Nacional del Cofelma en la ciudad de Buenos Aires el próximo lunes 21 de noviembre. Las leyes de Humedales y Fitosanitaria, respectivamente, estarán en la agenda a pedido de legisladores provinciales del Chaco, como así también acompañar el pedido de aumento de los recursos que se destinan en función de la ley de Bosques nacional solicitada por el ministerio de Planificación y Ambiente. De la reunión participaron también los legisladores Enrique Paredes, Claudia Panzardi, Ana María Canata y Mariana Salom.
Trabalón se refirió al mismo y brindó detalle del programa previsto: “Durante la mañana – contó – se realizará la visita al CEAMSE III que es la Planta de Residuos Sólidos Urbanos más importante del país; ver el funcionamiento, y en ese marco, discutir uno de los temas centrales que tiene el Cofelma que es una política federal que hace a la legislación provincial que tiene que ver con residuos sólidos urbanos, algo que nuestra provincia tiene”. “Ver cómo está funcionando hoy esa planta y generar un debate sobre las legislaciones provinciales en el marco de la ley nacional” precisó.
“Durante la tarde habrá una serie de reuniones – describió –, una que tiene que ver con la discusión e información de la ley de Humedales que está en tratamiento en el Congreso de la Nación. Va a haber un informe de especialistas sobre esos temas. Y la idea es que a partir de informarnos sobre cómo se está discutiendo ese tema podamos las provincias realizar algunos aportes sobre lo que entendemos tiene que ser una política de protección de los humedales”. “Algo también importante para la provincia del Chaco y del Nordeste” resaltó el legislador.
Posteriormente a eso, “se va a tocar un tema que lo planteamos desde el Chaco que tiene que ver con la discusión de la ley Fitosanitaria. Esto tiene que ver con una legislación nacional que regule la aplicación de agrotóxicos en el marco del modelo productivo que tenemos. Lo que sería la ley de biocidas provincial”. “En ese contexto y estos dos temas a pedido de la provincia del Chaco” enfatizó.
“Básicamente lo que se busca es por un lado es conocer cómo se está trabajando a nivel nacional; cuál es la situación de los proyectos sobre estos dos temas: ley de Humedales y ley Fitosanitaria; y a partir de ahí, hacer un aporte desde la provincia sobre estas temáticas” insistió el legislador.
“El tercer punto que llevamos en la agenda de esta reunión del Cofelma es acompañar desde la Legislatura provincial lo que viene pidiendo el Ministerio de Planificación y Ambiente y el Cofema – Consejo Federal de Medio Ambiente - que es el aumento de los recursos que se destinan en función de la ley de Bosques nacional” anunció.
“Las provincias, hace un tiempo atrás, se reunieron en el Chaco, en el Cofema y ha planteado la necesidad que se aumenten los destinos que en conceptos de la ley de Bosques reciben las provincias. Vamos a acompañar ese pedido que está haciendo el ministerio de la provincia y el Cofema” adelantó el presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente del Chaco.
Por Resolución 2414/16 se aprobó declarar de interés legislativo la participación en el segundo encuentro nacional del Consejo Federal de Legisladores de Medio Ambiente (COFELMA) a llevarse a cabo el 21 de noviembre en la ciudad de Buenos Aires. La iniciativa partió del diputado del Frente Grande Daniel Trabalón que preside la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente.
El Cuerpo Legislativo aprobó la Resolución 2414/16 que declara de interés legislativo el Segundo Encuentro Nacional del Cofelma y resalta la importancia en el citado evento a través de la participación de la presidencia de la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente de nuestra legislatura provincial. Trabalón autor de la iniciativa consideró que este encuentro “representa una herramienta importante de trabajo sobre la temática del medio ambiente y el desarrollo sustentable para generar políticas publicas referidos a la ecología y recursos naturales”.
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Fecha de Publicación: 19/11/2016
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
Diputados de la comisión de Recursos Naturales participarán el próximo 21 de noviembre del segundo encuentro nacional del Consejo Federal del Medio Ambiente. En ese contexto, los legisladores informaron que lograron incluir en la agenda el debate por una ley de Humedales y otra de Fitosanitarios además del reclamo de más recursos por la ley de Bosques.
En una sesión realizada este lunes, los integrantes de la comisión de Recursos Naturales y Ambiente que preside el diputado del Frente Grande, Daniel Trabalón, destacó la invitación recibida por parte del Consejo Federal Legislativo de Medio Ambiente (Cofelma) que se reunirá para tratar la problemática ambiental. Se trata del Segundo Encuentro Nacional del Cofelma en la ciudad de Buenos Aires el próximo lunes 21 de noviembre. Las leyes de Humedales y Fitosanitaria, respectivamente, estarán en la agenda a pedido de legisladores provinciales del Chaco, como así también acompañar el pedido de aumento de los recursos que se destinan en función de la ley de Bosques nacional solicitada por el ministerio de Planificación y Ambiente. De la reunión participaron también los legisladores Enrique Paredes, Claudia Panzardi, Ana María Canata y Mariana Salom.
Trabalón se refirió al mismo y brindó detalle del programa previsto: “Durante la mañana – contó – se realizará la visita al CEAMSE III que es la Planta de Residuos Sólidos Urbanos más importante del país; ver el funcionamiento, y en ese marco, discutir uno de los temas centrales que tiene el Cofelma que es una política federal que hace a la legislación provincial que tiene que ver con residuos sólidos urbanos, algo que nuestra provincia tiene”. “Ver cómo está funcionando hoy esa planta y generar un debate sobre las legislaciones provinciales en el marco de la ley nacional” precisó.
“Durante la tarde habrá una serie de reuniones – describió –, una que tiene que ver con la discusión e información de la ley de Humedales que está en tratamiento en el Congreso de la Nación. Va a haber un informe de especialistas sobre esos temas. Y la idea es que a partir de informarnos sobre cómo se está discutiendo ese tema podamos las provincias realizar algunos aportes sobre lo que entendemos tiene que ser una política de protección de los humedales”. “Algo también importante para la provincia del Chaco y del Nordeste” resaltó el legislador.
Posteriormente a eso, “se va a tocar un tema que lo planteamos desde el Chaco que tiene que ver con la discusión de la ley Fitosanitaria. Esto tiene que ver con una legislación nacional que regule la aplicación de agrotóxicos en el marco del modelo productivo que tenemos. Lo que sería la ley de biocidas provincial”. “En ese contexto y estos dos temas a pedido de la provincia del Chaco” enfatizó.
“Básicamente lo que se busca es por un lado es conocer cómo se está trabajando a nivel nacional; cuál es la situación de los proyectos sobre estos dos temas: ley de Humedales y ley Fitosanitaria; y a partir de ahí, hacer un aporte desde la provincia sobre estas temáticas” insistió el legislador.
“El tercer punto que llevamos en la agenda de esta reunión del Cofelma es acompañar desde la Legislatura provincial lo que viene pidiendo el Ministerio de Planificación y Ambiente y el Cofema – Consejo Federal de Medio Ambiente - que es el aumento de los recursos que se destinan en función de la ley de Bosques nacional” anunció.
“Las provincias, hace un tiempo atrás, se reunieron en el Chaco, en el Cofema y ha planteado la necesidad que se aumenten los destinos que en conceptos de la ley de Bosques reciben las provincias. Vamos a acompañar ese pedido que está haciendo el ministerio de la provincia y el Cofema” adelantó el presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente del Chaco.
Por Resolución 2414/16 se aprobó declarar de interés legislativo la participación en el segundo encuentro nacional del Consejo Federal de Legisladores de Medio Ambiente (COFELMA) a llevarse a cabo el 21 de noviembre en la ciudad de Buenos Aires. La iniciativa partió del diputado del Frente Grande Daniel Trabalón que preside la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente.
El Cuerpo Legislativo aprobó la Resolución 2414/16 que declara de interés legislativo el Segundo Encuentro Nacional del Cofelma y resalta la importancia en el citado evento a través de la participación de la presidencia de la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente de nuestra legislatura provincial. Trabalón autor de la iniciativa consideró que este encuentro “representa una herramienta importante de trabajo sobre la temática del medio ambiente y el desarrollo sustentable para generar políticas publicas referidos a la ecología y recursos naturales”.
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Primer ministro canadiense "preocupado" por el derrame
Trudeau dijo que 'están preocupados' por el derrame de la Barrick Gold
Fecha de Publicación: 19/11/2016
Fuente: El Sol
Provincia/Región: Nacional
En su encuentro con Macri, el primer ministro afirmó que en su gobierno está "preocupados" por el derrame de cianuro de la minera en San Juan.
El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, afirmó este jueves que en su gobierno están "preocupados" por el derrame de cianuro de la minera Barrick Gold en la provincia de San Juan y manifestó que en su país están "comprometidos" con las autoridades argentinas "para demostrar que somos actores responsables".
En conferencia de prensa en la Casa Rosada junto al presidente, Mauricio Macri, y al ser consultado sobre la minera con sede en Toronto, que protagonizó el derrame de cianuro en San Juan, Trudeau aseveró: "las expectativas de Canadá sobre su empresas son altas".
"Estamos totalmente comprometidos con la cooperación de las autoridades locales y nacionales para demostrar que somos actores responsables en el mundo", señaló el premier canadiense.
Recientemente, la minera tuvo dos accidentes en Veladero, uno el año pasado, en el cual se derramaron millones de litros de solución cianurada al río Potrerillos y Barrick Gold ocultó el desastre ambiental. El otro, ocurrió hace dos meses en el valle de lixiviación del yacimiento.
Otra vez, la empresa se encargó de decir que los contaminantes no habían llegado hasta el río Potrerillos, pero los vecinos de Jáchal aseguran lo contrario.
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Fecha de Publicación: 19/11/2016
Fuente: El Sol
Provincia/Región: Nacional
En su encuentro con Macri, el primer ministro afirmó que en su gobierno está "preocupados" por el derrame de cianuro de la minera en San Juan.
El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, afirmó este jueves que en su gobierno están "preocupados" por el derrame de cianuro de la minera Barrick Gold en la provincia de San Juan y manifestó que en su país están "comprometidos" con las autoridades argentinas "para demostrar que somos actores responsables".
En conferencia de prensa en la Casa Rosada junto al presidente, Mauricio Macri, y al ser consultado sobre la minera con sede en Toronto, que protagonizó el derrame de cianuro en San Juan, Trudeau aseveró: "las expectativas de Canadá sobre su empresas son altas".
"Estamos totalmente comprometidos con la cooperación de las autoridades locales y nacionales para demostrar que somos actores responsables en el mundo", señaló el premier canadiense.
Recientemente, la minera tuvo dos accidentes en Veladero, uno el año pasado, en el cual se derramaron millones de litros de solución cianurada al río Potrerillos y Barrick Gold ocultó el desastre ambiental. El otro, ocurrió hace dos meses en el valle de lixiviación del yacimiento.
Otra vez, la empresa se encargó de decir que los contaminantes no habían llegado hasta el río Potrerillos, pero los vecinos de Jáchal aseguran lo contrario.
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Bergman prometió deforestación cero en la COP22
En la cumbre del clima, la Argentina se comprometió a impulsar "deforestación cero y el uso del transporte bajo en emisiones"
Fecha de Publicación: 18/11/2016
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman , anunció que impulsará políticas de "deforestación cero, reparación de tierras degradadas, un cambio muy profundo en la matriz energética y el uso del transporte bajo en emisiones". Las medidas fueron dadas a conocer por el funcionario durante el discurso que pronunció en su participación en el plenario de la cumbre del cambio climático (COP22) de los países firmantes del Acuerdo de París.
"El desafío del cambio climático no es técnico, sino ético. Es sobre derechos humanos y deberes humanos. Es el síntoma y no la enfermedad; debemos decidir si somos parte del problema o de la solución. Debe existir un nuevo vínculo entre la política y la economía y eso no se consigue sin liderazgo", dijo Bergman durante su discurso en el que detalló que la gestión que conduce Mauricio Macri creó el ministerio de Ambiente, conformó un gabinete climático y se propuso revisar el compromiso que asumió el país para reducir la emisión de los gases contaminantes.
"Fue un esfuerzo poder mejorar la propuesta original pero antes de hablar del número preferimos hablar del proceso. Nuestra meta revisada proyecta emitir para 2030 483 millones de tn de dióxido de carbono. Esta medida nos va a implicar que a lo largo de todo el proceso la economía se focalice en políticas de bosques, de transporte, de agro", agregó Bergman respecto del compromiso argentino para reducir un 18% las emisiones y un 37% con ayuda internacional y será presentado aquí oficialmente mañana.
Por ultimo el ministro hizo referencia a la Biblia: "Debemos inspirarnos en el liderazgo de Noé, escuchar la voz que nos llama. Quizá nadie creía que el diluvio iba a venir. Los que estamos aquí escuchamos la voz, sabemos que el diluvio viene, no por castigo divino sino por el accionar del hombre negligente. Sabiendo que no todos van a participar de la misma manera y aunque sólo lo hagamos algunos, el arca tiene que tener lugar para todos".
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La Pampa sigue penenando por el agua
El riesgo de salinización del río Colorado sigue latente
Fecha de Publicación: 18/11/2016
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: La Pampa - Río Negro - Mendoza
En la reunión del Coirco en la que se iba a tratar el tema no hubo acuerdo porque el gobernador de La Pampa se retiró enojado cuando aprobaron una obra en Mendoza.
La discusión por una eventual apertura del “Tapón de Alonso” en el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco) volvió a postergarse. El gobernador pampeano Carlos Verna se retiró molesto de la reunión y frustró ese tratamiento requerido por Río Negro. En cambio, el mandatario de La Pampa volvió a criticar a los rionegrinos, cuestionando su apoyo a la construcción de la obra hidroeléctrica Portezuelo del Viento propuesta por Mendoza.
El gobernador Alberto Weretilneck fue a Buenos Aires para participar de esa reunión, orientado al debate de la apertura del Tapón de Alonso, instrumentada por La Pampa y resistida por Río Negro porque ese paso de agua (con alto nivel de sal) concluye en el río Colorado, afectando la provisión para su uso humano y producción. Esta cuestión no se abordó porque Verna se fue cuando el Comité autorizó el proyecto de Portezuelo. En su reacción, Verna también criticó a otro rionegrino, el ingeniero Horacio Collado -extitular del Departamento Provincial de Aguas (DPA)- que en la actualidad es el presidente de Coirco.
En Santa Rosa, en conferencia de prensa, el pampeano -acompañado por todo el gabinete- denunció esa maniobra y anticipó su denuncia penal contra Collado por el armado de un “acta trucha”, en referencia a un encuentro anterior que “no se hizo” y donde aparecen las firmas de Weretilneck y su par neuquino, Omar Gutiérrez.
La Pampa no quiere la obra mendocina aprobada por los otros mandatarios, María Eugenia Vidal (Buenos Aires), Weretilneck y Gutiérrez, como también, por el ministro de Interior, Rogelio Frigerio. La autorización exige algunos estudios ambientales previos.
Ya La Pampa y Mendoza mantienen un viejo conflicto por el río Atuel, con una demanda en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Pampa inició la disputa ante el máximo tribunal en 1979 y recién le dio la razón sobre la “interprovincialidad” de ese curso de agua ocho años más tarde, sin embargo, desde entonces la provincia cuyana viene haciendo caso omiso a que debe decidir la erogación de un caudal ecológico por el territorio pampeano que sólo tiene una demarcación física del río.
En su último embate, el gobernador pampeano aludió que alentaba en la reunión que se trate la cuenca del Salado Chadileuvú cuando el gobierno mendocino propuso su voto a cambio que “desista del reclamo por el Atuel”. “Una clara extorsión. Me levanté y me fui”, recordó. El resto del Comité aprobó la obra de Portezuelo, entre ellos, con el voto de Weretilneck. Verna manifestó su desagrado por esa postura.
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Fecha de Publicación: 18/11/2016
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: La Pampa - Río Negro - Mendoza
En la reunión del Coirco en la que se iba a tratar el tema no hubo acuerdo porque el gobernador de La Pampa se retiró enojado cuando aprobaron una obra en Mendoza.
La discusión por una eventual apertura del “Tapón de Alonso” en el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco) volvió a postergarse. El gobernador pampeano Carlos Verna se retiró molesto de la reunión y frustró ese tratamiento requerido por Río Negro. En cambio, el mandatario de La Pampa volvió a criticar a los rionegrinos, cuestionando su apoyo a la construcción de la obra hidroeléctrica Portezuelo del Viento propuesta por Mendoza.
El gobernador Alberto Weretilneck fue a Buenos Aires para participar de esa reunión, orientado al debate de la apertura del Tapón de Alonso, instrumentada por La Pampa y resistida por Río Negro porque ese paso de agua (con alto nivel de sal) concluye en el río Colorado, afectando la provisión para su uso humano y producción. Esta cuestión no se abordó porque Verna se fue cuando el Comité autorizó el proyecto de Portezuelo. En su reacción, Verna también criticó a otro rionegrino, el ingeniero Horacio Collado -extitular del Departamento Provincial de Aguas (DPA)- que en la actualidad es el presidente de Coirco.
En Santa Rosa, en conferencia de prensa, el pampeano -acompañado por todo el gabinete- denunció esa maniobra y anticipó su denuncia penal contra Collado por el armado de un “acta trucha”, en referencia a un encuentro anterior que “no se hizo” y donde aparecen las firmas de Weretilneck y su par neuquino, Omar Gutiérrez.
La Pampa no quiere la obra mendocina aprobada por los otros mandatarios, María Eugenia Vidal (Buenos Aires), Weretilneck y Gutiérrez, como también, por el ministro de Interior, Rogelio Frigerio. La autorización exige algunos estudios ambientales previos.
Ya La Pampa y Mendoza mantienen un viejo conflicto por el río Atuel, con una demanda en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Pampa inició la disputa ante el máximo tribunal en 1979 y recién le dio la razón sobre la “interprovincialidad” de ese curso de agua ocho años más tarde, sin embargo, desde entonces la provincia cuyana viene haciendo caso omiso a que debe decidir la erogación de un caudal ecológico por el territorio pampeano que sólo tiene una demarcación física del río.
En su último embate, el gobernador pampeano aludió que alentaba en la reunión que se trate la cuenca del Salado Chadileuvú cuando el gobierno mendocino propuso su voto a cambio que “desista del reclamo por el Atuel”. “Una clara extorsión. Me levanté y me fui”, recordó. El resto del Comité aprobó la obra de Portezuelo, entre ellos, con el voto de Weretilneck. Verna manifestó su desagrado por esa postura.
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Gualeguaychú pidió profundizar controles a UPM
La CARU en Gualeguaychú: La Asamblea pidió profundizar los controles a Botnia
Fecha de Publicación: 18/11/2016
Fuente: APF Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
El encuentro se dio en la Casa de la Cultura, donde los ambientalistas recibieron a los delegados argentinos en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).
El propósito del encuentro fue analizar el informe del Comité Científico Binacional, sobre el monitoreo del Río Uruguay, la planta de UPM- exBotnia y la desembocadura del río Gualeguaychú.
En la reunión, participaron: el senador nacional Alfredo De Àngeli; el senador provincial de Cambiemos, Nicolás Mattiauda; la directora de Medio Ambiente de la Municipalidad de Gualeguaychú; el dirigente del Frente Renovador, Luis Leissa; el Director de Recursos Hídricos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Osvaldo Fernández, y los concejales Andrés Sobredo (Frente Renovador) y Daniel Berón (Cambiemos).
“Es una injusticia”
El presidente de la Delegación argentina en la CARU, Mauro Vazón aseguró que es una “injusticia” comparar los vertidos de efluentes de UPM con los del río Gualeguaychú.
Además, volvió a expresar que el trabajo que están realizando, no implica una necesidad o una búsqueda de volver al Tribunal Internacional de La Haya.
En tanto, fueron los integrantes de la Asamblea Ambiental Gualeguaychú, quienes le entregaron un informe remarcando irregularidades o sospechas que observaron en el informe del Comité Científico.
Por su parte, el concejal y ambientalista, Andrés Sobredo, conversó con ElDía una vez concluida la reunión, y explicó que “el monitoreo tal como está no es lo mejor para demostrar la contaminación, por lo que se pidió profundizar los controles”.
Además, manifestó que “la delegación argentina en la CARU se comprometió a trabajar en este tema, pero nosotros pusimos un reparo y tiene que ver con el control en sí. Más allá que quieran monitorear todo el río Uruguay y la desembocadura del Gualeguaychú, la sentencia de La Haya ordenó a la CARU que monitoree a la planta de celulosa en sí”.
Asimismo, opinó que “tal como está hoy, es un control muy suave y muy endeble, partiendo de la base que se le avisa a la planta qué día van a ir”.
El compromiso asumido
Sobredo explicó que desde la delegación argentina indicaron que “están dispuestos a tomar estas observaciones para mejorar y tratarlas en Cancillería. Nosotros les planteamos que necesitamos un monitoreo más puntual y más continuo de la planta y nos dijeron que estaban dispuestos, entendiendo que el monitoreo tal como está, no es lo mejor”.
En cuanto a la posibilidad de regresar al Tribunal de La Haya -que en su momento había expresado que si se demostraba la contaminación, se podía avanzar en “el desmantelamiento” de la planta- Sobredo expresó, según publicó El Día: “Volver a La Haya con estos resultados debería ser una decisión del Presidente de la Nación, es una política nacional, pero sin un monitoreo serio no podemos ir a ningún tribunal internacional”.
En el mismo sentido profundizó: “si se trabaja en un monitoreo profundo, nosotros pediríamos que ya mismo vayamos a La Haya, y si tomamos las palabras del ex canciller Héctor Timmerman y el ex gobernador Sergio Urribarri en el 2013, ya tendríamos la intención de ir”.
Un monitoreo riguroso
El concejal y ambientalista resaltó la necesidad de un monitoreo más riguroso, más continuo y permanente para lograr un informe más pormenorizado de lo que está ocurriendo en el Río Uruguay.
“Está bien que se haya ampliado a los 500 kilómetros, pero la decisión de La Haya es controlar a la pastera”, sintetizó.
Respecto a la realidad del río Gualeguaychú, explicó que “hay una mesa de conciencia ambiental organizada por la Dirección de Ambiente de la Municipalidad que están trabajando en el control” y sentenció: “Pero esto, sin ningún lugar a dudas, es una responsabilidad del gobierno anterior, de Juan José Bahillo, de no haber tomado las medidas cuando la Asamblea planteó en enormes oportunidades, que el río Gualeguaychú tenía que ser controlado y que había que trabajar en la planta de tratamientos de efluentes del Parque Industrial y la planta de efluentes de la ciudad”.
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Fecha de Publicación: 18/11/2016
Fuente: APF Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
El encuentro se dio en la Casa de la Cultura, donde los ambientalistas recibieron a los delegados argentinos en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).
El propósito del encuentro fue analizar el informe del Comité Científico Binacional, sobre el monitoreo del Río Uruguay, la planta de UPM- exBotnia y la desembocadura del río Gualeguaychú.
En la reunión, participaron: el senador nacional Alfredo De Àngeli; el senador provincial de Cambiemos, Nicolás Mattiauda; la directora de Medio Ambiente de la Municipalidad de Gualeguaychú; el dirigente del Frente Renovador, Luis Leissa; el Director de Recursos Hídricos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Osvaldo Fernández, y los concejales Andrés Sobredo (Frente Renovador) y Daniel Berón (Cambiemos).
“Es una injusticia”
El presidente de la Delegación argentina en la CARU, Mauro Vazón aseguró que es una “injusticia” comparar los vertidos de efluentes de UPM con los del río Gualeguaychú.
Además, volvió a expresar que el trabajo que están realizando, no implica una necesidad o una búsqueda de volver al Tribunal Internacional de La Haya.
En tanto, fueron los integrantes de la Asamblea Ambiental Gualeguaychú, quienes le entregaron un informe remarcando irregularidades o sospechas que observaron en el informe del Comité Científico.
Por su parte, el concejal y ambientalista, Andrés Sobredo, conversó con ElDía una vez concluida la reunión, y explicó que “el monitoreo tal como está no es lo mejor para demostrar la contaminación, por lo que se pidió profundizar los controles”.
Además, manifestó que “la delegación argentina en la CARU se comprometió a trabajar en este tema, pero nosotros pusimos un reparo y tiene que ver con el control en sí. Más allá que quieran monitorear todo el río Uruguay y la desembocadura del Gualeguaychú, la sentencia de La Haya ordenó a la CARU que monitoree a la planta de celulosa en sí”.
Asimismo, opinó que “tal como está hoy, es un control muy suave y muy endeble, partiendo de la base que se le avisa a la planta qué día van a ir”.
El compromiso asumido
Sobredo explicó que desde la delegación argentina indicaron que “están dispuestos a tomar estas observaciones para mejorar y tratarlas en Cancillería. Nosotros les planteamos que necesitamos un monitoreo más puntual y más continuo de la planta y nos dijeron que estaban dispuestos, entendiendo que el monitoreo tal como está, no es lo mejor”.
En cuanto a la posibilidad de regresar al Tribunal de La Haya -que en su momento había expresado que si se demostraba la contaminación, se podía avanzar en “el desmantelamiento” de la planta- Sobredo expresó, según publicó El Día: “Volver a La Haya con estos resultados debería ser una decisión del Presidente de la Nación, es una política nacional, pero sin un monitoreo serio no podemos ir a ningún tribunal internacional”.
En el mismo sentido profundizó: “si se trabaja en un monitoreo profundo, nosotros pediríamos que ya mismo vayamos a La Haya, y si tomamos las palabras del ex canciller Héctor Timmerman y el ex gobernador Sergio Urribarri en el 2013, ya tendríamos la intención de ir”.
Un monitoreo riguroso
El concejal y ambientalista resaltó la necesidad de un monitoreo más riguroso, más continuo y permanente para lograr un informe más pormenorizado de lo que está ocurriendo en el Río Uruguay.
“Está bien que se haya ampliado a los 500 kilómetros, pero la decisión de La Haya es controlar a la pastera”, sintetizó.
Respecto a la realidad del río Gualeguaychú, explicó que “hay una mesa de conciencia ambiental organizada por la Dirección de Ambiente de la Municipalidad que están trabajando en el control” y sentenció: “Pero esto, sin ningún lugar a dudas, es una responsabilidad del gobierno anterior, de Juan José Bahillo, de no haber tomado las medidas cuando la Asamblea planteó en enormes oportunidades, que el río Gualeguaychú tenía que ser controlado y que había que trabajar en la planta de tratamientos de efluentes del Parque Industrial y la planta de efluentes de la ciudad”.
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De Ángeli contra la ley de humedales
De Ángeli se opone al proyecto de Pino Solanas sobre la ley de humedales
Fecha de Publicación: 17/11/2016
Fuente: Radio Máxima On Line
Provincia/Región: Nacional
El senador nacional Alfredo De Angeli dijo en RADIO MÁXIMA que “los recursos naturales son de las provincias”, y agregó que él impulsa, desde la Comisión de Agricultura del Senado un proyecto absolutamente diferente sobre los Humedales que se presentó desde la Comisión de ambiente presidida por Pino solana. La discusión, según De Angeli, se zanjará el próximo miércoles, “cuando se apruebe la ley de humedales”.
De Angeli puntualizó que “pondremos a consideración nuestro proyecto sobre la ley de humedales que se va a tratar el miércoles, por lo que habrá dos proyectos diferentes porque en el nuestro, que impulsamos desde la Comisión de agricultura, le damos más participación a las provincias, tal como pidió el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA). Los recursos naturales son potestad de las provincias, por eso les daremos participación para caracterizar e identificar los humedales. Algunos habrá que protegerlos y a otros habrá que conservarlos, lo cual quedará a cargo de cada provincia”.
El legislador admitió que “existe un proyecto original que viene de la Comisión de Medio Ambiente del Senado presidida por el senador Solanas al cual nos oponemos y la nuestra que impulsamos desde la Comisión de Agricultura y Ganadería, que tiene el acuerdo del COFEMA”.
El senador afirmó que respecto de la cuestión “creo haber actuado con toda responsabilidad para que las provincias no pierdan su potestad. La Nación debe crear el marco donde cada provincia esté incluida”.
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Fecha de Publicación: 17/11/2016
Fuente: Radio Máxima On Line
Provincia/Región: Nacional
El senador nacional Alfredo De Angeli dijo en RADIO MÁXIMA que “los recursos naturales son de las provincias”, y agregó que él impulsa, desde la Comisión de Agricultura del Senado un proyecto absolutamente diferente sobre los Humedales que se presentó desde la Comisión de ambiente presidida por Pino solana. La discusión, según De Angeli, se zanjará el próximo miércoles, “cuando se apruebe la ley de humedales”.
De Angeli puntualizó que “pondremos a consideración nuestro proyecto sobre la ley de humedales que se va a tratar el miércoles, por lo que habrá dos proyectos diferentes porque en el nuestro, que impulsamos desde la Comisión de agricultura, le damos más participación a las provincias, tal como pidió el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA). Los recursos naturales son potestad de las provincias, por eso les daremos participación para caracterizar e identificar los humedales. Algunos habrá que protegerlos y a otros habrá que conservarlos, lo cual quedará a cargo de cada provincia”.
El legislador admitió que “existe un proyecto original que viene de la Comisión de Medio Ambiente del Senado presidida por el senador Solanas al cual nos oponemos y la nuestra que impulsamos desde la Comisión de Agricultura y Ganadería, que tiene el acuerdo del COFEMA”.
El senador afirmó que respecto de la cuestión “creo haber actuado con toda responsabilidad para que las provincias no pierdan su potestad. La Nación debe crear el marco donde cada provincia esté incluida”.
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Mueren 212 vacunos por beber agua con agroquímicos
Bebedero envenenado
Fecha de Publicación: 17/11/2016
Fuente: La Arena (La Pampa)
Provincia/Región: La Pampa
Un total de 212 vacunos murieron durante los últimos días en un campo ubicado en cercanías a la localidad norteña de Ingeniero Luiggi, luego de haber bebido agua intoxicada por un herbicida. Los animales eran propiedad del productor Sergio Franchetto, quien estimó que las pérdidas rondan en una suma cercana a los dos millones de pesos.
Por el hecho se realizó una denuncia judicial y tomó intervención el Senasa. La mortandad de animales fue provocada por la rotura de una bomba de una máquina pulverizadora que cargaba agua del mismo tanque que abastecía a los bebederos de los animales. Personal del Senasa recorrió el lugar y se enviaron muestras para su análisis a Bahía Blanca y a Santa Rosa.
En diálogo con LA ARENA el productor damnificado indicó que una fumigadora “cargó agua en un tanque” y que “se le hizo retorno y contaminó el agua”, algo que no habría sido advertido por la persona que trabajaba con la maquinaria.
El hecho ocurrió el sábado en un campo ubicado a aproximadamente 10 kilómetros al noroeste de la localidad de Ingeniero Luiggi, que es propiedad del padre de Franchetto. La mayor parte del predio rural está alquilado para siembra y en una sector el productor ganadero afectado tiene un feet lot.
En ese momento, una pulverizadora terrestre que realizaba tareas de fumigación en un lote de siembra, cargaba agua de un tanque australiano y la rotura de la bomba, hizo que el herbicida llamado Paraquat cayera en el tanque, que es el mismo que abastece a los bebederos del establecimiento “San Marcos”, propiedad de la familia Franchetto. Esto hizo que los animales tomaran agua contaminada y mueran intoxicados.
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Fecha de Publicación: 17/11/2016
Fuente: La Arena (La Pampa)
Provincia/Región: La Pampa
Un total de 212 vacunos murieron durante los últimos días en un campo ubicado en cercanías a la localidad norteña de Ingeniero Luiggi, luego de haber bebido agua intoxicada por un herbicida. Los animales eran propiedad del productor Sergio Franchetto, quien estimó que las pérdidas rondan en una suma cercana a los dos millones de pesos.
Por el hecho se realizó una denuncia judicial y tomó intervención el Senasa. La mortandad de animales fue provocada por la rotura de una bomba de una máquina pulverizadora que cargaba agua del mismo tanque que abastecía a los bebederos de los animales. Personal del Senasa recorrió el lugar y se enviaron muestras para su análisis a Bahía Blanca y a Santa Rosa.
En diálogo con LA ARENA el productor damnificado indicó que una fumigadora “cargó agua en un tanque” y que “se le hizo retorno y contaminó el agua”, algo que no habría sido advertido por la persona que trabajaba con la maquinaria.
El hecho ocurrió el sábado en un campo ubicado a aproximadamente 10 kilómetros al noroeste de la localidad de Ingeniero Luiggi, que es propiedad del padre de Franchetto. La mayor parte del predio rural está alquilado para siembra y en una sector el productor ganadero afectado tiene un feet lot.
En ese momento, una pulverizadora terrestre que realizaba tareas de fumigación en un lote de siembra, cargaba agua de un tanque australiano y la rotura de la bomba, hizo que el herbicida llamado Paraquat cayera en el tanque, que es el mismo que abastece a los bebederos del establecimiento “San Marcos”, propiedad de la familia Franchetto. Esto hizo que los animales tomaran agua contaminada y mueran intoxicados.
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Jujuy realizó su audiencia pública por OT
Ordenamiento territorial: Concretaron la audiencia pública
Fecha de Publicación: 17/11/2016
Fuente: Página Central
Provincia/Región: Jujuy
Presidieron el encuentro la ministra Zigarán junto al secretario de Desarrollo Sustentable, Antonio Alejo, y la directora de Bosques de la cartera de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Julieta Bono; acompañados por la directora de Bosques, Virginia Outon, y la coordinadora de la Unidad de Gestión de Bosques Nativos, Estefanía Sánchez Cuartielles. Asimismo, estuvieron presentes funcionarios y equipos técnicos de Ordenamiento Ambiental del Territorio.
Entre los expositores, se contaron referentes y miembros del sector académico, científico, de las comunidades indígenas, del sector campesino, del ámbito de la producción, del espacio sindical, gremial, de movimientos ambientalista, entre otros.
“Hemos escuchado con atención y bastante expectativa los aportes y las críticas de los diversos sectores. Vamos a hacer una reunión de evaluación técnica y política para considerarlos y tratar de tomar las mejores decisiones, pensando siempre en gestionar entre la diversidad de intereses que existen en la provincia”, evaluó la titular de Ambiente al término de la audiencia.
Zigarán, quien estuvo presente durante todo el desarrollo del encuentro, tomando nota de cada aporte, se refirió a la pluralidad de puntos de vista que coexisten en Jujuy a partir de la diversidad cultural. “Como estado tenemos la responsabilidad de gestionar en esa diversidad -abundó- de administrar las tensiones y de garantizar el equilibrio entre las posturas de los diversos sectores”.
Luego de explicar que el proceso de actualización del OTBN es dinámico, la funcionaria destacó que “nuestra visión es que una vez aprobado el OTBN debe comenzarse inmediatamente un trabajo continuo para llegar al quinto año donde se debe hacer la actualización con un ordenamiento que tenga el mayor consenso posible”.
La Ministra se manifestó satisfecha con el desarrollo de la jornada, que describió como “de absoluto respeto y verdaderamente democrática”.
Finalmente dijo que “tenemos el desafío de compatibilizar los esfuerzos de conservación con los esfuerzos para que se haga un manejo y un uso sustentable de los bosques, que ayude a las comunidades a salir de una situación de postergación y que de alguna manera sea el inicio de un proceso que garantice lo que muchas de las comunidades han denominado: el buen vivir”.
Diversidad de puntos de vista
En el marco de la Audiencia Pública por el OTBN, diversos sectores pudieron expresarse y manifestar su punto de vista en relación al proyecto puesto en consideración por el ministerio de ambiente de la provincia de Jujuy. Hubo expresiones a favor y en contra.
Por ejemplo, tal es el caso de María José Castillo, de la organización Tierra Fértil y miembro del Movimiento Nacional Campesino Indígena de Palma Sola; y de Jesús Alberto Maita, de la Comunidad Guaraní Tataiyipi de Vinalito, departamento de Santa Bárbara.
La primera, sostuvo que “nuestro territorio es uno de los lugares donde más masa boscosa hay en la provincia, y es una zona frágil desde el punto de vista ecológico, es el último remanente de bosque chaqueño, de transición de yungas a chaco, que necesita especial atención; y que en nuestras comunidades no se haya hecho ningún proceso de consulta para la actual propuesta ya es un vicio que notamos y lo expusimos”.
Por su parte, el segundo se manifestó a favor del nuevo ordenamiento que, según dijo, “nos encamina a un buen vivir para todas las comunidades indígenas”. Para finalmente concluir que “estamos presentes para expresar lo adquirido en todo el proceso y plantear nuestra realidad, y esperamos seguir teniendo la respuesta que estamos teniendo con este gobierno, ya que en la gestión pasada no lo tuvimos, había descontrol, tala ilegal de madera, se denunciaba y no había respuesta por parte de las autoridades, no se sabía a dónde recurrir por el avasallamiento”.
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Fecha de Publicación: 17/11/2016
Fuente: Página Central
Provincia/Región: Jujuy
Presidieron el encuentro la ministra Zigarán junto al secretario de Desarrollo Sustentable, Antonio Alejo, y la directora de Bosques de la cartera de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Julieta Bono; acompañados por la directora de Bosques, Virginia Outon, y la coordinadora de la Unidad de Gestión de Bosques Nativos, Estefanía Sánchez Cuartielles. Asimismo, estuvieron presentes funcionarios y equipos técnicos de Ordenamiento Ambiental del Territorio.
Entre los expositores, se contaron referentes y miembros del sector académico, científico, de las comunidades indígenas, del sector campesino, del ámbito de la producción, del espacio sindical, gremial, de movimientos ambientalista, entre otros.
“Hemos escuchado con atención y bastante expectativa los aportes y las críticas de los diversos sectores. Vamos a hacer una reunión de evaluación técnica y política para considerarlos y tratar de tomar las mejores decisiones, pensando siempre en gestionar entre la diversidad de intereses que existen en la provincia”, evaluó la titular de Ambiente al término de la audiencia.
Zigarán, quien estuvo presente durante todo el desarrollo del encuentro, tomando nota de cada aporte, se refirió a la pluralidad de puntos de vista que coexisten en Jujuy a partir de la diversidad cultural. “Como estado tenemos la responsabilidad de gestionar en esa diversidad -abundó- de administrar las tensiones y de garantizar el equilibrio entre las posturas de los diversos sectores”.
Luego de explicar que el proceso de actualización del OTBN es dinámico, la funcionaria destacó que “nuestra visión es que una vez aprobado el OTBN debe comenzarse inmediatamente un trabajo continuo para llegar al quinto año donde se debe hacer la actualización con un ordenamiento que tenga el mayor consenso posible”.
La Ministra se manifestó satisfecha con el desarrollo de la jornada, que describió como “de absoluto respeto y verdaderamente democrática”.
Finalmente dijo que “tenemos el desafío de compatibilizar los esfuerzos de conservación con los esfuerzos para que se haga un manejo y un uso sustentable de los bosques, que ayude a las comunidades a salir de una situación de postergación y que de alguna manera sea el inicio de un proceso que garantice lo que muchas de las comunidades han denominado: el buen vivir”.
Diversidad de puntos de vista
En el marco de la Audiencia Pública por el OTBN, diversos sectores pudieron expresarse y manifestar su punto de vista en relación al proyecto puesto en consideración por el ministerio de ambiente de la provincia de Jujuy. Hubo expresiones a favor y en contra.
Por ejemplo, tal es el caso de María José Castillo, de la organización Tierra Fértil y miembro del Movimiento Nacional Campesino Indígena de Palma Sola; y de Jesús Alberto Maita, de la Comunidad Guaraní Tataiyipi de Vinalito, departamento de Santa Bárbara.
La primera, sostuvo que “nuestro territorio es uno de los lugares donde más masa boscosa hay en la provincia, y es una zona frágil desde el punto de vista ecológico, es el último remanente de bosque chaqueño, de transición de yungas a chaco, que necesita especial atención; y que en nuestras comunidades no se haya hecho ningún proceso de consulta para la actual propuesta ya es un vicio que notamos y lo expusimos”.
Por su parte, el segundo se manifestó a favor del nuevo ordenamiento que, según dijo, “nos encamina a un buen vivir para todas las comunidades indígenas”. Para finalmente concluir que “estamos presentes para expresar lo adquirido en todo el proceso y plantear nuestra realidad, y esperamos seguir teniendo la respuesta que estamos teniendo con este gobierno, ya que en la gestión pasada no lo tuvimos, había descontrol, tala ilegal de madera, se denunciaba y no había respuesta por parte de las autoridades, no se sabía a dónde recurrir por el avasallamiento”.
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La Justicia investiga los desmontes de las islas Victoria
La Justicia de Victoria interviene contra los desmontes en zona protegida de islas
Fecha de Publicación: 16/11/2016
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Entre Ríos
La Justicia de Entre Ríos decidió abrir una investigación de oficio tras hacerse público un caso de desmonte en zona protegida de islas ubicadas frente a Puerto General San Martín. Así lo confirmó el fiscal Nº 2 de Victoria, Jorge Gamal Taleb, quien decidió avanzar judicialmente tras la denuncia pública que había realizado a finales de septiembre el grupo ambientalista Guardianes de Victoria, respecto a maquinaria pesada y tala indiscriminada de vegetación nativa en esa zona del Humedal.
Taleb explicó que decidió actuar de oficio tras enterarse por los Guardianes de desmontes en zona de islas, un hecho que también motivó un pedido de informe realizado por la diputada provincial Mariela Tassistro (Frente Renovador-Gualeguay) dirigido al poder ejecutivo de la provincia, en el que se pedía información sobre el mismo tema.
"En virtud de ese pedido de informe y teniendo en cuenta lo conversado con los ambientalistas decidí abrir una investigación de oficio sin que mediara ninguna denuncia penal de particulares", dijo el fiscal, quien agregó que ya en ese momento entendió que existía un grado de sospecha atendible respecto a la posible comisión de ese delito.
Respecto a la figura legal en cuestión, Taleb aclaró que enfocó su investigación bajo la figura de "daño", ya que si bien existe una profusa legislación ambiental en Entre Ríos, la misma es de carácter tutelar. "Estamos en cierta manera a la zaga respecto a protección penal de medio ambiente, que sólo existe para el caso de residuos peligrosos y este no era el caso", agregó.
Por eso la causa avanza sobre la figura de daños, ya que tanto las islas como las riveras son de dominio público tal como establece el nuevo código civil: "Cuando vi las fotos de los daños en la rivera por efecto de la tala decidí actuar de oficio por el delito de daños en inmueble, que en este caso es la isla la que es dañada por la acción sobre sus árboles".
Daños en dominio público
Luego, el fiscal pudo confirmar esta hipótesis al informarle el gobierno de Entre Ríos que el islote Pancho —donde se hizo el desmonte— es efectivamente un bien de dominio público. En ese punto se supo que se había acordado un permiso de uso para amarre a una empresa particular, pero ese permiso no comprendía la facultad de realizar tareas de desmonte: "Eso no se puede hacer por ley nacional a la que adhirió la provincia, para desmontar hace falta un trámite administrativo que en este caso no estaba hecho".
La Justicia pudo constatar con fotos e informes elaborados por la Delegación de Islas que se habían talado árboles de especies autóctonas en una franja costera de mil metros de largo por siete de ancho hacia adentro. También se conoció quienes eran los dueños de la empresa La Barranquita, se corroboró que no tenían permiso para realizar esas tareas y que el inmueble era propiedad del Estado: "La hipótesis inicial sobre el delito de daños se vio confirmada a nivel probatoria", argumentó el fiscal.
A partir de allí, Taleb solicitó al juez de garantías una audiencia para pedir una medida inhibitoria que prohibiera continuar con los desmontes de la isla, algo a lo cual el juez hizo lugar aunque la audiencia fue diferida hasta tanto los posibles imputados designaran abogado defensor. Según el fiscal, el próximo paso en su investigación será mensurar el daño ambiental que produjo la tala de árboles nativos: "Si bien el delito de daños no tiene una pena alta —hasta un año de prisión—, en este caso está agravado por ser bienes de uso público".
"El objetivo es actuar según la ley nacional del ambiente que no es penal, por eso la finalidad es recomponer el daño ambiental mediante la reimplantación de esos árboles por parte de la persona acusada", argumentó el funcionario público en declaraciones a La Capital.
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Fecha de Publicación: 16/11/2016
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Entre Ríos
La Justicia de Entre Ríos decidió abrir una investigación de oficio tras hacerse público un caso de desmonte en zona protegida de islas ubicadas frente a Puerto General San Martín. Así lo confirmó el fiscal Nº 2 de Victoria, Jorge Gamal Taleb, quien decidió avanzar judicialmente tras la denuncia pública que había realizado a finales de septiembre el grupo ambientalista Guardianes de Victoria, respecto a maquinaria pesada y tala indiscriminada de vegetación nativa en esa zona del Humedal.
Taleb explicó que decidió actuar de oficio tras enterarse por los Guardianes de desmontes en zona de islas, un hecho que también motivó un pedido de informe realizado por la diputada provincial Mariela Tassistro (Frente Renovador-Gualeguay) dirigido al poder ejecutivo de la provincia, en el que se pedía información sobre el mismo tema.
"En virtud de ese pedido de informe y teniendo en cuenta lo conversado con los ambientalistas decidí abrir una investigación de oficio sin que mediara ninguna denuncia penal de particulares", dijo el fiscal, quien agregó que ya en ese momento entendió que existía un grado de sospecha atendible respecto a la posible comisión de ese delito.
Respecto a la figura legal en cuestión, Taleb aclaró que enfocó su investigación bajo la figura de "daño", ya que si bien existe una profusa legislación ambiental en Entre Ríos, la misma es de carácter tutelar. "Estamos en cierta manera a la zaga respecto a protección penal de medio ambiente, que sólo existe para el caso de residuos peligrosos y este no era el caso", agregó.
Por eso la causa avanza sobre la figura de daños, ya que tanto las islas como las riveras son de dominio público tal como establece el nuevo código civil: "Cuando vi las fotos de los daños en la rivera por efecto de la tala decidí actuar de oficio por el delito de daños en inmueble, que en este caso es la isla la que es dañada por la acción sobre sus árboles".
Daños en dominio público
Luego, el fiscal pudo confirmar esta hipótesis al informarle el gobierno de Entre Ríos que el islote Pancho —donde se hizo el desmonte— es efectivamente un bien de dominio público. En ese punto se supo que se había acordado un permiso de uso para amarre a una empresa particular, pero ese permiso no comprendía la facultad de realizar tareas de desmonte: "Eso no se puede hacer por ley nacional a la que adhirió la provincia, para desmontar hace falta un trámite administrativo que en este caso no estaba hecho".
La Justicia pudo constatar con fotos e informes elaborados por la Delegación de Islas que se habían talado árboles de especies autóctonas en una franja costera de mil metros de largo por siete de ancho hacia adentro. También se conoció quienes eran los dueños de la empresa La Barranquita, se corroboró que no tenían permiso para realizar esas tareas y que el inmueble era propiedad del Estado: "La hipótesis inicial sobre el delito de daños se vio confirmada a nivel probatoria", argumentó el fiscal.
A partir de allí, Taleb solicitó al juez de garantías una audiencia para pedir una medida inhibitoria que prohibiera continuar con los desmontes de la isla, algo a lo cual el juez hizo lugar aunque la audiencia fue diferida hasta tanto los posibles imputados designaran abogado defensor. Según el fiscal, el próximo paso en su investigación será mensurar el daño ambiental que produjo la tala de árboles nativos: "Si bien el delito de daños no tiene una pena alta —hasta un año de prisión—, en este caso está agravado por ser bienes de uso público".
"El objetivo es actuar según la ley nacional del ambiente que no es penal, por eso la finalidad es recomponer el daño ambiental mediante la reimplantación de esos árboles por parte de la persona acusada", argumentó el funcionario público en declaraciones a La Capital.
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Médicos rurales preocupados por las fumigaciones
Preocupación en los médicos rurales por el uso de agrotóxicos cerca de los pueblos
Fecha de Publicación: 16/11/2016
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Varios médicos y organizaciones provinciales piden regular el uso de pesticidas cerca del trazado urbano de los pueblos, y alertan sobre la multiplicación de problemas de salud entre quienes viven cerca de las zonas fumigadas
En el país los campos se fumigan con pesticidas, como en la mayor parte del planeta. Pero aquí tenemos una particularidad: el mapa de salud de los pueblos fumigados está manifestando grandes diferencias con el mapa epidemiológico nacional.
El Dr. Damián Verzeñassi, Profesor Titular de la Práctica Final de la carrera de Medicina en la Universidad de Rosario, viene visitando 26 localidades desde 2010 y observó algo inusual: los perfiles epidemiológicos se repiten entre ellas. Mientras que a nivel nacional la primera causa de muerte son los problemas cardiovasculares, en estas regiones un tercio de las muertes llega por alguna forma de cáncer, lo que representa un 50% más que en el resto del país. Estos estudios fueron presentados como prueba en juicios, en congresos nacionales e internacionales y ante toda autoridad científica que lo ha requerido.
"Cuando estudiamos qué ejes en común unían a todas estas localidades, observamos que eran pueblos que habían comenzado con la producción sojera a gran escala hace 20 años. De hecho, muchos de ellos tenían tradición ganadera, pero con las perspectivas de rendimiento que prometía la soja y las políticas ganaderas tan poco favorables del gobierno anterior, se aseguraban una rentabilidad muy alta a corto plazo con el ingreso de los transgénicos. Por ello, cambiaron su cultura centenaria de producción por el monocultivo sin rotación. Las enfermedades que prevalecen en estas localidades, según los datos observados, coinciden con los problemas de salud asociados a los agrotóxicos, de uso obligatorio en el paquete de transgénicos", dice Verzeñassi.
Casos que se multiplican
En 2010 se formó la Red Universitaria de Ambiente y Salud, para coordinar y potenciar el trabajo de investigación científica, asistencia sanitaria y divulgación de los médicos de pueblos fumigados. Es una situación que no afecta sólo a la cuenca sojera, sino también a otras provincias como Chaco, Santiago del Estero, Salta y Formosa. El Dr. Medardo Ávila es coordinador general de la red y su posición es clara. "Los agrotóxicos no sólo afectan la soja, sino también el arroz, la yerba y el algodón. Durante el gobierno anterior nos cortaron los subsidios a la universidad para realizar estas investigaciones y apoyaron la construcción de una nueva planta de Monsanto en la provincia. Finalmente, se fueron, hicimos un bloqueo en la puerta que no permitió entrar ni un ladrillo", denuncia Ávila, y lista algunos casos conocidos.
Leila Derudder falleció de leucemia en el hospital Garrahan a los 14 años. Los profesionales relacionaron su enfermedad a las reiteradas exposiciones a las fumigaciones. Nicolás Arévalo, de 4 años, murió por envenenamiento tras pisar descalzo un charco de agroquímicos entre las tomateras de Lavalle, provincia de Corrientes (hay un juicio en marcha por ese fallecimiento). También resultó envenenada Celeste, la prima de Nicolás. Y un año después murió José Carlos Rivero, de 4 años, en el mismo lugar y por la misma causa.
Los médicos también evalúan a diario niños con malformaciones, abortos espontáneos, problemas endócrinos, dificultades respiratorias y problemas de desarrollo."Tengo pacientes que son hijos de productores; ellos tratan de pensar que las enfermedades o, inclusive la muerte de sus hijos, son por algo ajeno a esta problemática, que les podría haber pasado en otro lugar, siguen creyendo en el discurso de la industria, pero desde hace algún tiempo también tienen que escucharnos a nosotros", agrega.
Fabián Tomasi, de Basavilbaso, Entre Ríos, tiene una pensión otorgada por la Anses tras constatarse que sufre una polineuropatía tóxica por efecto de cargar agroquímicos en los aviones fumigadores. Los casos se multiplican y están muy cerca. Fueron expuestos ante la Cámara de Diputados de la Nación, este año, por Patricio Eleisegui, autor del libro Envenenados, una investigación sobre los efectos de las fumigaciones en el país. Fue invitado para disertar en las Jornadas por la primera Ley Nacional de Agroquímicos.
Valeria Katzman vive al lado de una chacra pequeña que hasta hace pocos meses se fumigaba sin control, intoxicando a los vecinos. "Yo sabía los daños que provocaban los agrotóxicos, pero mi vecino me decía que no pasaba nada. En 2012, a mí me detectaron cáncer en el sistema linfático; al tiempo, mi yegua tenía un cáncer en la vulva y una de mis perras, cáncer en la pata. Mi vecino suspendió las fumigaciones temporalmente, ante las numerosas denuncias que se venían acumulando, pero un día volvió clandestinamente mientras yo estaba con quimioterapia. Lo denuncié y lo multaron. Finalmente, abandonó el campo, aunque nunca supe qué químicos usaba. Mis vecinas, que trabajaban en ese campo, tienen trastornos tiroideos. Es demasiada población enferma en un radio reducido para ser coincidencia", cuenta Katzman.
Los chicos, afectados
Las escuelas rurales son afectadas en forma directa por las fumigaciones de agrotóxicos, en horarios de clase y sin previo aviso. "Paren de fumigar escuelas" decían los carteles de asociaciones docentes, padres y organizaciones ambientalistas que se movilizaron contra esta práctica. Al igual que Ana Zabaloy, también la docente Estela Lemes sufrió fumigaciones mientras daba clases en la escuela Bartolito Mitre, en Gualeguaychú, en 2012. Luego de eso, comenzó a padecer mareos, problema de respiración y dolor en los músculos. Los estudios realizados detectaron glifosato en sangre, lo que sería la causa de su problema neurológico. Tres años después, sigue en discusión con la ART para que le cubra el tratamiento, ya que no reconocen el diagnóstico.
Un informe realizado entre 2014 y 2015 por el sindicato docente en la provincia de Entre Ríos destaca que sobre 82 escuelas, con un total de 447 docentes, 82 de personal no docente y bajo una población de 2452 alumnos, aseguran haber sido fumigadas en horarios de clase y la mayoría de los casos no son denunciados. En el departamento de Uruguay sufrieron aspersiones 15 escuelas de las 28 censadas. En Nogoyá, 18 sobre 23. Y en Gualeguaychú fueron fumigadas 19 escuelas sobre 23 relevadas. Confirmaron casos de afecciones en la piel y vías respiratorias de chicos y maestros, vómitos y problemas gastrointestinales.
Lo mismo sucede en Córdoba, según Medardo Ávila, donde hay 1500 escuelas a menos de 1000 metros de campos fumigados, con 12 mil alumnos y 900 maestros que están expuestos a los agrotóxicos. Esta realidad se repite en todas las provincias expuestas a fumigaciones de este tipo. Todos los que luchan por cambiar esta realidad coinciden en que algunas leyes se van logrando a nivel municipal, pero no se cumplen y los docentes tienen miedo a denunciarlo.
Cañuelas, un caso emblemático
Diana Iceruk es periodista. Se mudó a Cañuelas en el 2006 para formar parte del Canal 5 de esa ciudad. Al lado de la escuela donde concurría su hija había campos donde se sembraba soja y se fumigaba en horario escolar. Al lado de la casa donde ellos vivían también sucedía lo mismo. Entre 2008 y 2013, toda la familia pasó por un episodio de salud relacionado a las enfermedades que provoca el contacto con agrotóxicos: el marido tuvo cáncer de colon, ella tuvo problemas endócrinos y su hija, luego de una fumigación durante horario de clases, tuvo una intoxicación aguda con derrame ocular.
En 2010 en Cañuelas promulgaron una ordenanza que prohíbe las fumigaciones aéreas y otorga un resguardo de 20 cuadras para fumigar por vía terrestre. Fue muy difícil lograr el apoyo de la gente, cuentan, porque los mismos que se enferman viven de lo que les produce la enfermedad y prefieren no denunciar por miedo a perder su trabajo. Recuerda Eliana Muñoz, vecina de la zona: "Nos fumigaban al lado de donde estábamos comiendo asado o con los chicos, en las piletas. Uno asocia después las cosas y se pregunta por qué tantos enfermos de cáncer tan cerca. Así fue cómo empezamos a movilizarnos".
Legislación y agroecología
El actual gobierno carece de estadísticas oficiales. Ha recibido a organizaciones vecinales, profesionales, docentes y voluntarios que trabajan hace años para denunciar estas realidades y redactan proyectos de leyes para proteger la salud de la población. Diego Moreno, el Secretario Nacional de Medio Ambiente, le manifestó a LA NACION su compromiso por cambiar el rumbo de esta tendencia. "Creo que tenemos que ir a sistemas biodiversificados de producción. No es lo mismo producir cerca de lugares poblados y tendríamos que tener sistemas productivos que requieran menos uso de insumos agrotóxicos. Hemos presentado un proyecto para trabajar el ordenamiento medio ambiental del territorio y eso incluye al tema de las fumigaciones en zonas urbanas y periurbanas.", afirma.
Mientras que en Europa se está discutiendo prohibir las fumigaciones aéreas en todos los países de la comunidad, acá recién se está estudiando redactar una ley nacional que unifique los criterios para las legislaciones provinciales y municipales. En la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires se está analizando la propuesta del senador Carlos Coll Areco, rechazada por los ambientalistas: "definimos una especie de división de zonas y de amortiguamiento, de acuerdo a su cercanía al casco urbano, escuelas y hospitales. La distancia de fumigación es lo menos importante. Las diferencias están dadas en el tipo de producto a utilizar y cómo lo clasifica las OMS y en las condiciones climáticas del día de la aplicación.El productor tiene que pedir permiso al municipio para hacerlo y ese día tiene que ir un inspector a verificar que se cumpla la ley", explica Coll Areco.
En la ciudad de Buenos Aires, la ley prohíbe fumigar los parques y jardines públicos; la Cámara de Diputados de la Nación, luego de 20 años, se apresta a debatir la primera ley nacional de agrotóxicos
Parte de la discusión está en definir con certeza el impacto de los agrotóxicos en la salud, sobre todo cuando se usan cerca de los poblados. Son múltiples las organizaciones que piden que se prohíba su uso cerca de plazas, jardines, escuelas o donde haya chicos.
En 2015, la Agencia Internacional del Cáncer (IARC), que pertenece a la Organización Mundial de la Salud, recategorizó al glifosato como "probablemente cancerígeno"; es el mismo status que tiene tomar mate (en ese caso, el problema viene por la temperatura del agua y su efecto sobre la laringe). Pero ese mismo año la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) desautorizó al IARC: considera que el glifosato no es ni carcinogénico ni mutagénico.
El 29 de junio último, un mes después de que la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura publicaran un estudio conjunto en el que sostienen que el glifosato no es cancerígeno, la Comisión Europea renovó el permiso de uso del glifosato en su continente hasta el último día de 2017; para entonces la Agencia Europea de Productos Químicos tendrá -se espera- una conclusión definitiva sobre el efecto de esta sustancia en las personas.
La agroecología, una solución sustentable
Es claro que el uso de agrotóxicos responde a una necesidad de generar más alimentos, con más eficiencia y menores costos. Ese es el argumento más importante que sostienen quienes los defienden.
La agroecología es una alternativa posible. No se trata de soluciones hippies a problemas serios, sino de soluciones científicas a problemas de salud y al deterioro del suelo y del medio ambiente cuya reparación llevaría muchas décadas. El ingeniero agrónomo Javier Souza es investigador y un referente en este tema. "Desde siempre, la humanidad pudo alimentarse sin usar plaguicidas. Hoy tenemos estrategias que se basan en la diversidad biológica y en cómo trabajar la nutrición adecuada de los suelos. La rentabilidad es lícita, pero debe ser razonable y sustentable. La agroecología te propone trabajar, planificar y pensar en las futuras generaciones, como hicieron muchos siglos antes los productores de todo el mundo. Luego de la revolución tecnológica, se tendrá que volver a estas soluciones porque son mucho más viables desde una mirada humana, donde se pone al ser humano por delante de las ganancias", reflexiona Souza.
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Fecha de Publicación: 16/11/2016
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Varios médicos y organizaciones provinciales piden regular el uso de pesticidas cerca del trazado urbano de los pueblos, y alertan sobre la multiplicación de problemas de salud entre quienes viven cerca de las zonas fumigadas
En el país los campos se fumigan con pesticidas, como en la mayor parte del planeta. Pero aquí tenemos una particularidad: el mapa de salud de los pueblos fumigados está manifestando grandes diferencias con el mapa epidemiológico nacional.
El Dr. Damián Verzeñassi, Profesor Titular de la Práctica Final de la carrera de Medicina en la Universidad de Rosario, viene visitando 26 localidades desde 2010 y observó algo inusual: los perfiles epidemiológicos se repiten entre ellas. Mientras que a nivel nacional la primera causa de muerte son los problemas cardiovasculares, en estas regiones un tercio de las muertes llega por alguna forma de cáncer, lo que representa un 50% más que en el resto del país. Estos estudios fueron presentados como prueba en juicios, en congresos nacionales e internacionales y ante toda autoridad científica que lo ha requerido.
"Cuando estudiamos qué ejes en común unían a todas estas localidades, observamos que eran pueblos que habían comenzado con la producción sojera a gran escala hace 20 años. De hecho, muchos de ellos tenían tradición ganadera, pero con las perspectivas de rendimiento que prometía la soja y las políticas ganaderas tan poco favorables del gobierno anterior, se aseguraban una rentabilidad muy alta a corto plazo con el ingreso de los transgénicos. Por ello, cambiaron su cultura centenaria de producción por el monocultivo sin rotación. Las enfermedades que prevalecen en estas localidades, según los datos observados, coinciden con los problemas de salud asociados a los agrotóxicos, de uso obligatorio en el paquete de transgénicos", dice Verzeñassi.
Casos que se multiplican
En 2010 se formó la Red Universitaria de Ambiente y Salud, para coordinar y potenciar el trabajo de investigación científica, asistencia sanitaria y divulgación de los médicos de pueblos fumigados. Es una situación que no afecta sólo a la cuenca sojera, sino también a otras provincias como Chaco, Santiago del Estero, Salta y Formosa. El Dr. Medardo Ávila es coordinador general de la red y su posición es clara. "Los agrotóxicos no sólo afectan la soja, sino también el arroz, la yerba y el algodón. Durante el gobierno anterior nos cortaron los subsidios a la universidad para realizar estas investigaciones y apoyaron la construcción de una nueva planta de Monsanto en la provincia. Finalmente, se fueron, hicimos un bloqueo en la puerta que no permitió entrar ni un ladrillo", denuncia Ávila, y lista algunos casos conocidos.
Leila Derudder falleció de leucemia en el hospital Garrahan a los 14 años. Los profesionales relacionaron su enfermedad a las reiteradas exposiciones a las fumigaciones. Nicolás Arévalo, de 4 años, murió por envenenamiento tras pisar descalzo un charco de agroquímicos entre las tomateras de Lavalle, provincia de Corrientes (hay un juicio en marcha por ese fallecimiento). También resultó envenenada Celeste, la prima de Nicolás. Y un año después murió José Carlos Rivero, de 4 años, en el mismo lugar y por la misma causa.
Los médicos también evalúan a diario niños con malformaciones, abortos espontáneos, problemas endócrinos, dificultades respiratorias y problemas de desarrollo."Tengo pacientes que son hijos de productores; ellos tratan de pensar que las enfermedades o, inclusive la muerte de sus hijos, son por algo ajeno a esta problemática, que les podría haber pasado en otro lugar, siguen creyendo en el discurso de la industria, pero desde hace algún tiempo también tienen que escucharnos a nosotros", agrega.
Fabián Tomasi, de Basavilbaso, Entre Ríos, tiene una pensión otorgada por la Anses tras constatarse que sufre una polineuropatía tóxica por efecto de cargar agroquímicos en los aviones fumigadores. Los casos se multiplican y están muy cerca. Fueron expuestos ante la Cámara de Diputados de la Nación, este año, por Patricio Eleisegui, autor del libro Envenenados, una investigación sobre los efectos de las fumigaciones en el país. Fue invitado para disertar en las Jornadas por la primera Ley Nacional de Agroquímicos.
Valeria Katzman vive al lado de una chacra pequeña que hasta hace pocos meses se fumigaba sin control, intoxicando a los vecinos. "Yo sabía los daños que provocaban los agrotóxicos, pero mi vecino me decía que no pasaba nada. En 2012, a mí me detectaron cáncer en el sistema linfático; al tiempo, mi yegua tenía un cáncer en la vulva y una de mis perras, cáncer en la pata. Mi vecino suspendió las fumigaciones temporalmente, ante las numerosas denuncias que se venían acumulando, pero un día volvió clandestinamente mientras yo estaba con quimioterapia. Lo denuncié y lo multaron. Finalmente, abandonó el campo, aunque nunca supe qué químicos usaba. Mis vecinas, que trabajaban en ese campo, tienen trastornos tiroideos. Es demasiada población enferma en un radio reducido para ser coincidencia", cuenta Katzman.
Los chicos, afectados
Las escuelas rurales son afectadas en forma directa por las fumigaciones de agrotóxicos, en horarios de clase y sin previo aviso. "Paren de fumigar escuelas" decían los carteles de asociaciones docentes, padres y organizaciones ambientalistas que se movilizaron contra esta práctica. Al igual que Ana Zabaloy, también la docente Estela Lemes sufrió fumigaciones mientras daba clases en la escuela Bartolito Mitre, en Gualeguaychú, en 2012. Luego de eso, comenzó a padecer mareos, problema de respiración y dolor en los músculos. Los estudios realizados detectaron glifosato en sangre, lo que sería la causa de su problema neurológico. Tres años después, sigue en discusión con la ART para que le cubra el tratamiento, ya que no reconocen el diagnóstico.
Un informe realizado entre 2014 y 2015 por el sindicato docente en la provincia de Entre Ríos destaca que sobre 82 escuelas, con un total de 447 docentes, 82 de personal no docente y bajo una población de 2452 alumnos, aseguran haber sido fumigadas en horarios de clase y la mayoría de los casos no son denunciados. En el departamento de Uruguay sufrieron aspersiones 15 escuelas de las 28 censadas. En Nogoyá, 18 sobre 23. Y en Gualeguaychú fueron fumigadas 19 escuelas sobre 23 relevadas. Confirmaron casos de afecciones en la piel y vías respiratorias de chicos y maestros, vómitos y problemas gastrointestinales.
Lo mismo sucede en Córdoba, según Medardo Ávila, donde hay 1500 escuelas a menos de 1000 metros de campos fumigados, con 12 mil alumnos y 900 maestros que están expuestos a los agrotóxicos. Esta realidad se repite en todas las provincias expuestas a fumigaciones de este tipo. Todos los que luchan por cambiar esta realidad coinciden en que algunas leyes se van logrando a nivel municipal, pero no se cumplen y los docentes tienen miedo a denunciarlo.
Cañuelas, un caso emblemático
Diana Iceruk es periodista. Se mudó a Cañuelas en el 2006 para formar parte del Canal 5 de esa ciudad. Al lado de la escuela donde concurría su hija había campos donde se sembraba soja y se fumigaba en horario escolar. Al lado de la casa donde ellos vivían también sucedía lo mismo. Entre 2008 y 2013, toda la familia pasó por un episodio de salud relacionado a las enfermedades que provoca el contacto con agrotóxicos: el marido tuvo cáncer de colon, ella tuvo problemas endócrinos y su hija, luego de una fumigación durante horario de clases, tuvo una intoxicación aguda con derrame ocular.
En 2010 en Cañuelas promulgaron una ordenanza que prohíbe las fumigaciones aéreas y otorga un resguardo de 20 cuadras para fumigar por vía terrestre. Fue muy difícil lograr el apoyo de la gente, cuentan, porque los mismos que se enferman viven de lo que les produce la enfermedad y prefieren no denunciar por miedo a perder su trabajo. Recuerda Eliana Muñoz, vecina de la zona: "Nos fumigaban al lado de donde estábamos comiendo asado o con los chicos, en las piletas. Uno asocia después las cosas y se pregunta por qué tantos enfermos de cáncer tan cerca. Así fue cómo empezamos a movilizarnos".
Legislación y agroecología
El actual gobierno carece de estadísticas oficiales. Ha recibido a organizaciones vecinales, profesionales, docentes y voluntarios que trabajan hace años para denunciar estas realidades y redactan proyectos de leyes para proteger la salud de la población. Diego Moreno, el Secretario Nacional de Medio Ambiente, le manifestó a LA NACION su compromiso por cambiar el rumbo de esta tendencia. "Creo que tenemos que ir a sistemas biodiversificados de producción. No es lo mismo producir cerca de lugares poblados y tendríamos que tener sistemas productivos que requieran menos uso de insumos agrotóxicos. Hemos presentado un proyecto para trabajar el ordenamiento medio ambiental del territorio y eso incluye al tema de las fumigaciones en zonas urbanas y periurbanas.", afirma.
Mientras que en Europa se está discutiendo prohibir las fumigaciones aéreas en todos los países de la comunidad, acá recién se está estudiando redactar una ley nacional que unifique los criterios para las legislaciones provinciales y municipales. En la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires se está analizando la propuesta del senador Carlos Coll Areco, rechazada por los ambientalistas: "definimos una especie de división de zonas y de amortiguamiento, de acuerdo a su cercanía al casco urbano, escuelas y hospitales. La distancia de fumigación es lo menos importante. Las diferencias están dadas en el tipo de producto a utilizar y cómo lo clasifica las OMS y en las condiciones climáticas del día de la aplicación.El productor tiene que pedir permiso al municipio para hacerlo y ese día tiene que ir un inspector a verificar que se cumpla la ley", explica Coll Areco.
En la ciudad de Buenos Aires, la ley prohíbe fumigar los parques y jardines públicos; la Cámara de Diputados de la Nación, luego de 20 años, se apresta a debatir la primera ley nacional de agrotóxicos
Parte de la discusión está en definir con certeza el impacto de los agrotóxicos en la salud, sobre todo cuando se usan cerca de los poblados. Son múltiples las organizaciones que piden que se prohíba su uso cerca de plazas, jardines, escuelas o donde haya chicos.
En 2015, la Agencia Internacional del Cáncer (IARC), que pertenece a la Organización Mundial de la Salud, recategorizó al glifosato como "probablemente cancerígeno"; es el mismo status que tiene tomar mate (en ese caso, el problema viene por la temperatura del agua y su efecto sobre la laringe). Pero ese mismo año la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) desautorizó al IARC: considera que el glifosato no es ni carcinogénico ni mutagénico.
El 29 de junio último, un mes después de que la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura publicaran un estudio conjunto en el que sostienen que el glifosato no es cancerígeno, la Comisión Europea renovó el permiso de uso del glifosato en su continente hasta el último día de 2017; para entonces la Agencia Europea de Productos Químicos tendrá -se espera- una conclusión definitiva sobre el efecto de esta sustancia en las personas.
La agroecología, una solución sustentable
Es claro que el uso de agrotóxicos responde a una necesidad de generar más alimentos, con más eficiencia y menores costos. Ese es el argumento más importante que sostienen quienes los defienden.
La agroecología es una alternativa posible. No se trata de soluciones hippies a problemas serios, sino de soluciones científicas a problemas de salud y al deterioro del suelo y del medio ambiente cuya reparación llevaría muchas décadas. El ingeniero agrónomo Javier Souza es investigador y un referente en este tema. "Desde siempre, la humanidad pudo alimentarse sin usar plaguicidas. Hoy tenemos estrategias que se basan en la diversidad biológica y en cómo trabajar la nutrición adecuada de los suelos. La rentabilidad es lícita, pero debe ser razonable y sustentable. La agroecología te propone trabajar, planificar y pensar en las futuras generaciones, como hicieron muchos siglos antes los productores de todo el mundo. Luego de la revolución tecnológica, se tendrá que volver a estas soluciones porque son mucho más viables desde una mirada humana, donde se pone al ser humano por delante de las ganancias", reflexiona Souza.
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La solar con apuesta fuerte en licitación Ronda 1.5
Alto interés en licitación renovable con cupo de 200 MW para la solar en Argentina
Fecha de Publicación: 16/11/2016
Fuente: PV Magazine
Provincia/Región: Nacional
Se presentaron 28 proyectos con 925 MW en conjunto en la categoría de fotovoltaica de la licitación renovable Ronda 1.5.
Un total de 28 proyectos fotovoltaicos que suman una potencia de 925 megavatios se presentaron a la licitación Ronda 1.5 en Argentina la semana pasada. Los proyectos concurren en la categoría solar que cuenta con un cupo de 200 megavatios.
Esta repesca de la primera licitación del programa de renovables RenovAr está abierta a proyectos solares y eólicos registrados el certamen Ronda 1 resuelto en octubre pero que no resultaron ganadores. La categoría solar estaba abierta a 54 proyectos con 2,4 gigavatios de potencia.
En Ronda 1.5, el precio techo es el precio medio de la licitación Ronda 1, que para la categoría de energía solar se sitúa en 59,75 dólares estadounidenses el megavatio hora.
En la categoría de solar, el cupo a su vez se divide en dos partes: se subastan 100 megavatios con ubicación en la Región del Noroeste y otros 100 megavatios con localización en cualquier región distinta a Región del Noroeste.
En concreto, nueve proyectos fotovoltaicos presentados con una potencia en conjunto de 394 megavatios están ubicados en la Región del Noroeste. Los proyectos se localizan en las provincias de Catamarca (179 megavatios), La Rioja (85 megavatios) y Salta (130 megavatios).
En la categoría de “Resto del país”, concurren 19 iniciativas con una potencia en conjunto de 531 megavatios. Las plantas solares propuestas se sitúan en Mendoza (118 megavatios), San Juan (366 megavatios) y San Luis (47 megavatios).
La licitación Ronda 1.5 cuenta también con un cupo de 400 megavatios para la fuente eólica. De esta tecnología se presentaron 19 proyectos con una potencia en conjunto de 1.561 megavatios. El precio máximo para la fuente eólica se sitúa 59,39 dólares estadounidenses el megavatio hora.
La apertura de las ofertas económicas de Ronda 1.5 se ha fijado para el 23 de noviembre y la adjudicación de los proyectos ganadores se producirá el 25 de diciembre.
En la licitación Ronda 1, resuelta a principios de octubre, se adjudicaron 29 proyectos de distintas tencologías renovables con una potencia en conjunto de 1.142 megavatios.
En la categoría solar de Ronda 1 resultaron ganadores cuatro proyectos, una iniciativa de 100 megavatios de Fieldfare e Isolux en Salta, y un proyecto de 300 megavatios de la empresa energética de la provincia de Jujuy Jemse. También se adjudicaron 12 proyectos eólicos con 707 megavatios.
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Fecha de Publicación: 16/11/2016
Fuente: PV Magazine
Provincia/Región: Nacional
Se presentaron 28 proyectos con 925 MW en conjunto en la categoría de fotovoltaica de la licitación renovable Ronda 1.5.
Un total de 28 proyectos fotovoltaicos que suman una potencia de 925 megavatios se presentaron a la licitación Ronda 1.5 en Argentina la semana pasada. Los proyectos concurren en la categoría solar que cuenta con un cupo de 200 megavatios.
Esta repesca de la primera licitación del programa de renovables RenovAr está abierta a proyectos solares y eólicos registrados el certamen Ronda 1 resuelto en octubre pero que no resultaron ganadores. La categoría solar estaba abierta a 54 proyectos con 2,4 gigavatios de potencia.
En Ronda 1.5, el precio techo es el precio medio de la licitación Ronda 1, que para la categoría de energía solar se sitúa en 59,75 dólares estadounidenses el megavatio hora.
En la categoría de solar, el cupo a su vez se divide en dos partes: se subastan 100 megavatios con ubicación en la Región del Noroeste y otros 100 megavatios con localización en cualquier región distinta a Región del Noroeste.
En concreto, nueve proyectos fotovoltaicos presentados con una potencia en conjunto de 394 megavatios están ubicados en la Región del Noroeste. Los proyectos se localizan en las provincias de Catamarca (179 megavatios), La Rioja (85 megavatios) y Salta (130 megavatios).
En la categoría de “Resto del país”, concurren 19 iniciativas con una potencia en conjunto de 531 megavatios. Las plantas solares propuestas se sitúan en Mendoza (118 megavatios), San Juan (366 megavatios) y San Luis (47 megavatios).
La licitación Ronda 1.5 cuenta también con un cupo de 400 megavatios para la fuente eólica. De esta tecnología se presentaron 19 proyectos con una potencia en conjunto de 1.561 megavatios. El precio máximo para la fuente eólica se sitúa 59,39 dólares estadounidenses el megavatio hora.
La apertura de las ofertas económicas de Ronda 1.5 se ha fijado para el 23 de noviembre y la adjudicación de los proyectos ganadores se producirá el 25 de diciembre.
En la licitación Ronda 1, resuelta a principios de octubre, se adjudicaron 29 proyectos de distintas tencologías renovables con una potencia en conjunto de 1.142 megavatios.
En la categoría solar de Ronda 1 resultaron ganadores cuatro proyectos, una iniciativa de 100 megavatios de Fieldfare e Isolux en Salta, y un proyecto de 300 megavatios de la empresa energética de la provincia de Jujuy Jemse. También se adjudicaron 12 proyectos eólicos con 707 megavatios.
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